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radiografía a las llamadas bacrim


Un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris intenta mostrar la naturaleza de esos grupos, cuyo nombre es aún discutido por muchos sectores, y mostrar su dinámica en diferentes regiones del país.
Colombia. Herederos de las AUC, bacrim o neoparamilitares. La discusión está abierta. Hace unos días en la plenaria de la Cámara se llevó a cabo un debate de control político citado por los representantes Guillermo Rivera, Wilson Arias, Iván Cepeda y Jorge Gómez en el que se discutió el fondo de estas bandas.
¿Quiénes las integran? ¿Son el rearme de antiguos AUC? ¿El gobierno está tomando las medidas necesarias para luchar contra ellas? Pareciera que lo único que está claro es que se han convertido en el gran desafío de las autoridades. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, lo han reconocido. La estrecha relación de estos grupos con el narcotráfico los hace "muy poderosos, muy peligrosos", aseguró hace algunos meses el ministro Rivera a Semana.com
En un intento por hacer una radiografía de las llamadas bacrim, la Corporación Nuevo Arco Iris hizo un estudio, que se dará a conocer este viernes en el Senado, sobre su naturaleza y dinámica. Los investigadores y autores del informe, Ariel Ávila y Angélica Arias, señalan en el documento que el énfasis del anterior gobierno en la lucha contra la guerrilla de las FARC y la relativa fácil desmovilización y extradición de los principales jefes de las AUC, hizo pensar que los mandos medios y miembros rasos de las Autodefensas iban a seguir el camino de la reintegración, pero que la realidad fue otra.
"Las autoridades militares y policiales han gastado considerables recursos y empleado renovadas técnicas en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, pero desafortunadamente ese no ha sido el caso en relación con los herederos de las AUC".
El representante Iván Cepeda ha sido enfático en decir que las bacrim no son "simples bandas delincuenciales". En ese sentido coincide con Nuevo Arco Iris. La Corporación señala que la caracterización de dichos grupos como "bandas criminales" es "simplista, desorientadora y representa las actividades de estos grupos de una forma limitada".
Para evidenciar lo complejo del fenómeno, lo compara con lo que eran las AUC. El informe identifica cuatro puntos:
 
- La persistencia del narcotráfico y las relaciones estrechas que tuvieron narcotraficantes con las AUC, y que continúan ahora con las llamadas bacrim, lo cual asegura su financiación.
 
- La continuidad entre los mandos medios y bajos de los frentes de las AUC y los ahora jefes de los grupos reorganizados, quienes han reconstruido parte de las relaciones institucionales que funcionaron efectivamente en el pasado.
 
- Corrupción en las agencias estatales y la representación política local, resultado de la persistencia del narcotráfico. Esto es latente en los territorios con actividades extractivas y en zonas rurales y urbanas en donde la venta de protección es rentable.
 
- Las fisuras entre los contextos políticos locales de las zonas de influencia de las antiguas AUC y la coalición de fuerzas políticas que jalonan al gobierno nacional. Los quiebres entre centro y región son el resultado de la política anticorrupción y de restitución de tierras a las familias despojadas por las AUC.
 
Ante el panorama que presenta el informe los retos para el gobierno no son pocos. Ni sencillos. El documento reitera sobre la importancia de mejorar la caracterización de estos grupos. "El término neoparamilitar, ofrecido como alternativa a la denominación oficial, no es el óptimo, aunque es más complejo e incluye más elementos de realidad".
Otro aspecto es el que tiene que ver con la información sobre las acciones de estos grupos. Según el informe hay una enorme tendencia al subregistro y a que sus acciones sean invisibles para el público y las autoridades.
Y una de las razones que da para esto, es que las actividades de estos grupos están dirigidas principalmente en contra de comunidades, colectivos o individuos, y si no hay denuncia sobre la coacción y violencia no queda constancia del hecho. Citan como ejemplo los registros que se tienen de Montería en donde aparecen 12 eventos relativos a los ‘neoparas’ en el 2010, lo que para ellos "es negar una realidad que no pasa desapercibida en la capital de Córdoba".
Lo que hay que considerar es que si se quiere enfrentar este fenómeno seriamente, "lo primero que hay que hacer es tener un buen diagnóstico de lo que hacen estos grupos, en dónde lo hacen, cómo, con quiénes".
El informe señala que no hay acuerdo en cuanto al número de municipios con actividades de las bacrim. Mientras la Policía Nacional indicó que para el 2010 registraron actividades en 152 municipios repartidos en 20 departamentos, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en cabeza de su director, Felipe Muñoz, seis meses antes, había señalado que sólo 54 municipios estaban afectados.

Zonas Más Afectadas
Nuevo Arco Iris habla de la conformación de tres grandes redes de grupos armados concentradas en cuatro regiones.
Una sería la que se está conformando alrededor de la alianza entre ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’ y alias ‘Sebastián’, en Medellín, que es llamada ‘Los Confederados’ en algunas regiones de Antioquia y la Costa.
Y es que aunque ‘Los Rastrojos’ estaban concentrados en el suroccidente y Costa Pacífica en el 2007, dos años más tarde llegaron a la Costa Caribe y al corredor que va desde el Urabá hasta la frontera con Venezuela, pasando por el Bajo Cauca, Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Esta red se fortaleció en el corredor mencionado con la alianza establecida con Los Paisas y con Erik Vanegas, alias Sebastián, ubicado en Medellín (ver mapa).
Otra es la red liderada por ‘Los Urabeños’, las ‘Águilas Negras’ y los ‘Gaitanistas’, grupos que tienen una presencia fuerte en las costas del Golfo de Urabá y Córdoba, y en el corredor que va desde el sur del departamento de Córdoba hasta la frontera con Venezuela. Por la ubicación geográfica de esta agrupación, podría ser considerada como los herederos de lo que se conoció como la ‘Casa Castaño’. A esta red estaría asociado Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, quien rivalizó con Erik Vargas sobre el control del crimen organizado en Medellín.
La tercera es liderada por el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, ERPAC, que está ubicada en los llanos orientales. Esta red tiende a estar relacionada con ‘Los Urabeños’ y sus aliados, aunque mantiene independencia y no tiene competencias en su zona.
Las tres grandes redes de neoparamilitares tienden a concentrarse en cuatro regiones en donde se ubican la mayoría de los cultivos de coca.
 
Cultivos de Coca y Bacrim
Después de 10 años del inicio del Plan Colombia, señala el informe, hubo una reducción importante en la extensión de los cultivos de coca entre el año 2000 y 2003. La disminución de cultivos estuvo centrada en el departamento de Putumayo, el cual pasó de aproximadamente 66 mil hectáreas sembradas en coca en el 2000, cuando representó el 40 por ciento del total nacional, a 5 mil en el 2003, como resultado de una masiva fumigación aérea de las zonas con coca.
Sin embargo, ahora la producción de coca se ha concentrado en cuatro zonas.
 
- En el norte, en un corredor entre el Urabá antioqueño y chocoano, que pasa por el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el sur de Bolívar, y llega hasta el Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

- En el oriente, en los departamentos del Guaviare, Meta y Vichada, y en menor medida en Arauca.
 
- En el sur, en los departamentos del Putumayo y Caquetá, en la vertiente oriental del Macizo Colombiano.
 
- En el Pacífico, en la vertiente occidental del Macizo, en el departamento de Nariño, y con cultivos menores pero crecientes en Cauca, Valle y Chocó. En esta región del Pacífico colombiano se ubica la mayor extensión de cultivos de coca, que aumentó de 15 mil hectáreas en el 2004 a 25 mil en el 2009.
 
Pero esas regiones no son las únicas, hay otras afectadas por los cultivos, como la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta, pero allí la extensión de los sembrados de coca es marginal en relación con el total. De acuerdo con el estudio para el 2009 de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 217 municipios afectados por los cultivos de coca, cifra no despreciable, y en donde hay influencia de actores armados ilegales.
Nuevo Arco Iris analiza en detalle la evolución de las zonas de cultivos de coca entre el 2003 y el 2009, de donde proviene una de las principales fuentes de financiación de los grupos irregulares , y destaca dos grandes cambios y dos continuidades reveladoras:

- El crecimiento de los cultivos en la zona del pacífico, de 15 mil a 25 mil, sobre todo en los departamentos del Cauca, Valle y Chocó. En estos departamentos se pasó de 1.500 a casi 9 mil hectáreas en los últimos 6 años.

- La disminución de los cultivos en la zona oriental, de 34 mil hectáreas a 16 mil, sobre todo en el departamento del Meta. Esto ocurrió principalmente en los municipios con influencia de las FARC, y como consecuencia del Plan Patriota, los programas de erradicación de cultivos y el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, PCIM. En esta zona se asentaba la dirección del otrora poderoso Bloque Oriental de esa organización, liderado por Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.
 
- Una de las dos continuidades preocupantes de lo observado entre el 2003 y el 2009, período de análisis de UNODC, es la permanencia de los cultivos en la zona central, mayoritariamente regulados por grupos asociados con lo que fueron los diferentes frentes de la AUC. Esta es una amplia zona que va desde el Golfo de Urabá hasta la frontera con Venezuela y que albergó en su momento a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, Bloque Mineros, Bloque Central Bolívar y Bloque Norte.

Otra continuidad es la permanencia de una importante extensión de cultivos de coca en Guaviare, Meta y Vichada, con una tendencia a estar bajo el control del llamado ‘ERPAC’, cuya cabeza era Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, hasta finales del 2010, cuando fue muerto en un operativo de fuerzas élite de la Policía Nacional.
3 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©semana

corte exonera a santos por masacre


Corte de Ecuador exonera a Santos por ataque a campamento de Raúl Reyes.El juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, anunció que Santos fue sobreseído de forma provisional del proceso porque goza de inmunidad como presidente de Colombia, informó el canal Ecuavisa.
Ecuador. La Corte de Justicia de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos exoneró al presidente Juan Manuel Santos del proceso que investiga el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, en marzo de 2008, en el que murió ’Raúl Reyes’.
El juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, anunció que Santos fue sobreseído de forma provisional del proceso porque goza de inmunidad como presidente de Colombia, informó el canal Ecuavisa.
Méndez indicó que, sin embargo, llamó a juicio a seis jefes militares y policiales de Colombia, la cúpula a cargo en la operación militar del 1 de marzo de 2008 contra un campamento clandestino de la guerrilla de las FARC, en la zona selvática ecuatoriana de Angostura.
El juez incluyó en el proceso al excomandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla, al director de la Policía, Óscar Naranjo; al excomandante del Ejército Mario Montoya, al general Jorge Ballesteros, al excomandante de la Armada Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez.
Los acusados tienen tres días para presentar algún recurso de apelación, aunque Colombia no reconoce la competencia de la Justicia ecuatoriana en este caso.
En febrero pasado, la Fiscalía de Sucumbíos también se abstuvo de acusar al presidente Santos en el denominado "caso Angostura", aunque mantuvo su presunción de responsabilidad sobre los demás imputados.
Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se produjo el bombardeo y posterior incursión al campamento que las FARC habían construido en Angostura.
En esa operación fallecieron unas 26 personas, entre ellas el entonces "numero dos" de las FARC, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", así como un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.
Ecuador, dos días después de ese ataque, ejecutado sin aviso ni permiso, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, al considerar que se violó la soberanía nacional.
A finales de 2010, Ecuador y Colombia restablecieron plenamente sus lazos diplomáticos.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©semana

pretextos para matar de guillermo torres


Los paramilitares de las Autodefensas de Meta y Vichada aceptaron que asesinaron y desplazaron a cientos de inocentes, durante incursiones que buscaban combatir a las Farc.
Colombia. "Pida perdón y busque a Dios que es lo más importante". Esas fueron las palabras de una madre al asesino de su hijo, José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, el exjefe paramilitar quien aceptó haberlo asesinado y a un sobrino hace doce años en la inspección San Teodoro (Vichada).
Así como en este caso, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) reconoció que él y sus hombres asesinaron a decenas de inocentes en un conflicto que, según dijo, buscaba solo combatir a los cabecillas de los Frentes 16 y 39 de las Farc.
Durante una audiencia de control de legalidad, alias ‘Guillermo Torres’ y sus cómplices Rafael Salgado alias ‘El Águila’, Miguel Ángel Achury y José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’ le dijeron a un magistrado de Justicia y Paz que entre 1998 y 2005 delinquieron en varias zonas de los Llanos en donde asesinaron y desplazaron a la población civil.
Según los exparamilitares, varios de estas incursiones fueron realizadas en conjunto con Los Urabeños, el grupo de paramilitares que fue entrenado en las fincas del Urabá cordobés de los hermanos Castaño y que envió hombres a los Llanos a cargo de Élkin Casarrubia alias ‘El Cura’ y de José Efraín Pérez Cardona alias ‘Eduardo 400’.
También lo hicieron junto a Los Buitrago, el grupo paramilitar de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, que delinquía en el Casanare y que luego se declaró en guerra con el Bloque Centauros. En las incursiones conjuntas con las Acmv, Los Buitrago estuvieron a cargo de William Fredy Ortiz alias ‘Chorote’.
De esta forma las autodefensas de ‘Guillermo Torres’ conocidas entre la gente como ‘Carranceros’, por presuntos vínculos con el esmeraldero Víctor Carranza que siempre han negado, cometieron varias masacres y desplazamientos en Meta y Vichada junto a Los Urabeños y Los Buitrago. "Nuestro objetivo militar eran los cabecillas de las Farc en la zona", dijo alias ‘Guillermo Torres’.
Sin embargo, el 8 de noviembre de 1998 en una incursión que buscaba combatir al guerrillero alias ‘Cadete’, los paramilitares asesinaron a dos civiles que estaban en un sitio conocido como Planchón de Peña, ubicado sobre el río Manacacías. "Esta fue la que se llamó la tercera incursión a La Picota (inspección de Vichada). Volvimos al lugar por orden de ‘Guillermo Torres’.
Unos camioneros le informaron que la zona estaba alias ‘Cadete’, del Frente 39 de las Farc, y a raíz de eso planea con la gente del Urabá y Los Buitrago volver a La Picota. Nuestro grupo solo estuvo en la zona de tres a cuatro horas. Sobre las dos personas que asesinaron no teníamos información de que tuvieran vínculos con la subversión. Los mató alias ‘El Sabanero’ del grupo Los Urabeños", contó alias ‘El Águila’, exjefe militar de las Acmv.
En su recorrido para llegar a La Picota, 175 paramilitares de los tres grupos se distribuyeron por la zona y pasaron por los sitios La Palmita, Icarco, Altamira, Maracaná sobre el río Planas, Brisalia, La Virgen, Puerto Mosco y La Loma. En esa ruta, algunos habitantes denunciaron ante Justicia y Paz que los paramilitares los amenazaron y les quemaron sus bienes, obligándolos a desplazarse.
La historia se repitió el 3 de mayo de 1999 en San Teodoro, otra inspección de Vichada. Con el pretexto de buscar y combatir a alias ‘Narices’ y ‘Napo’ del Frente 16 de las Farc, 180 paramilitares de los tres grupos dispararon indiscriminadamente contra la población, que al escuchar los disparos empezó a correr despavorida. Ese día fueron asesinados cuatro civiles.
"Esa fue una operación relámpago por una información que nos dieron en Puerto Gaitán (Meta), de que en San Teodoro estaba la subversión. Llegamos a la zona entre las nueve y diez de la mañana, nos ubicamos en la parte alta y los tres grupos hicimos avanzadas y empezamos a disparar contra el caserío. Mucha población salió corriendo", contó ‘Guillermo Torres’.
El exjefe paramilitar dijo que mataron a los dos guerrilleros y reconoció que los tres grupos paramilitares atentaron contra la población. "A un señor y un menor que movilizaban en una motocicleta, los mataron. Solo porque el señor dijo que era el presidente de la Junta de Acción Comunal y al joven porque dijo que él era su tío. Alias ‘Chorote’ (del grupo de Los Buitrago) mató al señor porque de pronto lo vinculó (con la subversión) y al joven para que no quedaran testigos", señaló alias ‘Guillermo Torres’.
Algunas de las 42 familias que vivían en esta inspección del Vichada denunciaron ante Justicia y Paz, que ese día los paramilitares no solo asesinaron a cuatro pobladores ajenos al conflicto sino que quemaron y saquearon varias de las casas. "Varias víctimas reportaron que perdieron todo, les robaron el surtido de ropa, sus negocios, mercado y los enseres de las casas. Muchos se fueron por miedo y cuando regresaron, todo estaba destruido o terceros se habían apropiado de lo que quedaba", leyó el Fiscal 59 de Justicia y Paz.

Extorsiones y Desplazamientos
Los tres grupos paramilitares que se unieron para delinquir en la zona utilizaron la extorsión como un método de financiación. La Fiscalía tiene documentados en Meta al menos 350 casos de pagos de ‘vacunas’ en fincas de Puerto López y otros 250 casos en Puerto Gaitán.
Pese al sometimiento, algunos de sus pobladores fueron asesinados acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. "Durante tres años pagamos las extorsiones de los paramilitares y nunca tuvimos vínculos de las Farc", aclaró una mujer sobre el asesinato de su familiar el 21 de agosto de 2001.
Ese día alias ‘Platanote’ y alias ‘Alicate’, dos exguerrilleros que se sumaron a las filas guerrilleras, llegaron a la vereda Mayoral en Puerto López y se llevaron al administrador de una de las fincas de esa zona. "Al señor lo interrogaron, le pidieron que dijera que era guerrillero y por eso lo mataron", dijo el exparamilitar Miguel Ángel Achury. Alias ‘Guillermo Torres’ aceptó que podía ser recurrente que "se cometieran esos errores, que exguerrilleros que se unieron a la organización dijeran que cierta persona era guerrillera o auxiliadora para matarla".
A un maestro que vivía en uno de los resguardos del Vichada para enseñar a los indígenas, no le quedó otra opción que abandonar todo. "Gracias a Dios no tengo víctimas mortales. Pero cortaron mi plan de vida. Yo llevaba 28 años en el resguardo, enseñaba y mi proyecto era que a la hora de pensionarme pudiera tener un lugar donde vivir en tranquilidad con mi familia", explicó.
El profesor contó que el 24 de mayo de 2005 al menos 500 paramilitares se instalaron en su finca, en la inspección de San José de Ocuné, del Resguardo Comunidad La Libertad, y delante de sus hijas torturaron y asesinaron a un guerrillero. Por este hecho, él y ocho de sus familiares se convirtieron en objetivo militar. El fuego cruzado entre los dos grupos armados ilegales los obligó a dejar todo: la casa, el negocio y la tierra de la que vivían.
"Nuestra pretensión es que nos reconozcan los daños ocasionados porque fuimos desplazados. No hemos vuelto y ni pondremos un pie allí porque nos han dicho que la zona está peor que antes. Que hay rearmados. Hay muchas víctimas que no se han reportado", dijo el profesor.
La Fiscalía 59 de Justicia y Paz cree que es difícil saber el número de víctimas de de las Autodefensas del Meta y Vichada, por haber delinquido en la zona en conjunto con otros grupos paramilitares. "Tenemos documentados los casos de unas 250 víctimas, pero creemos que no superaremos las 800", dijo el Fiscal.
Para reconstruir los hechos, este despacho versiona e investiga a 13 exparamilitares y solicitará la postulación del Dioberto Ramírez Cardozo alias ‘Guahibo’, "que será clave para esclarecer muchos de los crímenes cometidos en la zona", señaló la Fiscalía.
La audiencia de control de legalidad, que se extenderá hasta el 2 de abril, presentará los casos de homicidios y desplazamientos cometidos por este grupo paramilitar.
1 de abril de 2011
30 de marzo de 2011
©verdad abierta

donde el horror llegó al límite


El bello Juradó, entre la selva y el océano en la frontera con Panamá, ha podido empezar a curarse las hondas heridas que le dejaron la barbarie paramilitar y la corrupción.
[Mauricio Builes] Colombia. Hace tres meses que la suerte no se deja ver en Juradó. Los pescadores salen a buscarla desde las cinco de la mañana y la esperan en altamar hasta el atardecer. Los niños intentan imaginarla cuando recorren la playa desde el pueblo hasta la punta donde el Océano Pacífico recibe las aguas dulces del Río Juradó. Por las noches, sentados bajo los árboles del parque central, los hombres no hacen más que especular sobre quién será el próximo que se la encuentre de frente.
El último afortunado fue "el viejo Pitufo", el pescador más noble y humilde de esta tierra y que, al decir de los vecinos, tuvo un bien merecido encuentro. Cuentan que esa mañana de diciembre, el viejo salió a pescar como lo hacía todos los días del año, sin más pretensiones que traer la comida para su casa.  Antes del medio día, sus amigos lo vieron acercarse al muelle con el cuerpo erguido y la sonrisa de los triunfadores. En su lancha traía echada la mismísima suerte: una paca de  cocaína.
Los habitantes de Juradó están tan acostumbrados a los bultos de cocaína como al pescado. Sueñan con ellos, se imaginan los sesenta millones de pesos que les pagan por cada uno y hacen largos listados de las cosas que quieren comprar. Las autoridades la llaman "la pesca blanca" y la asumen con tal naturalidad que pareciera no los incomoda. Una mañana de pesca puede dejar rico a cualquiera.
Juradó es un municipio fronterizo, el último de Colombia al extremo norte por la Costa Pacífica, y su mar es ruta de las lanchas cargadas en las costas del departamento del Valle o del Cauca y que van hacia Centroamérica. A veces la Infantería de Marina agarra a los traficantes en pleno viaje. Ellos tiran los paquetes de cocaína al mar; y ahí quedan flotan sin dueño.  Muchas veces, mientras una es detenida, otras dos consiguen coronar. Es tan rutinario el asunto que a veces, los mismos tripulantes cuando se ven atrapados llaman a sus contactos en Juradó y le avisan: "Merca en altamar".
Pero el verano de marzo parece estar terminando, la mercancía no aparece y nadie llama al celular de los lancheros. Eso significa volver a los pargos, al atún y a la sierra.  De nuevo ser otro pueblo más del Chocó de ruegos insatisfechos, dicen los pescadores desilusionados.
Juradó está lleno de contrastes. Por un lado ves la selva exuberante, los delfines brincando en océano azul, aves rojas y verdes de diversas formas y tamaños. Pero cuando crees que te vas a encontrar otro pueblo más del Chocó miserable y sucio, te sorprendes. Te sientes más bien en un pueblo del oriente antioqueño: las calles limpias, los postes con canecas de basura, los niños con el uniforme blanco, planchado y con carpetas de colores bajo el brazo. Hay un asilo para ancianos que ya casi está terminado, el edificio de la Alcaldía se ve recién pintado y hay dos canchas de microfútbol impecables.  En los pasillos de la Gobernación en Quibdó, la capital chocoana,  me habían comentado con algo de envidia, que de un tiempo para acá, los de Juradó se creían panameños.
Los contradice la alcaldesa del pueblo, Jenny Rivas, una administradora de negocios educada en Medellín, que decidió regresar a su tierra para demostrar que no todos los políticos chocoanos van a la cárcel. No es la  influencia del país vecino que queda a tan sólo 30 minutos en lancha. Y niega con vehemencia que el progreso sea fruto la "pesca blanca".
"No te voy a negar que el problema del narcotráfico es serio pero con esa plata no se hacen asilos, ni se reconstruye un pueblo (…) la plata de las drogas se va en licor en ocio". ¿Por qué la alcaldesa habló de reconstruir Juradó?, ¿acaso fue derrumbado alguna vez?
Pues en cierto modo sí. Hace diez años la barbarie paramilitar sacó a casi todos sus cinco mil habitantes corriendo. Quedó como un municipio fantasma de cien habitantes.  En los corregimientos de Aguacate, Coredó, Guarín, Curiche y Patajoná  hubo masacres tremendas. Nadie sabe con exactitud cuántos muertos hubo, pero la gente habla de ellos en pasado porque nadie volvió a vivir allá.
Los familiares de los muertos huyeron hacia Panamá, Bahía Solano, Pizarro o Buenaventura. Tonny, el plomero de Juradó, fue uno de los pocos que se quedó no porque quisiera sino porque no tenía a dónde ir. Sentado en las graderías de una de las canchas recuerda el día en que la misma Alcadía –que por esos años despachaba desde Bahía Solano, a dos horas en lancha bimotor –contrató un barco para que sacara del pueblo a los que quisieran huir. "Fue el día del éxodo" dice Tonny y señala hacia el muelle, desde donde debió partir la embarcación en 2000.
A partir de ese momento Juradó se volvió un "pueblo del relajo". Le cabe la descripción que hace el historiador, Jorge Orlando Melo, en el prólogo de ‘Aguas Arriba’ de Alfredo Molano, sobre los pueblos en la frontera con Brasil: "Un mundo en buena parte sin Estado, sin sistemas judiciales definidos, donde las normas de convivencia se imponen o espontáneamente o por la fuerza".
En Juradó fue esto último. Los hombres del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Freddy Rendón, alias "El Alemán", impusieron el orden que les convenía para sus negocios ilícitos y lo hicieron a la brava.
Cualquier juradoceño mayor de 20 años,  recuerda el sonido del avión cuando pasó por encima del pueblo: "Era la primera vez que un aparato de ese tamaño pasaba sobre nuestras cabezas –recuerda Tonny-. Ya sabíamos que adentro venían los paras".
También se dieron cuenta de que los infantes de esa época trabajaban de la mano con los del Élmer. Varios relatos recogidos en Juradó dan cuenta de cómo los hostigamientos a los pobladores venían de parte y parte. La diferencia era que mientras las amenazas de los militares del Estado servían como advertencia, la de los paras eran partida de defunción.
Ledesma es un apellido del que Juradó prefiere no acordarse. Aún hoy, cuando alguien lo pronuncia lo hace en un tono bajito como si se tratara de un secreto. El teniente Alejandro Ledesma, se vestía como infante de marina, pero actuaba como un hombre más del bloque paramilitar. En 2002 fue secuestrado por las Farc y el 5 de mayo de 2003 cayó abaleado junto al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, cuando el ejército intentó rescatarlos de su cautiverio en Urrao, Antioquia.
Durante eso años el terror se reciclaba casi con la misma frecuencia que los gobernantes. Desde el 2004 y hasta el 2008 Juradó tuvo diez alcaldes que iban cayendo en la medida en que se iban quedando con el dinero destinado para el hospital, la escuela, la electricidad, el agua potable y las basuras. Hasta los dos alcaldes indígenas (en total son ocho comunidades Embera) que hubo también fueron destituidos.
La historia de malos gobernantes se repitió hasta que llegó la primera mujer como candidata.  Las comunidades negras e indígenas le apostaron a que con ella podrían hacer un pueblo diferente. Y lo están logrando..
Cuatro mil personas han retornado a casi todo Juradó y el municipio ocupa el primer puesto en el departamento en desempeño integral, es decir, en manejo financiero y administrativo. A los únicos lugares donde aún no se animan a regresar los juradoceños es a los corregimientos donde hubo tanta masacre. Allá hoy sólo están los restos de las víctimas cubiertos por la tierra, la arena o los manglares.  La segunda semana de marzo de 2011, unos pocos se animaron a volver para colaborarle a la delegación de la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, liderada por Gustavo Duque, a que exhumara cuerpos de las víctimas para podérselas entregar debidamente a sus deudos, y además formalizar los cargos contra los responsables.  Sacaron doce cuerpos y quedó la promesa de una segunda visita para sacar a los demás.
Cuando le pregunto a la Alcaldesa, qué otra fórmula ha aplicado para que Juradó se vea tan ordenado, ella, tomando uno de sus dos teléfonos celulares, me contesta con cierto orgullo:  "Yo llamo a los ministros y los canso". Tanto que antes de que Álvaro Uribe terminara su presidencia logró que el entonces canciller, Jaime Bermúdez, visitara el pueblo y se reuniera con los habitantes para anunciarles que tendrían beneficios adicionales por ser un pueblo fronterizo, como girarles más recursos desde Bogotá.
La gente está preocupada, más aún que por la desaparición de la pesca blanca, porque no saben quién va a reemplazar a su eficiente alcaldesa. Un indígena de la comunidad de Aguascalientes, a dos horas en chalupa por el Río Juradó, me contó que el mismo día que la Fiscalía hizo la exhumación de tres cuerpos en su cementerio, gran parte de los hombres estaban trasnochados y borrachos porque un candidato llamado Bibiano los había visitado la noche anterior con cajas enteras de ron para darles a conocer sus propuestas.  No se ve que ese sea un futuro muy prometedor.
1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©verdad abierta

denuncian impunidad en colombia


Ministerio de Asuntos Exteriores británico denuncia violencia e impunidad en Colombia. El informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores británico también se refiere a los logros alcanzados por el gobierno Santos, a los llamados "falsos positivos" y a la amenaza contra los periodistas.
Colombia. El informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, presentado este jueves en Londres por el titular del Foreign Office, William Hague, analiza los progresos en materia de derechos humanos alcanzados en 26 países durante 2010 y al mismo tiempo denuncia los abusos y violaciones que continúan cometiéndose en muchas partes del mundo.
En el caso colombiano, el informe indica que "el tono del debate nacional sobre derechos humanos en Colombia cambió de forma notable con la llegada al poder del gobierno de Juan Manuel Santos, el 7 de agosto", y recuerda cómo el propio presidente declaró que defender esos derechos sería un "compromiso firme e inevitable" de su mandato.
No obstante, pese a ese "ambicioso programa de reformas en el que se embarcó el gobierno, que incluye una nueva legislación para combatir la corrupción, la reforma del poder judicial, la restitución de la tierra a los desplazados y la compensación a las víctimas", la situación "sigue siendo causa de preocupación", según el informe británico.
El documento denuncia que "los defensores de los derechos humanos han sido frecuentemente víctimas de violencia e intimidación y asesinato" en Colombia.
También lamenta que los indígenas y los afrocolombianos sufrieron "desplazamientos, amenazas y masacres y los niveles de impunidad continúan siendo altos".
El informe subraya que "las actividades de grupos armados ilegales fueron un obstáculo significativo al progreso en muchas partes del país".
El Foreign Office recuerda que el presidente Santos detalló un programa en el que incluía la reforma del sistema judicial y señala que, aunque ha habido elementos positivos en ese apartado, "el número de personas que no afrontó la justicia por sus delitos continuó siento alto".
Además, la Ley de Justicia y Paz del 2005, diseñada para desmovilizar a los paramilitares, "ha fracasado, hasta la fecha, a la hora de asegurar que los culpables respondan ante la Justicia por asesinatos o a la hora de reparar a las víctimas", afirma el documento difundido por el Ministerio de Exteriores británico.
En el informe también se hace alusión a los llamados "falsos positivos" y a los asesinatos extrajudiciales atribuidos a las fuerzas de seguridad.
A ese respecto, el informe dice que esos asesinatos se redujeron de forma significativa en los últimos dos años y que los autores de los crímenes del pasado han sido llevados ante la justicia.
Según el presidente Santos, 298 miembros del Ejército han sido condenados hasta la fecha por dichos crímenes, aunque, según el informe, esto representa sólo "una fracción" de los casos.
Aunque el entorno operativo mejoró en 2010 para los activistas de derechos humanos, muchos sindicalistas, indígenas, líderes afrocolombianos, periodistas y miembros de ONG se enfrentaron de forma continuada al riesgo de un ataque de grupos armados ilegales y criminales, señala el informe.
Sobre la libertad de expresión, en el documento se denuncia que los periodistas fueron blanco de amenazas y violencia y agrega que aunque el número de reporteros asesinados ejerciendo su trabajo continuó siendo bajo -uno por año tanto en el 2009 como en el 2010-, la violencia y la intimidación continuaron.
 1 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©semana

la masacre de aguascalientes


A los Embera les duele recuperar su memoria. La Fiscalía de Antioquia  se adentró a una vereda de Juradó en el corazón selvático chocoano para exhumar los cuerpos de Angelmiro Chájito, gobernador indígena, su hermano Porfirio y su sobrinito Alonso, asesinados por paramilitares hace once años.
[Mauricio Builes] Colombia. Arcensio no fue capaz de terminar la historia. Lloró y después se quedó en silencio con la mirada puesta en la copa de los árboles que adornan las casas de la comunidad emberá de Aguascalientes (Juradó, Chocó). En ese mismo momento, a quinientos metros desde donde estaba, el equipo de exhumaciones de la Fiscalía desenterraba a sus familiares. Él mismo fue quien les señaló el lugar pero no fue capaz de quedarse para ver los restos ni hablar sobre la muerte. Entró en una especie de letargo. Era la primera vez que tocaba el tema desde aquel domingo de agosto de 1999 cuando los paramilitares asesinaron a sus dos hermanos y a su sobrino de cinco años. Ese día Arcensio se salvó porque corrió selva adentro y se camufló entre las aguas de una cascada. Una bala le rozó la espalda.
La cicatriz sólo se la ha visto una vez frente al espejo. La ignora. Prefiere no recordar nada. Prefiere no pensar en el peor día de su vida. La historia la cuentan los otros. Cuentan que ese domingo a las seis de la mañana, las mujeres de la comunidad de Aguascalientes apenas se estaban levantando a preparar el desayuno. En ese momento, una docena de paramilitares llegaron a la tribu y le pidieron a los indígenas que se formaran frente a la casa de Angelmiro Chájito, el gobernador de la comunidad. El líder de los uniformados – un hombre alto, de pelo ensortijado y blanco según la descripción de los sobrevivientes- sacó un papel blanco del bolsillo y comenzó a llamar a algunas personas no por su nombre sino por la características de su vestimenta: el de mochos azules y camiseta blanca, el de pantalón café y botas negras de plástico, el de camisilla de rallas blancas y azules. Descripción que coincidía con la de los líderes de la comunidad Embera de Juradó. Los acusaba de ser colaboradores de la guerrilla de las Farc.
Antes de comenzar la exhumación por parte de la Fiscalía de Medellín, la comunidad de Aguascalientes realizó un ritual ante las fosas, guiado por una de las mujeres que conocía a las tres víctimas. Una vez terminado se regresaron para sus viviendas porque, según sus creencias, el espíritu de los muertos puede entrar en conflicto con el de los vivos.
A quienes llamaba, debían dar un paso al frente y acostarse bocabajo sobre la tierra. Cuando llegó el turno del gobernador, este les dijo que ellos no le debían nada a nadie pero que si los iban a matar que lo hicieran dentro de la comunidad, que no se los llevaran para el monte. Uno de los ‘paras’ comenzó a disparar sin reparos y mató a dos: Angelmiro y a su hermano, Porfirio. El hijo de este último, Alonso, un crío de cinco años, estaba en el techo de la casa.  Comenzó a gritar por su papá muerto y a quejarse tan fuerte que su llanto fue lo único que se escuchó en toda la tribu durante segundos. Un hombre armado le hizo un gesto con la mano para que se callara pero Alonso Chájito seguía gritando sin consuelo porque su papá estaba tirado en un charco de sangre. El hombre le apuntó con su arma y como si se tratara de "tiro al blanco" le disparó cuatro veces. El niño cayó sin vida sobre el cuerpo del papá.
En ese momento, Arcensio, que ya estaba bocabajo a la espera del disparo, se paró y corrió hacia los arbustos que estaban detrás de la casa. Cerró los ojos como si supiera de  memoria el camino hacia la selva hasta que sintió el sonido de una cascada cerca del Río Juradó. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que uno le apuntaba con el arma. Arcensio se metió a la cascada y escuchó un rafagazo. Uno de los proyectiles alcanzó a rozarle la espalda. Se sumergió y comenzó a nadar evitando salir a la superficie. El "para" lo dio por muerto. Arcensio, quien para la época tenía 19 años, se puso en la herida yerbas que encontró en el camino y regresó a su aldea casi al anochecer.
Pero allí no había nadie. Ni una sola persona en ninguna de las 16 chozas que conformaban la comunidad. Sólo los animales y algunas prendas de vestir que estaban extendidas al sol. Pensó lo peor, que él era el único sobreviviente. Decidió esperar a que amaneciera y salir para el casco urbano de Juradó y contar lo que había sucedido.
Cuando llegó a Juradó, se dio cuenta de que todos sus parientes de la aldea estaba allí. Ellos también lo habían dado por muerto. Cuando lo vieron comenzaron a llorar y lo abrazaron. Le contaron que los cuerpos de sus hermanos y su sobrino ya estaban envueltos en mantas en el muelle a la espera de una canoa que los transportaría hasta Dos Bocas para enterrarlos (una comunidad indígena de la zona a dos horas por el Río Juradó). Le contaron, además, cuál había sido la orden paramilitar: "No queremos ver a nadie en este hijueputa pueblo".
Luego, Arcensio preguntó por Francia, la esposa de Argemiro, para preguntarle por los detalles de la matazón o por si sabía la verdad de por qué los habían matado. Ella le explicó que un paramilitar había visto a una de las mujeres indígenas dos semanas atrás transportando 13 almuerzos desde Juradó hasta la aldea para servirlos en los comedores infantiles que la Alcadía del municipio había dispuesto durante ese año.
Estaban seguro de que eran provisiones para los hombres del Frente 57 de las Farc, que aún hoy se mueve por esa parte de la selva chocoana. Al final, Francia le hizo una advertencia a Arcensio: "Aguascalientes ya no existe para nosotros. Ni te asomes".
De las diez comunidades indígenas que viven en el municipio de Juradó, dos, el Guayabo y Aguascalientes, tuvieron que desplazarse en su totalidad por órdenes de los paramilitares. Dos Bocas, por ejemplo, donde se hicieron las exhumaciones, fue una de las aldeas a donde llegaron algunos  indígenas desplazados. Hoy está habitada por 36 familias que, salvo en eventos extraordinarios como la exhumación, prefieren no hablar del pasado. Incluso, para que la Fiscalía pudiera realizar sus labores, tuvo que pedir la autorización no sólo de Arcensio y los otros familiares de las víctimas sino del gobernador actual y del cabildo mayor.
Además, la creencia de esta comunidad es que no se deben desenterrar a los muertos porque sus espíritus pueden entrar en conflicto con los de los vivos.  Por eso el equipo de la Fiscalía tuvo que asistir a un ritual  antes de comenzar a cavar en la tierra. Según explicó César Guasiruque, el gobernador actual, el ritual les permitiría estar en paz con el espíritu de las víctimas.
Salvo César y dos de sus compañeros, nadie soportó la escena del desentierro. Sólo permanecieron durante la ceremonia y después se retiraron para sus respectivas hamacas. La razón no sólo era religiosa. La noche anterior los había visitado un candidato a la Alcaldía de Juradó y les convidó a licor. Bebieron durante toda la noche mientras él les presentaba sus propuestas. Por eso no estaban en condiciones de ver a la muerte ni de revivir su pasado.
Los restos de los tres cuerpos fueron embalados meticulosamente en tres bolsas rojas. En este momento se encuentran en un laboratorio en Medellín a la espera de que sean cotejados no sólo con las muestras de sangre de Arcensio Chájito sino la de los hijos del gobernador indígena y su hermano. Los acompañan los restos de otras nueve personas que también fueron exhumadas durante la primera semana de marzo en todo Juradó.
Este pueblo fronterizo, pues Panamá queda a tan sólo media hora en lancha, vivió la barbarie paramilitar hace una década y sólo hasta ahora se empiezan a conocer las historias de dolor de sus habitantes. Los indígenas –que conforman casi el 40 por ciento del total de la población- no estuvieron exentos de la matazón. Y para peor, por tradición, no expresan su dolor, ni cuentan;  se contienen y prefieren tragarse el recuerdo.
Les pasa como a Arcesio, les gana el llanto. Es posible que salvo el  día de la ceremonia de entrega de los restos que se hará dentro de ocho meses en Medellín o Bahía Solano (a tres horas en lancha desde Juradó), no habrá otro momento en el cual los indígenas de Aguacalientes y Dos Bocas revivan el recuerdo de sus muertos. Ellos elijen dejarlo bajo tierra.
31 de marzo de 2011
30 de marzo de 2011
©verdadabierta

capturan a alcalde de san josé


El alcalde de San José de Uré (Córdoba) fue capturado este martes en Barranquilla por agentes del DAS. Deberá responder por una desviación de fondos que, según algunos indicios, podrían haber terminado en las finanzas de las bandas criminales.
Colombia. Hace cuatro años el escándalo de la ‘parapolítica’ estalló a nivel regional, cuando cuatro diputados del departamento de Sucre fueron capturados por la Fiscalía tras comprobar los nexos que estos dirigentes políticos tenían con el Bloque Norte de las Autodefensas de alias ‘Jorge 40’.
Se trataba de Ángel Villarreal Barragán, presidente de la Asamblea Departamental; Johny Villa, vicepresidente, y los diputados Nelson Stamp Berrío y Walberto Estrada. Serían los primeros dirigentes políticos condenados por nexos con paramilitares, en un escándalo que salpicó a casi un centenar de dirigentes en todo el país.
La historia puede repetirse. Este martes, agentes del DAS en Barranquilla capturaron a Bladimir Londoño Zulbarán, alcalde del municipio San José de Uré (Córdoba) y quien llevaba casi un mes prófugo de la justicia.
Se trata de un dirigente político local, casi desconocido para la opinión pública, sobre quien hay serios señalamientos de que sería uno de los alcaldes cooptados por las bandas criminales en el departamento de Córdoba.
La orden de captura que hizo efectiva el DAS pretendía que Bladimir Londoño respondiera por el desvío de 8.000 millones de pesos del sector de la salud hacia particulares, tal como ha sido registrado por los diarios de la región como el Meridiano de Córdoba y El Universal de Cartagena.
Según el DAS, y en una información revelada por el representante Guillermo Rivera en la Cámara de Representantes, precisamente en un debate sobre bandas criminales, el alcalde de San José de Uré "estaría desviando 8.000 millones de pesos de la salud hacia la cuenta bancaria de un mototaxista, supuestamente miembro de una banda criminal", dijo Rivera en el debate que se adelantó en la plenaria.
Bladimir Londoño Zulbarán es el primer servidor público capturado por sus presuntos vínculos con las bacrim. Señalamientos que, ahora, tendrá que enfrentar ante el requerimiento de la justicia.
En el momento de su captura Londoño Zulbarán se declaró inocente de los señalamientos y dijo que "jamás" ha robado dineros del Estado.
La historia del alcalde de San José de Uré no había trascendido en el país. Sin embargo, las denuncias sobre el manejo de recursos del municipio habían sido frecuentes desde comienzos del 2010 luego que los concejales le pidieran al entonces contralor general, Julio César Turbay Quintero, intervenir las finanzas municipales.
Siete concejales de ese municipio, creado por un decreto en el 2007, dieron a conocer al contralor general un listado de supuestas fallas que se estarían dando en la alcaldía de esa localidad.
Según los concejales, no se habían rendido los informes financieros y presupuestales legales respectivos a la corporación, por lo tanto se desconoce la ejecución presupuestal de las vigencias anteriores y actuales.
Los cabildantes también señalaron en ese entonces que no había cumplimiento de las funciones propias del cargo por parte del alcalde Bladimir Londoño Zulbarán, quien, según ellos, permanecía la mayoría de período fuera de la jurisdicción.
Este, sin embargo, no es el único alcalde con sospechas de tener nexos con las Bacrim.
Miguel Ángel Gómez, que había sido elegido en el 2007 con 5.604 votos alcalde de Tarazá, en el bajo Cauca antioqueño, renunció formalmente a su cargo el 20 de agosto del 2010, después de gobernar desde la cárcel por casi dos años.
"La Fiscalía lo ha señalado como presunta ficha del bloque Mineros de Ramiro ’Cuco’ Vanoy, y rastrea el posible desvío de 750 millones del hospital San Antonio de Tarazá hacia la banda criminal conocida como ‘los Paisas’", dijo el representante Guillermo Rivera en el Congreso, sustentado en documentos judiciales.
Aunque en ese debate que adelantó la plenaria de la Cámara sobre las bacrim el Gobierno las calificó como organizaciones con fines económicos antes que políticos, también advirtió que esas organizaciones tienen intereses en intervenir en las próximas elecciones de octubre, donde se escogerán las autoridades municipales y departamentales.
El viceministro de Defensa dijo, en un foro sobre elecciones organizado por SEMANA, que las bacrim quieren administrar territorios para incidir en sus fuentes de financiación. "De ahí la importancia de capturar las autoridades locales por parte de las bandas criminales, a través de las elecciones".
La captura del alcalde de San José de Uré, quien deberá responder por presunta desviación de fondos, podría ser el primer capítulo de la ’bacrimpolítica’.
30 de marzo de 2011
©semana

ex contralor a la cárcel


A la cárcel excontralor de Bogotá y exdirectora del IDU. La juez séptima penal de Bogotá aceptó la petición de medida de aseguramiento en contra de Miguel Ángel Moralesrussi y Liliana Pardo hecha por la Fiscalía. La medida también cobijó al exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez Julio.
Colombia. La juez séptima penal de Bogotá con funciones de control de garantías encontró méritos suficientes para dictar medida de aseguramiento en contra del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, y el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez.
Al dar a conocer su decisión, la juez manifestó que los imputados incurrieron en delitos graves y por tal razón la petición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía era razonable.
Moralesrussi y Meléndez serán trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá. Liliana Pardo, por su parte, será recluida en el centro penitenciario para mujeres El Buen Pastor, también en la capital de la República.
Por su calidad de exfuncionarios, todos serán llevados a patios especiales. Las defensas de los tres apelaron y a esta hora presentan los recursos con los que buscan impugnar la decisión de la juez.
La medida se da una semana después de que a los exfuncionarios se les imputaran cargos por varios delitos dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por el denominado ’carrusel de la contratación’.
En el caso del excontralor Moralesrussi, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato. Según la Fiscalía, que tuvo en cuenta distintas declaraciones de los Nule, el exfuncionario les pidió dinero a los miembros del grupo en dos oportunidades y como contralor de Bogotá no cumplió con sus funciones.
De acuerdo con la juez, Moralesrussi podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión.
A Liliana Pardo le fueron imputados cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la juez, Pardo podría enfrentar una pena mínima de nueve años de prisión.
Sobre Inocencio Meléndez Julio, la juez aseguró que podría recibir una condena de entre ocho y quince años de cárcel.
A su llegada a la diligencia, Meléndez dijo que asumiría las decisiones judiciales. "Vamos a responder… asumo el mandato constitucional, el mandato legal, cualquiera que sea". No obstante, el funcionario negó que los contratos se hubieran adjudicado de manera irregular.
A Meléndez le fueron imputados cargos por los delitos de prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales.

Descalabro ‘Billonario’
En la imputación de cargos contra los tres exfuncionarios, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Germán Pabón Gómez señaló que tiene en su poder una grabación en la que se confirma que Inocencio Meléndez recibió un carro, un apartamento y 250 millones de pesos en efectivo, para un total recibido de 4.500 millones de pesos.
"Inocencio Meléndez Julio participó en la elaboración de conceptos para favorecer a contratistas y a terceros en asocio con la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona", indicó el fiscal, quien aseguró además que Meléndez Julio era llamado por integrantes del grupo Nule como ’Morena Mía’.
Durante su exposición, Pabón Gómez reveló que desde el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entre los años 2007 y 2010, se produjo un descalabro por la suma de 2 billones 235 mil millones 926 mil 997 pesos, cuando se abrió la contratación para la Fase III de Transmilenio, la malla vial y la valorización para obras en la Carrera Décima, Calle 26 y Carrera Séptima.
 
El ’Carrusel de la Contratación’
Desde marzo del año pasado, en los medios de comunicación comenzó a circular la versión acerca de la existencia de un ’carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Según varias denuncias, la familia del alcalde Samuel Moreno, y en particular su hermano Iván, eran quienes supuestamente controlaban desde la administración distrital el funcionamiento de dicho ‘carrusel’.
Sobre el tema, el excandidato del Polo Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux presentaron un informe sobre la gestión de la administración Moreno en Bogotá. Entre sus conclusiones destacó que Iván Moreno manejaba una ’rosca’ de cinco grandes firmas entre las cuales se repartían los contratos del Distrito.
Petro señaló que los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, los hermanos Torrado, entre otros, concentraban buena parte de la contratación del distrito.
Al mismo tiempo, el Grupo Nule, empresa que había ganado la licitación de un gran número de contratos, se declaró en quiebra y anunció que no entregaría a tiempo diferentes obras, entre ellas la de la Calle 26 de la Fase III de TransMilenio.
Por esos días, apareció una grabación que da cuenta del cobro de coimas, como lo demostró la Procuraduría General de la Nación, del exrepresentante Germán Olano y de Moralessrusi al grupo Nule para favorecerlo en las posibles investigaciones fiscales.
Tras la apertura de investigaciones a los hermanos Moreno, tanto disciplinarias como penales, Miguel Nule, presidente del Grupo Nule, dijo que en algunas licitaciones en las que participó le habían pedido el 6 por ciento para el senador Iván Moreno y el 2 por ciento para el contralor Moralesrussi, a quien el pasado mes de febrero, junto al exrepresentante Olano, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos.
Según Nule, en declaración a los entes de control, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, pidió dinero para que no se declarara desierta la adjudicación del contrato de la 26. En su criterio, el representante Germán Olano, quien pidió 3.500 millones de pesos para evitar que eso no ocurriera, era el intermediario.
Moralesrussi, Olano y Liliana Pardo siempre han negado todas las acusaciones.
30 de marzo de 2011
29 de marzo de 2011
©semana