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paras dan ubicación de fosas


’Paras’ del Bloque Calima entregan ubicación de fosas comunes. Durante una versión libre colectiva, varios exintegrantes de las Auc que delinquieron en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, entregaron la ubicación en la que se encontrarían los restos de 21 víctimas.
Colombia. La Fiscalía 40 de Justicia y Paz reunió a 18 exparamilitares para que durante una semana de versiones libres enuncien ante el sistema de justicia transicional los crímenes que cometieron y los que conocieron durante su militancia en el antiguo Bloque Calima de las Auc.
De ese grupo de exparamilitares, sólo uno -alias ’Gavilán’- participó en la desmovilización del bloque en diciembre de 2004, y los restantes, que habían sido capturados antes de la entrega de armas, fueron postulados el año por medio del decreto 4719 de 2008.
La mayoría de las fosas que mencionaron los postulados se encuentran en el departamento de Cauca y las víctimas fueron desaparecidas entre los años 2000 y 2002. Del Valle del Cauca sólo dieron información de fosas ubicadas en diferentes corregimientos de Jamundí, municipio que limita con Cauca.
Otros postulados enunciaron las fosas que conocieron durante su paso por otros grupos paramilitares en diferentes departamentos del país. Alias ’El Gato’ contó la existencia de fosas en Putumayo y Huila, cada una con una víctima. Alias ’Bryan’ también dio información de fosas en Putumayo, en las que se encontrarían los restos de tres desaparecidos.
En la mayoría de los casos los postulados no dieron mucha información sobre las víctimas y los motivos por los que fueron asesinadas y sus restos ocultados. En algunos casos las señalaron como colaboradoras de las guerrillas o milicianos, y en otros dijeron que tuvieron que cumplir las órdenes de sus superiores y no conocieron los motivos.
Entre las fosas que mencionaron, anteriormente las autoridades ya habían encontrado cuatro y exhumado los restos de cinco víctimas. Entre ellos se encuentran los restos de un exjefe paramilitar conocido con el alias de ’JC’, quien fue asesinado por los propios paramilitares en agosto de 2000.
Luego de las verificaciones pertinentes y la recopilación de más información, la Subunidad de Exhumaciones de Justicia y Paz realizará jornadas para encontrar los restos de las personas que enunciaron los postulados en estos dos días.

Reclutamiento de Menores
Durante el primer día de audiencia, algunos postulados contaron que conocieron la existencia de varios menores de edad dentro de las filas del grupo paramilitar. Por ejemplo, en el sur de Cauca, entre los municipios de Mercaderes y Balboa, alias ’Pecho’ dijo que conoció a tres menores identificados con los alias de ’Johnson’, ’Rubén’ y ’Zarco’.
Otros contaron que fueron capturados junto con menores que también eran miembros del grupo paramilitar como ’Careniño’, ’Jhon Galil’, ’Paraguayo’ y ’Camarón’. Según lo contado, algunos de ellos fueron trasladados a centros de reclusión para menores y otros cumplieron los 18 años en prisión.
Además, alias ’Mamelo’, contó que fue enviado de Urabá al centro del Valle del Cauca cuando le faltaban cuatro meses para cumplir la mayoría de edad. "No dije nada porque eso era una aventura para mí", contestó el ahora postulado cuando le indagaron que por qué no dijo que era menor de edad.
Durante los próximos días los postulados contarán los crímenes que cometieron y de los que se enteraron, para que la Policía Judicial los documente, y en posteriores audiencias los confiesen ante los familiares de sus víctimas.
30 de junio de 2011
22 de junio de 2011
©verdad abierta

condenan a robert mendoza


Condenado por ‘parapolítica’ excongresista Robert Mendoza. El excongresista chocoano Robert Mendoza Ballesteros fue condenado a tres años de prisión por alianzas con el exjefe paramilitar alias ‘El Alemán’.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a tres años de prisión y a pagar una multa de 528 millones de pesos, después de que el político se acogió a sentencia anticipada.
Mendoza Ballesteros aceptó haberse aliado con Fredy Rendón Herrera alias ’El Alemán’, exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, para salir elegido en las elecciones de 2002 como representante a la Cámara por Chocó.
Según la Corte, antes de ser elegido como tercer renglón en la lista del exrepresentante Édgar Eulises Torres, también investigado por ‘parapolítica’, Mendoza se reunió con ‘El Alemán’ para que éste apoyara su inclusión en lista de Torres. Mendoza aseguró que Torres también tuvo alianzas con el grupo paramilitar que delinquió en el Urabá chocoano.
"Aún antes de que conforme a la voluntad regional, Robert Mendoza Ballesteros se uniera al movimiento político liderado por el congresista Édgar Eulises Torres en el tercer renglón de la lista a la Cámara de Representantes, Fredy Rendón Herrera alias " El Alemán", jefe de las autodefensas del Bloque Élmer Cárdenas, convocó a los principales artífices de ese movimiento regional para trazar pautas de ’ética política’ conforme a la particular visión de una organización que, según su dicho, propició y garantizó la elección regional de Robert Mendoza Ballesteros y su inclusión en la lista del congresista Édgar Eulises Torres, también según él, aliado de las autodefensas", señaló la Corte en la sentencia.
El excongresista fue elegido como tercer renglón de la lista de Torres a la Cámara, luego de varias asambleas realizadas por dirigentes políticos chocoanos en municipios con fuerte influencia paramilitar como Acandí, Ungía y Riosucio.
En la decisión, el Alto Tribunal inhabitó al excongresista para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de su condena.

Un Proceso Corto
Robert Mendoza fue detenido en mayo de 2011 en Medellín. Entre las pruebas en su contra está una declaración de ’El Alemán’ en la que el paramilitar aseguró que Mendoza tenía conocimiento sobre los ofrecimientos que Torres presuntamente realizó a testigos llamados a declarar ante la Corte.
"Usted tenía que haber dicho la verdad; como no dijo la verdad, Robert, no hay problema; yo lo único que le digo, Robert, ya usted dio su declaración y la Corte la analizará. Lo único que yo le pido, Robert, es que no me llame los muchachos para que Édgar Eulises Torres les dé dinero", señaló el exjefe paramilitar durante una de las audiencias.
Al comienzo del juicio, Mendoza rechazó las acusaciones de ‘El Alemán’ en su contra. Sin embargo, durante una de las audiencias que se realizó en el juicio por ‘parapolítica’ contra Ulises Torres y Odín Sánchez, Mendoza admitió haber coincidido en reuniones con paramilitares.
En esa oportunidad, Mendoza, en calidad de testigo, aceptó que estuvo presente en una reunión convocada por ‘El Alemán’ celebrada en Necoclí. En ese momento, relató Mendoza, el exjefe paramilitar convocó a los políticos del departamento para hablar de las necesidades de la región y para pedirles que cambiaran la forma de hacer política en la zona.
Según Mendoza, con posterioridad a este hecho, visitó a ‘El Alemán’ en la cárcel de Itagüí en cuatro oportunidades. Las reuniones se desarrollaron, según el testigo, por iniciativa del exparamilitar quien lo llamó a su celular previamente para hacerle cada una de las invitaciones.
En esas reuniones, según contó Mendoza, hablaron sobre las declaraciones hechas por ‘El Alemán’ ante la justicia en las que había salpicado a un gran número de políticos de la región. De igual forma, se refirieron a las declaraciones que el propio Mendoza haría días después ante la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso contra Sánchez y Torres.
El 30 de mayo, durante la audiencia de formulación de cargos, Mendoza se declaró culpable de delito de concierto para delinquir agravado, admitiendo que hizo un pacto con paramilitares al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
Robert Mendoza fue tercero en la lista del exrepresentante Édgar Torres en 2002 y reemplazo de él en el Congreso en 2005.
30 de junio de 2011
29 de junio de 2011
©verdad abierta

nueva ley favorece a paramilitares


Polémica ley suspende penas a paramilitares desmovilizados en Colombia. [La foto muestra a una víctima mutilada por un escuadrón paramilitar.]
Colombia. Unos 25.000 paramilitares desmovilizados en Colombia entre 2003 y 2006 quedaron amparados por una ley que entró en vigor el miércoles y suspendió la ejecución de penas para crímenes distintos a los de lesa humanidad, norma demandada ante la Corte por ONG de derechos humanos.
La ley, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista con el reglamento que sancionó el presidente Juan Manuel Santos la noche del martes en busca de garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.
Unos 32.000 integrantes de los grupos paramilitares de extrema derecha que durante años combatieron a las guerillas izquierdistas de Colombia se desmovilizaron en un proceso de paz con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Ese proceso se normó con la Ley de Justicia y Paz, que otorgó beneficios procesales a los jefes paramilitares que confesaran sus crímenes atroces contra la población civil y accedieran a reparar a sus víctimas. A cambio, pagarían penas máximas de ocho años de prisión.
Según el gobierno de Santos, la nueva ley conocida como 1424 o Ley de desmovilizados busca cubrir el vacío existente por la de Juticia y Paz, que dejaba en "un limbo jurídico" al grueso de los exparamilitares que aún habiendo delinquido no habían cometido delitos de lesa humanidad.
Pero grupos de defensa de los derechos humanos criticaron esa norma y la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas la demandó ante la Corte Constitucional, por considerar que viola el derecho de las víctimas a la verdad y reparación.
"Esta ley significa la negación del derecho a la verdad. Establece que personas que no fueron sometidas a ningún proceso judicial se puedan beneficiar de la suspensión de ejecución de pena si no tienen delitos de lesa humanidad y narran la verdad de los hechos", refirió a la AFP Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
"El detalle de la ley es que esas revelaciones se harán ante la Comisión de Memoria Histórica y no podrán usarse en procedimientos judiciales. Eso viola el derecho a la verdad y a la reparación. Es en realidad un indulto de facto o un indulto encubierto", opinó Gallón.
Además, para este jurista, la Ley de desmovilizados, de la que también pueden beneficiarse guerrilleros que hayan dejado las armas, es "contradictoria con la de reparación de víctimas y restitución de tierras" que el presidente Santos promulgó el pasado 10 de junio en presencia el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que busca cobijar a unas 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
Sin embargo, el alto comisionado para la reintegración, Alejandro Eder, rechazó que la ley 1424 pretenda otorgar indultos a los desmovilizados e insistió en que si estos incumplen con las condiciones fijadas por esa norma "se les levantará la suspensión de la pena".
"Los desmovilizados deberán suscribir un acuerdo para la contribución a la verdad histórica y a la reparación", aseveró.
Según el gobierno, la exigencia de confesión de crímenes "busca proteger el derecho que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformación de grupos organizados al margen de la ley, además de evitar la repetición de hechos violentos".
A través de los testimonios de los jefes paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010.
Sin embargo, hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme, confirmada el 27 de abril por la Corte Suprema, sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuján.
30 de junio de 2011
29 de junio de 2011
©radio bíobío

condena por soacha se hace esperar


Falsos positivos’ de Soacha: continúa la espera por la primera condena. Faltaba poco para dar inicio al que se esperaba fuera el último capítulo de uno de los dolorosos casos de ejecuciones extrajudiciales de Soacha, cuando las víctimas se enteraron de un nuevo aplazamiento. ¿Hasta cuándo?
Colombia. Kelly Ruíz y Ana Páez esperaban que este fuera su último viaje a Bucaramanga. Desde hace casi tres años han tenido que ir desde Bogotá hasta la capital santandereana muchas veces. Casi diez. Siempre cargando un pendón que lleva estampada la foto y el nombre de Daniel Andrés Pesca y Eduardo Garzón.
Daniel era el esposo de Nelly y Eduardo, el hijo de Ana. Ambos fueron asesinados y presentados como guerrilleros en combate y los dos hacen parte de los casos de los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha (Cundinamarca). El hecho, por el que la justicia halló responsables a ocho militares, iba a llegar a su capítulo final este martes, cuando se esperaba que el juzgado tercero penal especializado de Bucaramanga diera a conocer la condena para los uniformados.
Esto, luego de que un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en 27 sesiones de juicio oral, presentara testimonios, análisis de llamadas y estudios de técnica balística que demostraron la responsabilidad de los uniformados. Pero no fue así. Sobre las 2:00 de la tarde la audiencia fue aplazada. La razón: un cambio en la defensa de uno de los imputados.
La esposa y la mamá de estos dos jóvenes, que fueron reportados el 5 de marzo del 2008 como muertos en combate en la vereda El Brasil, municipio de Cimitarra (Santander), habían viajado desde el sábado anterior de Bogotá hasta Bucaramanga, en donde ha transcurrido todo el proceso. Ellas no viajaron solas. Lo hicieron acompañadas por otras de las llamadas ‘madres de Soacha’ y por varias organizaciones de derechos humanos que se movilizaron hasta allá para apoyarlas.
Pero el viaje se perdió. La audiencia de individualización de pena quedó en suspenso hasta el próximo 15 de julio. Mientras tanto, los condenados permanecerán en la Quinta Brigada en Bucaramanga y las familias que habían llegado hasta allí se alistan para regresar a Bogotá, con la desilusión de no poder haber dado punto final a esta espera, en la que llevan casi tres años y que cada vez se hace más dura.
Beatriz Sánchez, representante de la familia de Eduardo Garzón, manifestó a Semana.com su inconformismo por la decisión de aplazar la audiencia a última hora. "Es una falta de respeto a las víctimas. Nosotros vinimos desde Bogotá a esta audiencia y diez minutos antes de que empiece la aplazan. Consideramos como reprochable que el defensor informe que necesita más tiempo para conocer el caso, cuando desde el 3 de julio se conocía el sentido del fallo".
La abogada aseguró además no entender "la intención de pedir aplazamiento a última hora porque ellos están condenados. Las familias están muy tristes, ellas quieren terminar este proceso porque es una espera muy larga. Ellas sueñan con que se haga justicia".
 
Los Responsables
Daniel Andrés Pesca y Eduardo Garzón habían sido reportados como guerrilleros muertos en combate, pero a lo largo de la investigación la Fiscalía obtuvo los elementos materiales probatorios suficientes para desestimar la ocurrencia de un enfrentamiento entre las tropas regulares y los supuestos miembros de grupos armados ilegales.
Por eso, el juez al sopesar los elementos materiales probatorios dados a conocer por la Fiscalía, encontró méritos suficientes para declarar culpables al coronel (r.) Wilson Javier Castro Pinto, comandante del Batallón Caldas, por homicidio agravado, desaparición forzada agravada y peculado por apropiación.
Al teniente (r.) Edward Antonio Villany Realpe, por estos mismos punibles.
A Jesús Eduardo Niampira, sargento viceprimero (r.), y Guillermo Pacheco Anzola, soldado profesional (r.), por homicidio agravado, desaparición forzada agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Y a los soldados profesionales (todos retirados) Germán Augusto Oliveros Tabares, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabares y Benancio Puentes Guapacha por homicidio agravado y desaparición forzada agravada.
El fiscal del caso solicitó al juzgador imponer a los condenados la máxima pena contemplada en el sistema penal acusatorio que es de 60 años, pero solo hasta el 15 de julio se sabrá la decisión.
Dos historias detrás de la primera condena en los casos de Soacha

Daniel Andrés Pesca, el Esposo
La historia la cuenta Kelly Ruíz, su esposa. "Mi esposo salió un día a trabajar y no regresó. Él tenía 27 años, yo 23. Teníamos una familia muy bonita, dos hijos: Alison Dayana y Santiago. Él se desapareció el 4 de marzo del 2008 y seis meses después nos enteramos de que había sido reportado como guerrillero muerto en combate en Cimitarra (Santander)".
Daniel fue reportado como desaparecido, pero su familia descubrió, por un informe de Medicina Legal, que había sido reportado como muerto en combate. Desde entonces ella empezó su lucha por demostrar que su esposo no era guerrillero, que era un taxista, su esposo y padre de dos niños.
"Desde ese momento nos unimos a las madres de Soacha, entre todas denunciamos el hecho con la ayuda de la Personería de Soacha (Cundinamarca). Fue entonces cuando supe qué era una ejecución extrajudicial y cuando tuve que explicárselo a mis hijos. No fue fácil", dice Kelly.
Kelly le puso el pecho a la situación. Ha acudido a todas las audiencias. Desde la primera que se hizo en Cimitarra hasta las otras tantas que se han hecho en Bucaramanga. Desempleada y con el dolor de haber perdido a su esposo, Kelly ha cargado con el pendón que lleva la foto y el nombre de su cónyuge, y con la penosa tarea de repetir y repetir la historia. Todo para que no se olvide. Todo para que se haga justicia.
"Llevamos tres años en audiencias, viajando casi diez horas cada vez que hay una, aguantando que la defensa de los uniformados aplacen y aplacen las diligencias. Para nosotros es muy difícil saber esto de hoy (martes), que se aplaza la lectura del fallo final. Nos toca devolvernos, pero volveré. Por más de que se postergue esto, siempre estaré ahí hasta ver que se hizo justicia".
A Kelly sus hijos siempre la han acompañado. Ellos le ayudan a cargar el pendón o las carpetas con la documentación que ella ha recogido del proceso de su Daniel. "Me interesa que ellos sepan todo. Que ellos sepan sobre todo que su papá no fue un guerrillero y que es inocente".

Eduardo Garzón, el Hijo
La historia la cuenta Ana Páez, su mamá. "A mi hijo yo le decía mi perro, pero no por nada malo, sino porque no me dejaba sola para nada. Me acompañaba a lo que fuera, me apoyaba en lo que necesitaba. Trabajaba conmigo también".
Eduardo tenía 32 años cuando desapareció. "Él vivía con la esposa. Tenía tres hijos y trabajaba conmigo en el casino dentro de las instalaciones de la Policía de seguridad vial. Era un muchacho del que nunca tuve queja, al que conocía tan bien, que por eso no descansaré hasta que se demuestre su inocencia".
Eduardo apareció, igual que Daniel, como muerto en combate en Santander. Desde entonces Ana no ha parado de sufrir. "Una madre qué puede hacer, sabiendo quién era mi hijo, cómo no voy a luchar y protestar hasta que se sepa que es inocente y además quién fue el que estuvo detrás de todo. Es cierto que ya hay condenados, pero sé que falta el resto. Y solo cuando se conozca todo, sentiré que se habrá hecho justicia".
29 de junio de 2011
28 de junio de 2011
©semana

diego vecino culpa a sucre


El ex jefe paramilitar Edward Cobos Tellez contó con crudeza cómo, con la anuencia de políticos tradicionales, impusieron sus fichas en Sucre, desde los alcaldes hasta el gobernador. Algunos ocupan cargos públicos aún hoy.
Colombia. A finales de septiembre de 2000 el jefe paramilitar Carlos Castaño, alias ‘Alex’, mandó a llamar a varios de los lugartenientes de las autodefensas a una reunión en la finca ‘La Siete’. Allí les dio la orden de secuestrar a un grupo de congresistas para después enviar con ellos un mensaje de oposición a la propuesta de despejar una extensa zona del Magdalena Medio para sostener allí un diálogo con la guerrilla.
Castaño quería hacerle saber al presidente Pastrana que estaban en desacuerdo con el despeje de El Caguán para los diálogos de paz, y no permitirían que hubiese despeje tampoco en la ribera del río Magadalena donde confluyen Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar, Sucre y Magdalena.
A la reunión con Castaño asistieron Eduard Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’, jefe del recién constituido Bloque Montes de María; Salvatore Mancuso, miembro del estado mayor de esa organización irregular y jefe del frente Sinú y Sabanas y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’del Bloque Norte. Según ‘Vecino’, Castaño les dijo: ‘El país no quiere el despeje y eso no lo vamos a permitir. Necesito que me traigan unos congresistas, pero me responden por su integridad. No quiero que en la retención se cree una confusión y eso termine en desgracia’. Cada uno debía llevarle mínimo un parlamentario.
En su versión rendida en mayo de 2011 ante el Fiscal 10 de Justicia y Paz, Vicente Guzmán, Cobos sostuvo que Castaño pensaba soltarlos el día de las elecciones regionales de ese año. Quería un hecho bien planificado, no quería un fracaso. "Yo estaba preocupado, porque como el comandante ‘Cadena’ era muy impulsivo, podía haber resistencia de parte de la escolta de los políticos", dijo Cobos. "Llamé a ‘Cadena’ y le dije: ‘Mijo, yo no sé cómo ira usted a hacer, cuando me tenga el encargo yo voy a recogerlo en uno de los helicópteros de Mancuso’".
Así, en una operación tipo comando, en una zona de Valencia retuvieron al entonces senador Juan Manuel López Cabrales y a un concejal de Montería de apellido Silgado que lo acompañaba. Esa era la cuota de Castaño. Por su parte Salvatore Mancuso le puso una cita a la representante Zulema Jattin, quien llegó en compañía de su padre José Francisco Jattin (quien ya murió), fue retenida y enviada a un campamento.
Cuando se la llevaban, relataba uno de los escoltas de Mancuso, el padre de la parlamentaria la emprendió a patadas contra el carro de Mancuso. En el Magdalena, ‘Jorge 40’ retuvo a Miguel Pinedo, quien fue trasladado a otro de los campamentos de Castaño.
"El día que teníamos acordado –dijo Cobos en la audiencia— alias ‘Cadena’ me mandó un mensaje con ‘Popeye’ dándome las coordenadas y diciéndome que ya tenía el encargo: ‘Visítame temprano’. A las cinco de la mañana tomé un helicóptero en Tierralta piloteado por alias ´Torito’ y en una finca entre Toluviejo y San Antonio de Palmitos, fue el lugar acordado para recoger el encargo. Cuando llegué, ‘Cadena’, me dijo: espéreme un momento, ya vengo. Pasaron dos horas y se apareció con el senador Antonio Guerra De la Espriella y los representantes a la cámara Aníbal Monterrosa y Felipe Villegas, y el empresario Víctor Guerra De la Espriella (primo hermano doble del senador). Antonio Guerra estaba ofuscado, Villegas estaba nervioso y Monterrosa estaba tan tranquilo que preguntaba si para dónde iban había gallera".
Cuando llegaron los recibió Castaño y les dijo que estuvieran tranquilos que no les iba a pasar nada, que él quería enviar un mensaje al gobierno y le dijo a Cobos: "‘Vecino’, se puede ir, pero no se me vaya muy lejos". Cobos se fue a uno de los campamentos de Mancuso en Tierralta. Después del episodio del secuestro, Cobos le preguntó a ‘Cadena’ por qué se había demorado tanto.
A lo que ‘Cadena’ le respondió "que eso era secreto de Estado, que los había sacado de su casa". Después, sin embargo, le aclaró que él había ordenado una reunión política en San Antonio de Palmitos y la gente de Palmitos les mandó el mensaje a los parlamentarios. Y camino a la reunión en una zona controlada por las autodefensas, donde se iban a presentar los candidatos a la alcaldía de Palmitos José Andrés Meza de los Ríos, y de San Onofre, Sabas Balseiro, ‘Cadena’ montó un operativo y los retuvo.
‘Vecino’ dice no recordar cómo fueron las liberaciones de los parlamentarios, pero ese hecho generó una gran presión sobre el grupo armado, pues era un golpe al Estado. Unos fueron liberados en el sur de Bolívar, hacia la zona de Tiquisio y otros en Córdoba y Antioquia, hacia el Nudo de Paramillo. Los recibió la Cruz Roja.
La oposición al posible despeje en el Magdalena Medio no se expresó solamente con la retención.
Otros jefes hicieron sentir su desaprobación, sobre todo los del Magdalena Medio, como alias ‘Botalón’, de Ramón Isaza, Ernesto Báez, alias ‘Iván Roberto Duque’, ‘Juancho Prada’ y movilizaron a su gente en La Dorada, Puerto Triunfo y Aguachica, entre otros municipios. El movimiento ‘No al Despeje’ en el Sur de Bolívar tenía también el respaldo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todo el Magdalena Medio cerró filas. "Los jefes de los distintos bloques y frentes teníamos conocimiento de esto y yo, que era el jefe político del bloque Montes de María, me moría por ser el jefe político en esas zonas y salir a las plazas a echar discursos", dijo Cobos a la Fiscalía.
En su versión, ‘Vecino’ confirmó que hace pocas semanas fue citado como testigo en un proceso donde la Corte Suprema investiga al senador Antonio Guerra De la Espriella. También dijo que la Corte está intentando localizar a Samir Cañas, quien fue un cercano colaborador político de Cadena.  Como los jefes políticos de Sucre, Whiler Cobo y Humberto Frasser fueron asesinados se perdió con ellos buena parte de la información de los vínculos del grupo armado con los políticos. También está desaparecido alias Piter, el jefe político del frente Canal del Dique. Samir Cañas, explicó Cobos Tellez, fue un dirigente político.  

La Importancia de Tolú
Aunque fue San Onofre donde se sembró la primera semilla de lo que ‘Vecino’ denominó el Proyecto Político y Social, desarrollado parcialmente a partir de 1999, el municipio más importante para los paramilitares era Tolú por el dinero que aportaba al grupo, siendo este municipio receptor de regalías petroleras porque allí queda el puerto a donde desemboca un oleoducto. Según Cobos, en esa época, entre fines de 1998 y comienzos de 1999, ya alias ‘Cadena’, tenía presencia en San Antonio de Palmitos y en San Onofre. Había sido líder en la Convivir que lideraba Javier Piedrahita, un ganadero de la región, y guía del ejército. "‘Cadena me dijo que por qué no apoyábamos para las elecciones de 2000 al coronel retirado López, quien se enfrentaría a Alfredo Navas Patrón. Al coronel López lo apoyaban los concejales Jacob Silgado y Nivaldo Pérez", dijo Cobos.
"Cuando López no ganó –dijo Cobos— comenzamos a buscar a través del Whiler Cobo y de Humberto Frasser un acercamiento con el alcalde elegido, Alfredo Navas Patrón. A finales de enero de 2001 sostuvimos una reunión en Rincón del Mar, a la que asistieron los concejales Jacob Silgado, Nivaldo Pérez, Alfredo Navarro y Álvaro Cumplido. No asistió Rafael García Garay, quien después sería alcalde del municipio de Coveñas. Queríamos con esa reunión un consenso y que el Alcalde tuviera el respaldo mayoritario del Concejo, y a cambio, conseguir que el alcalde Navas le diera el apoyo a nuestro proyecto político. Y se dio una estrecha relación con el Alcalde y el Concejo. ‘Cadena’ le decía al alcalde comandante ‘Totumo’".
Cobos le reiteró al fiscal de Justicia y Paz que la alcaldía de Tolú era la más apetecida por las regalías. Era un municipio rico en plata, pero pobre en todo: no tenía vías, no tenía escuelas, no tenía alcantarillado, no tenía agua y había sido siempre la caja mayor de la dirigencia política del departamento. Explicó que "durante los años 90 el alcalde liberal Tulio Villalobos controlaba el municipio y las autodefensas tenían información que él era colaborador del Eln y del frente 37 de las Farc. Había que arrebatárselos".
Como las autodefensas decidieron, sin fórmula de juicio, que Villalobos era amigo de la guerrilla, tomaron la decisión de asesinarlo.  En ese entonces los comandantes en la zona eran ‘HH’ y ‘El Negro Ricardo’, un desmovilizado del Epl. Dijo Cobos que "la orden de Vicente (Castaño) fue asesinar a Villalobos y secuestrar al ingeniero Rudolf Paffen, que tenía la mayoría de contratos con el municipio por valor de 10.000 millones de pesos. A Paffen lo llevaron a una finca en los Montes de María y después a Urabá, donde después de varios días fue obligado a firmar las cesiones de los contratos a favor de su esposa y su hija. Luego lo mataron y lo desaparecieron".
A la esposa de Paffen, cada vez que se sabía que había un cheque a favor de las cuentas de su esposo, ‘El negro Ricardo’ la recogía, la llevaba hasta Tolú, cobraba el cheque en tesorería, iba al banco a cobrarlo y el dinero se lo llevaba un comando paramilitar que lo entregaba a Vicente Castaño. La única que podía cobrar los cheques era la viuda y la información la sabían el tesorero y el pagador, quienes estaban encargados de avisar a las autodefensas para que fueran a cobrarlo.
Controlados Tolú y San Onofre, las AUC sintieron había que extender el proyecto político al resto de los municipios del Golfo de Morrosquillo, las Sabanas de Sucre  y los Montes de María. En Toluviejo salió elegido para el periodo 2001 – 2003, Fredy Acosta. Dijo Cobos que los paramilitares lo abordaron y establecieron una relación  través de los concejales el Chamo Ávila, el indígena Luis Manuel, Lewis Samur y Miguel Carrascal, que después fue elegido para el periodo 2004 – 2007 con la mayor votación. "En este municipio mejoramos vías que eran útiles para el avance de la guerra", dijo.
En San Onofre, después de la elección de Sabas Balseiro, dijo Cobos "apoyamos a Jorge Blanco para el periodo 2004 – 2007. Le decíamos a la gente que él estaba cumpliendo porque nosotros lo presionábamos".
En Tolú se les presentó un problema, porque al alcalde Alfredo Navas le abrieron un proceso y lo destituyeron. "El gobernador Arana tenía que nombrar un alcalde encargado. Entonces para que la familia Navas Patrón, dueña de un hotel en el pueblo, siguiera con el control de la Alcaldía y nos cumpliera los compromisos, respaldamos la terna enviada por el Partido Liberal, en la que iba incluido un mesero del Hotel Alcira de los Navas y le hicimos saber al gobernador Arana que ese era nuestro candidato y fue nombrado como alcalde un mesero. La gente hoy se rasga las vestiduras señor fiscal, pero en Sucre la gente no puede decir que fueron víctimas de las autodefensas, fueron timoratos e irresponsables porque pactaron con esta organización".
Así como en los anteriores municipios, los paramilitares también apoyaron la elección de alcaldes en San Antonio de Palmitos, donde eligieron a Graicy Díaz Guevara; en Corozal a Mario Carrascal Prasca y Pedro Mulet; en Colosó a Manuel David Ruiz Marrios; en Sampués a Rafael Tous Blanco; en Sincé a Oliverio Oliver y en Coveñas, a Rafael García Garay, todos para el periodo 2004-2007. En Sucre, dijo ‘Vecino’, fueron permeados todos los estamentos.
También influyeron en la campaña de 2003 para elegir diputados a la Asamblea Departamental para el período 2004-2007. El proyecto político buscaba copar todos los espacios de elección popular. "Para la Asamblea escogimos a Nelson Stamp, un abogado de San Onofre, que se dedicaba a la defensa de los paramilitares de ‘Cadena’ que caían presos", dijo ‘Vecino’. "Stamp era un hombre de tanta confianza de ‘Cadena’, que eran compadres, era padrino de uno de sus hijos. El primer aval fue para él y ‘Cadena’ quería que toda la votación fuera para Stamp, pero le hicimos ver que había que repartirla. Entonces apoyamos también a Walberto Estrada, propuesto por Whiler Cobo, el comisario político del bloque. Era de origen indígena, de  la zona del resguardo de San Andrés de Sotavento, de donde también era Cobo y fue avalado por el Movimiento Cívico Indígena".
Cobos también contó que hubo un tercer candidato que ya era diputado, a quien apoyaron a pesar de que ´Cadena’ no quería porque la zona de influencia era San Onofre, donde él pensaba colocar toda la votación a favor de Stamp. El diputado era Edgar Benito Revollo, el hermano de la representante por Sucre Muriel Benito Revollo.
 "Le dije a ‘Cadena’ – dijo Cobos— haciendo uso de mi atribución como jefe político del grupo, que si no quería votar por Benito Revollo que no lo hiciera, pero que no le impidiera hacer su trabajo político, que no le declarara la guerra. Benito había sido presidente del directorio conservador y actualmente es alcalde de San Onofre. Así fue, ‘Cadena’ encaminó todo su esfuerzo para votar por Stamp y por Estrada y el primero sacó la mayor votación y fue presidente de la Asamblea en el primer año de sesiones".
Vecino además aseveró que la relación entre Muriel y ‘Cadena’ para el 2003 estaba rota, porque él quería que Muriel  asistiera a todas las reuniones que él organizaba y ella, por sus funciones como congresista,  no podía. "La intervención mía a favor de Benito era para que ‘Cadena’ no le cerrara los espacios, aunque no lo apoyamos económicamente", dijo ‘Vecino’, en su versión a la Fiscalía.
Pero cuando se instaló el periodo de la Asamblea, Cobos aseguró que hicieron un trato con la mayoría de diputados, para conformar una coalición mayoritaria. Tenían a dos elegidos y a un tercero, Edgar Benito Revollo. Pero Whiler Cobos comenzó a hablar con todos los demás para controlar la mayoría en la Asamblea. Así – dijo Cobos —se sumaron a la coalición Ángel Villarreal, Jhony Villa Uparela, Jacir Farah, Carlos Fajardo Cardozo, Jesús Barrios y María Victoria Muskus. "Queríamos tener una sola voz en la Asamblea y así controlar al Gobernador", explicó. "Algunos dirán hoy que no se sentaron conmigo, pero se sentaron con mis hombres. Y debo decirle señor fiscal, que mis hombres no sólo me representaban para los vejámenes y abusos".
Conformada la coalición, buscaron que su mayoría eligiera contralor departamental. La congresista Muriel Benito Revollo propuso el nombre de Rafael González Guerrero, pero el senador sucreño, Álvaro, ‘El Gordo’ García, tenía otro candidato y la mayoría le respondía a él.  "Entonces de dimos a ‘El Gordo’ de su propia medicina: concentramos a los diputados de la coalición en una reunión en el apartamento de ‘Cadena’ antes de la reunión de la Asamblea, de manera que sólo salieran a votar", dijo Cobos. "Esa reunión fue comprometiendo burocracia y se hizo un pacto con los de la coalición mayoritaria. González salió elegido".
Como tenían doce alcaldías, Cobos aseguró que las autodefensas fueron determinantes en la elección del gobernador Jorge Anaya Hernández. "Yo impartí el aval para que fuera el candidato –dice ‘Vecino’— pero inicialmente quería apoyar al otro candidato, Edgar Martínez, que había sido el primer gobernador por elección popular. Pero como todo estaba acordado, no quise romper la armonía y me incliné por Anaya Hernández quien resultó elegido. Para su elección hubo acuerdos previos. Una de las reuniones fue en Rincón del Mar, en la cabaña del alcalde de San Onofre, Luis Soleimán.
Para entonces los dirigentes políticos de los pueblos comenzaron a darse cuenta que era mejor para ellos hacer acuerdos o aliarse con los del camuflado, que con los jefes políticos tradicionales. Eso produjo los hechos más delicados y yo me hice el de la vista gorda porque andaba concentrado en el proceso de paz y dejé el departamento en manos de ‘Cadena’ y de Whiler Cobo".
De ahí que, concluye ‘Vecino’, la burocracia departamental quedara en manos de ellos. "Por ejemplo, en la Secretaría de Educación departamental fue nombrado Oswaldo Ayala Bertel, cuñado de ´Cadena’; en la Lotería de la Sabana, fue nombrado Gerardo Guerra, amigo de Whiler Cobo;  y el asesor jurídico, Javier Buelvas, fueron algunos de los nombramientos que eran cuotas de algunos diputados, pero fueron acordados y compartidos con la organización", dijo.
Según Cobos, alias ‘Vecino’, en el gabinete municipal de Sincelejo nombraron a otros recomendados del grupo armado. Y dio como ejemplos, que en la dirección de tránsito municipal, nombraron a Leonardo Oliveros Mancilla como director en remplazo de Nicolás Sierra, que pasó a un cargo en la Universidad de Sucre, en representación del bloque; en la Secretaría de Hacienda, a Nelson Urzola; en la secretaría de Infraestructura a Octavio Jatib, actualmente es el gerente del Plan Departamental de Aguas; en el Inder a Cesar Cárdenas Almario, esa secretaría era de Edgar Benito Revollo y se la respetaron y en Carsucre a Carmen Velandia, esposa de Eduard Ayala Bertel, otro cuñado de ‘Cadena’.
Pero las relaciones entre ‘Cadena’ y sus aliados, los jefes políticos del bloque, Whiler Cobo y Humberto Frasser, comenzaron a deteriorarse. ‘Vecino’ sostuvo ante el fiscal que esto se debió a que las cuentas no cuadraban, pues el dinero no había entrado a la contabilidad del grupo sino en cuentas personales.
"Cuando eso pasó, ‘Cadena’ me invitó a un almuerzo a la finca ‘El palo de mango’", contó ‘Vecino’.
"Cadena tenía retenido al gerente de Coopsabanas, que era la cooperativa a través de la cual se manejaban todos los contratos con los municipios donde la organización tenía control. Cuando llegué a la finca, saludé y vi a Frasser por allá apartado, asustado. Cadena había llevado a un notario para quitarle la firma de la representación de Coopsabanas y había otras personas exponiendo el desfalco de la cooperativa. Ahí estaban ´Peluca’ y ‘El Moña’, que pueden confirmarlo. Cuando ‘Cadena’ me dijo lo que estaba ocurriendo, y que si Cobo y Frasser no le pagaban él los mataba, le dije que los problemas de plata se resolvían con dinero. Él pensaba matar a Humberto Frasser y a Whiler Cobo porque decía que esa plata no se iba a perder".
Cobos explicó que él le dijo a ‘Cadena’, que Frasser y Cobo se habían dejado seducir por los dirigentes políticos y habían convertido los recursos de los municipios en un festín del cual las autodefensas no se beneficiaron. "Cuadre su tema, le dije, pero el día de la desmovilización espero ver a Cobo y a Frasser", dijo ‘Vecino’. Pero no sucedió así. Cobo se fue para Barranquilla y lo mataron en 2005. Frasser, para Medellín y fue asesinado en agosto de 2006, fecha para la cual estaba trabajando con Edgar Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’. "Las propiedades y bienes que tenían se los recogieron", dijo ‘Vecino’.
Luego, ‘Vecino’, contó que una vez en San Pablo, en medio de la desmovilización, el ex gobernador de Bolívar Luis Daniel Vargas le presentó a alias ‘Piter’, Pedro López Redondo, el jefe político del Frente Canal del Dique. Le dijo que iba a ser la fórmula de Cámara de Vargas, quien iba a aspirar al Senado en las elecciones de marzo de 2006. "Le dije a Piter: ‘Vea mijo, desmovilícese primero y después hablamos de política´", dijo Cobos.
Alias ‘Diego Vecino’ terminó su audiencia con esta conclusión: "Fue tanta la penetración de la organización en la vida cotidiana de Sucre, señor fiscal, que llegamos a pensar que podíamos, incluso a través de un hecho repudiable, adentrarnos más en las relaciones con la dirigencia política. Fuimos ciegos o nos hicimos los ciegos. Pero la sociedad y sus dirigentes no tuvieron el coraje y la responsabilidad para reprochar nuestras actuaciones; se postraron, los mandatarios se doblegaron por conveniencia, temor o cobardía, cuando su deber era denunciar y repudiar los hechos que estaban ocurriendo".
29 de junio de 2011
28 de junio de 2011
©verdad abierta

asesinó a 43 personas


Detención a paramilitar por desaparición de 43 personas. Un paramilitar conocido con el alias de ’Sapo Armado’ fue asegurado con detención por la desaparición de 43 personas en Turbo en 1990.
Colombia. Como uno de los presuntos responsables de la desaparición de 43 personas del corregimiento Pueblo Bello, municipio de Turbo (Antioquia), un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, detención sin beneficio de excarcelación, en contra de Edilso Antonio Cardona Ramírez, alias ‘Sapo Armado’.
Información recaudada por la Fiscalía permitió establecer que la noche del 14 de enero de 1990 un grupo ilegal armado llegó hasta el citado corregimiento, y lista en mano se llevó a ese número de pobladores en camiones hasta la finca Las Tangas, de propiedad de la familia Castaño Gil, ubicada en el municipio de Valencia (Córdoba). Años después, seis de las víctimas fueron exhumadas en el citado predio, la suerte de las 37 restantes se desconoce.
Cardona Ramírez, preso en la cárcel nacional Bellavista, fue asegurado por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo y secuestro simple agravado.
Por tales hechos y los mismos delitos ya fueron condenados a 30 años de prisión: Manuel Arturo Salom Rueda, alias ‘William’, ex escolta de Fidel Castaño Gil, y Jesús Aníbal García Hoyos, alias ‘Marlon’, quien fue instructor militar de las autodefensas. Ambos están confinados en cárceles de Antioquia.
29 de junio de 2011
24 de junio de 2011
©fiscalía

©verdad abierta

garzón se reúne con paramilitares presos


Garzón se reúne en Colombia jefes paramilitares presos.
Bogotá, Colombia. El juez español Baltasar Garzón se reunió el viernes con jefes paramilitares presos, en el marco de su labor como asesor de una misión de la OEA que apoya procesos de paz en Colombia.
La reunión se dio en la prisión de Itagui, cerca a la ciudad de Medellín, a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, informó Alexis del Pozo, de la oficina de prensa de la OEA.
No se informó con cuáles de los ex jefes paramilitares se realizó el encuentro, aunque el diario El Tiempo indicó que la cita era con narcoparamilitares como Rodrigo Pérez, alias ‘Julián Bolívar’ y Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, entre otros.
Garzón, conocido internacionalmente por haber ordenado en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, comenzó en mayo y por un año su trabajo como asesor de la llamada Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia, que funciona desde el 2004 por un convenio entre el gobierno y el organismo hemisférico para la verificación y el monitoreo de acuerdos y el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia.
Garzón, cuyo asesoramiento surgió a pedido del presidente Juan Manuel Santos, está dedicado principalmente a trabajar en el tema de posibles reformas a la llamada ley de Justicia y Paz, por la cual a inicios de década se desmovilizaron paramilitares colombianos a quienes se ofreció penas de hasta ocho años de cárcel a cambio de que confesaran todos sus crímenes y entregaran sus bienes mal habidos.
Grupos no gubernamentales de Colombia y funcionarios de la propia Fiscalía General han resaltado las dificultades del proceso de Justicia y Paz, desde denuncias de que algunos de los desmovilizados no eran tales, sino ladronzuelos e indigentes, hasta la escasez de fiscales para llevar los proceso, menos de un centenar.
28 de junio de 2011
©publimetro

santos se responsabiliza de masacre


"Si hay un culpable, ese soy yo": presidente Santos. El presidente Juan Manuel Santos admitió que le dio "coraje" al enterarse del llamamiento a juicio de la cúpula militar de 2008 por cuenta de la operación ’Fénix’.
Colombia. Durante la reunión de Acuerdo para la Prosperidad que se adelanta este sábado en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos manifestó su total respaldo a los seis miembros de la cúpula militar y policial que ocupaban posiciones de mando durante la llamada operación ’Fénix’, en 2008.
"Todos los oficiales, los suboficiales, los soldados de tierra, mar y aire, y los policías que participaron en la operación lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano, sino del mundo entero", expresó el mandatario.
Santos Calderón manifestó que él, junto con el entonces presidente Álvaro Uribe, ordenaron el ataque a las FARC que tuvo lugar en territorio ecuatoriano y donde murió el jefe de las FARC alias ’Raúl Reyes’. "O sea que si hay algún responsable soy yo", dijo Santos refiriéndose a su papel durante la operación militar.
En la mañana del sábado, el vicepresidente Angelino Garzón se sumó también a las voces que desde el Gobierno colombiano rechazaron las acusaciones desde el otro lado de la frontera. En su cuenta de Twitter, manifestó que la "acción contra las FARC donde cayó ’Reyes’ fue una decisión de Estado, por lo tanto la defensa de nuestros Generales es un deber de Estado".
En comunicado leído la noche del viernes por la canciller María Ángela Holguín, el gobierno nacional "rechazó categóricamente" el llamamiento a juicio por la Sala Única de la Corte de Justicia de la Provincia de Sucumbíos, bajo el cargo de asesinato.
"El gobierno de Colombia rechaza categóricamente esa decisión y desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", manifestó Holguín en la nota.
Agregó la canciller que "el Estado colombiano con sujeción al Derecho Internacional Humanitario adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación reiteramos constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales".
El viernes, el señalado tribunal del vecino país convocó a juicio a altos mandos militares y de policía por el caso del bombardeo en la región de Angostura, operación en la que murió el jefe guerrillero ’Raúl Reyes’, en marzo de 2008.
El llamamiento a juicio incluye al excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia general (r.) Freddy Padilla de León; al director de la Policía, general Óscar Naranjo; al excomandante del Ejército general (r.) Mario Montoya; al excomandante de la Fuerza Aérea general (r.) Jorge Ballesteros; al excomandante de la Armada almirante (r.) Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez.
La primera reacción fue del expresidente Álvaro Uribe, mandatario durante la época de la operación, quien advirtió desde su cuenta de Twitter que "Colombia no puede aceptar acusación ecuatoriana a nuestros generales".
A ello se sumó la declaración del presidente del Partido de La U, Juan Lozano, quien manifestó que "rechazamos esta medida porque aquí lo que hubo fue una operación de Estado para enfrentar una organización criminal que ha causado dolor, tragedia y muerte en Colombia".
"Respaldamos plenamente la postura que ha asumido el gobierno de Colombia y respaldamos plenamente a nuestros oficiales, a nuestros soldados y a los comandantes", puntualizó Lozano.
 
La Acusación
Los magistrados del tribunal de Sucumbíos acogieron la alegación planteada por la Fiscalía General del Estado, que determinó que "existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito" de asesinato, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
En la operación militar, además de ’Reyes’, murieron unas 25 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.
Las presunciones apuntan a los imputados como "autores" del delito tipificado en el código penal ecuatoriano, en uno de cuyos artículos implica esa figura "cuando se ha imposibilitado a la víctima a defenderse, por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos, buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio".
Según el texto de la Fiscalía General, la Sala de la Corte de Sucumbíos confirmó las alegaciones y dictó el auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados.
El pasado 30 de marzo, la Corte de Sucumbíos sacó del caso al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en la época de la operación se desempeñaba como ministro de Defensa.
25 de junio de 2011
©semana