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paramilitares siguen matando


La guerra no da tregua en Córdoba. La masacre de 16 personas, el asesinato del periodista Clodomiro Castilla y varios atentados contra defensores de las víctimas de las Auc dejan en claro que en Córdoba la guerra no se ha acabado.
Colombia. En un fin de semana la violencia en Córdoba llegó a niveles que solo se habían visto antes de la desmovilización de los paramilitares en 2005. El domingo pasado 16 personas fueron asesinadas en tres masacres en Puerto Libertador y Montelíbano en el sur del departamento. Dos días antes dos sicarios mataron al periodista Clodomiro Castilla en Montería. Y en los últimos meses desconocidos atentaron contra defensores de los derechos de las víctimas del departamento.
Esta serie de crímenes ponen de manifiesto que en Córdoba la guerra no ha terminado.
Según varias fuentes de la región consultadas por VerdadAbierta.com estos hechos no son aislados y obedecen a que bandas emergentes, guerrilla, ex paramilitares no desmovilizados y narcotraficantes se enfrentan por el control de las rutas del narcotráfico, la implantación en zonas estratégicas y el dominio territorial, y en medio han caído civiles inocentes y combatientes.
Es preocupante que esta violencia es parecida a la que ejercieron en su momento los paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso que, bajo la excusa de combatir la guerrilla, la hacían para controlar el tráfico de drogas en esta región del país. En este momento este resurgir de la violencia tiene varios ingredientes adicionales, como el robo de tierras y la violencia contra las víctimas que se han organizado para reclamar lo que les arrebataron los paramilitares.

La Masacre de Puerto Libertador
El domingo pasado siete personas fueron masacradas en el bar Los Laureles en San Juan, vereda de Puerto Libertador en el sur de Córdoba. A las diez de la noche cuatro hombres armados de pistolas y fusiles ingresaron a la taberna, abrieron fuego contra la gente que estaba ahí y asesinaron a tres menores de edad: Francisco y María Pertuz, de 14 y 16 años respectivamente, y Hamilton Herrera, de 17 años y a cuatro adultos: Edilberto Torres, de 23 años, Wilber Pantoja, de 20 años, Antonio Soto, de 26 años y Francisco Rodríguez.
Según un habitante de la zona consultado por El Meridiano de Córdoba milicianos de las Farc y miembros de las ’Águilas Negras’ se citaron en el bar Los Laureles el domingo en la tarde para llegar a un acuerdo y repartirse territorios, zonas de influencia y asignar rutas de narcotráfico. "El asunto era, por lo que sabemos, llegar a acuerdos para dejar de pelear", indicó una fuente al periódico de Córdoba.
La fuente dijo que después emborracharse, guerrilleros y miembros de bandas emergentes se enfrentaron a tiros porque "o no llegaron al acuerdo o era una emboscada".
Por la noche, agrega la persona entrevistada por el periódico, varios hombres de las ’Águilas Negras’ atacaron la taberna, lo que causó un tiroteo de cerca de quince minutos y la muerte de las siete personas, que se encontraban en el lugar.  Después de cometer la masacre los paramilitares salieron a pie del corregimiento donde no hay Policía desde hace varios años.
El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Luis Eduardo Herrera, dijo que la masacre se produjo cuando guerrilleros del frente 58 de las Farc se enfrentaron a tiros con integrantes de la banda emergente, por la mala repartición en las ganancias de un negocio de narcotráfico, dejando como saldo siete personas muertas, entre ellas tres menores de edad.
Esa misma noche en La Apartada, municipio vecino de Puerto Libertador, desconocidos asesinaron a tres personas más en la vereda Santa Rosita: Rafael Arturo Gracia Ramírez, de 38 años, su hijo Rafael Enrique Gracia Benítez, de 21 y Luis Enrique Ramos Castro, de 36 años.
Ese día, también fueron en Montelíbano asesinados en el pueblo un joven ganadero y otro hombre que trabajaba como ‘cobra diario’, negocio informal de préstamo de dinero que cobra altos intereses. En otro punto de Montelibano, en el corregimiento de Juan José, tres personas más fueron asesinadas esa misma noche.
Una fuente de la región, quien pidió el anonimato, dijo que en el corregimiento de San Juan, de Puerto Libertador, existen cultivos de coca y laboratorios de procesamiento. A partir de ahí la droga es sacada hacia el golfo de Morrosquillo, Urabá, el bajo Cauca antioqueño y la región de la Mojana, en Sucre.
Aunque las autoridades no han relacionado todos los homicidios entre sí, una fuente consultada por VerdadAbierta.com dijo que la ola de asesinatos está conectada con la guerra que hay en el sur de Córdoba entre ’Águilas Negras’, ’Urabeños’,’Los Paisas’, ‘Rastrojos’, grupos de sicarios y guerrilla por el control de las rutas de narcotráfico.
En Puerto Libertadores y Montelíbano la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de informes de riesgo, señalando la inminencia de ataques de las bandas criminales contra la población civil.
Como antecedente, en julio de 2008 siete personas fueron asesinadas en varias veredas de Puerto Libertador, en circunstancias parecidas a la de la masacre del domingo pasado. En ese momento las autoridades señalaron que bandas criminales ligadas al narcotráfico cometieron el crimen.

Censura Armada
Además de las masacres contra campesinos y habitantes de las veredas de Córdoba, el departamento también ha vivido en los últimos meses graves atentados contra periodistas y defensores de las víctimas del paramilitarismo.
El caso más grave es el asesinato el viernes pasado en Montería de Clodomiro Castilla, periodista de la revista ‘El pulso del tiempo’ y de la emisora La Voz de Montería. A  las nueve de la noche dos sicarios entraron a su casa en el barrio Puente Número Uno, a tan solo a unos doscientos metros de un CAI de la Policía, y le dispararon ocho tiros mientras leía en la terraza.
El polémico periodista de 49 años había hecho denuncias por corrupción contra varios políticos de Córdoba. Además en 2008 fue testigo ante la Corte Suprema de Justicia en investigaciones sobre parapolítica. Castilla además participó en la investigación del libro A las puertas del Ubérrimo, de Iván Cepeda y Jorge Rojas, donde los autores hacen una crónica minuciosa del paramilitarismo en Córdoba y el papel de su clase dirigente en la expansión de las autodefensas.
"Era uno de los periodistas críticos que denunció incansablemente el vínculo entre personas del poder político, los ganaderos en Córdoba y Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares" dijo Cepeda después del asesinato.
Castilla denunció que recibió amenazas de muerte por su trabajo investigativo. Por un tiempo tuvo escoltas del Ministerio de Interior, pero en 2009 renunció al programa de protección. Hace cuatro meses volvió a solicitar medidas de protección, pero en el momento de su asesinato el Ministerio del Interior aún no había terminado el estudio de riesgo para definir si se le volvían a poner las medidas de protección, según un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa- Flip.
Otro atentado ocurrió el 24 de febrero pasado contra la abogada de la Defensoría del Pueblo Gloria Quintero Muñoz, quien fue atacada cuando se dirigía hacia su residencia en un taxi. La abogada salió herida del ataque.
En octubre de 2009 varios desconocidos también atentaron en Montería contra  Mario Montes de Oca, asesor jurídico del Comité de Víctimas de la Violencia en Córdoba (Comfavic). El abogado de Comfavic, que agrupa más de cuatro mil victimas de los desplazados por los paramilitares en Córdoba y el Urabá Antioqueño, quedó gravemente herido. En la agresión murió el mensajero de Comfavic Alberto Luis Pastrana Soto, de 30 años, que acompañaba a Montes de Oca.
En abril de 2009 Ana Isabel Gómez, líder de los desplazados en Los Córdobas, Córdoba, también fue asesinada por reclamar tierras. Su muerte se sumó a la de Yolanda Izquierdo, otra representante de los desplazados del departamento, asesinada en 2007.
Aunque las masacres de Puerto Libertador y Montelíbano y la ola de atentados contra Clodomiro Castilla, Gloria Quintero y Mario Montes de Oca no tienen un nexo directo, si muestran que Córdoba está llegando a niveles de violencia que no conocía desde la desmovilización de los paramilitares en 2006.

28 de marzo de 2010
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paras reclutaron a niños


Los paramilitares reclutaron más de 2.800 menores para la guerra.
Colombia. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado hasta la fecha 2.824 casos de reclutamientos ilegales por parte de los diferentes grupos de las Auc.
El Bloque Norte fue el grupo paramilitar que más menores reclutó.

El último informe de la Fiscalía señala que los reclutamientos se realizaron entre el 1990 y 2005, tiempo en el que los menores de edad fueron obligados a delinquir y sufrieron malos tratos por parte de los paramilitares.
Luego de la desmovilización de los últimos grupos de las Auc, alrededor de 1.735 paramilitares dejaron las armas, tras ser reclutados como menores de edad.
Asimismo, durante el proceso de desmovilización, 234 niños fueron enviados a sus casas sin que quedara constancia de ello en ningún registro oficial, lo que dificulta la localización de los responsables de su reclutamiento.
El informe señala que los paramilitares reclutaron en mayor número a menores de 12 años, procedentes en su mayoría de Antioquía. Hasta la fecha, 43 de los más de tres mil postulados a la Ley de Justicia y Paz, han reconocido su participación en estos delitos.
El grupo paramilitar que más menores reclutó, según el informe, fue el Bloque Norte con 443 niños, seguido por el Élmer Cárdenas con 428, el Bloque Centauros con 137 y el Bloque Catatumbo con 107.

Este es listado completo:

Bloque   Cantidad
Bloque Elmer Cárdenas 428
Bloque Héroes de los Montes de María 42
Bloque La Mojana 1
Bloque Córdoba 20
Bloque Héroes de Tolová 31
Bloque Resistencia Tayrona 145
Bloque Norte 433
Bloque Cacique Nutibara 57
Bloque Héroes de Granada 61
Bloque Mineros 70
Bloque Noroccidente Antioqueño 16
Bloque Bananero 7
Bloque Suroeste Antioqueño 6
Bloque Calima 28
Bloque Vencedores de Arauca 58
Bloque Chocó y Pacífico 11
Bloque Tolima 39
Bloque Catatumbo 107
Bloque Centauros y Héroes del Llano y Guaviare 137
Bloque Sur de Putumayo 22
Bloque Nordeste Antioqueño 91
Bloque Sur de Bolívar 239
Bloque Héroes y Mártires de Guática 6
Frente Cacique Pipintá 0
Bloque Libertadores del Sur 63
Bloque Sur de Los Andaquíes 32
Casa Castaño 3
Frente Vichada 11
Bloque Magdalena Medio 151
Bloque Puerto Boyacá 162
Bloque Cundinamarca 14
Bloque Metro 1
Bloque Sur del Magdalena e Isla de San Fernando 0
Autodefensas Campesinas de Ortega 0
Bloque Meta y Vichada 76
Bloque Julio Peinado Becerra 0
Grupos de Autodefensa sin identificar 256

Total 2.824

28 de marzo de 2010
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la propuesta de don berna


Los ex jefes paramilitares que fueron extraditados en 2008, proponen que si les rebajan penas de sus condenas en Estados Unidos, estarían dispuestos a colaborar en procesos de parapolítica.
Colombia. Súbitamente, tras la caída del referendo reeleccionista en la Corte Constitucional, los ex jefes paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 recuperaron la memoria y a través de cartas formales ya le hicieron saber a la Corte Suprema de Justicia que están dispuestos a echar al agua a más de un político que ha pasado de agache. Sólo ponen una condición: una rebaja de penas en Estados Unidos. La propuesta ha venido siendo evaluada en reuniones confidenciales entre magistrados de la Sala Penal y funcionarios de la embajada norteamericana que ya transmitieron la inquietud al Departamento de Estado de ese país.
El Espectador confirmó que Diego Fernando Murillo Bejarano, el temido ’Don Berna’ de las Autodefensas, encabeza la audaz petición, que sería secundada por Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ’Macaco’, entre otros. En esencia, lo que se plantea es que pueda negociarse una reducción en sus condenas por narcotráfico en Estados Unidos en razón de la abundante información y pruebas que se comprometen a entregar en contra de altos oficiales del Ejército y la Policía, pero en particular de dirigentes políticos que apadrinaron y sobre los cuales no hay mayores evidencias.
Este diario conoció algunos de los nombres ventilados inicialmente en el documento que ’Don Berna’ le hizo llegar a la Corte hace apenas dos semanas. Sin embargo, para no afectar los procesos se abstiene de publicarlos. Una de las cosas que más llamó la atención de los magistrados de la Corte Suprema es que, según ’Berna’ y sus asociados, con muchos políticos se trabaron alianzas no sólo para beneficiarlos electoralmente o para conseguir un espacio político en el Congreso; también tomaron parte del aparato militar de la organización. Es decir, influyeron en decisiones y fueron consultados por los comandantes de las autodefensa en distintas acciones de guerra.
Una tesis que ha venido siendo planteada desde finales del año pasado por la propia Corte Suprema de Justicia en algunos casos de parapolíticos, verbigracia Álvaro García Romero, el ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus —ambos condenados a 40 años de prisión por crímenes de lesa humanidad—, entre otros. Diego Fernando Murillo Bejarano anunció también que quiere hablar de políticos que en los comicios parlamentarios del 14 de marzo lograron un escaño en la Cámara o el Senado de la República. Como si fuera poco, se mostró dispuesto a darles un impulso a investigaciones parapolíticas que están en etapa preliminar y que tienen a más de uno en salmuera.
Desde que fueron enviados a Estados Unidos los 15 ex jefes de las autodefensas, diversos sectores criticaron la medida gubernamental argumentando que muchas confesiones y verdades del paramilitarismo fueron silenciadas por su envío al país del norte. La Corte Suprema viene buscando mecanismos de cooperación con el gobierno norteamericano para facilitar que Macaco y los otros 14 mafiosos extraditados con él continúen colaborando con la Fiscalía en los procesos que adelanta la Unidad de Justicia y Paz. No obstante, ha sido muy difícil que puedan comparecer y, mucho más, que reparen a las miles de víctimas de su barbarie.
Con el objetivo de destrabar sus versiones una comisión de la Corte Suprema viajó a Estados Unidos en octubre del año pasado y, desde entonces, la cooperación judicial ha fluido de mejor manera. Pero quién sabe hasta qué punto el gobierno estadounidense estaría dispuesto a conceder rebajas en las condenas de los ‘paras’ a cambio de verdades que aún les deben a los colombianos. De cualquier manera, la propuesta hoy es objeto de estudio por parte de funcionarios estadounidenses de alto nivel. De concretarse la petición de los ‘paras’ encarcelados, sin duda muchos expedientes judiciales se moverían no sólo en la Corte Suprema sino también en la Fiscalía General.
Tal parece que quienes pensaron que el escándalo parapolítico estaba cerca de su final se equivocaron. Desde que comenzó este expediente la propuesta de ’Don Berna’ y las autodefensas conocida por este diario ha sido la más atrevida y, quizá, su  última oportunidad de  bajarles años a sus condenas. Falta ver que el gobierno norteamericano dé los primeros avales y se formalicen las versiones. Y aunque la iniciativa es mirada con sospecha por la propia Corte Suprema de Justicia, voceros consultados por El Espectador  conceptuaron que la petición debe ser recibida con beneficio de inventario y que aún si los gringos no la aceptan, los ‘paras’ deben continuar colaborando con la justicia pues su deuda con el país, la verdad, las víctimas y la reparación es demasiado grande.

28 de marzo de 2010
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cc verdad abierta
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imputan veinte asesinatos a milicia


Imputan 20 asesinatos a ex jefe del Frente Héroes de Anorí.
Colombia. Ante un Magistrado de Control de Garantías, un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz formuló cargos por 20 homicidios en contra de Rolando de Jesús Lopera Muñoz, ex jefe del frente Héroes de Anorí de las autodefensas.
A Lopera Muñoz durante la diligencia también le fueron formulados cargos por seis delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, desplazamiento forzado y utilizaciòn ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas.
El procesado está privado de la libertad en la cárcel de Itagüi (Antioquia).

28 de marzo de 2010
©verdad abierta
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pin, popular e indeseable


Ahora, nadie quiere con el PIN. El presidente del PIN, Samuel Arrieta, sostuvo que "a (Juan Manuel) Santos nadie le ha dicho que lo vamos a apoyar".
Colombia. El PIN, que el pasado 14 de marzo obtuvo una votación cercana al millón de votos, dice que no quiere quedarse por fuera del debate presidencial. Su caudal electoral podría ser definitivo para cualquier candidato con proyección presidencial, pero hoy por hoy todos los sectores políticos envueltos en la carrera al Solio de Bolívar han decidido marcar distancia con ese grupo político. No sin razón: se le considera heredero de los intereses de los parapolíticos.
El primer en hacerlo fue Rodrigo Rivera, tras recibir una carta en la que directivos del partido lo invitaban a hacerlo, en calidad de defensor del referendo, a tomar las banderas del movimiento y aspirar a la presidencia con el aval del partido.
Rivera no tardó en responder. En una carta argumentó que no tiene intereses "personalistas" de buscar la Presidencia, y que su tarea sería la de mantener la unidad del uribismo.
Aunque las razones podrían ir más allá. Los señalamientos y denuncias sobre la financiación del partido, que acompañó a la bancada de gobierno, lo ha convertido en el ‘patito feo’ de la política colombiana. Los candidatos que han hecho de las políticas del Presidente su bandera, se han adelantado a excluir al PIN de cualquier mecánica electoral y descartar una posible alianza.
Juan Manuel Santos, candidato de ‘la U’, ha sido el dirigente a quien más le han pedido fijar su posición sobre el PIN. En recientes pronunciamientos ha dejado claro que no buscará alianzas con ellos, e incluso dijo que prefería perder las elecciones antes que buscar su respaldo electoral.
Los voceros del PIN respondieron. Este miércoles, en la reunión de la actual bancada y la bancada de electos, no ocultaron su malestar por las declaraciones de Santos. Minutos antes, Noemí Sanín, la candidata del Partido Conservador, también aclaraba que no aceptaría ningún respaldo del partido más cuestionado del momento.
"A Santos nadie le ha dicho que lo vamos a apoyar", dijo en la reunión uno de los senadores más influyentes de la bancada.
Samuel Arrieta, el presidente del partido, dijo que al PIN lo quieren dejar fuera del debate electoral, pero resaltó que no se van a dejar, que tienen personería jurídica y que sobre sus electos candidatos no hay investigaciones judiciales. "Hasta el voto en blanco es una opción", dijo como respuesta a aquellos que, a juicio de los dirigentes del partido, los quieren excluir del espectro político.
Arrieta, sin referirse a las cautelosas miradas que se han fijado sobre su partido, prefirió decir que la opción de votar en blanco es porque, en el abanico de candidatos, "no hay quién defienda de manera genuina las banderas de la Seguridad Democrática".
La Registraduría Nacional describe el voto en blanco como la opción que tiene el ciudadano cuando ninguno de los candidatos cumple con sus expectativas. Su importancia tiene tanta repercusión que, incluso, si esta opción suma más del 51 por ciento de los votos válidos, obligaría a una nueva elección, con nuevos candidatos.
Este pronunciamiento estuvo acompañado de la primera posición colectiva frente a los señalamientos y denuncias en su contra. El PIN le dijo a los demás partidos que revisen en sus filas quién está "libre de pecado" antes de seguir lanzando piedras.
Recientemente el PIN fue el único partido que obtuvo curules en el Senado que resultó excluido del acuerdo democrático fundamental que, a instancias del G-24, suscribieron siete de los partidos políticos que tienen candidato a la Presidencia.
Entre los puntos de ese acuerdo, estaba el compromiso de rechazar "de manera vehemente a quienes desde la política cohonestan con actores violentos, terroristas, mafiosos o corruptos", precisamente uno de los cuestionamientos que desde varios sectores se le ha hecho al PIN.
Pero los cuestionamientos no sólo provienen de los demás partidos. Las autoridades electorales, que continúan escrutando los votos del 14 de marzo, también tienen cierta desconfianza, sobre todo en las regiones donde el PIN fue un ‘fenómeno electoral’.
Una de ellas es el departamento de Valle del Cauca. Allí, el fenómeno PIN, se vio reflejado en la sorprendente votación que obtuvo Juan Carlos Rizzetto, un hombre que, en su primera aventura en las urnas, obtuvo la nada despreciable cifra de 76 mil sufragios.
Este miércoles el Consejo Nacional Electoral decidió escrutar los votos del Valle del Cauca en Bogotá. El magistrado Marco Emilio Hincapié explicó esa decisión tras las advertencias de posibles irregularidades en el conteo, que abrirían las puertas a un posible fraude. Rafael Pardo, jefe del Partido Liberal, fue el primero en denunciar esta circunstancia.
El PIN es la cuarta fuerza política en el Senado, a la par de partidos jóvenes pero de mayor tradición como Cambio Radical y el Polo Democrático. Sus ocho curules lo hacen determinante a la hora de inclinar balanzas en el legislativo y el casi millón de votos podría definir una elección presidencial. De momento, nadie quiere con el PIN, y el PIN dice que no hay con quién.

28 de marzo de 2010
©semana
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ex senador condenado a nueve años


Álvaro Araujo C.: culpable de aliarse con paras para llegar al Congreso.
Colombia. La Corte Suprema condenó a 9 años de prisión y una multa de casi 3.700 millones de pesos al ex senador de Alas Equipo Colombia por haberse aliado con el Bloque Norte para alcanzar un curul al Congreso en 2002. También ordenó reabrir el caso por el secuestro de Víctor Ochoa.
La Sala de Casación Penal le impuso además una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, tras encontrarlo culpable de los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y por constreñimiento al elector para las elecciones a Congreso de 2002.
La Corte compulsó copias del proceso a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que investiguen por falsos testimonios y prevaricato a ‘Jorge 40’ y María Rocío Cortés, esta última, por haber precluido (en abril de 2009) el proceso que se adelantaba contra Araújo por el secuestro de Víctor Ochoa Daza.
La decisión de la Corte tiene como base la acusación hecha por la Fiscalía desde 2008 contra Araújo en la que le acusaba de pactar alianzas con el bloque Norte de las AUC comandado por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de obtener una curul para el senado en el periodo 2002-2006.
En la misma sentencia, el Alto Tribunal ordenó compulsar copias de las pruebas recopiladas en el caso para que también se investigue a Araújo Castro por los delitos cometidos por el Bloque Norte "con ocasión de su elección al Congreso de la República para el periodo 2002-2006".
Así mismo, la Sala de Casación Penal ordenó revocar el beneficio de detención domiciliaria a Araújo Castro, tras "haber desaparecido la causa médica que dio lugar a ello, y como consecuencia se ordenó al C.T.I. proceder al traslado del doctor Álvaro Araújo Castro al establecimiento carcelario que el INPEC determine para cumplir la pena impuesta".

Sentencia de la Corte Suprema
La decisión de la Corte sustenta que "los resultados electorales del 10 de marzo de 2002 favorables a Álvaro Araújo Castro fueron producto de acuerdos celebrados con "Jorge 40", quien había convenido lo mismo con otros candidatos al Congreso, por lo que fue necesario dividir el departamento del Cesar, asignar zonas a los postulados para beneficiarlos, y a su vez ejercer la intimidación de la población dominada por el bloque norte de las AUC que se extendía aproximadamente al 70% de ese territorio, a fin de que se depositaran los votos por aquellos candidatos a quienes se había destinado la respectiva comarca."
Esta decisión del Alto Tribunal está sostenida en dos argumentos claves que ratifican las alianzas entre el ex senador y el Bloque Norte de las AUC.
El primero se relaciona con la presencia "real" del Bloque Norte de las AUC comandado por ‘Jorge 40’ en el sur de Cesar, zona donde Araújo obtuvo las más altas votaciones. A partir de las declaraciones de Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’y del ex jefe de informática del DAS, Rafael García,  la Corte demostró la presencia de grupos paramilitares en el sur de Cesar desde finales de los 90s y el grado de control y amenaza (manifestado en homicidios, secuestros y desplazamientos) que el mismo ‘Jorge 40’ produjo para las elecciones a Congreso de 2002.
En la sentencia incluso se citan declaraciones del coronel Hernán Mejía, procesado por vínculos con grupos paramilitares, quién confirma la presencia de ‘Jorge 40’ en el departamento de Cesar durante 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como Comandante del Batallón La Popa en Valledupar.
Frente a este primer punto la Corte señala que "desde 1999 aproximadamente, el bloque norte de las autodefensas comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", empezó a incidir en la administración pública y a intervenir en los procesos electorales para llevar a personas afines a cargos de representación popular, inicialmente en el nivel territorial y luego en el ámbito nacional… desde antes del año 2002, ese mismo bloque asumió el control casi total del departamento del Cesar, incluida la región del sur".
En segundo lugar, la Corte señala que en adición a ese control territorial de ‘Jorge 40’ en el sur de Cesar, también quedó comprobada la existencia de una estrategia política de los paramilitares en esa parte del país. Según la Corte, el proyecto político de las AUC, expresado en pactos como los de "Ralito", "Chivolo" y "Pivijay", demuestran no sólo la importancia de ‘Jorge 40’ dentro de la estructura armada sino los planes políticos que las autodefensas "desplegaron" hacia toda la Costa Caribe, incluyendo el departamento de Cesar.
Para el Alto Tribunal "está demostrado que la organización liderada por "Jorge 40" sí intervino de manera decidida en los temas políticos electorales, tanto en el departamento del Magdalena como en el Cesar y en los dos implementó su injerencia con un mismo modelo: el de los distritos electorales".
Este modelo planeaba la división del departamento en zonas de influencia en donde candidatos apoyados por el Bloque Norte concentrarían sus campañas. Los paramilitares garantizaban esa repartición de la zona presionando a otros candidatos para que no se presentaran a las elecciones y a los electores para que votaran por sus candidatos.
La Corte comprobó que para esa época el Bloque Norte amenazó a más de un candidato  para que no se presentara a las elecciones de 2002 y así favorecer a los políticos con los cuales hicieron alianzas, entre ellos, Araújo Castro. Tal es el caso de Juana Ramírez, candidata a la Cámara que renunció a sus aspiraciones por presión paramilitar. "Algo similar a lo ocurrido en La Jagua de Ibirico con el señor Luis Camilo Laborde Restrepo, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2001, al parecer como consecuencia de haber aspirado a la Cámara de representantes en aquella época sin contar con el aval de los paramilitares".
Frente a este segundo punto, la Corte señala que "dos zonas del departamento del Cesar – noroccidental y sur - fueron asignadas por las autodefensas a los candidatos al Senado de la República Mauricio Pimiento Barrera y Álvaro Araújo Castro, en su orden, distribución que los paramilitares pretendieron garantizar aún mediante las amenazas y el homicidio contra líderes que se oponían o que desatendieron esa orden.
"Esa repartición territorial fue la que permitió, entonces, que las votaciones de uno y otro se concentraran en cada "distrito" tal como había sido determinado por la organización armada, única explicación lógica, además, para que el grupo de municipios aledaños que conformaban cada "distrito" registrara altas votaciones por el candidato correspondiente y bajas por el otro".
Con estos dos argumentos, la Corte ratificó los vínculos entre Araújo Castro y el Bloque norte de las AUC y además, dejó abierta la posibilidad para que el ex senador sea también juzgado por los delitos cometidos por el grupo paramilitar durante ese periodo en el sur de Cesar.

Las Acusaciones de la Fiscalía
En mayo de 2009, un fiscal delegado ante la Corte Suprema pidió que se condenara al ex senador cesarense Álvaro Araújo Castro por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector en conexión con paramilitares.
La Fiscalía consideró en los alegatos finales del juicio contra Araújo Castro que había pruebas suficientes para condenarlo por sus vínculos con paramilitares liderados por el ex jefe del Bloque Norte, ’Jorge 40’. 
Según la Fiscalía, aunque Araújo no tomó parte en acciones militares ni formó en la organización, su alianza política sí lo favoreció electoralmente durante el auge de las AUC en el Cesar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el departamento fue dividido por los paramilitares en tres distritos electorales - tal como lo estableció la politóloga Claudia López- con lo que se favoreció el ex senador Araújo.
A Araújo, según la Fiscalía, le correspondió el sur del departamento, en donde obtuvo 19 mil votos, mientras que Mauricio Pimiento, otro político condenado por sus nexos con los ’paras’, solo logró 3 mil.
Esta división electoral, hizo que en otra zona, en el norte, la votación se invirtiera y Pimiento sacó 20 mil sufragios contra 2 mil de Araújo.
El ex congresista de Alas Equipo Colombia y su padre, Álvaro Araújo Noguera, también eran juzgados por el secuestro del político Víctor Ochoa Daza, cometido por el Bloque Norte de las Auc, para presionar una alianza política al Senado en 2002.
El secuestro de Ochoa ocurrió meses antes de las elecciones para el Congreso en 2002. Ochoa fue secuestrado por orden del ex jefe del Bloque Norte de las AUC, ‘Jorge 40’. Aunque Araújo Noguera participó en la liberación de Ochoa, la Fiscalía sostuvo que lo hizo para garantizar que el movimiento político al que pertenecía Ochoa apoyara la lista al Senado de Álvaro Araújo Castro.  

El Caso del Secuestro de Víctor Ochoa
El caso contra los Araújo, precluido en abril de 2009, comenzó en el año 2000, cuando tres grupos políticos de Cesar -Alas, el MRL y el Golpe- hicieron un acuerdo electoral. El pacto era el siguiente: En 2001 todos apoyarían a El Golpe -grupo político de los Gnecco- para elegir el gobernador del departamento, y al MRL -liderado por los Ochoa- para la Alcaldía de Valledupar. Y en 2002, todos apoyarían a Alas, grupo de los Araújo, para obtener una curul en el Senado.
El Golpe ganó eligió como gobernador a Rafael Bolaños, mientras que el MRL alcanzó la alcaldía a través de Elías Ochoa. Para esta época las autodefensas ya tenían en mente su ofensiva para apropiarse de la política y los recursos públicos. En 2001, por ejemplo, se había realizado en Ralito, Córdoba, la famosa reunión entre miembros de las autodefensas y varios políticos, entre los que figuraba Pepe Gnecco, uno de los principales líderes de El Golpe. Así mismo, la presencia de los paramilitares se sintió fuertemente durante la alcaldía de Elías Ochoa. En particular, con la presencia de John Flórez Castrillón, cuñado de alias ’39’, el temido hombre de las autodefensas que hizo temblar a Valledupar durante un lustro.
Según estableció Semana, cuando se acercaban las elecciones para Congreso, Álvaro Araújo Noguera, como presidente de Alas y padre de ’Alvarito’, empezó a armar la lista para el Senado, ubicando a su hijo de primero, como era el acuerdo, y a Víctor Ochoa de segundo, para garantizar que su nombre arrastrara los votos del MRL hacia la lista, y garantizar la curul. Para entonces, los Ochoa tenían su gran fortín electoral en Valledupar donde, por supuesto, hay más votos.
Víctor Ochoa, según testimonios en poder de la Corte, y ahora en manos de la Fiscalía, empezó a dudar de su participación en esta lista. No es claro si era porque le había surgido una inhabilidad, o porque tenía otros planes políticos. En enero de 2002, en un acto público realizado en la escuela Manuela Beltrán, el MRL lanzó la candidatura a la Cámara de Representantes de Juanita Ramírez. Ramírez era una mujer que entraba pisando firme en su aspiración al Congreso. Sobre ella el propio Álvaro Araújo Noguera dice en su declaración ante la Corte que: "muchas personas en Valledupar decían que era la sucesora de Consuelo Araújo. Tenía un perfil de persona inteligente, preocupada de la cosa pública, su figura fue siempre simpática".
En ese mismo acto público, Víctor Ochoa declinó ante todos sus seguidores su participación en la lista de Araújo. Para muchos observadores, en ese acto el MRL se le corrió al acuerdo electoral firmado en el año 2000, del cual se habían beneficiado al ganar la alcaldía. Si Juanita se postulaba a la Cámara, Elías era alcalde y Víctor se negaba a entrar en la lista ¿quién garantizaba la entrada de los votos del MRL a la lista? Votos que eran nada más y nada menos que los de Valledupar.
Por eso para la Corte Suprema, que en principio investigaba Araujo Castro,  resultó muy significativo que al día siguiente de este evento público, Víctor Ochoa fue secuestrado por las autodefensas. Posiblemente no hubiese existido conexión entre este hecho criminal y las movidas políticas del MRL, si no es porque pocos días después, ’Jorge 40’ le pidió a Juanita Ramírez que viajara hasta su cuartel general y allí le advirtió que para salvar la vida de Víctor Ochoa debía renunciar a su aspiración a la Cámara e inscribirse como segunda en la lista al Senado, justo en el lugar que había declinado Ochoa.
En otras palabras, se le pedía que cumpliera el acuerdo original. Por lo menos así lo entendió la Corte cuando dice que: "las exigencias de tipo político que efectuó ’Jorge 40’ para proceder a su liberación (la de Ochoa) resultan indicativas de que el plagio tuvo como finalidad garantizar el apoyo efectivo del MRL a la aspiración de Álvaro Araújo Castro".
Parte de esta historia fue la que Elías Ochoa contaba en la carta que le entregó al Vicepresidente en diciembre de 2006. Con el agravante de que acusaba a los Araújo de haber tramado el secuestro para presionar el apoyo político deseado. Santos envió de inmediato la misiva a la Corte Suprema. "Consideré que era ese, y no yo, el organismo adecuado para evaluar su veracidad", dice Santos.
Pero en enero de 2007, de nuevo frente a la Corte Suprema, Elías se retractó parcialmente. Admitió que había escrito la carta en un momento de ofuscación. Que no tenía ningún elemento para probar la participación de los Araújo en el secuestro de su hermano, excepto un comentario hecho por un médico amigo suyo que mantenía contacto permanente con ’Jorge 40’, quien le insinuó dicha conexión.
En ese momento, la Corte desestimó la retractación. En la providencia que sirvió de base para ordenar la captura de ’Alvarito’ Araújo concluye que: "aunque el mismo Víctor Eliécer Ochoa Quintana en su ampliación de declaración procuró desvirtuar la participación de Araújo Castro y su padre en el secuestro, debe subrayarse que de lo que se desdijo no fue de los hechos y circunstancias que rodearon el mismo y las que narró de modo claro y enfático, sino de su apreciación personal en torno al grado de responsabilidad que inicialmente les atribuyó. Por manera que ninguna trascendencia adquiere la modificación de sus iniciales deducciones".
Con este razonamiento la Corte compulsó a principios de 2007 copias a la Fiscalía para que se investigara a Álvaro Araújo Noguera, ex ministro, ex senador y uno de los hombres liberales, y ahora uribista, más representativos de la Costa.
Araújo Noguera, de 76 años, fue capturado en Venezuela en septiembre de 2008 y fue liberado luego de que una fiscal precluyera la investigación por el secuestro de Víctor Ochoa Daza, caso que hoy reabre la Corte Suprema de Justicia.

28 de marzo de 2010
18 de marzo de 2010
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cadáveres en casa de paramilitar


Exhuman once cadáveres en campamento de Carlos Castaño.
Colombia. La Fiscalía y el CTI hallaron once restos óseos en la finca La 35, ubicada en San Pedro de Urabá, la cual fue utilizada como base del ex jefe de las Auc Carlos Castaño.
La investigación judicial estableció que en esa finca las víctimas fueron amarradas, torturadas y mutiladas por paramilitares de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, entre los años 2000 y 2002.
La comisión judicial identificó de manera preliminar a dos de las víctimas como: Luis Izquierdo Vila y Carlos Manjarrés Berrío, campesinos de la zona. Igualmente, los funcionarios recuperaron un cuerpo en el corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí.
Los restos recuperados fueron trasladados al Laboratorio de Identificación Especializada del CTI en Medellín, para su identificación plena.
En los últimos meses la Fiscalía, con el apoyo del DAS, ha exhumado en el norte de Urabá restos pertenecientes a 50 personas.

28 de marzo de 2010
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colombianos huyen a ecuador


El mayor volumen de emigrantes es impulsado en gran parte por los crecientes niveles de violencia asociada al tráfico de drogas en Colombia. Ecuador ha soportado la mayor parte de los costes de absorción de los refugiados.
[Chris Kraul] San Gabriel, Ecuador. Para Mari, una colombiana de treinta años, madre de dos niños, la opción era entre la vida o la muerte: o se marchaba al vecino Ecuador o sería asesinada por paramilitares que estaban tratando de extorsionarlos, a ella y su marido, por tres mil dólares.
Así que en octubre ella y su familia abandonaron su pequeña granja en el sur de Colombia y se convirtieron en parte de una creciente ola de refugiados que huyen hacia Ecuador. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dijo el mes pasado que el número de refugiados colombianos se había triplicado en los últimos seis meses de 2009, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Más de ochenta mil colombianos están inscritos como refugiados en Ecuador y se supone que más de doscientos mil permanecen sin documentación en el país.
El más alto volumen de personas que huyen de Colombia se debe en gran parte a los crecientes niveles de violencia relacionada con el narcotráfico en el fronterizo estado de Nariño. Guerrillas rivales, paramilitares y bandas de narcotraficantes luchan por el control del tráfico de cocaína en el estado así como por el cultivo y procesamiento de la coca, cuyas hojas son usadas para producir la droga.
En el medio se encuentran los residentes pobres como Mari y su familia, de la ciudad de Catambuco, cerca de Pasto, la capital de Nariño. Los grupos armados a menudo obligan a la gente en el campo a unirse a sus filas, pagar desproporcionadas ‘vacunas’, como suele llamarse a los pagos por extorsión, o huir.
"No hay fin a la violencia. Pensamos que sería mejor mudarnos aquí, donde hay paz, para tratar de empezar una nueva vida", dijo Mari, que no quiso revelar su apellido por temor a las represalias.
Incluso antes del reciente aumento del número de emigrantes, Naciones Unidas había declarado la región fronteriza entre Ecuador y Colombia como la más importante zona de concentración de personas desplazadas del Hemisferio Occidental. El gobierno colombiano y organizaciones de ayuda internacional estimaron que antes del aumento en 2009, cerca de quince mil ciudadanos emigraban a Ecuador al año para escapar del conflicto armado que está ahora en su quinta década.
El problema de los refugiados es una fuente de tensión en las relaciones bilaterales. Ecuador acusa a Colombia de no esforzarse demasiado para frenar el flujo y no reconoce responsabilidad en el costo de la ayuda humanitaria. Colombia ha acusado a Ecuador de permitir que los grupos rebeldes utilicen su territorio como santuario.
En noviembre los dos países renovaron los lazos diplomáticos interrumpidos desde que las fuerzas armadas colombianas asesinaran en una incursión en marzo de 2008 en Ecuador al líder revolucionario Raúl Reyes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Mari fue entrevista en San Gabriel, un pueblo lechero en la montaña a cuarenta kilómetros al sur de la frontera, el día después de que ella y su familia recibieran un visado especial como refugiado, de un año de validez, de equipos móviles de evaluación de refugiados de Ecuador.
Recibió el visado, que da derecho a su familia a la educación, cuidados médicos y alimentos a corto plazo y ayuda para encontrar vivienda, después de superar un trámite de control que dura todo un día en el estadio de la ciudad.
No todas las familias reciben visas, ya que muchas no pueden proporcionar versiones convincentes de que corren peligro físico. Cerca del quince por ciento de los solicitantes son rechazados y se les pide -pero no se les obliga- a volver a Colombia.
El registro de refugiados y el programa de ayuda es financiado por Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero el coste de absorción de los colombianos y de la prestación de servicios, que el año pasado totalizaron  cuarenta millones de dólares, lo soporta principalmente por el gobierno ecuatoriano.
Que Colombia haya ofrecido encargarse de sólo medio millón de dólares de esa suma irrita a Ecuador, dijo un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores involucrado en la inscripción de refugiados que no quiso revelar su nombre porque no está autorizado para hablar a nombre del gobierno.
Lorena Escudero, ministro de Migración de Ecuador, dijo que el gobierno quiere que Colombia adopte un "papel más constructivo" sobre el flujo de personas. "No estoy hablando solamente del apoyo económico a sus ciudadanos que se encuentran aquí, sino de implementar políticas más humanitarias para detener el flujo", dijo Escudero en una conferencia telefónica.
En los primeros nueve meses, los equipos móviles de control de refugiados emitieron veinticinco mil visas de refugiados; piensan emitir cincuenta mil más este año.
Este año entre los inmigrantes se encuentran comunidades indígenas enteras, incluyendo a los indios awa, que el año pasado fueron dos veces víctimas de asesinatos en áreas remotas del estado de Nariño, cometidos por grupos armados a los que se negaron a ayudar o a unirse.
Funcionarios en Ecuador dicen que esperan ayudar a los refugiados a integrarse más fácilmente. Los funcionarios también consideran que los refugiados colombianos son un importante recurso en un país donde la fuerza de trabajo se encuentra diezmada por la emigración masiva a Europa y Estados Unidos.

22 de marzo de 2010
12 de marzo de 2010
©los angeles times 
©traducción mQh
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