condenan a chacal de chengue
18 de junio de 2009
Colombia. Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias ’Juancho Dique’ reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
La masacre de Chengue fue realizada por paramilitares del Frente ‘Héroes de Los Montes de María’ de las Auc, quienes en la madrugada del 17 de enero de 2001 sacaron a los pobladores de sus viviendas y luego de llevarlos al parque del poblado asesinaron a 28 de ellos.
Alias ‘Juancho Dique’, preso en la cárcel Modelo de Barranquilla, también fue condenado a multa de 2.507 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En julio de 2008, el juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo condenó a la Nación a pagar a cada una de las víctimas de esta tragedia 300 salarios mínimos mensuales.
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de fuerza pública en Chenque y sus alrededores.
En otro fallo, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al contralmirante Rodrigo Quiñónez, quien a la fecha (17 de enero) se desempeñaba como comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Sincelejo,.
Igualmente, fueron sancionados el capitán de Fragata Óscar Saavedra Calixto, el capitán de Corbeta Camilo Martínez Moreno, el suboficial de Infantería de Marina Rafael Bossa Mendoza y el suboficial segundo Rubén Darío Rojas Bolívar.
Según la Procuraduría se pudo demostrar que la Fuerza Pública no realizó las operaciones debidas, pese a que las poblaciones de Chengue, Don Gabriel y Salitral en Ovejas habían alertado de un ataque paramilitar.
Esta masacre se realizó en una época en la que se dio la expansión paramilitar en Sucre con la colaboración de políticos y militares. Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.
La Masacre de Chengue
La investigación de la Procuraduría sobre la masacre da cuenta de que en la mañana del 16 de enero de 2001, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María. El encuentro ocurrió en la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de "un fajo de billetes".
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron haber visto tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo.
En los libros de comando de la Policía de Sucre consta que antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los vehículos con paramilitares.
Después, él les ordenó a sus subalternos verificar la información, a pesar de que "desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria", según lo considera la Procuraduría. "Se tornaba irrelevante e inocua una labor de análisis y verificación de los datos", señala ese ente de control.
Por eso, a la compañía Dragón, que se encontraba cerca de Chengue, a unos ocho kilómetros, nunca le dijeron nada sobre los tres camiones que viajaban por la vía hacia ese corregimiento.
La Procuraduría consideró en su momento, que desde cuando le avisaron al coronel Quiñónez de la presencia de los paramilitares, hasta la hora de la masacre (4:45 de la mañana, aproximadamente), tuvo suficiente tiempo para que sus tropas reaccionaran. Además, "tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa".
Para el ente de control, los militares sólo reaccionaron después de haberse cometido la masacre. Por eso, ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
En 2005, el entonces representante Gustavo Petro hizo un debate sobre el paramilitarismo en Sucre. En su intervención, dijo que no entendía por qué la Procuraduría había sido tan drástica con los militares y no con los policías. Para él, éstos fueron quienes realmente permitieron el tránsito de los hombres que masacraron a los campesinos de Chengue.
Según dice, hay evidencias de que en los libros de la Policía de Sucre fueron borradas las horas en que vieron los camiones con hombres armados y vestidos de camuflado. "Eso ocurrió a las 7 y media de la noche, y no a las 11, como dicen", manifestó Petro.
Con base en testimonios, el entonces representantes denunció que "hasta hubo intercambio de gritos entre los uniformados y los hombres de los camiones". Pero "sólo vinieron a comunicarle la presencia de los paramilitares a los oficiales de la Armada a las 11, cuando ya ellos estaban en Chengue. Allí esperaron para atacar al amanecer". Luego, aseveró que "no hay sanciones contra los policías y sí contra los militares, que fueron los únicos que se movieron esa noche".
Horrible Amanecer
Lo cierto de todo es que, sin mayores tropiezos, los paramilitares llegaron a Chengue en la madrugada del 17 de enero. Allí "se vivía bueno", según sus habitantes. La población se sostenía, principalmente, del cultivo y la venta de aguacates y maíz, cuya calidad era reconocida en la región. Las casas tenían servicios de energía y agua, y estaba en proceso la construcción de un alcantarillado.
Sí los visitaban guerrilleros del frente 37 de las Farc, al mando de ‘Martín Caballero’, que era el grupo que tuvo presencia durante mucho tiempo en la zona. Sin embargo, nunca vivieron una escena tan violenta en el corregimiento.
María vivía feliz. De hecho, a sus 42 años jamás había probado habitar en ningún otro sitio. Su matrimonio con Jaime Meriño duró 27 años, hasta el día de la masacre. Siempre estuvo tan enamorada como el día en que lo aceptó por esposo ante el cura. A punta de amor, lograron conseguir un patrimonio, lo que les ayudaba a ser más felices aún. "Teníamos una casa propia con los muebles en la sala, el comedor, la nevera, la licuadora, el abanico... lo teníamos todo".
Pero en aquel inolvidable amanecer, despertó de un brinco cuando sintió que golpearon violentamente la puerta de su casa. Eran hombres armados que les ordenaron salir a la plaza a ella, su esposo y sus dos hijos. Estaba oscuro. Los ‘paras’ habían cortado la energía antes de pasar por cada vivienda. En el parque estaban otras familias del corregimiento. A los hombres los hicieron tenderse en el suelo, bocabajo.
Uno por uno, los ‘paras’ hicieron pasar a los señores a otro lugar de la plaza, dizque donde estaba el computador. Pero María ya sabía que iban hacia la muerte. Ninguno regresaba. Se desesperó viendo que en el suelo estaban 10 varones de su familia, incluido Jaime, su esposo. Suplicando, les dijo a los ‘paras’ que la mataran a ella, que no iba a ser capaz de seguir viviendo sola, sin apoyo, sin sus parientes y con dos hijos por sacar adelante.
Pero la ignoraron y, pronto, empezaron a decirles a sus familiares que fueran a donde estaba el computador. Cuando ellos llegaron allí, encontraron que en realidad se trataba de un ‘matadero’, donde ya habían muerto sus vecinos, después de haber sido sindicados de auxiliadores de la guerrilla. Todos recibieron golpes en la cabeza con mazos de moler piedra. Así murieron 24 campesinos. Pocos alcanzaron a escapar. A otros tres se los llevaron y aparecieron muertos al rato.
Condenados al Destierro
Después de provocar un verdadero ‘océano’ de sangre, los paramilitares pintaron en las paredes de algunas casas letreros que decían "fuera, guerrilla comunista". Luego saquearon y quemaron algunas viviendas. Antes de partir, les dijeron a las mujeres y a los niños que se hicieran a la idea "de que ya perdieron este pueblo. Si a la próxima regresamos y los encontramos, terminamos con todos ustedes".
Al escuchar eso, María salió corriendo con su hijo, de 15 años, y su niña, de 8. Todo lo que representaba su alegría, quedó atrás. Eso les pasó a las otras 300 personas que tuvieron que salir esa noche. Cuando se inició el éxodo, aparecieron en el aire helicópteros, disparando.
María corrió mucho; se fue por matorrales; pasó el día caminando, huyendo. De repente, se sintió sola. No veía ni a sus hijos, ni a sus vecinos, ni a su familia. Entonces volvió a correr desesperada por matorrales que no conocía, tratando de hallar alguna pista de los suyos. Hasta que llegó a Ovejas a las 9 de la noche. Allí supo que los vecinos le habían llevado por buen camino a sus hijos.
Era apenas el comienzo del sufrimiento. María, acostumbrada a tener su casa, sus enseres, empezó a pagar arriendo, a dormir en colchonetas. Aún está sin cultivos ni de aguacate, ni de maíz.
Lo único que le queda es su fuerza de trabajo, que vende en el servicio doméstico "por muy poquita plata, porque eso lo pagan muy mal". Para cubrir los gastos de alimentación, estudio de los muchachos y servicios, hace pasteles y los vende en la calle. A pesar de tantos esfuerzos, sus hijos han tenido que dejar de estudiar por largas temporadas, debido a la falta de dinero. Así han sido los últimos siete años para ella.
Sin Justicia
Mientras tanto, el caso de la masacre se rodeaba de misterio, de injusticia. La fiscal Yolanda Paternina quedó encargada de la investigación. Cinco días después de la matanza, supo que los 80 hombres que asesinaron a los campesinos de Chengue estaban acampando en el predio Chile, en San Onofre.
La funcionaria les manifestó a los militares "su voluntad de intentar la captura de los responsables de la masacre. Sin embargo, no encontró respaldo", según la investigación de la Procuraduría. Pese a todo, los hallazgos de la funcionaria fueron revelando cada vez más verdades sobre el caso.
En agosto de ese mismo año, Luis Camilo Osorio asumió como Fiscal General de la Nación. Según le dijo un fiscal a la ONG Human Right Watch, una de las primeras consignas del nuevo funcionario a sus subalternos fue que "redujeran la atención que se les da a los casos de actividad paramilitar".
Según esa organización, Osorio despidió o hizo renunciar a varios fiscales que llevaban casos de graves violaciones a los derechos humanos. A otros les quitó los expedientes cuando ya tenían bien avanzadas sus investigaciones.
Por esos días, también apareció Jairo Castillo, conocido con el alias de ‘Pitirri’, que hoy es el testigo estrella del caso de la para-política. Él señaló al coronel Quiñónez y a ‘Cadena’ como los responsables de la masacre.
Su testimonio era de vital aporte para las averiguaciones que ya había hecho la fiscal Paternina. Confirmaba lo que años más tarde reveló Petro en el Congreso: la relación entre políticos de la región con los grupos paramilitares que perpetraron la masacre. La verdad a la que estaba llegando la funcionaria era producto de un trabajo coordinado con otros investigadores. Dos de ellos desaparecieron en junio. Su paradero es incierto.
En realidad, la fiscal estaba adentrándose en terrenos oscuros, tenebrosos. Y eso le costó la vida. El 29 de agosto, hombres armados la mataron en Sincelejo, cuando llegaba a su apartamento en compañía de su esposo y sus hijos. Más tarde, ‘Pitirri’ declaró que el gobernador de Sucre, Salvador Arana, fue quien ordenó el homicidio y que lo ejecutó ‘Cadena’.
Tras la muerte de la fiscal, la investigación quedó en manos de Oswaldo Enrique Borja, del CTI. Un año más tarde, el primero de julio de 2002, fue muerto a tiros cuando salía de su casa en Sincelejo. Todo esto, daba cuenta de que quien tocara los folios, derramaría sangre.
En últimas, el expediente pasó de mano en mano y se perdió tiempo valioso para adelantar la investigación, según deduce la Human Right Watch. Osorio terminó absolviendo al coronel Quiñónez de cualquier responsabilidad penal sobre la masacre.
Mientras tanto, toda la región de los Montes de María seguía impregnándose de terror. Al miedo por las masacres, las desapariciones y los uniformes camuflados y verde oliva, se sumó la desconfianza en la justicia. Las víctimas siempre estuvieron al tanto de lo que ocurría con los procesos, bien fuera porque sus abogados llegaban con las malas nuevas, o por los medios de comunicación.
Colón Trajo Confianza
Por esos días, ya era famoso el nombre del coronel Rafael Colón, de la primera brigada de Infantería de Marina, que se había convertido en una amenaza para los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros de los Montes de María.
Al poco tiempo, llegó el proceso de desmovilización de los ‘paras’. ‘Cadena’ fue a dar a Santa Fe Ralito, después de ser acorralado por los hombres de Colón.
Con él, la Armada inició una campaña para que la gente perdiera sus miedos hacia los militares. Fue una ardua labor. Lo primero que hizo fue reportar logros en las operaciones contra los grupos armados. Los persiguieron por tierra, mar y aire. Hicieron capturas. Allanaron sus propiedades y, con minuciosa inteligencia, lograron incautar en menos de un año 3,5 toneladas de cocaína en el golfo de Morrosquillo.
El coronel Colón tenía en una mano los recursos y los hombres para dar golpes militares a los grupos ilegales. En la otra, debía tener algo que parecía un imposible: la confianza de la gente. Quiso agarrarla. Para lograrlo, visitó casa por casa de cada poblado por donde pasaba. Dedicó largas horas al diálogo con la gente. Escuchó sus temores. Planteó soluciones.
Se fue ganando a la gente y, al mismo tiempo, se volvió una incomodidad para algunos políticos cercanos a ‘Cadena’. Algunos, incluso, movieron influencias para sacarlo de la zona, argumentando que sólo perseguía a los paramilitares, pero que estaba olvidándose de los guerrilleros. A lo que el oficial respondió que "el 95 por ciento de la tropa está destinado a las zonas donde operan las Farc y apenas 5 por ciento en la lucha contra las AUC".
Quienes quisieron tumbarlo, no lo lograron. Al contrario, en 2005 el coronel Colón quedó a cargo del comando de la primera brigada de Infantería de Marina, el mismo puesto que hacía pocos años había ocupado el coronel Quiñónez.
Cuando Colón acababa de asumir su nuevo cargo, ‘Cadena’ estaba ausente, concentrado en el proceso de desmovilización en Ralito. Pero en noviembre de ese año, se desapareció. No se sabe si está muerto o vivo. Lo cierto es que la gente de la región tiene confianza en que, si vuelve, no habrá motivo para pensar que está aliado con Colón.
Él les ha sabido inspirar tranquilidad. Líderes y habitantes hablan de una percepción muy diferente sobre el camuflado. "Tenemos buena relación con los soldados. Incluso, uno los ve por ahí a cada rato y nos tratamos bien", comenta Dulis Acevedo, una líder de Chengue que está coordinando el retorno de sus vecinos desplazados.
Difícil Regreso
Por eso han vuelto 22 de las 60 familias que huyeron de Chengue tras la masacre. Junto con Acción Social de la Presidencia, se están haciendo labores para acondicionar el pueblo para quienes decidan volver.
María aun no se le mide al retorno porque ya compró una casa de 12 millones de pesos en Ovejas con un subsidio que le dio el Gobierno. No tiene muebles ni una cocina dotada, pero la siente como su nuevo hogar.
Volver a Chengue, para ella, es empezar de nuevo. El corregimiento está sin energía, sin agua y el proyecto de alcantarillado está quieto. Las casas, por mucho, tienen puertas y ventanas. Ya no es lo que fue. Y menos con la imagen latente de los 24 cuerpos tendidos en el suelo, muertos y bañados en sangre.
María tardó dos años en visitar a Chengue. Cuando volvió, fue duro. Revivió la escena que no quería repetir. Pero debía volver porque allí sigue teniendo su finca, donde los árboles de aguacate siguen dando frutos. De vez en cuando va, echa un vistazo, recoge lo que pueda llevarse y sale de nuevo hacia Ovejas.
Ni Justicia, Ni Perdón
El deterioro del pueblo va más rápido que la justicia. Tanto, que ya no hay esperanza de que ésta llegue. En febrero de 2007 se abrió una esperanza. La Fiscalía encontró que había suficientes motivos para vincular al coronel Norman Arango, que para la fecha de la masacre era comandante de la Policía de Sucre, a un oficial y un suboficial.
Los cargos son por omisión, al no entregarle la información oportuna a la Armada sobre el tránsito de los tres camiones cargados con paramilitares que iban hacia Chengue, tal y como lo denunció Petro en 2005.
Son muchos los vinculados en la masacre. Muchos los investigados. Pero sólo hay dos condenados y hacen parte del grupo de 80 ‘paras’ que perpetraron la matanza. Por eso, ya nadie sueña con justicia. Con reparación, menos porque apenas hace unos meses el paramilitar ‘Juancho Dique’ reconoció en versión libre su participación en la mortandad. Y lo que sigue es largo.
Lo único que está al alcance es que alguien siquiera se digne a pedir perdón. Eso esperaban en Chengue en el séptimo aniversario de la matanza. Y no llegó. Quién sabe si será posible que escuchen algo que tantas personas deben pedirles y que están dispuestos a conceder sin siquiera pensarlo, porque unos cuantos, quizá menos que los implicados en el crimen, han sabido inspirarles confianza.
©semana 
Bogotá, Colombia. El proyecto de ley que permitiría consultar a la ciudadanía si quiere que se sancione hasta con cadena perpetua a los asesinos y violadores de niños fue aprobado en la plenaria del Senado. Con este debate el proyecto cumplió sus cuatro discusiones reglamentarias, pero deberá ser conciliado antes del viernes por ambas corporaciones y de ahí pasará al control de la Corte Constitucional.
Bogotá, Colombia. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas evaluará el informe que el relator presentará en su sesión del próximo año.
[Hernando Salazar] Bogotá, Colombia. Ecuador demandó este jueves a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la muerte de Franklin Aisalla Molina durante la operación en que se abatió al guerrillero Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008.
[León Darío Peláez] Bogotá, Colombia. Con carteles y fotografías que recordaban a sus seres queridos,se presentaron algunas víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes durante el cuarto debate del proyecto de ley que busca regular la reparación a quienes han padecido por el conflicto.
Bogotá, Colombia. Este martes la Corte Suprema de Justicia aceptó las casaciones interpuestas por la familia Galán y la fiscalía para que se reconsidere el segundo fallo que absolvió al ex parlamentario liberal, Alberto Santofimio de una condena de 24 años de cárcel que le dictó el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca por su supuesta participación en la muerte del ex candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.
[Libardo Cardona] Bogotá, Colombia. Luego de una maratónica sesión, que comenzó el martes temprano y se extendió hasta la medianoche, un juez ordenó la detención de 17 militares del ejército, incluyendo un coronel retirado, por la muerte en marzo del 2008 de un joven de un grupo de hombres ejecutados extrajudicialmente.