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premian a verdadabierta


VerdadAbierta.com gana premio ‘Construcción de Memoria’. Los multimedias ‘Un pulso a las Verdades en los Montes de María’ y ‘Las verdades del conflicto en Magdalena y Cesar’ ganaron como mejor trabajo para Internet.
Colombia. El martes 13 de diciembre la fundación Medios para la Paz y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación entregaron la primera versión del premio ‘Construcción de Memoria’, un homenaje a los trabajos periodísticos que reconstruyen los hechos que han marcado la historia del conflicto en Colombia.
En la categoría ‘Mejor trabajo para internet’ el portal VerdadAbierta.com obtuvo la distinción por el trabajo ‘Un pulso a las verdades en los Montes de María’ y ‘Las verdades del conflicto en Magdalena y Cesar’. Estos especiales se realizaron con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
"Verdad Abierta presentó no solo el mejor trabajo de la categoría en términos de investigación, contexto y enfoque sino que el proyecto mismo de Verdad Abierta es único: no hay ningún medio que se haya propuesto conscientemente la recuperación y documentación de lo que ha pasado en el conflicto armado en Colombia", dijo el periodista Germán Castro Caicedo, uno de los miembros del jurado en la premiación.
En las otras categorías la periodista Luz María Sierra, editora general de la Revista Semana, con su artículo ‘La lección del caso Galán’ obtuvo el premio a ‘Mejor trabajo en prensa escrita’. En televisión Alberto Medina tuvo el premio por  el informe especial ‘Holocausto – 25 años de conmemoración de la toma del Palacio de Justicia’. Y en radio Vicente Silva Vargas fue galardonado por su trabajo ‘La violencia política en Colombia según su música’. Semana.com obtuvo una mención de honor por su informe especial '25 años del Holocausto'.
El jurado estuvo conformado por: Los periodistas Germán Castro Caicedo, Álvaro Sierra, Javier Darío Restrepo, Marta Ruiz, Pilar Lozano y Diana Díaz. En total fueron presentados al concurso 70 trabajos en las categorías de Internet, Radio, Prensa escrita, Televisión y Trabajos universitarios de grado.
16 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
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uribe tendrá que declarar


El expresidente Álvaro Uribe no fue a declarar en un proceso contra la Drummond, en el que fue citado luego de que un estudiante le tiró un papel. Ahora, los abogados de las víctimas aducen que de todas maneras deberá asistir a rendir testimonio.
[Juan Carlos Iragorri] Washington, Estados Unidos. El abogado de numerosas víctimas del paramilitarismo dice en que el expresidente debe comparecer para explicar los nexos entre militares y ‘paras’, y para informar de supuestos pagos de la Drummond a Fabio Echeverry.
Más líos judiciales en Estados Unidos para el expresidente Álvaro Uribe. El apoderado de numerosas víctimas del paramilitarismo que tienen un pleito judicial en Estados Unidos con la compañía estadounidense Drummond acaba de pedirle a una corte del Distrito de Columbia (Washington D.C.) que lo cite a declarar antes del 10 de febrero.
Terry Collingsworth, abogado de los demandantes le hizo la solicitud al tribunal de la capital estadounidense dentro del proceso contra la multinacional norteamericana, con el fin de que Uribe cuente lo que sabe acerca de los presuntos nexos entre el ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
No es esta la primera ocasión en la que Collingsworth, que trabaja para el bufete de abogados Conrad and Scherer de Washington, formula una petición en ese sentido. Hace algunos días, una corte del Estado de Alabama, donde se ventila el juicio contra la Drummond, le ordenó a Uribe que fuera a declarar al despacho del abogado.
La cita era el 22 de noviembre, pero Uribe no acudió. Su representante, Gregory Craig, argumentó que su cliente se encuentra cobjado por la inmunidad diplomática. La misma tesis sostuvo en una carta reciente al Departamento de Estado norteamericano el embajador de Colombia, Gabriel Silva Luján.
Según Silva, Uribe, en su condición de es jefe de Estado, se encuentra protegido por la inmunidad diplomática a la luz de la Convención de Viena y no tiene por qué comparecer a un proceso judicial. Silva añade que "el ex presidente tampoco está acusado en este caso, sino que se le pide que rinda un testimonio".
La idea de la inmunidad, concluye el embajador, es evitar que quien como presidente tomó decisiones delicadas y secretas deba someterse al interrogatorio de un abogado en otro país. "Estamos defendiendo un principio jurídico. Yo también defendí al ex presidente Alfonso López Michelsen cuando lo llamaron a declarar en un proceso contra el ‘ex hombre fuerte’ de Panamá Manuel Antonio Noriega", subrayó.
Collingsworth, sin embargo, afirma en su escrito del 10 de diciembre que Uribe también debe informar de unos supuestos pagos que la Drummond le hizo a quien fuera su "jefe de gabinete" uno de sus principales asesores en la Casa de Nariño, Fabio Echeverry Correa.
El abogado de las víctimas advierte asimismo que Uribe no puede escudarse en este caso como ex jefe de Estado porque no es titular de "inmunidad testimonial". Esa teoría fue la que aplicó la Cámara de los Lores del Reino Unido cuando accedió a que el ex jefe del estado chileno Augusto Pinochet rindiera declaración en Londres en un proceso que comenzó a finales de los años 90.
El asunto, no obstante, debe ser definido en los próximos días por la justicia estadounidense. Uribe visita Washington con frecuencia, pues dicta clases en la Universidad de Georgetown.
Gregory Craig, el defensor del ex presidente, es un abogado célebre en la capital estadounidense. Fue apoderado del entonces presidente Bill Clinton cuando lo procesó el Congreso por el escándalo de Monica Lewinski; representó al senador Edward Kennedy en ciertas causas, y apoderó al padre de Elián González ‘el niño balsero’ cubano.
15 de diciembre de 2010
14 de diciembre de 2010
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inhabilitan a de la espriella


Miguel De la Espriella inhabilitado 20 años por ‘parapolítca’. La procuraduría destituyó e inhabilitó al ex senador Miguel de la Espriella por sus nexos con Salvatore Mancuso y por haber firmado el Pacto de Ralito.
Colombia. Miguel De la Espriella, senador del partido Colombia Democrática entre 2002 y 2007, fue destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos porque, según la Procuraduría, utilizó su cargo para impulsar y promover a los grupos paramilitares.
Según el fallo del Ministerio Público: "Está demostrado que el señor Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, en su calidad de Senador durante los periodos 2002-2006; 2006-2007, promovió y auspició al citado grupo al margen de la ley (las Auc) como ’retribución’ al apoyo de esa organización para acceder a esa dignidad pública".
En la resolución de acusación de abril pasado, la Procuraduría señalaba la relación entre De la Espriella y Salvatore Mancuso, así como "su trabajo en el Congreso de la República a favor de los intereses paramilitares, ya que su labor como miembro del ala política era buscar escenarios que permitieran al colectivo criminal un acercamiento con el gobierno nacional encaminado a un cese de hostilidades a cambio de algunos beneficios como los obtenidos por la Ley de Justicia y Paz".

¿Quién Es Miguel de la Espriella?
Cuando todo el país estaba asombrado por el escándalo de políticos vinculados con grupos paramilitares, Miguel De la Espriella lanzó unas declaraciones que le echaron más leña al fuego de la para-política. Desde su finca en Córdoba, el senador por ese departamento le reveló a El Tiempo que él y otro nutrido grupo de políticos firmaron un pacto con los grupos paramilitares.
Según De la Espriella, en 2001 los paras organizaron una reunión en Ralito (Córdoba) en la que políticos de ese departamento y de otras regiones de la Costa Atlántica firmaron un documento en el que se comprometieron a defender las tesis políticas de las AUC. "Estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados...", afirmó De la Espriella. La revelación del político cayó como un baldado de agua fría. Aunque inicialmente el senador no mencionó nombres, pocas horas después de sus controvertidas declaraciones, la ex congresista Eleonora Pineda y el senador Julio Manzur reafirmaron lo dicho por él.
De la Espriella dijo que su decisión de revelar los detalles sobre los nexos entre paras y políticos obedecía a que quería que el país conociera toda la verdad sobre las circunstancias que habían obligado a muchos dirigentes a involucrarse con los paramilitares.
El ex senador reveló la existencia del Pacto a finales de 2006, y posteriormente fue condenado a 45 meses de prisión por haber suscrito el acuerdo con los ’paras’. No obstante, en una declaración reciente, la Fiscalía aseguró que Salvatore Mancuso fue quien filtró el Pacto, y que, por presiones y declaraciones de este jefe paramilitar, De la Espriella se vio obligado a confesar su existencia.
El texto del documento se hizo público en enero de 2007. Desde entonces la justicia continúa procesando a los políticos que estuvieron en Ralito y que estamparon su firma sobre el polémico acuerdo.
De la Espriella nació en Sahagún, Córdoba en 1964. Militante del Partido Liberal, era uno de los caciques del departamento. Fue representante a la cámara entre 1994 y 2002. En 2002 y en 2006 llegó al Senado con el partido Colombia Democrática, el movimiento político de Mario Uribe.
14 de diciembre de 2010
13 de diciembre de 2010
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las siete plagas en el guaviare


Al Guaviare se le juntaron todos los males: el Gobernador murió en un accidente, los enfrentamientos entre Farc, hombres de ’Cuchillo’ y fuerza pública tienen a la población en medio de las balas, y los indígenas están a punto de desaparecer.
Colombia. A Puerto Flórez, un caserío caluroso en el norte del Guaviare, a dos horas en carro desde la capital del departamento, San José, llegó hace unos días un panfleto firmado por el frente séptimo de las Farc. En hojas fotocopiadas, sucias y con lenguaje amenazante, la guerrilla les ordenó a los pobladores pagar 20.000 pesos por cada cabeza de ganado que tuvieran. El pago, a más tardar, debe hacerse este 15 de diciembre. "Es la prima navideña de ellos", dijeron algunos.
Guaviare, en términos de exploración minera y petrolera, es uno de los referentes más importantes del país. Por eso es que el gobierno colombiano se ha visto en la obligación de ofrecer importantes incentivos a compañías como Pacific Rubiales, Exxon Mobil, Petrominerales y Petrobras, para que se queden en la región, ya que tienen que lidiar con graves problemas de seguridad. Pues así como el vasto llano y la selva espesa son tan particulares en esta región del suroriente del país, las extorsiones y otros hechos de violencia se convirtieron en parte del paisaje del Guaviare.
Aunque la violencia es histórica aquí, llama la atención que de unos meses para acá las siete plagas de la guerra le cayeron sin piedad. El hecho más reciente fue la muerte en un trágico accidente del gobernador, Dagoberto Suárez Melo, quien en la madrugada del pasado 5 de diciembre pereció cuando la camioneta en la que viajaba se salió de la carretera. Un tío que lo acompañaba y sus escoltas sobrevivieron.
Suárez había llegado al cargo el pasado febrero, después de que su antecesor, Óscar López, fue capturado por presuntos vínculos con paramilitares. Eso sin contar que esas elecciones atípicas estuvieron empañadas por el atentado contra José Alberto Pérez, candidato a la Gobernación por el Partido Conservador, a quien las Farc casi matan tras un atentado que cobró la vida de cuatro policías y dos civiles.
A la muerte del Gobernador, reemplazado temporalmente por el Viceministro de Justicia, se suma una larga lista de hechos violentos en Calamar, El Retorno y Miraflores, los tres municipios después de San José del Guaviare donde la política de seguridad democrática pisó con más fuerza en la era del presidente Uribe, pero que en definitiva no logró desterrar de allí el hambre ni la violencia.
A los tres frentes de las Farc (el primero, el séptimo y el 44) se suman las acciones de los hombres de Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’, un ex miembro de las autodefensas que después terminó rearmando desmovilizados en Meta y Guaviare, conocidos como Erpac (Ejército Popular Anticomunista), que tienen azotado al departamento con extorsiones, desapariciones, reclutamiento de niños, tráfico de armas y de droga.
Hay testimonios de campesinos que dicen que unas bandas (posiblemente el Erpac) y las Farc les están pagando con gramos de coca a indígenas nukak, jiw y sikwani la mano de obra empleada en los cultivos ilícitos. Por eso algunos aborígenes que habitan la zona de la Trocha Ganadera se decidieron por consumir la droga y, en el mejor de los casos, la están cambiando por productos de primera necesidad.
De hecho, en veredas y caseríos de poblaciones como San José del Guaviare, Puerto Concordia y Mapiripán (estos dos últimos en el sur del Meta) no existe dinero circulante, lo que está produciendo el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de aseo. Lo poco que llega a estas zonas es a precios exagerados (una barra de jabón de lavar puede costar 8.000 pesos; una libra de arroz, 10.000; una libra de sal, otros 10.000), y si no es adquirido con dinero en efectivo, es comprado por gramos de coca.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo conocido por SEMANA, habitantes de la ribera del Guaviare, hacia el norte del departamento, han denunciado que la fuerza pública ha llegado a las casas violentamente, preguntando por ’Cuchillo’ o por miembros de la guerrilla. Les toman fotografías y, al no tener respuesta, los golpean y les quitan los documentos. "Eso lo hicieron policías antinarcóticos entre enero y agosto de este año, y todavía están investigando el caso. Pero es muy difícil que eso avance porque los abusos se cometieron en veredas muy lejanas, donde están indígenas que ni siquiera hablan español", dijo a esta revista un miembro de la Defensoría en San José del Guaviare, quien pidió la reserva de su nombre.
A esto se sumó el desplazamiento de 123 familias indígenas jiw, del resguardo Mocuare, que tuvieron que irse tras los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, los bombardeos y los ametrallamientos a comienzos de este año.
El informe sobre conflicto publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris también deja en evidencia lo que sucede en este departamento: en Calamar, Retorno y San José, las Farc y el Erpac hacen reclutamiento forzado. Una persona entrevistada por los investigadores dijo: "A unos les ofrecen entre 500 y 700.000 pesos mensuales con un supuesto trabajo en plantaciones de palma. A otros sí les dicen directamente para qué es".
Ni siquiera San José del Guaviare se salva de la mala racha: en lo que va corrido del año se han registrado 59 homicidios en una población que no supera los 60.000 habitantes, y los episodios de violencia, como el secuestro de dos reconocidos ganaderos, el exilio de un importante comerciante que tuvo que irse para el Quindío o el día que hombres armados se llevaron a un herido que estaba en el hospital de Botalón, hacen que sus habitantes se hundan en la desesperanza.
El alcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, también dice sentirse impotente: "El Guaviare es una región rica en ganadería, las tierras son fértiles y es una potencia minero-energética. Pero la violencia se ha encargado de hacernos una mala jugada, sobre todo ahora. Usted pasa por la plaza principal de San José y oye a los guaviarenses decir que deberíamos pasarnos por el baño de un chamán, a ver si se nos quita esta sal".
La única buena noticia que se ha asomado por estos días fue el anuncio de las Farc de liberar a Marcos Baquero, presidente del Concejo Municipal de San José, secuestrado en junio del año pasado.
Guaviare no es un caso aparte de la violencia en Colombia. Guaviare es el reflejo de que algo falló cuando se pensó que bastaría con acabar las Farc y desmovilizar a los paramilitares. Guaviare puede ser el boquete por donde se fugue el desarrollo económico de los llanos orientales, y ese debería ser suficiente signo de alarma para que el Estado ponga los ojos sobre este departamento.
14 de diciembre de 2010
12 de diciembre de 2010
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reabren caso masacre de la granja


La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar el rol del teniente José Vicente Castro, ex comandante de la estación de Policía de Ituango, en la masacre de 19 campesinos en El Aro, Antioquia.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de julio de 2004 del Tribunal Superior de Antioquia, que absolvía a José Vicente Castro, ex comandante de la estación de Policía de Ituango, por su responsabilidad en el asesinato de 19 personas en El Aro y La Granja, corregimientos de Ituango, en el norte de Antioquia.
La justicia juzgó a José Vicente Castro por omisión. Según el testimonio de varios paramilitares coordinaron con la Policía para poder cometer la masacre y circular en la región sin problemas. Otras personas recuerdan que los ‘paras’ pasaron cerca a la estación de Policía de San Andrés de Cuerquia, un municipio vecino, sin que nadie los detuviera.
La Corte Suprema tomó la decisión para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en julio de 2006 condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro.
Le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos y hoy siguen libres.
Para la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, en especial, en la violación "a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia".

La Masacre de El Aro y La Granja
Los muertos fueron 19. El 11 de junio de 1996, los paramilitares del Bloque Mineros torturaron y asesinaron a cinco de ellos en La Granja. Y luego, el 22 de octubre del año siguiente, a los otros 14 en El Aro.
En El Aro varios testigos dijeron que se usó un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época era gobernador de Antioquia, dijo que era imposible que era imposible porque los dos helicópteros de la gobernación estaban siendo usados en ese momento.
Salvatore Mancuso confesó la participación de varios de sus hombres en el crimen. Dijo que sí hubo un helicóptero de la gobernación y que el entonces secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, sabía que los ‘paras’ iba a cometer la masacre.
14 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
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don berna tiene miedo


’Don Berna’ vuelve a negarse a declarar en Justicia y Paz. Ya son por lo menos siete veces que el ex paramilitar dice que no tiene condiciones de seguridad para confesar su verdad y admitir responsabilidades sobre tres bloques armados que estuvieron bajo su mando. ’Don Berna’ fue extraditado en mayo de 2008, por cargos de narcotráfico.
Colombia. Nuevamente las víctimas salieron frustradas de una nueva cita para escuchar en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz al ex inspector de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, quien reiteró su decisión de no declarar ante esa dependencia judicial alegando razones de seguridad y falta de cooperación entre los gobiernos de Bogotá y Washington.
La diligencia no duró más de 30 minutos y en ella, desde una cárcel de la ciudad de Miami, Estados Unidos, alias ‘don Berna’ volvió a exponer las razones por las cuales se niega a continuar contando su verdad sobre el paramilitarismo mientras estuvo en esa estructura armada ilegal al frente de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, que operaron en diversas regiones de Antioquia y Córdoba.
La seguridad de su familia, que al parecer ha recibido en Medellín amenazas de muerte, su propia seguridad y la falta de acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para que la confesión ante Justicia y Paz se convierta en un mecanismo de redención de pena son los argumentos centrales que han conducido a Murillo Bejarano a continuar negándose a declarar.
Uno de los argumentos invocados por alias ‘don Berna’ es la condena de 31 años impuesta el 22 de abril de 2009 por un fiscal del distrito sur de New York por delitos relacionados con el tráfico de cocaína hacia ese país.
"Prácticamente con mi edad (este año cumplirá 50 años) y condenado a 31 años de cárcel, estoy ante una cadena perpetua", reiteró el postulado, dando por sentado que de no haber una reducción de esa pena por su colaboración con la verdad del paramilitarismo colombiana no comparecerá ante los tribunales de Justicia y Paz.
Durante la media hora de versión, el Fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz hizo un recuento de por lo menos seis excusas que alias ‘don Berna’ ha interpuesto desde que inició su proceso en julio de 2007 para negarse a declarar. De la última de ellas, relacionada con el tema de la seguridad personal y de su familia, se dijo que no estaba ni "certificada ni verificada".
Otro de los inconvenientes que tuvo esta diligencia es que el abogado de alias ‘don Berna’ no se hizo presente ni en Medellín, a donde fue transmitida la audiencia, ni en Miami, donde está preso el ex paramilitar, razón por la cual tenía que ser suspendida la cita judicial para evitar una violación al debido proceso en lo que a la defensa técnica del postulado se refiere.
Para algunos juristas consultados, quienes pidieron la reserva del nombre, la reiterada negativa de alias ‘don Berna’ a comparecer ante Justicia y Paz está configurando una causal de exclusión de los beneficios que otorga la Ley 975 de 2005, a través de la cual se crearon unos beneficios judiciales para todos aquellos paramilitares que fueron postulados siempre y cuando se comprometieran con decir la verdad y reparar a las víctimas.
"Está demostrado que este jefe paramilitar no está dispuesto a contar la verdad, lo que significa que no tiene sentido que continúe en el proceso de Justicia y Paz", dijo uno de los abogados que representa varias víctimas cuyos familiares fueron asesinados por hombres del bloque Cacique Nutibara. La respuesta a esa petición la tendría que dar la Fiscalía General de la Nación.
13 de diciembre de 2010
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samario habló sobre la drummond


La versión de ’Samario’ sobre la Drummond y los ’paras’. Alcides Tabares participó en el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond y en entrevista con VerdadAbierta.com contó cómo fue este crimen y la relación de la multinacional con los ’paras’. También que las Auc desplazaron a campesinos en Cesar para quedarse con sus tierras llenas de carbón.
Colombia. Desde una cárcel, donde está preso desde que se desmovilizó con el Bloque Norte en 2006, Alcides Mattos Tabares, alias ’Samario’, habló con VerdadAbierta.com sobre lo que él considera fue el vínculo entre la guerra y el carbón en el Cesar.
‘Samario’, ha sido clave para las autoridades para entender los nexos de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y las investigaciones que comienzan para establecer si las Autodefensas a su cargo tuvieron o no vínculos con las grandes empresas carboneras de Cesar.
También para demostrar cómo fue la violenta arremetida de los ‘paras’ contra campesinos que tenían tierras alrededor de las minas de carbón en Mechoacán y El Prado, veredas de La Jagua de Ibirico, Cesar.
La Drummond, una de las multinacionales que opera en Cesar, ha estado en medio de varias acusaciones por parte de campesinos, víctimas y desmovilizados, que la han señalado como presunta financiadora de grupos armados en este departamento. Esta empresa enfrenta un proceso en Colombia y uno en Estados Unidos, éste último por la violencia que padecieron los sindicalistas y varias víctimas de los paramilitares a lo largo de la vía férrea entre La Loma y su puerto en Santa Marta.
’Samario llegó a Cesar en 2000, después de estar en combates en el sur de Bolívar con el Bloque Central de las Autodefensas. Sus jefes lo enviaron al Bloque Norte, en el que fue escolta y jefe de seguridad de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cómplice de ‘Jorge 40’ y encargado de sacarle dinero a las empresas carboneras en el centro de Cesar, donde quedan las principales minas.
Allí, ’Samario’ dice que asistió a tres reuniones entre su jefe y gente que trabajó o tuvieron contratos con Drummond: Jaime Blanco Maya, dueño de la empresa Internacional de Alimentos (ISA), proveedora de la comida de la Drummond; Jairo de Jesús Charris, quien era jefe de seguridad de ISA y que terminó en las autodefensas con el alias de ‘Viejo Miguel’; José Arístides Peinado y Jean Jakim (o Hakim), director de seguridad de la Drummond.
Aunque sólo custodió las reuniones, este paramilitar le dijo a VerdadAbierta.com, tal como lo ha contado a la Fiscalía, que ahí se coordinó para que los paramilitares cuidaran las vías férreas de las carboneras, entre Cesar y Santa Marta, Magdalena.
‘Samario’ también participó en el asesinato el 12 de marzo de 2001 de Valmoré Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Drummond. En ese momento estaban reclamando para que la empresa cambiara de proveedor de comida, en contravía con los intereses de Jaime Blanco Maya, quien  fue capturado en septiembre de 2010 por una medida de aseguramiento por los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio relacionados con el crimen.
El ex paramilitar, quien llegó a ser jefe del frente Juan Andrés Álvarez, además estuvo en la masacre el 19 de mayo de 2002 de cinco campesinos de El Prado, una vereda de La Jagua de Ibirico que colinda con la mina de carbón del Encanto. Ahí sus habitantes fueron aterrorizados, desplazados y despojados de sus títulos por paramilitares que querían quedarse con las valiosas tierras.
Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, se enroló a las Auc en 1997. Dice que fue soldado y que cuando se retiró del Ejército, la falta de oportunidades, de empleo y de dinero lo empujaron hacia el paramilitarismo.
Delinquió en el Sur de Bolívar, junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, en donde la guerrilla y los ‘paras’ tuvieron fuertes enfrentamientos por el control de la región, de la ‘coca’, las minas de oro y los corredores estratégicos.  En 2000 se unió al Bloque Norte, donde delinquió hasta la desmovilización en 2006.
Su testimonio, así como el de Jairo de Jesús Charris, alias ‘el Viejo Miguel’, han sido tenidos en cuenta en el juicio contra la Drummond, que se está desarrollando ahora en Bogotá por el asesinato de Locarno y Orcasita. La multinacional también está en una corte de Alabama, Estados Unidos, por la demanda que presentó el abogado Terry Collingsworth por el crimen de decenas de sindicalistas en Cesar.
La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados absolvieron la empresa de toda responsabilidad por el asesinato de Locarno y Orcasita. En todos estos casos ha negado su participación en el asesinato de los sindicalistas y también en la financiación de grupos paramilitares en Cesar.
La multinacional también ha dicho que los testimonios de ex paramilitares como ’Samario’ y ’el Viejo Miguel’ son extorsiones.
’El Viejo Miguel’ fue contratista de la Drummond pero fue despedido y contratado como jefe de seguridad de Jaime Blanco Maya, dueño de la empresa Industrial de Alimentos, ISA, que suministraba la alimentación al casino de trabajadores de la multinacionales.
Aunque Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ya aceptó su responsabilidad en el crimen, no ha dado detalles de quienes estuvieron detrás de los asesinatos de los sindicalistas. Óscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’, por su parte ha negado las afirmaciones de ‘Samario’ y de ‘el Viejo Miguel’.

La Relación con la Drummond
En la entrevista con VerdadAbierta.com, ‘El Samario’ dijo que las relaciones con la multinacional estadounidense Drummond ya existían cuando llegó a la región, en 2000. Aseguró que las autodefensas cuidaban las líneas férreas de la empresa norteamericana entre Cesar y Santa Marta, donde está el puerto de embarque del carbón.
’Samario’ fue miembro del frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en Bosconia, La Paz, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril y Chiriguaná.  Pero el presunto acuerdo entre las carboneras y los ’paras’ era supuestamente para cuidar las zonas por donde pasaba el tren y en las que coincidía con la presencia del Bloque Norte. "La misión era no dejar que la subversión volara la vía férrea", dijo.
También que la seguridad no era "únicamente con Drummond, sino con todas las carboneras de la región". En Cesar además de la multinacional estadounidense están la suiza Glencore, a través de sus filiales Carbones de la Jagua y Prodeco.
Aunque dice que no fue testigo de pagos por este "servicio", ‘Samario’ cree que éstos se negociaban directamente con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el jefe del Bloque Norte.
En ex jefe de informática del DAS, Rafael García, importante testigo en procesos contra políticos y empresas por sus relaciones con el Bloque Norte, dijo que estuvo presente en una reunión, en la cual, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, con el fin de "eliminar obstáculos sindicales". Algo que Jiménez a negado numerosas veces.
Los contactos con Drummond, según ‘Samario’, se hicieron con Jairo de Jesús Charris, que era contratista de seguridad para la empresa. Unos meses después Charris entró a las Auc, bajo las órdenes de ‘Samario’.
El desmovilizado también mencionó a Jaime Blanco Maya, contratista de alimentos de Drummond, de quien dijo se reunió con los paramilitares varias veces, y que, en palabras de ’Samario’, era "el enlace entre nosotros y la Drummond".
’Samario’ mencionó a Jean Jakim (o Hakim) como otro de los presuntos enlaces entre el Bloque Norte y la multinacional.
En declaraciones a la Corte de Alabama, Estados Unidos, Jean Jakim(o Hakim) juró no haberse reunido con las AUC ni tener que ver con ellas, no haber pagado jamás su compañía una extorsión ni nada a un grupo armado.

Las Reuniones
’Samario’ le contó a VerdadAbierta.com que estuvo en tres ocasiones con personas que trabajaban para la Drummond.
La primera, según el paramilitar ocurrió a principios de 2001, cuando era escolta de Tolemaida. Según su relato, los ‘paras’ se encontraron con Jaime Blanco Maya en un casino de Drummond, por fuera de la empresa, cerca a la Loma de Potrerillo, un corregimiento de El Paso, Cesar. En ese momento Blanco era el contratista del casino de Drummond a través de ISA.
Ahí  ’Samario’ contó que si bien no participó en la reunión, si se encontró con Jairo de Jesús Charris, en ese entonces jefe de seguridad de ISA, de propiedad de Blanco Maya.  Charris le dijo que tenían buenas relaciones con las autodefensas, y  que incluso en varias ocasiones les dieron comida la tropa.
Un mes después de esa reunión ‘Samario’ se volvió a reunir con Blanco al frente de la entrada de la Drummond. Unas semanas después los ‘paras’, entre ellos ‘Samario’, asesinaron a Locarno y Orcasita, quienes adelantaban una protesta por la mala calidad de la comida que suministraba Isa, es decir la empresa de Blanco Maya.
Jairo de Jesús Charris, condenando a 30 años de prisión por el asesinato, dijo en su juicio que "lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato, según se acordó en la reunión del 6 de marzo anterior en la que participó Jaime Blanco y Jean Jakim, uno de los directivos de la empresa".
La última reunión en la que ‘Samario’ estuvo presente fue en la finca Los Pisos, cerca de Bosconia, Cesar. "Esa fue la más grande, con ‘Jorge 40’, ‘Tolemaida’ y el estadounidense Jean Jakim, de la seguridad de Drummond", dice el paramilitar.
‘Samario’ supuso que la reunión, que fue después del asesinato de los sindicalistas, fue para coordinar la seguridad para las vías férreas y la maquinaria de la Drummond.  Recordó además que en esa ocasión ‘Jorge 40’ felicitó a ‘Tolemaida’ por el crimen contra los sindicalistas.

El Asesinato de los Sindicalistas
El 12 de marzo de 2001 paramilitares del Bloque Norte asesinaron a Valmoré Locarno y Víctor Orcasita, dirigentes de Sintraminercol, el sindicato de los trabajadores de la Drummond.
Blanco Maya había firmado con Alfredo Araujo Castro, jefe de Relaciones con la Comunidad de la Drummond, un millonario contrato para la alimentación de los trabajadores de la mina. Sin embargo, poco antes del asesinato de los sindicalistas se conocieron cartas de los trabajadores pidiendo un cambio en el proveedor de alimentación, liderado por el sindicato y fundamentado en la convención colectiva.
Los sindicalistas también habían denunciado amenazas por parte de los paramilitares para acabar con su protesta.
Esos hechos al parecer generaron la decisión de "acabar con el sindicato", según dijo Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘El Viejo Miguel’, en entrevista con RCN.
‘Samario’ fue condenado por el crimen, que también confesó en Justicia y Paz. En la entrevista con VerdadAbierta.com, el desmovilizado deja claro que tuvieron varios cómplices que trabajaban en la Drummond.
El día del crimen, varios paramilitares se reunieron en San Ángel, Magdalena, donde ’Jorge 40’ tenía su base principal. Ahí se encontró con ‘Adinael’, jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez y en compañía de otros hombres se dirigieron en dos camionetas hacia la mina de carbón de la Drummond.
Un empleado de la empresa llamó a los ‘paras’ y les dio el número del bus en el que los sindicalistas se desplazaban. Por su tamaño, la mina de La Loma tiene decenas de buses que circulan en la empresa cuando cambian los turnos de trabajo.
Cuando llegó el bus de los sindicalistas, los ‘paras’ lo cerraron y obligaron el chofer a seguirlos. Pararon en una trocha y subieron al vehículo. ‘Samario’ dijo que la gente se asustó cuando lo vieron. Al parecer Valmoré Locarno estaba armado y sacó su arma, pero fue abatido inmediatamente por los ‘paras’.
Después los ‘paras’ bajaron del bus a otra persona que confundieron con uno de los sindicalistas. En la camioneta de ‘Adinael’ iba un trabajador de la Drummond, que ‘Samario’ no alcanzó a ver. El desconocido alcanzó a decir que esta persona no era Víctor Hugo Orcasita y los paramilitares volvieron al bus, y se llevaron al sindicalista.
Lo metieron a la camioneta y lo llevaron hasta una bodega cerca de San Ángel, Magdalena donde quedaba una de las bases del Bloque Norte. Ahí, después de interrogarlo, asesinaron a Víctor Hugo Orcasita.
Según Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘El Viejo Miguel’, Jaime Blanco Maya, fue el autor intelectual del crimen con el aval de la Drummond. El antiguo jefe de seguridad de la empresa de Blanco Maya dijo que: "Yo entro al bloque básicamente por una orden de Jaime Blanco Maya".
Charris fue capturado en 2008 en Bogotá, cuando salía de un apartamento arrendando por Jaime Blanco Maya. El ex paramilitar conducía uno de los carros de Blanco Maya, según la tarjeta de propiedad que reposa en los expedientes del momento de la captura.

El Despojo en El Prado y Mechoacán
‘Samario’ también habló con VerdadAbierta.com sobre las masacres y el desplazamiento en El Prado y Mechoacán, dos veredas de La Jagua de Ibirico, que colindan con la mina de carbón El Encanto.
Según el paramilitar, a partir de 1999, las autodefensas empezaron a atemorizar y a amenazar a los campesinos de dos veredas. Allí asesinaron a 18 personas, entre ellas dos presidentes de la Junta de Acción Comunal, y a cuatro miembros de una familia de apellido Flórez.
Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos funcionarios del Incoder Cesar, quienes falsificaron los títulos de propiedad y se los entregaron a testaferros de los paramilitares.
’Samario’, quien estuvo en la masacre de la familia Flórez, le dijo a VerdadAbierta.com que: "Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos".

’Samario’, Su Historia como ’Para’
Dice que después de pasar por el Ejército trató de buscar trabajo pero la falta de empleo, dinero y oportunidades lo empujaron a las autodefensas.
Ingresó en 1997, en Urabá, donde hizo un curso militar en la escuela La 35. Fue enviado al Sur de Bolívar, bajo las órdenes de Rodrigo Pérez Alzate, alias’ Julián Bolívar’. En la zona tuvo combates contra la guerrilla, por el control de una región en la que campea el narcotráfico, existen minas de oro y es un corredor entre Bolívar, Antioquia y los Santanderes.
En 2000, fue trasladado al Bloque Norte, donde fue escolta de Oscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, antes de volverse el jefe del Frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en el centro de Cesar.
Ahí contó que se financiaron con los finqueros, empresas, las alcaldías, los hospitales: "Teníamos poder, si habían amigos en el congreso nos movíamos fácil, las alcaldías las poníamos nosotros. Creo que fue el Bloque Norte el que más se financió con la parte salud, las ARS, los hospitales".
En 2006  ‘Samario’ se desmovilizó y desde entonces está preso en la cárcel de Valledupar.
13 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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militares y das acusados de homicidio


La Fiscalía acusó a dos militares y a dos integrantes de la policía secreta por el asesinato hace casi cuatro años de un presunto guerrillero que fue ejecutado extrajudicialmente, se informó el lunes.
Bogotá, Colombia. A través de un comunicado de prensa publicado en su página de Internet, la Fiscalía dijo que la medida recayó sobre el mayor del ejército Jorge Alexander Gómez Bernal, el cabo Nelson Vladimir Hernández y los detectives Jaime Alexánder Romero y Pedro Antonio Sarmiento, quienes deberán comparecer ante un juez por de delitos de homicidio y secuestro, entre otros.
Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ernesto Cruz Becerra, que supuestamente tendría un proceso pendiente por rebelión, fue capturado el 22 abril de 2007 en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare y a 175 al noreste de Bogotá.
Pero, según la Fiscalía, el mayor Gómez dio la orden por radio de que el presunto rebelde "no llegara vivo" hasta las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta civil.
Ante la negativa de un primer militar de cumplir la ilegal orden, ésta fue finalmente ejecutada por el cabo Hernández, quien "ultimó a Cruz de varios disparos, como lo sostienen testimonios".
La Fiscalía agregó que "se estableció...que a la víctima le colocaron un fusil disparado previamente por uno de los miembros del DAS, quienes luego tomaron fotografías de la escena de los hechos".
Hasta el 15 de octubre, última información disponible, la Fiscalía investigaba la muerte de casi 2.500 civiles en ejecuciones extrajudiciales. Unos 1.100 militares eran investigados por esos hechos. Desde que estalló a mediados de 2008 un escándalo de las ejecuciones a manos de uniformados, al menos 276 militares han sido condenados y otros 56 han sido absueltos, según datos de la Fiscalía.
13 de diciembre de 2010
©noticias en español
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