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uribe será investigado


Una jueza española admitió a trámite una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe y algunos funcionarios del DAS, por presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a ONG españolas, así lo anuncia el portal Publico.es.
Madrid, España. De acuerdo con la información emitida este lunes por la página Publico.es, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, admitió una denuncia en contra del exmandatario Álvaro Uribe y los exfuncionarios del DAS Jorge Noguera, exdirector del DAS y Germán Villalba, quien supuestamente asumió las operaciones ilegales en Europa.
La investigación se desprende de presuntas interceptaciones ilegales y violación de comunicaciones a ONG españolas, que según el portal, eran consideradas oposición del gobierno anterior.
Los supuestos seguimientos ilegales y la captura de correos electrónicos se realizaron presuntamente dentro de la ’Operación Europa’.
El Código Penal contempla penas de entre tres y cuatro años de cárcel por los delitos que la denuncia atribuye al expresidente y sus colaboradores, dice el periódico.
La denuncia presentada en octubre, fue redactada por los abogados Mauricio Valiente y Enrique de Santiago. En esos días el expresidente recibió un galardón del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que premió también a José María Aznar.
La jueza española admitió la denuncia debido a que "no existe un procedimiento judicial abierto en Colombia" sobre los hechos que involucran a las ONG de España.
"Pudiendo ser los hechos denunciados apoderamiento subrepticio de documentos o efectos personales, captación de correos electrónicos, números de teléfono y llamadas telefónicas, con intención de descubrir los secretos o vulnerar su intimidad constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L. E. Criminal, procede su admisión a trámite", asegura la jueza en una nota judicial fechada el 13 de diciembre y notificada este lunes.
El portal asegura que según información de la Fiscalía colombiana, la ‘Operación Europa’ buscaba supuestamente desprestigiar el trabajo de las instituciones europeas como el Parlamento Europeo y ONG consideradas contrarias a las políticas de Uribe.
21 de diciembre de 2010
20 de diciembre de 2010
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espía del das delata a uribe


"Desde luego que él (Uribe) sabía": William Romero sobre las chuzadas. En diálogo con La Fm, el exsubdirector de fuentes humanas del DAS habló también del asilo de María del Pilar Hurtado. La rata-que-mata prefiere que sus subalternos paguen por él.
Colombia. En diálogo con La Fm, de RCN, el exsubdirector de fuentes humanas del DAS, William Romero,  aseguró que, en julio de 2008, fue llamado al despacho de la dirección general de inteligencia, para ir a la oficina de la la directora del organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado. Según Romero la reunión tenía como propósito darle detalles a Hurtado sobre cómo se estaba llevando a cabo las grabaciones a los magistrados de la Corte. Él le contó hasta cómo era que las señoras de los tintos ocultaban las grabadoras, a lo que Hurtado le dijo que debían continuar con labor, que "las cosas estaban funcionando".
Romero aseguró también que en una segunda reunión, a donde fue llamado a la oficina de María del Pilar Hurtado por el capitán Fernando Tabares, ésta le dijo que acababa de llegar de Palacio, y que "estaba contenta porque el señor presidente quedó satisfecho por la información que él conoció de la Corte Suprema de Justicia". Romero aseguró que se trataba del expresidente Álvaro Uribe. "Desde luego que él (el presidente) sabía".
En dicha reunión Hurtado además le habría dicho a Romero, según su testimonio que felicitara a las personas que estaban adelantando esa recolección de información en la Corte, y como parte de agradecimiento le pidió que les pagara un millón de pesos a cada una.   
Respecto a Andrés Peñate dijo que éste había requerido información de Wilson Borja, así como de la entonces senadora, Piedad Córdoba. Explicó también por qué está pidiendo poder acogerse al principio de oportunidad. Según él, se siente perseguido, está temiendo por su vida, y la situación económica lo está obligando a vender hasta sus pertenencias.  Dice que su colaboración con la Fiscalía ha sido eficaz, y que merece poder acogerse a ese beneficio.
A propósito de María del Pilar Hurtado y su asilo, aseguró que entiende que la situación por la que ella está pasando es muy difícil, porque "perdió la credibilidad", pero que debe venir a Colombia a hablar, pues es la persona "que tiene la última clave de la verdad" en el caso de las ’chuzadas’.
"Ella confirmaría todo", dijo Romero, quien además aseguró que el apoyo de Uribe al asilo de Hurtado, es "poco justo del expresidente que esté defendiendo solamente a un equipo de directivos y nos esté inculpando a nosotros (...) para mí es una persona que está blindándose él con las personas que lo puedan inculpar".
Sobre la fundación que se está creando para ayudar a los exfuncionarios del gobierno Uribe, señaló que le gustaría que a él también lo incluyeran en los beneficiados. Aseguró además que los seguimientos también se hacían en territorio venezolano y ecuatoriano, a través de fuentes humanas, y que dicha información tenía como destino "el alto gobierno".
17 de diciembre de 2010
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ley de impunidad en colombia


Nueva ley evita que revelaciones de desmovilizados sean prueba en procesos judiciales. A sanción presidencial pasó el proyecto con el que el gobierno resolvería la situación jurídica de cerca de 30 mil desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas. El Polo Democrático la definió como una ley de "perdón y olvido".
[Jaime Pérez Munévar] Colombia. En tiempo record -apenas 15 días- el Congreso le entregó al gobierno la fórmula para resolver el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos a los que, por decisión de la Corte Constitucional, no los podía cobijar con la figura del principio de oportunidad.
La nueva ley, que pretende cumplir con los compromisos pactados para desmovilizaciones colectivas o individuales, establece un nuevo pacto entre gobierno y excombatientes.
Estos últimos, si no han incurrido en delitos de lesa humanidad, deberán suscribir un nuevo acuerdo con el gobierno para cumplir los derechos que las víctimas tienen a conocer la verdad.´
Para que no sean juzgados por concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.
Eso para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en reciente fallo había advertido que el principio de oportunidad para los desmovilizados violaba los derechos de las víctimas.
Sin embargo, los desmovilizados deberán entregar esa información ante un organismo no judicial. Según la nueva ley, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación será la encargada de recibirla.
Pero lo que un sector del Congreso cuestionó con preocupación fue una especie de letra menuda de esta ley, que establece que la información de los desmovilizados no podrá servir como prueba para procesos judiciales contra terceros.
Por eso la bancada del Polo Democrático, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, se opuso al proyecto, y dijo que si la información de exparas y exguerrilleros no sirve como prueba sería lo mismo que decir que el Estado renunciará a investigar posibles delitos de aquellos particulares o servidores públicos que promovieron o tuvieron connivencia con los grupos ilegales.
"Esto es una ley de perdón y olvido" –dijo el representante Germán Navas Talero–. "El gobierno dice que busca la paz y la justicia, pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes cometieron delitos tendrá que quedarse callado".
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. "Esto es una ley de impunidad".
El ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se surtió el último debate de la iniciativa, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el motivo de esta especie de cláusula es que se trata de mecanismos no judiciales "que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales".
 
La ‘Aplanadora Santista’
En la jornada del miércoles, este proyecto surtió los dos debates que le restaban tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En ambas corporaciones la bancada de la ‘Unidad Nacional’ fue más aplanadora que nunca.
Incluso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió a los representantes a la Cámara que aprobaran el proyecto sin tener en cuenta las proposiciones que se le habían incluido, tres en total, y todas ellas de autoría del Polo Democrático.
Eso motivó el malestar de la bancada de este partido, que consiguió que se debatieran estas observaciones pero fueron derrotados de forma implacable. La aprobación de esta ley contó con el respaldo de 100 parlamentarios en contra de los ocho del Polo.
La llamada ley que resolverá el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos pasará a sanción del presidente Juan Manuel Santos. Y cuando lo haga quedarán suspendidas las órdenes de captura que había por concierto para delinquir agravado contra casi un millar de desmovilizados.
El único artículo incluido a última hora es el que le da facultades al Gobierno para determinar qué desmovilizados serían excluidos de los beneficios de esta ley, en caso de que incumplan los compromisos adquiridos al momento de su desmovilización, como son no volver a delinquir y cumplir con los programas de reintegración a la sociedad civil.
17 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
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anulan confesiones de desmovilizados


¿El fin del limbo? La nueva ley que resuelve el limbo jurídico a 30 mil desmovilizados, crea una especie de comisión de la verdad, cuya información no podrá ser usada contra nadie pero que algunos consideran como un imposible jurídico. La oposición la ve como una ley de perdón y olvido.
Colombia. En esencia, la ley que aprobó el Congreso la noche del 15 de diciembre, resuelve la situación jurídica de miles de desmovilizados de los grupos paramilitares y las guerrillas que no fueron cobijados por la ley de Justicia y Paz.
El punto más polémico de esta ley es que lo que digan o confiesen los desmovilizados de los grupos armados ilegales no podrá ser usado como prueba en ningún proceso judicial en su contra o de terceros.
Sin embargo, para la organización Derecho Justo esto no es posible jurídicamente, porque no se puede obligar a las víctimas a que renuncien a su derecho a la justicia y a la verdad, ni a los organismos judiciales a que no cumplan con su deber de investigar crímenes. Lo que en teoría podría desembocar en que las víctimas vayan a los tribunales internacionales a reclamar justicia.
"El Congreso no puede facultar a la Fiscalía y a la Rama Judicial a renunciar a su obligación de investigar y juzgar a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley por crímenes respecto de los cuales existe un imperativo internacional de hacerlo, y en donde la impunidad resulta inadmisible, sin establecer elementos de justicia, verdad y reparación a las víctimas."
Esta ley, aprobada el miércoles en la noche antes de que el Congreso se fuera de vacaciones, fue criticada por la bancada del Polo Democrático Alternativo porque consideraba que era una forma de perdón y olvido a los crímenes cometidos por los paramilitares y sus cómplices, entre ellos políticos, funcionarios, empresarios y miembros de la Fuerza Pública, que no podrán ser procesados por lo dicho por los paramilitares.
"Esto es una ley de perdón y olvido" –dijo el representante Germán Navas Talero–. "El gobierno dice que busca la paz y la justicia, pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes cometieron delitos tendrá que quedarse callado".
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. "Esto es una ley de impunidad".
El ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se hizo el último debate, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el motivo de esta cláusula es que son mecanismos no judiciales "que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales".
Estos desmovilizados, después de que el presidente Juan Manuel Santos la sancione, se beneficiarán de la suspensión de órdenes de captura y condenas por la justicia ordinaria, por delitos que no sean de lesa humanidad.
Los paramilitares tendrán que presentarse, por ahora y mientras el gobierno reglamenta la ley, ante la Comisión Nacional de Reparación y firmar un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación.
Los desmovilizados que pueden ser beneficiarios de esta ley son aquellos que cometieron los delitos de "concierto para delinquir simple o agravado, utilización de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad."
Para que no sean juzgados por concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.
Los paramilitares además de contar lo que saben, deben pagar los daños causados y prestar un servicio social a las comunidades en donde se hayan reincorporado a la vida civil.
El proyecto del gobierno logra suspender las órdenes de captura para los desmovilizados de los grupos armados, guerrilla o paramilitares, así como la ejecución de la pena de éstos por un "período equivalente a la mitad de la condena".
Para la suspensión de la pena impone varios requisitos: Estar en un proceso de reintegración o haberlo cumplido satisfactoriamente; reparar los daños ocasionados a las víctimas por los cuales fue condenado por la ley; no haber cometido delitos después de desmovilizado y tener buena conducta.
El Congreso facultó al gobierno para crear y/o modificar el "operador" que pondrá en marcha el mecanismo de contribución a la verdad y la memoria histórica, así como para regular lo atinente a su funcionamiento y adoptar el presupuesto para echarla a andar.
Mientras se crea o establece qué entidad hará las veces de este "operador", la ley establece que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación asumirá las funciones de este mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación.
El gobierno también podrá modificar la planta de personal y la estructura de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y la Alta Consejería para la Reintegración, para adaptarlas a las nuevas necesidades de la ley.
Este proyecto fue presentado por el gobierno Santos luego de que el 23 de noviembre pasado, la Corte Constitucional tumbara el principio de oportunidad para 19 mil desmovilizados de las Auc, por considerar que este beneficio va en contra de los presupuestos de verdad, justicia y reparación. La Corte Constitucional le cerró la puerta a que los desmovilizados se acojan a esta figura para que cese la acción jurídica contra ellos.
El 19 de junio de 2009, el Congreso había aprobado una ley que permitía el sometimiento a la justicia de más de 19 mil paramilitares rasos que se desmovilizaron mientras era aprobada la Ley de Justicia y Paz, y que quedaron en un limbo jurídico porque no se les podía aplicar los beneficios de la ley pues la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 11 de julio de 2007) y la Corte Constitucional argumentaron que estos paras no se podía procesar por delitos políticos y debían ser juzgados por el delito de concierto para delinquir.
La Corte decidió tumbar el principio de oportunidad consagrado en esta ley porque no respetaba los derechos de las víctimas. Según informaron fuentes del alto tribunal, este principio no se permite para la justicia transicional, porque concedía un grado muy amplio de discrecionalidad al fiscal, entre otrospuntos. La decisión pone en una situación critica el proceso con estos desmovilizados porque todos tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria y pueden recibir condenas mayores a las que recibirán los jefes paramilitares por estar en Justicia y Paz (8 años como pena alternativa).
Esta ley fue presentada por el gobierno Uribe al Congreso, y en ella introducía una modificación al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), permitiendo que el ’principio de oportunidad’ fuera aplicado a desmovilizados de grupos armados ilegales bajo ciertas condiciones, incluyendo a los paramilitares que se desmovilizaron después de julio de 2005.
Lo que buscaba esa reforma era que si un delincuente o un integrante de un grupo armado ilegal se entrega a las autoridades pudiera recibir un beneficio al confesar sus delitos, pero quedaban exentos quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.
Si bien, por ser una ley orgánica no pasa a control de la Corte Constitucional, cualquier ciudadano puede demandarla. Mientras el gobierno podrá aplicarla hasta tanto no sea declarada inconstitucional.
17 de diciembre de 2010
15 de diciembre de 2010
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desmovilizados siguen delinquiendo


Gobierno reconoce que 6.000 desmovilizados reincidieron en delitos. El rearme, además de las AUC, incluye desmovilizados de las Farc y del ELN, entre el 2008 y el 2009. La CNNR llama "combatientes" a los asesinos a sueldo de las milicias de extrema derecha.
Colombia. El gobierno, a través del organismo responsable de reparación de las víctimas del conflicto armado interno, reconoció este jueves que unos 6.000 de 55.000 desmovilizados de grupos armados han reincidido en delitos.
La denuncia está contenida en el II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), divulgado este jueves en rueda de prensa por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Según el organismo, "algunas estructuras disidentes de los compromisos en DDR de las AUC han sido el foco, en varias regiones del país, del rearme y de nuevos riesgos para la construcción de paz".
Según el mismo informe, la CNRR "calcula la reincidencia en un 15,5 por ciento del total de los desmovilizados (55.000 personas), mientras que los combatientes en bandas emergentes ascienden a 6.000".
Ese rearme, además de las AUC, incluye desmovilizados de las FARC y del ELN, entre el 2008 y el 2009.
Entre el 2003 y el 2006 se desmovilizaron colectivamente en Colombia algo más de 31.000 miembros de las AUC e, individualmente, entre integrantes de la ultraderecha armada y de las FARC y del ELN, otros 24.000.
El mismo documento insiste en advertir que "estos hechos representan riesgos para las víctimas del conflicto interno y para el acceso pleno a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
Establece, así mismo, "las relaciones de integración, cooptación, alianzas y disputas entre todos estos grupos armados ilegales y delincuenciales en determinados contextos territoriales" y en torno de "prácticas e intereses asociados a actividades ilegales".
El informe, presentado este jueves, fue elaborado tras un seguimiento y verificación de los procesos de reincorporación de exintegrantes de grupos armados ilegales que realiza la CNRR.
17 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
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cae ex jefe del bloque metro


Capturan a ‘Castañeda’, ex jefe del Bloque Metro. Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, cayó en Magangué, Bolívar. Era buscado por masacres cometidas en el Oriente Antioqueño.
Colombia. Agentes de la Policía Nacional capturaron en Magangué, Bolívar, a Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, ex jefe del Bloque Metro de las Auc, que es investigado por decenas de asesinatos en Antioquia.
‘Castañeda’ tenía una orden de captura por dos masacres en el Oriente Antioqueño.
Según la Policía, el 21 de marzo de 1998, ‘Castañeda’ mandó asesinar a Fabián de Jesús Colorado y Alcides Antonio Clavijo Jiménez, concejales de San Rafael, Antioquia, cuyos cuerpos fueron abandonados en la vereda El Ingenio.
Tres días después, hombres bajo su mando asesinaron a la profesora María Rosmira Jiménez Alvarez, y a los campesinos Juan Antonio Agudelo Álvarez, José Leonel Ciro, José Darío Castrillón y Alberto González Álvarez, quienes fueron sacados de sus casas y luego acribillados en el El Jordán, un corregimiento de San Carlos, Antioquia.
En abril de 2008 los ‘paras’ asesinaron a Luis Alberto Henao y Reinaldo Gómez Giraldo en las veredas Topacio y El Chico de San Rafael.
16 de diciembre de 2010
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tabares condenado a más de ocho años


Fernando Tabares, exjefe de Inteligencia del DAS, uno de los funcionarios del organismo que logró un acuerdo con la Fiscalía, deberá pagar ocho años y cuatro meses de prisión.
Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de segunda instancia, dejó en firme el acuerdo entre la Fiscalía y Fernando Tabares, exjefe de inteligencia del DAS, según el cual deberá pagar ocho años y cuatro meses de prisión por su participación en los seguimientos ilegales que desde el DAS se hicieron contra magistrados, periodistas y personajes de oposición.
Cabe recordar que el exjefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, fue el primero que logró un acuerdo con la Fiscalía, similar al de Tabares, quien a cambio de la rebaja en su pena deberá colaborar en los procesos penales contra otras de las personas implicadas en el mismo escándalo.
Tabares aceptó los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Además del tiempo que deberá permanecer en prisión, deberá pagar una multa de 44,43 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Desde el pasado 9 de julio, cuando Tabares compareció ante el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para acogerse al principio de oportunidad, se habló sobre la posibilidad de que él, uno de los principales testigos de las ‘chuzadas’, negociara con la Fiscalía para obtener una significativa rebaja de pena.
Días después se supo que Tabares  había logrado en efecto un preacuerdo con la Fiscalía , tras aceptar cargos por concierto para delinquir agravado.
Desde que SEMANA destapó estas irregularidades hace más de dos años, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe las negó reiteradamente y aseguró varias veces que si existió algún acto ilícito fue cometido por exdetectives de bajo rango.
Sin embargo, lo dicho por Tabares contradice las voces del Gobierno de Uribe. Por ejemplo, en apartes de una declaración suya, revelados por la emisora La W a finales de julio, aseguró que la entonces directora María del Pilar Hurtado y sus sucesores Joaquín Polo y Felipe Muñoz estaban al tanto del espionaje que se hacía para altos funcionarios de Palacio.
Por este caso, el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, fue acusado en mayo por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública. La acusación también cobijó a Luis Eduardo Daza, subdirector de operaciones de la UIAF.
Además, cuatro exdirectores del DAS han sido vinculados a las investigaciones de la Fiscalía: Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo Montalvo.
16 de diciembre de 2010
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aseguramiento contra mancuso


Por la masacre de Caño Jabón. El ex jefe paramilitar tendrá que responder por la masacre de por lo menos 20 personas en Meta.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos ordenó medida de aseguramiento contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por su presunta responsabilidad en la masacre de Caño Jabón, una vereda de Mapirpán, Meta, el 4 de mayo de 1998.
Según la Fiscalía, Mancuso planeó junto a Carlos y a Vicente Castaño, la llegada de más de 80 paramilitares de Urabá a los Llanos a mitad de 1997. El ex jefe ‘para’, extraditado en mayo de 2008, fue acusado de homicidio agravado, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado en calidad de coautor.

¿Cómo Fue la Masacre de Caño Jabón?
Un año después de haber llegado a los Llanos Orientales, los hombres de Carlos y Vicente Castaño, conocidos como los ‘Urabeños’,  irrumpieron en el corregimiento de Caño Jabón, jurisdicción de Mapiripán (Meta), y asesinaron a más de 20 campesinos.
Según Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, uno de los antiguos jefes ‘paras’ en los Llanos, la orden  de tomarse esta población vino de Vicente Castaño a través de alias ‘Raúl’. Reunieron a 150 paramilitares en Cachama (Meta) y los transportaron en varias volquetas, carros y camionetas hasta Caño Jabón.
‘Pirata’ contó que en el recorrido las autodefensas asesinaron a por lo menos seis campesinos, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya en Caño Jabón, su grupo secuestró a varias personas, las llevó a la bomba de gasolina donde las acribilló y luego le prendieron fuego al combustible almacenado.
Mientras tanto otro grupo ocupó el puerto fluvial y disparó indiscriminadamente sobre los pobladores que estaban huyendo. Las autodefensas también dinamitaron una avioneta, destruyeron el puerto y la pista del aeropuerto, para estar seguros de que nadie pudiera salir de ahí.
Después de cuatro horas los ‘paras’ abandonaron el pueblo. Aún no se sabe a cuantos asesinaron. Dumar de Jesús Guerrero, alias ‘Carecuchillo’, dijo en versión libre que fueron 27 muertos; ‘Pirata’ señaló que podían ser 31. En registros de la época, se habló de 18.
El dominio de Caño Jabón era estratégico para controlar la salida de la pasta de coca, y lo que estaba en disputa era quién controlaba ese corredor.
16 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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