muerte de cepeda fue crimen de estado
Catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el asesinato del ex senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno reconoció públicamente su responsabilidad. Paso a paso así fue el proceso por el crimen del político.
Colombia. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en nombre del Estado colombiano reconoció que el asesinato del ex senador Manuel Cepeda Vargas fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen.
El ministro pidió perdón en nombre del Estado colombiano por no haber protegido adecuadamente al senador de la UP y asumió la responsabilidad por los agentes estatales que cometieron el crimen.
"En nombre del Estado colombiano pido perdón público por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas". Las palabras de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, se produjeron 17 años después del crimen perpetrado por agentes del Estado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá.
Fue la primera vez que el Estado colombiano reconocía su responsabilidad por el crimen de un dirigente político.
Vargas Lleras dijo además que "Colombia se encuentra ante el reto de reivindicar a los colombianos víctimas de la violencia" y reconoció que Cepeda defendió sus ideas y los valores democráticos.
El ministro del Interior se solidarizó con la familia y los copartidarios de Cepeda. El ministro Vargas Lleras hizo este pronunciamiento catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por el asesinato del líder político de la UP en un acto público ante el pleno del Congreso de la República, en donde se vio una silla vacía con la bandera de ese movimiento político en homenaje al congresista asesinado.
El acto se da luego de que en el fallo, emitido en junio de 2010, la Corte Interamericana exigió al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la falta de protección del líder político, por su asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.
El senador Manuel Cepeda Vargas, comunicador social de profesión y opositor del gobierno, fue asesinado, el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, en un crimen cometido por militares que actuaron en complicidad con paramilitares. El político, miembro de la UP y del Partido Comunista Colombiano, fue abaleado, cerca de las nueve de la mañana por Justo Gilberto Zúñiga Labrador y por Hernando Medina Camacho, dos sargentos del Ejército, quienes fueron condenados a 43 años en prisión.
El crimen de Cepeda Vargas se realizó cuando el senador se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. Según la descripción de los hechos que la Corte hace en la sentencia, "el automóvil del Senador fue interceptado y los autores materiales hicieron varios disparos de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente".
Sin embargo, aunque otros miembros del Ejército y paramilitares, entre ellos el jefe paramilitar Carlos Castaño, han sido investigados como autores intelectuales del crimen, todavía no se ha emitido ninguna condena al respecto en la justicia colombiana.
Cepeda Vargas, quien fue consejero de redacción del semanario "Voz", en el que publicó una columna política, fue elegido como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994. Meses antes de su asesinato, el político se convirtió en el último senador electo de la UP, movimiento que, según la decisión de la Corte, experimentaba el exterminio de sus militantes, por ser considerado como "enemigo interno" en virtud de la doctrina de "seguridad nacional", lo que ponía a sus militantes en un nivel de mayor vulnerabilidad y aumentaba el riesgo a sus militantes.
Por los días de su elección, el político había denunciado un plan denominado ‘Golpe de Gracia’, con el que la extrema derecha en complicidad con miembros de la Fuerza Pública estaba exterminando a dirigentes de la UP y del Partido comunista Colombiano PCC, por lo que el dirigente solicitó medidas de seguridad para la protección de varios miembros de su partido político.
El 8 de agosto de 1994, un día antes de su asesinato, el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían asesinados. Su muerte se dio en medio de una situación de violencia sistemática contra los miembros de Unión Patriótica (UP), un movimiento político nacido de los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1984.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
A su magnicidio de Cepeda Vargas se sumó a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80.
El Paso a Paso del Caso Cepeda
El 16 de diciembre de 1993, las organizaciones Corporación Reiniciar, Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denuncian al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la persecución de miembros del partido político Unión Patriótica.
El 12 de marzo de 1997, la Comisión admitió llevar el caso sobre la presunta persecución y exterminio de militantes de la UP.
El 5 de marzo de 2005, las organizaciones denunciantes (El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la fundación "Manuel Cepeda Vargas") piden a la Comisión que finalice la búsqueda de una solución amistosa con el Estado sobre la denuncia acerca del exterminio de líderes y militantes de la UP, y que en lo respectivo al caso específico de Cepeda Vargas, se tramite una diligencia separada de los demás casos.
El 5 de diciembre de 2005, La Comisión decide adelantar un reclamo por la muerte del ex senador Manuel Cepeda.
El 14 de noviembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por el caso Manuel Cepeda.
"La Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial", y además solicito que la Corte ordene al Estado medidas de reparación.
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Sin embargo, después de que el Consejo hiciera pública su decisión, Iván Cepeda Castro, hijo del ex senador, decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidio de la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes de las víctimas el 3 de febrero de 2009.
Entre 26 y 27 de enero de 2010 se realizaron, en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica, la audiencia pública en la que las partes, la defensa y el Estado Colombiano, expusieron sus alegatos finales.
El 26 de mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, condenando al estado colombiano.
La Decisión de la Cidh
El año pasado, la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato del ex senador. Entre las consideraciones más importantes, el Tribunal ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. Además el Estado fue considerado como responsable en la falta de diligencia de la investigación, obstrucción de justicia y falta de reparación adecuada a favor de los familiares.
Según la decisión de la Cidh, el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un "patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP" y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluyó que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.
En la decisión también se concluyó que el Estado violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP y le ordenó darle a los familiares del Senador asesinado, seguridad y protección, ya que a pesar de que habían pasado casi 16 años desde su asesinato, varios miembros de la familia Cepeda estaban amenazados.
Según la Corte, el Estado colombiano además del reconocimiento público de su culpabilidad el Estado tendría que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda. También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
11 de agosto de 2011
10 de agosto de 2011
©verdad abierta
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