En 2003, los ’paras’ intentaron retomar este pueblo, con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, pero el entonces presidente Uribe y la comunidad se opusieron. A su paso dejaron varios asesinados y desaparecidos.
Colombia. Mil doscientos hombres de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) intentaron retomar en agosto de 2003 el control del municipio de Ituango, por orden de Vicente Castaño Gil, y con el supuesto apoyo de miembros del Ejército y de la Policía Nacional.
Los detalles de esta incursión armada paramilitar, que pretendía someter a sangre y fuego esta localidad, como se hizo entre los años 1995 y 1998, fueron conocidos por VerdadAbierta.com a través de testimonios de pobladores y de versiones consignadas en varios documentos revelados por juristas que pidieron la reserva del nombre y quienes manifestaron su extrañeza porque hasta el momento ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido vinculado a esos hechos ni adelantado en su contra investigaciones penales.
Uno de los documentos es una diligencia de indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación dada por el ex paramilitar Pedro Emiro Verona Loba, alias ‘Miro’, quien por varios años fue escolta de Carlos Castaño Gil, así como uno de los autores materiales de la masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, de Ituango, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 personas muertas, decenas de desplazados y el caserío destruido.
"Eso fue por orden de Vicente Castaño, él fue el que me dio la orden a mí para coger el control de ese municipio. Él me dijo que me mandaba allí 1.200 hombres", le dijo alias ‘Miro’ a la Fiscalía el 28 de septiembre de 2009.
Este ex paramilitar llegó a Ituango el 22 de agosto de 2003 acompañado de tres integrantes del Bloque Mineros: "Yo llegué hasta el municipio de Yarumal, ahí me presenté con ‘Camilo’, ‘Hernán’ y ‘Chiqui’. Nos recogió un helicóptero, no sé de qué empresa, y viajamos hasta el municipio de Ituango. Allá no nos recogió nadie porque yo ya conocía ese municipio. Ahí no iba ningún uniformado ni nada. Eso era particular y como lo dije, solo viajamos nosotros cuatro".
El viaje fue realizado en un helicóptero Bell 206 – L-3 de matrícula R001963 de la empresa Heliservice, piloteado por Luis Alberto Barrera Ramírez, quien aterrizó en la institución educativa Pedro Nel Ospina, donde dejó a los cuatro paramilitares. Según le dijo alias ‘Miro’ a la Fiscalía, "ese viaje lo pagó Vicente Castaño".
La versión entregada por el ex paramilitar, quien se desmovilizó el 15 de enero de 2005 en Santa Fe de Ralito, Córdoba, coincide con la explicación que dio el piloto de la aeronave a funcionarios judiciales el 16 de octubre de 2009. De acuerdo con Barrera Ramírez, "las personas que se bajaron en Ituango las recogí en Yarumal. De ese viaje recuerdo que aterricé en la cancha de basquetbol del colegio de la zona urbana".
Este piloto recordó que el viaje lo inició en el batallón Pedro Nel Ospina, del municipio de Bello, donde recogió varias personas que trasladó a Yarumal. Una vez allí, recibió la orden de un teniente del Ejército de transportar a Ituango a los cuatro paramilitares. "En el control de vuelo aparece la firma de un teniente, es la persona que nos recibió el vuelo cuando llegué a Yarumal", indicó Barrera Ramírez.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el oficial que autorizó el vuelo entre Yarumal e Ituango fue el teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro, en su condición de Comandante del Batallón No. 10 Girardot de la IV Brigada del Ejército, quien presentó a los cuatro paramilitares como integrantes de Inteligencia Militar, adscritos al B-2. Así se lo notificó este oficial del Ejército al comandante de la estación de policía de Ituango a través de una conversación radiotelefónica horas antes de la llegada de los paramilitares al pueblo.
Las explicaciones quedaron consignadas en un oficio enviado el 24 de agosto de 2003 remitido por el capitán Alejandro Muriel Marín, responsable de la unidad policial en la localidad, a la comandancia del Departamento de Policía Antioquia: "el teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro le informó al suscrito que al municipio arribarían cuatro miembros del Ejército Nacional, quienes deberán infiltrarse en la población, y en coordinación con los miembros de la Sijin y la Sipol que actualmente se encuentran en comisión en esta unidad, se encargarán de efectuar labores de inteligencia que permitan la captura y la judicialización de personas que posean vínculos y/o nexos con las organizaciones delictivas que operan en esta jurisdicción".
Sin embargo, el intento de hacer pasar a los paramilitares del Bloque Mineros por efectivos de Inteligencia Militar fracasó, pues algunos pobladores de Ituango reconocieron a alias ‘Miro’, quien había estado en esa localidad entre los años 1995 y 1998 como paramilitar raso. Por ello, reaccionaron de inmediato y denunciaron la situación ante las autoridades departamentales y nacionales a través de una misiva remitida el 27 de agosto de ese año.
El coronel Ricardo Cuervo Montenegro, segundo comandante de la IV Brigada del Ejército, verificó la denuncia y días después, a través de un comunicado oficial, le explicó a la comunidad de Ituango que las cuatro personas que arribaron a la localidad "eran soldados de la República que estaban de vacaciones". Para la época de los hechos, el comandante de esa guarnición militar era el general Mario Montoya Uribe, actual embajador de Colombia en República Dominicana.
Una vez en la localidad, los cuatro paramilitares se instalaron sin mayores problemas. "Vivían en un edificio a una cuadra de la estación de policía", recordó un habitante, quien pidió la reserva de su identidad. "Constantemente realizaban reuniones con comerciantes y miembros de la Fuerza Pública en un establecimiento comercial contiguo al parque principal. Previamente a su llegada, varios jóvenes del municipio ya estaban haciendo inteligencia para ellos y con la llegada de alias ‘Miro’, otros muchachos se incorporaron a las Auc".
El intento de la retoma de Ituango coincidió con una profunda crisis institucional que padecía este municipio debido a la ausencia de autoridades civiles, pues desde el mes de julio de ese año de 2003 el Alcalde, el Tesorero, el Secretario de Gobierno, el Personero y los fiscales tuvieron que abandonar el municipio por amenazas de las Farc y despachar desde la ciudad de Medellín.
Durante la permanencia en el pueblo, los paramilitares cometieron varios asesinatos, entre ellos el de Antonio José Sepúlveda Parias, ocurrido en el sector de Las Piscinas, el 4 de octubre de 2003. Además de generar el desplazamiento forzado de algunos habitantes que se atrevieron a denunciar los atropellos cometidos por los integrantes del Bloque Mineros.
Alias ‘Miro’ también reconoció que él y sus hombres realizaron actividades con tropas del Ejército: "tuvimos una operación en conjunto en el Filo de la Aurora, donde fueron dados de baja tres guerrilleros, quienes fueron trasladados al cementerio del pueblo y enterrados como NN".
La situación para los pobladores de Ituango no era fácil. Según relató un denunciante, "se tenía un sentimiento enorme de estar absolutamente desvalidos ante ellos, porque las fuerzas legalmente constituidas del Estado, Policía y Ejército, mostraban que propiciaban y defendían la presencia de los paramilitares allí".
Lo dicho por este poblador fue corroborado ante la Fiscalía por alias ‘Miro’: "durante los cinco meses que estuve allí tuve el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército. La ayuda era que ellos no se metían con nosotros, sabían quiénes éramos, pero no decían nada. En esa época yo pagaba un auxilio mensual de 300 mil pesos a cada policía, y no recuerdo si era un teniente o un mayor que recibía 1 millón de pesos. Yo entregada personalmente ese dinero".
El objetivo inicial de las Auc era retomar el control del casco urbano, desalojar las milicias de las Farc y, poco a poco, dominar la zona rural, una región estratégica, pues gran parte de ella hace parte del Nudo del Paramillo y es un enclave de la siembra de hoja de coca y la producción de cocaína. Allí hacen presencia los Frentes 18 y 36 de la organización subversiva.
Los paramilitares pretendían ingresar a la región por los corregimientos El Aro y Santa Rita, dos territorios que en el pasado sufrieron con rigor la crueldad paramilitar. En esta nueva incursión, se delegó su dirección a Wilson Antonio Mejía Silgado, alias ‘Picapiedra’, excomandante militar del Bloque Mineros y hombre de confianza de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el jefe de esa facción de las Auc, que operaba en las subregiones antioqueñas del Norte y el Bajo Cauca.
"Los bloques Minero y Central Bolívar participaron en varias acciones durante esa época, pero nunca pudieron entrar, entre otras razones porque hubo mucho refuerzo por parte de la guerrilla para impedirnos el ingreso, ahí participaron más o menos 1.200 hombres de las autodefensas, pero no se pudo entrar", explicó alias ‘Miro’.
Dos hechos más frustrarían la retoma de Ituango por parte de las Auc: primero, un ataque dinamitero contra alias ‘Miro’ y dos de sus hombres en pleno casco urbano; y segundo, la denuncia hecha por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y los paramilitares.
El ataque con un balón bomba se produjo el 9 de noviembre de ese año, cuando los tres paramilitares departían en un lugar público. En ese atentado no murió nadie, pero dejó por lo menos nueve personas heridas, entre ellas alias ‘Miro’.
"Sufrí con la onda explosiva la cual me puso a orinar sangre durante tres o cuatro horas y fui atendido en el hospital de ese municipio, solamente yo resulté lesionado, pero civiles sí hubo más, los que estaban conmigo eran ‘Camilo’ y ‘Hernán’, pero a ellos no les pasó nada", le dijo el paramilitar a la Fiscalía.
Pero lo que en definitiva marcaría la retirada de las Auc de Ituango fue el pronunciamiento del entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez durante un consejo comunitario realizado el 22 de noviembre de 2003 en el municipio de Rionegro, Antioquia: "me dice el alcalde, me dice la ciudadanía: vea, allá hay 100 policías, no salen del casco urbano. La guerrilla está a un kilómetro y los policías se lo pasan en el casco urbano tomando whisky con los paramilitares. Y en los ojos de los policías los paramilitares cobrándole vacuna a los comerciantes del casco urbano Eso no puede ser. La Fuerza Pública no puede entrar en colusión ni con paramilitares ni con guerrilleros".
Las palabras del mandatario tuvieron un efecto directo en los paramilitares, quienes de inmediato desalojaron la localidad. Eucario Macías Mazo, alias ‘NN’, uno de los integrantes del grupo paramilitar que se asentó en Ituango, así lo recordó ante la Fiscalía el 26 de abril de 2010: "Debido al escándalo del Presidente entonces comenzaron a recoger los integrantes de las Auc en el pueblo, nos tocó salir volando de allá".
El entonces Director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, tomó la decisión de relevar a todo el personal adscrito a la estación de Policía de Ituango, con lo que, según él, "se conjuraba ese problema que se ha presentado allá".
Alias ‘Miro’ le explicó a las autoridades judiciales que ante el fracaso de la retoma y los escándalos suscitados, Vicente Castaño le dio la orden de salir de la localidad. "Durante cinco meses que estuve allí no se pudo coger el control, por esta razón tuve que salir de la zona, allí no hubo nada porque la gente no pudo entrar, solamente yo contaba con los urbanos que tenían en el municipio. Después de eso la retirada fue por el puente de Pescadero con apoyo del Ejército Nacional, vestido de camuflado del Ejército Nacional".
A la investigación por la retoma del municipio de Ituango fueron sido vinculados los paramilitares Pedro Emiro Verona Lobo, alias ‘Miro’; Carlos Mario Corrales Castañeda, alias ‘Chiqui’, y Eucario Macías Mazo, alias ‘NN’; no obstante, los juristas que siguen de cerca este proceso expresaron su preocupación por cuanto después de más de dos años de las denuncias "hasta el momento se ha omitido por los funcionarios del ente acusador que han conocido del caso, vincular a los integrantes de la fuerza pública que connivieron con el accionar paramilitar para retomar el control de Ituango".
8 de abril de 2011
©verdadabierta
Colombia. Gonzalo Rafael Peláez Guerrero alias ‘Palermo’ fue condenado a 34 años de prisión por haber participado en el asesinato de Hernán Anselmo Navarro Manga, exalcalde de Sitio Nuevo (2001-2003), ocurrido el 13 de enero de 2005.
Colombia. El Castillo es un municipio ubicado al suroccidente del Meta que, por su geografía, ha sido centro de disputa entre guerrilleros y paramilitares. En esta zona, privilegiada por estar cerca al piedemonte llanero y bañada por los ríos Ariari, Guape y La Cal, los paramilitares asesinaron a decenas de personas señalándolas de pertenecer o colaborar con el Frente 26 de las Farc.
Colombia. El juez español Baltasar Garzón asesorará a Colombia a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó en Madrid el presidente Juan Manuel Santos.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo el primer día de audiencia del juicio al ex representante a la Cámara por Caldas Juan Pablo Sánchez, por el delito de concierto para delinquir agravado.
Colombia. La semana pasada tuvo lugar algo insólito en lo que va de este gobierno: el primer choque público entre los dos ministros más importantes del gabinete. A raíz de las revelaciones de SEMANA sobre las privilegiadas circunstancias en las que transcurría la reclusión de docenas de miembros del Ejército presos en Tolemaida, Germán Vargas, de Interior y de Justicia, y Rodrigo Rivera, de Defensa, quedaron en orillas opuestas en un debate que, en el fondo, toca un tema casi tabú en Colombia: ¿deben el espíritu de cuerpo y su expresión legal, el fuero militar, proteger a uniformados que cometen delitos que nada tienen que ver con actos del servicio?
Colombia. Varias organizaciones no gubernamentales instaron a la Unión Europea (UE) a condenar las desapariciones forzadas en Colombia, así como a solicitar a las autoridades de ese país que incrementen la protección de los activistas de dichas ONG.
Colombia. Un juez condenó a un desmovilizado de las Auc por habar asesinado a un campesino en el sur de Bolívar en 1997.