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la ley del terror en cauca


En una versión libre durante seis días, 18 ex paramilitares confesaron 28 casos de asesinatos en El Bordo, Bolívar, Rosas, Patía, Timbío, Balboa y Mercaderes.
Colombia. La Fiscalía de Justicia y Paz reunió a los ex paramilitares, entre patrulleros, mandos medios y jefes, para que confesaran ante los familiares de sus víctimas cómo fueron los crímenes que cometieron entre 2001 y 2003, cuando pertenecieron al Frente Farallones del Bloque Calima.
La audiencia se desarrolló desde de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y fue transmitida en vivo a Popayán (Cauca) para que las víctimas escucharan y cuestionaran a sus victimarios.
Estos cuarenta asesinatos no ocurrieron durante enfrentamientos contra grupos guerrilleros, sino que fueron muertes selectivas en los cascos urbanos y veredas de supuestos milicianos, colaboradores de la guerrilla, delincuentes o consumidores de drogas.
José Ruperto García Quiroga, alias ’El Gato’, quien tuvo temporalmente bajo su mando la zona del sur del Cauca, explicó que la orden que tenían sus hombres era "hacer limpieza en la vía Popayán-sur del Cuaca (Panamericana), porque habían muchos atracadores y la guerrilla hacía retenes. Los declaramos objetivo militar porque alteraban el orden que llevábamos en esa región".
Sobre los asesinatos de personas por fuera de combate, el ex jefe militar y segundo al mando del Bloque Calima, Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, señaló que "siempre las autodefensas, donde operaban o controlaban el territorio, las personas que alteraran el orden o hicieran daño a la comunidad, eran muertos o echados del territorio".
Bajo esos lineamientos, los urbanos -que eran los paramilitares instalados en los pueblos que vestían de civil y generalmente usaban armas cortas-, asesinaron a supuestos milicianos del Frente 60 de las Farc, ladrones de ganado del Eln, bandas que hurtaban vehículos para las guerrillas y delincuentes del común.
La mayoría de los familiares las víctimas rechazaron esas afirmaciones y recordaron a sus seres queridos como gente honrada y trabajadora.
Alias ’La Muerte’ confesó que el 11 de mayo de 2002, en la vereda El Saque de Bolívar, él y alias ’Cascarita’ asesinaron a tres hombres al que un informante encapuchado señaló como supuestos ladrones de ganado del Eln.
Las tres víctimas fueron ejecutadas cuando estaban tendidas en el piso bocabajo, por órdenes de alias ’JC’.
Otra persona que fue asesinada porque, según las labores de "inteligencia" de los urbanos, señalaban que tenía nexos con el Eln, fue el exalcalde de Rosas Tulio Ernesto Valencia Mondragón, quien fue ultimado el 26 de marzo de 2002.
José Fernando Cardona, alias ’El Gato’ -este es otro paramilitar que tiene el mismo apodo del jefe paramilitar García Quiroga-, confesó que él, alias ’Pelirrojo’ y alias ’El Loco’ le dispararon al ex mandatario cuando asistió a cumplirles una cita en un hotel del municipio de Rosas. "Se le da muerte porque era colaborador de los elenos. Decían que los elenos lo habían subido como alcalde", señaló.
Meses después en ese mismo municipio, los paramilitares mataron a un joven que, durante la versión, reconocieron que fue asesinado equivocadamente. El 20 de julio en el corregimiento de Párraga, el ex jefe paramilitar alias ’JC’ asesinó a Jimmy José Cruz  Gómez, creyendo que pertenecía a una banda de atracadores, según la información que le dio uno de sus "informantes".
Según contó alias ’Bryan’, al día siguiente ’JC’ dijo que se había equivocado y asesinado a un estudiante. El ex jefe paramilitar alias ’El Gato’, reconoció que "como en toda guerra irregular, cayó mucha gente inocente"
Los ladrones de vehículos también estaban dentro de los objetivos del Frente Farallones. El 13 de octubre de 2001 asesinaron a una persona en El Bordo porque "tenía azotado al pueblo robando carros".
Otro caso ocurrió durante el Festival de Blancos y Negros que se celebraba en Timbío el 7 de enero de 2002, cuando fue asesinado un hombre conocido como ’El Tubo’ en el parque principal de ese municipio.
Alias ’Fosforito’ contó que esta persona fue señalada por alias ’Cepillo’ como miembro de una banda de Popayán que robaba vehículos para la guerrilla, y por esa razón, alias ’Andrés’ le disparó con un revólver.
Meses antes, en septiembre de 2001, los paramilitares asesinaron a una señora que supuestamente también hacía parte de esa banda de atracadores. Según lo contado por el urbano alias ’El Gato’, a la señora le advirtieron en varias ocasiones que abandonara ese grupo delincuencial, pero finalmente fue asesinada por alias ’Binomio’ porque no les hizo caso.
Uno de los paramilitares que señalaba a los supuestos milicianos y colaboradores de la subversión fue alias ’Cascarita’, quien se pasó a las filas del Bloque Calima, después de haber militado en las Farc.
La limpieza de los paramilitares también incluía a consumidores de drogas. El 15 de agosto de 2001 en Timbío, el entonces jefe paramilitar alias ’Cepillo’ ordenó asesinar a un hombre que iba pasando por un puente peatonal porque "consumía marihuana y bazuco".
Según contó alias ’Bryan’, el encargado de asesinarlo fue’ Andrés’, quien le disparó en varias ocasiones porque "hacían limpieza social contra los que alteraran el orden".
Al ser cuestionado sobre los posibles nexos con las autoridades para cometer estos crímenes, ’El Cura’ dijo que no tenía información de funcionarios porque de eso se encargaban los comandantes y coordinadores de cada zona, pero indicó que "a veces se coordinó con la fuerza pública que daba información de personas que capturaba y quedaban libres. Nos daban la información, nosotros actuábamos y los matábamos".
6 de septiembre de 2011
2 de septiembre de 2011
©verdad abierta

molina araújo a indagatoria


Ex gobernador Hernando Molina Araújo a indagatoria. La Fiscalía inició investigación en contra del ex gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo, por su presunta participación como determinador del homicidio del indígena Óscar Enrique Montero Arias.
Colombia. Una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH inició la investigación en contra del ex gobernador del Cesar Hernando Molina Araújo por su presunta participación en el asesinato del indígena de la etnia Kankuama Óscar Enrique Montero Arias, ocurrido el15 de abril de 2004 en Valledupar.
En 2003 Molina se presentó a las elecciones como candidato único, después de que otros aspirantes como Abraham Romero y Cristian Moreno Panezo, abandonaron la carrera electoral por presiones, intimidaciones y amenazas de los paramilitares contra ellos, sus familiares y sus electores.
La Fiscalía determinó que para el momento del asesinato Molina Araújo no gozaba de fuero constitucional o legal alguno, porque para la fecha del mismo el ex gobernador aun no se encontraba  en ejercicio de sus funciones.
El ex gobernador deberá asistir a indagatoria por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida, hecho que en este proceso ya fue reconocida por Omar David Celedón Calderón alias ‘Cocoliso’, ex integrante de autodefensas del Bloque Norte.
En mayo de 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó el ex gobernador de Cesar del Partido Liberal Hernando Molina Araújo a siete años y seis meses de prisión por concierto para delinquir por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
El ex paramilitar del Bloque Mártires del Valle de Upar de las Auc Augusto de Hoyos, alias ’Memo’, uno de los testigos clave en el juicio por parapolítica que se le adelanto en contra del ex gobernador, aseguró que durante el juicio lo amenazaron y sobornaron para que cambiara su versión y no incriminara al político por sus nexos con paramilitares. Sólo cuando lo incluyeron en el programa de protección de la Policía, Hoyos ratificó que fue testigo de varias reuniones entre Molina y ’Jorge 40’, entre otros.
En el mismo juicio de parapolítica la Corte Suprema de Justicia también ordenó investigar a Molina por crímenes de lesa humanidad que cometieron paramilitares en el Cesar.
6 de septiembre de 2011
2 de septiembre de 2011
©verdad abierta

veintisiete delitos de ramón izasa


Ramón Izasa aceptó 27 delitos en Caldas. Los ex jefes paramilitares Ramón Izasa y Walter Ochoa Guisao aceptaron por línea de mando su responsabilidad en 27 crímenes cometidos por ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en Caldas.
Colombia. En versión libre conjunta, el ex jefe paramilitar Ramón Izasa, alias ‘El Viejo’ aceptó que fue responsable de 27 crímenes que cometieron ex integrantes de los frentes Central y Omar Izasa de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) en Caldas.
’El Viejo’ reconoció por línea de mando su responsabilidad sobre la totalidad de los casos, pero por problemas de memoria dijo no poder aportar nueva información.
La mayoría de los crímenes cometidos fueron asesinatos selectivos por narcotráfico, y por la mal llamada ‘limpieza social’, siendo el más significativo la masacre de Tres Esquinas, en el que los paramilitares asesinaron a tres personas, una de ellas señalada de ser ladrón, a otra por supuestamente vender drogas y a otra por el simple hecho de ser travesti.
Izasa dijo que no podía aportar nueva información en 44 casos de posible reclutamiento forzado, sobre los cuales la Fiscalía esperaba que el ex jefe paramilitar afirmara o desmintiera las declaraciones dadas por los integrantes de las Acmm el día de la desmovilización, y así poder llevar los casos pertinentes a imputación.
Walter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’, ex jefe político del frente Omar Izasa y quien también participó en la versión libre, contestó en varias ocasiones las preguntas que la Fiscalía hizo a Izasa, tratando de ayudar al ex jefe paramilitar a recordar los hechos, y aclarando situaciones que Izasa no pudo recordar.
La versión libre conjunta contó además con la participación del ex jefe paramilitar Jorge Enrique Echeverry alias ‘Vaso de Leche’, encargado por Izasa del manejo de las autodefensas en San Miguel, Antioquia.
Debido que la totalidad de los crímenes sobre los que se trató en la versión fueron cometidos en Caldas, alias ‘Vaso’ no acepto responsabilidad alguna sobre los mismos, pero colaboró a la Fiscalía con las dudas en los casos de reclutamiento forzado.
El frente Omar Isaza fue comandado en lo político militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’, quien según ‘El Gurre’ fue quien ordenó la mayor parte de los crímenes tratados en la versión. Este frente, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
El objetivo de la versión conjunta era poder llevar a imputación los 27 casos de Caldas y los 44 de reclutamiento forzado, ultimando detalles con la información complementaria de cada caso que pudieran aportar los ex jefes paramilitares.
Debido a que ninguno de los tres ex paramilitares aportó información nueva en los casos de Caldas y reconocieron su responsabilidad en los hechos, estos podrán ser presentados para imputación durante la siguiente audiencia en los tribunales de Justicia y Paz.
Sin embargo, la fiscalía no podrá imputarles casos de reclutamiento forzado porque no fueron reconocidos por el ex jefe paramilitar.
Luego de ver algunas fotografías proyectadas por la Fiscalía de los paramilitares que dijeron ser reclutados siendo menores de edad, los tres ex jefes  dijeron que la calidad de las imágenes no era la mejor, lo que les impidió reconocer sobre los menores que les estaban preguntando, y además, al no aportar los alias les era muy difícil recordar por el nombre a sus antiguos subalternos.
En Colombia se llama reclutamiento forzado cuando se incorpora a menores de 18 años en las filas de cualquier grupo armado. Durante las desmovilizaciones de los paramilitares en el proceso de paz con el gobierno del ex presidente Uribe Vélez, muchos paramilitares dieron fechas falsas a su verdadero ingreso a las autodefensas, creyendo que obtendrían beneficios económicos.
Según la Fiscalía al comparar ese registro con la fecha de nacimiento de muchos paramilitares arrojó un alto número de casos de reclutamiento forzado. En algunos casos la mentira sobre la fecha de ingreso es evidente, pero en otros sólo es posible verificar su veracidad a partir de los testimonios de otros paramilitares.
Con el fin de ayudar a esclarecer este punto, alias ‘Vaso’ pidió a la Fiscalía un tiempo para que cada uno de ellos pudiera averiguar con otros desmovilizados de las Acmm sobre los posibles casos de reclutamiento forzado.
El fiscal del caso aceptó la propuesta de ‘Vaso’ y decidió aplazar la audiencia para próximas versiones, lo que implica un retraso en la imputación de estos casos de reclutamiento forzado.
Estos crímenes tendrán que ser investigados por la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
6 de septiembre de 2011
5 de septiembre de 2011
©verdad abierta

los inversionistas y el desplazamiento


Fueron varios las formas de despojo a los campesinos del Urabá antioqueño. Esta es la historia de Víctor Correa, quien lucha en los tribunales para lograr la restitución de una finca que perdió desplazado por paramilitares.
Colombia. Comisionistas e inversionistas aprovecharon el desplazamiento forzado provocado por paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Urabá antioqueño para hacerse a las fincas abandonadas por los campesinos.
Esta situación se reveló durante una audiencia de restitución de tierras realizada en Medellín, y solicitada por la Comisión Colombiana de Juristas, organización jurídica que tiene la representación de Víctor Manuel Correa Montalvo, una de las víctimas del desplazamiento y el despojo forzados, quien perdió un predio ubicado en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo.
La pretensión de la Comisión Colombiana de Juristas es la restitución total del predio reclamado por su defendido, situación que tiene que pasar por la cancelación de los registros fraudulentos y la entrega saneada del bien, asunto que debe dirimir el magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño y que por asuntos jurídicos lleva ya más de dos años sin que se tome decisión alguna.  
La historia de este labriego es similar a la de cientos de campesinos del Urabá antioqueño que tuvieron que abandonar sus predios y cuando regresaron se encontraron con la noticia de que ya no eran propietarios.
Víctor Manuel Correa Montalvo heredó de su padre una finca de 126 hectáreas en 1980. Un año después, fue dividida en tres predios: Campo Alegre, El Sencillo y Dejá pa’ ver. A Correa Montalvo le tocó El Sencillo, de 68 hectáreas en las que cultivó coco y plátano. Además, logró un acuerdo con ganaderos de la región para administrar 350 cabezas de ganado en los potreros que tenía en su predio.
Con el paso de los años, la situación de inseguridad se fue complicando, dada la confrontación que sostenían diversas estructuras armadas ilegales, tanto de la guerrilla de las Farc, como del Epl y la naciente organización paramilitar, que comenzó a controlar buena parte de esta subregión de Antioquia.
En 1996, Víctor Manuel no solo tuvo que enfrentarse al miedo que generaban los paramilitares, sino al asesinato de su hijo perpetrado por varios integrantes de esa organización armada. Los hechos ocurrieron en julio de ese año, cuando se agravaron las amenazas contra aquellos campesinos que no querían abandonar sus tierras.
El labriego narró que un día llegaron a su casa alias ‘Camarrenga’ y otro grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las Auc, y se llevaron a su hijo, un menor de edad, para que les enseñara el camino hacia Belén de Bajirá. El niño nunca regresó a su hogar. Versiones de vecinos precisaron que luego de ayudarles a los paramilitares, éstos lo habían matado y tirado a un río.
Este suceso llevó al campesino a desplazarse con toda su familia de inmediato. Con sus diez hijos y su esposa buscó refugio en Montería. Con él salieron otras familias que ya estaban cansadas de vivir en medio de amenazas, muertes y desapariciones.
Después de pasar ocho meses en la capital cordobesa sin conseguir un trabajo que le permitiera sostener a su familia, decidió volver a su finca en Turbo. Allí se encontró con la sorpresa de que su predio había sido vendido por Daniel Rojas, un funcionario del ICA que cada tres meses iba a vacunar el ganado que administraba.
Víctor Manuel reconoció que le había firmado muchos papeles a Daniel Rojas, incluso en blanco, pero nunca le había dado un poder para que vendiera sus predios. Dijo además, que lo que decían en Turbo es que Rojas le quitaba ganado a la gente para entregárselo a los paramilitares, pero que a él no le constaba que fuera así.
Supo también que su madre, que no se había querido desplazar con los otros campesinos, le había vendido su tierra a Daniel Rojas quien a su vez, había hecho una promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez, representante legal de la Sociedad Las Guacamayas Ltda., la misma empresa que figuraba como titular de su finca El Sencillo.
Cuando Víctor Manuel llegó a Turbo le dijeron que lo andaban buscando y, ese mismo día, lo abordaron en una camioneta un grupo de hombres que le obligaron a firmar un papel en blanco. Luego sufrió un atentado en el que lo hirieron, causándole una discapacidad permanente en su mano derecha.
De acuerdo a las pruebas entregadas ante el magistrado Olimpo Castaño Quintero, Daniel Rojas tenía un poder firmado el 2 de abril de 1998 por Víctor Manuel Correa Montalvo y su madre en donde lo autorizaban a vender los predios El Sencillo y Campo Alegre. Según lo declarado por Correa Montalvo ante la justicia, él nunca firmó un poder y mucho menos recibió dinero por la venta de su tierra.
Pero no sólo el testimonio del labriego contradice lo sustentado por Rojas. Los documentos que hacen parte de las pruebas a su favor tienen fechas que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, la promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez fue realizada el 21 de marzo de 1997 y la fecha de la venta que aparece en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía es de 7 días antes de la elaboración de la promesa de compraventa. Es decir, el poder que le otorgó el derecho a Daniel Rojas para vender la tierra de Víctor Manuel fue firmado un año después de que la venta se hubiera hecho efectiva.  Además, la promesa de compraventa fue realizada siete días después de la fecha en que, supuestamente, fue realizada la venta.
Actualmente la tierra está en poder de un ciudadano identificado como Jaime Uribe, pero en las escrituras aparece como dueña la empresa Inversiones Asa, una compañía que absorbió a la Sociedad las Guacamayas Ltda.
En la audiencia de restitución estuvieron presentes los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, quienes integraron diversas estructuras de las Auc en el Urabá antioqueño y chocoano. Según ellos, el Bloque Bananero no tuvo nada que ver con el despojo de tierras y los hombres bajo su mando no fueron responsables de esta situación.
Durante la audiencia, el abogado del campesino reclamante de tierras solicitó la cancelación de los títulos de El Sencillo, Dejá pa’ ver y Campo Alegre. Asimismo, pidió que los predios fueran entregados de manera provisional a sus antiguos dueños y que se les brindara protección a las víctimas que representa.
Tras la valoración de la solicitud, el magistrado Castaño aseveró que no era posible hacer una entrega provisional de los predios, por cuanto primero se debe tener en cuenta el derecho que tienen los actuales propietarios de la finca para luego determinar si actuaron de mala o de buena fe, y así proceder a la resolución definitiva del caso.
Luego, resolvió llamar como testigo al exparamilitar Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, pues según lo declarado por el excomandante Rendón Herrera, él era encargado de la zona donde están ubicados los predios en discusión. Además, pidió vincular a los representantes legales de Inversiones Asa y de Sociedad Las Guacamayas Ltda., en su calidad de terceros poseedores.
La audiencia fue aplazada para el próximo 1 de diciembre. Se espera que para este día se pueda resolver la situación con las nuevas pruebas solicitadas por la magistratura. Por su parte, Víctor Manuel Correa Montalvo lo único que espera es poder recuperar su finca para tratar de llevar la vida que llevaba antes.
6 de septiembre de 2011
1 de septiembre de 2011
©verdad abierta

la palma y los paramilitares en chocó


Una investigación publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris da cuenta de cómo sectores del Estado, empresarios y grupos paramilitares se compincharon para despojar a las comunidades negras del Chocó de sus territorios y sembrarlos de palma.
Colombia. La usurpación de la propiedad colectiva en territorios protegidos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, tiene todos los ingredientes que está tratando de develar el Gobierno Nacional en el tema de tierras: presión de grupos paramilitares, presencia de empresarios ambiciosos y apoyo institucional de sectores del Estado que legitimaron el despojo y la creación de grandes proyectos productivos asociados a la siembra de palma de aceite.
Esa asociación entre sectores legales e ilegales quedó en evidencia en la investigación ‘Empresarios palmeros, poderes de facto y despojo de tierras en el Bajo Atrato’, publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris en su libro ‘La economía de los paramilitares’, la cual cobra vigencia hoy, pues coincide con las denuncias que se vienen haciendo, cada vez con más recurrencia, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Una de las conclusiones centrales de esta investigación es que el proceso de apropiación y expropiación de la tierra en los territorios de titulación colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó "no dependió exclusivamente de la capacidad coercitiva del dispositivo paramilitar para hacerse al botín e imponer su voluntad a terceros, como tampoco es producto solo del uso de medios ilegales".
Según los hallazgos, "el aparato estatal, a través de arreglos institucionales como el sistema de crédito y otros, cumplió un papel central en su financiación en una primera fase, y en la generación de condiciones para el desarrollo del proyecto agroindustrial con orientación a la producción de biocombustibles en una segunda".
Lo que advierte este trabajo es que a raíz de la crisis de la economía agroexportadora del banano a mediados de la década del noventa, determinada por el descenso continuo del precio internacional de la fruta y la caída de la tasa de cambio, así como por las condiciones extraeconómicas generadas por la guerra, "se fue vislumbrando un proyecto agroindustrial de palma como alternativa de diversificación y recomposición de la economía regional".
El proyecto palmero se constituyó entonces "en eje articulador de una coalición de poder cuyo vértice estuvo formado una fracción bananera venida de Urabá, una palmicultora de la Costa Atlántica y una de las fracciones paramilitares que había implementado la estrategia de tierra arrasada", que tuvo en Vicente Castaño Gil a uno de sus promotores más connotados.
La primera fase de ese proyecto se inició con los desplazamientos forzados de comienzos de 1997 que comprometieron a las comunidades de las cuencas del Salaquí, Cacarica y Truandó y que tuvieron su origen en dos intervenciones armadas realizadas de manera simultánea: de un lado, la llamada Operación Génesis, adelantada por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia; y de otro, la Operación Cacarica, ejecutada por grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
El despojo se fue consolidando y quienes estaban al frente del proyecto palmicultor se valieron nuevamente de procesos de desplazamiento forzado en los años 2000 y 2002, propiciados nuevamente por grupos paramilitares, esta vez de las Auc, para adelantar una segunda fase de intervención económica.
"En este periodo se concentra la creación de nuevas sociedades económicas y la apropiación de recursos públicos para el desarrollo de los cultivos, mientras se afianza la toma de la tierra y se produce un ajuste en las estrategias para desactivar la resistencia de los titulares del derecho colectivo y su campo aliado", dice el texto en uno de sus apartes.
Esa articulación entre legalidad e ilegalidad, según diversas fuentes testimoniales y documentales consultadas en esta investigación, se evidenció en el comportamiento de entidades del Estado como el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, que participaron de la financiación del proyecto palmicultor, pese a que ya existían denuncias sobre las ilegalidades en la adquisición y titulación de los predios destinados a la siembra de palma de aceite.
El acceso a recursos de crédito y subsidios como el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) han sido considerados  en este trabajo como "un producto de la astucia de las empresas que aprovecharon un instrumento de política agraria como son las alianzas estratégicas y lograron disimular muy bien el ilícito de la usurpación de tierras".
Asimismo, la exhaustiva revisión documental reflejada en el texto identificó que los distintos trámites notariales a través de los cuales se legalizaron las transacciones fraudulentas de tierras se realizaron en notarías Únicas de Chigorodó y Carepa; así como en las notarías 5, 18 y 26 de Medellín; la Notaría 8 de Barranquilla; y la Notaría Única de San Jacinto, Bolívar. En todo ello también tuvo participación la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Quibdó.
Si bien parte de los compradores de tierras, financiadores del proyecto palmicultor y empresarios provenían de la Costa Atlántica y de Medellín, se pudo establecer que varias de las sociedades que se conformaron en el Darién chocoano estuvieron bajo el predominio de jefes paramilitares. La investigación determinó que Inversiones Agropalma fue dominio de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias ‘Monoleche’; Palmas S.A. de Diego Murillo Bejarano, alias ’don Berna’; y en Palmado tuvo participación Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’.
El documento también estableció que en la zona de cultivos de palma hizo presencia Sor Teresa Gómez, una mujer leal al proyecto paramilitar, y quien fue referenciada por las autoridades nacionales como una de las intermediarias del despojo de tierras en el Urabá antioqueño en asocio con el Fondo Ganadero de Córdoba.
De acuerdo con los hallazgos, Gómez fungió como representante legal de una asociación conocida como Asoprobeba, a través de la cual se hizo a tierras en el año 2002 en los territorios colectivos supuestamente de propiedad del narcotraficante Hugo Fenel Bernal Molano, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, pero que hacían parte de procesos fraudulentos.
Ante los cuestionamientos de las autoridades por las irregularidades en la adquisición de estos predios por parte de Asoprobeba, sus voceros respondieron que después de su creación recibieron el apoyo de Uniban y aclararon que esas compras fueron subsidiadas hasta en un 70% por el Incora.
El cuestionado proyecto palmicultor también contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, tanto bajo la administración de Guillermo Gaviria Correa (iniciada en enero de 2001 y finalizada con su asesinato a manos de las Farc el 6 de mayo de 2003) como por su hermano Aníbal en el periodo 2004 – 2007, quien incluyó el tema en el Plan de Desarrollo "Antioquia Nueva, un hogar para la vida".
Lo que han dejado claro está investigación es que el despojo de tierras y el proyecto agroindustrial de la palma no pueden entenderse como parte de un plan predeterminado del paramilitarismo, sino "como un proceso que se estructura en la compleja intersección del proceso conflictivo de colonización, la crisis del sector algodonero y la expansión de la palma de aceite, la crisis de la economía bananera en Urabá y la necesidad de diversificación de la inversión que condujo a reactivar la presión por la tierra".
En todo tuvieron un valor significativo, según lo investigado, la persistencia de una concepción regional de esos predios como "territorios vacíos", así como "la descentralización del monopolio de la fuerza como soporte del escalamiento localizado y la expansión de la guerra contrainsurgente en el país, el derecho de botín como concesión y la existencia de condiciones institucionales para el funcionamiento del paramilitarismo".
5 de septiembre de 2011
©verdad abierta

el jardín de los desaparecidos


En Colombia, familiares de 114 desaparecidos plantaron flores como un recordatorio del horror. En un país con un conflicto que lleva cinco décadas, se ponen a prueba experiencias para ejercitar la memoria. Unas 17 mil personas han sido víctimas de la desaparición forzada, pero la cifra podría ser más alta.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. De Andrés Felipe, el hijo de Orlinda, quedaron unos huesos largos, algunas ropas y su memoria. Para evocarla, la madre sembró una flor en un nuevo parque de la ciudad que, tras años de sufrimiento, le devolvió a su hijo desaparecido y unos centímetros de tierra en el "Jardín para no olvidar", que el programa de atención a víctimas del conflicto armado de Medellín preparó para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Unas 17 mil personas han sido víctimas de la desaparición forzada en Colombia, según el defensor del Pueblo Volmar Pérez, pero la cifra podría ser más alta, según organizaciones civiles que señalan unos 7 mil casos más aún sin reportarse en los bancos de datos oficiales.
La Fiscalía y este programa de víctimas –que desde 2004 se ocupa de atender a los civiles que habitan Medellín y han sido victimizados por una de las tantas formas de la guerra que azota el país desde hace cinco décadas– entregaron a doña Orlinda los restos de Andrés Felipe unos días antes de la siembra del jardín. Por eso la señora, aunque acaba de enterrar a su "pequeño", lucía en su rostro bronceado por el sol una sonrisa de tranquilidad y gratitud. "Al menos ya sé dónde está. Ayer lo enterré", le explica a la funcionaria del gobierno que le pregunta sus datos para entregarle un sombrero gris que la protegerá de ese sol ardiente que alumbra el valle de Medellín esa tarde de recuerdos, lágrimas, esperanzas y reclamos. Que vuelvan, piden quienes aún no tienen noticia de sus desaparecidos; que se haga justicia y que no se olviden.
En la "penosa diligencia" la acompañaron Cecilia y Patricia, dos argentinas que, invitadas por el gobierno local, llegaron la semana de la conmemoración a compartir la experiencia del Instituto Espacio para la Memoria. Alba, quien ya vivió la dureza de recibir en huesos y polvo dos de sus queridos desaparecidos durante la dictadura, evitó conocer al hijo de Orlinda, pero la acompañó a su manera. Durante la siembra del jardín, argentinas, familiares de desaparecidos, funcionarios del Estado y vecinos de la zona se remangaron para dejar en el parque una muestra de la muerte y la vida: Andrés Felipes, Luis Fernandos, Omairas, Tatianas, quedaron "sembrados" en este jardín que quiere recordar los horrores vividos en el pasado reciente para que no se repitan, según lo explica Juan Carlos Posada, coordinador del área de memoria histórica del Programa de Atención a Víctimas.
Esa tarde, familiares de 114 desaparecidos se registraron para plantar "novios", "cintas", "mafafas", "coloradas", "cupeas" y otras especies de flores que, según los jardineros, estarán en su esplendor a final de año. Entonces, en ese mismo parque, el Bicentenario, se entregará al país el Museo Casa de la Memoria, el primer museo que el gobierno colombiano construye para reflexionar sobre el conflicto armado y hacer memoria de éste, con miras a alcanzar la verdad, la justicia y la paz.
Orlinda de la Misericordia, que para entonces ajustará cinco meses visitando a su Andrés en el cementerio de San Pedro, espera estar viva y sana para asistir a la entrega. "Yo vengo sola, ando sola", aclara en medio del abrazo de las extranjeras, los funcionarios del programa, víctimas y otras madres que, como ella, esa tarde se sintieron acompañadas. Al caer la noche, y ya regadas de agua las flores nacientes, unas cuatrocientas personas se acomodaron a un costado del nuevo jardín a mirar, por largos y dolorosos minutos, con una sinfónica de fondo, las fotografías de hombres y mujeres desaparecidos en Medellín y Antioquia en medio del conflicto armado que todos esperan algún día llegue a su fin.
5 de septiembre de 2011
©página 12

neonazis podrían ser prohibidos


Grupos neonazis serán ilegales si aprueban proyecto que penaliza racismo y discriminación. Este martes, en la Cámara de Representantes, se votará en último debate el proyecto de ley que penaliza prácticas de racismo y discriminación en Colombia.
Colombia. Las organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, quedarán en la ilegalidad en Colombia con la aprobación del proyecto que penaliza cualquier expresión o práctica de discriminación.
La iniciativa parlamentaria será votada este martes en la Cámara de Representantes. El último debate de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, fue aplazado la semana pasada para reformar el articulado con fines de mayor precisión. Por eso, se creó una comisión para conciliar el texto definitivo, dijo a Semana.com Gloria Stella Díaz, representante a la Cámara y coautora del proyecto.
En el trámite de la medida se amplió el espectro de su alcance, pues originalmente sólo contemplaba la discriminación racial, y ahora castigará a toda aquella que se origine por motivos de raza, religión, ideología, género, orientación sexual u origen nacional, étnico o cultural.
La iniciativa estipula penalizar con prisión de 12 a 36 meses, y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incurran en actos discriminatorios. Adicionalmente, se determina castigar hasta con 15 años de cárcel conductas de "apología al genocidio".
La norma expresa que "el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses".
De esta forma se ilegalizarían organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de ellas realizan con cierta frecuencia manifestaciones públicas, en las que expresan su simpatía con el nacionalsocialismo alemán y el falangismo español.
"Cuando hay circunstancias de agravación punitiva, las penas se incrementan", declaró Díaz. Por ejemplo, cuando la conducta se realiza a través de los medios de comunicación, se atenta contra la niñez o el responsable es un funcionario, entre otras.
Alfonso Prada Gil, representante por Bogotá del Partido Verde, es el ponente del proyecto, y su autoría corresponde al senador Carlos Baena y a la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento MIRA. Prada ha reiterado que la medida está en concordancia con "el postulado constitucional de la condición de igualdad de todos los seres humanos, estipulada en el artículo 13 de la Carta Magna".
Algunos parlamentarios mostraron sus reservas sobre el proyecto, como el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, y legisladores de la bancada del Partido de la U. Arguyen ambigüedad y falta de claridad de algunas expresiones del articulado, como el concepto de "arbitrariedad". Por esta razón, la votación de la norma fue postergada una semana.
"Esperamos que con los cambios introducidos el proyecto se apruebe. Además, el presidente está apoyando plenamente la medida", sostuvo Gloria Stella Díaz a Semana.com.
Por su parte, el Polo Democrático Alternativo expresó su pleno apoyo al proyecto y resaltó su importancia, en particular por castigar la persecución que a criterio de sus voceros sufren los partidos de izquierda en el país. Hugo Velásquez, representante liberal, resaltó la pertinencia de la iniciativa y agregó que ésta hace parte de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos.
30 de agosto de 2011
29 de agosto de 2011
©semana

sin la tierra y sin la plata


Un empresario bananero dijo a 45 familias que debían comprar las fincas que cultivaban desde hacía 17 años en Urabá pues eran de un jefe paramilitar. Ellos pagaron, pero descubrieron que la tierra era de la Nación. Demandaron y el pleito va a paso de tortuga.
Colombia. La lucha por ‘La Niña’ comenzó hace diez años, cuando Felipe Arcesio Echeverri Zapata, un empresario bananero citó a una reunión a un grupo de campesinos de la vereda California del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño. Los campesinos eran poseedores de ese predio llamado ‘La Niña’ en el Urabá desde 1984.
Según lo denunciado por los campesinos ante la justicia, la reunión tuvo lugar en la vereda La Teca, cercana a donde ellos vivían, el 14 de septiembre de 2001. Un representante de los campesinos, Donide Espitia, dijo que un señor Antonio Arboleda, quien perteneció al Epl y se desempeñaba como administrador de una finca bananera, los había citado días antes a la reunión de parte de Echeverfri. Dijo Espitia que Arboleda les había dicho entonces que el dueño del predio no quería sangre, y que quería negociar a las buenas.
Cuando llegaron a la reunión, "vieron a unos paramilitares ahí armados, aproximadamente 10, con armas largas y cortas, todos ellos de civil", dijo Espitia. Echeverri les pidió 10 millones de pesos por hectárea, y los campesinos rechazaron su propuesta. Luego accedieron a pagar cuatro millones por hectárea, con cuotas semanales y con un plazo, según su capacidad productiva, de 21 meses sin intereses o a 36 con intereses del 2 por ciento.
En esa reunión, Rafael García, alias ‘El Viejo’ les dijo que tenían que hacer ese pago "a las buenas o a las malas" y –según dijo Espitia –hizo énfasis en que dicha "tierra era de uno de los grandes" refiriéndose a Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, entonces jefe paramilitar del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero.
Más adelante, luego de su desmovilización, alias ‘El Viejo’ corroboró ante un fiscal de Justicia y Paz, que él había sido miembro del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) comandado por alias ‘HH’ en la zona de Turbo y por el empresario bananero Raúl Hasbún, y representante político de esta misma organización.
Al parecer, Hasbún, que decía ser propietario de esa tierra, le había dado un poder a Echeverri para que obligara a los parceleros que la cultivaban hacía 17 años a comprársela. Según contó Espitia, les dijeron que "como Hasbún era la mano derecha de Fidel Castaño no podía venir a presentarse porque estaba en los montes".
Esta versión fue confirmada por otros dos campesinos. Uno de ellos es Junior Efraín Cabrales, agricultor de 58 años, dueño de la parcela Villa Epitania, en la vereda California. Durante los 18 años que lleva cultivando plátano, ha hecho drenajes y fumigaciones a sus plantaciones; y además, construyó su respectiva casa y empacadora.
La descripción que hizo Cabrales de lo que sucedió en esa reunión del 14 de septiembre es muy similar a la que hizo Espitia: "Nos citaron a una comisión para negociar la tierra. Nos llevaron a cuatrocientos metros más allá por otra vereda y cuando llegamos entramos a una casa. Nosotros nos sorprendimos porque allá había personas armadas. Luego llegó el señor Felipe que nos propuso que nosotros le pagáramos a él como siete millones de pesos por hectárea, pero a nosotros no nos gustó. Ahí fue cuando se paró el señor Rafael García, alias ‘Viejo’ sacó un revólver, lo colocó sobre la mesa y dijo que ese día había que negociar esa tierra".
Cabrales cuenta que a partir de ese día todo cambió: "algunas plantaciones se cayeron debido a los fuertes vientos que sacudieron la región de Urabá" y por esta razón "muchos no tuvieron forma de pagar y prefirieron vender la tierra, inclusive él (Echeverri) mismo las compró para poderle terminar de pagar". Una vez finalizaron los pagos "este señor se desapareció de por allá y nunca nos dio los títulos de esa tierra".
Espitia denunció que las presiones fueron constantes. Felipe Echeverri iba cada dos días o mandaba a Arboleda advirtiéndoles que debían negociar porque "el patrón se está poniendo bravo". Y que aunque le pidieron a Echeverri que les mostrara la escritura de las tierras, nunca se las mostró.
Al final los campesinos pagaron. La comercializadora bananera Banacol les descontó pagos periódicos de lo que les giraba por el banano que producían.
Aunque él pudo seguir viviendo en su parcela, Espita cuenta que "hubo gente que se sintió apurada para pagarle a ese señor y entonces tuvieron que venderle sus tierras a él mismo. Él nos decía que si estábamos apurados él nos compraba la tierra". De las 45 familias, sólo 21 siguen allí, las demás vendieron y se fueron.
Ese fue el caso de Juan Benito Yañez, un hombre de 60 años que para el 2001 era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda California. En esa época él estaba averiguando cómo legalizar la tierra que los campesinos llevaban tantos años trabajando y cultivando. En su tierra había sembrado plátano, mangos y tenía una plantación de cocos. También había construido una casa. Fue ahí cuando apareció Antonio Arboleda y propuso hacer la reunión donde se nombraría una comisión negociadora.
Luego de la negociación y tras varios meses de descuentos "hubo gente que tuvo que vender pedazos de las parcelas para poder pagar la tierra a Felipe. Como yo no tuve con qué abonar me tocó vender la parcela y quedarme sólo con los 35 millones de pesos que me dieron", afirmó Yañez, en su declaración ante la Fiscalía.
Espitia pagó en total $ 9.161.000. Ni Echeverri, ni Hasbún le dieron título de su predio. El que sí se lo dio fue el Incoder en 2006, pues, como se explica más adelante, este mismo instituto dictaminó que esa tierra era un baldío de la Nación y ellos, como poseedores, tenían derecho al título.

Predios Ajenos
Según lo pudo establecer la justicia, inicialmente, el predio ‘La Niña’, en la vereda California de Turbo, pertenecía a la Sociedad Emilio Hasbún y Compañía. En 1984 fue ocupado por 44 familias campesinas, que desde entonces parcelaron la tierra y casi todos cultivaron banano.
El Incora -hoy Incoder-, le decretó la extinción de dominio a esta propiedad de la familia Hasbún, el 22 de junio de 1989. Y según figura en el certificado de tradición y libertad que emite la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, desde ese mismo años este predio es un baldío perteneciente a la Nación.
La decisión del Incora de decretar que este predio era un baldío estatal fue ratificada el 24 de septiembre de 2001, justo unos días después de la reunión de La Teca en la que Echeverri les dijo a los campesinos que pagaran sus terrenos para poderles transferir la propiedad de la tierra.  Es decir, Echeverri les estaba cobrando por una tierra que no era ya de Hasbún sino del Estado.

Pagos Comprobados
La justicia pudo determinar, como lo aseveraron los campesinos, al investigar los giros bancarios, que en efecto, luego de que se hubieran pactado las ventas, a los campesinos les fueron descontados pagos semanales o mensuales por intermedio de la empresa Banacol S.A. durante un periodo de cuatro años.
El total pagado por las tierras de ‘La Niña’ fue de 485 millones de pesos. De acuerdo con el testimonio de Adriana Torres Giraldo, contadora contratada por Judith Hasbún para el negocio de los predios, ese dinero se repartió de la siguiente manera: "Banacol hacía una consignación a la cuenta de la señora Hasbún y yo verificaba que ese dinero correspondiera al descuento semanal que habían autorizado los campesinos. Había un porcentaje destinado a sus hermanos Raúl Hasbún y Alejandro Hasbún pero también se le entregaba dinero a su madre, Teresa de Hasbún y el resto era para ella. En total para la familia Hasbún era el 90 por ciento de la plata. El 10 por ciento restante era para el señor Felipe Echeverri que además, le pagaba el 5 por ciento al señor Antonio Arboleda por su participación en la negociación".
Cuando la totalidad de la deuda fue cancelada, los parceleros no recibieron los títulos de la tierra. Fue en ese momento en el que descubrieron que el predio había sido objeto de una declaración de extinción de dominio por parte del Incora y por tanto, que Felipe Echeverri no podía legalmente entregarles lo que les había prometido porque el terreno le pertenecía a la Nación.

Echeverri Se Defiende
En la declaración que hizo el empresario bananero en 2005 ante la Unidad de la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Turbo, Felipe Echeverri afirmó que fue la familia Hasbún la que lo buscó para gestionar un arreglo con los ocupantes de la finca ‘La Niña’ o ‘El Silencio’, que, según él, era propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún S.A. Dijo también que buscó a su amigo y asesor Antonio Arboleda, para que le ayudara a reunir a la gente que tenía el predio.
Según Echeverri desde el 13 de mayo de 1997 se envió "una comunicación por parte de los invasores hacia el Incora donde reconocen el dominio ajeno y manifiestan estar dispuestos a negociar". Este documento se realizó supuestamente para lograr que la Sociedad Emilio Hasbún pudiera entregar las escrituras sin necesidad de que mediara un tercero, en este caso el Incora.
Después, según documentación en poder de la justicia, Echeverri le envió una carta a Armando Giraldo, gerente del Incora en Medellín en la que le solicitó terminar el proceso que sobre estos predios llevaba esa entidad. Según lo que declaró ante la Fiscalía, él sabía que los terrenos eran de la Nación y que por ende no podía venderlos, pues conocía la decisión del Incora. Este fue el argumento principal para considerar el delito de estafa pues, a pesar de conocer la situación jurídica de la tierra, sirvió como intermediario de los Hasbún en la supuesta venta de tierras a los campesinos, omitiendo el detalle de que estos terrenos ya no le pertenecían a esa familia.
En la reunión del 14 de septiembre en la vereda La Teca, Echeverri aseguró que sólo cuando llegó allí se dio cuenta de que había hombres de las Auc,  pero que, contrario a lo declarado por los campesinos, los paramilitares estaban apoyándolos a ellos y no a él. Pese a que afirmó ser amigo desde la infancia de Raúl Hasbún, en una entrevista que le concedió el pasado mes de julio a El Tiempo, dijo que solo se enteró de que su amigo era paramilitar el día en que se desmovilizó, a mediados del 2004.
Su versión sobre cómo se dio la negociación de esos predios, fue opuesta a la que los agricultores le dieron a la justicia. Los parceleros le dijeron a la Fiscalía que se habían sentido obligados a hacer estos pagos, y que habían tenido miedo en la citada reunión.  Por el contrario, Echeverri dijo que con los campesinos tuvieron las mejores relaciones. "Tomamos tinto en la Finca Antares, incluso compartimos permanentemente historias del pasado, éramos unos amigos negociando, buscando una solución a un problema en los mejores términos", dijo.
Echeverri aseguró que luego de que el Incora ratificara la extinción de dominio, en 2002, los parceleros firmaron un papel en el que "se acordó que la empresa no continuaba con los trámites y por ende el Estado era el encargado de titulares las tierras". Sin embargo, ningún campesino recuerda haber firmado este papel. Narran en sus declaraciones que sí firmaron papeles en blanco pero que no sabían para qué eran.
Echeverri dijo en 2005 que "al momento no he terminado mi gestión como apoderado de buena fe y apoderado mediante poder de realizar los trámites administrativos tendientes a que los campesinos gocen de los títulos. Estaré actuando para culminar la transacción comercial y para llegar a un feliz término el negocio". Algo que hoy, casi seis años después, no ha sucedido.
El ex paramilitar Raúl Hasbún también habló sobre el problema de la tierra en Urabá en una audiencia de versión libre ante Justicia y Paz. Dijo que ésta fue el "botín de guerra que le arrebataron a aquellos campesinos que supuestamente eran guerrilleros o sus auxiliadores".

La Batalla Jurídica
Los campesinos demandaron a Echeverri por concierto para delinquir, estafa, constreñimiento ilegal y extorsión en 2005. El  caso fue presentado por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante un juez en Turbo. Desde ese momento, el caso empezó a rotar por varios jueces y fiscales que formularon nuevos cargos y quitaron otros hasta reducir el proceso a un caso típico de estafa.
Según un trabajo de investigación realizado por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad el entonces director encargado de fiscalías, seccional Medellín, Guillermo Valencia Cossio rotó este caso por varios fiscales especializados.
La citada investigación sostiene que "versiones aportadas a este trabajo mostraron cómo esa relación del alto funcionario judicial (Valencia Cossio) con los productores de la fruta en Urabá condujeron al entorpecimiento de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer el engaño del que fueron víctimas los campesinos de Turbo". (En marzo de 2011, Valencia Cossio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por haberle prestado servicios desde la Fiscalía a la organización narco-paramilitar de Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’).
Tanto la Procuraduria como Gerardo Vega, abogado de los demandantes, le solicitaron al fiscal que revisara las pruebas aportadas, pues estaban convencidos de que Echeverri debía ir a juicio por todos los delitos por los que fue demandado por los campesinos.
Pero el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia ratificó su decisión de acusar al empresario bananero solamente por el delito de estafa. Argumentó que desechaba los delitos de constreñimiento y de concierto para delinquir porque había contradicciones entre la versión de los campesinos y la de Echeverri, pues ellos afirmaban que a los paramilitares los había llevado Echeverri, y éste dijo que los paramilitares estaban allí como respaldo de los campesinos. Además consideró que el delito de extorsión se alejaba de la conducta realizada por Echeverri y que era más acorde a lo estipulado como estafa.
La presencia de paramilitares fue uno de los puntos en los que más había insistido la Procuraduría cuando, en 2006, apeló la decisión del fiscal de acusar a Echeverri únicamente del delito de estafa. Esta institución se preguntó ¿por qué Echeverri permitió la presencia de reconocidos paramilitares en las negociaciones? Si su interés no era negociar bajo amenaza, ¿por qué la negociación se hizo en La Teca y no en la vereda California? El Ministerio Público argumentó que si bien, el empresario bananero no había amenazado directamente a ninguno de los campesinos, sí permitió que representantes de las Auc hicieran parte de las conversaciones y mostraran su poder de intimidación.
Desde el 31 de mayo de 2010, el caso está en el despacho de un magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. Lo primero que debe resolver es quién tiene la competencia para decidir de qué delitos se le debe acusar a Felipe Echeverri.
Hasta el momento, de la mano de Gerardo Vega director de la Fundación Forjando Futuros y abogado defensor de los campesinos y del Incoder se han logrado obtener títulos de la tierra para 23 personas. A la espera quedan todavía 21 familias que, después de pagarle a Echeverri, no han recibido ni los títulos ni la plata. E incluso algunas de las tierras de las que son poseedores los campesinos están hoy a nombre de la madre de Echeverri, Rosalba Zapata.
30 de agosto de 2011
28 de agosto de 2011
©verdad abierta