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corte niega libertad provisional


A dos exparamilitares.
Colombia. La Sala de Casación Penal marcó un precedente con los exparamilitares que, con crímenes juzgados por la justicia ordinaria, están solicitando libertad provisional.
Jhon Jairo Acuña Rodríguez y Hernán Romero Sarmiento, dos exparamilitares del Bloque Central Bolívar, entraron en 2010 a Justicia y Paz. Sin embargo pedían libertad provisional con el argumento de ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, habían cumplido parte de la pena y consideraban que Justicia y Paz violaba sus derechos porque el proceso era lento.
Pero la solicitud de libertad les fue negada. Primero lo hizo un Tribunal de Justicia y Paz en Barranquilla y el pasado 23 de marzo de 2011 lo reiteró la Sala de Casación Penal de la Corte, después de que el caso fue apelado y llevado hasta el alto tribunal.
Para ambas instancias, la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz fue elaborada para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas y por eso, concederles libertad provisional a los exparamilitares,  así ya hubieran cumplido su sentencia en la justicia ordinaria, sería considerado una burla a las víctimas.
"Se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil... La justicia se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios", dijo el alto tribunal en su decisión.
El pronunciamiento de la Corte marca un precedente para los desmovilizados que, en similares condiciones a las de Acuña y Romero, están pidiendo libertad provisional por haber cumplido entre 5 y 8 años de prisión mientras eran investigados o condenados por la justicia ordinaria. Para el alto tribunal, la pena alternativa que concede Justicia y Paz no es un derecho adquirido sino una expectativa que se logra cuando el desmovilizado cumple con los requisitos, entre ellos contar la verdad y no seguir delinquiendo, y cuando hay una condena en firme.
Desde que empezó la Ley de Justicia y Paz, tres exparamilitares han sido condenados: Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ y Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’. Sin embargo, ninguno ha cobrado la libertad porque las condenas proferidas por Tribunales de Justicia y Paz han sido apeladas por la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones de víctimas que consideran que los victimarios no han contado toda la verdad o que la reparación no se ajusta a los crímenes cometidos.
En el caso de los dos exparamilitares que solicitaron la libertad provisional, la Corte advirtió que tanto Acuña como Romero sólo fueron postulados a Justicia y Paz en septiembre de 2010, lo que significa que hasta ahora están rindiendo versiones libres ante la Fiscalía.
"Sería naturalmente ilógico que quien se acoge voluntariamente al proceso de la Ley de Justicia y Paz para confesar públicamente sus crímenes, comprometerse con los derechos de las víctimas y someterse a la detención preventiva en establecimiento carcelario, resulte favorecido con una libertad provisional, cuando aún no ha cumplido los presupuestos que le permiten gozar del beneficio punitivo que trae aparejada la sentencia que en su contra se profiera, según el régimen de justicia transicional", sentenció la Corte.
8 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
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condenan a excongresista conde


José María Conde por parapolítica. La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista de Sucre José María Conde a cinco años de cárcel por sus nexos con el grupo paramilitar comandado por ‘Diego Vecino’.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista José María Conde Romero a pagar una pena de 60 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado con los paramilitares en Sucre.
De acuerdo con la decisión del Alto Tribunal, el ex representante de Sucre por el partido Colombia Democrática recibió el apoyo del Bloque Héroes de Montes de María comandado por Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ para llegar al Congreso de la República.
Según la sentencia, Conde Romero se reunió en varias oportunidades con ‘Diego Vecino’ para pactar el apoyo de los paramilitares a su campaña.
El ex congresista fue capturado en Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía el 8 de junio de 2010. En enero de este año, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio y tres meses después le fue resuelta su situación jurídica a través de esta condena.
Conde Romero llegó al Congreso en reemplazo de Eric Julio Morris, elegido a la Cámara de Representantes para el período 2006-2010 y condenado por la Corte a seis años de prisión por sus vínculos con los paramilitares.
Entre los testimonios que tenía la Fiscalía en contra del ex congresista están el del ex paramilitar Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, quién dijo en audiencia que Conde Romero tuvo vínculos con miembros del conocido Bloque Montes de María que delinquieron en Sucre y Bolívar.
Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirry’, uno de los testigos clave de la ‘parapolítica’, también señaló que Conde se reunió con jefes paramilitares de Sucre y que hizo alianzas con ellos para beneficiarse políticamente.
Como Conde Romero, varios ex integrantes del partido Colombia Democrática han sido investigados y otros condenados por ‘parapolítica’. El ex senador Álvaro García, de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión; el ex representante Eric Morris, de Sucre, a 6 años de prisión; el ex senador Ricardo Elcure Chacón, de Norte de Santander, a 6 años de prisión, y el ex senador Miguel de la Espriella, de Córdoba, a 45 meses. El fundador del partido y primo del ex presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, también fue condenado por sus nexos con paramilitares.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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condenan a 36 años a ernesto báez


El exjefe político de las AUC fue hallado responsable del homicidio del presidente del Sindicato de Trabajadores de Yondó (Antioquia), ocurrido el 21 de diciembre de 2001. Se le acusa del asesinato de más de 650 personas.
Colombia. Iván Roberto Duque, alias ’Ernesto Báez’, fue condenado a 36 años y tres meses de cárcel al ser hallado responsable del homicidio de un dirigente sindical, informaron este jueves fuentes judiciales.
La pena a ’Báez’, uno de los exjefes del desmovilizado Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, fue impuesta por un juez de Bogotá.
Según la sentencia, el excabecilla paramilitar tuvo "responsabilidad en el homicidio" del presidente del Sindicato de Trabajadores de Yondó (localidad del departamento de Antioquia, noroeste), Jairo Antonio Chimá Paternina, cometido el 21 de diciembre de 2001 en una zona rural de ese municipio.
La Fiscalía estableció que Chimá Paternina fue abordado por varios paramilitares, quienes tras asesinarlo arrojaron su cadáver al río Magdalena.
Otro exjefe de esa facción de las AUC, Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', ya había sido condenado a 18 años y seis meses por el mismo crimen.
Los dos exjefes paramilitares están actualmente detenidos en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí (Antioquia).
Sobre ’Baéz’ pesan también acusaciones acerca de su presunta participación en la desaparición de al menos 650 personas y varios desplazamientos forzados en departamentos del norte y el noroeste colombianos.
’Báez’, uno de los más de 31.000 desmovilizados de las AUC entre 2003 y 2006, siempre ha negado esa participación en acciones criminales y ha argumentado que era "asesor o ideólogo político" de las AUC.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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tapasco a la cárcel por asesinato


Por crimen de Orlando Sierra.
Colombia. El fiscal noveno especializado en derechos humanos de Bogotá, Luis Alberto Reyes, profirió la medida de aseguramiento al dirigente liberal Ferney Tapasco González y a su hijo Dixon Tapasco Triviño, por su presunta responsabilidad en el asesinato del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra.
Aunque no se define la situación jurídica de otras dos personas implicadas en el crimen, la Fiscalía asegura que la decisión judicial se dicta sin el beneficio de excarcelación.
Tapasco padre está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, por nexos con paramilitares, mientras que su hijo, condenado a siete años por el mismo delito, había conseguido su libertad el pasado 15 de marzo.
Aunque no cumplió la totalidad de su condena, los abogados de Tapasco hijo lograron la libertad al completar tres partes de la pena impuesta y comprobar buena conducta, estudio y otras actividades.
Tras conocerse la decisión de la medida de aseguramiento, los abogados de los Tapasco anunciaron que apelarán la decisión judicial.
Por su parte, los gremios periodísticos de Caldas se mostraron optimistas y celebraron que la justicia haya retornado al caso.
"La Fiscalía, despues de nueve años, se ocupó finalmente del tema y encontró méritos suficientes para devoverle vida al caso", dijo Nicolás Restrepo, director de La Patria.

La Nube Negra Que Silenció el Caso de Sierra
El periodista Orlando Sierra fue asesinado en Manizales el 30 de enero de 2002. En 2010 fue considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un "periodista integral: honesto, escribía bien, tenía carácter y, lo más importante de todo, su trabajo siempre tenía como fin defender los intereses de la comunidad".
Una semana después del asesinato del periodista, la revista Semana y varios periódicos (La Patria, El País, El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, y la revista Cambio) se unieron para investigar el crimen de Sierra. Esa iniciativa se llamó ’Proyecto Manizales’ y, cuando se publicaron los hallazgos, las evidencias señalaban a los políticos Tapasco. Finalmente, en octubre de 2010 la Fiscalía llamó a indagatoria a Ferney Tapasco y a su hijo.
El caso de Sierra estuvo cubierto por una nube negra. Tras la investigación de la Fiscalía, dos de los tres testigos que mencionaron a Tapasco padre fueron asesinados, así como también otros nueve testigos que dieron otros detalles del crimen del periodista, murieron.
En ese entonces, tanto ruido alrededor de Ferney Tabasco no era gratuito. Su vida política quedó enterrada en 1995, tras una condena por encubrir el homicidio de un docente. El asesino huyó en un carro oficial asignado a Tapasco cuando era presidente de la Asamblea de Caldas. Esos hechos y la corrupción política en la región eran tema habitual en las columnas que escribía el periodista Orlando Sierra.
Sumado a ello, en la sentencia por parapolítica que la Corte Suprema de Justicia le formuló a Tapasco hijo, por la cual lo condenó a 90 meses de prisión, no existía un párrafo en el que no se mencionara a su padre como partícipe en los pactos políticos con el jefe de las Auc, Ernesto Báez y el bloque paramilitar Cacique Pipintá en Caldas. Ese hecho logró que la Fiscalía le abriera a Tapasco padre otro proceso por el delito de concierto para delinquir agravado. Luego, el político fue capturado en marzo de 2010.
Por el crimen de Sierra, ocurrido en las afueras del periódico, fue condenado como autor material Luis Fernando Soto Zapata. Soto Zapata fue sentenciado a 29 años, pero quedó en libertad en menos de seis por confesión de delitos y buena conducta en prisión, lo que generó protestas de asociaciones en favor de la libertad de prensa. Sin embargo, en julio de 2008, Soto murió en un enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía en Cali.
8 de abril de 2011
27 de marzo de 2011
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los documentos de chiquita


Cientos de memorandos internos de la multinacional bananera Chiquita Brands, desclasificados por el National Security Archive, muestran que la empresa hizo pagos a guerrilleros, paramilitares y miembros del Ejército a cambio de seguridad.
[Michael Evans] Colombia. Este es un fragmento de una nota manuscrita de 2000 en la que se describe que Chiquita pagó a grupos armados por seguridad y no como una extorsión. Memorandos confidenciales internos de Chiquita Brands International revelan que el gigante del banano se benefició de sus pagos a grupos paramilitares colombianos y la guerrilla, contradiciendo el acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que firmó con fiscales de Estados Unidos de 2007, en el que alegó que nunca había recibido "ningún servicio de seguridad o equipos de seguridad a cambio de los pagos". Chiquita había tildado estos pagos como una "extorsión".
Chiquita entregó miles de documentos al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo de sentencia, en el que admitió años de pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, grupo que el Departamento de Estado había señalado como "organización terrorista extranjera" y con el que acordó pagar una multa de 25 millones de dólares.
El National Security Archive obtuvo más de 5.500 páginas de documentos internos de Chiquita del Departamento de Justicia bajo un derecho de petición en EE.UU (Freedom of Information Act) y publica en línea varios de estos documentos que están incluídos en la colección: Colombia y los Estados Unidos: Violencia Política, Narcotráfico y Derechos Humanos, 1948-2010.
Los papeles proporcionan evidencia de "transacciones" de beneficio mutuo entre las filiales colombianas de Chiquita y varios grupos armados ilegales en Colombia y arroja claridad sobre más de una década de pagos relacionados con la seguridad a la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas colombianas de seguridad y las cooperativas privadas Convivir, grupos armados auspiciados por el gobierno.
La colección de documentos también detalla los esfuerzos de la compañía por ocultar lo que denominaron pagos "delicados" en las cuentas de gastos de los directivos de la empresa y a través de diferentes trucos contables.
La investigación del Departamento de Justicia concluyó que muchos de los pagos de Chiquita a las Auc (también llamadas como "Autodefensas" en muchos de los documentos) se realizaron a través de organizaciones legales Convivir supervisadas por el ejército colombiano.
Estas nuevas pruebas de que Chiquita se benefició de los pagos ilícitos pueden aumentar su exposición a demandas de las víctimas de grupos armados ilegales de Colombia. La colección es el resultado de una colaboración National Security Archive con la Universidad de Georgetown, su Escuela de Leyes y Derechos Humanos y la Clínica de Abogados y Justicia Pública, y se ha utilizado en apoyo de una demanda civil contra Chiquita encabezado por Earth Rights International a nombre de cientos de víctimas colombianas de los paramilitares.
"Estos registros extraordinarios son las pruebas más detalladas hasta la fecha del verdadero costo de hacer negocios en Colombia", dijo Michael Evans, director del proyecto de documentación de Colombia del National Security Archive. "El aparente acuerdo de Chiquita con las guerrillas y paramilitares es responsable de los incontables asesinatos, desmiente el acuerdo de culpabilidad firmado por la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos".
El esfuerzo de la compañía para ocultar los indicios de sus nexos con grupos armados ilegales en Colombia es evidente en un par de memorandos legales de enero de 1994. El primero de ellos indica que las guerrillas le prestaban seguridad en algunas de las plantaciones de Chiquita.
El director general de operaciones de Chiquita en Turbo dijo a abogados de la compañía que los guerrilleros fueron "utilizados para suministrar el personal de seguridad en diferentes granjas".
Una anotación manuscrita en un documento membreteado de la compañía, clasificado como confidencial, se pregunta: "¿Por qué es relevante?" y, "¿Por qué está siendo escrito?". En el documento los abogados han tachado la palabra "transacciones" - lo que sugiere un acuerdo de canje- y lo sustituyeron por el término más neutro de "pagos". Los contables de la empresa incluyeron los gastos como "pagos de extorsión de guerrillas", pero los registraron en los libros como "seguridad ciudadana", de acuerdo con estas notas.
Otro documento muestra que Chiquita también pagó a paramilitares por servicios de seguridad -incluyendo información de inteligencia sobre las operaciones de la guerrilla- después de que las Auc arrebataron el control de la región a la guerrilla, a mediados de la década de 1990.
En marzo de 2000, el abogado senior de Chiquita, Robert Thomas, escribió un memo de una conversación con los directores de la filial en Colombia de Chiquita, Banadex, en la que indican que los paramilitares de Santa Marta crearon una empresa ficticia, Inversiones Manglar, para ocultar "el verdadero propósito de garantizar la seguridad".
Inversiones Manglar se presentaba como una empresa de exportación agrícola, pero producía "información sobre los movimientos guerrilleros", según la nota. Según Thomas, funcionarios de Banadex le dijeron que "todas las compañías bananeras están contribuyendo en Santa Marta" y que Chiquita "debe continuar haciendo los pagos", ya que "no se puede obtener el mismo nivel de apoyo (seguridad) de los militares".
Los papeles de Chiquita también destacan el papel de los militares colombianos para presionar a la empresa a financiar a las Auc a través de las Convivir y para facilitar los pagos ilegales.
Un indicio de esto se encuentra en otro documento escrito por Thomas, en septiembre de 2000, que describe una reunión en 1997, con el líder de las Auc, Carlos Castaño, quien sugirió por primera vez a los directores de Banadex apoyar la creación de la Convivir llamada La Tagua del Darién.
Según la nota, los funcionarios de Banadex adujeron que "no tenían más remedio que asistir a la reunión" porque no hacerlo sería "antagonizar con los militares de Colombia, funcionarios locales y estatales, y las Autodefensas".
Entre los funcionarios que más apoyaron las Convivir durante este tiempo se encontraba Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, en el que tenía su centro de operaciones Chiquita en Colombia. En el memo de septiembre de 2000, Thomas señala: "Es bien conocido en el momento en que oficiales de alto rango del ejército colombiano y el Gobernador del Departamento de Antioquia estaban haciendo campaña para el establecimiento de una organización Convivir de Urabá".
Un memorando de 1995 indica que, tanto Uribe como otro político de la región, Alfonso Núñez, recibieron donaciones de otra de las filiales en Colombia de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla. Uribe fue presidente de Colombia desde 2002 hasta 2010.
Más tarde, un memo legal de agosto de 1997 escrito en papel membretado de Chiquita, dice que la empresa era "miembro de una Convivir llamada Puntepiedra, SA", que el autor clasifica como "una persona jurídica en la que participamos con otros exportadores de banano en la región de Turbo". La nota dice que la "única función" de las Convivir era "proporcionar información sobre los movimientos guerrilleros."
La compañía había estado haciendo pagos sensibles de seguridad durante años - primero en forma directa a militares y grupos guerrilleros, y luego, a través de organizaciones comerciales locales y Convivir-. Para 1991, unos 15 mil dólares de "pagos delicados" para las diversas unidades del ejército colombiano se muestran junto a un desembolso de más de 31 dólares a "guerrilla".
Una versión diferente del mismo documento no solo omite los nombres de los beneficiarios de pagos, sino que incluye una anotación manuscrita junto a la "guerrilla". Una entrada dice: "Pago extorsión." Otra anotación dice: "Sobre todo no son pagos ilegales - estos son legales - gasolina, el ejército, la policía, los políticos . El pago no ofrece nada, ni beneficios".
Registros contables de 1997-1998 también señalan el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en el fomento de pagos de la empresa a paramilitares.
A partir del segundo trimestre de 1997 y hasta el segundo trimestre de 1998, Banamex realizó pagos a cooperativas "Convivir", que registraron como "donación al grupo de ciudadanos de reconocimiento a petición del Ejército." En 2002 y 2003, la empresa realizó pagos similares a cooperativas Convivir junto con desembolsos a "funcionarios militares y de Policía" para "pagos de servicios de seguridad."
Otro documento escrito a mano de 1999 revela un aparente esfuerzo por un general del Ejército de Colombia para establecerse como un intermediario en los pagos de los paramilitares. El documento describe a un "general que ha estado en la zona desde hace varios años" que había sido acusado por el alcalde de San José de Apartadó de ser parte de "[un] escuadrón de la muerte" y que había sido "suspendido del Ejército".
El documento señala que el general "nos ha ayudado personalmente" con "seguridad" y con "información que impidió secuestros". Las notas hacen referencia indirecta a un pago de 9 mil dólares, agregando que "otras compañías están poniendo en sus..."
"Los papeles de Chiquita refuerzan la idea de que, en 1997, las Auc crecieron en las regiones bananeras del norte de Colombia, y que los funcionarios del gobierno local, oficiales militares y líderes empresariales apoyaron a sus operaciones paramilitares", dijo Evans.
"Estas revelaciones son más que académicas", dijo el profesor Arturo Carrillo, Director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Georgetown. "Los documentos refuerzan la media docena de demandas federales pendientes en contra de Chiquita, que la empresa fue cómplice, y por lo tanto responsable de las atrocidades cometidas por las Auc en Urabá. Uno sólo puede esperar que revelando la información obtenida y publicada por el National Security Archive se dará lugar a una mayor responsabilidad por las acciones criminales de Chiquita en Colombia, ya que con el acuerdo de la empresa con el Departamento de Justicia, este se ha negado a procesar a los ejecutivos de Chiquita por su mal accionar".
"La publicación de estos documentos es sólo el comienzo", agregó Evans. "Las miles de páginas de registros financieros y jurídicos incluidos en esta colección son las semillas de futuros proyectos de investigación para los que estén dispuestos a reconstruir la compleja red de legales, pseudo-legales, y las entidades ilegales que participaron en operaciones de seguridad de Chiquita, incluyendo oficiales militares, la guerrilla, los paramilitares, empresarios prominentes, las asociaciones comerciales y las milicias Convivir".
[El autor es director del Proyecto Documental de Colombia del National Security Archive.]
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©verdadabierta

vicente castaño y la coca


En los Llanos. El desaparecido jefe paramilitar tenía dos estructuras en Meta: laboratorios de producción de cocaína y grupos de autodefensas. Aunque independientes, compartían territorios y la droga financiaban las armas.
Colombia. Varios exjefes paramilitares de los Llanos Orientales explicaron cómo se financiaron en los primeros años que delinquieron en la región. Quedó claro que los grupos de autodefensa y el narcotráfico eran dos estructuras ilegales separadas, sin embargo en la región las dos pertenecían a Vicente Castaño, alias ‘El Profe’.
Las revelaciones las hicieron en una versión libre conjunta Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, Jesús Emiro Pereira, alias ‘Alfonso’ o alias ‘Huevo de pisca’, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, Iván Gaviria, alias ‘Fiscalía’, Dumar Guerrero, alias ‘Carecuchillo’, José Pérez, alias ‘Eduardo 400’, entre otros.
Los exparamilitares insitieron que eran negocios separados y que las autodefensas no se dedicaban a cuidar los labortatorios de los ‘narcos’ aliados con Vicente Castaño. "Yo no protegía las cocinas (laboratorios de cocaína), sino que toleraba su presencia y les cobraba dinero. Por eso cuando Antinarcóticos hacían operativos, las autodefensas no se oponían", dijo ‘Matías’, uno de los jefes presentes en la audiencia.
‘Fiscalía’ señaló que "la recomendación de Carlos Mauricio García alias ‘Rodrigo Doble Cero’ era que no nos metiéramos con ‘narcos’, los conocíamos pero no les prestábamos seguridad".
Sin embargo gran parte del dinero que servía para financiar los hombres del clan Castaño en los Llanos venía de narcotraficantes, muchos de ellos aliados con Vicente Castaño.
‘Eduardo 400’, otro de los veteranos de la Casa Castaño, señaló que "cuando llegábamos a esta tierra de la guerrilla, en común acuerdo con ‘Rodrigo 00’ y Vicente Castaño, vimos un potencial (en la coca) para recoger finanzas".
Uno de sus cómplices, Jesús Emiro Pereira, alias ‘Alfonso’, era el puente entre paramilitares y ‘narcos’ para cobrar el dinero de los ‘impuestos’ sobre los kilos de base de coca y cocaína que se producían y transportaban en la región.
Yesid Nieto y Néstor López, alias ‘El Enano’ era dos de los narcotraficantes que trabajaban en alianza con Castaño. Para vigilar la calidad de la droga, ‘El Profe’ había enviado a otro de sus secuaces, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, que después se volvió uno de los jefes del Bloque Centauros.
‘Don Mario’ dijo que "yo estaba pendiente de la coca, como se procesaba y despachaba y pagarle a las autodefensas de 70.000 pesos por kilo de coca". También señaló: "A Emiro (alias ‘Alfonso’) le pagué 50 millones de una cuota,  que le tocaba pagar a Néstor López por Paratebueno (municipio de Cundinamarca), cada cuatro meses pagaba 50 millones que le mandaba ‘El Enano’".
Según artículo de la revista Semana, Yesid Nieto llegó a Boyacá en 2002 e invirtió millonarios recursos en La Pita, una de las minas que más esmeraldas produce en el país. En 2005 se desató una guerra entre los socios de La Pita y Nieto, tras sobrevivir a un atentado en su apartamento en Bogotá, fue asesinado en octubre de 2007 en Guatemala.
El exjefe ‘para’ añadió que "yo recibía (la droga) en San Carlos de Guruoa (Meta) para despachar eso, era un negocio secreto de Vicente Castaño".
Otros ‘narcos’ que presuntamente  le pagaban a los paramilitares eran Arturo Cristancho ‘Cediel’, alias ‘Caliche’, que era un comerciante de repuestos de Villavicencio, alias ‘Carlos Leder’, que había cogido el nombre del capo del Cartel de Medellín, alias ‘Pedro Chulo’, Orlando Poveda, entre otros.
‘Alfonso’ dijo: "Los conocí y me pagaban personalmente, Ellos buscaban la forma y llegaban donde uno. Se arreglaba cuánto se pagaba por kilo trabajado y si no estaba de acuerdo se iba a otra región".
El desmovilizado también señaló que "el contacto con los ‘narcos’ era para efecto de cobro" y que tenían un hombre que se encargaba de verificar las cantidades que producía cada laboratorio para cobrarles.
‘Alfonso’ también viajaba a Bogotá, donde lograba controlar parte del tráfico de cocaína que venía de los Llanos. Allá vigilaba la oficina de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, que en ese momento era conocido como el capo de los químicos, pues le vendía insumos a narcotraficantes para transformar la base de coca en cocaína. Unos años después Arroyave se volvió el jefe principal del Bloque Centauros.
El trabajo de ‘Alfonso’ con Arroyave era de verificar a quién le vendían químicos, para poder así cobrarle a los traficantes de drogas ‘impuestos’. Dijo en la audiencia: "Yo me mantenía mucho allá, viendo quién compraba líquidos (químicos) y yo estaba pendiente para cobrarles".
Estas cuentas, según dijeron los ‘paras’, se hacían en la oficina de Arroyave en el barrio El Batán, un barrio en el norte de Bogotá.
Sin embargo numerosas fincas del Meta que se volvieron bases de paramilitares o residencias de sus jefes también tuvieron laboratorios. Es el caso de Guamerú, Casa Roja, Santuario, que han sido mencionadas en versiones libres pasadas.
8 de abril de 2011
5 de abril de 2011
©verdadabierta

investigarán cárcel de lujo


Tras las denuncias de SEMANA, el ente acusador confirmó la apertura de una investigación preliminar de oficio para establecer quiénes son los militares responsables.
Colombia. La Dirección Nacional de Fiscalías confirmó en las primeras horas de este lunes que se abrió una investigación preliminar de oficio sobre las irregularidades denunciadas por SEMANA registradas en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida.
En coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima se establecerá quiénes son los militares responsables en los hechos denunciados y desde hace cuánto tiempo se registran esos comportamientos en la base militar.
Tras la decisión de la Fiscalía se informó que en las próximas horas la fiscal general, Viviane Morales, se reunirá con la Policía Judicial, con el fin de tomar medidas en los casos denunciados.
Se busca identificar a posibles oficiales de alto rango que podrían tener alguna responsabilidad penal.
Ante las denuncias, expertos sugieren modificar la forma como funcionan los centros de detención de los militares.
5 de abril de 2011
4 de abril de 2011
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tolemaida resort


Los militares condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. SEMANA estuvo allí y lo que descubrió es indignante.
Colombia. Por años, la cárcel insignia de las Fuerzas Armadas, el Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, ha parecido más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad. SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos de ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años. Hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena.
Aunque recientemente se tomaron algunas medidas, las irregularidades están lejos de ser erradicadas. El país no tiene idea del relajo que ha imperado en la cárcel más importante de los militares en Colombia. Reclusos entrevistados por SEMANA dicen que, como en el pasado, esas medidas van a ser transitorias, pues, según ellos, habría interesados de alto nivel en mantener en las mejores condiciones a quienes se untaron directamente las manos en tácticas de ’guerra sucia’.
Esas medidas se tomaron a raíz del escándalo que sacudió a la cárcel de Tolemaida el pasado 17 de enero, cuando se conocieron los privilegios de los que gozaban los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias ’Zeus’, condenado a 12 años por ser el jefe de seguridad del narco del norte del Valle ’Don Diego’, y César Maldonado, condenado a 25 años por participar en 2000 en el atentado contra el congresista Wilson Borja. El gobierno destituyó al comandante del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), nombre oficial del fuerte de Tolemaida, y a los encargados de la cárcel, que los militares conocen como ’Cuatro Bolas’. Aunque sus reemplazos han implementado algunas medidas con el fin de hacer cumplir la ley en el penal, que, como cualquier centro carcelario del país, se rige por normas del Inpec, lo que SEMANA descubrió prueba que los casos de ’Zeus’ y Maldonado son apenas la punta del iceberg. El país no está ante "tres o cuatro sinvergüenzas", como dijo el ministro de Defensa, sino ante todo un sistema indignante de privilegios para los militares condenados por delitos atroces.

Presos con Sueldo
A lo largo de un mes, SEMANA ingresó en diferentes oportunidades a la que se supone es una de las bases militares más custodiadas del país, recorrió en varias ocasiones el complejo y el interior del Centro de Reclusión Militar y comprobó que son increíbles las irregularidades en este lugar. Esta revista tuvo acceso a más de 1.100 documentos e informes internos del Cenae y del penal militar, en donde también están consignadas todo tipo de anomalías que allí han ocurrido durante años.
Uno de los documentos es el listado que elaboró la dirección de la cárcel de Tolemaida tras el escándalo en enero, con la relación de quiénes son los militares detenidos, su situación jurídica, el tiempo que llevan y otros datos. Este listado oficial, de hace un mes, da cuenta de 269 internos, de los cuales 261 están condenados.
De esos 261, muchos de ellos con sentencia en segunda instancia, 179 siguen como miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tiene condenas que van hasta los 40 años de cárcel. Es decir que, a pesar de haber sido declarados culpables de los peores crímenes, esos 179 oficiales, suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Y algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel.
"No es normal que los condenados sigan recibiendo sueldo y, mucho menos, figurando como miembro activo del Ejército. Una vez la condena queda en firme ya no hace parte de la fuerza y por lo tanto no tiene derecho a ningún beneficio, menos a seguir con salario", explicó a SEMANA una exdirectora de la Justicia Penal Militar. Ese pago de los salarios a los condenados suma varios miles de millones de pesos al mes.
"Aparte del sueldo, lo que más importa es que uno siga figurando como activo por lo menos hasta que alcanza el tiempo para la pensión. Acá somos varios los que hemos llegado al tiempo de pensión estando presos. Y la pensión no se la puede quitar nadie", contó a SEMANA uno de los internos.

Negocios, Negocios, Negocios
Al ingresar al complejo militar de Tolemaida, pocos metros después de pasar la guardia, lo primero que se encuentra a mano derecha es un pequeño restaurante, que es de uno de los presos, el sargento viceprimero Orlando Camargo, capturado en 2006 y condenado a 38 años de cárcel.
Allí, en un terreno destapado, están estacionados taxis, microbuses y mototaxis que movilizan a la gente por toda la base, muchos de los cuales pertenecen a los presos. El valor del pasaje va de 500 a 1.500 pesos. "La buseta le puede dejar a uno entre un millón y millón y medio de ganancia al mes", cuenta uno de los internos, condenado a 20 años de prisión. Allí se ve el taxi que pertenece al sargento viceprimero Gerson Galvis, quien fue arrestado en 2006 y condenado a 28 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de unos comerciantes en Barranquilla por parte del Gaula del Atlántico, unidad a la cual pertenecía. También, el microbús que pertenece al sargento segundo Wilson Casallas, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del Batallón Pijaos de la Sexta Brigada del Ejército. Los tres mototaxis y el taxi de ’Zeus’, quien fue autorizado por el director del penal para manejar uno de esos vehículos, también están en el lugar. "Los que estuvieron de malas fueron unos muchachos de la IV Brigada presos acá, a quienes la Brigada les mandó de regalo tres mototaxis nuevos para trabajar, pero con el problema de ’Zeus’ les tocó dejarlas guardadas, por ahora", cuenta un interno, que manejaba un taxi. Por trabajar como ’transportadores’, los detenidos recibían los beneficios de descuento de pena.
"Es completamente ilegal y está prohibido por el régimen del Inpec que los internos manejen cualquier tipo de vehículo, menos los que están con condenas altas. No solo no pueden manejar, sino que no deben incluso salir del penal. Y, obviamente, esas actividades no están contempladas como las autorizadas para reducción de pena", explicó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Tras ocho minutos de recorrido en taxi desde la entrada de Tolemaida se llega al Parque del Soldado. Allí funcionan una serie de restaurantes, un supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial para atender los requerimientos de las más de 3.000 personas que habitan el complejo militar. Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama Héroes y ofrece comidas rápidas y platos a la carta.
"Eso también está prohibido por la ley. Ningún interno, en ningún tipo de centro de detención, así sea dentro de un fuerte, puede tener o administrar un restaurante y mucho menos para lucro personal. Eso lo acabó la ley hace años a raíz de los famosos caspetes", dijo a SEMANA el funcionario del Inpec. Pulido no es el único que tenía ese tipo de privilegios.

Tolemaida: ¿Club o Penal?
Desde el Parque del Soldado hasta el Centro de Reclusión hay otros cinco minutos en taxi. Desde afuera, la primera impresión es que se trata de una cárcel. Muros de cuatro metros de alto, mallas y alambres de púas envuelven las instalaciones y es lo único que se alcanza a ver desde la polvorienta carretera que lleva hasta el lugar. Adentro, las cosas son muy diferentes. Tras pasar la guardia y una reja, lo primero que se ve es un amplio espacio con un pequeño letrero que dice "Área social". En medio de frondosos árboles hay una serie de cabañas, llamadas por los internos "quioscos". Son 39, a los cuales se llega por los caminos adoquinados que rodean el sitio. Si bien no son instalaciones de un Club Mediterranée, las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades. Las primeras cabañas se construyeron en 1998 y la última aún está en proceso.
Los habitantes de estos quioscos tienen condenas superiores a los 25 años. "Si usted tiene plata, puede hacer su quiosco. Eso puede costar entre 5 y 15 millones de pesos. Muchos ahorramos y los construimos. Pero desde hace como unos seis años comenzó a llegar mucha gente. Llegaron los de las Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas), de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por ’falsos positivos’, o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por’ falsos positivos’, y los de la VI Brigada, de casos como los [del asesinato de varios campesinos, en 2004, en] Cajamarca o las masacres [una serie de 20 ejecuciones extrajudiciales, en 2003] de Viotá -cuenta uno de los internos-. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos visitaron y ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba y en qué nos ayudaban; les pedíamos y ellos hablaban con el director del Cenae y el del CRM para que no nos pusieran ningún problema", explica el interno.
Cuando estalló el escándalo de ’Zeus’ y se reveló que entre los privilegios que tenía estaba una cabaña, el mayor Luis Burbano, director de la cárcel, envió ese día una carta (a la que tuvo acceso SEMANA) al director de Asistencia Social del Ejército, en la que le explicaba que esos quioscos eran simplemente para que los internos recibieran visitas conyugales y eran financiados con colectas que hacían los compañeros de los internos. Sin embargo, al lado derecho del "Área social" se encuentran diez habitaciones destinadas a visitas conyugales. En algunos casos son usadas para ese fin, pero la mayoría de las veces esos cuartos eran alquilados para que se quedaran allí durante días, e incluso semanas, los familiares y amigos de los internos que iban a visitarlos. "Por esos servicios, para que la familia se quedara, uno pagaba 8.000 pesos por el día y 16.000 si era para quedarse en la noche", cuenta uno de los suboficiales detenidos.
"Está explícitamente prohibido que familiares y amigos se queden a dormir en los centros penitenciarios. También es prohibido realizar cualquier tipo de construcción. De hecho, ni el propio Inpec lo puede hacer. Para eso existe una división, adscrita al Ministerio del Interior, que son los únicos en todo el país que pueden ejecutar cualquier tipo de construcción", confirmó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Los quioscos no son el único ni el mayor privilegio de los que disfrutaban los militares condenados. Muchos de ellos entraban y salían libremente de su prisión y de Tolemaida, e incluso se daban el lujo de vivir por fuera del penal y de la base. Un caso es el del soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia, a los que presentó como miembros del ELN muertos en combate. SEMANA corroboró con los vigilantes y administradores del conjunto residencial Campo Hermoso, en la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, que el soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto, en donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar y, obviamente, desconocían que se trataba de un preso condenado. Su caso no es el único.
A algunos de los reclusos se les suministraban carnés que los identificaban como vendedores ambulantes, con los que se movían libremente dentro y fuera del complejo para realizar negocios de venta de productos. "A nosotros nos dicen los motorratones porque andamos en motocicleta con remolque por todo lado. La cosa es simple. Usted hace o compra empanadas o avena o jugos y sale a venderlos dentro de las instalaciones o, si tiene clientes en Melgar o Girardot, también podía ir", explica uno de estos presos-vendedores. "Si a usted lo cogía la noche por fuera o se quedaba tomando cerveza en el parque, lo importante siempre era llamar y decir que no llegaba al conteo", explica.
Salir de fiesta era otra de las grandes ventajas. Uno de los sitios favoritos de reunión es Oro Sólido, ubicado en una de las salidas de Melgar. "Acá ellos venían mucho. Acá se celebraban cumpleaños, despedidas de soltero o solo venían de rumba y por los ’servicios’", contaron a SEMANA uno de los meseros y varias de las jóvenes y atractivas mujeres del sitio. "Como algunos venían muy seguido y se iban de ’amanecida’, ya le cogían confianza a uno y le contaban que eran presos de Tolemaida. Otros solo decían que eran activos, y es difícil distinguirlos porque de allá venían mucho. Pero desde hace dos meses, por el brinco ese (el escándalo de ’Zeus’), como que ya no los dejan salir tanto como antes", afirmó una de las muchachas.

Celular ’de Dotación’
A diferencia de lo que ocurre en cualquier cárcel del país, en la cárcel de Tolemaida los presos están obligados a tener por lo menos un celular. "Eso tiene su razón de ser. Con el celular usted puede llamar y decir que no llega o que está por fuera. Pero lo más importante es que si había una visita sorpresa y era necesario que usted volviera al quiosco o a la celda, por el celular lo ubicaban. Acá existe algo que se llama ’el mapa de riesgo’ para ese tipo de cosas. Eso consiste básicamente en que si hay necesidad de estar en el CRM, el director llama al coronel (r ) Ancízar Hincapié, que es el oficial de más rango y uno de los que más tiempo lleva [preso]. Hincapié llama a otro preso y le dice que tiene que volver a la cárcel. A cada preso se le asigna llamar a un solo compañero y funciona como una cadena. Yo llamo a uno, ese a otro, y así sucesivamente. Cuando el último de los 80 vendedores que andábamos por fuera era notificado, ese debía llamar a Hincapié y ahí ya se sabía que los 80 estábamos enterados. Si usted no tenía celular o minutos para llamar, lo sancionaban con 72 horas sin poder salir", contó uno de los detenidos. "El celular es clave por eso. Para que todo quede callado y no se caliente ninguna vuelta", dijo.
Esa ley del silencio que existía entre los condenados les permitía también a muchos de ellos disfrutar de vacaciones en otras ciudades. "El que estuvo muy de malas cuando salió eso de ’Zeus’ fue el soldado Torres Quintero León. El 13 de enero, él y otros cuatro se fueron a una diligencia a Medellín. Cuando salieron de la Fiscalía se fueron en un avión para pasar unos días en el Decameron de Cartagena. Cuando salió lo de ’Zeus’ en la prensa, el mayor lo llamó y le dijo que tenía que devolverse. Cogieron un avión desde Cartagena a Bogotá pero perdieron unos días de playa", cuenta un compañero del soldado. Torres llegó a Tolemaida en septiembre de 2010, para cumplir una condena de 26 años de prisión por homicidio agravado y tortura cuando hizo parte de las Fuerzas Especiales Urbanas de la IV Brigada en Medellín.
"Torres estuvo muy de malas porque casi nunca se le dañan a uno las vacaciones. Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés y no tuvo problema. De allá trajo a varios unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue capturado en 2001 y condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia, cuando hacía parte del Batallón Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada.
Estas son tan solo algunas de las perlas de lo que ha ocurrido en la cárcel militar más grande del país. El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, alega que las irregularidades fueron controladas y corregidas, se destituyeron oficiales que estaban a cargo de la cárcel y se trasladaron algunos presos a La Picota. El segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas, dijo a SEMANA: "Se van a suspender los teléfonos celulares de los internos, y se está estudiando con el Inpec la forma de conseguir teléfonos públicos. Los jueces tendrán que autorizar los permisos. Estamos mirando cómo se hace la transición de manejo individual de los negocios para convertirlos en recursos que sirvan a toda la población. Los taxis y todos los vehículos que tenían los presos ya se suspendieron". Sobre los condenados que siguen activos, y a diferencia de otras fuerzas, donde el retiro es expedito, en el Ejército "el proceso puede tomar años"dijo Vargas. Y añadió que está haciendo una revisión. "Espero no encontrarme ninguna sorpresa".
Tras el escándalo de hace dos meses y con la llegada de nuevos directores, algunos excesos como los permisos y el manejo de los vehículos han disminuido. Lo cierto es que, pese a esas medidas y a los anuncios del general Vargas, por ahora, los negocios no se han acabado, ni tampoco las cabañas con sus comodidades ni los celulares. Muchos condenados siguen activos y recibiendo sueldo. Además, los internos tienen clara una cosa. "Ahora están apretando un poco con todo. Pero eso va a pasar. Si la mitad de la gente que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá, presos con nosotros. No hay un solo comandante del Ejército que no sepa qué es lo que pasa en Tolemaida y solo es cuestión de tiempo para que llamen al director del CRM y del Cenae y todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué cree que regalan quioscos, taxis, viajes y no dejan que lo retiren a uno? Ellos son los más interesados en que nosotros sigamos bien acá. Yo llevo diez años acá. Así ha sido y así seguirá", concluye.
3 de abril de 2011
2 de abril de 2011
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