colombia

diagnóstico sobre bandas criminales

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Bandas criminales, modelo 2010. Desde que se desmovilizaron los paramilitares, este ha sido el año más violento. Diagnóstico de la guerra, los negocios y la influencia de los Rastrojos, Águilas Negras, Paisas, Erpac y otras bandas en Colombia.

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Colombia. Nadie tiene claro el número de militantes de las bandas emergentes. Según el Das son por lo menos 2.200; la Policía las calcula en 3.800; para Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entre 7.400 y 12.000 y  la Ong Human Rights Watch (HRW) cree que son 10.200.
Pero todos coinciden con una cosa: este es el año más violento desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, en 2006. En lo que va corrido del año las masacres han aumentado de 25 por ciento, pasando de 119 casos a 153, los homicidios de 16 por ciento en 2009, según el último informe de  Medicina Legal y ya van 37 sindicalistas asesinados, así como 40 defensores de derechos humanos y líderes de desplazados.
VerdadAbierta.com recopiló información del último informe sobre desmovilización y rearme de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), de Indepaz, de HRW y de fuentes policiales para mostrar un panorama global de las bandas criminales.

¿En Qué Se Parecen las Bandas a los Antiguos Paramilitares?
El II Informe de Desmovilización Desarme y Reinserción de la Cnrr señala varias similitudes entre las bandas criminales y los ‘paras’ que para 2006 ya estaban oficialmente desmovilizados.
Una de ellas es que las bandas criminales están integradas por paramilitares, en muchos casos mandos medios que no se desmovilizaron y tomaron gran parte del poder que tenían sus jefes. Es el caso de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, que era jefe del frente Guaviare de las Auc y que a pesar de las negociaciones de paz sigue delinquiendo en el Llano.
También, Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’, capturado el pasado 15 de noviembre, fue mando medio del Frente Contrainsurgencia Wayúu. Después de la desmovilización se convirtió en uno de los capos de la Guajira.
Otra de las semejanzas con los ‘paras’ es que las bandas también atacan líderes sociales, desplazados, cometen masacres y desapariciones. Un artículo de Semana calcula que 2010 cerrará con la misma cantidad de masacres de 2006, cuando aún se estaban desmovilizando las Auc. En 2010 por lo menos 40 líderes de desplazados, defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Y en regiones como Nariño y Córdoba se han registrados desplazamientos de miles de familias campesinas, como en los peores momentos de la guerra en Colombia.
Las bandas criminales controlan los mismos negocios legales e ilegales que las Auc: narcotráfico, extorsión, juegos de azar, préstamos de dinero (paga diario), contrabando, robo de combustible y casas de cambio.
Las bandas, como los ‘paras’, tienen ramificaciones e intereses nacionales e internacionales. Las más grandes como Águilas Negras, Rastrojos y Paisas delinquen en varias regiones del país. La Cnrr registró asesinatos, capturas y enfrentamientos en Venezuela, República Dominicana, México, Argentina, España y Estados Unidos.

¿Qué las Hace Distintas a los ‘Paras’?
Aunque compartan muchas características con las antiguas Auc, según la Cnrr, las bandas no actúan exactamente de la misma manera.
Son grupos más pequeños que las Auc, en las que los frentes más grandes podían concentran hasta mil paramilitares. Son también más discretos, en general patrullan de civil, con armas cortas.
Los Castaño necesitaron más de diez años para someter todas las autodefensas y crear las Auc, donde había un mando vertical. Las bandas son inestables, no obedecen a un poder centralizado, hay pugnas internas. Hay regiones donde se enfrentan y otras donde son aliadas.
Aunque las bandas criminales dicen que siguen enfrentando la guerrilla, en realidad hay muy pocos combates. Hay incluso casos como en Cauca o Urabá donde las Farc y las bandas son aliadas.
Las Auc ooficialmente eran perseguidas por el Ejército y la Policía, pero hay numerosos ejemplos a lo largo del país donde algunos miembros de las autoridades tenían claros nexos con los ‘paras’. Con las bandas parece ser diferente.
La Policía, en un informe reciente conocido por VerdadAbierta.com, ha capturado cerca de 8.700  miembros de bandas. ‘Cuchillo’, ‘El Loco’ Barrera o ‘Los Comba’ están entre los más buscados del país. Cuando se desmovilizaron importantes jefes ‘paras’ como Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, José María ‘Chepe’ Barrera, Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’ o Ovidio Isaza, hijo de Ramón Isaza, no tenían una sóla orden de captura en su contra.

Los Diferentes Tipos de Bandas Criminales
En su informe la Cnrr clasificó las bandas criminales.
Por un lado los paramilitares que no se desmovilizaron y que siguen delinquiendo, como el Frente Contrainsurgencia Wayúu (La Guajira), las Autodefensas Campesinas del Casanare, el Frente Sur del Putumayo, las Autodefensas del Meta y Vichada y reductos del Bloque Central Bolívar, del Bloque Libertadores del Sur (Nariño), Bloque Pacífico y Bloque Élmer Cárdenas (Urabá).
Por otra parte la Cnrr identifica los grupos rearmado, que tienen una actividad similar a las Auc y fuertes relaciones con el crimen organizado, como las Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos. Son los grupos con más fuerza y presencia nacional, y contra los que las autoridades tienen que enfocar sus esfuerzos en prioridad.
Por último están las bandas emergentes, estructuras que existían en la época de las Auc pero que reforzaron su poder tras la desmovilización. Es el caso de ‘Cuchillo’ y su Ejército Popular Anticomunista (Erpac), que vienen del frente Guaviare del Bloque Centauros. ‘Cuchillo’ tenía poder antes de la entrega de armas, pues controlaba una zona con mucho narcotráfico, pero ganó territorios con la desmovilización y ahora domina gran parte del Llano, tiene intereses en Bogotá, y según las autoridades exporta cocaína por Venezuela.

¿Por Qué las Bandas Están Donde Están?
Eduardo Pizarro, sociólogo, le dijo a VerdadAbierta.com que las bandas criminales se concentraban en la periferia del país y en las zonas fronterizas. La Comisión distingue varias circunstancias  y antecedentes para entender porqué la violencia sigue en ciertas regiones.
Es claro que todas las zonas ligadas al narcotráfico, ya sea donde se cultiva la hoja de coca se procesa en droga o se exporta la cocaína, siguen tomadas por las bandas criminales. Así la violencia sigue en el Catatumbo, sur de Bolívar, parte de Córdoba y Urabá, el golfo de Morrosquillo, el norte del Valle y la Costa Pacífica, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Alta Guajira y amplias zonas de los Llanos y la Orinoquía.
La Cnrr también explica la presencia de bandas en las regiones que los ‘paras’ se tomaron poco antes de la desmovilización y en las que apenas se estaban desarrollando, como en el andén Pacífico, entre Chocó y Nariño, donde el Bloque Libertadores del Sur llegó sólo cuatro años antes de dejar las armas. Ahí el rearme fue bastante rápido.
Por otra parte hay regiones, como el Caribe, donde a pesar de la desmovilización y los compromisos de los gobiernos y empresarios locales, hay muy pocas alternativas de empleo para los ex paras. Muchos son moto taxistas o trabajan como prestamistas en ‘pagadiarios’, negocios donde las bandas están presentes.
14 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©verdad abierta

condenan a narcos con nexos con auc

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Condenan en Estados Unidos a dos ‘narcos’ con nexos con las Auc. Christian Fernando Borda, que tenía nexos con ‘Los Mellizos’ Mejía Múnera y ‘Cuco’ Vanoy  y Álvaro Alvarán Vélez, fueron condenados por tráfico de cocaína.

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Colombia. Un jurado del Distrito de Columbia (Washington, EEUU) condenó a Christian Fernando Borda, de 46 años y a Álvaro Alvarán Vélez, de 56, extraditados a Estados Unidos en agosto de 2009. Tras dos días de deliberaciones los hallaron culpables del cargo de "asociación ilícita para distribuir cocaína con la intención de importarla a Estados Unidos".
El juez dictará la sentencia el 28 de abril de 2011. La pena tiene una sentencia entre 10 años de cárcel y cadena perpetua, así como una multa de cuatro millones de dólares. Borda tiene una condena previa por narcotráfico, así que su pena mínima será de 20 años en prisión.
Según el cargo, Borda y su socio Alvarán fueron miembros de un cartel de narcotraficantes entre febrero de 2005 y marzo de 2007, que envió varias toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos, a través de México.
Cuando fue capturado en junio de 2008 Borda fue presentado por la Policía como el encargado de organizar el transporte y el envío de cocaína para ‘Los Mellizos’ Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera.
El cartel, según un comunicado de la Policía, tenía laboratorios de procesamiento en Cundinamarca, Caldas y Antioquia y redes de transporte a bodegas en Bogotá, Medellín, Pasto, Cúcuta, Puerto Carreño y toda la Costa Atlántica.
Los negocios de Borda llegaban hasta Ecuador, Panamá y parte de Europa donde adquiría embarcaciones para así tener mayor seguridad y control en sus envíos.
Borda estuvo preso en la Florida, Estados Unidos, entre 1998 y 2003, por narcotráfico con un cartel asociado al ex jefe paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy. Un comunicado de la Policía señala que Borda también tenía nexos con Luis Eduardo Cifuentes, alias el ‘Águila’, ex jefe de las autodefensas de Cundinamarca, quien protegía sus laboratorios en Cundinamarca.
El 21 de septiembre de 2006 guardacostas de Estados Unidos y la DEA incautaron 2.5 toneladas de cocaína frente Manta, Ecuador, que estaban en un barco pesquero. En ese momento la droga estaba siendo trasbordada a un buque de mayor calado con destino a México.
La droga estaba avaluada en 15.000 millones de pesos. Grabaciones probaron que el envío era de ‘Los Mellizos’ y de Borda.
En 2005 también cayó un embarque de 1.500 kilos de cocaína ocultos en barriles de aceite de palma en un barco que zarpó de la costa norte de Colombia.
12 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
©verdad abierta

se oponían a investigar ejecuciones

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Wikileaks: Así seguía EE.UU. el escándalo de los ’falsos positivos’. El exembajador William Brownfield reportaba a Estados Unidos que algunos altos mandos militares y políticos al parecer se oponían a las investigaciones por los asesinatos.

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Colombia. Según los cables revelados por Wikileaks, el exembajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield seguía de cerca el escándalo conocido como los ‘falsos positivos’, asesinato de civiles presentados por miembros del Ejército colombiano como guerrilleros e integrantes de bandas criminales muertos en combate.
En el cable, titulado "iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia en militares", Brownfileld transmite las apreciaciones del general Carlos Suárez, encargado de la investigación de estos hechos dentro de las Fuerzas Militares.
Según el mensaje revelado por Wikileaks, Suárez dijo que Álvaro Uribe Vélez "consideraba el éxito militar en términos de muertes", pese a argumentos de algunos militares y políticos que hacían énfasis en la defensa de los derechos humanos. A lo que agregó que "los últimos informes de muertes de enemigos en combate, muchos de ellos no pertenecientes a las Farc, crean una imagen engañosa de progreso".
También se lee en el despacho diplomático, que Suárez le aseguró a la embajada norteamericana que tras los asesinatos en el departamento de Cesar, le recomendó al comandante del Ejército, general Óscar González, despedir a 28 oficiales del Batallón La Popa por la presunta participación en los asesinatos de civiles, pero él despidió a 11 militares.
En efecto, el 23 de enero de 2009, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció la destitución de 10 oficiales y un suboficial, involucrados en varias ejecuciones extrajudiciales en la zona.
Las investigaciones se originaron tras las denuncias de nexos entre el ex comandante del Batallón La Popa, coronel Hernán Mejía (hoy detenido), con paramilitares para presentar como muertos en combates a civiles (entre ellos indígenas) y paramilitares rasos que eran ejecutados por sus compañeros y presentados como resultados del Ejército.
Una investigación interna concluyó que los 11 militares habían incurrido, posiblemente, en graves irregularidades, por las cuales no podían mantenerse en su cargo. "Unos seguían en el batallón (La Popa), otros no. Pero todos estaban activos", aseguró en su momento el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.
En el cable revelado por Wikileaks, Suárez afirmó que "el problema de las ejecuciones extrajudiciales es generalizado, que el fenómeno se originó en Soacha y que la práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos, incluido el Comando Conjunto del Caribe".
En otro aparte del despacho se lee, según Suárez, que la insistencia por resultados de algunos mandos militares sería la causa de los ‘falsos positivos’.
Desde mediados de 2007, varias familias de Soacha, municipio vecino de Bogotá, denunciaron que unos 17 muchachos de esa localidad, reportados como desaparecidos, fueron presentados por el Ejército en Norte de Santander y Urabá, entre otras zonas, como guerrilleros muertos en combate.
Según el despacho, el general Suárez aseguró que estos asesinatos "socavan la legitimidad del Ejército y crean una falsa ilusión de éxito" y que el Ministerio de Defensa apoyaba las investigaciones, pero encontraba resistencia en algunos oficiales en servicio activo, algunos otros retirados y políticos.
En el cable también se lee que Suárez contó a la diplomacia norteamericana que el entonces comandante del Ejército, general Óscar González, supuestamente "impidió las investigaciones de los abusos, limitando la acción del inspector de las Fuerzas Armadas" y que presuntamente "intimidó a los testigos para no declarar sobre los asesinatos cometidos por la 11 Brigada".
Para la época del cable de la Embajada, según cifras de la Fiscalía, eran 1.009 los casos que se investigaban por presuntos falsos positivos.
En el despacho, el general aseguró que oficiales en retiro como Mario Montoya y Rito Alejo del Río supuestamente trabajaban con políticos como el exministro Fernando Londoño para "socavar las iniciativas en derechos humanos". Cita un artículo de El Tiempo en el que Londoño se quejó de los despidos de militares.
El cable afirma que el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, le contó a la embajada norteamericana que oficiales estaban montando una "campaña de participación legal" para acosar a los oficiales y civiles a cargo de las investigaciones por los ‘falsos positivos’.
No obstante, el mensaje de la embajada en Bogotá reporta a Washington que el Ministerio de Defensa colombiano adelantó iniciativas en defensa de los derechos humanos y que las unidades del Ejército que lograron "los mejores resultados contra el grupo terrorista (de las Farc), no estuvieron involucrados en los asesinatos de civiles".
Finalmente, Brownfield aseguró en el cable que "si el próximo Ministerio de Defensa (después de Juan Manuel Santos) no mostraba un fuerte compromiso con los derechos humanos, los progresos realizados hasta la fecha podrían reversar".
10 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©semana

piden condenar a jorge noguera

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Procuraduría pidió condenar a Jorge Noguera. La Procuraduría solicitó a la Corte Suprema condenar a Jorge Noguera por cuatro delitos, entre ellos, por nexos con paramilitares del Bloque Norte. Pero no lo considera responsable de los asesinatos de Zully Codina, Fernando Pisciotti y Alfredo Correa.

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Colombia. Sin embargo, durante su intervención en esta fase conocida como de alegatos finales, la Procuraduría pidió la absolución del ex director del DAS en los asesinatos contra el profesor Alfredo Correa de Andreis, el político Fernando Pisciotti y la sindicalista Zully Codina, "en beneficio de la duda ya que no se contó con las pruebas suficientes para acreditar estas muertes ante el ente acusador", explicó la funcionaria del Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público explicó que el concierto para delinquir agravado se soporta a partir de los testimonios y pruebas rendidos en varias audiencias. Según estos, Jorge Noguera le filtró información al paramilitar Hernán Giraldo, jefe del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, "con el fin de entorpecer la Operación Ciclón o Rodadero, que pretendía allanar 67 inmuebles en Santa Marta", leyó la Procuraduría.
El Ministerio Público narró que además el funcionario Sigifredo Puentes Ibáñez, jefe de Investigaciones Financieras del DAS nacional, fue relevado de su cargo y enviado a Arauca "apenas Noguera supo que Puentes Ibáñez coordinaría la Operación Ciclón".
La Procuraduría también leyó la declaración de un testigo en la que Noguera ordenó a los agentes del operativo que no usaran el uniforme de la institución y que a cambio, dijeran que eran del CTI de la Fiscalía o del Ejército.
Otro de los soportes para pedir la condena del ex funcionario en el delito de concierto para delinquir fueron las declaraciones que señalaron que no quiso combatir a los grupos paramilitares. Una de ellas fue la del funcionario José David Rivero, declarado luego insubsistente como director seccional del DAS en el Cesar, quien dijo: "Las exigencias del doctor Noguera eran dirigidas exclusivamente a atacar a la guerrilla y no a otros grupos como las autodefensas".
Un argumento más para solicitar la condena por este delito también fue la declaración del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, rendida en una audiencia el 21 de abril de 2010. En ese testimonio, el ex paramilitar aseguró que en una reunión realizada en 2003 ó 2004 en Magdalena, alias ‘Felipe’ le confesó que tenía nexos y cercanía con Jorge Noguera y José Narváez, ex subdirector del DAS.
El ex jefe paramilitar dijo que alias ‘Felipe’ había utilizado esos contactos para solicitar una información que les sería útil "para una misión en Montería que buscaba testaferros de las Farc", leyó la Procuraduría.
"Por la vía deductiva de los medios probatorios, Noguera promocionó a los grupos paramilitares, a cargo de alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo", señaló la Procuraduría.

Los Otros Delitos
Respecto al abuso de autoridad, la Procuraduría dijo que el ex director del DAS utilizó de forma indebida información de carácter secreto. A partir de declaraciones rendidas en audiencias, varios testigos afirmaron "que Noguera había advertido a Hernán Giraldo de una presunta orden de captura que había contra él, así como una solicitud de extradición".
En una audiencia, Rafael García Torres, ex jefe de la Unidad de Informática del DAS, contó que Noguera le había dicho que si con los datos que tenía el DAS no se podían realizar actos legales, "él sí conocía quién podía encargarse de eso", refiriéndose a los paramilitares.
García Torres también indicó que Noguera le ordenó suministrarle información a José Gélvez Albarracín alias ‘El Canoso’, ex jefe político del Bloque Resistencia Tayrona, de que Hernán Giraldo iba a ser solicitado en extradición. Según García Torres, también le ordenó darle los datos de unos estudiantes de la Universidad del Magdalena que presuntamente tenían vínculos con la guerrilla.
Sobre el delito de despido por acto arbitrario e injusto, el Ministerio Público se refirió al caso de Sigifredo Puentes Ibáñez, jefe de Investigaciones Financieras del DAS nacional, que fue relevado de su cargo y enviado a Arauca, luego de que Noguera supiera que este funcionario coordinaría la Operación Ciclón contra testaferros de Giraldo.
También hizo alusión al caso de José David Rivero Gómez, ex director seccional del DAS en el Cesar, quien fue declarado insubsistente en su cargo por orden de Noguera. Los dos funcionarios se habían negado a cumplir las directrices de su jefe, relacionados con la complicidad con los paramilitares.
Respecto al delito de alteración o destrucción de documentos públicos, la Procuraduría indicó que a partir de varias declaraciones se conoció que Noguera ordenaba a sus subalternos borrar o alterar información de inteligencia de este organismo de seguridad. Así lo aseguró en una audiencia Sandra Patricia Escárraga, ex funcionaria de la Oficina de Informática.
Al finalizar su intervención, la Procuraduría concluyó: "Jorge Noguera promovió a los grupos paramilitares en la modalidad de coautor. Todo indica que antes de cumplir con su mandato de garantizar la seguridad ciudadana, por el contrario, fomentó la inseguridad ciudadana".
El jueves 9 de diciembre de 2010, a las 2:30 p.m., la representación de las víctimas realizará también su intervención en esta etapa de alegatos finales. Luego, la Corte emitirá la sentencia.
10 de diciembre de 2010
7 de diciembre de 2010
©verdad abierta

colombia pide inmunidad para uribe

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Gobierno pide a EE.UU. inmunidad para Álvaro Uribe en caso Drummond.v La petición está contenida en una carta fechada el pasado 12 de noviembre, firmada por el embajador colombiano en Estados Unidos, Gabriel Silva, exministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe.

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Colombia. El gobierno colombiano, a través de su embajador en Estados Unidos, Gabriel Silva, pidió inmunidad para el expresidente Álvaro Uribe para evitar que tenga que declarar en el caso contra la empresa estadounidense Drummond por supuesto apoyo a grupos paramilitares en Colombia durante los primeros años de su administración, informó La F.M.
La petición está contenida en una carta fechada el pasado 12 de noviembre, firmada por el embajador colombiano, que fue ministro de Defensa de Uribe y dirigida al Departamento de Estado de ese país.
En esa carta, el gobierno solicita "inmunidad soberana" por haber sido "cabeza del Estado" para Uribe, quien no se presentó el pasado 22 de noviembre a una citación como testigo hecha por el tribunal federal del distrito de Columbia (Estados Unidos) sobre el caso Drummond.
El caso se remonta a 2001, cuando los paramilitares, supuestamente apoyados por la multinacional minera, iniciaron una campaña de terror con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, que ejercían entonces como presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Drummond.
En la citación a la que no acudió, Uribe iba a ser preguntado sobre si conoció los hechos delictivos cometidos por los paramilitares, supuestamente apoyados por la multinacional, durante los primeros años de su gobierno en el departamento del Cesar, donde la Drummond explota yacimientos de carbón.
Desde 2001 y hasta que se desmovilizaron, los paramilitares de las AUC asesinaron a cerca de 70 personas en esa región.
Un grupo de 500 familiares de esas víctimas, convencidos de que Drummond apoyó y financió a los paramilitares, interpuso en Estados Unidos una demanda contra la minera.
El abogado Terry Colligsworth, que representa a familiares de esas víctimas, confirmó este martes a La F.m. la petición de inmunidad para Uribe y anotó que esa solicitud debe ser estudiada ahora por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Agregó que no cree que le sea otorgada la inmunidad, puesto que las leyes de Estados Unidos contemplan ese privilegio para los presidentes en ejercicio, pero no para exmandatarios.
También adelantó que "esta misma semana" va a pedir al tribunal que lleva el caso que fije una nueva fecha para citar otra vez a Uribe.
La mayoría de los crímenes cometidos por los paramilitares en el Cesar sigue hoy en la impunidad, entre ellos los de varios funcionarios de la Fiscalía que viajaron hasta la región para investigarlos.
Lo poco esclarecido corresponde a las confesiones del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, quien tras ser extraditado a Estados Unidos asumió su culpabilidad en el asesinato de los sindicalistas Locarno y Orcasita.
’Jorge 40’, quien ejecutó los asesinatos cuando lideraba el Bloque Norte de las AUC, aceptó su responsabilidad con el propósito de obtener beneficios legales, según dijo en aquel momento su abogado, Hernando Bocanegra.
En el juicio que se sigue en Colombia por la muerte de los sindicalistas, otro exparamilitar, Alcides Matos, alias ’Samario’, afirmó que ejecutivos de la Drummond estaban al tanto de la intención de asesinar a los dirigentes.
9 de diciembre de 2010
7 de diciembre de 2010
©semana

senador tuvo nexos con los paras

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Testigo asegura que Gómez Gallo tuvo nexos con ’paras’. Un ex concejal de Fresno dijo que el ex senador tolimense recibió apoyo del Frente Omar Isaza (Foi) de las Autodefensas del Magdalena Medio. Otros dos testigos señalaron que el Bloque Tolima no tuvo injerencia en la política local.

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Colombia. Durante una nueva audiencia en el juicio que se adelanta contra Luis Humberto Gómez Gallo en la Corte Suprema de Justicia, un ex concejal de Fresno (Tolima) aseguró que el ex senador tuvo vínculos con el Frente Omar Isaza (Foi) de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, a cargo de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’. También dijo que durante 2010 fue citado a cuatro reuniones en las que le pidieron no declarar en contra del ex congresista a cambio de dinero.
"Así sea la última vez que hable ante la Corte, en Fresno usted sabía de la presencia de los paramilitares y se alió con ellos para beneficiarse", le dijo Hernando Díaz Carvajal a Gómez Gallo, investigado por presuntos vínculos con las autodefensas del Tolima.
Según el testigo, las primeras autodefensas llegaron al norte del Tolima en 1997 desde Puerto Boyacá a cargo de alias ‘Calimán’ y ‘Fabio’, pero un año después estos comandantes fueron relevados por "alias ‘El Gurre’ (Wálter Ochoa Guisao) y el empresario Javier Sandoval, que se asociaron para crear el Foi en las veredas de Mariquita y Fresno", indicó.
El testigo aseguró que Javier Sandoval era conocido como ‘El Patrón’ y fue el financiador de ese grupo de autodefensas. "Él era amigo de Gómez Gallo y fue el financiero de su campaña. Cada presidente de las Juntas de Acción Comunal de las veredas recibió un aporte económico de Javier  Sandoval para que apoyaran la campaña de Gómez Gallo", dijo.
El ex concejal de Fresno dijo que eso sucedió en las elecciones al Congreso de 2002, pero que lo mismo había ocurrido en 1997 en las elecciones para la alcaldía de Fresno. "Gómez Gallo le dio el aval a Mario Castaño Herrera… Yo apoyaba al candidato Javier Trujillo, pero me tocó acompañar a Mario Castaño porque era el candidato del Foi y si no me mataban", dijo. El testigo dijo que desde 1997 quien no apoyara a los candidatos de ‘El Patrón’ o del Foi perdía la vida. "Alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’ me dijo que si no votaba por Gómez Gallo, me mataban", apuntó.
Según Díaz Carvajal, el ex congresista Gómez Gallo además asistió a varias reuniones con los integrantes del Foi, entre ellos con alias ‘Tajada’ y Javier Sandoval. "Cerca del palacio municipio, en sitios públicos y negocios de Fresno, Gómez Gallo se encontraba con Javier Sandoval", dijo.
El testigo contó que la presencia del Foi no era un secreto en el pueblo, porque el grupo de autodefensa tenía un puesto ubicado cerca del parque principal y apenas a dos cuadras de la Policía. "Los del Foi no vestían de fusil; vestían de civil porque se movían entre la sociedad y se reunían con la Policía. Entre 1998 y 2004 creo que mataron a unas 200 personas", dijo.

Las Reuniones
Durante su declaración, el ex concejal de Fresno dijo además que Javier Sandoval lo citó cuatro veces en 2010 para proponerle que no declarara en contra de los políticos investigados por nexos con las autodefensas en el Tolima. Según Díaz Carvajal, en algunas de esas citas le pidieron que no fuera testigo, que se fuera del país y firmara un documento para desprestigiar a la Corte a cambio de una suma de dinero.
Díaz Carvajal dijo que lo ubicaron justo cuando decidió declarar en contra del ex representante Javier Ramiro Devia. "Llamaron a un hermano y por medio de él me pidieron una cita. Accedí por miedo a que le pasara algo a mi familia, pues ya sabían dónde vivían… Yo denuncié esto ante la Corte, pero quise seguirles la cuerda porque quería tener las pruebas en mis manos", contó.
El testigo contó que en todas las reuniones él exigió la presencia de una garante para su vida, que fue el abogado Rafael Patiño. La primera cita ocurrió en febrero en el barrio La Castellana de Bogotá, donde Javier Sandoval le dijo "que no declara en contra de nadie y que cuánta plata quería".
El segundo encuentro fue en un centro comercial en Ibagué, donde, en palabras del ex concejal, "estuvieron Rafael Patiño y Leandro Augusto Gutiérrez, director del Partido Conservador. La idea de esa reunión era saber qué había pensado y me dijeron que no declarara, me fuera del país y no volviera a la Corte".
Díaz Carvajal indicó que la tercera cita fue un miércoles antes de la primera vuelta presidencial en un centro comercial en Pereira, donde estuvieron Rafael Patiño y Javier Sandoval. "Esta fue más concreta. Sandoval me dijo que no declarara en contra de Javier Ramiro Devia y de Luis Humberto Gómez Gallo. Dijo que el compromiso era a favor de todos para que nadie saliera perjudicado".
El último encuentro fue ocho días antes de la segunda vuelta presidencial en el Parque de Las Palomas, en Cali, según el testigo, en presencia del abogado y de Leandro Augusto Gutiérrez. "Me dijeron que sobre mí pesaba una orden de captura. Luego me leyeron unos apartes de un documento que llevaban en un sobre de manila y que tenía que firmar. El documento decía que dijera que eso era un montaje de la Corte y que hablar en contra del magistrado Iván Velásquez".
Díaz Carvajal explicó que no quiso firmar el documento ni recibir un maletín con dinero. "Tengo una frente para ponerla enfrente y un sicario a las espaldas que me quiere matar… Qué tristeza que por miedo, la gente no declare", dijo el testigo haciendo referencia a las amenazas que dijo pesan contra su vida y que fueron expuestas en un documento ante la Corte.

Contrapunteo
Contraria a la versión del ex concejal, los otros testigos citados declararon panoramas contrapuestos sobre los presuntos vínculos del ex senador las autodefensas del Tolima.
El general Hernán Cadavid, ex comandante de la Sexta Brigada del Ejército, calificó al ex senador como "una persona pública, respetable y de confianza", y aseguró que en ese departamento las autodefensas no tuvieron influencia, "porque la zona estaba era llena de guerrilla". El militar dijo que sus batallones combatieron por igual a las Farc y a las autodefensas, y negó que en el norte del Tolima hubiera delinquido el Frente Omar Isaza (Foi), de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio a cargo de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’.
El segundo testigo fue Francisco Julio Taborda Ocampo, ex Defensor Regional del Pueblo, que contrario al militar, aseguró que en el Tolima sí delinquieron las autodefensas. Según explicó, a partir de las alertas tempranas el Ministerio Público advirtió que en el norte del departamento delinquió el Foi, mientras en el sur lo hicieron las Autodefensas del Rojo Atá, que luego fueron cooptadas por el Bloque Tolima.
Sin embargo, aclaró que no supo "de denuncias de la injerencia de grupos paramilitares en la conformación del mapa político de la región".
Las próximas audiencias de este juicio continuarán el 7, 9 y 10 de diciembre de 2010.
8 de diciembre de 2010
©verdad abierta

las autodefensas del sur de cesar

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’Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar. Las autodefensas que nacieron en el sur del Cesar ayudaron en la conformación de los bloques Central Bolívar, Catatumbo y Norte.  Aunque delinquieron en una zona muy delimitada, sus víctimas son más de 5.000.

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Colombia. Tres desmovilizados de las Autodefensas del Sur del Cesar, entre ellos su ex jefe Juan Francisco Prada alias ’Juancho Prada’, contaron a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía su versión de cómo se formaron los grupos de paramilitares en esa región del país. En esta reconstrucción, los paramilitares aceptaron que cometieron masacres, desplazaron campesinos, y se aliaron con políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.
De pequeños grupos que surgieron para combatir a la guerrilla, las autodefensas campesinas del sur del Cesar llegaron a tener tanta fuerza como para apoyar el nacimiento de los bloques Central Bolívar, Catatumbo y Norte. Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso solicitaron ayuda a estas autodefensas para que les prestaran hombres en lo que ellos llamaban "abrir terreno", llegar a una nueva zona para delinquir.
A estas autodefensas se les conoció como el frente Héctor Julio Peinado Becerra, nombre que asumieron solo hasta su desmovilización en nombre de alias ‘Freddy’, un jefe de escuadra que había sido asesinado. Delinquieron en Aguachica, San Martín, Gamarra, San Alberto y Río de Oro, en el sur del Cesar, así como en Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander. En el registro de víctimas, a este frente se le atribuyen 5.826 víctimas.

El Nacimiento
La crisis del algodón a finales de la década de 1980 y el abandono del Estado fueron los detonantes para que campesinos y finqueros convocaran al Paro del Nororiente Colombiano. Después de que el gobierno nombró a una comisión para buscar una salida, los líderes del paro comenzaron a ser asesinados, mientras las Farc y el Eln siguieron extorsionando y asesinando finqueros. La región era inviable, y muchos arroceros, algodoneros y ganaderos abandonaron sus fincas por el hostigamiento permanente de los grupos guerrilleros incluyendo al Epl y M-19.
Para ese momento, el gobierno además apoyó la creación de grupos de autodefensa, según un documento reservado del Ejército que señalaba: "… organizar a la población civil en forma militar, para que se proteja de la acción de las guerrillas y apoye las operaciones de combate… La junta de autodefensas es una organización de tipo militar que se hace con personal civil".
Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juan Prada’ y ex jefe de las autodefensas campesinas del Cesar, contó su versión de cómo era la situación de la época. "Ya uno no aguantaba más a la guerrilla. Yo iba con unos obreros míos a trabajar en el cultivo y uno se encontraba a la guerrilla en la trocha. Ellos le decían a uno, compañeros, necesito que me lleve estos compañeros. Entonces uno tenía que dejar a los obreros y eso era casi todos los días", dijo.
En la misma versión, el desmovilizado contó sobre la cercanía de las autodefensas con la fuerza pública. "Con Roberto (Prada Gamarra, su primo), empezamos dándole información a el Ejército de dónde los dejábamos (a los guerrilleros). Uno llegaba a la base del Ejército a dar información y no actuaban de una vez", contó alias ‘Juancho Prada’.
Según lo documentado por la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, ante la falta de reacción del Estado los terratenientes de la zona comenzaron a financiar grupos de autodefensa y a ‘importar’ desde Puerto Boyacá a paramilitares conocidos como ‘Los Masetos’. Lo hicieron el ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, el agricultor Roberto Prada Gamarra y el finquero Luis Obrego Ovalle.
"Los primeros que estuvieron fueron los de ‘Riverandia’, los Rivera Stapper. Ellos venían como del año 1988 o 1989 y acabaron como entre 1993 o 1994. Cuando las Farc mataron al Rivera que era comandante, se formó el despelote. Ellos se ubicaban en una finca que llamaban ‘Riverandia’ y ahí la guerrilla les quemó la casa. Los Rivera Stapper mandaron en San Alberto. Cuando ellos se acabaron, fue que Roberto (Prada Gamarra, su primo) entró a San Alberto. Los que llamaban ‘Los Masetos’ eran los que estaban en Riverandia", dijo el ex jefe de las autodefensas en la zona.
En 1994 los terratenientes se dividieron la zona así: Roberto Prada Gamarra delinquió en San Martín en la salida hacia San Alberto; su primo ‘Juancho Prada’ en San Martín en la salida hacia Aguachica, y Luis Obrego, en Aguachica y Ocaña.
"Yo vengo a ser comandante en 1995, pero venía trabajando en eso desde 1992 y 1993. Yo le ayudaba a conseguir información a Roberto Prada Gamarra que estaba en la zona por los lados de Aguas Blancas, en San Martín. Yo trabajaba por los lados de El Líbano, en Aguas Blancas, en una finca conocida como La Floresta. Cada vez que viajaba para la finca y encontraba guerrilla, llamaba a Roberto y le decían dónde estaba. Yo le ayudaba a Roberto con plata e información", agregó alias ‘Juancho Prada’.
"Roberto arrancó con poquito. Éramos como cinco pistoleros. Uno era alias ‘Camarón’, otro alias ‘Culebrita’, alias ‘Óscar’ que era del Líbano, y había otro que le decían ‘Martín’, que tenía una cicatriz grande en la frente como una ‘V’. También había unos tales ‘Tigre’ y ‘El Perro’, que eran puros soldados de Los Guanes que se retiraron y se fueron a trabajar con él", dijo.
En 1995 la región además afrontó la crisis de la empresa palmera Indupalma, que despidió a más de 600 trabajadores, y el horror de la masacre de Puerto Patiño, ocurrida el 15 de enero de 1995 en la que fueron asesinadas siete personas y una más desaparecida, crimen cometido por el grupo de los Prada.
En 1996 Roberto Prada Gamarra fue capturado y su hijo, conocido con el alias de ‘Robert Junior’, asumió la jefatura en San Martín. A principios de 1997 y por orden de Carlos Castaño, las autodefensas asesinaron a Luis Obrego Ovalle señalándolo de cometer excesos, mientras ‘Robert Junior’ montó un grupo especial a cargo de José Lenin Molano alias ‘Ojitos’ para delinquir en Ábrego (Norte de Santander), en reemplazo de Milcíades Ramírez alias ‘Milcíades’, que era primo de Obrego Ovalle.
A finales de 1997 los tres grupos de autodefensa fueron agrupados por ‘Prada’ y el siguiente año, durante la Conferencia de las Autodefensas, el grupo del sur de Cesar reconoció a Carlos Castaño como su jefe.

Los Grupos
Según el registro de la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, en 1998 las autodefensas se reorganizaron bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac). Guillermo Cristancho Acosta alias ’Camilo Morantes’ fue el jefe en Santander; ‘Juancho Prada’ en Cesar, y Mario Zabala en Norte de Santander. Aunque estaban agrupados bajo una misma sigla, los grupos eran independientes y en 1999 se disgregaron, de manera que el grupo de ‘Juancho Prada’ pasó a llamarse Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc).
Para finales de la década de los 90, las autodefensas del sur del Cesar ya eran fuertes a tal punto que en 1996, los hermanos Marulanda les solicitaron intimidar a unas familias de campesinos que habían invadido su hacienda Bellacruz en el municipio de Pelaya (Cesar). La Fiscalía calculó que esa hacienda tenía por lo menos 6.000 hectáreas, un terreno en el que cabían hasta dos municipios.
En una versión libre, Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ contó la relación de los Marulanda con las autodefensas. "Dependíamos del doctor Marulanda. Nosotros éramos pagos por él y lo digo porque yo fui escolta del doctor. A Édgar, no sé cuál era el apellido, le decían ‘Caballito’, que era el administrador general de la finca. Él sabía que nosotros éramos paramilitares y fue el que montó el grupo para la finca. Alias ‘Manaure’ dependía directamente del doctor Francisco Alberto Marulanda", contó el desmovilizado.
Alias ‘Rancho’ contó cómo desplazaron a los campesinos. "No sé si ‘Juancho Prada’ y el doctor Marulanda hicieron un acuerdo. Sí sé es que alias ‘Manaure’ era de ‘Juancho Prada’ y de ‘Camilo Morantes’. Esa gente sí la prestó don Juancho para sacar esa gente. Eso fue como en diciembre de 1995 si no estoy equivocado, porque cuando llegué en 1996 ya habían desalojado a los invasores. No participé en el desalojo porque me quedé en San Martín", dijo.
En junio de 1998, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ buscó a alias ‘Juancho Prada’ para que le prestara 20 hombres para incursionar en la Serranía de San Lucas, santuario del Eln, entre ellos a ‘Niño Escobar’ y  ‘Parabólico’. Con este apoyo, fue que ‘Julián Bolívar’ comenzó a crear el Bloque Central Bolívar (BCB).
El 28 de mayo de 1999 la solicitud fue apoyar al futuro bloque Catatumbo, a cargo de Salvatore Mancuso. Según versiones de varios desmovilizados, Carlos Castaño le ordenó a ‘Juancho Prada’ que lo ayudara en el paso de un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) hacia el Catatumbo, por Tibú y La Gabarra. Para ello, alias ‘Juancho Prada’ le ordenó a alias ‘Jhon’ que coordinara con los militares, entre ellos los del Batallón General Santander del Ejército, para permitir el paso de los paramilitares. Fue así como en siete camiones con 280 paramilitares llegaron al Catatumbo sin ser requisados durante su recorrido.
José Antonio Hernández Villamizar, alias ’Jhon’, lo ratificó en una versión libre: "El 28 de mayo de 1999, por orden de Carlos Castaño y ’Juancho Prada’, prestamos seguridad para pasar unas tropas de las Accu hacia el Catatumbo, y ayudarlas a pasar hacia el sitio de Tibú y la Gabarra. En las profundidades de la selva del Catatumbo, esta tropa era de 280 hombres, que fue ubicada en unas fincas de unos caseríos de Montecitos y El Platanal, más exactamente en las fincas Las Piñas y Pera Alonso, del municipio de Río Oro, en Cesar. Allí la tropa se desplaza en camiones que fueron contratados en Aguachica", dijo.
Alias ’Jhon’ también contó sobre la ayuda que recibieron de los militares. "El comandante de Ocaña y mi persona y un teniente del Batallón de Ocaña, quien era el coordinador entre las Auc y el Ejército, más exactamente con el Batallón Santander, hicimos las coordinaciones respectivas. El teniente y el comandante de Ocaña abordaron una R-Azul y embarcaron al personal de combatientes de las Auc en siete camiones y se hizo el desplazamiento hacia la Gabarra y Tibú. Cruzamos por los sitios Platanal, Diego Hernández y Alto de Sanín Villa. Allí se levantó un retén del Batallón Santander, ordenado por el teniente, quien dijo que eran fuerzas de despliegue rápido. Lo mismo pasó con el puesto de control de la Policía de Río Oro. En Ocaña ordenaron hacer un pare para retanquear los vehículos y viajar toda la noche. El teniente, que era del B-2 del Batallón Santander, habló con un coronel, el comandante del Batallón, que ordenó levantar el retén militar al frente del batallón, que era un paso obligatorio de la vía que conduce a Ábrego y se ordenó dar marcha. Yo los acompañé hasta Ábrego", narró alias ’Jhon’.
Entre 1999 y 2000, las Autodefensas del Sur del Cesar ayudaron a asentar a los bloques Central Bolívar y Catatumbo, y en 2004 se aliaron con el Bloque Norte, a cargo de ‘Jorge 40’, después de tener diferencias con el Bloque Central Bolívar. Según la versión contada por los desmovilizados, los problemas aparecieron cuando integrantes del BCB comenzaron a delinquir en Aguachica, dominada por ‘Juancho Prada’. Por eso, en marzo de 2004 el paramilitar le entregó la zona urbana de Aguachica al Bloque Norte, a cargo de ‘Jorge 40’.

Punto Clave
Las autodefensas de ‘Juancho Prada’ delinquieron principalmente de Aguachica, San Martín, Gamarra, San Alberto y Río de Oro, en el Cesar. Sin embargo, también lo hicieron en otros municipios de ese departamento como González, Pelaya , La Gloria y Pailitas, así como en Norte de Santander en los municipios de La Esperanza, El Carmen, San Calixto y Cáchira.
Esta zona es considerada como el ‘ombligo’ de Colombia por ser un punto de estratégico para llegar a Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, y por tener alternativas de acceso como la vía Panamericana, la línea férrea y el río Magdalena. Por eso, en su etapa de conformación, otros bloques pidieron el apoyo de estas autodefensas, además del conocimiento del terreno, por la cercanía que había entre un pueblo y otro.
Según la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, las autodefensas del sur del Cesar se financiaron principalmente por la extorsión y el hurto de gasolina, del acero que robaron del riel del ferrocarril y de la maquinaria agrícola, así como del cobro de cuotas a quienes tenían laboratorios y cultivos de coca. Sus ‘impuestos’ fueron cobrados a agricultores, comerciantes, transportadores, empresas de gaseosa y la cerveza, y delincuentes dedicados al hurto de gasolina y de carros.
En las versiones libres, los desmovilizados de este frente contaron que la mayoría de sus víctimas fueron asesinadas, pocas de ellas enterradas en fosas y la mayoría arrojadas a los ríos Magdalena y Lebrija, después de extraerles los órganos y llenarlos con piedras para que no flotaran. Para cometer estos asesinatos usaron fusiles, revólveres y subametralladoras, y no se caracterizaron por ser un grupo que usara distintivos. De forma inicial, vistieron como civiles usando ropa negra para generar terror entre la población y luego crearon un logotipo.
Con base en datos oficiales, la Fiscalía pudo confirmar que en la medida en que el grupo se consolidó, aumentaron las víctimas del desplazamiento en la región. Según datos de Acción Social, 11.605 familias fueron desplazadas entre 1994 y 2006, 7.379 de ellas en municipios del Cesar y 4.226 en Norte de Santander. En estos departamentos además fueron desaparecidas 220 personas, según el registro nacional de víctimas.
Del 4 y 6 de marzo de 2006, 253 hombres de las autodefensas del sur del Cesar se desmovilizaron en La Banca, vereda del corregimiento San José de Torcoroma, en San Martín. Lo hicieron bajo el nombre del frente Héctor Julio Peinado y como parte del bloque Norte.
Del total de desmovilizados, 36 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, y 28 están rindiendo versiones libres. El despacho 34 ya realizó 12 imputaciones en las cuales los desmovilizados aceptaron 418 delitos. Seis de esas imputaciones están en la fase de formulación de cargos.
8 de diciembre de 2010
6 de diciembre de 2010
©verdad abierta

ex congresista pide sentencia anticipada

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Por parapolítica. El ex congresista antioqueño Ramón Antonio Valencia Duque aceptará estar tarde los cargos existentes en su contra por nexos con el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.

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Colombia. Ramón Antonio Valencia Duque, ex representante a la Cámara y ex senador antioqueño por el partido Alas Equipo Colombia, se acogerá esta tarde a sentencia anticipada ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esta será la primera vez que un político utiliza esta figura ante la Corte Suprema de Justicia luego de que el Alto Tribunal reasumiera los casos por ‘parapolítica’ en septiembre de 2009.
La Corte Suprema investigaba al ex congresista luego de las declaraciones hechas por el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ en abril de 2009 en las que nombraba a un total de 23 dirigentes que hicieron parte del proyecto político de los paramilitares denominado "Por una Urabá grande, unida y en paz",  entre ellos, el ex congresista Valencia Duque.
El ex senador antioqueño ocupó la curul que dejó vacante  Álvaro Araújo Castro, condenado a nueve años y tres meses de prisión por "parapolítica".
Valencia Duque fue capturado en Medellín el pasado 29 de abril en un operativo adelantado por el CTI de la Fiscalía.

Las Declaraciones de ‘El Alemán’
Desde el 14 de abril de 2009, el reconocido ex jefe de las Auc, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, entregó a la Corte Suprema de Justicia una lista de nombres de 23 políticos que presuntamente fueron financiados y apoyados políticamente por las Autodefensas.
Información divulgada en ese momento por La FM aseguró que según el testimonio de ‘El Alemán’, él mismo se reunió con 23 líderes políticos con el fin de llegar a una serie de acuerdos.
Dentro del grupo de políticos mencionados por ‘El Alemán’ se encuentran 10 ex congresistas, entre los que están Oscar Suárez, ex vicepresidente del Senado, el ex senador cordobés Julio Manzur, ex presidente del Partido Conservador, y el gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez.
Según la información presentada por la FM existió un plan del bloque Élmer Cardenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con el fin de tener un respaldo completo en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas.
La declaración de ‘El Alemán’ involucró a otro grupo de personas que presuntamente apoyaron los paramilitares en el departamento de Antioquia, entre ellas Jaime Enrique Gallo, ex senador y empresario bananero. Luis Guillermo Vélez, ex senador de La U, quien murió el 6 de febrero de 2007. Luis Humberto Builes, ex senador de Cambio Radical, condenado por ‘parapolítica’. Antonio Valencia Duque reemplazó en el Senado de Álvaro Araújo Castro, de Alas Equipo-Colombia.
El ex jefe paramilitar se refirió también a políticos del departamento de Córdoba.
Mencionó a Mario Salomón Nader, ex senador del Partido Liberal; Reginaldo Montes, ex senador de Cambio Radical y quien ya fue condenado a 6 años de prisión por parapolítica; Mario Buendía, ex diputado; Mari Bechara, candidata a la Cámara que no salió elegida; Juan Manuel López, ex senador Liberal condenado a 7 años de cárcel por parapolítica; y José De los Santos Negrette, ex representante conservador también condenado por parapolítica.
Otros nombres que fueron señalados por ‘El Alemán’ fueron: Miguel de la Espriella, firmante del Pacto de Ralito; Julio Manzur, ex senador conservador; Benito Osorio, ex gobernador de Córdoba y Mario Prada, ex candidato a la Gobernación de Córdoba quien fue capturado el 16 de abril de 2008 investigado por parapolítica.
Al hacer referencia al departamento del Chocó, ‘El Alemán’ nombró ante la Corte Suprema de Justicia a Odín Sánchez, ex congresista; Edgar Ulises Torres, ex representante de Cambio Radical; Julio Ibargúen, ex gobernador; Carlos Escobar, ex candidato a la gobernación e Iginio Mosquera, ex secretario de gobierno departamental. Además mencionó a los políticos Freddy Córdoba y Roger Mendoza.
Finalmente, según el informe de La FM, ‘El Alemán’ les dijo a los investigadores de la Corte en ese momento que respaldaría sus aseveraciones con pruebas, entre ellas, algunos documentos que probarían el apoyo que estos políticos presuntamente recibieron de las AUC .
8 de diciembre de 2010
25 de noviembre de 2010
©verdad abierta