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asegurado hijo de hernán giraldo


Por presunto homicidio.
[Colombia] El ex jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona deberá permanecer en la cárcel mientras es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Yolanda Marina Hernández.
La Fiscalía ordenó medida de aseguramiento a Daniel Eduardo Giraldo Contreras, alias ‘Grillo’, hijo del ex jefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’ extraditado a estados unidos en mayo de 2008 por narcotráfico.
‘Grillo’ es investigado por su presunta responsabilidad por línea de mando en el asesinato de Yolanda Marina Hernández, perpetrado por integrantes del Frente de Resistencia Tayrona de las autodefensas, del que era uno de sus cabecillas.
Según la investigación de la Fiscalía, la víctima fue retenida en el corregimiento Guachaca, jurisdicción de Santa Marta, el 8 de agosto de 2003 y posteriormente fue asesinada de varios disparos. Según miembros del desmovilizado grupo paramilitar a Yolanda Hernández la asesinaron por ser colaboradora de la Policía Nacional.
De acuerdo con la decisión adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH a Giraldo Contreras se le acusa por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Alias ‘Grillo’ fue capturado en Falan, Tolima, en enero de 2010 por agentes del CTI de la Fiscalía, luego de ser acusado del asesinato de Albeiro Fraija Pedrozo, un investigador del CTI.
11 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

citan a general por falsa desmovilización


Fiscalía llama a interrogatorio a general (r) Mario Montoya. Por el caso de la presunta falsa desmovilización de la Cacica La Gaitana de las Farc en 2006.
Colombia. Se venía venir. Desde que La F.M. reveló que la Fiscalía indagaría de manera preliminar al excomisionado Luis Carlos Restrepo, a un general y a un coronel del Ejército por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc en el Tolima en el año 2006, el nombre del general en retiro Mario Montoya sonó.
Meses después, en la tarde de este miércoles se conoció que la Fiscalía lo llamó a interrogatorio por la presunta falsa desmovilización, en la que el 6 de marzo de 2006, con bombos y platillos, fueron presentados por el gobierno en La Tebaida, Tolima, 62 guerrilleros de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. La columna era desconocida hasta entonces, e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. Se felicitaron el presidente, el alto comisionado, el general Mario Montoya: "¡El primer frente de las Farc desmovilizado en bloque"!, dijeron, mientras saludaban la genialidad de la inteligencia militar, capaz de tales golpes a la moral de la guerrilla.
Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables; algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada; algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran la dotación regular de las Farc. Pronto se supo que el líder del grupo, Raúl Agudelo, conocido como ’Olivo Saldaña’, había estado preso los dos años anteriores a la desmovilización, que habría organizado desde la cárcel, donde se habría reunido varias veces con Restrepo. El grupo, que el gobierno en su momento calificó como muy cercano a ’Alfonso Cano’, entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal.
Por estos mismos hechos la Contraloría llamó a rendir declaración juramentada al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y y exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.
Montoya, que hace apenas unos días era embajador de República Dominicada, regresó a Colombia, donde tiene 17 investigaciones preliminares en la Fiscalía.
Según algunos cables revelados por Wikileaks, mientras estuvo al frente del comando del Ejército entre 2006 y 2008, el oficial nunca tuvo la confianza de Estados Unidos por sus presuntas violaciones a los derechos humanos. Y su salida se dio hace dos años y medio tras el primer escándalo de "falsos positivos" cuando once muchachos de Soacha fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña.
Aún así, el general (r) Montoya no tiene en la actualidad ninguna investigación penal o disciplinaria.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
©semana



condenan a pedro bonito


Condena a alias ‘Pedro bonito’ por desaparición y homicidio.
Colombia. Raúl Emilio Hasbun Mendoza, exjefe del Bloque Bananero, fue condenado a 20 años de prisión, luego de aceptar ante la Fiscalía su responsabilidad en la desaparición y asesinato de dos personas en San José de Apartadó, Antioquia.
Hasbun Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH que el 12 de diciembre de 1997 hombres bajo su mando secuestraron y asesinaron en Apartadó a Gabriel Darío George y Patricia Aris Zúñiga, a quienes señalaron de ser presuntos auxiliadores de la guerrilla.
‘Pedro Bonito’ fue quien le planteó a Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, la idea de las Convivir en el Urabá. En 1996 pasó de ser un reconocido empresario a jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, luego de sentirse decepcionado porque su riqueza estaba perdiendo valor por las acciones de la guerrilla, y porque estaba siendo extorsionado, buscó un contacto para conocer a Fidel Castaño, que ya tenía un grupo de paramilitares en Urabá, y ofrecerle su apoyo.
Al reconocer su culpabilidad por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, recibió una rebaja de la mitad de la pena.
9 de agosto de 2011
2 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

asesinan a dirigentes sociales


En el primer semestre del año asesinaron en Colombia a 29 defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. ¿Qué está pasando?
Colombia. El 30 de marzo pasado, a las seis de la tarde, Héctor Orozco y Gildardo García viajaban compartiendo moto por la carretera que va de La Marina a Chaparral, Tolima. Ambos jóvenes, de treinta y tantos años, con hijos pequeños, eran vecinos de veredas, los dos queridos porque hacían mucho por su gente desde la Acción Comunal. Orozco dirigía una asociación campesina. No debían temer. La zona estaba militarizada y en el cruce del Espíritu Santo siempre había soldados. De pronto, no se sabe quién, les dispararon. Ninguna autoridad llegó. Las esposas pasaron la noche protegiendo los cuerpos de los chulos. Solo hasta el día siguiente a las once de la mañana vino la Fiscalía a levantar el cadáver. Pistas de los asesinos, quedaban pocas.
El caso de William Álvarez, líder de derechos humanos de Carmen de Viboral, oriente antioqueño, asesinado una semana después, fue peor: tardaron más de tres días en hacer el levantamiento. Y en el de Éder Verbel, activista de una organización de víctimas de San Onofre, Sucre, la autoridad sí capturó a alias Begueta y alias Pólvora, a quienes la gente identificó como los sicarios. Pero, al final del día, misteriosamente, quedaron libres.
Incluidos estos cuatro colombianos, han sido asesinados, en el primer semestre de 2011, 29 defensores de derechos y líderes sociales en el país y tres más han sido desaparecidos. Así lo documentó en su informe semestral el Programa Todos Somos Defensores, que reúne a la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta, y que tiene asiento en el programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior. Según el informe, hubo 145 agresiones graves contra estos líderes. Para registrar cada caso, los investigadores documentan que, en efecto, se trate de un miembro de una organización reconocida y que la muerte o el atentado se deban muy probablemente al trabajo comunitario.
Las cifras son escandalosas por donde se miren. El número de asesinados es cuatro veces más alto que el del mismo período del año pasado y el de las agresiones creció en 126 por ciento. Son, además, preocupantes porque reflejan una intencionalidad política de atacar líderes sociales, sean los autores Rastrojos, Águilas Negras, Farc o, en algunos casos, miembros de la fuerza pública.
Si no, cómo se explica que entre los asesinados haya nueve dirigentes indígenas del Cauca, Chocó y Antioquia que defendían sus territorios; ocho defensores de los derechos de víctimas del conflicto: líderes de desplazados, abogados de víctimas y reclamantes de tierras despojadas; cuatro eran ambientalistas, uno de ellos, Jorge Eliécer de los Ríos.
La saña con la cual fueron asesinados también es escalofriante, pues indica que aún estos son tiempos de barbarie. Por ejemplo, Luz Mery Roa, de 35 años, apreciada líder de acción comunal en Putumayo, y una pariente suya fueron degolladas con machete, y a Juliet, su hija de cinco años, le cercenaron las manos.
El programa de protección a defensores del Ministerio del Interior ya no da abasto. Protege a unas diez mil personas, según cálculos de las organizaciones que participan. Además, el programa tiene sus fallas, la más grave, que tarda demasiado en hacer los estudios de riesgo, lo que deja a la persona expuesta.
Pero, como dijo a SEMANA Diana Sánchez, vocera de Todos Somos Defensores, "el problema de fondo es que el Estado no ha podido armar una política más preventiva que reactiva". Voceros de más de cuatrocientas organizaciones han estado negociando mejores garantías con entidades estatales, lideradas por el ministro del Interior, Germán Vargas.
Pero en la práctica, las autoridades tratan a estas víctimas como ciudadanos de tercera. Así, los policías no siempre hacen sus rondas para protegerlas. Los fiscales y procuradores no tienen entre sus prioridades investigar las amenazas o los atentados y la impunidad facilita la comisión de más crímenes. Y a veces, como les pasó a los campesinos tolimenses y al defensor antioqueño, ni siquiera se dignan levantar los cadáveres con celeridad. Es como si no se entendiera que gente como ellos es la que legitima la democracia desde la base. Por eso, el esfuerzo por protegerlas debería ser primordial.
8 de agosto de 2011
©verdad abierta

cien meses por espionaje


Condenan a cien meses a ex subdirector de análisis de inteligencia. Gustavo Sierra aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones agravadas, prevaricación y abuso de función pública, por lo que recibió por ello sentencia anticipada.
Colombia. El ex subdirector de análisis del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) de Colombia, Gustavo Sierra, fue condenado este viernes a cien meses de prisión, afectado en un proceso por escuchas ilegales a magistrados, opositores y periodistas, informaron fuentes judiciales.
Sierra aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones agravadas, prevaricación y abuso de función pública, por lo que recibió por ello sentencia anticipada.
El condenado reveló haber recibido órdenes de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del año pasado.
En el proceso de las escuchas ilegales, llamado en Colombia de las "chuzadas", ya fueron condenados el ex director de inteligencia del DAS Fernando Tabares y el subdirector de contrainteligencia del mismo organismo Jorge Alberto Lagos, ambos a ocho años de prisión.
El pasado 30 de julio, por otra parte, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el ingreso en prisión de Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia en el Gobierno de Álvaro Uribe, también en el marco del proceso de escuchas ilegales.
Moreno, ex secretario general de la Presidencia, es investigado por la participación que pudo tener en el escándalo de las interceptaciones del DAS en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El alto ex funcionario fue acusado el 18 de mayo pasado por la Fiscalía de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.
Ese mismo día el tribunal pidió la detención de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, quien goza de asilo territorial concedido por el Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli.
Tanto Moreno como Hurtado fueron destituidos retroactivamente el 4 de octubre de 2010 por el procurador general colombiano, Alejandro Ordónez, quien también los inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos por su responsabilidad en el mismo caso de las escuchas.
6 de agosto de 2011
5 de agosto de 2011
©la nación

en qué andan los hermanos uribe


Lo que ha dicho ’el Canoso’ sobre los hermanos Uribe. Justicia y Paz pidió investigar a Tomás y Jerónimo Uribe, al empresario Jean Claude Bessudo, al exgobernador Trino Luna y al exalcalde Elías George, entre otros, por supuestos nexos con paramilitares para lograr la concesión del parque Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta.
<Colombia. La coordinadora de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Elba Beatriz Silva, confirmó que se compulsó copias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que investigue a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y determinar si influenciaron para que se le entregara la concesión del parque Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta a un grupo de empresarios, entre los que se encuentran Jean Claude Bessudo; el exgobernador del Magdalena, Trino Luna; el exalcalde de Santa Marta, Elías George, y Luis Fernando Bayona, entre otros, para que se hicieran con la concesión del parque en supuesta complicidad con paramilitares. El ente acusador también investigará a estas personas por supuestos nexos con las autodefensas.
La Fiscalía parte de los señalamientos hechos por el exjefe político del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, José Gelves Albarracín, alias ’el Canoso’, quien dijo en Justicia y Paz que Tomás y Jerónimo Uribe hicieron negocios con el exconcejal Héctor ’Nacho’ Rodríguez, reconocido por ser una de las fichas políticas de Hernán Giraldo en el concejo de la capital del Magdalena y quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por los delitos de concierto para suministrar material de apoyo a una organización terrorista extranjera (las Auc) y concierto para portar, usar y poseer un arma de fuego durante y en relación con narcotráfico y delitos violentos.
’El Canoso’ dijo que había conocido a los hijos del presidente por intermedio del exconcejal Rodríguez y que ellos sabían de sus vínculos con las Auc, y además conocían que ‘Nacho’ había sido elegido con el apoyo de los paramilitares y que le habían pedido una cita con el entonces jefe paramilitar Hernán Giraldo.
Pero lo más grave, fue que ’el Canoso’ aseguró que los paramilitares tuvieron participación en la concesión para la explotación turística del parque Tayrona, otorgada el 4 de julio de 2005, a una Unión Temporal Parque Tayrona, conformada por la prestigiosa agencia de viajes Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y Alnuva, una agencia de viajes y turismo de Santa Marta.
La fiscal Silva explicó que se investigará si los hermanos Uribe Moreno usaron su condición de hijos del presidente para influenciar en la entrega de la concesión en la que supuestamente participaron los paramilitares de Hernán Giraldo.
De acuerdo con lo expresado por Gelvez Albarracín, alias ‘El canoso’, ante la fiscal 9ª, Zeneida López Cuadrado, los paramilitares utilizaron la firma samaria Alnuva, aprovechando su razón social y buen nombre, para participar en la licitación.
Según el paramilitar, el negocio comenzó luego de una reunión entre él y Héctor Ignacio Rodríguez, alias ‘Nacho’, para incursionar en ese negocio con el apoyo financiero de la organización armada ilegal, aprovechando la influencia que ambos ejercían sobre los comandantes del Bloque Resistencia Tayrona (BRT) Hernán Giraldo y su sobrino Nodier, el encargado de las finanzas. Mientras ‘el Canoso’ era el jefe político del BRT, ‘Nacho’ Rodríguez había sido elegido con el apoyo de los paramilitares concejal de Santa Marta.
’Canoso’ dijo además que acordaron con el exconcejal Rodríguez que ellos no eran los indicados para presentarse a licitar, por lo que decidieron buscar el apoyo del gobernador Trino Luna Correa. A Luna Correa le sonó el proyecto, tanto así, que en un consejo comunitario con el presidente Uribe le pidió que a la hora de otorgar nuevas concesiones en Santa Marta en ellas se tuviera en cuenta a los empresarios locales y regionales porque hasta ahora todas se las había adjudicado a firmas del interior.
La labor de Luna consistiría en tocar puertas en Bogotá. Entre los tres, Trino Luna, Gélvez y ‘Nacho’, buscaron una cara conocida y le propusieron, por sugerencia de Rodríguez, una alianza a Elías George González, representante legal y socio de Alnuva, así como representante comercial de una empresa de telefonía móvil y de una aerolínea, para que la inversión no corriera riesgo. Es decir, George tenía una tradición reconocida en el sector en Santa Marta y era amigo de ‘Nacho’ Rodríguez, quien es hijo de un importante empresario del sector portuario y agrícola del Magdalena.
El grupo, según lo que dijo ’El Canoso’, acordó una reunión en Bogotá con el presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, a comienzos de 2005 en las oficinas de la empresa en el Centro Andino. Cuando entraron a las oficinas del empresario en la que se encontraba uno de los hijos, éste, según Gélvez, los recibió y les dijo que acababa de terminar la grabación de un reality.
La comisión samaria le manifestó a Bessudo que ellos estaban interesados en la concesión del Parque Tayrona. El gobernador Trino Luna propuso que fueran socios a través de una empresa registrada de Elías George, Alnuva.
Según la versión del ’Canoso’, Bessudo era conciente que dentro de la sociedad había testaferros de los paramilitares.
Jean Claude Bessudo dijo que en su oficina tuvo una reunión con Elías George y Héctor ‘Nacho’ Rodríguez, a quien no conocía y quien en el transcurso de la reunión no habría pronunciado una sola palabra. Que él conoce al señor George, porque es un empresario del sector turístico que había sido alcalde de Santa Marta cuando Belisario Betancur fue presidente y a quien su agencia de viajes, Aviatur, suministraba tiquetes. Pero dijo que la reunión fue sólo con esas dos personas, que no recuerda que en su oficina hubieran estado también ‘El  Canoso’ y el gobernador Trino Luna.
También afirmó que la unión temporal se conformó acatando una sugerencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunitario, en el que le pidió que tuviera en cuenta a los empresarios turísticos locales a la hora de participar en la licitación, en la cual sólo concursaron las firmas Aviatur y Alnuva. En otra reunión con Bessudo, Elías George les presentó a su hermana Mónica, empresaria dedicada al turismo en Cartagena, y a Kemel, profesor universitario, hermanos del exalcalde de Barranquilla Edgar George González (1996 – 1998). En esta reunión Bessudo afirma haberle preguntado a los hermanos George cuánto podía aportar, y ellos dijeron que lo correspondiente al 39 por ciento de un inversión que, según el Ministerio de Medio Ambiente, sería de cinco mil millones de pesos.
Es decir, los hermanos George, socios de Alnuva deberían aportar una cantidad cercana a mil quinientos millones de pesos, pero según Bessudo lo único que pudieron aportar fueron 300 millones de pesos.
Ante esta situación, dice haberse visto obligado a realizar un préstamo por valor de dos mil millones de pesos a nombre de la Unión Temporal y con su firma, para no afectar lo participación accionaria. El préstamo fue para adecuar las cabañas. Bessudo rechazó haber tenido conocimiento de que en Alnuva hubiera socios distintos a los hermanos George González, que sólo los vio a ellos. También rechazó haber recibido 800 millones de pesos y que él dijo que entregaría el 10 por ciento de sus utilidades a la Cámara de Comercio de Santa Marta con fines de promoción y generación de empresas.
Al preguntarle sobre la afirmación de Gélvez según la cual, él, Bessudo, habría preguntado si en la reunión se encontraba presente un miembro de la Asociación de Usuarios Campesinos dando a entender con ello que se trataba de alguien de las autodefensas campesinas, cuyas siglas son similares, el empresario turístico la rechazó diciendo que difícilmente sabe qué existiera una asociación de usuarios campesinos.
En el año 2009 hubo un cambio en la composición accionaria pero no cambió el número de socios. Siguieron siendo los mismos, pero Alnuva pasó de tener el 39 por ciento, para tener el 1 por ciento. Según ’el Canoso’, este cambio se presentó después de la extradición de ‘Nacho’ Rodríguez y de Giraldo, y de que a las oficinas de Bessudo llegara una carta suscrita por un tal ’Jorge 40’ en la cual reclama unas acciones.
Según ’Canoso’, Bessudo llamó a George y le preguntó de qué se trataba eso y le pidió que les vendiera. Así -según la versión del paramilitar- fue como Aviatur compró el 38 por ciento de las acciones y dejó en poder de Alnuva el 1%, pagándole a los hermanos George cerca de mil millones de pesos, pues habían invertido 300 millones, más los intereses del capital, pues se trataba de un negocio de cuentas en participación.

La Rspuesta de los Hrmanos Uribe
Por medio de la red social Twitter, Tomás Uribe calificó la compulsa de copias de la Fiscalía como una persecución contra su familia."Una venganza de los criminales, persecución de la justicia y malquerencia de algunos medios". Su hermano Jerónimo y el expresidente aún no se han pronunciado.

Investigación a la Financiación de la Campaña de Uribe
La Fiscalía también anunció que investigará al al exdirector de la campaña de Uribe en Magdalena en 2002, Jorge Noguera Cotes, al exjefe de informática del DAS, Rafael García, el exconcejal de Santa Marta, Euclides Gómez, y a Miguel Buenahora, por la versión de ’el Canoso’ de que el frente comandado por Giraldo financió la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Sin embargo, la Fiscalía no compulsó copias para que se inicie una investigación al expresidente.
El caso se remonta a unas declaraciones de ’Canoso’ en abril de este año ante Justicia y Paz, en las que dijo que el exjefe paramilitar Hernán Giraldo le había ordenado que apoyaran la campaña de Álvaro Uribe con un aporte de 130 millones de pesos
En ambos casos, lo que se busca es establecer la veracidad de esa versión y no implica la existencia de un proceso formal contra los Uribe y los demás involucrados.
6 de agosto de 2011
5 de agosto de 2011
©verdad abierta

el tigre condenado por asesinato


Alias ‘el Tigre’ condenado por asesinato de miembro de la UP.
Colombia. Jesús Albeiro Guisao Arias, alias ‘El Tigre’, fue condenado a 30 años por el asesinato del militante de la Unión Patriótica, UP, Vidal Devia Ramírez.
De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, el 30 de abril de 1995 en un establecimiento comercial del barrio La Chinita de Apartadó, Antioquia, varios miembros del Bloque Bananero asesinaron a Devia Ramírez cuando departía con unos amigos. Tal hecho fue confesado en Justicia y Paz por el exjefe del Bloque Ever Veloza García, alias ‘HH’.
Guisao Arias fue condenado por el Juzgado Segundo Penal de Antioquia bajo el cargo de homicidio agravado. ‘El Tigre’ reconoció la autoría material del crimen y está preso en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá.
5 de agosto de 2011
4 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta

ejército hizo desaparecer armas


El exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera denunció que varias armas y equipos de comunicaciones que entregó su bloque se perdieron y posiblemente fueron vendidas por miembros del Ejército.
Colombia. ‘El Alemán’ acusó a miembros del Ejército de vender piezas de las armas bajo su custodia.

Los 15 Mil Fusiles de Vicente Castaño
Ante un tribunal de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, denunció que algunas armas y equipos que varios frentes del Bloque Élmer Cárdenas entregaron en la desmovilización se perdieron y que muy posiblemente fueron vendidas por quienes tenían su custodia, es decir la Brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia.
El ‘Alemán’ dijo en una audiencia de legalización de cargos ante el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca dijo que nunca firmaron o recibieron las actas de la entrega de armas y equipos de comunicaciones.
Esta denuncia se presentó en el momento en el que la Fiscalía mostró una serie de mil fotografías a los magistrados en las que evidenció que los seriales de muchas armas entregadas por los paramilitares del Bloque del ‘Alemán’ habían sido borrados.  El exparamilitar replicó diciendo que esas armas de las fotografías no coincidían con las entregadas el día de la desmovilización.
Rendón Herrera mostró otras imágenes de las armas que entregó el día de su desmovilización, que diferían a las mostradas por la Fiscalía. Aunque no eran tantas como las mostradas por el ente acusador, eran diferentes los modelos y se veían en mejor estado.
Las de la Fiscalía mientras tanto estaban deterioradas en comparación a como aparentemente habían sido entregadas por los paramilitares durante la desmovilización. También estaban oxidadas y faltaban varias partes como percutores, portafusiles, culatas o miras.
Según dijo ‘el Alemán’ a VerdadAbierta.com, él creía que las piezas faltantes fueron comerciadas cuando estaban bajo la custodia de la Brigada 17 en Carepa, Urabá.
Rendón Herrera aseguró también que el Bloque entregó las armas con el número intacto, ya que al borrarlo hubieran expuesto los fusiles al óxido. La magistrada del Tribunal ordenó una investigación a la Fiscalía porque de ser cierta esta afirmación, podría evidenciar que las armas fueran cambiadas antes del estudio de la Fiscalía.
VerdadAbierta.com encontró en el "informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las Auc y primeras diligencias judiciales", que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que durante la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas en Antioquia las armas entregadas "tampoco eran modernas y en algunos casos no parecían estar en buen estado. Observó también que combatientes no desmovilizados que montaban guardia, sí portaban armas modernas y en buen estado.  (…) y que en todo caso se habrían entregado otras armas largas en zonas rurales donde se recogía a los miembros del grupo armado ilegal para transportarlos a la zona de concentración, previo a la desmovilización".
Según lo presentado por la Fiscalía durante la audiencia, la mayor parte de las armas del Bloque fueron adquiridas en lotes traídos por Vicente Castaño, compuestos por fusiles todos del mismo modelo, y repartidas al Bloque por  ‘el Alemán’ quien fue el encargado de recibir, inspeccionar y distribuir los cargamentos.

La Operación Otterloo
Uno de los ejemplos que mostró la Fiscalía para ilustrar cómo fueron estas operaciones de tráfico de armas en las que estuvo involucrado el Élmer Cárdenas, bajo la dirección de Freddy Rendón Herrera, fue la operación Otterloo. En ésta, según lo expuesto por la Fiscalía, Rendón Herrera aceptó haber contrabandeado alrededor de 3.000 fusiles AK-47 y munición en noviembre de 2001.
Según un informe de inteligencia presentado por la Fiscalía durante una audiencia en contra de Rendón Herrera en  noviembre de 2009, las armas fueron compradas en complicidad con policías de Nicaragua con una falsificación de una orden de compra expedida por el gobierno de Panamá, y transportadas en el barco Otterloo de bandera panameña.
El barco zarpó del puerto de Veracruz, México, con nueve contenedores que llevaban pelotas de caucho. Luego, arribó al puerto Bluff, en Nicaragua, y de allí al puerto El Rama del mismo país donde cargó el material bélico en 14 contenedores, indicó el informe.
Desde El Rama, el Otterloo regresó a Bluff donde reportó que su destino sería el puerto de Colón, en Panamá. Sin embargo, desvió la ruta al puerto Zungo Embarcadero, en el Urabá antioqueño. "Después de dejar la carga, el barco partió al puerto de Barranquilla donde cargó toneladas de sorgo con destino a Venezuela y luego a Surinam. Luego regresó al Panamá", señaló la Fiscalía.
‘El Alemán’ contó que Vicente Castaño les vendió parte de las armas a menos de dos millones de pesos por fusil, cuando a otros grupos les cobró entre cinco y siete millones de pesos.
Por este caso, un Juez Especializado de Antioquia condenó a tres funcionarios de la Dian por haber permitido el ingreso de este armamento. Un cable de Wikileaks, publicado por Semana, reveló que la Embajada de Estados Unidos expresó en su momento indignación con la Corte de Panamá, por haber rechazado los cargos contra los responsables de ese tráfico. Por este hecho, les revocó la visa a algunos implicados y le suspendió la cooperación a la Corte de ese país.

Las Actas Que Nunca Se Firmaron
Durante la audiencia, la Fiscalía también mostró como los paramilitares manejaban un complejo sistema de comunicaciones, que era una especie de sistema nervioso central del Bloque, con el que podían comunicarse a grandes distancias, y que también les permitió tener contacto con miembros del Ejército, con el que espiaron a los hacendados y ganaderos, interceptaron las comunicaciones y ubicaron a guerrilleros en sus zonas.
La Fiscalía afirmó que los gastos del Bloque en equipos de comunicación fueron altos y constantes. También demostró que además de los radios punto a punto y los radios base, los paramilitares contaban con antenas de repetición y equipos para interceptar comunicaciones.
Con base en las actas de las jornadas de desmovilización, la Fiscalía aseguró que el material entregado por el Bloque era muy poco en comparación a lo que manejaron.
A esta afirmación, ‘El Alemán’ respondió que las actas que presentó la Fiscalía sobre los equipos entregados durante las tres etapas de desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas  tenían inconsistencias.
Según dijo el exparamilitar no estaban registrados el total de equipos de comunicación entregados, y dichas actas no contaban con la firma de algún representante del Bloque.
Ante estas acusaciones, la magistrada de Justicia y Paz pidió a la Fiscalía leer cada una de las actas, ejercicio que evidenció que estas no registraban la entrega de las armas por parte del bloque al Gobierno, sino la entrega de las mismas por parte de la misión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, MAPP-OEA, a la Brigada 17.
Según Rendón Herrera, las actas de la entrega de las armas no fueron impresas, debido a que no tenían impresoras. Tampoco fueron enviadas posteriormente como se acordó, y ni él, ni ningún miembro de su grupo tuvo acceso o firmó dichas actas.
La Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, tenían registros que los frentes Costanero de Necoclí, Dabeiba, Pavarandó, y Norte Medio de Ungía a cargo de ‘el Alemán’ entregaron armas, municiones, equipos de comunicación, y que los mismos fueron entregados al Batallón de Servicios Nº. 17 en Carepa, en 12 y 30 de abril, y 15 de agosto de 2006.
‘El Alemán’ aseguró que el bloque entregó una mayor cantidad de material de comunicaciones, y que faltó el registro de dos equipos de triangulación entregados durante la ceremonia de desmovilización del Frente Costanero. Según pudo establecer la Fiscalía, el Ejército destruyó todo el material de comunicación entregado por el Élmer Cárdenas, en conjunto con los materiales explosivos.
‘El Alemán’ dijo que lo que el Ejército destruyó fueron una serie de costales que contenían las piezas de repuesto de los radios. "Como iban a destruir los dos maletines que contenían los equipos de triangulación, cuando ellos mismos se sorprendieron de que nosotros teníamos eso", dijo.
Ante todas las dudas que se generaron durante la audiencia, tanto por el estado de las armas, como por las posibles inconsistencias en las actas, la magistrada del caso ordenó a la Fiscalía y a la Procuraduría comenzar investigaciones y comprobar las denuncias de Rendón Herrera.
5 de agosto de 2011
4 de agosto de 2011
©verdad abierta