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prohíben porte de marihuana


Prohibición de dosis mínima pasa en Senado. A contracorriente de la filosofía liberal, senadores colombianos optan por el autoritarismo y abandonan legislación existente..
Colombia. La Comisión Primera del Senado aprobó el martes por unanimidad la prohibición de portar dosis de drogas para consumo personal, con lo cual la iniciativa pasará a su aprobación final en el pleno.
Con una votación de 12-0 la comisión se pronunció respecto al tema que un fallo de la Corte Constitucional de 1994 había declarado lícito.
Dos senadores de la Comisión abandonaron el debate por considerar que la prohibición contraviene una tendencia mundial de dar libertad al individuo sobre el consumo de sustancias.
La norma actual permite portar hasta 20 gramos de marihuana, uno de cocaína, entre otros narcóticos, pero penaliza a quienes tengan consigo cantidades superiores a las establecidas en la ley.
El ponente del proyecto el senador Liberal Héctor Helí Rojas, aseguró que una vez aprobada la modificación, el "congreso tendrá que hacer unas leyes para desarrollar la reforma constitucional y mirar el tema del microtráfico (venta al menudeo)".
El presidente Álvaro Uribe, quien favorece la prohibición, ha dicho que la modificación ayudará a los adictos a recibir tratamientos.
El último debate podría ser en dos semanas.

29 de noviembre de 2009
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el das o el cartel de las 3 letras


¿En qué anda el controvertido ’ventilador del DAS’? Tensiones entre Colombia y Venezuela han vuelto a sacar al ex jefe de Informática del organismo Rafael García, quien, al parecer cuando dejó de serle útil a Venezuela, empezó a colaborar con la DEA.
Colombia. Muchas historias se tejen alrededor del ex jefe de Informática del DAS Rafael García. Unas lo tienen como informante privilegiado de la DEA, otras como jefe paramilitar caído en desgracia. Pero también hay otras que lo consideran estrella de la parapolítica, el eslabón perdido de la relación entre las mafias colombianas y las mexicanas, e inclusive como el que alimenta con información a las autoridades venezolanas para montar la historia de un complot del gobierno colombiano para asesinar al presidente Chávez.
El aumento de las tensiones entre los dos gobiernos sacó a García de una especie de ostracismo en el que se encontraba y ahora su nombre ha salido a flote no solo en versiones que le atribuyen un papel de informante de las autoridades de Venezuela, sino en otras que lo sitúan en los Estados Unidos en contacto con la DEA. CAMBIO investigó para tratar de establecer la trayectoria desde cuando salió del país.
Para los servicios de Inteligencia colombianos está probado que en agosto pasado desafió una orden del juez sexto de ejecución de penas que le otorgó libertad condicional, y salió clandestinamente del país rumbo a Venezuela, donde a comienzos de septiembre logró protección del gobierno de Chávez y obtuvo una cédula a nombre de José Antonio Sánchez. Así lo reveló CAMBIO en su edición del 29 octubre cuando, además, contó que allí habría colaborado con las autoridades venezolanas para montar la historia de un complot del gobierno de Álvaro Uribe para asesinar al presidente Chávez.
Los pormenores de este supuesto complot, que ha utilizado Chávez para mantener la alerta roja con respecto a Colombia y hacer sonar sus tambores de guerra, están descritos en un documento de 57 páginas que está manos de las autoridades colombianas y que según éstas fue redactado con la ayuda de expertos de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, bajo la dirección de un oficial de la Inteligencia cubana.
El documento, conocido por CAMBIO, indica que García estuvo bajo protección venezolana en el fuerte militar de Tiuna y que colaboró con las autoridades de ese país con información sobre supuestas relaciones del presidente Uribe con paramilitares y narcotraficantes para atentar contra el mandatario venezolano. El ex jefe de Informática del DAS, que se presenta como un amplio conocedor del hampa colombiana, les habría dicho a los venezolanos, entre otras cosas, que el presidente Uribe toleraba la existencia de un cartel del narcotráfico en el DAS, del cual García hacía parte como puente para el envío de cargamentos de cocaína a los carteles mexicanos.
Pero, además, el informe contiene versiones de tres detectives de bajo nivel asignados a Contrainteligencia del DAS, investigados desde hace seis meses por denuncias de corrupción por la oficina de Control Interno del organismo, que no son creíbles. Por ejemplo, uno de ellos dice que asistió a reuniones privadas en la casa del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para diseñar un plan que pretendería desestabilizar a Venezuela. Y otro asegura que  Colombia tenía tres proyectos para espiar a países extranjeros: el ’Salomón’ en Ecuador; el ’Falcon’ en Venezuela y el ’Fénix’ en Cuba, que vigiló consulados ecuatorianos en el suroccidente colombiano y que se infiltró en la minga indígena de octubre de 2008 porque tenía información de que en ella participaban agentes ecuatorianos.
Esta información fue la que presentó el miércoles 28 de octubre ante la Asamblea Legislativa en Caracas el ministro del Interior Tarek El Aissami como la gran revelación que demostraba las criminales intenciones del gobierno colombiano contra Venezuela. Una información en la cual García puso su cuota.
Para las autoridades colombianas es claro que desde que salió de la cárcel, García ha estado vendiendo sus servicios al mejor postor y que hasta la fecha ha ofrecido información a por lo menos tres agencias de otros países.

Con la DEA
Todo indica que cuando García dejó de serle útil a Venezuela,  viajó a Estados Unidos. Según fuentes de Miami y Nueva York estaría en contacto con la DEA, que investiga las actividades ilegales del llamado ’Cartel Azul’ o de ’Las tres letras’, del cual, según la agencia antidrogas, habrían hecho parte el entonces director Jorge Noguera, el ex secretario general Giancarlo Auque de Silvestre -investigado por ’chuzadas’ ilegales-, el ex asesor de Noguera Jimmy Nassar, la ex jefe de Migración Ana Padilla Vaca, y el mismo García.
Según la investigación de la DEA, que ha contado con la colaboración de narcotraficantes mexicanos confesos y algunos de los ex jefes paramilitares colombianos presos en los Estados Unidos, el ‘Cartel Azul’ habría ayudado a ingresar al país millonarias remesas de dinero ilegal provenientes de México y Estados Unidos, producto de negociaciones con las mafias colombianas. Y es esta información la que pretende verificar la DEA con el ex jefe de Informática.
Pero ahí no para la información que García podría aportar a la investigación de la agencia estadounidense que compromete a los altos ex funcionarios del DAS antes mencionados. La agencia quiere verificar si ese cartel también le prestó servicios al bloque Resistencia Tayrona de las Auc, al mando de Hernán Giraldo, extraditado y procesado por narcotráfico. "Son muy sólidas las pruebas con las que la DEA está armando el expediente", le dijo a la revista un abogado que conoce el caso.
CAMBIO se comunicó con García para conocer su propia versión. El ex funcionario del DAS dijo que por ahora no está en capacidad de hablar sobre lo que ocurre con él en Estados Unidos, pero se declaró dispuesto a comparecer ante cualquier estrado judicial en Colombia o en el exterior.
¿Qué tan probable es que este hombre les haya servido a la vez a dos señores: a Chávez y a la DEA? ¿Por qué nunca le dijo nada de esto a la Corte ni a la Fiscalía colombianas? ¿Es posible que García esté haciendo todo esto para buscar espacio en otro país después de que su credibilidad se fue a menos?  Son demasiadas preguntas para tan pocas respuestas disponibles.

La Ruta del Dinero y las Pistas del ’Cartel de las 3 Letras’
Lo que las autoridades norteamericanas investigan hoy sobre la existencia del ’Cartel Azul’ o de ’Las tres letras’ fue confesado por el propio García durante su permanencia  en Venezuela. Este es un aparte de su declaración preparada allí:
"Durante los años 2003 y 2004, mediante esta red de lavado de dinero conformada por funcionarios del DAS, de la Aerocivil y la DIAN, introdujimos a Colombia aproximadamente 100 millones de dólares y entre 50 y 60 millones de euros. Debido a lo anterior, desde el año 2003 comenzó a hablarse entre paramilitares y narcotraficantes del ’Cartel de las tres letras’, haciendo alusión a las tres letras de la sigla DAS, y refiriéndose a quienes desde adentro de esta institución participábamos de estas actividades ilegales. Realmente la relación de cada uno de nosotros con narcotraficantes se originó de circunstancias diferentes. En el caso mío esta relación partió desde cuando trabajé en la Sociedad Portuaria de Santa Marta, donde conocí a gente que traficaba por el puerto. Luego, desde una empresa de frutas que tuve junto con dos amigos, participé en el tráfico de drogas que hacíamos a Europa".

28 de noviembre de 2009
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raptada y obligada a prostituirse


Relato de una mujer obligada a prostituirse en Medellín. Diana, una joven de 30 años, cuenta cómo la secuestraron para ejercer la prostitución y cómo logró salirse de ese cruel mundo al que son sometidas 45 mil mujeres en el país.
Medellín, Colombia. Diana siempre se ha considerado una buena creyente de Dios. Por eso no deja de agradecerle al "Todopoderoso" el haberla rescatado de las garras de los "tratantes", palabra con la que las autoridades designan a quienes integran las redes de trata de personas, las mismas que por poco le ocasionan la muerte en un país ajeno.
Su historia revela el drama por el que atraviesan cerca de 45 mil mujeres colombianas que son víctimas de este delito, uno de los más rentables detrás del tráfico de drogas y armas. Diana fue raptada del centro de Medellín el 17 de enero de 2009 y llevada a un lugar desconocido para ella, donde fue obligada a ejercer la prostitución.
Aprovechando un descuido de sus captores, Diana intentó fugarse, pero ello casi le cuesta la vida. Estuvo en coma por espacio de tres meses y cuando despertó estaba en un hospital de la ciudad de Caracas, Venezuela. Gracias a las gestiones de familiares y funcionarios de la embajada de Colombia en el vecino país, regresó a la capital antioqueña, ciudad en la que reside desde los 8 años.
Regresar al seno de su familia no le representó un final feliz. La violencia urbana que padece la ciudad cobró la vida de su compañero sentimental en septiembre de este año, quien fue asesinado en su casa del barrio Manrique. Pero la tragedia de la mujer no paró allí, días después fue obligada a abandonar el barrio por amenazas de una de las bandas del sector.
Paradójicamente, Diana ya conoce de destierros, pues en 1988, ella y su familia, compuesta por su madre y otros tres hermanos, debieron salir de manera forzosa del municipio de Ituango luego que la guerrilla asesinara a su padre.
Ahora ella vive con su madre y sus tres hijos en el barrio Picachito, parte alta del noroccidente de Medellín. Las necesidades por las que atraviesa actualmente no dan espacio para que los recuerdos la atormenten, aunque dice que le gustaría continuar con el tratamiento psicológico que inició en la capital venezolana.
Hoy por hoy, sus mayores preocupaciones son económicas. "Todo esto ha sido muy duro y más triste es saber que siguen duras, pues no recibo ninguna ayuda para ir al médico, para los medicamentos, para entrar algo de comida a la casa. Me gustaría que alguien me ayudara", dice con dejo de resignación.
Pero con la fe que ha mantenido a lo largo de sus 31 años de vida, repite que "Dios sabe como hace sus cosas, si me tiene viva es por algo" y asegura que la fortaleza para mirar de frente al futuro con optimismo la obtiene de sus tres hijos y su madre. "Las fuerzas que tengo las estoy enfocando en recuperarme físicamente para sacar adelante a mis hijos y volver a colaborarle a mi mamá".
La Agencia de Prensa IPC dialogó con ella y presenta a continuación su testimonio pues según ella, "hay muchas jovencitas en este barrio que están ejerciendo la prostitución en la ciudad y me he dado cuenta que algunas son obligadas y sería muy doloroso que otras personas pasen por lo que viví yo".

Con la Cruz a Cuestas
"A pesar de todo lo que me hicieron no guardo rencor en mi corazón. Si estoy viva, es por que Dios me necesita para algo. Pero ahora estoy en una situación económica muy difícil. Los médicos en Venezuela me dijeron que para poder recuperar mi pierna me debían hacer unos injertos de piel, unas curaciones y luego, mucha fisioterapia para recuperar la movilidad, si no la puedo perder".
"Pero imagínese: la A.R.S me mandó para el Hospital San Rafael, ¿lo conoce? Ese que queda en Itagüí. Cada viaje desde mi casa aquí en Picachito hasta allá me cuesta 55 mil pesos, plata que ahora no tengo. Le estoy pidiendo a Salud Vida que me ubique en el San Vicente de Paúl, pero me dicen que no. Para mí, eso sería de gran ayuda".
"Yo he sido ‘verraca’ para trabajar y si pudiera lo haría, pero mire mi pierna. Como si fuera poco a mi compañero lo mataron el 9 de septiembre y me tocó venirme de Manrique, donde vivíamos, porque si no me mataban a mí. Eso me da mucha tristeza porque sólo pude estar con él un mes larguito después que regresé".
"Carlos, mi compañero, era mecánico de motos. A veces le iba bien, otras no tan bien, pero me estaba ayudando mucho. Me hacía las curaciones, me bañaba, me colabora con los medicamentos. El día que lo mataron ya me iba a meter al baño cuando sonaron unos tiros. Cogí las muletas y corrí a ver a quién le habían dado cuando lo veo a él, ahí, tirado en la puerta. Me miró y con el último suspiro me dijo: "mona, ahora que va a hacer usted con esa pierna como la tiene", y se desplomó. Pobrecito, no murió en paz pensando en lo que me iba a tocar de ahora en adelante".
"No sé por qué lo mataron. Manrique se volvió muy peligroso. Hay muchas bandas, casi todos los días hay balaceras. A los días que lo mataron, unos muchachos llegaron a mi casa y me dijeron que mejor me fuera, sino quería que me pasara lo mismo. ¿Qué me tocó hacer? Hablar con mi mamá para que me recibiera a mí a y mis hijos. Yo tengo una niña de 14 años, otra de 12 y un niño de 7 años. Me tocó arrancar para Picachito. Mi mamá vive sola. Mi hermano le paga el arriendo, a mi hermana no le queda forma pues con sus hijos no le da y yo le colaboraba para el mercado. Pero yo así, la cosa se ha puesto muy dura. En Acción Social no me aceptaron la condición de desplazada, porque según ellos, eso fueron pillos y no grupos armados".
"Estar al lado de mi mamá es una bendición. Pobrecita, todo lo que sufrió cuando estuve desaparecida y verla ahora pidiendo plata entre los vecinos para comprarme las pastillas, para el taxi para poder ir al hospital, para el mercado, eso me parte el alma. Pero yo no pierdo la fe que Dios nos va a ayudar. Ahora estamos pasando muy mal, pero si comparo como estaba cuando llegué de Venezuela, pues ni hablar".

El Accidente
"¿Por qué sé que estaba en Venezuela? Pues resulta que terminé en el Hospital General Domingo Luciani de Caracas. ¿Cómo llegué allá? No sé, tengo problemas de memoria. Imagínese que cuando desperté del coma no sabía ni donde estaba. Lo primero que vi fue mi pierna llena de tornillos, vuelta nada, en carne viva. Me dolía la cabeza, casi no podía hablar. No recordaba quien era: una enfermera me preguntaba mi nombre y no lo recordaba, sentía la cara hinchada".
"Comencé a recobrar la memoria cuando la enfermera me preguntó de donde era: ‘de Medellín’; lo dije sin pensarlo. Fue como una película en la que van apareciendo imágenes. Recordé a mi mamá. Le dije a la enfermera que llamara a Medellín, pero ella me preguntó que dónde quedaba esa ciudad, yo le pregunté: ‘y es que donde estoy pues’, y ella me contestó: ‘estás en Caracas, Venezuela".
"Eso fue como a mediados de mayo. Los doctores me dijeron que alguien me había llevado a ese hospital, el 4 de febrero para ser más exactos. Pero, verá, yo no recuerdo nada. Lo último que tengo memoria fue un día en el que me dejaron salir de donde me tenían encerrada. Eso era como una finca, muy bonita. Había una caballeriza y un hombre me preguntó que si quería montar a caballo. Yo le dije que sí y comencé a correr y a corre en él, a ver si me escapaba, cuando llegó una camioneta muy grande y me arrolló. Hasta ahí".
"Duré cerca de tres meses en coma. Pensaron que me iba a morir. Dicen que llegué inconsciente, que parecía una indigente por lo sucia que estaba y que tenía la pierna fracturada en cinco partes. Como también la tenía infectada, por poco me la amputan. Pero aquí estoy".
"Le dije a una enfermera: ‘llamé a mi mamá a este número: ella se llama Araminta, dígale que estoy bien’. Y así fue. Recuerdo la alegría que me dio cuando la escuché. Me contó que nunca había perdido las esperanzas de verme de nuevo con vida. Ella le contó a las directivas del hospital que yo figuraba como desaparecida desde el 17 de enero de este año. De ese día también recuerdo poco".

Extraña Desaparición
"Verá: yo trabajaba en un motel cerca al Jardín Botánico. Era un viernes y cuando terminaba el turno, a eso de las 7:00 de la noche, dos compañeras del trabajo me invitaron a una discoteca en Junín. Estábamos pasando lo más de bueno hasta que me tomé un trago y ya. Cuándo desperté estaba en una habitación, sola. No sabía dónde estaba ni que pasaba. Luego entró una mujer, muy bonita, acompañada de otro hombre, muy ‘pintoso’ también. Hablaban con un acento extraño. Me dijeron que me portara bien, que no me iba pasar nada. Yo les dije que si me dejaban hablar con mi familia. Me dijeron que después, que ya llegaría el momento".
"Pasaron los días y nada que podía hablar con mi familia. Cuando salía de la habitación, me tocaba sentarme en una sala donde había muchas mujeres, todas muy bonitas. Luego llegaban los hombres y había que atenderlos, usted me entiende. Eso fue algo muy horrible. No es que yo no quiera contarle más detalles, es que no recuerdo muy bien porque me mantenía como borracha. Yo creo que me la pasaba drogada".
"Imagínese que cuando desperté no podía ver a los hombres porque me provocaba matarlos. Sólo con los días comprendía el por qué. Los médicos allá fueron muy queridos conmigo. Me regalaban tarjetas para que pudiera llamar a mi familia en Medellín. Yo le decía a mi esposo, que en paz descanse, que hiciera todo lo posible para que me sacara de ese hospital".
"Las autoridades venezolanas si fueron muy groseras conmigo. Cuando les contaba la historia no me creían y me decían que me iban a llevar hasta El Tachira y que yo ya vería como me defendía. Por fortuna mi esposo pudo hablar con una funcionaria de la Embajada Colombiana en Caracas. Olga Patricia Dávila se llama ella. Una señora muy querida. Me visitaba casi todos los días y me daba ánimos. Verá, yo allá me deprimía mucho. Me ponía a llorar por todo y por nada como dicen. La pierna no me dolía tanto, ni siquiera los recuerdos de esa finca donde estaba; extrañaba mi ciudad, a mi mamá y a mis hijos, a mi gente".

El Regreso
"Hasta que llegó el día. La doctora Olga Patricia llegó con otros funcionarios de la Embajada y me tomaron la foto para el pasaporte. A los dos días exactamente llegó ella con el documento y me dijo que habían capturado a un venezolano acusado de traficar con mujeres desde Colombia y que si yo estaba dispuesta a colaborar. Le dije que sí. Efectivamente era uno de los tipos que vi en la finca, pero estoy segura que él no trabaja solo. Pero volviendo al tema, El 9 de agosto me dieron de alta y en una ambulancia del hospital me llevaron hasta el aeropuerto y a los dos horas, estaba en Bogotá".
"Allá me recibieron unos agentes de la Sijin. Me tomaron una declaración de lo que me había pasado. Como a la media hora me montaron en un avió y derechito para Medellín. No se alcanza a imaginar la alegría. Fue como volver a nacer".
"Ahora que lo pregunta le cuento que no he vuelto a saber de las compañeras con las que salí ese día. No sé dónde están y la verdad, no me interesa saberlo. Antes de morir, mí compañero me contó que al ver que no aparecía, se fue para el motel a buscarlas, hasta que encontró a una. Según ella, yo resulté con un tipo y que después de mucho bailar, él me propuso viaje para Venezuela y que yo respondí que sí. Pero hubo algo que a Carlos no le cuadró: la intimidación de mi compañera. ‘Miré, deje las cosas así, si no se quiere meterse en problemas’, fueron las palabras que ella le lanzó".
"Pero vuelvo y le repito: yo no guardo rencor en mi corazón. Las fuerzas que tengo las estoy enfocando en recuperarme físicamente para sacar adelante a mis hijos y volver a colaborarle a mi mamá. Todo esto ha sido muy duro y más triste es saber que siguen duras, pues no recibo ninguna ayuda para ir al médico, para los medicamentos, para entrar algo de comida a la casa. Me gustaría que alguien me ayudara, pero Dios sabe como hace sus cosas. Si me tiene viva es porque me tiene guardadas cosas muy bonitas. ¿No cree usted?

21 de noviembre de 2009
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onu respalda comisión de la verdad


ONU respalda a Corte Suprema para crear Comisión de la Verdad para Justicia y Paz. La Comisión estaría dirigida a protección de víctimas que no están vinculadas a procesos judiciales. Garantías para la independencia del poder judicial, pidió la ONU al Gobierno colombiano.
Colombia. Javier Hernández, representante Adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que esa Comisión de la Verdad propuesta por la Corte Suprema no puede asumirse como un reemplazo de los tribunales que investigan los hechos que ha generado el conflicto armado en el país.
"La ONU está lista para hacer un acompañamiento a Colombia", dijo Fernández.
El pronunciamiento del delegado de Naciones Unidas se hizo en el marco del foro ’Memoria histórica verdad y justicia’ organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano", la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.
El presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, reiteró la petición hecha y dijo que existe una verdad sociológica y psicológica que no recogen los expedientes judiciales y que debe ser reconstruida para que haya reconciliación y verdad en Colombia. "Son muchos hechos que ya no se pueden observar en el trámite judicial por prescripción", dijo.
Según Ibáñez, la Corte reitera la petición que hizo el gobierno nacional y agradeció el respaldo de los miembros de la Academia y de organismos internacionales.
La Corte plantea que este organismo debería estar integrado en gran parte por intelectuales y juristas extranjeros. La iniciativa había salido del Alto Tribunal a mediados de septiembre de este año.
Por su parte, el vicefiscal general de la Nación, Fernando Pareja, dijo que es importante que los resultados de las investigaciones a los que llegue esa Comisión de la Verdad sean aportados después a los procesos judiciales en curso.

21 de noviembre de 2009
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condenan a pedro bonito


Condenan a ’Pedro Bonito’ por homicidios de simpatizantes de la Unión Patriótica.
Colombia. El Juzgado Segundo Penal de Antioquia condenó a 17 años y seis meses de prisión a Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ’Pedro Ponte’ o ’Pedro Bonito’ por el asesinato de tres personas en Apartadó, Antioquia.
Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 1996, cuando paramilitares del Bloque Bananero de las Auc asesinaron a los líderes comunales del barrio El Salvador, Sergio Alirio Ocampo Vargas, a su esposa Nubia Rosa Ochoa y a José Uriel Giraldo Ríos. Según la investigación de la Fiscalía, las víctimas eran simpatizantes de la Unión Patriótica.
Por estos hechos, el Juzgado le impuso al ex paramilitar una pena de 35 años de prisión, pero la condena fue reducida a la mitad porque el procesado se acogió a sentencia anticipada, aceptando los cargos por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
Actualmente, el ex jefe del Bloque Bananero se encuentra detenido en la cárcel de de Itagüí, Antioquia.

14 de noviembre de 2009
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estado colombiano culpable de asesinato


El Consejo de Estado declaró "patrimonialmente responsable" a la Nación. El estado colombiano fue hallado responsable de la muerte, hace casi 19 años, de un hombre al que la policía culpó falsamente de participar en el secuestro de la periodista Diana Turbay, que murió en un fallido operativo de rescate.
Colombia. El Consejo de Estado declaró "patrimonialmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa (y) Policía Nacional- de los daños y perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Germán Eduardo Giraldo Agudelo".
Según la providencia del organismo, el 25 de enero de 1991 la policía llegó hasta una casa en Medellín, a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, en la búsqueda de Diana Turbay y otros periodistas que habían sido secuestrados por orden del extinto capo Pablo Escobar.
"Al no hallar a ningún secuestrado, los agentes decidieron llevarse retenido al señor Germán Eduardo Giraldo, quien se encontraba en ese lugar porque era pariente de quienes allí residían y estaba ayudándoles a instalar un calentador en el baño", narró el Consejo de Estado en un documento cuya copia está en poder de la AP.
Dos días después, el cadáver de Giraldo fue hallado junto a otros más. Todos ellos, según la policía, habían sido abatidos en el operativo que pretendía lograr la liberación de Turbay, quien resultó muerta en el choque entre los plagiarios y la fuerza pública en el municipio de Copacabana, Medellín.
Según el Consejo de Estado, la investigación estableció que el cadáver de Giraldo apareció empuñando una ametralladora Ingram, que en realidad nunca fue disparada porque "tenía trabados sus mecanismos de disparo".
En su resolución, el tribunal condenó al estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, a pagarles a los familiares de Giraldo, por perjuicios morales y materiales, un poco más de 357 millones de pesos colombianos (unos 179.000 dólares).
Javier Villegas, abogado de la familia de Giraldo, aseguró en entrevista telefónica que las expectativas de indemnización "se cumplieron, pero no las expectativas en cuanto a tiempo. No tiene presentación que se haga justicia casi 19 años después del asesinato de mi cliente".
Según Villegas, en lo penal "el caso quedó en la total impunidad porque nadie pagó un día de cárcel por el asesinato".
Turbay, hija del ex presidente Julio César Turbay (1978-82), había sido secuestrada el 30 de agosto de 1990. Su retención y la de otros reconocidos periodistas, como el vicepresidente Francisco Santos, hacía parte de una estrategia de Pablo Escobar para mantener bajo presión para negociaciones al gobierno del presidente César Gaviria (1990-94).

15 de noviembre de 2009
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usaid financió a paramilitares


Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras. Entre los bienes que ha devuelto el Bloque Central Bolívar de las Auc están fincas y cooperativas que han recibido recursos de Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria, Plan Colombia y la agencia de Cooperación de los Estados Unidos, Usaid.
Colombia. Algunos de los bienes entregados por hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc eran empresas manejadas por testaferros y en su momento recibieron recursos de agencias estatales o de cooperación internacional. Así se ha descubierto luego de que este grupo ilegal empezara el proceso de devolución o entrega de bienes para la reparación de las víctimas.
A través de los abogados que los representan, el BCB o sus hombres han anunciado la entrega de por lo menos 36 mil hectáreas de tierras en las zonas en las que delinquieron para el Fondo de Reparación de las Víctimas.
De acuerdo con los abogados de alias ‘Julián Bolívar’, quienes solicitaron la reserva de sus nombres, con esos bienes entregados, y los que están en proceso, el Estado jamás hubiera tenido la posibilidad de asociarlos con las Auc. "Eran la reserva estratégica del bloque y en su conjunto eran empresas limpias", dijo uno de los abogados. "Fue tan perfecta la operación que en uno de esos proyectos había dineros de Plan Colombia y préstamos del Banco Agrario".
Se trata de Cooproagrosur, ubicada en Simití, sur de Bolívar, una cooperativa creada en septiembre de 2002 por orden de los jefes paramilitares del BCB y a la que están vinculados 100 agricultores. En diciembre de 2004, recibió una subvención de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por 228 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y capacitación de los labriegos en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Esta iniciativa fue apoyada en esa época por Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria.
El proyecto constaba de seis fincas entre otras: Rancho San Judas, El Amparo y Vista Hermosa, que en total sumaban 912 hectáreas, en una zona en donde el 90 por ciento del territorio es en teoría reserva forestal según la ley segunda de 1959. Los cooperados, según un documento que encontró VerdadAbierta.com, presentaron un título de propiedad sobre los predios en el que además certificaban la aprobación de un crédito de la Caja Agraria.
Lo que llama la atención de todo esto, es que en 2002, cuando comenzó este proyecto, la región se encontraba controlada por el Bloque Central Bolívar y según cifras de Acción Social entre 1997, cuando Julián Bolívar entró a esta región, y 2007 al menos 47 mil personas fueron desplazadas. Simití, donde se instaló el proyecto productivo de los paramilitares, fue uno de los municipios que más padeció con ellos, en particular el corregimiento de Monterrey donde Bolívar tenía su base principal.
Por eso, el 21 de mayo de este año, North American Congress on Latin America (NACLA) le solicitó información a Usaid a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre Cooproagrosur y sus posibles nexos con Carlos Mario Jiménez alias ’Macaco’. Un funcionario de la embajada le respondió a Nacla que la cooperativa fue un proyecto firmado el 1 de diciembre de 2004 bajo el programa Capp y fue manejado por Midas en 2006.(Sic)
Nacla es una ONG independiente con sede en Nueva York y hace constante monitoreo de las acciones del gobierno estadounidense en Latinoamérica.
La embajada también respondió que no tenían reporte alguno que alguno de los 100 miembros de la cooperativa estuviera reportado en actividades ilícitas o la Lista Clinton y que ’Macaco’ no aparecía entre propietarios y/o beneficiaros del proyecto.
Inicialmente, Usaid aprobó una partida de 371 millones de pesos (371.047.150) pero solo giraron 228 millones y el proyecto terminó, según reporta el funcionario de la embajada, el 30 de agosto de 2007.
El 11 de junio de 2009 un juez de Medellín ordenó el embargo a Cooproagrosur.
Cuando los abogados del BCB presentaron el proyecto como parte de los bienes a entregar por parte del Bloque para la reparación a las víctimas, Acción Social se negó a recibirlo argumentando que dado el supuesto origen ilícito de su adquisición debería pasar antes por un proceso de extinción de dominio. No obstante, el pasado 10 de junio, un magistrado de control de garantías ordenó en Medellín que fuera recibido por la agencia estatal.
"Ese proyecto hoy tiene una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, está en plena producción y genera 2 mil millones de pesos mensuales", explicó uno de los abogados, "lo que quiere decir que sí hay con qué reparar a las víctimas".
Fuentes de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz reconocieron que los procesos de identificación de bienes y de verificación, por lo menos en este caso, son ahora más ágiles gracias a que los funcionarios de Acción Social participan del trabajo conjuntamente con la policía judicial.
Tanto abogados como funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz coincidieron en señalar que el 95 por ciento de los los bienes ya entregados y los que están en proceso de verificación y alistamiento serán destinados a la reparación. "Sólo un 5 por ciento de esos predios serán para restitución", precisaron, "lo que quiere decir que fueron pocos los casos de despojo que adelantaron los hombres del Bcb entre las comunidades donde hicieron presencia".
El compromiso de los comandantes de este bloque paramilitar fue entregar bienes por 110 mil millones de pesos, promesa que según los abogados que representan a alias ‘Julián Bolívar’ se viene cumpliendo. Ahora esperan que no haya dificultades para agilizar el proceso de verificación y alistamiento de las más de 36 mil hectáreas de tierras productivas ofrecidas por el BCB, lo que permitirá que con los dineros que se obtengan de su venta cientos de víctimas sean reparadas por lo menos económicamente.

Lo Que Entregarán
En proceso de verificación y alistamiento se encuentran por lo menos 36.842 hectáreas de tierras productivas en diversas regiones del país ofrecidas por el Bloque Central Bolívar (Bcb) al Fondo para la Reparación de Víctimas. Se trata de predios ubicados en los departamentos de Bolívar, Risaralda, Vichada, Santander y Antioquia, destinados a la agricultura y la ganadería.
Además de esas tierras, también se encuentran en ese proceso varias propiedades de uso residencial y comercial, entre ellos el Hotel Casagrande en el municipio de Rionegro, Santander, así como una estación de servicio en esa misma localidad, y la hacienda Puerto López, ubicada en la población de El Bagre, Antioquia.
La verificación y alistamiento implica visitas a la zona para establecer las condiciones de los predios, certificar su propiedad y establecer que no tengan líos jurídicos. El fin es evitar que a futuro no sea intervenido por ningún otro proceso que obstruya su venta. Los dineros adquiridos por este tipo de transacciones ingresan al Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado por Ley 975 de 2005 y administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).
Al frente de este proceso se encuentra el ex paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’ y ex comandante militar del BCB, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia. Su desmovilización se produjo el 31 denero de 2006. Junto a él dejó las armas Carlos Mario Jiménez, alias Javier Montañez o ‘Macaco’, jefe de ese bloque, quien afronta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 7 de mayo de 2008.
El proceso de entrega de bienes del BCB comenzó con dos helicópteros Bell 206 que ya fueron vendidos y por los cuales se recibieron 1.331 millones de pesos, recursos que el Fondo para la Reparación de las Víctimas invirtió en títulos de tesorería (TES). Además, Acción Social ya ha recibido de este bloque paramilitar poco más de 7 mil hectáreas, de las cuales hacen parte tres proyectos productivos, conocidos como La Dos, Santo Domingo y Cooproagrosur, ubicados en los municipios de Simití y San Pablo, departamento de Bolívar. Los tres están dedicados a la siembra y cosecha de palma de aceite, y fueron concebidos por los propios paramilitares como proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

15 de noviembre de 2009
©verdad abierta 
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torturas y asesinatos en colombia


Cerca de 900 personas torturadas en Colombia durante el último lustro.
Bogotá, Colombia. 10 de noviembre de 2009, 21:47Bogotá, 10 nov (PL) Cerca de 900 personas fueron torturadas en los últimos cinco años en Colombia, de las cuales 502 fueron asesinadas, según reveló hoy un informe divulgado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG).
De acuerdo con un estudio de la denominada Coalición Colombiana Contra la Tortura, conformada por nueve ONG, la responsabilidad por esos hechos recayó en el Estado en un 92,6 por ciento.
"Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica", refiere el informe de 144 páginas, presentado un día antes de la sesión en Ginebra del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
En dicha sesión, prevista para mañana, se espera que el Estado colombiano brinde información sobre la tortura en el país.
El estudio indica que del total de los casos de torturas reportados durante el citado lapso, el 92,6 por ciento fue responsabilidad del Estado y los mismos se mantienen en la impunidad.
"En el 92,6 por ciento del total de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 50,6 por ciento (337 víctimas); y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 42 por ciento (280 víctimas)", detalla.
A su vez, precisa que en los casos en los que se conoce la edad de la víctima (296), el 30,4 por ciento (90) fueron niñas y niños.
En tanto, en un 86,3 por ciento de los hechos registrados en los que se pudo determinar el sexo fueron hombres las víctimas, mientras que un 13,6 por ciento mujeres.
Asimismo, Jorge Gómez, representante de Reiniciar, una de las ONG que conforman la Coalición, aseguró a periodistas que la práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado porque se practica en todo el país.
Por su parte, Ana María Gómez, de la Comisión Colombiana de Juristas, otro de los grupos de la Coalición, señaló que entre julio de 1998 y junio de 2003, el período inmediatamente anterior al presente estudio, se reportaron mil 593 casos de tortura, es decir, 694 más.
No obstante, manifestó, estas reducciones de un período a otro coinciden con el aumento significativo de las torturas cometidas directamente por la fuerza pública.
En el período entre 1998 y 2003 se registraban 187 casos atribuibles directamente al Estado, mientras para 2003-2008 se reportaron 337 casos atribuibles a la fuerza pública, puntualizó.
Gómez explicó que los datos presentados en el actual informe fueron recopilados de 21 periódicos nacionales y regionales, dos revistas, el banco de datos del no gubernamental Centro de Investigaciones y Educación Popular y del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

11 de noviembre de 2009
©prensa latina 
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