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Ecuador: revelan papel de EEUU y ex ministro en ataque a Farc. El informe estableció que el presidente Rafael Correa "no conoció lo que sucedía en Angostura antes del ataque.
Ecuador. Una base donde operaban militares estadounidenses en Ecuador fue "fundamental" para que las autoridades colombianas ubicaran al líder guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, información que fue utilizada para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en la frontera, concluyó una comisión especial que investigó el caso.
La embajada de Estados Unidos en Quito negó categóricamente esas alegaciones.
El estudio, divulgado el jueves, también evidenció que el entonces ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, ahora fuera del gobierno del presidente Rafael Correa, tuvo vínculos con Farc y visitó el campamento rebelde tres semanas antes del ataque colombiano del 1 de marzo de 2008, en la zona fronteriza de Angostura.
El informe estableció que el presidente Rafael Correa "no conoció lo que sucedía en Angostura antes del ataque y tardíamente lo que sucedió después".
El tema ha sido sistemáticamente negado por Larrea, que solo reconoció reuniones con Reyes con fines humanitarios y no en territorio ecuatoriano.
La Comisión de Transparencia y Verdad Angostura, creada en marzo por el gobierno de Correa, indicó que según sus investigaciones "las Farc y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales".
"De ninguna manera el informe pretende ser exhaustivo, abre caminos de muchos asuntos que tendrán que seguir siendo investigados por las autoridades respectivas, pero es lo suficientemente explícito, claro y transparente", dijo en rueda de prensa Francisco Huerta, coordinador y vocero del grupo.
Sobre el ataque, el informe señaló que existen "indicios" de apoyo de inteligencia electrónica para Colombia desde la base ecuatoriana de Manta, donde desde 1999 hasta septiembre pasado operaron efectivos estadounidenses en tareas antinarcóticos.
"En el caso de Manta lo territorial en cuanto a soberanía no era lo más importante, sino la cantidad de información e inteligencia electrónica que se generaba sin que el país (Ecuador) tenga acceso a la misma", señaló el informe, al añadir que esa "inteligencia estratégica procesada desde la Base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes como blanco prioritario para el gobierno de Colombia".
Martha Youth, vocera de la embajada de Estados Unidos en Quito, enfatizó que "como hemos dicho antes repetidamente rechazamos categóricamente esas alegaciones".
En entrevista con la AP declaró que "el FOL de Manta no estuvo involucrado de ninguna manera en el ataque colombiano sobre Angostura y el FOL de Manta legalmente y exitosamente ha observado su mandato de interceptar el narcotráfico en el Pacífico Este".
Huerta aseguró que "por decreto no judicializamos, pero sí nos interesa dejar claro: hay vinculados, que pertenecieron al gobierno de Rafael Correa, con el tema de las FARC", en referencia directa que se hace en el informe a Larrea, quien fue ministro de Correa, primero de Gobierno y más tarde de Seguridad.
El estudio confirmó vínculos entre las Farc y un ex subsecretario de Larrea, José Ignacio Chauvin, quien había confesado que se reunió siete veces con Raúl Reyes con fines humanitarios.
"No puede decirse bajo ninguna sospecha que hay vínculos del gobierno nacional con las FARC, funcionarios de su gobierno en algún momento sí", afirmó Huerta.
Citando investigaciones policiales, la comisión escribe que esas informaciones "determinaron que Gustavo Larrea viajó al campamento de Angostura el 7 de febrero del 2008", tres semanas antes del ataque.
El informe también hace referencia a un "sometimiento" de las oficinas de inteligencia locales a países como Estados Unidos debido al financiamiento que reciben de ese país. Además, según testimonios recogidos, existen "indicios de redes de inteligencia extranjeras que funcionaban" en el país en colaboración con personal de inteligencia nacional.
El bombardeo colombiano a la base guerrillera instalada clandestinamente en Angostura, cerca de la frontera, dejó 25 muertos, incluido Reyes, y provocó que Quito rompiera sus relaciones diplomáticas con Bogotá el 3 de marzo del 2008.
Tras 20 meses, Colombia y Ecuador restauraron hace poco sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios.
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, descartó previo a la difusión del informe, que el mismo pudiera afectar nuevamente las relaciones con Colombia.

11 de diciembre de 2009
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la guerra entre llanos y arroyave


Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave.
Colombia. Dos bandos paramilitares, creados supuestamente para combatir la guerrilla, se mataron entre sí por el control del narcotráfico, las regalías petroleras y miles de hectáreas de tierras en el Casanare. Su cruenta guerra, de la que aún hoy muy poco sabe el país, dejó tres mil víctimas, o quizás más, en apenas unos meses entre fines de 2003 y 2004.
Es muy poco lo que sabe el país de la guerra en el Casanare. Muchos de los paramilitares que delinquieron en este departamento nunca se acogieron al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y dos de sus protagonistas, Héctor Buitrago alias ’Martín Llanos’ está prófugo de la justicia, mientras que Miguel Arroyave alias ’Arcángel’ fue asesinado por sus propios hombres, Pedro Oliverio Guerrero Castillo alias ’Cuchillo’, también huyendo.
Sin embargo, los habitantes del llano casanareño fueron testigos de una matanza que quedará registrada en la historia reciente del conflicto armado, en la que murieron asesinados menores de edad, civiles y cientos de paramilitares que se enfrentaron entre sí.
Uno de los pocos paramilitares que ha dado algunos indicios de por qué se dio este conflicto entre paramilitares fue Daniel Rendón Herrera, alias ’Don Mario’, quien en una versión libre en noviembre de 2009, dijo que el responsable de esta guerra fue el comerciante de esmeraldas Víctor Carranza.
’Don Mario’ sostuvo que Carranza sembró cizaña entre los dos ex jefes paramilitares, diciéndole a cada uno que el otro lo quería matar. "Carranza habló con Miguel (Arroyave) sobre Martín (Llanos), y ahí me di cuenta de que Miguel se dejó utilizar, para indisponerlo con Martín. Pienso que hizo lo mismo con Martín", dijo el ex paramilitar y narcotraficante.
La intensidad de esta guerra fue tan desproporcionada, que, según ‘Don Mario’, en un mes el Bloque Centauros se gastó 14 mil millones de pesos en ella y en un solo día de combates sus hombres utilizaron 100 mil tiros. El ex paramilitar, quien fue jefe financiero de ese bloque hasta mediados de 2004, dijo que ese día se gastaron 400 millones de pesos en balas.
Otro desmovilizado que contó detalles sobre esta guerra fue Miguel Rivera Jaramillo, alias ’Wilson’ o ’W’. Este ex paramilitar que lideró a La Especial, el grupo urbano del Bloque Centauros en Villavicencio, relató en noviembre de 2009 que los asesinatos llegaron incluso a la capital de Meta.
Según ’Wilson’, la guerra con ‘Llanos’ hizo que Arroyave desconfiara de todo el mundo, incluso de sus propios hombres. Muchos de ellos fueron asesinados, bajo sospecha.
No obstante, son pocos en esta región los que se atreven a hablar sobre esta matazón, pero en lo que sí concuerdan es que por décadas los grupos armados ilegales  combatieron por sacar tajada del petróleo, madera y agricultura, pero también de los cultivos ilícitos como la coca. VerdadAbierta.com logró hablar con varios testigos de esta guerra, desmovilizados, funcionarios públicos y familiares de los combatientes, y reconstruyó este capítulo de la historia paramilitar que manchó de sangre estas ricas tierras.

Casanare una Historia de Guerra
La guerra en el Casanare comenzó desde mediados de 1986, cuando Héctor Buitrago, alias ’Tripas’, organizó un grupo paramilitar, que fue conocido en la región como ’los Buitragueños’, para enfrentar a la guerrilla. El grupo se movía en el Casanare, parte del Meta y la subregión del Ariari, donde ya delinquían Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, y Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’ del Bloque Centauros.
"Fue en esa época (a partir de 1991) en la que los Buitrago, los Ramírez y los Feliciano (ambas familias de la región con grandes extensiones de tierra), empezaron a montar laboratorios (para procesar cocaína) en Monterrey, Aguazul y Tauramena. Pero también comenzaron a asesinar gente por montones y frente a los miembros del grupo Guías de Casanare. En ese entonces los ganaderos que estaban al lado de las autodefensas le regalaron una finca al Ejército para que montaran la base militar. Se la compraron a don Julio Rojas", aseguró un lugareño que fue testigo de la expansión de los ’Buitragueños’.
Los Buitrago más que dedicarse a una lucha contrainsurgente, amedrentaron y sometieron a pueblos enteros para encubrir sus actividades de narcotráfico.
"Reunían a la gente en el parque y sacaban a los estudiantes de clases para alertarlos sobre una supuesta toma subversiva y advertir que no salieran de las casas porque corrían peligro, pero lo cierto fue que la presión para que la gente se encerrara, buscaba que nadie se enterara del paso de los camiones llenos de ‘paracos’ o cargados con químicos (para procesar cocaína). Todo fue una gran mentira porque la guerrilla no se asomó a Monterrey", aseguró un ex funcionario de una alcaldía del Casanare.
El poder de ’los Buitragueños’ no se limitó a inventarse amenazas guerrilleras sino que, después de 1995 comenzaron, de manera sistemática, a apoderarse de tierras donde supuestamente existían yacimientos de petróleo o para desalojar campesinos de zonas aledañas a las zonas de exploración.
"Desde Monterrey hasta Tauramena y Aguazul, llegaban a fincas y hatos ganaderos de una vez con las escrituras hechas y a nombre de otras personas. ‘O firma o firma’, le decían a los dueños. Lo mismo sucedía con las muchachas que no accedían a sus coqueteos: eran violadas o desterradas cuando no se acostaban con ellos", asegura una persona que vivió en la zona.
Al tiempo, la Fiscalía y los jueces de Villavicencio iniciaron una investigación por concierto para delinquir en contra de los Buitrago, que arrojó la captura de alias ‘Tripas’, quien fue rescatado de la prisión a los pocos meses por su hijo ‘Martín Llanos’ en 1999. Sin embargo, el proceso continuó hasta llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia donde ambos fueron condenados el 16 de mayo de 2007 a 40 años de prisión.
Mientras ‘Martín Llanos’ lograba consolidarse en el sur y el norte de Casanare con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), los paramilitares de Carlos Castaño comenzaban a incursionar en parte del Guaviare, Meta, Casanare y Araca.
Castaño, al lado de Salvatore Mancuso y apoyado por miembros de la Fuerza Pública llegó a los Llanos con integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y asesinaron a más de 50 personas en Mapiripán (Meta), entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
La masacre contó con el apoyo de las Autodefensas del Casanare. Pero al poco tiempo ‘Martín Llanos’ no calculó que los hombres de Castaño llamados ’los Urabeños’ comenzaran a desalojarlo de sus feudos. El distanciamiento entre los paramilitares del Casanare y los de Castaño se ahondó con la masacre de once miembros de una comisión judicial en octubre de 1997 entre San Martín y San Carlos de Guarda, Meta, que iba a realizar un allanamiento en la finca Alcarabán.
La matanza, ejecutada por hombres de Jaime Matiz y ordenada por ’Martín Llanos’, no contó con la aprobación de Carlos Castaño. A los cinco meses de la masacre, Matiz fue asesinado por el DAS, según testimonios de ex paramilitares de Villanueva, Casanare.
Ya para ese entonces, Castaño había iniciado su entrada al Casanare y Arauca, que comenzó con enfrentamientos con las guerrillas de las Farc y el Eln.
La llegada de los hombres de Castaño también produjo divisiones entre las Autodefensas Campesinas del Casanare: las del sur y las del norte, éstas últimas bajo el mando de Luís Eduardo Ramírez Vargas, alias ’HK’, quien después sería abatido por la policía en Bogotá el 27 de diciembre de 2005.

La Guerra
Con la entrada del clan Castaño a la zona, ’los Buitragueños’ y en especial ’Llanos’ empezaron a sentirse amenazados.
Algunos desmovilizados cuentan que ’Martín Llanos’, quien le quitó el mando a su padre, comenzó a exigir más ‘vacunas’, a asesinar campesinos para quitarles la tierra, presionar políticos y alcaldes para quedarse con el dominio total de Casanare.
Incluso, algunos socios de su padre, como los Feliciano (José Omar y Víctor), Jaime Matiz, Ricardo y Gustavo Ramírez, comenzaron a acercarse a los hombres de Castaño que ya habían llegado al norte del departamento.
"El hombre (’Llanos’) se estaba volviendo loco, no permitía que nadie se le acercara a más de 10 metros, y cuando sospechaba que alguien se le volteaba, lo torturaba y luego asesinaba. Varios jóvenes tentados por los ‘Urabeños’ fueron asesinados y entregados a sus familiares en bolsas negras de plástico. Decenas de sus hombres fueron ejecutados así en Puerto López, sólo por sospecha", afirmaron habitantes de Puerto López que vieron las entregas de los cadáveres.
La paranoia de ’Llanos’ lo llevó a asesinar a personas cercanas a él como Víctor Feliciano Alfonso, su esposa Martha Nelly Chávez y Juan Manuel Feliciano Chaves y cuatro personas más el 28 de febrero de 2000. Únicamente quedó vivo Víctor Francisco Feliciano, quien negó los nexos de su familia con el narcotráfico.
Sin embargo, el jefe de ’los Buitragueños’ comenzó a perder el control del norte del departamento, especialmente de Yopal, en donde la población quedó atrapada en medio de la guerra. Allí, los dos grupos paramilitares empezaron a extorsionar por igual al comercio y desató una ola de asesinatos.  Este panorama llevó al cierre de la empresa distribuidora de gas en Yopal que no aguantó la presión y la extorsión de los dos grupos armados.
Toda esta guerra sin tregua ocasionó que el 20 de abril de 2001 alrededor de 15.000 personas salieran a protestar por la inseguridad. Ese día comerciantes, ganaderos, la población civil y los políticos rompieron el miedo y se atrevieron a pedir que cesara la violencia, bajo el lema: "Nuestro silencio está llenando de tumbas el llano casanareño".
A pesar de que los combates se intensificaron y que en promedio se presentaban 10 muertos semanales, la Policía registró que, en el primer trimestre de 2001, sólo se presentaron 85 asesinatos. Estadística que mostraba profundas diferencias con los informes de la Defensoría del Pueblo, según los cuales, entre 1997 y los tres primeros meses de 2001, se presentaron 31 masacres, de las cuales 12 fueron en Yopal durante los primeros meses de 2001.
En 2001, 2.404 campesinos se desplazaron. Aún así, las autoridades decían que Casanare era ’un remanso de paz’.
La situación llegó a tal extremo que unos 180 taxistas de Yopal fueron obligados a reunirse con ‘Martín Llanos’, en el sitio El Secreto, a pocos kilómetros de esta capital, para fijarle nuevos roles de comportamiento en sus vidas cotidianas. Los habitantes le obedecían a los dos bandos en medio de la zozobra.
En abril de 2001, ’Llanos’ también llamó a 200 maestros del departamento que fueron obligados a ir a la vereda Brisas del Llano, cerca de Monterrey, donde el jefe paramilitar sentenció: "Quien vote por el Polo Democrático o por Horacio Serpa, debe asumir las consecuencias", dijo un educador que asistió a la reunión y que hoy está refugiado en Villavicencio.
"Él llegó en un helicóptero pequeño que le decían "la Avispa", saludó a ex compañeros de la Normal Mixta de Monterrey, recordaron épocas de estudiantes y hasta se puso compungido. Luego echó un discurso de unos 15 minutos y se volvió a ir rumbo al piedemonte", aseveró el maestro.
En medio de este panorama, Miguel Arroyave compró el Bloque Centauros a Carlos y Vicente Castaño a comienzos de 2002, al igual que los ‘Mellizos’, Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, compraron el Bloque Vencedores de Arauca, organizaciones que terminaron haciendo una tenaza contra ‘Martín Llanos’ en Meta, Casanare y Arauca.

El Principio del Fin
En tanto que ’Llanos’ abría frentes de guerra en todas sus zonas de influencia, en Mapiripán sus hombres comenzaban a sentir el cerco que le estaban tendiendo paramilitares de la Casa Castaño Gil.
No obstante, ’los Urabeños’ no conocían el terreno y al principio entraron a combatir en desventaja frente a los hombres de Martín Llanos.
En videos que circularon en Monterrey y que fueron grabados por integrantes de las Acc en la zona, dieron cuenta de los combates entre los dos bandos en La Cooperativa y Caño Jabón, zonas rurales de Mapiripán.
Las imágenes dejaban ver cuerpos en estado de descomposición, equipos de campaña abandonados y fuego cruzado de ametralladoras que perseguían sin misericordia a jóvenes afrodescendientes que corrían despavoridos en una llanura desconocida y sin saber para dónde ir. Para ’Llanos’ esta fue una victoria pírrica frente a lo que venía más adelante.
Tras la derrota inicial, Castaño envió refuerzos a la zona de Mapiripán, con paramilitares de los bloques Centauros, Central Bolívar (BCB) y de San Martín,  que muy rápidamente lograron tener una superioridad numérica.
Entonces, los combates se volvieron más crueles y las bajas de ’los Buitragueños’ llegaron a 300. Luego de arrinconar a la gente de ‘Martín Llanos’, los hombres de Castaño avanzaron hacia el norte de Casanare, de donde también sacaron hacia el sur a alias ‘HK’, hombre de suma importancia en las Acc.
Según cuentan algunos sobrevivientes de Monterrey, en esos combates fue vital la participación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que bombardeó sus posiciones, y de acuerdo con testimonios de un ex comandante del Bloque Centauros, todo se dio porque Miguel Arroyave pidió ayuda a un alto oficial para acabar con la gente de ’Martín Llanos’.
Según la versión publicada por Semana, un avión Tucano y cuatro helicópteros Arpía, participaron de las operaciones militares en las que fueron derrotadas las Acc.
Cercado por las acciones de sus enemigos, ’Martín Llanos’ se atrinchera en El Tropezón, a pocos kilómetros de Puerto López, quedándole sólo Paratebueno y el Banco del Oso, como cuarteles de retaguardia. Desde estos lugares se movía hasta que comenzaron los bombardeos de las FAC, institución que logró ubicar el helicóptero del jefe de las Acc y se lo quitó.
Con pocos hombres y el sol sobre su espalda, Héctor Buitrago, ordena a los mandos medios que le quedaban, alias ’HK’, ’El Boyaco’ y José Darío Orjuela, alias ’Solín’, iniciar un proceso de reclutamiento en los barrios capitalinos de Ciudad Bolívar, Soacha, Kennedy, Bosa y Suba. Lo mismo hicieron en el barrio Morichal de Villavicencio, de donde se llevaron por la fuerza a 30 niños. "Mucha gente debió salir de las veredas Caribayona y El Piñal, porque se estaban llevando forzadamente y con engaños a niños de hasta 12 años", denunció la madre de uno de esos menores que logró rescatarlo del monte y salir a otra ciudad del país.
Fueron muchas las versiones de adolescente conocidas, en su momento, sobre los horrores al interior de las Acc. "El que lloraba lo mataban frente a los demás. Y si alguien se dormía haciendo guardia, era peor", narró el familiar de otro menor que fue detenido durante una acción del Ejército quien se lo entregó al Instituto de Bienestar Familiar (Icbf).
Las confrontaciones se extendieron hasta comienzos de 2004, año que fue definitivo para las dos facciones paramilitares. Una de esas batallas comenzó el 20  de febrero y se prolongó por cinco días en el sitio conocido como Caribayona, del municipio de Villanueva.
Allí, según el relato de algunos de sus pobladores, los dos grupos paramilitares se citaron para hacer ’honor’ al pacto de que quien ganara en ese terreno, se quedaba con él. Durante esos días más de 140 paramilitares de ambos bandos murieron en los enfrentamientos y unos 20 soldados campesinos de Villanueva perecieron luego de que la retaguardia de Arroyave los emboscara en su retirada hacia la zona rural de Barranca de Upía.
Pastor Soler, la única persona que se quedó en el pueblo, debido a su sordera no se dio cuenta que por encima de la casa cruzaba toda la artillería de los dos grupos y que las balas de fusil impactaron hasta en la cocina. Él vivía al lado del río Túa, una frontera imaginaria que los paramilitares trazaron como punto de honor. "Los tractores arrastraron zorras llenas de cuerpos todo el día 26 de febrero y los que no pudieron levantar, los samuros (cuervos) se los comieron", revelaron campesinos que vivieron entre Caribazo y el Piñal.
Pero aún faltaba más por suceder en esa absurda y delirante guerra: "En la zona de combate, cuando le preguntaban a los menores y a los adultos que si estaban cansados, y si ellos respondían afirmativamente, los fusilaban. Lo mismo pasaba con los heridos que llegaban a Puerto López y a Monterrey: cuando le preguntaban a las enfermeras si eran graves las heridas de los ’paracos’, los reunían en un solo grupo y les lanzaban una granada o les disparaban ellos mismos". dijeron a VerdadAbierta.com testigos de los hechos.
Los enfrentamientos continuaron esporádicamente en las sabanas entre Villanueva, Monterrey y Tauramena. "En ese tiempo ’los Urabeños’ retomaron la zona y al igual que la gente de ‘Martín Llanos’, de quienes aseguraban tenían pacto con el diablo. Ellos cogían a los prisioneros y los metían a un corral, sólo les daban una comida diaria, y cada semana degollaban uno. Eran muchachos que se pintaban las uñas de negro y hacían filas para beber sangre de las víctimas", narró otra mujer cuya hija vivió un tiempo con uno de ellos.
En julio de 2004 la guerra no cesaba. Mientras el Ejército desocupaba a El Tropezón y capturaba a la gente de las Acc, en las afueras de Monterrey los cuervos hacían de las suyas cuando Héctor Julio, el sepulturero, no le alcanzaba el tiempo y los alientos para enterrarlos. Él era el encargado de avisarles a las madres que sus hijos cayeron en combate.
En un solo día a Puerto López llevaron 30 muchachos muertos y a Tauramena otros 20, asesinados en combates en el hato La Candelaria, de donde fueron sacados por tractores y echados al río Metada con sus estómagos abiertos para que no flotaran.
El cerco y el acoso militar de ’los Urabeños’ en los hatos Las Delicias, El Yarí, El Retorno, El Tranquero. El Atajo y Los Lobos, entre muchos, llevó a que ‘Martín Llanos’ organizara una manifestación con habitantes de los municipios de Villanueva, Villa Carola y Sabanalarga. Una arremetida que llevó a decenas de familias a refugiarse en Tauramena y Monterrey, hasta donde llegaban advertencias de muerte del Bloque Centauros.
Fueron 30.000 personas que obligadas a salir a la Troncal de la Selva a protestar porque el Ejército no hacía nada contra la arrolladora máquina de guerra de Miguel Arroyave.
Cuando el fin estaba cerca, ‘Martín Llanos’ se refugió con una guardia de 10 hombres y 70 niños - reclutados en Bogotá, Villavicencio y la región-, quienes fueron utilizados como escudos para que el jefe paramilitar cubriera su huida.
Días después, el 26 de septiembre, la Presidencia de la República confirmó en un comunicado que 79 hombres de las Acc fueron muertos. Muchos de los combatientes se entregaron y otros fueron capturados, mientras que ‘Llanos’ huyó herido hacia Ecuador, luego pasó a Brasil y de ahí a la frontera de Colombia con Venezuela, desde donde envía mensajes a Monterrey advirtiendo que cobrará venganza contra quienes se les ‘voltearon’.
Aunque cientos de paramilitares de los bloques Centauros y del Casanare se desmovilizaron, en la región existe la versión de que ’Martín Llanos’ continúa a la sombra en los alrededores, tratando de recuperar el poder político y militar, al tiempo que pide su inclusión en Justicia y Paz. Una sombra que aun se pasea sembrando el terror por los llanos de Casanare.

11 de diciembre de 2009
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campesinos en fuga en sur de bolívar


Creyeron que con la desmovilización paramilitar y llegada de la fuerza pública habría paz. Pero no. El gobierno fuerza la erradicación de la coca pero no les da alternativas, los grupos armados los obligan a seguir en los cultivos ilícitos, llegaron unos que les reclaman sus tierras, y el narco reavivó allí sus rutas clandestinas.
[César Molinares Dueñas] Colombia. El Sur de Bolívar no debería ser de nadie. Según lo dicta una ley sancionada en 1959 y que aún está vigente, éste debería ser una gran reserva forestal desde la Serranía de San Lucas, hasta el Magadalena Medio, ríos y bosques protegidos. Bajo esa lógica no se podría talar un árbol, titular una finca, ni levantar pueblos que, como Santa Rosa del Sur, estén por encima de los 200 metros sobre el nivel del mar.
Por eso casi nadie puede decir que posee un título legal. Aun así, está lleno de propietarios de pequeñas parcelas y de grandes haciendas ganaderas y de palma de aceite, el cultivo que más ha crecido últimamente. También hay empresas trasnacionales y asociaciones de campesinos dueñas de títulos mineros para explotar sobre todo oro, pero también níquel, uranio, carbón, plata, cobre, platino, zinc y molibdeno. Además, como en tantos lugares de Colombia, se siembran los cultivos de coca y marihuana, base del negocio que más afila la codicia, el narcotráfico.
Así mismo, como es característico en las zonas del país donde hay riqueza legal e ilegal, hay guerrilla. Aún está allí el ELN, con los bloques Simón Bolívar y Luis José Solano Sepúlveda, que vino desde los setentas a evangelizar campesinos marginados con sus doctrinas de revolución salvadora. En esas tierras vivió y murió su jefe, el Cura Pérez y se cree que en algún rincón de su rica geografía se refugia aún hoy su sucesor, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ’Gabino’ y su Comando Central.
También se mueven los frentes 37 y el 24 de las Farc.
Y desde 1997 y por una década, estuvieron los paramilitares. Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, apoyado las autodefensas de los hermanos Castaño, incursionó en el Sur de Bolívar y en gran parte del Magdalena Medio, empujando a la guerrilla hacia lo alto de los montes y consolidando lo que se conocería a partir del año 2000 como el Bloque Central Bolívar (BCB).
Vinieron atraídos por el lucrativo negocio del narcotráfico, a disputar su parte en la minería, y a codiciar la tierra. ¡Y qué mejor manera de controlar el territorio y librar su arbitraria batalla contra la guerrilla que expulsar a los campesinos y quedarse con sus mejores fincas! El 31 de enero de 2006, ’Julián Bolívar’ se desmovilizó junto con 2.500 hombres que hacían parte del BCB de las autodefensas. En el corto lapso que duró, la tiranía paramilitar dejó más de 20 mil víctimas, según ha registrado oficialmente la Dirección de Justicia y Paz de la Fiscalía.
El BCB siempre estuvo involucrado con el negocio del narcotráfico. En el 2005, un censo de cultivos de coca estableció claras coincidencias entre las zonas donde éste tenía bandas armadas (Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas) y las áreas de cultivo de la coca.
Entre 2007 y 2008, luego de que el BCB dejara las armas por acuerdo con el gobierno, disminuyó el desplazamiento forzado, pero en lo corrido de 2009 ha vuelto a crecer.
Las cifras son escandalosas. Según Acción Social entre 1997 hasta lo que va de este año, de los municipios de San Pablo, Simití, Regidor y Santa Rosa, han sido desplazadas 36 mil personas, esto es el equivalente a toda la población del último, que es el municipio más grande.
Hacia fines de 2009, San Pablo, Simití y Santa Rosa habían sido declarados en riesgo de desplazamiento, una medida que busca que las autoridades protejan a la población y civil, y con la que se congelan las transacciones sobre tierras para evitar el despojo forzado.
Estas tierras son atractivas porque, según dice la Corporación Compromiso, no sólo son abundantes los recursos naturales y minerales, sino que desde hace unos dos años, se han desarrollado megaproyectos agroindustriales como la siembra de palma africana y la minería de gran escala. Con la valorización de la tierra, le han aparecido varios supuestos propietarios que alegan es suya, pero se han encontrado con que hay nuevos colonos y esto ha generado nuevos conflictos por la posesión de los territorios.
Además, como la zona ha conservado esa condición ideal para actividades clandestinas, de estar aislada por la difícil geografía y los malos caminos, y a la vez, ser un corredor eficaz del Caribe al interior y hacia Venezuela, se han formado nuevas bandas que se dedican a los tráficos ilícitos de narcóticos y de armas. Y, no que olvidarse, esas montañas selváticas le sirven a los grupos armados de retaguardia ante la ofensiva de la Fuerza Pública.
Ahora han aparecido nuevas bandas, las Autodefensas Bolivaristas (una alianza entre guerrilleros y narcotraficantes que se dedican al narcotráfico), y en las zonas bajas del río Magdalena, otras como ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’ y ‘las Águilas Negras’.
Por eso las violaciones de derechos humanos no cesan en el Sur de Bolívar. Dice un informe de la Defensoría del Pueblo que durante el segundo semestre de 2009 la situación en Cantagallo, San Pablo y Simití se ha agravado de nuevo, con homicidios, asesinatos selectivos y robos. Además, el informe asegura que líderes de los desplazados y de los campesinos que protestan porque la erradicación de cultivo ilícitos no les da alternativas para ganarse la vida, están siendo amenazados y estigmatizados.
En un recorrido por San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur en el Sur de Bolívar, VerdadAbierta.com quiso averiguar las razones por las cuales el desplazamiento forzado de campesinos se ha vuelto a poner crítico. Pudo constatar que la ofensiva de la Fuerza Pública, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha por el control de la tierra que ha vuelto tomar bríos, son todas causas que obligan a muchos campesinos a dejar sus tierras para salvar la vida o para buscar otras fuentes de ingreso.

11 de diciembre de 2009
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acusados de ejecuciones arbitrarias


Once infantes de marina acusados de desaparición y homicidio. Durante la investigación se pudo establecer que no existió enfrentamiento armado y que las víctimas no pertenecían a grupos insurgentes.
Colombia. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 11 integrantes del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y falsedad ideológica en documento público.
La decisión judicial se deriva de los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2005 en Las Palmas, jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar), donde una patrulla al mando del cabo segundo Jesús Miguel Fadul Atencio, ultimó a Miguel Ángel Martínez Yepes y Félix Antonio Rico Martínez, presentados como miembros del frente 37 de las Farc muertos en combate.
Durante la investigación la Fiscalía estableció que no existió enfrentamiento armado y que las víctimas eran ajenas al citado grupo insurgente, contrario a lo manifestado por los miembros de la fuerza pública en sus informes escritos.
La resolución de acusación cobijó a: Jesús Miguel Fadul Atencio, cabo segundo; y a los infantes de Marina, Rafael Antonio Reyes Cepeda, Darío Eduardo Camacho Zambrano, Henry Alberto Quiroz González, Milton Alban Morales Campo, Jefferson Ballesteros Cuello, Héctor Armando Osorio Urrego, Javier Antonio Arango Marín, Juan Manuel Montoya Ángel, Yovanny Ortíz Guardo y Jonth Luis Sierra Cerpa.
Los procesados están recluidos en guarniciones militares de Bogotá y en cárceles de Medellín, Girón (Santander), Cali, Valledupar, Montería y Cartagena.

11 de diciembre de 2009
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capturan a ex para por masacre


Capturan a ex ’para’ por masacre en Dagua, Valle.
Colombia. Un grupo del CTI y del Ejército capturaron a Luis Eduardo Yaravera, alias ’Huevo’, por su presunta responsabilidad en el asesinato de ocho personas en Dagua, al occidente del Valle del Cauca.
Alias ’Huevo’, quien perteneció al Bloque Calima de las Auc, fue capturado en la vía entre la hacienda los El Paraíso y los Ceibos, luego de que un fiscal seccional dictara orden de captura por homicidio.
Según el CTI, el 28 de marzo de 2003 las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo por miembros de autodefensas. Cuatro meses después los cuerpos aparecieron en varias fosas comunes en Borrero Ayerve (Dagua).
La exhumación de los cuerpos la hizo el Grupo de Identificación Especializada del CTI, en julio de 2003, y fueron identificados como: Celio Montenegro Navia, Héctor Fabio Jiménez Álvarez, Jairo Bladimir Vallejo, Edinson Ordóñez Pachichana, Francisco López y Alexander López, las otras dos víctimas están en proceso de plena identidad.
Por los mismos hechos, el pasado 29 de octubre el CTI capturó en Bogotá a Huberney Díaz, alias ‘El Tigre’, y Diego Alexander Torres Suescún, ex integrantes del Bloque Calima. Estos dos ex paramilitares tienen medida de aseguramiento intramural.

10 de diciembre de 2009
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156 mil asesinatos en conflicto civil


Justicia y Paz ha documentado 156 mil asesinatos. 
Colombia. El jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, explicó que por medio de las versiones libres la fiscalía ha avanzado en las investigaciones de múltiples crímenes.
En diálogo con Caracol Radio, González dijo que a través de las declaraciones de los desmovilizados y las denuncias de las víctimas, la fiscalía ha documentado alrededor de 156 mil asesinatos cometidos por paramilitares y guerrilleros en los últimos 20 años.
Agregó que hasta la fecha, los postulados a la Ley de Justicia y Paz han reconocido 26 mil asesinatos. La gran mayoría de éstos son desmovilizados de las autodefensas.
Sobre la propuesta del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que plantea la repatriación de los extraditados jefes paramilitares para aclarar los crímenes de las Auc, González dijo que en Colombia se están procesando a los paramilitares rasos y mandos medios, con quienes se puede reconstruir la verdad. Asimismo, destacó la importancia de las versiones libres que Justicia y Paz ha hecho con varios extraditados desde Estados Unidos.
Por último, dijo que espera que entre el lunes y el miércoles de la próxima semana se realice la imputación parcial de cargos contra Mancuso.

10 de diciembre de 2009
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capo paramilitar quiere repatriación


Mancuso propone repatriar a ’paras’ extraditados. En una carta enviada al Congreso, el ex jefe paramilitar advierte que el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Informe de El Espectador.
Colombia. En una carta enviada al Congreso de la República, y que hizo pública la senadora Piedad Córdoba, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló, desde su reclusión en Estados Unidos, que el proceso de justicia y paz está a punto de fracasar por lo que denominó una pugna de poderes en la que la única perdedora ha sido la verdad.
Por ello lanzó la propuesta de "repatriar a los extraditados que estén dispuestos a avanzar en justicia y paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado, porque los de narcotráfico ya los hemos esclarecido a las autoridades de estados unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la Ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para el que fue creada la ley".
A su juicio, el  "panorama sigue siendo muy complejo mientras exista esta pugna de poderes, donde el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir, entre otros, la mayor carga de responsabilidad que le corresponde a él y al estado por tantos años de conflicto armado, promoviendo una ley que impide que las poblaciones que estuvieron desprotegidas por ellos y bajo el dominio y control de los diferentes actores de poder del conflicto armado, cuenten sus verdades, sin ser considerados delincuentes comunes, ni ser judicializados por contar los hechos en los que por obligación les tocó participar".
Mancuso hace un llamado al Congreso para que asuma la responsabilidad de promover las normas y leyes que le permitan al país salir del estancamiento de la justicia y reparación de las víctimas que, dice, se buscaba con la ley de Justicia y Paz, al tiempo que señala que el Gobierno ha tratado de tapar todos los vacíos en esa ley, pero bajo su libre interpretación.
El extraditado propone, entre otras cosas, hacer reformas sustanciales a la ley y al proceso de paz, de reconciliación "articuladas y complementarias en lo político y social, con reglas claras muy precisas que se puedan cumplir ajustadas a las exigencias de las realidades que no fueron tenidas en cuenta desde el comienzo ni por el Gobierno ni por los legisladores ni por las cortes".

10 de diciembre de 2009
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ex senador a juicio por paras


Corte Suprema llama a juicio al ex senador Juan Carlos Martínez. La Sala Penal de la Corte acusa al ex congresista por el delito de concierto para delinquir por sus presuntos vínculos con las Auc.
Colombia. Martínez Sinisterra, quien fue senador por Convergencia Ciudadana, fue capturado en agosto de este año en Bogotá, un año después de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes del Valle.
Uno de los primeros en señalarlo fue el extraditado paramilitar Ever Veloza, alias ‘HH’, quien aseguró ante las autoridades que el senador Martínez había recibido el apoyo del Bloque Calima de las AUC, durante la campaña electoral para el Congreso en el 2006.
Otro paramilitar que habló sobre estos supuestos nexos fue Mauricio Aristizábal, alias ’el Fino’, jefe de finanzas del Bloque Calima y lugarteniente de ’HH’.
Además, en la Corte existen testimonios que relacionan al senador Martínez con narcos del cartel del Pacífico como los extraditables Olmes Durán Ibargüen, alias de ‘El Doctor’, y Weceslao Caicedo, alias ¨W´.
Ante estos señalamientos, el Senador respondió en medios radiales que conoció a esas personas porque crecieron en barrios de Buenaventura que él frecuentaba, "pero de ahí a que digan que yo recibí dineros, pues que lo demuestren", aseguró. Sin embargo, recientemente la revista Cambio reveló con pruebas la cercanía del congresista con Olmes Durán, de quien fue padrino de matrimonio, y quien fue extraditado a Estados Unidos el pasado octubre.
Martínez tuvo una carrera política meteórica. De la Asamblea del Valle en 1998, pasó al Senado en 2002 con 58.723 votos y en 2006 se mantuvo con 62.077. Aunque su fortín político estaba en este departamento con un 75 por ciento, sus apoyos en Cauca y Nariño fueron importantes.
El congresista surgió de la sombra del polémico ex parlamentario Carlos Herney Abadía, condenado por el proceso 8.000 tras recibir dineros del cartel de Cali y gestor del Movimiento Popular Unido, MPU, con el que Martínez extendió sus redes burocráticas en el sur occidente colombiano.
El caso de Juan Carlos Martínez volvió a la Corte Suprema debido a la nueva jurisprudencia que dictó el Alto Tribunal para asumir los casos de los ex congresistas que renunciaron a su fuero parlamentario.

Los Antecedentes de Martínez
El senador Juan Carlos Martínez ha sido salpicado por varios casos en su departamento natal.
Según un informe de Semana, en noviembre de 2005 estalló uno de los primeros escándalos en que se vio involucrado el senador Juan Carlos Martínez. Fue cuando Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, destituyó de manera fulminante a José Tovar, director de la oficina del Incoder que maneja los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades investiga la Fiscalía por este caso. En su defensa, Tovar dijo en su momento que "no me va a pasar nada porque tengo el respaldo del senador Martínez".
Los escándalos han continuado. Hace un año, María Carlota Jaramillo, contralora del Cauca, encontró sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud por 3.000 millones de pesos para comprar medicamentos. "Pagaban el acetaminofén lo a 5.000 pesos la unidad", denunció la contralora. Ante la gravedad de los hechos, Juan José Chaux, gobernador del departamento, tuvo que destituir al secretario de Salud, Carlos Quiñones, personaje de la cuerda de Martínez. El senador liberal Luis Fernando Velasco emplazó públicamente al gobernador Chaux por este asunto. "Quiero denunciar que en Cauca un cartel de drogas lícitas e ilícitas se quiere tomar la política", aseveró Velasco.
En la actualidad, otra denuncia pública involucra a Martínez. Se trata de las amenazas que ha recibido uno de los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura, Héctor Copete. Este ingeniero cree que las amenazas contra su vida podrían venir de la campaña de su contendor, José Feliz Ocoró. "Acá lo que pasa es que a Copete lo apoyan Dilian Francisca Toro y el partido de La U, mientras que a Ocoró lo respaldan el senador Martínez y Convergencia Ciudadana, y ellos han dicho que ganan o ganan", sostienen varios líderes del puerto consultados por SEMANA.
La controversia sobre Martínez no se circunscribe sólo al plano local. El pasado 20 de julio, en la votación para escoger la mesa directiva del Senado, los acuerdos en el interior del uribismo -pactados en 2006- establecían que la vicepresidencia sería para Convergencia Ciudadana. El gobierno hizo lobby para que Martínez ocupara el cargo y evitar desequilibrios en la coalición. Varios congresistas, incluso uribistas, no consideraron sano que Martínez estuviera en esa posición. Por eso, de un momento a otro, muchos votaron por el candidato del Polo, Iván Moreno Rojas, quien finalmente ganó.
Al calor del debate electoral, los contradictores de Abadía y de Martínez están diciendo de todo. "Están comprando el apoyo de los líderes cívicos, concejales y diputados con maletines llenos de dinero", dicen en los pueblos. "Así no hay lealtad que aguante", se quejan en voz baja algunos candidatos. Así, con ese tono de sospecha y tufillo de corrupción, está entrando en la recta final la contienda electoral en el Valle del Cauca.

10 de diciembre de 2009
©verdad abierta 
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