En el Alto Ariari 700 familias fueron desterradas por los grupos armados ilegales. Esta es la historia de cómo pasaron de ser poseedores de las tierras más ricas del Meta a vivir temerosos, amenazados, en un lote que compraron con su dinero y declararon zona humanitaria.
Colombia. A las seis de la tarde del 12 de agosto de 2003 las balas silenciaron a Reinaldo Perdomo. Era el líder de la Comunidad Civil de Vida y Paz, Civipaz, un grupo de 700 familias campesinas del Meta que desde 1980 exige titulación de tierras así como protección para vivir y trabajar en ellas.
Pese al asesinato de Perdomo y de por lo menos otros 260 campesinos de la región, la comunidad ha resistido a 30 años de combates entre la guerrilla y los paramilitares, atropellos del Ejército y un Estado que no los ha protegido para regresar a sus fincas. "Es escalofriante ver a las familias que están resistiendo allá. En cualquier momento puede haber otro desplazamiento. Nadie los acompaña en su intento por recuperar sus fincas", dijo un campesino a VerdadAbierta.com
Su historia comenzó después de la violencia bipartidista de 1950, cuando muchos campesinos huyeron del odio entre conservadores y liberales y colonizaron tierras baldías en el noroccidente de Meta. La zona, conocida como el Alto Ariari, es un conjunto de municipios bañados por los ríos Ariari, Guape y La Cal, de tierras muy fértiles. La fortuna de tener las tierras más ricas de la región los puso en la mira de los grupos ilegales.
"Todo era tranquilidad hasta que llegaron los paramilitares. Se hicieron pasar primero como ‘mano negra’ y luego instalaron una base en El Dorado. También pusieron retenes desde San Martín hasta Cubarral donde desaparecieron gente. Luego vinieron las masacres y las persecuciones a los líderes", dijo otro campesino que también pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, 200 paramilitares provenientes del Urabá aterrizaron en el Meta a finales de la década de los noventa y se instalaron en San Martín, en el corazón del departamento, al mando de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’. El ex paramilitar comenzó a delinquir en Castilla Nueva, San Carlos de Guaroa, Puerto Lleras y Mapiripán hasta conformar el Bloque Centauros, que en 2004 ya tenía presencia en todo el territorio y pasó a llamarse ‘Héroes de los Llanos’. El terror comenzó con el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, UP.
El Alto Ariari fue una de las zonas donde más se persiguió a la Unión Patriótica (el partido político que había surgido de acuerdos de paz entre gobierno y las Farc en los ochenta y que subsistió aún después de que los diálogos fracasaran). "Los paramilitares empezaron a asesinar a los líderes y miembros de las Juntas de Acción Comunal, JAC. Uno de esos hechos fue la masacre de Caño Sibao", dijo una campesina de la región. La mujer se refirió a la masacre ocurrida el 3 de junio de 1992 y por la cual ya fue condenado alias ‘Pirata’ a 30 años de prisión en la justicia ordinaria. Ese día fueron asesinados cinco militantes de la UP, entre ellos, María Mercedes Méndez y William Campo, la alcaldesa saliente, y el recién alcalde electo de El Castillo.
La Persecución
Aunque entre 1986 y 1988 los paramilitares consiguieron asesinar a 300 integrantes la UP en el Meta, no lograron desaparecer a la comunidad del Ariari que tuvo que resistir los señalamientos de ser presunta colaboradora de la guerrilla. Durante la siguiente década, el conflicto se agudizó, cuando Andrés Pastrana creó la zona de distensión en La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, municipios colindantes con el Ariari, para negociar con las Farc.
Tras el fallido proceso de paz, el gobierno puso en marcha la Operación Conquista para recuperar los territorios donde se concentró la guerrilla y fueron sembradas miles de hectáreas de coca. A partir de 2002, las organizaciones de derechos humanos comenzaron a denunciar los excesos de miembros del Batallón XXI Vargas, estacionado en Granada. Argumentaron que con el pretexto de combatir a la guerrilla, en realidad perseguían a sindicalistas y líderes comunales y agrarios de la región.
Varios paramilitares desmovilizados respaldan su tesis. En versión libre en mayo de 2010, Luis Arlex Arango alias ‘Chatarro’ aseguró que los paramilitares hicieron alianzas con militares de ese batallón para asesinar a personas, fueran civiles o de la propia tropa, para presentarlos como resultados en combates. El ex jefe paramilitar del Frente Hernán Troncoso, que delinquía en el occidente de Meta, aseguró que en ese pacto estuvieron involucrados por lo menos 200 militares.
"En enero de 2002 una patrulla de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, entró a La Floresta, vereda de El Castillo y asesinó a Eyder Quiguanás. Obligaron a la familia a llevar el cadáver hasta un punto donde llegó un helicóptero. A Eyder lo presentaron como guerrillero muerto en combate y el cuerpo nunca apareció", contó a VerdadAbierta.com un campesino de la región.
En febrero de 2002 el Bloque Centauros cambió de dueño. Según lo ha documentado la Fiscalía, Vicente Castaño le vendió la franquicia de este grupo al narcotraficante Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, conocido en la región como el Señor de las Aguas por comercializar los insumos para el procesamiento de la coca. ‘El Arcángel’ nombró como jefe de finanzas al narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, que en versiones libres de Justicia y Paz confesó que a su llegada a los Llanos creó el ‘Frente Ariari’.
Mientras los paramilitares se expandían, los campesinos luchaban por no abandonar sus fincas. El temor aumentó el 1 de noviembre de 2001 tras el asesinato de Mario Castro Bueno, el personero de El Castillo que llevaba el caso de la desaparición de Quiguanás. "Mario era un hombre querido por los campesinos del Alto Ariari. Cuando Eyder fue asesinado fue hasta La Floresta, habló con la familia y puso la denuncia. Después del asesinato, misteriosamente se desaparecieron las pruebas que había en su despacho", advirtió un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ reconoció el crimen y fue condenado por la justicia ordinaria a 15 años de prisión.
"El Ejército saqueaba las fincas, se llevaba las cosas de valor y mataba a los animales. Por miedo, la gente se desplazó a Villavicencio y se ubicó en los barrios La Nora, Covisan, Morichal, Rodeo, Pinilla, La Reliquia y Porfía. Nos fuimos organizando con ayuda de la Comisión Intereclesial. Luego, nació la Comunidad Civil de Vida y Paz en representación de todas las familias víctimas del Alto Ariari", dijo un integrante de la organización.
Reinaldo Perdomo era el líder y había viajado a Cacarica, Chocó, para conocer cómo los campesinos de esa región se habían organizado para exigir la titulación de tierras. "El 12 de agosto de 2003 mataron a Reinaldo. Volvió el miedo y dejamos de reunirnos durante dos meses. No se podía vivir en tranquilidad porque cada rato había allanamientos, si uno iba a reclamar alguna ayuda a la Red de Solidad Social de una vez salía amenazado. Nombramos otro representante, y en las fincas quedaron algunas familias resistiendo", dijo una víctima.
Pero la lucha de algunos de ellos también fue silenciada. Lucero Henao y su hijo Yamid Daniel fueron de las pocas familias que se quedaron en el Ariari. En febrero de 2004 fueron asesinados, acusados de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Henao era defensora de derechos humanos, había trabajado en el Sindicato Agrario del Meta Sintragrim y fue militante del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Era la Presidenta de la Junta de Acción Comunal en el Ariari.
En una versión libre, alias ‘Julián’, ex jefe del ‘Frente Ariari’, confesó que el asesinato de la líder respondió a los señalamientos que hizo Euser Rondón, ex alcalde de El Dorado (2001-2003) y ex candidato a la Gobernación del Meta (2004-2007), que luego fue asesinado. "Euser era muy amigo de ‘Don Mario’ y de don Miguel (Arroyave). Él era el consejero de los ‘paras’ y señaló a varios líderes de ser cuotas de las Farc. Él tenía mucho rencor hacia la guerrilla porque ese grupo le había asesinado al suegro", contó el exjefe paramilitar en la Fiscalía.
El Regreso en ‘Fuego Cruzado’
Pasaron dos años del asesinato de varios de los líderes y la comunidad decidió regresar en febrero de 2005 al Alto Ariari para recuperar las fincas. Organizó una comitiva de 35 familias, que viajó desde Villavicencio hasta el caserío de Puerto Esperanza, en El Castillo, para instalarse en un lote que por colecta y con ayuda internacional compraron en la vereda El Encanto.
"Ese día salimos en cinco buses. Íbamos gritando, cantando, muy felices. La Policía dijo que nos escoltaba y les dijimos que no. En tres años no nos habían garantizado protección y permitir ese acompañamiento nos exponía. A 20 minutos del Ariari nos salieron los paramilitares. Nosotros les dijimos que éramos población civil, que nos dejaran pasar. En la vereda las familias que estaban resistiendo nos recibieron con pancartas", contó un campesino que participó del regreso.
En El Encanto los campesinos levantaron sus casas con lona y bautizaron el sitio como Zona Humanitaria para evitar la incursión de grupos armados. Sin embargo, estaban en medio de un fuego cruzado donde guerrilleros y paramilitares realizaban combates a plena luz del día. "La guerrilla lanzaba cilindros desde el filo de la montaña y los paramilitares respondían con ráfagas desde la planicie", dijo una víctima de la zona.
La guerra convirtió a Puerto Esperanza, el pueblo a donde la Comunidad había comprado su lote, se convirtió en un pueblo fantasma. El internado de mujeres y la caseta sindical fueron destruidas durante los combates. De a poco, los campesinos que se instalaron en El Encanto empezaron a tener problemas para abastecerse de alimentos porque los paramilitares controlaban el ingreso de comida a la región.
"Además de que nos cobraban ‘vacuna’, había restricción sobre la alimentación. Solo dejaban entrar una panela por semana, dos o tres libras de arroz y una libra de manteca. ¿Cómo hacía uno para mantener a una familia donde había ocho hijos?", dijo una campesina de la vereda.
Sin Finca y con Deudas
Desde 2005 las familias del Alto Ariari han intentado regresar por sus propios medios a las fincas. Sin embargo, han encontrado lotes inundados por el rastrojo, sin linderos porque las cercas fueron destruidas y sin cultivos porque las tierras fueron dispuestas para la ganadería.
"Cuando volvimos vimos todo era un solo potrero, con ganado que los paramilitares habían traído de San Martín, Granada y Villavicencio. Nos llevamos también la sorpresa de que muchos de nosotros estábamos endeudados. La Alcaldía de El Castillo nos está cobrando los impuestos prediales desde 2002, sabiendo que nosotros fuimos desplazados. La empresa de energía hizo lo mismo, y en muchas de las casas no hay transformadores ni contadores porque los paramilitares se los robaron", dijo un campesino de la región. En una versión libre, alias ‘Don Mario’ confesó que desde 2002 hasta la desmovilización robó por lo menos 42.000 cabezas de ganado en la zona.
En el Alto Ariari los campesinos no alcanzaron a ser beneficiarios de la Reforma Agraria que se dio en algunas zonas del país a finales de la década de los ochenta. El proceso apenas comenzaba cuando los campesinos tuvieron que salir desplazados en 2002 para proteger sus vidas. Para entonces, eran poseedores de la tierra, tenían cartas-ventas o escrituras, pero no un documento que legalmente los declarara propietarios. "Aunque hubo desmovilización, los paramilitares siguen en la zona. De pronto no se apoderaron como tal de las fincas, pero el miedo de regresar es terrible porque no hay garantías", dijo una víctima.
En la actualidad, así como hace seis años cuando las 35 familias se atrevieron a regresar, la mayoría de los campesinos vive en la Zona Humanitaria y de día sale a trabajar en las fincas donde deberían vivir. Sin embargo, no se quedan allí por el miedo.
Las amenazas continuaron. Según un comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 13 de septiembre de 2010 una campesina recibió tres llamadas en las que un sujeto la señaló a ella y a otro campesino de ser colabores de la guerrilla. Luego, le dijo que se fueran de la región. "Ustedes son los chismosos y sapos de Puerto Esperanza. No se les haga raro cuando lleguemos a hacer limpieza. Los vamos a matar si no desocupan", les dijo. Un año antes, en febrero de 2009, fue desaparecida Alba Nelly Murillo, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda, en El Castillo.
La Comisión también denunció los asesinatos de Nilson Ramírez, ocurrido el 7 de mayo en El Castillo, y de Nelson Murillo Taborda el 9 de septiembre de ese mismo año en Lejanías. "Según versiones de un testigo, los asesinos de Nelson se identificaron como paramilitares y después de perpetrar el crimen huyeron en una moto hacia El Castillo", indicó la Comisión en la denuncia.
Las 700 familias campesinas le exigen al Estado que escuchen sus peticiones de hace 30 años. Que les den garantías para retornar y que les titulen las tierras a los campesinos que no tienen parcela para cultivar plátano, yuca, fríjol, maíz y caña. "Necesitamos condiciones para volver. En la región siguen habiendo grupos armados. Para recuperar la tierra no podemos solos. Necesitamos al Estado que no estuvo ahí cuando nos desplazaron", clamó un campesino.
17 de agosto de 2011
16 de agosto de 2011
©verdad abierta
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