colombia

despojo en barranca de upía

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Una familia quedó atrapada en medio de la guerra entre paramilitares llaneros de un bando y otro, pues su finca estaba en le medio, en Barranca de Upía. Les robaron un hijo y les quitaron su finca. Un notario fue cómplice del despojo.

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Colombia. El triángulo que sale del norte de Meta corresponde a un municipio, donde los campesinos advierten que los paramilitares de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’ o Autodefensas Campesinas del Casanare, Acc, los despojaron silenciosamente.
Aunque en el Meta delinquieron los paramilitares provenientes del Urabá que primero se llamaron ‘Bloque Centauros’ y luego ‘Héroes de los Llanos’, fueron paramilitares de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ conocidos como ‘Los Buitragueños’ los tuvieron injerencia en el norte del departamento porque milita con Casanare, la tierra donde Buitrago inició sus autodefensas desde los ochenta . En una disputa por el territorio, paramilitares de los dos bandos, los ‘Centauros’ y los ‘Buitragueños’, se enfrentaron dejando entre ambos bandos 2.000 muertos.
En medio de la batalla, los hombres armados aprovecharon para robarles fincas a los campesinos. Esa es la triste historia de una familia que tenía dos fincas justo en los límites de esa disputa paramilitar, una de 14 hectáreas en el sur del Casanare y otra de 222 hectáreas en Barranca de Upía, le llegó la tragedia en 2002.
"Los paramilitares se llevaron a mi hijo mayor y llamaron a un cuñado, mandándome a decir que eso había sucedido para que les diera la finca –dijo la víctima a VerdadAbierta.com –. Al poco tiempo nos llamó el notario de Villanueva (Casanare), que nos necesitaba urgente. Fuimos y nos tenía lista unas escrituras, donde supuestamente le vendíamos 80 de las 222 hectáreas a un señor por $40 millones de pesos. Nosotros teníamos miedo y firmamos, pero nunca recibimos el dinero".
Las amenazas continuaron. Por miedo la familia salió desplazada de Barranca de Upía. También vendió forzadamente las 14 hectáreas que le quedaban en Casanare. "Nos amenazaron con que se llevaban otro de los hijos y nos tocó salir ligero, vender la hectárea a $3 millones y medio, cuando esa tierra, cerca al río es tan rica y una hectárea no cuesta menos de $17 millones de pesos", contó otra víctima de la misma familia.
Pese a que dejaron el campo, la familia siguió recibiendo amenazas. "Un día nos llamaron al fijo en la casa, y un paramilitar desde la cárcel nos dijo que le pagáramos $25 millones para devolvernos la finca de Barranca. Que fuéramos hasta la cárcel. Nosotros nunca fuimos por miedo, y nuestro hijo nada que aparece vivo. No sabemos nada de él".
La desaparición, el desplazamiento y el destierro fueron denunciados ante Justicia y Paz. Sin embargo, como las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) o ‘Los Buitrago’ no se desmovilizaron, estos delitos no han sido confesados.
17 de agosto de 2011
12 de agosto de 2011
©verdad abierta

capturan a ex alcalde ramiro suárez

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura al revocar una absolución que le fue otorgada en primera instancia y lo condenó a 27 años de prisión, tras ser acusado de ordenar el asesinato de un asesor de la Alcaldía y contradictor suyo.

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Colombia. Durante un evento político fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo por su presunta responsabilidad en el asesinato (como autor intelectual) de uno de los asesores de su despacho, el abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, que habría sido ejecutado por pararamilitares.
Por el hecho, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exmandatario a 27 años de prisión. Se espera que en la mañana del sábado sea trasladado a la capital del país.
El operativo tuvo lugar en la tarde del viernes en el Colegio de la Salle de la capital nortesantandereana cuando Suárez Corzo asistía al lanzamiento de la campaña del aspirante a la alcaldía de Cúcuta Andrés Cristo. Luego, fue llevado a las instalaciones del CTI de la ciudad.
Según el fiscal de Derechos Humanos que apeló la decisión de absolución que se dio en primera instancia, hay suficientes pruebas para demostrar que el exmandatario fue determinador de la muerte del asesor en connivencia con paramilitares.
Recordó que en mayo de 2007, Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, quien trabajaba con Salvatore Mancuso en el Bloque Catatumbo de las autodefensas, dijo ante un juez de Justicia y Paz en Barranquilla que cuando era candidato a la alcaldía, Suárez le pidió a esta organización "neutralizar" a dos personas que consideró cercanas a la guerrilla de las FARC, entre ellas Flórez Ramírez.
El ente acusador manifestó que según los relatos de ‘El Iguano’ y de Mancuso, Suarez Corzo se alió con las AUC para llegar a la alcaldía de Cúcuta. Testimonios señalan que el mandatario les habría ofrecido la secretaría de tránsito local.
La muerte de Flórez terminaría siendo un favor de los paramilitares para Suárez Corzo, dado que se habría convertido en uno de sus principales contradictores al interior de la administración municipal.
Por cuenta de ese proceso, Corzo estuvo preso 18 meses antes de que un juez decidiera su libertad tras absolverlo. Previamente, en 2004, fue capturado por concierto para delinquir agravado, investigación que precluyó por falta de pruebas. En ese entonces, quien lo delató fue un miembro de las AUC llamado Jonathan Sepúlveda.
"El capturado tiene conocimiento de una reunión entre un comandante con el alias ‘Andrés’ o ‘El Gato’, un agente de la Ponal (Policía Nacional) de apellido Soto y el candidato a la alcaldía Ramiro Suárez Corzo. Asegurando que el agente de apellido Soto es el enlace principal con los comandantes y Suárez Corzo (...) por intermedio de éste (Martín Soto), Ramiro Suárez mantiene la comunicación con ‘El Gato’ y la organización AUC", dijeron apartes de la declaración.
"Es así como se coordinan algunos trabajos delictivos, como las muertes del doctor Enrique Flórez y el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez", agregó.
13 de agosto de 2011
12 de agosto de 2011
©semana

colombia a la cidh por asesinato 2

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"Ya es hora de vincular a los generales": familia de Jaime Garzón. Los abogados de la familia, que anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  además pidieron a la Fiscalía vincular a tres generales, pesos pesados del Ejército, a la investigación por el crimen del periodista asesinado hace 12 años.

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Colombia. Con base en las declaraciones de varios ex jefes paramilitares y otras pruebas recogidas durante la investigación del asesinato del popular humorista y periodista Jaime Garzón en la madrugada del 13 de agosto de 1999, los abogados que representan a la familia como parte civil en el proceso pidieron a la Fiscalía vincular como posibles instigadores del crimen a los generales retirados Harold Bedoya, Jorge Enrique Mora Rangel y Rito Alejo del Río.
En una rueda de prensa este miércoles, que tuvo lugar cuando finalizó la conmemoración de los 12 años de la muerte de Garzón, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, abogados de los Garzón, dijeron que su larga investigación "pudo constatar que el asesinato de Jaime Garzón había sido encomendado por Carlos Castaño Gil al grupo de sicarios ‘La Terraza’, por orden de altos oficiales del Ejército, siendo José Miguel Narváez el contacto entre ambas partes".
Los abogados anunciaron además que, como el asesinato ha quedado en la impunidad, pues no ha habido una investigación completa del caso y los resultados han sido siempre parciales, a nombre de la familia Garzón presentarán una demanda en contra del Estado colombiano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA.
En días pasados la Fiscalía había acusado al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez como presunto determinador del asesinato del periodista. En 2004  la justicia condenó al comandante de las AUC, Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del hecho. El fallo nunca se hizo efectivo, y el mismo año de la decisión judicial el líder paramilitar fue asesinado.
Los abogados dijeron además que antes de ser asesinado "Garzón venía siendo víctima de hostigamientos y temerarios señalamientos por altos mandos de las Fuerzas Militares, en particular, del general Jorge Enrique Mora Rangel, quien tildaba al periodista de ser amigo de la guerrilla." El general Mora fue comandante del Ejército durante el gobierno de Pastrana.
Entre las pruebas que los abogados tienen está una carta fechada de 22 de mayo de 1998 Garzón le escribió a Mora Rangel: "General no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario para construir una patria digna, grande y en paz, como la que yo quiero y por la que lucha usted".
Según le dijo después el mismo general Mora a la revista Semana, él no contestó esa carta porque no le dio importancia a una carta, cuyo original no llegó a sus manos. En esa misma entrevista, el general negó rotundamente que las averiguaciones que él había pedido al Zar Antisecuestro que hiciera sobre las labores humanitarias que venía cumpliendo el periodista para la liberación de secuestrados, tuvieran algo ver con su muerte. Dijo además que le encantaba ‘Quac’, el programa de humor en el que Garzón se burlaba de todos, incluidos los militares, con un personaje que daba los partes del "Que mando central" en tono tropero.
También aportan un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá al Departamento de Estado de agosto de 1999, enviado con motivo del asesinato de Jaime Garzón. En éste citan a una fuente que asegura que "Garzón le contó que había organizado una reunión con el general Mora por la reacción negativa de este ante los esfuerzos de Garzón para ayudar en una posible negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. El general Mora no se presentó a la reunión y en su lugar envió al general Rito Alejo del Río."
En  la comunicación de los diplomáticos estadounidenses también se cita a otra fuente que asegura que "el general Rito Alejo regañó duramente a Garzón por su intervención como gestor de paz, diciendo que en el mejor de los casos estaba siendo utilizado por los guerrilleros. Garzón salió muy afectado por las demostraciones de rabia del general."
Y además se sostiene que Jaime Garzón y el general Mora Rangel se reunieron en una ocasión posterior. El mismo cable registró que luego del asesinato "Francisco Santos, uno de los periodistas más leídos en el país, señaló que en el caso del asesinato de Garzón no existían dudas de que los responsables eran militares de la extrema derecha." (Santos después fue vicepresidente de la República entre 2002 y 2010).
Esta columna, según el mismo cable, desató una polémica. La cúpula militar del momento que pidió a Santos públicamente dar a conocer las pruebas que tenía para hacer semejantes afirmaciones. Igualmente el cable señala que el 18 de agosto el ex Ministro de defensa Rafael Pardo apoyó los señalamientos de Santos diciendo que había sido testigo en mayo de ese mismo año de las quejas dadas por Garzón al ministro de Defensa Rodrigo Lloreda porque el general Mora estaba haciendo una campaña de difamación en su contra.
Los abogados del Colectivo y de la Comisión señalaron también a Harold Bedoya como miembro del grupo de altos oficiales que, según sus investigaciones, instigó el asesinato de Garzón. En 1999, cuando sucedió el crimen, el general Bedoya, que fue comandante del Ejército bajo el gobierno de Ernesto Samper,  ya se había retirado y ya había sido candidato a la Presidencia en 1998 por el Movimiento Fuerza Colombia.
"El DAS y los servicios de Policía Judicial Nacional (Sijin) fraguaron una versión del crimen con falsos testigos, algunos de ellos informantes del DAS", recordaron los abogados, algo  que la propia justicia confirmó en un fallo en el cual tumbó lo actuado en el caso Garzón porque descubrió las irregularidades. Ellos explicaron que, a pesar de sus demandas, la Fiscalía insistió en esta línea investigativa "descartando otras posibilidades que conducían a una presunta responsabilidad de funcionarios estatales".

Otros Antecedentes
Luego de la acusación a Carlos Castaño por parte de la Fiscalía en el 2002, el caso se estancó pues tanto los juzgados del Circuito Penal, como los del Circuito Penal Especializado de Bogotá, rechazaron el caso y se declararon impedidos para juzgarlo.  La Corte Suprema de Justicia reasignó el caso nuevamente al Circuito Especializado de Bogotá.
En noviembre de 2004 el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá condenó a Carlos Castaño a 38 años de cárcel por el asesinato de Jaime Garzón y ordenó a la Fiscalía comenzar la investigación de nuevo. Así mismo pidió a investigar la conducta de los agentes del DAS que habían investigado el caso y de cuatro testigos que rindieron falsos testimonios dentro del proceso, y la presunta participación de uno de ellos en la muerte de un testigo.  
Según los abogados dijeron en la rueda de prensa, "la Fiscalía no adelantó ninguna investigación que permitiera develar la farsa y desviación auspiciada por los funcionarios del DAS.". Consideran que "tal vez la razón se encuentra en la vinculación al DAS de José Miguel Narváez, en 2002 como asesor externo de la Dirección General y en 2005 como subdirector nacional".
Sólo hasta el 2009, luego de las declaraciones de los ex jefes paramilitares y gracias al proceso de Justicia y Paz, se pudo avanzar en la investigación, en la que se involucró a José Miguel Nárvaez por el homicidio.
La familia de Garzón resumió en forma dramática la situación del caso: "Doce años después del asesinato de Jaime aún no se ha establecido toda la verdad, ni identificado y, menos aun, procesado a todos los responsables del crimen."
12 de agosto de 2011
11 de agosto de 2011
©verdad abierta

colombia a la cidh por asesinato

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Estado colombiano demandado ante la CIDH por el crimen de Jaime Garzón. La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista. Abogados señalan al general en retiro Rito Alejo del Río como instigador del crimen.

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[Fabián Cristancho] Colombia. El viernes 13 de agosto de 1999 en una esquina del Barrio Quinta Paredes en Bogotá dos hombres en motocicleta de alto cilindraje se acercaron a la camioneta de Jaime Garzón y le propinaron cinco tiros. El ataque fue un claro golpe a la libertad de expresión, al trabajo crítico que desarrollaba desde los medios y a la labor humanitaria en favor de los secuestrados en tiempos donde el acuerdo humanitario con las Farc y el Eln agonizaba. Las autoridades señalaron a Carlos Castaño como autor intelectual (quien murió con una orden de captura) e identificaron la gestión humanitaria como el móvil del asesinato.
Este sábado se cumplen 12 años del asesinato y los avances han sido mínimos, según el presidente de la FLIP, Ignacio Gómez. "El miedo es el que no deja avanzar la investigación y mientras tanto se lleva al país a la ignorancia", dijo.
Abogados representantes de la familia de Garzón señalan al general en retiro Rito Alejo del Río como instigador del crimen.
El asesinato de Jaime Garzón, repudiado por el país, medios de comunicación y organizaciones internacionales hoy se encuentra bajo el manto de la impunidad y revive cuando las noticias mencionan al polémico exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, sindicado por los mismos exparamilitares de haber sido el autor intelectual.
Este último es investigado por la Fiscalía por interceptaciones ilegales dentro del departamento de inteligencia, vínculos con jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y el asesinato de Jaime Garzón. En sus últimas declaraciones dijo que "la persona más perjudicada con la muerte de Garzón soy yo".
A punto de cumplirse el aniversario y con el objetivo de reflexionar sobre la vigencia del mensaje del periodista Jaime Garzón Forero, familiares, amigos y allegados prepararon un homenaje en las instalaciones del Archivo Distrital en Bogotá.
"Doce años sin Jaime: justicia no impunidad" arengaron los asistentes al acto de homenaje, liderado por sus hermanos Marisol y Alfredo Garzón. Con coplas y aplausos a la memoria del periodista se recordó la importancia de su labor y se exaltó su legado como crítico de la realidad social que vivía el país en los noventa.
Personalidades como los sacerdotes jesuitas Francisco de Roux y Alejandro Angulo, el representante Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba y los periodistas Hollman Morris e Ignacio Gómez se refirieron al caso y repudiaron los mínimos avances en la investigación. "Mientras tengamos vida este caso nunca se va a quedar así", dijo Marisol Garzón.
El crimen no ha sido esclarecido a pesar de los avances que ha hecho la Fiscalía (se determinó que había sido cometido por la banda La Terraza dirigida por Diego Fernando Murillo, alias ’Don Berna’, y con la orden de Carlos Castaño), por ello su familia en compañía del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado colombiano por "no proteger su vida, prevenir su crimen, ni investigar eficazmente los hechos".
En rueda de prensa el abogado Alirio Uribe dijo que "ya es hora de que la fiscal Viviane Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen", una arista que la defensa insiste en que se investigue y se profundice en las estructuras de poder ilegales que se han incrustado en el Estado.
"¡Pido justicia, contra la impunidad pido justicia porque Colombia necesita y merece saber la verdad!", así cerró el acto de homenaje el caricaturista Alfredo Garzón.
12 de agosto de 2011
11 de agosto de 2011
©semana

asegurado por masacre en casanare

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Un ex paramilitar de las autodefensas del Casanare es investigado por ser el presunto responsable de una masacre cometida en febrero de 2000.

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Colombia. Wálter Flórez Romero, alias ‘Mikima’ tendrá que permanecer en la cárcel mientras lo investigan por ser el presunto responsable de la masacre de El Tigre, ocurrida el 28 de febrero de 2000 en Monterrey, Casanare.
Según la Fiscalía, así lo decidió un Fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario al considerar que existen pruebas que apuntan a que alias ‘Mikima’ participó en el asesinato de siete personas, entre ellas, tres de una misma familia.
El ex paramilitar delinquió en las Autodefensas Campesinas de Casanare, Acc, el grupo paramilitar de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’ que no se desmovilizó. En la actualidad, alias ‘Mikima’ y otros 120 ex integrantes de las Acc están presos pero juzgados por la justicia ordinaria por violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Según un pronunciamiento de la Corte del 22 de noviembre de 2005, alias ‘Mikima’ fue capturado por Ejército el 10 de diciembre de 2003 cuando en un retén lo sorprendieron con un botín de armas, equipos de comunicación y dinero. En las investigaciones, la Fiscalía advirtió que el ex paramilitar delinquía en Monterrey, el municipio donde ‘Martín Llanos’ tenía una de sus bases, y que era el jefe de finanzas de las autodefensas en la región.
La Fiscalía lo investiga como presunto responsable de los delitos de asesinato, concierto parte delinquir y porte ilegal de armas.
11 de agosto de 2011
8 de agosto de 2011
©fiscalía
vía verdad abierta


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juancho, pieza clave de los paras

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Atanael Matajudíos Buitrago fue un suboficial del Ejército que entrenó a los paramilitares en el Tolima. Es el único desmovilizado de alto rango que puede ayudar a reconstruir lo que sucedió con los paramilitares en esta región del país.

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Colombia. Cuando el Inpec halló muerto en su celda a Diego José Martínez Goyeneche alias ‘Daniel’, se dijo que gran parte de los crímenes cometidos por los paramilitares en el Tolima quedaron sepultados.
Hasta ese día, el 23 de junio de 2009, el ex jefe paramilitar del Bloque Tolima alcanzó a contar en Justicia y Paz algunos detalles de cómo delinquió ese grupo y qué alianzas tuvo con funcionarios públicos y políticos de la región. Alias ‘Daniel’, por ejemplo, no alcanzó a entregarle a la Fiscalía algunas propiedades que, estando preso, explotaban particulares.
Por eso, para la Fiscalía 56 de Justicia y Paz las confesiones de Atanael Matajudíos Buitrago alias ‘Juancho’ pueden ser la clave para la reconstrucción de lo que sucedió en el Tolima. Alias ‘Juancho’ fue segundo de ‘Daniel’ y jefe del Frente Norte ‘Carlos Cárdenas’, que delinquió en los municipios de Piedras, Murillo, Lérida, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Santa Isabel y Líbano.
Durante la más reciente formulación de cargos, la Fiscalía reconstruyó ante el Tribunal de Justicia y Paz quién fue este jefe paramilitar y cómo delinquió a dos horas de la capital colombiana.

"Me Desilusioné del Ejército"
Alias ‘Juancho’ contó que si bien se crió en el suroccidente del Tolima, donde las Farc y el M-19 cometían asesinatos, secuestros y extorsiones, no ingresó a los paramilitares porque la guerrilla hubiera atropellado a su familia, sino por desilusión a fuerzas militares de las que hizo parte.
Atanael Matajudíos nació el 9 de agosto de 1971 en Ibagué, donde estudió la primaria y el bachillerato básico. Se graduó de un colegio comercial de Bogotá y a los 18 años ingresó a la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, donde obtuvo el grado de cabo segundo.
En el Ejército pasó por los batallones Girardot, Contraguerrilla 29 Héroes del Alto del Llano, la Escuela de Logística, el Batallón Jaime Rooke, el Batallón Juanambú, la Escuela de Armas y Servicios de Bogotá y el Batallón de Servicios Francisco Antonio Zea. Cuando hacía el curso para sargento fue retirado por facultad discrecional, una herramienta que tienen las fuerzas armadas para retirar a sus integrantes sin justificación pública.
"Hasta el día que terminé fui un excelente suboficial. Me desilusioné de varias cosas, de algunos comandantes que no debían estar en la institución. Expresé eso y un teniente pidió mi retiro. Para nadie era un secreto que el Ejército había estado aliado con las autodefensas y por eso terminé relacionado con ellos", dijo el ex paramilitar ante los magistrados de Justicia y Paz.
Tras su salida, Matajudíos Buitrago fue contactado por los paramilitares del Bloque Tolima para que los entrenara. Fue bautizado con el alias de ‘Juancho’ y enviado a una escuela paramilitar ubicada en la Hacienda El Tabor, en el municipio de San Luis, en abril de 2002.

De Entrenador a Jefe
Según la reconstrucción que presentó la Fiscalía, la primera misión de alias ‘Juancho’ fue entrenar a 60 paramilitares que formarían un grupo de contraguerrilla. Lo hizo junto a Mauricio Arias Pérez alias ‘Mateo’ y José Alberto García alias ‘El Teniente’ en la Hacienda El Tabor. Todos alguna vez habían hecho parte de las fuerzas militares.
Aunque ante los tribunales dijo que su intención no era vincularse a las Auc, reconoció que lo hizo cuando ‘Daniel’ le propuso ser jefe de escuadra e incursionar el norte del Tolima. Desde la conformación del bloque, a finales de 1997, el grupo paramilitar delinquía en el sur, principalmente en Espinal, San Luis, Valle de San Juan, Ortega, Ataco, Chaparral, Prado, Purificación, Saldaña, Natagaima, Rovira y San Antonio. La Casa Castaño había ordenado la expansión de las Auc en toda la región y le ordenó a ‘Daniel’ comenzar nuevas incursiones.
Fue así como designó a alias ‘Juancho’ para llevar los primeros paramilitares al norte del departamento. En mayo de 2002 junto a José Alberto Sandoval Quiñónez alias ‘El Primo’, 17 paramilitares pasaron primero por el río Totare y luego se instalaron en los municipios de Alvarado y Piedras. "El Bloque Tolima negoció territorios con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, que tenían presencia en esta zona. Es cuando el Frente Omar Isaza, Foi, cede en el norte del Tolima", leyó la Fiscalía durante la audiencia.
El Foi fue uno de los cinco frentes de las Acmm de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’ y estuvo a cargo de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’, que delinquió además de Caldas, Antioquia y Cundinamarca, en varios municipios del Tolima. "El 25 de julio de 2002 el Foi entregó parte de la zona norte a alias ‘Juancho’, que además de Alvarado y Piedras tuvo injerencia en Venadillo, Santa Isabel, Lérida, Líbano, Murillo y Ambalema", explicó la Fiscalía. El Foi siguió delinquiendo en Mariquita, Honda, Armero, Guayabal, Fresno, Falan, Palocabildo, Herbeo, Casabianca y Villa Hermosa.
Con 350 paramilitares en todo el territorio, en 2003 alias ‘Daniel’ ordenó el bautizo de los dos grupos que delinquieron en el territorio: El Frente Norte a cargo de alias ‘Juancho’ y el Frente Sur a cargo de Floriberto Amado Celis alias ‘30-30’. "Desde entonces, alias ‘Juancho’ cumplió dos funciones.
‘Daniel’ lo nombró jefe del Frente Norte y segundo del Bloque Tolima", dijo la Fiscalía. Durante las versiones libres, alias ‘Juancho’ ha confesado 72 crímenes, de los cuales 40 están siendo formulados ante los Tribunales. Uno de ellos fue el de un joven de 33 años, ocurrido en noviembre de 2002, señalado de ser un presunto guerrillero. "La víctima murió por impactos de bala y fue arrojado a una fosa en el municipio de Venadillo. Por orden de alias ‘Daniel’ y ‘Juancho’, un grupo de paramilitares citó al joven en una finca y luego asesinó", leyó la Fiscalía.
Lo mismo sucedió en julio de 2003, cuando un señor de 45 años fue asesinado después de que los paramilitares lo señalaran de colaborar con la guerrilla. "El señor conducía un bus y fue contratado por Óscar Oviedo Ramírez alias ‘Fabián’ para transportar unos marranos desde Santa Teresa hasta Las Delicias. Cuando iba de regreso, los paramilitares lo interceptaron y asesinaron delante de su esposa e hijos. A la víctima la señalaron de cuidarle un ganado a la guerrilla", indicó la Fiscalía.
Durante la audiencia, los abogados de las familias reiteraron que las víctimas eran inocentes y pidieron que sus nombres quedaran en limpio.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, alias ‘Juancho’ se retiró del bloque paramilitar el 24 de diciembre de 2004. Antes de la desmovilización, alias ‘Daniel’ lo contactó de nuevo para que le ayudara durante el proceso de desmovilización.
Entre agosto y octubre de 2005 alias ‘Juancho’ concentró a los paramilitares en varios municipios del norte del departamento. Primero lo hizo en Piedras y luego en la Hacienda Tau-Tau, en Ambalema, donde el 22 de octubre 207 de ellos se desmovilizaron.
Durante la formulación de cargos, el exjefe del Frente Norte les dijo a los magistrados de Justicia y Paz que está dispuesto a seguir contando y entregando todos los bienes que no alcanzó a confesar su exjefe alias ‘Daniel’. "Él tenía toda la intención de hacerlo. Pero no imaginamos que fuera a morir de esa forma. Yo ya notifiqué a la Fiscalía de unas discotecas que había en Girardot y Melgar. Estos bienes deben ser para reparar a las víctimas", dijo alias ‘Juancho’.
Aclarando que no está justificando los crímenes que cometió, durante la audiencia alias ‘Juancho’ dijo que en el paramilitarismo hay dos responsables. "El Estado como autor intelectual y nosotros como el autor material. Las autodefensas fueron creadas por el Estado mediante resolución en 1965 para defenderse de la subversión. Cuando vieron que eso se les había salido de las manos, entonces eliminaron las autodefensas en el papel. Pero las autodefensas siguieron en la ilegalidad y luego aparecieron las nuevas generaciones: las Accu y luego las Auc", dijo el ex paramilitar.
La Fiscalía de Justicia y Paz aseguró que los crímenes cometidos por alias ‘Juancho’ fueron sistemáticos. "Además estigmatizó y victimizó a toda la población del norte del Tolima, señalándola de colaborar con la guerrilla", señaló el organismo investigador.
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, de los 350 paramilitares que integraron el bloque, 48 ingresaron al grupo armado ilegal siendo menores de edad. Del total, 207 se desmovilizaron, 169 están presos y 55 están confesados sus crímenes en versiones libres.
11 de agosto de 2011
9 de agosto de 2011
©verdad abierta

revisarían fallo sobre masacre de narcos

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El Ejército presentó a cuatro narcotraficantes como guerrilleros de las Farc como muertos en combates en 2004. Pero se descubrió que ’Cuco’ Vanoy pagó 500 millones de pesos a la ’Oficina de Envigado’ por asesinarlos y pedirán que se revise el fallo que absolvió a varios militares.

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Colombia. La Procuraduría General de la Nación y a Fiscalía General de la Nación solicitarán ante altos tribunales una acción de revisión sobre la investigación por el asesinato de cuatro personas ocurrida el 28 de febrero de 2004 en inmediaciones de la IV Brigada del Ejército y por cuyas muertes el entonces jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, le pagó a la llamada ‘Oficina de Envigado’ 500 millones de pesos.
La acción de revisión fue solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, quien tomó la decisión luego de escuchar la confesión del ex comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien admitió el hecho.
En esa masacre, perpetrada en la Unidad Residencial Parques del Estadio, contigua a la IV Brigada, murieron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo a manos de soldados del Pelotón Urbano Antiterrorista perteneciente al Batallón Yariquíes de la IV Brigada del Ejército, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio.
El hecho fue presentado públicamente por oficiales de esta unidad castrense como una acción contra supuestos milicianos de la guerrilla de las Farc que pretendían atentar contra esa guarnición militar. Así lo comunicó el entonces coronel Guillermo Granados Mesa, para esa época comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes.
No obstante, los hechos tenían otras motivaciones ligadas a una disputa entre narcotraficantes y el ex jefe del Bloque Mineros. Vanoy Murillo explicó en versión libre ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que Berrío Torres había sido declarado "enemigo de las autodefensas" luego de quedarle mal con un pago de 460 millones de pesos, producto de una multa impuesta por el ex jefe paramilitar tras descubrir que Torres Berrío lo intentó engañar al tratar de sacar 80 kilos de base de coca oculta en un camión del corregimiento La Caucana, de Tarazá, el 17 de junio de 2002 para vendérselo a un traficante de Medellín y no a él, como estaba dispuesto en el Bajo Cauca antioqueño.
"Le puse precio a su cabeza", reconoció Vanoy Murillo y agregó que para el crimen contrató a la llamada ‘Oficina de Envigado’, a la que le pagó 500 millones de pesos por la muerte de Berrío Torres.
Lo confesado por este ex jefe paramilitar contradice lo dicho inicialmente por los oficiales de la IV Brigada del Ejército, lo que impulsó al magistrado Castaño a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación analizar la viabilidad de ordenar una acción de revisión y presentarla ante los tribunales.
Al respecto, VerdadAbierta.com estableció que la solicitud será presentada ante dos instancias judiciales: de un lado, ante el Tribunal Superior de Medellín, donde se pedirá que se revise el procedimiento realizado por el coronel Guillermo Granados, el capitán Rogelio Echeverri y doce soldados más; de otro lado, ante la Corte Suprema de Justicia, para que revise la actuación del hoy general en retiro Oscar Enrique González Peña, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante de la IV Brigada y luego de pasar por varias guarniciones militares asumió como Comandante del Ejército en noviembre de 2008, cargo que ocupó hasta agosto del 2010. Se espera que en este caso responda por línea de mando.
De aceptarse la reapertura de la investigación, también es probable que se vean vinculados algunos funcionarios judiciales, entre ellos Darío Leal, quien en el momento del allanamiento estaba adscrito a la Fiscalía Delegada ante el Gaula de la IV Brigada y avaló el procedimiento sin asistir al lugar de los hechos y posteriormente a lo ocurrido emitió una orden de allanamiento del apartamento 906 de la Unidad Residencial Parques del Estado.
Así como también Carlos Camargo Hernández, quien como Fiscal 9 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos asumió inicialmente la investigación y en un fallo proferido el 4 de mayo de 2006 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el capitán Echeverri y dos de sus soldados y de paso precluyó la investigación, exonerándolos de toda responsabilidad.
En caso de que ambas instancias judiciales se nieguen a revisar este caso, se abriría el camino para que sea la Corte Penal Internacional la que asuma la investigación, entre otras razones porque ya es un asunto que se conoce allí, según explicaron fuentes cercanas a este proceso.
Abogados que conocen este caso se mostraron satisfechos por la decisión de la Fiscalía y la Procuraduría de solicitar la acción de revisión. "Celebramos que en los próximos días se presente esa solicitud, no obstante, creemos que algunos funcionarios deberían explicar por qué se tardaron tanto, pues la orden del magistrado se dio hace ya seis meses".
Se espera entonces que ante la solicitud de revisión las altas cortes admitan el caso y lo reabran con el fin de esclarecer lo ocurrido el 28 de febrero de 2004 en la Unidad Residencial Parques del Estadio en Medellín y determinar las responsabilidades en la muerte de cuatro personas.
11 de agosto de 2011
8 de agosto de 2011
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Catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el asesinato del ex senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno reconoció públicamente su responsabilidad. Paso a paso así fue el proceso por el crimen del político.

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Colombia. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en nombre del Estado colombiano reconoció que el asesinato del ex senador Manuel Cepeda Vargas fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen.
El ministro pidió perdón en nombre del Estado colombiano por no haber protegido adecuadamente al senador de la UP y asumió la responsabilidad por los agentes estatales que cometieron el crimen.
"En nombre del Estado colombiano pido perdón público por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas". Las palabras de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, se produjeron 17 años después del crimen perpetrado por agentes del Estado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá.
Fue la primera vez que el Estado colombiano reconocía su responsabilidad por el crimen de un dirigente político.
Vargas Lleras dijo además que "Colombia se encuentra ante el reto de reivindicar a los colombianos víctimas de la violencia" y reconoció que Cepeda defendió sus ideas y los valores democráticos.
El ministro del Interior se solidarizó con la familia y los copartidarios de Cepeda. El ministro Vargas Lleras hizo este pronunciamiento catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por el asesinato del líder político de la UP en un acto público ante el pleno del Congreso de la República, en donde se vio una silla vacía con la bandera de ese movimiento político en homenaje al congresista asesinado.
El acto se da luego de que en el fallo, emitido en junio de 2010, la Corte Interamericana exigió al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la falta de protección del líder político, por su asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.
El senador Manuel Cepeda Vargas, comunicador social de profesión y opositor del gobierno, fue asesinado, el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, en un crimen cometido por militares que actuaron en complicidad con paramilitares. El político, miembro de la UP y del Partido Comunista Colombiano, fue abaleado, cerca de las nueve de la mañana por Justo Gilberto Zúñiga Labrador y por Hernando Medina Camacho, dos sargentos del Ejército, quienes fueron condenados a 43 años en prisión.
El crimen de Cepeda Vargas se realizó cuando el senador se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. Según la descripción de los hechos que la Corte hace en la sentencia, "el automóvil del Senador fue interceptado y los autores materiales hicieron varios disparos de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente".
Sin embargo, aunque otros miembros del Ejército y paramilitares, entre ellos el jefe paramilitar Carlos Castaño, han sido investigados como autores intelectuales del crimen, todavía no se ha emitido ninguna condena al respecto en la justicia colombiana.
Cepeda Vargas, quien fue consejero de redacción del semanario "Voz", en el que publicó una columna política, fue elegido como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994. Meses antes de su asesinato, el político se convirtió en el último senador electo de la UP, movimiento que, según la decisión de la Corte, experimentaba el exterminio de sus militantes, por ser considerado como "enemigo interno" en virtud de la doctrina de "seguridad nacional", lo que ponía a sus militantes en un nivel de mayor vulnerabilidad y aumentaba el riesgo a sus militantes.
Por los días de su elección, el político había denunciado un plan denominado ‘Golpe de Gracia’, con el que la extrema derecha en complicidad con miembros de la Fuerza Pública estaba exterminando a dirigentes de la UP y del Partido comunista Colombiano PCC, por lo que el dirigente solicitó medidas de seguridad para la protección de varios miembros de su partido político.
El 8 de agosto de 1994, un día antes de su asesinato, el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían asesinados. Su muerte se dio en medio de una situación de violencia sistemática contra los miembros de Unión Patriótica (UP), un movimiento político nacido de los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1984.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
A su magnicidio de Cepeda Vargas se sumó a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80.

El Paso a Paso del Caso Cepeda
El 16 de diciembre de 1993, las organizaciones Corporación Reiniciar, Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denuncian al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la persecución de miembros del partido político Unión Patriótica.
El 12 de marzo de 1997, la Comisión admitió llevar el caso sobre la presunta persecución y exterminio de militantes de la UP.
El 5 de marzo de 2005, las organizaciones denunciantes (El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la fundación "Manuel Cepeda Vargas") piden a la Comisión que finalice la búsqueda de una solución amistosa con el Estado sobre la denuncia acerca del exterminio de líderes y militantes de la UP, y que en lo respectivo al caso específico de Cepeda Vargas, se tramite una diligencia separada de los demás casos.
El 5 de diciembre de 2005, La Comisión decide adelantar un reclamo por la muerte del ex senador Manuel Cepeda.
El 14 de noviembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por el caso Manuel Cepeda.
"La Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial", y además solicito que la Corte ordene al Estado medidas de reparación.
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Sin embargo, después de que el Consejo hiciera pública su decisión, Iván Cepeda Castro, hijo del ex senador, decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidio de la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes de las víctimas el 3 de febrero de 2009.
Entre 26 y 27 de enero de 2010 se realizaron, en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica, la audiencia pública en la que las partes, la defensa y el Estado Colombiano, expusieron sus alegatos finales.
El 26 de mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, condenando al estado colombiano.

La Decisión de la Cidh
El año pasado, la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato del ex senador. Entre las consideraciones más importantes, el Tribunal ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. Además el Estado fue considerado como responsable en la falta de diligencia de la investigación, obstrucción de justicia y falta de reparación adecuada a favor de los familiares.
Según la decisión de la Cidh, el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un "patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP" y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluyó que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.
En la decisión también se concluyó que el Estado violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP y le ordenó darle a los familiares del Senador asesinado, seguridad y protección, ya que a pesar de que habían pasado casi 16 años desde su asesinato, varios miembros de la familia Cepeda estaban amenazados.
Según la Corte, el Estado colombiano además del reconocimiento público de su culpabilidad el Estado tendría que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda. También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
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