VerdadAbierta.com documenta, como nunca antes se había hecho, cómo el Instituto de la Reforma Agraria se prestó para que ‘Jorge 40’ y sus amigotes pudieran legalizar miles de hectáreas de tierras usurpadas a la fuerza a campesinos pobres en el Magdalena.
Colombia. El Incoder ya devolvió 37 predios que había robado ‘Jorge 40’, en el departamento del Magdalena, y que luego logró legalizar, cuando posaba de estar abandonando la guerra. La Fiscalía ya está investigando a varios funcionarios del Incora (la entidad de reforma agraria antecesora del Incoder) por la legalización irregular de ese despojo en complicidad con los paramilitares.
VerdadAbierta.com pudo comprobar que no fueron solo 37 los predios que robó el grupo paramilitar. Después de revisar decenas de documentos de la entidad, que consiguió mediante una tutela, pudo documentar que solamente en un año, el 2003, el Incora había revocado 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena, en zonas en donde delinquió el jefe paramilitar. *
Los títulos que revocó se los había otorgado la misma entidad entre los años ochenta y noventa para atender a años de reclamos por la tierra de los campesinos de esa región, a cada campesino le había asignado una unidad agrícola familiar, que en esa zona oscilaba entre las 20 y 30 hectáreas.
Pero después de que los paramilitares se tomaron a sangre y fuego la región, y forzaron a miles de campesinos a desplazarse, la entidad, con el nuevo nombre de Incoder, revocó los títulos de los campesinos desplazados y, en muchos casos, se los re-adjudicó a terceros.
En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, un paramilitar desmovilizado que hizo parte de la banda de ‘Jorge 40’, Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’, ha confirmado lo que los documentos sugieren: que las AUC consiguieron que el Incoder les legalizara el despojo a los campesinos.
‘Tolemaida’ dijo que otro paramilitar conocido con el alias de ‘Córdoba’ fue quien sirvió de puente entre la gerencia del Incora y ‘Jorge 40’ para legalizar el robo de predios a las familias campesinas, desplazados por los paramilitares a finales de los años noventa.
El otro testigo que está colaborando con la justicia, pero cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, le dijo a las autoridades que participó en varias reuniones entre ‘40’ y funcionarios del Incora, y en ellas se organizó cómo se revocarían los predios adjudicados a campesinos y cómo se les titularían a los paramilitares.
Los documentos sustentan estas versiones. Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, dos en promedio por día, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Se aprecia lo exagerado de la cifra, si se tiene en cuenta que entre 1996 y 2002, es decir, en los siete años anteriores, apenas se habían revocado los títulos de 80 predios.
Las revocatorias de 2003 incluyeron predios con extensiones desde 47 metros cuadrados, equivalentes a una huerta, hasta de 69 hectáreas, una gran hacienda. Estas cancelaciones de títulos ocurrieron en 12 municipios del Magdalena, pero se concentraron sobre todo en cuatro de ellos, justo los que mayor desplazamiento forzado registraron a causa del terror de ‘Jorge 40’.
En su defensa ante la justicia, conocida por VerdadAbierta.com, el entonces gerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado Polo, aseguró a las autoridades que nunca tuvo conocimiento de desplazamientos forzados de campesinos en la zona, ni mucho menos que ‘Jorge 40’ hubiera asesinado o intimidado a alguien para robarle sus tierras.
Es una versión difícil de creer, después de que, para 2003, todos en esa región llevaban años conociendo reportes de prensa y radio acerca del desplazamiento forzado de campesinos, a quienes se veían llegar todos los días por montones a Santa Marta a levantar barrios enteros de latas y cartones.
Según datos de Acción Social en los 12 municipios del Magdalena donde el Incora revocó predios, al menos 199.746 familias fueron desplazadas entre 2000 y 2009 por grupos armados ilegales. En los mismos municipios, entre 1990 y 2009 fueron asesinadas 9.642 personas.
Fue precisamente en Chivolo, el municipio con el mayor número de campesinos desplazados por la violencia del departamento entre 1997 y 2002, donde más títulos se revocaron. Según los propios registros del Incoder, allí perdieron la propiedad sobre 47 parcelas, particiones de fincas de mayor extensión llamadas El Encanto, Bejuco Prieto y La Palma. El segundo con más anulaciones de títulos fue Ariguaní, donde los campesinos perdieron propiedad sobre 32 parcelas, que en 1980 habían sido parte de fincas más grandes llamadas Pacífico, Melissa, San José y No te canses.
El tercero más afectado fue el municipio de Pivijay, donde el Incora les revocó a los campesinos 24 predios, que antes hacían parte de grandes terrenos llamados Palmarito, Florencia y Santa Bárbara. El cuarto en revocatorias fue Sitionuevo, donde los campesinos perdieron la propiedad sobre12 parcelas que habían sido parte de un predio global llamado La Trinidad. En orden de anulación de títulos, pero en menor escala, otros de los municipios afectados fueron Tenerife, Aracataca, Plato, Ciénaga, Fundación, El Banco, Zona Bananera y Santa Marta.
Revocatorias Irregulares
Gran parte de las adjudicación de tierras a campesinos pobres se rigió bajo la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino que estableció un proceso de selección por puntos. Entregaba parcelas a aquellos campesinos con familia que carecieran de propiedades.
La selección era rigurosa: un comité regional conformado por el gerente regional del Instituto, el jefe jurídico, el procurador agrario, un representante de los campesinos y delegados de las asociaciones de usuarios campesinos, daban fe de la puntación. Si el campesino era seleccionado para la adjudicación, no podía vender su tierra en 15 años.
El comité también vigilaba que los campesinos explotaran sus tierras, que no las abandonaran, las cedieran, arrendaran o vendieran. Y solamente el comité podía autorizar la revocación de títulos.
Por eso llama la atención que en 2003, el comité de adjudicación de Incora en Magdalena revocara tan rápidamente 134 títulos de propiedad, sin siquiera buscar a los campesinos para que explicaran por qué habían abandonado sus propiedades. En las resoluciones de revocatoria, sólo se menciona que el funcionario del Grupo de Gestión visitó la respectiva zona y encontró que los campesinos habían abandonado la parcela. Y luego, que el Comité de Selección, que se reunió a finales de 2002 y a principios de 2003, recomendó comenzar los trámites de caducidad.
Pero en ninguno de los archivos de estas revocatorias de adjudicaciones de tierras, a los que tuvo acceso VerdadAbierta.com, se hallaron actas de cada decisión administrativa como debería ser. En su defensa, el ex gerente del Incora-Magdalena, Mercado dijo que de cada procedimiento de revocatoria, ellos dejaron constancias escritas. Éstas, sin embargo, han desaparecido misteriosamente y ni siquiera la Fiscalía las ha encontrado.
A pesar de ser los afectados, el Incora tampoco notificó a los campesinos de que se quitarían sus títulos por presunto incumplimiento con las obligaciones de la adjudicación.
Los Nuevos Dueños
Resulta todavía más extraño que después de las revocatorias de adjudicaciones de tierras, éstas volvieran a ser adjudicadas en tiempo récord. Se les titulaban, por lo general, a nuevos campesinos que ya habían invadido las tierras en cuestión. Así quedó consignado en las resoluciones del Incora. Luego se supo, que los nuevos propietarios eran en su mayoría desmovilizados de las Auc o sus familiares, cuando no, testaferros de los propios ex jefes paramilitares.
En menos de cuatro meses, el Incora firmó 137 nuevas adjudicaciones a otros propietarios. Las fechas de revocatorias y nuevas adjudicaciones fueron realizadas el 7, 10, 20 de febrero y el 31 de marzo de 2003. Incora se demoró apenas tres meses en revocar y luego en volver a adjudicar, con una celeridad jamás vista.
En algunos casos, revocó en febrero de 2003 y tituló entre el 21,24 y 25 de abril. Curiosamente, en las revocatorias el Incora no especificaba el número de hectáreas anuladas, mientras que en las nuevas adjudicaciones el Incora les señalaba a los nuevos propietarios que estos predios tenían entre 32 y 33 hectáreas
El Incora también les aplicó a los campesinos despojados la caducidad por mora en los préstamos que habían contraído con la Caja Agraria para pagar el 30 por ciento del valor de sustierras.
El proceso regular, según un ex gerente del Incora consultado por VerdadAbierta.com, podía demorar entre 6 meses y un año. Además de verificar toda la información, los nuevos parceleros tenían que hacer el trámite para conseguir un crédito correspondiente al 30 por ciento del valor del predio.
‘40’ y Sus Ladrones
Varias familias de campesinos han regresado a Chivolo pero se han encontrado con que sus fincas fueron tituladas a desmovilizados o sus familiares. También que testaferros de ’Jorge 40’ tiene en su poder los predios y no los quieren devolver.
En 1996, ‘Jorge 40’ y sus hombres, unos 25, llegaron a esta rica zona del centro y sur del Magdalena conocida como las Sabanas del Ariguaní. Los paramilitares la eligieron posiblemente porque aunque está aparentemente aislada, a muy pocos kilómetros al occidente, está el río Magdalena y al oriente, muy cerca, la carretera que comunica a Santa Marta con Bucaramanga. Ambas rutas accesibles para el tráfico de drogas y de armas hacia el mar.
Además porque sus tierras eran particularmente bellas y ricas. En 1997, el grupo de ‘Jorge 40’ empezó a señalar a los campesinos de auxiliadores del Eln. Este grupo guerrillero había llegado a Sabanas de San Ángel intentando penetrar el movimiento campesino que reclamaba tierras al Estado. Incluso hasta llamó a uno de sus frentes, el Manuel Domingo Barros, en honor a un líder campesino en la zona.
Al principio, dicen algunos agricultores que han vivido por décadas en esta zona, el grupo armado acompañó a los labriegos en su lucha, pero después les prohibieron que intentaran la titulación de tierras. Los campesinos se alejaron del Eln, además porque a esa región llevaba a los ganaderos que secuestraba, poniéndolos en grave riesgo.
En 1996, de hecho, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, rescataron de las manos del Eln a un ganadero de apellido Botero, miembro de una familia propietaria de grandes fincas en las riberas del río Magdalena, sobre todo en Magangué. Por esos años esos Botero confirmaron una Cooperativa Rural de Seguridad (Convivir), que aunque era legal, muchos en esa región la señalaban de ser instigadora de graves violaciones de los derechos humanos.
Desde ahí, los paramilitares comenzaron a hacerles la vida un infierno a los campesinos de la región. Primero se fueron las familias de muchachos que habían sido reclutados por el Eln. Pero la ola de terror de las Auc no se detuvo.
’Jorge 40’ y sus hombres asesinaron a líderes y campesinos de las veredas La Pola, La Palizua, El Encanto y Bejuco Prieto, todas ubicadas en el municipio de Chivolo. Detrás de estas muertes, aparecieron Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘La Sombrerona’; Miguel Castro Gnecco, alias ‘Don Armando’, y el empresario Saúl Severini y Augusto ‘El Tuto’ Castro, hermano de un senador, todos respaldados por ‘Jorge 40’, ofreciéndoles a los campesinos comprarles las tierras a precios irrisorios. Les pagaban lo que querían y si alguien se negaba los amenazaban o asesinaban. En muchos casos, ni siquiera cumplieron con los pagos. Así consta en los testimonios que han dado víctimas y desmovilizados a la justicia.
El 15 de julio del 1997, ’Jorge 40’ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, en un sitio conocido como El Balcón –que luego convertiría en una base paramilitar- y les dijo que tenían 15 días para desocupar. Un pastor que estaba entre los presentes fue asesinado porque dijo que él había sido enviado a predicar la palabra y que "Dios no le había dicho que se fuera".
Pocos se atrevieron a denunciar. Y por esto solo se supo de la dimensión de la tragedia, después de que en 2006, los 2.215 hombres del Bloque Norte de las Auc que comandaba ‘Jorge 40’ se desmovilizaran en Chimila, Cesar.
Con todo el mundo silenciado o cooptado, ‘Jorge 40’ y sus hombres se apropiaron a punta de bala de cerca de 18 mil hectáreas de los campesinos. Y en 2002, al tiempo que se iniciaban las conversaciones de paz con el gobierno, ‘Jorge 40’ empezó a planear su plan de retiro: legalizar la expropiación violenta de predios a cientos de familias campesinas. Así lo creen en la región porque, según varios testigos entrevistados por VerdadAbierta.com, empezó a adecuar las fincas de los desplazados. Invirtió en un sofisticado acueducto para darles de beber a las reses que se robaba y en mejorar el servicio de energía eléctrica y ponerles televisión satelital
Un Ángel para los Campesinos
Para fortuna de los campesinos despojados, en 2006 cuando las autoridades hicieron un allanamiento a una finca desde donde solía despachar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ en las Sabanas de San Ángel, encontraron documentos que respaldaban su versión de los hechos.
Allí apareció un listado de nombres y cédulas con los títulos "parcelas de Bejuco Prieto a legalizar", "nombres para adjudicar parcelas Toluas y Santa Rosa" y "parcela a legalizar El Encanto".
Esas listas se referían a personas que terminaron siendo despojadas en el centro de Magdalena y sus fincas entregadas a otras, oriundas de Valledupar, Barranquilla, Tierralta, Cereté y Valencia en Córdoba, y de municipios como Ariguaní, Fundación, Pivijay, Pedraza y Monterrubio, en Magdalena.
Varios de los nombres de estas listas de campesinos a despojar, coinciden con los titulares de las escrituras de adjudicación que otorgó el Incora en 2003. Según el testigo que colabora con la Fiscalía, ‘Jorge 40’ quería comprar las tierras pero, como estas estaban tituladas a campesinos, sus títulos debían ser revocados y readjudicados a otros.
Fue entonces, dijo el testigo, que ‘Jorge40’ hizo una lista con los nombres de sus hombres y de sus familiares y se lo pasó al Incora para que anulara los títulos de los campesinos expulsados a la fuerza y les readjudicara a su gente la propiedad de las tierras.
En efecto, así lo ratifican documentos internos del Incoder. Su antecesor el Incora adjudicó en 2003 en Chivolo, fincas a Eberto Enrique Barranco Torregrosa, a Jesús Alberto Toncel Pavón, a Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, y a‘24’, jefe del frente Guerreros de Baltazar que delinquía en Pivijay, El Difícil, Plato y San Ángel, hoy prófugo de la justicia.
Por eso un campesino que había sido adjudicatario en 1991 de un predio en El Encanto, encontró que desde el 28 de octubre de 2002 su parcela ‘Dios verá’ ya no era suya, sino que desde el 10 de febrero de 2003 había sido titulada a Éver Vargas Contreras. Según las autoridades, Vargas Contreras es un desmovilizado del Bloque Norte conocido con el alias de ‘Rafa 50’.
Lo mismo ocurrió con el propietario de la Parcela ‘El Tesoro’, quien descubrió que el desmovilizado del Bloque Norte, Fredys Alfonso Yances, alias ‘El Flaco’ se había quedado con su parcela que le fue adjudicada el 30 de octubre de 2002. El Incora se demoró en titularle la parcela a ‘El Flaco’ solo 15 días.
La historia se repitió con la parcela Palermo. El 30 de febrero de 1991 el Incora le adjudicó el predio a un campesino. Pero el 10 de febrero de 2003 decidió revocársela porque "había abandonado el predio hace 6 años y este es ocupado por el señor Orlando Caballero Cantillo". Caballero Cantillo, señalado por los campesinos desplazados de ser un capataz de ‘Jorge 40’, consiguió que, tan sólo mes y medio después, le adjudicaran la tierra.
El mismo Tovar Pupo reconoció en agosto de 2007 que muchas de estas fincas habían sido despojadas por sus hombres, y que iba a intentar devolverlas. Pero, luego de la extradición de este ex jefe paramilitar en 2008, hombres armados, quienes además exhiben sus títulos espurios, han impedido que sus verdaderos dueños las recuperen. Les han quemado y tirado al suelo con motosierra, los cambuches improvisados que instalaron a la entrada de sus predios en un intento por hacer valer su derecho.
En otros casos, algunos políticos de la región o antiguos testaferros invadieron predios de campesinos que el Incora no había titulado, pero luego revendieron, lo que hace más difícil la anulación de estos nuevos títulos, porque los actuales propietarios pueden haber comprado de buena fe.
¿Quién Le Responde a Edulfo?
Entre el 25 de octubre de 2002 y el 24de abril de 2003 el comité de adjudicaciones (integrado por el gerente regional de la época, José Fernando Mercado Polo, el secretario general, el jefe jurídico, el procurador regional, los supuestos representantes de las asociaciones de campesinos y de la Anuc en Magdalena) decretaron la nulidad de cientos de títulos con los argumentos de que las tierras habían sido abandonadas y que los campesinos habían dejado de pagar sus deudas con la Caja Agraria.
No se conocen denuncias de posibles irregularidades, por parte de los integrantes del comité. Ni parece que se hubieran preguntado por qué de repente unos 2.500 campesinos de Chivolo dejaron sus fincas, ni tampoco quiénes eran esos forasteros que habían ocupado esas tierras.
Resulta revelador del terror que había, que ningún campesino aparece oponiéndose a que le quitaran su tierra, pues si lo hubiera hecho hubiera detenido el proceso y no hubiera podido hacerse tan rápido.
Pero el asunto no se quedó solo en 2003. Los paramilitares siguieron robando tierras que no necesariamente habían sido ‘incoradas’, u objeto de reforma agraria.
En varios casos conocidos por VerdadAbierta.com los paramilitares robaron tierras a campesinos pagándoles a precios irrisorios y llegaron incluso a negociarlas con el Incoder años después.
Así fue como le ocurrió Eudolfo Escobar de la Cruz quien, junto con su esposa, tenía las finquitas de ‘Canaan’, ‘Vista Hermosa’ y ‘El Caquetá’. Según se ha animado a denunciar después, a finales de 2001, Augusto ‘Tuto’ Castro, muy amigo de ‘Jorge 40’ y hermano del entonces senador Jorge Castro Pacheco, hoy condenado por la Corte Suprema por parapolítica, les puso precio y fecha de venta a sus fincas. La amenaza, según la denuncia, fue de muerte si no vendía.
El campesino la vendió y se desplazó a otra ciudad de la Costa. Después de la desmovilización paramilitar, fue a una audiencia de Justicia y Paz en Barranquilla, en donde exigió a ‘Jorge 40’ que le devolviera los predios. Allí se enteró que las tres fincas, englobadas en una sola con el nombre de Villa Lorena y su dueño actual, un tercero al que ‘Tuto’ Castro le había vendido, la estaba negociando con el Incoder. Edulfo envió varias cartas al Instituto sin poder frenar la negociación, que se concretó el 9 de abril de 2010.
El reto del nuevo gobierno, que ha puesto en marcha una política dinámica de devolución de predios robados e investigación de los culpables del despojo fuera y dentro del Incoder, es deshacer decenas de casos complejos, como este de Edulfo, para que haya justicia. Los 37 predios que ya devolvió en Chivolo, cumpliendo una orden de la Corte Constitucional, marcan apenas el comienzo de un largo camino.
* Para obtener los documentos del Incoder, VerdadAbierta.com presentó a la entidad un derecho de petición que fue negado en 2010, bajo el gobierno anterior. Entonces, con la asesoría del programa de acceso a la información de la Fundación para la Libertad de Prensa, presentó una tutela y el juez falló a favor. Bajo el nuevo gobierno, el Incoder ha venido entregando los documentos de revocatorias de adjudicaciones de tierras de varios departamentos en el país.
29 de marzo de 2011
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Colombia. El exjefe paramilitar Aldides de Jesús Durango, alias ’René’, fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de 31 personas cuyos cuerpos arrojó, en su mayoría, al río Cauca, informaron fuentes de la Fiscalía.
Colombia. En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el escándalo de los seguimientos ilegales por parte del DAS y del llamado Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3); la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo (CCAJAR) denunciaron la ausencia de una investigación integral y exhaustiva del escándalo de las ’chuzadas’.
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Colombia. En el escándalo de las llamadas ’chuzadas’ del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, miembros de la oposición y periodistas, uno de los episodios más graves fue el prolongado y sistemático espionaje que ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia realizó contra magistrados dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. En mayo de 2010, SEMANA reveló cómo el DAS infiltró a la Corte y descubrió que la detective Alba Luz Flórez, conocida como la ’Mata Hari’, era la encargada por esa entidad para ejecutar el espionaje en el alto tribunal. Si bien la funcionaria fue la responsable de coordinar esas actividades, la persona que realmente lo realizó y quien grabó ilegalmente las sesiones de los magistrados fue Blanca Maldonado, la señora de los tintos. Con 18 años de trabajo en la Corte Suprema, Maldonado fue contactada por la ’Mata Hari’, quien la convenció no solo de espiar a los magistrados a los que servía, sino de ayudarle a reclutar a otras personas que espiaran en la Corte. Por cuenta del escándalo, y una vez la ’Mata Hari’ confesó, Maldonado perdió su trabajo, empezó a encarar un proceso judicial que está en curso en su contra y, lo más grave, comenzó a recibir amenazas de muerte. Hoy está a la espera de que la Fiscalía valore su testimonio y de poder ingresar al programa de protección a testigos. SEMANA obtuvo la declaración que Maldonado rindió ante la justicia, en la que cuenta con lujo de detalles cómo realmente fueron la infiltración y el espionaje contra los magistrados. Su testimonio es sencillamente impactante.