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noguera acusado de homicidio


Fiscalía pide condenar Jorge Noguera por asesinato y nexos con ‘paras’. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema condenar al ex funcionario por sus nexos con paramilitares, por el homicidio de Alfredo Correa de Andreis, Zully Codina y Fernando Pisciotti y por abuso de autoridad.
Colombia. El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la condena del ex director del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y abuso de poder.
La Fiscalía pidió la condena de Noguera por sus "probados nexos y colaboraciones" con paramilitares del Bloque Norte de las Auc. La petición se hizo con base en las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quienes aseguraron haber sido testigos de diversas reuniones y de las "relaciones establecidas" entre el ex director del organismo de inteligencia con ex comandantes paramilitares como ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo.
Una de esas reuniones fue la que tuvo con el primo de ‘Jorge 40’, Álvaro Pupo Castro, en las oficinas del DAS y en la que, según la Fiscalía, le pasó información de inteligencia a las Auc para que asesinara a reconocidos defensores de derechos humanos como el profesor Alfredo Correa de Andreis, políticos con Fernando Pisciotti y la sindicalista Zully Codina.  
Además, según la Fiscalía, Noguera nombró personas afines a los paramilitares en altos cargos del DAS como la dirección de Informática y las seccionales regionales, especialmente "en lugares donde el Bloque Norte al mando de ‘Jorge 40’ y el Frente Resistencia Tayrona al mando de Hernán Giraldo dominaban".

Los Asesinatos de Sindicalistas, Políticos y Defensores de DD.HH
En detalle, la Fiscalía aseguró que Noguera fue cómplice en los homicidios a manos de los paramilitares de Zully Codina, Alfredo Correa de Andreis y Fernando Pisciotti.
Según la Fiscalía, lo dicho por García concuerda con la existencia de unos listados que circularon al interior del DAS con los nombres de supuestos "hombres de izquierda" y auxiliadores de la guerrilla, entre quienes se encontraban las tres personas asesinadas.
Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, a quien el DAS primero capturó e intentó montarle un caso por presuntos vínculos con la guerrilla, y luego la Fiscalía tuvo que liberar por falta de pruebas a mediados de 2004. Además le hizo un intenso trabajo de inteligencia, como lo ponen en evidencia los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución. El profesor fue asesinado en septiembre de 2004.
El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa de Andreis se le reconocía ampliamente como hombre pacífico y un investigador reputado, además de un defensor de los derechos humanos. El jefe paramilitar desmovilizado, alias ’Don Antonio’, en cuyo computador también se encontraron estas listas, ha aceptado ser autor del asesinato de Correa.
La Fiscalía comprobó que estos listados fueron entregados por Giancarlo Auque, ex secretario del DAS, a Noguera, quien a su vez los entregó al Bloque Norte de las Auc a través de Álvaro Pupo Castro, primo de ‘Jorge 40’. Según esto, para el fiscal del caso existen diversas "pruebas circunstanciales" que demuestran cómo desde el DAS se entregó información de inteligencia a los paramilitares sobre personas que posteriormente fueron declaradas como objetivo militar por estos grupos y finalmente asesinadas.
"Resultan claras, explicó el Fiscal, las coincidencias presentadas en los tres homicidios tales como ser catalogadas como personas de izquierda, ser asesinadas a manos de paramilitares, y la declaración de Rafael García alrededor de la existencia de las listas que fueron pasadas desde el DAS hacia las Auc".
Por este motivo, la Fiscalía solicitó la condena de Noguera como coautor dada la "contribución efectiva que prestó en los homicidios de las tres personas".

La Infiltración Paramilitar en el DAS
Varios hechos ventilados en el juicio del ex director del organismo de seguridad son prueba, según la Fiscalía, de la penetración de los paramilitares en el DAS y la complicidad de Noguera con ellos.
Uno de esos casos fue el del investigador del DAS, Sigifredo Puentes, trasladado por Noguera desde Magdalena hacia Arauca mientras adelantaba una operación contra testaferros del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo en lo que se conoció como la ‘Operación Ciclón’. Lo que hizo Noguera fue suspender la investigación con el traslado del investigador.
Puentes, un curtido detective del DAS, dijo que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que, recién posesionado, Noguera paró una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
"La decisión no se enmarcó en los criterios que guían la función administrativa… no estuvo sustentado en ninguna necesidad específica del DAS… todo obedeció a una decisión sustentada en el capricho y la arbitrariedad… a la incomodidad y molestia que le ocasionó en ese momento al director del DAS saber que se adelantaban actividades contra grupos al margen de la ley… no sólo se obstaculizó la actividad judicial sino que a raíz de esa determinación el detective fue trasladado sin justificación…" puntualizó el fiscal.
Según Rafael García Noguera había puesto al DAS al servicio de ’40’ y Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las Auc a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
Además que Noguera dio a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos extraditados a Estados Unidos.
La argumentación de la Fiscalía continuará mañana para abordar los otros dos cargos que pesan contra Noguera por falsedad en documento público y mala utilización de asuntos de reserva.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
Noguera fue director del DAS desde agosto de 2002 hasta octubre de 2005.
Tras salir en medio del escándalo de la infiltración de los paras al DAS, fue nombrado como cónsul en Milán. Luego, ante el alud de testimonios revelados por la prensa su nombramiento se hizo insostenible y tuvo que regresar al país a ponerle la cara a la justicia quien ordenó su detención. Ahora, con la petición de condena por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema determinará en unos días si es culpable o no.
3 de diciembre de 2010
2 de diciembre de 2010
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condenan al iguano


Alias ’El Iguano’, tercer condenado en Justicia y Paz. Fue condenado por once delitos diferentes, que dejaron un total de 170 víctimas directas en Cúcuta y su área metropolitana, donde delinquía el frente bajo su mando.
Colombia. Magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenaron este jueves, por solicitud de la Fiscalía, a Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, excabecilla del frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas, a la pena principal de 40 años de prisión, sustituida por la pena alternativa de ocho años de cárcel, al hallarlo responsable de múltiples delitos perpetrados como integrante de esa organización ilegal.
‘El Iguano’ fue condenado por once delitos diferentes, que dejaron un total de 170 víctimas directas en Cúcuta y su área metropolitana, donde delinquía el frente bajo su mando.
Por esos hechos, los magistrados, después de analizar los argumentos presentados por el fiscal octavo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Bogotá, lo hallaron responsable de los delitos de tortura, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamientos forzados, actos de terrorismo, destrucción de bienes protegidos y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta es la tercera condena que se impone en Justicia y Paz.
Alias ’el Iguano’ también fue condenado a pagar una indemnización superior a los seis mil 100 millones de pesos para las familias de 170 víctimas directas que se acreditaron a lo largo del proceso.
Cabe recordar que entre otros hechos atribuidos a alias ‘El Iguano’ están 28 masacres y los homicidios de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva; el del candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flórez, registrados entre los años 1999 y 2005.
’El iguano’ está privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüi, Antioquia.
3 de diciembre de 2010
2 de diciembre de 2010
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asesinan a madre de testigo


Aparente implicado en el asesinato es el ex senador Luis H. Gómez Gallo [en la foto], como una forma de presionar a testigo para que no delata sus nexos con paramilitares. Dos días antes de comenzar el juicio al ex congresista tolimense Luis Humberto Gómez Gallo, la madre de uno de los testigos de la ‘parapolítica’ en el Tolima, Robinson Javier Guilombo, fue asesinada a manos de desconocidos.
Colombia. Numidia Arroyo Avilez, madre de Robinson Javier Guilombo, testigo en el juicio que se le adelanta al ex presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, fue asesinada en su vivienda ubicada en la vereda Bellavista, municipio de Planadas (Tolima).
Según se conoció en el inicio del juicio al político tolimense, la señora Arroyo murió luego de recibir más de 25 disparos por parte de desconocidos durante el fin de semana pasado.
Quilombo fue traído desde Estados Unidos, donde es testigo protegido, para que declare en el juicio contra el ex senador Gómez Gallo. El testigo fue cómplice del extraditado narcotraficante  Eduardo Restrepo Victoria alias ‘El Socio’, quien a la luz de algunos testimonios, presuntamente estuvo relacionado con el ex senador tolimense.

La Historia detrás de Quilombo
En agosto de 2006, la revista Semana publicó una nota con el nombre ‘La otra verdad de El Socio’ en la que detallaba la historia detrás de este testigo. En ese momento, la publicación se refería a Quilombo como un joven nacido hace 21 años en Planadas, Tolima, y que fue reclutado a la fuerza por las Farc cuando tenía apenas 12 años. Después de cuatro años de estar en la guerrilla se voló e ingresó al bloque Tolima de las AUC.
Por medio de este grupo paramilitar, relata el artículo, Quilombo se volvió escolta de ’El Socio’ en 2003. Según las autoridades, conoce al dedillo a Restrepo. Sabe de memoria los nombres de sus esposas, de sus amantes, de sus 13 hijos y detalla la ubicación de cada una de las propiedades de su ex jefe. "Con Lida tiene tres hijos. Una niña, Lupe, de 5 años, es ahijada de Varela... En el barrio Interlaken tiene otro apartamento en donde vive otra de sus mujeres que es modelo. Se llama Sandra y le dicen ’la Barbie’...", dicen algunos apartes de las declaraciones otorgadas a la Fiscalía en su calidad de testigo protegido.
Durante su declaración, Quilombo le contó al fiscal de los vínculos de su patrón con políticos "importantes", empresarios, abogados y policías del Tolima. Cuando le preguntaron si durante su labor como escolta observó la presencia de políticos en la finca La Morena o en propiedades de Restrepo, Quilombo contestó: "Yo una vez observé a Gómez Gallo".
De acuerdo con el artículo de Semana, esta no era la primera vez que el nombre del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo sale a relucir en investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con ’El Socio’. Sobre ese tema, el político tolimense le dijo en su momento a Semana: "Mire, en Ibagué todo el mundo sabe quién es ese mafioso. Nunca he sido amigo de ese hombre. Lo conozco desde que era pobre y luego apareció de un momento a otro con un poco de dinero. Él sí se acercó a cuatro o cinco ricos de Ibagué que le abrieron la puerta e iban a sus fiestas. Uno sí los veía por ahí en los sitios nocturnos. Pero cuando él entraba por una puerta, yo salía por la otra, yo le huía, así de sencillo".

El Primer Día de Juicio a Gómez Gallo
Durante el primer día de audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el ex senador tolimense se defendió de las acusaciones en su contra de presuntos nexos con las Autodefensas en su departamento. El ex congresista negó cualquier tipo de vínculo con el Bloque Tolima, así como la supuesta celebración de tres reuniones con miembros de este bloque paramilitar para supuestamente buscar apoyo en sus campañas al congreso entre 2002 y 2006.
Gómez Gallo rechazó las acusaciones que lo vinculan con ex jefes de las Auc como alias ‘Elías’, a quien se refirió como un comandante que sólo estuvo 10 meses al mando del grupo paramilitar antes de que lo mataran, en febrero de 2002,  y que no tuvo ninguna injerencia en las elecciones de ese mismo año.
"Nunca vi a un solo paramilitar en el departamento del Tolima. Sí escuché de ellos y de su presencia pero nunca los vi", señaló el político.
El ex congresista explicó que a la luz de los resultados electorales es imposible demostrar sus vínculos con el paramilitarismo. Gómez Gallo se refirió a que mientras en 1998 obtuvo más de 70 mil votos, sin la presencia paramilitar en el Tolima, y que para 2002 su votación descendió en casi 20 mil votos, la época de actividad paramilitar en el departamento.
El ex senador tolimense calificó de "montaje" todas las acusaciones, asegurando que el Bloque Tolima de las AUC fue un grupo de extorsionistas sin "dominio real" en el departamento, y que desarrollaron un complot contra varios dirigentes políticos de la región, incluyéndolo a él.
Respecto a su relación con el ex representante Gonzalo García Angarita, condenado por ‘parapolítica’, el ex senador dijo que nunca tuvo pactos con él y que sus candidaturas al congreso en 2006 fueron producto de los acuerdos alcanzados por una junta de líderes tolimenses que los apoyó para esas elecciones.
Así mismo, el ex congresista negó cualquier tipo de vínculo con el extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria alias ‘El socio’, rechazando las acusaciones que lo señalan de haber recibido 300 millones de pesos de parte del narcotraficante.
El juicio contra  el ex congresista continuará toda esta semana.

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador Conservador del Tolima se entregó a finales de enero de este año en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por la investigación que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de manos de Eduardo Victoria alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
Gómez Gallo declaró a los medios en la bunker de la Fiscalía que sentía tristeza y negó sus vínculos con las autodefensas. En Tolima algunos dirigentes políticos entrevistados por Caracol Radio respaldaron al ex presidente del Senado y atribuyeron la captura a una persecución contra los políticos del departamento.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía precluyó la investigación que se seguía contra el ex presidente del congreso ya que encontró inconsistencias en los testimonios de los ex paramilitares.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y el extraditado Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, en el periodo 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el comandante ’Elías’ para solicitar la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
La primera reunión fue sido en el hotel Tocarema, de Girardot. La segunda en la finca La Chiguagua, en la vereda Tomín del municipio de San Luis (Tolima) y la tercera en un restaurante del centro de Ibagué, en la que además también participó Eduardo Restrepo, el ’Socio’.
El político Conservador  también fue vinculado por el ex ‘para’ Róbinson Javier Guillombo, alias ’Esteban’, quien habló de una supuesta reunión para recibir dinero de los paras a la que asistió Eduardo Restrepo, alias el ’Socio’, un narcotraficante que fue extraditado el 11 de diciembre de 2007.
"En el interior de la organización se comentaba que Gómez Gallo era de la nómina de Eduardo Restrepo alias ’El Socio’", dijo Guillombo en su declaración a la Fiscalía.
El senador Luis Humberto Gómez Gallo fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima.
Es Ingeniero Industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997.
En 2006 Gómez Gallo fue reelegido al Senado por el Partido Conservador con 46.897 votos.
2 de diciembre de 2010
23 de noviembre de 2010
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ex senador era paramilitar


Desmovilizado dice que "Gómez Gallo estaba en la nómina de la organización". Robinson Javier Guilombo, desmovilizado del Bloque Tolima de las Auc, dijo que el ex senador tolimense recibía dinero de los ‘paras’ y que enterró dos libros de contabilidad que lo prueban. Gómez Gallo fue elegido al Senado en 2006 por el Partido Conservador.
Colombia. En una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, Robinson Javier Guilombo, ex escolta de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ y testigo en el juicio contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, le dijo a los magistrados que el político tolimense se hospedó en alguna oportunidad en un apartamento de su jefe, y reiteró que Gómez Gallo hacía parte de la nómina de los ‘paras’.
Para sustentar sus afirmaciones, Guilombo afirmó: "Tengo unos libros del ’Socio’ donde está la contabilidad de él. Los escondí debajo de una piedra con un AK-47. Ahí están los pagos que él hacía a los políticos, con nombres, fechas y cantidades que se entregaban. Si me llevan en helicóptero escoltado con el Ejército, yo los saco".
"Me los entregaron después de un allanamiento y los vi por encimita, pero ahí están dos policías: el capitán Saavedra y otro oficial de alto rango de apellido Galvis; lo mismo que gente del Ejército", señaló Guilombo, al que le asesinaron su madre hace una semana en Planadas, Tolima.
El lugar exacto donde están escondidos los libros de contabilidad del ex ‘para’ sólo fue revelado a los magistrados de la Sala Penal de la Corte, que ordenaron de inmediato una inspección al sitio. Los libros no fueron encontrados en las primeras diligencias de las autoridades y la Corte ordenó intensificar su búsqueda.
Guilombo se defendió señalando que: "Eso lo sacaron de ahí. Ahí hay mucha gente involucrada y eso puede joder a mucha gente", aseveró. "Ahí estaban los pagos de todos los policías del Tolima y del senador".
Dos agentes del CTI, que fueron a la finca Palma del Río donde supuestamente estaban enterrados los dos libros de contabilidad. Allá encontraron pedazos de tela y plástico, además de un pequeño tarro sin tapa, que Gilombo reconoció. Los funcionarios judiciales dijeron que es posible que el entierro haya sido removido en algún momento por la manera como se encontraron los elementos.
El ex ‘para’ también dijo que en los libros hay pruebas de pagos y nexos con agentes de la Policía que supuestamente escoltaron a su jefe Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
"Yo recuerdo el nombre del Senador Gómez Gallo y de algunos policías como el capitán Galvis de la Policía del Tolima, el sargento Lugo y otro de apellido Saavedra, que era el que transportaba a alias ’el socio’ en patrullas de la Policía", indicó Guilombo.
El senador Gómez Gallo por su parte rechazó las afirmaciones de Guilombo. Dijo que el testigo sólo se acordaba de su nombre y no el de otras personas.
Guilombo también denunció que le ofrecieron 250 millones de pesos para que no atestiguara en contra Gómez Gallo, detenido en La Picota de Bogotá por sus presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC. El testigo dijo que quiso tomarlo, pero sólo para llevarlo a la Corte y probar el intento de corrupción.

La Historia de Guilombo
En agosto de 2006, el artículo de Semana ‘La otra verdad de El Socio’ señala que Guilombo nació en 1985 en Planadas, Tolima. Con sólo 12 años fue reclutado a la fuerza por las Farc. Después de cuatro años de estar en la guerrilla se voló e ingresó al bloque Tolima de las Auc.
En las autodefensas se volvió escolta de Eduardo Restrepo Victoria, alias ’El Socio’, en 2003. Según las autoridades, conoce muy bien ‘El Socio’, los nombres de sus esposas, de sus amantes, de sus 13 hijos y la ubicación de cada una de sus propiedades.
Durante su declaración, Guilombo le contó a la Fiscalía los presuntos vínculos de su patrón con políticos, empresarios, abogados y policías del Tolima. Cuando le preguntaron si durante su labor como escolta observó la presencia de políticos en la finca La Morena o en propiedades de ‘El Socio’, Quilombo contestó: "Yo una vez observé a Gómez Gallo".
De acuerdo con el artículo de Semana, esta no era la primera vez que el nombre del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo sale a relucir en investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con ’El Socio’.
El político tolimense le dijo en ese momento a Semana: "Mire, en Ibagué todo el mundo sabe quién es ese mafioso. Nunca he sido amigo de ese hombre. Lo conozco desde que era pobre y luego apareció de un momento a otro con un poco de dinero. Él sí se acercó a cuatro o cinco ricos de Ibagué que le abrieron la puerta e iban a sus fiestas. Uno sí los veía por ahí en los sitios nocturnos. Pero cuando él entraba por una puerta, yo salía por la otra, yo le huía, así de sencillo".

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador Conservador del Tolima se entregó a finales de enero de este año en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de Eduardo Victoria, alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía archivó la investigación por inconsistencias en los testimonios.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, entre 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el ex jefe ‘para’ alias ’Elías’ para planear la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
La primera reunión fue en el hotel Tocarema, de Girardot. La segunda en la finca La Chiguagua, en Tomín, una vereda de San Luis (Tolima) y la tercera en un restaurante del centro de Ibagué, en la que además también participó ‘El Socio’.
El senador Luis Humberto Gómez Gallo fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima.
Es Ingeniero Industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997.
En 2006 Gómez Gallo fue reelegido al Senado por el Partido Conservador con 46.897 votos.
2 de diciembre de 2010
30 de noviembre de 2010
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piden condenar a ex gobernadores


De Guaviare y Magdalena por ’parapolítica’. Por vínculos con paramilitares,  Fiscalía y Procuraduría pidieron esta semana a la Corte Suprema condenar a los ex gobernadores de Guaviare y Magdalena, Óscar de Jesús López Cadavid y José Domingo Dávila Armenta.
Colombia. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia esta semana condenar a los ex gobernadores de Guaviare y Magdalena, Óscar de Jesús López y José Domingo Dávila Armenta, por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con paramilitares.

Solicitud contra López Cadavid
Para el fiscal encargado del caso existen tres pruebas que demuestran los estrechos vínculos entre el ex gobernador de Guaviare y grupos paramilitares desde el año 2000. Primero, la compra de la finca La Argentina por parte del ex gobernador (ubicado en Casanare) gracias al beneplácito de los paramilitares al mando de alias ‘Alfonso’, quienes para ese entonces eran dueños de la finca.
Además por la participación de los paramilitares en las elecciones a la gobernación de Guaviare celebradas en 2007. La Fiscalía confirmó no sólo la presencia permanente de grupos paramilitares en el Guaviare entre 2000 y 2006, sino la participación del grupo dirigido por Pedro Oliverio Rincón alias ‘Cuchillo’ en las elecciones que dieron como ganador a Oscar López.
El fiscal aseguró que otros candidatos a la gobernación denunciaron presiones de los paramilitares para retirar sus candidaturas. Uno de ellos, Dagoberto Suárez, aseguró en audiencia pública que fue abordado por hombres de ‘Cuchillo’ cerca de San Martín (cinco meses antes de las elecciones de 2007)  para que abandonara la carrera electoral. "López Cadavid sí tuvo el apoyo de ese grupo aunque no se haya reunido con ellos", aclaró el fiscal.
Y por último, para la Fiscalía no resultan claras las razones que llevaron al ex gobernador López a permanecer como socio de la empresa Explotación y Exportación Minera del Llano Limitada en la que alias ‘Cuchillo’ y alias ‘Pipe’ figuraron como socios. Aunque López Cadavid aseguró que la entrada de los desmovilizados a la sociedad le produjo un "sentimiento de rechazo", para el fiscal resulta claro que el acusado hubiese podido actuar de otro modo y no  permanecer en la sociedad bajo la excusa que los desmovilizados eran parte de la empresa porque habían recibido una donación de acciones.
Con los mismos argumentos, el Ministerio Público explicó que por los testimonios como los de ‘H.H’ y ‘Jorge Pirata’ se comprobó  los nexos entre López y los paramilitares desde 2000 hasta 2007. "Durante estos años, explicó el representante del Ministerio Público, existió una secuencia de relaciones, no de coincidencias, entre el paramilitarismo y el señor Oscar López…Oscar López tuvo vínculos de amistad y comerciales y accedió a la gobernación con apoyo irrestricto de los paramilitares" puntualizó el procurador delegado.
La orden de captura en contra de López fue emitida a finales de marzo de 2009 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las evidencias que vinculan al gobernador con el prófugo cabecilla paramilitar Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’ y con el desaparecido Vicente Castaño Gil.
Tanto López como su padrino político, el ex gobernador de ese departamento Nevio Echeverri, y varios funcionarios han sido señalados por antiguos paramilitares de ser cercanos a las autodefensas de Vicente Castaño y al grupo de Pedro Olivero Guerrero, alias ’Cuchillo’.
Oscar López, miembro del Partido Conservador Colombiano, fue elegido como gobernador de Guaviare para el período 2007-2011.

Solicitud contra Dávila Armenta
Esta misma semana, Fiscalía y Procuraduría solicitaron al Alto Tribunal condenar también al ex gobernador de Magdalena al considerar que el político promovió la expansión del paramilitarismo en el Magdalena tras haber establecido una alianza política con grupos paramilitares al mando de ’Jorge 40’ zona para llegar a la Gobernación.
José Domingo Ávila Armenta, ex gobernador de Magdalena y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía  en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
El ex gobernador José Domingo Dávila fue retenido por haber supuestamente firmado el ‘Pacto de Chivolo’. Vale destacar que los dos últimos gobernadores del Magdalena han sido detenidos por haber firmado pactos con grupos paramilitares.
José Domingo Dávila fue detenido en Tasajera, Ciénaga, mientras se disponía a viajar de Barranquilla a Santa Marta. El ex gobernador del departamento del Magdalena José, fue elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 - 2003.
Al ex gobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del Pacto de Chivolo, un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como ’Chelo’, habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber pactado alianzas políticas con el paramilitarismo.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
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condena para ex gobernador


Piden condenar a ex gobernador de Guaviare por ’parapolítica’. Por vínculos con grupos paramilitares en el Guaviare, la Fiscalía y Procuraduría pidieron a la Corte Suprema de Justicia la condena del ex gobernador de Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid.
Colombia. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenar al ex gobernador de Guaviare Oscar de Jesús López por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con paramilitares.
Para el fiscal encargado del caso existen tres pruebas que demuestran los estrechos vínculos entre el ex gobernador y grupos paramilitares desde el año 2000. Primero, la compra de la finca La Argentina por parte del ex gobernador (ubicado en Casanare) gracias al beneplácito de los paramilitares al mando de alias ‘Alfonso’, quienes para ese entonces eran dueños de la finca.
Además por la participación de los paramilitares en las elecciones a la gobernación de Guaviare celebradas en 2007. La Fiscalía confirmó no sólo la presencia permanente de grupos paramilitares en el Guaviare entre 2000 y 2006, sino la participación del grupo dirigido por Pedro Oliverio Rincón alias ‘Cuchillo’ en las elecciones que dieron como ganador a Oscar López.
El fiscal aseguró que otros candidatos a la gobernación denunciaron presiones de los paramilitares para retirar sus candidaturas. Uno de ellos, Dagoberto Suárez, aseguró en audiencia pública que fue abordado por hombres de ‘Cuchillo’ cerca de San Martín (cinco meses antes de las elecciones de 2007)  para que abandonara la carrera electoral. "López Cadavid sí tuvo el apoyo de ese grupo aunque no se haya reunido con ellos", aclaró el fiscal.
Y por último, para la Fiscalía no resultan claras las razones que llevaron al ex gobernador López a permanecer como socio de la empresa Explotación y Exportación Minera del Llano Limitada en la que alias ‘Cuchillo’ y alias ‘Pipe’ figuraron como socios. Aunque López Cadavid aseguró que la entrada de los desmovilizados a la sociedad le produjo un "sentimiento de rechazo", para el fiscal resulta claro que el acusado hubiese podido actuar de otro modo y no  permanecer en la sociedad bajo la excusa que los desmovilizados eran parte de la empresa porque habían recibido una donación de acciones.
Con los mismos argumentos, el Ministerio Público explicó que por los testimonios como los de ‘H.H’ y ‘Jorge Pirata’ se comprobó  los nexos entre López y los paramilitares desde 2000 hasta 2007. "Durante estos años, explicó el representante del Ministerio Público, existió una secuencia de relaciones, no de coincidencias, entre el paramilitarismo y el señor Oscar López…Oscar López tuvo vínculos de amistad y comerciales y accedió a la gobernación con apoyo irrestricto de los paramilitares" puntualizó el procurador delegado.

El Caso del Ex Gobernador
La orden de captura en contra de López fue emitida a finales de marzo de 2009 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las evidencias que vinculan al gobernador con el prófugo cabecilla paramilitar Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’ y con el desaparecido Vicente Castaño Gil.
Tanto López como su padrino político, el ex gobernador de ese departamento Nevio Echeverri, y varios funcionarios han sido señalados por antiguos paramilitares de ser cercanos a las autodefensas de Vicente Castaño y al grupo de Pedro Olivero Guerrero, alias ’Cuchillo’.
"Es una medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado. Se trata de vínculos con las autodefensas", explicó en su momento el fiscal Mario Iguarán, quien solicitó que el mandatario regional fuera suspendido de su cargo.
La decisión del fiscal se presentó tres meses después que la propia Fiscalía iniciara la investigación contra el gobernador. López es investigado por haber creado una empresa minera con el jefe paramilitar y narcotraficante alias ‘Cuchillo’.
De acuerdo con un artículo de Revista Semana, Óscar López, y otras cuatro personas, que no fueron identificadas, crearon, en agosto de 2005, la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano, con el objetivo de explorar y comercializar recursos minerales.
De acuerdo con la publicación, unos meses más tarde, el 30 de mayo de 2006, López y los demás integrantes de la empresa decidieron ceder el 30 por ciento de las acciones de la compañía a alias ’Cuchillo’, según quedó registrado en las escrituras públicas radicadas en una notaría. El 30 de agosto de ese mismo año, ’Cuchillo’ cedió las acciones que tenía en la compañía.
El gobernador Óscar López rindió indagatoria a principios de marzo, para que respondiera por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.
Óscar López, miembro del Partido Conservador Colombiano, fue elegido como gobernador de Guaviare para el período 2007-2011.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©verdad abierta
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piden condena por nexos con auc


Por ’parapolítica’ piden condena a ex Gobernador del Magdalena, Dávila Armenta. Procuraduría y Fiscalía coincidieron en considerar probados los nexos del dirigente con las AUC.
Colombia. Que se dicte sentencia condenatoria en contra del ex gobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, solicitaron la Fiscalía y la Procuraduría a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del juicio que adelanta contra el dirigente por ‘parapolítica’.
El representante del ente acusador asignado al proceso consideró que el ex jefe de la administración regional había promovido la expansión del paramilitarismo en el departamento, al haber establecido una alianza con el grupo armado ilegal para llegar a la Gobernación.
Dávila Armenta es procesado por las supuestas reuniones que sostuvo como candidato con los ex comandantes paramilitares Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’ y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Carlos Pareja, testigo del proceso, había denunciado una supuesta oferta de 140 millones pesos a cambio de favorecer al dirigente regional dentro del juicio.
2 de diciembre de 2010    
1 de diciembre de 2010
©el espectador
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comunidades afro bajo fuego


Comunidades afro de Nariño, bajo el fuego de un conflicto degradado. Varios miembros de las comunidades afrodescendientes de Nariño le contaron a VerdadAbierta.com cómo nuevos grupos armados han llegado a la zona, intimidando y asesinando a la población para apoderarse del control de la producción y las rutas del narcotráfico.
Colombia. En el litoral del Pacífico la guerra se ha transformado de una manera sin precedentes. Grupos armados rendidos al narcotráfico, falta de justicia y de garantías de seguridad, una delincuencia común sin control, extorsiones, asesinatos, desplazamientos y reclutamiento forzado de la población civil por doquier, hacen parte del ambiente en el que vive esta población.
Ésto es lo que ha ocurrido en Nariño, según varios testimonios recogidos por VerdadAbierta.com, quienes atribuyen la escalada de violencia a que, tras la entrega de los fusiles del Bloque Libertadores del Sur -perteneciente al Bloque Central Bolívar de alias ‘Macaco’-, en esta región aparecieron diferentes grupos para disputarse el control del negocio del narcotráfico.
Además de la presencia de las Farc y ELN, ahora han aparecido grupos como las Águilas Negras y Los Rastrojos, que en medio de un conflicto armado que se degenera cada vez más con el transcurrir de los días, someten a nuevo régimen de terror a los nariñenses.

Bacrim con Crímenes ‘Estilo’ AUC
En esta región, sus pobladores reconocen que varios miembros de las bandas emergentes dejaron el camuflado, pero continúan cometiendo los mismos crímenes que las desaparecidas AUC.
Entre ellos se encuentran las masacres y los asesinatos selectivos. Las escenas en las que un grupo armado llegaba de repente a un pueblo y reunía a toda la población, para identificarla y ajusticiar a los supuestos milicianos o auxiliadores de las guerrillas, continúan presentandose a pesar de que el Bloque Libertadores del Sur dejó las armas en julio de 2005.
Los lugareños identificaron al jefe de los Rastrojos en la zona de la cordillera con el alias de ‘El Cholo’, en donde, por sus crímenes, se ha ganado la fama de ser un sanguinario.
Un crimen retrata la crueldad del jefe de esta banda criminal. Un poblador cuenta que en agosto del año pasado, una persona de apellidos Obando Caicedo fue asesinado en Policarpa porque cuando sacó a bailar la compañera sentimental de este jefe de los Rastrojos, ella lo trató mal y él le recriminó. "Ella fue a ponerle quejas a ‘El Cholo’ y él lo golpeó brutalmente (a Obando). La gente se le echó encima para evitar que lo golpearan más. Lo subieron a un botecito y lo mandaron para su casa. Pero ‘El Cholo’ consiguió una lancha más rápida y lo siguió. El hombre apenas alcanzó a entrar a su casa. ‘El Cholo’ dio la orden de que le llevaran la cabeza, así que hicieron sentar a Obando y se la cortaron. El machete no tenía filo, así que fue peor, más largo", agrega la persona que pidió el anonimato.
"A ‘El Cholo’ lo capturó el Ejército hace unos meses y se lo entregó a la Policía. Había mucho control y tensión en el pueblo cuando lo capturaron. Pero en un dos por tres estaba libre otra vez porque declararon ilegal la captura. No sabemos si negoció al juez o al fiscal, o a quién, pero lo cierto es que al poco tiempo le quitó el carro y 20 millones a una persona, y le dijo que él era una persona valiosa y le tocaba reponer 200 millones que había costado su libertad", cuenta otro habitante de la zona en la que delinque este jefe de los Rastrojos.
Otro crimen que conmocionó a la población fue el de un transportador al que por su corpulencia le decían ‘Tonelada’. El seis de enero de este año, el transportador llevaba a dos jóvenes en su bote y éstos fueron señalados como supuestos hijos de un miliciano. Para evitar que la pareja fuera asesinada, ‘Tonelada’ dijo que los conocía, pero al ser interrogados por separado sus versiones no coincidieron.
"Así que lo detuvieron (a Tonelada) y se lo llevaron al Puente de Paso Real, que está como a 300 metros del pueblo. Consiguieron un hacha y un machete, y le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas y le abrieron el pecho. Su cuerpo fue lanzado por pedazos al río, y advirtieron que al que lo recogiera lo mataban. El tronco lo encontraron 10 kilómetros más abajo en el río, en Nulpí. Casi a los ocho días encontraron las piernas, y un poco después los brazos. En Cali enterraron el tronco y la cabeza. Como resultado de eso la guerrilla suspendió todo el tráfico por el río, y también hasta llevar los mercados por los caminos. La alimentación se puso tres veces más cara", dijo una persona que fue testigo del crimen.
Un poblador de un municipio cercano a la Cordillera Occidental le contó a VerdadAbierta.com cómo un grupo armado que se identificó con las Autodefensas Campesinas de Nariño ingresó a San José de la Turbia y asesinó a varias personas a mediados de 2008.
Llegaron a la Turbia entre las 8 y 9 de la noche. Sacaron a todos los compañeros de sus casas y los llevaron a la cancha. Con camisa, sin camisa, niños, niñas... Amarraron a la gran mayoría de los hombres, y al que decían ellos que era auxiliadores de la guerrilla lo mataron delante de los demás. A otros dos se los llevaron, uno de La Turbia y otro de Bocas de Canal, y no han vuelto a aparecer. El impacto en la gente fue tan fuerte que la vereda permaneció tres meses desocupada en su totalidad. Ellos pintaron todas las casas con el nombre de su grupo. Nosotros nunca habíamos visto matar a alguien así".
Hasta el 31 de octubre de este año, se habían cometido 10 masacres en municipios donde hay importantes asentamientos de comunidades afro, cinco en Barbacoas, y las otras restantes en el charco. A esta cifra, hay que sumarle la masacre de cuatro indígenas awás en Barbacoas.
Y la cifra de asesinatos en municipios con amplia presencia de afrodescendientes  también es alta. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, desde enero hasta el mes de octubre del presente año se habían cometido 524 homicidios en el departamento. Pero, entre Tumaco (202), Barbacoas (41), El Charco (16) e Iscuandé (12), ocurrieron más de la mitad de estos crímenes.
Una de las mayores quejas sobre esta situación en diferentes municipios es la falta de justicia para evitar e investigar estos delitos.

Sin Garantías
A pesar de que la Fuerza Pública ha redoblado sus esfuerzos por combatir estos grupos armados, varios nariñenses se sienten desprotegidos. Coinciden en que el mayor problema es la falta de un sistema judicial fuerte y con cobertura para los diferentes municipios del departamento.
"En nuestra zona se asesina, se levantan los muertos y muchas veces ni siquiera se registran. No hay un asesinato que siga un proceso judicial. No hay Fiscalía en la zona fuera de Tumaco, sólo una oficina en El Charco para poner denuncias", señala un habitante del municipio costero de Olaya Herrera.
También denuncian las alianzas de algunos miembros de la fuerza pública con los grupos armados ilegales o casos de infiltraciones de grupos criminales, lo que provoca que los pobladores se sientan intimidados y no denuncien los crímenes.
Ante esta situación, una persona del municipio de Olaya Herrera ha llegado a la conclusión de que "entre más pie de fuerza, más violencia", y señala la existencia de una "notoria alianza entre la fuerza pública y los grupos armados, en especial paramilitares. Se mira a grandes rasgos (Sic)".
Tal vez las deducciones de esta persona son confirmadas con hechos como la captura del pasado 15 de octubre de seis integrantes de la Armada por presuntos nexos con los Rastrojos en Nariño.
"Aquí se ven cosas increíbles. Lo último que tuvimos fue hostigamientos del ELN, a principios de año contra el pueblo. Pero todo el mundo vio al comandante de la Policía tomando con el del ELN", comenta una persona de Magüí Payán.
"El que denuncia o se tiene que ir, o se tiene que desaparecer con toda la familia. Y hay que entender que las familias de nosotros son de 20 personas, y todas están normalmente en la misma vereda, así que no es nada fácil denunciar".
"Se está dando el caso de que alguien denuncia, y el que hizo el robo es de los primeros que se entera", cuenta alguien de El Charco.

Degradación del Conflicto
Luego de largas décadas de violencia, los habitantes de ciertas regiones de Nariño tienen vivir con un nuevo conflicto.
"Aquí duramos años lidiando con los ‘paras’ y con el Frente 29 de las FARC, pero lo que se ha agudizado ahora es la delincuencia común. Las mismas Farc empezaron a crear como núcleos de colaboradores y les enseñaron a usar armas. Pero esos jóvenes ya no están bajo su disciplina, sino que están cobrando vacunas y robando. La guerrilla dejó de ser ideológica, están tratando de sostenerse económicamente. Y cuando se sienten muy presionados en una zona, salen. Entonces los que quedan (delinquiendo) son estos muchachos", comenta un habitante de Olaya Herrera.
Por lo general, en la época pre-desmovilización, las víctimas eran sometidas por personas externas de sus pueblos.
"Es muy triste porque hace 10 u 11 años, cuando llegó la muerte, llegaron muchos paisas y gente de Cali. Pero ahora nos matamos entre nosotros mismos: muchachos de 15, 16, por mucho 20 años nativos de Tumaco", recuerda una persona que también pidió el anonimato, al contar que los jóvenes también están siendo usado para ser informantes y cobrar extorsiones. "Las Águilas, por ejemplo, los ponen a hacer inteligencia. A veces uno no sabe si los mototaxistas o los vendedores de minutos trabajan para alguien".
Otros señalan que en ciertas regiones los menores de edad han dejado de ser reclutados por grupos armados ilegales, y han pasado a montar sus propias empresas criminales.
"La comunidad ha caído en eso de la violencia. Ya hasta hay bandas de niños de 8 y 10 años que roban a los adultos, y que se ponen los nombres de los grupos armados. La banda de los mayorcitos es la que de todos modos les gana siempre  a las demás. Esa se llama La Banda de Uribe", cuenta un habitante de Magüí Payán.
A otras personas les ha tocado la difícil situación de tener que lidiar hasta con tres o más grupos armados ilegales. "Aquí tenemos de todo. En la salida a Pasto están los Rastrojos.  Dentro de Tumaco, las Águilas. Y en las zonas rurales, en los ríos, están las Farc. Como ahora están ‘vacunando’ a todo el mundo, entran a recibir vacunas a un billar, a una tienda. Todo el mundo los ve".  
"Hace ocho días (a finales de septiembre) lanzaron una granada dentro de una casa. Eso nunca se había visto. Creían que dentro estaban las Águilas".

A Menos Coca, Más Golpes contra la Población
Aunque parezca paradójico, las victorias en la lucha contra las drogas se han transformado en algunos casos en derrotas para los pobladores de ciertas regiones.
"En este momento los grupos están sin finanzas, y eso los está llevando a ser peores". "Como ha bajado la coca, los grupos están ahora detrás de cualquier cosa que produzca dinero. Las Farc cobran impuesto hasta por un marrano. Por un bulto de cacao son 10 mil pesos". Esto ocurre en Tumaco y municipios aledaños a la Cordillera Occidental.
Los golpes al narcotráfico, como fuente de financiación de los grupos armados ilegales, han hecho que éstos quieran compensar sus saldos aumentando las extorsiones. "Ahora no sólo tenemos asesinatos, matanzas y desplazamientos, sino que cobran impuestos por bienes y servicios. Y no sólo a quien se encuentran, sino que están enviando gente a las fincas a cobrar dos o tres millones. Los Rastrojos cobran por una casa bonita, por una lancha, por una finca", explica una persona de la región.
Cuando las personas se niegan a cancelar las extorsiones,  son asesinadas y despojadas de sus bienes. "Así le pasó a un conocido, que tenía una lancha en el municipio de Policarpa. Le fueron a cobrar el impuesto y no tenía el dinero. Pues ningún problema, lo mataron y se quedaron con la lancha".

Droga y Muerte
Varios pobladores de la región tienen claro que las muertes que se ha presentado últimamente están relacionadas por disputas relacionadas con el narcotráfico.
"Ya la gente entendió que los muertos son producto de la coca. Si hay coca hay plata, si hay plata hay lujo. La gente compra lo que no es necesario, los pueblos se llenaron de trago y de prostitución. Se pelea por la coca y se mata por la coca, pero al final, la pobreza es la misma", comenta una persona de Barbacoas.
En las desembocaduras de los ríos se han presentado varios asesinatos de pescadores, y para un habitante de Olaya Herrera, estos crímenes se han cometido porque las bocanas son muy importantes para el transporte de narcóticos.
"Hay sitios donde no quieren que las comunidades estén. Si la Fuerza Pública hace algún hallazgo, decomisa algo, buscan culpables. Así la pasó a alguien hace año y medio. Hubo un hallazgo en la zona donde él pescaba, lo amenazaron y si está vivo fue porque no esperó", cuenta alguien con relación a supuestos abusos de las autoridades.

Guerrilla contra Guerrilla
Otro aspecto que ha intensificado el conflicto en la zona, ha sido los enfrentamientos entre las Farc y ELN.
"Las guerrillas se pelean entre ellas, y en la pelea matan civiles. Dicen que los vendedores de rifas están con un grupo, que los mototaxistas son de los otros. Y matan a los mototaxistas y los vendedores de rifas. El último desplazamiento que hubo fue el año pasado, cuando las Farc atacaron al ELN en la vereda Bellavista y mataron a cuatro", cuenta un poblador de Magüí Payán.
Durante este año, en Nariño se han presentado 11.136 casos de desplazamiento forzado, de los cuales, 6.561 corresponden a afrodescendientes.
Las Farc también han intimidadado a varias comunidades. "En el consejo comunitario Manos Amigas el Ejército está arriba y abajo, y en el medio están las Farc. La gente no puede salir porque les dicen que son informantes. Para salir tienen que decir a dónde van, con quién van a hablar. Y registran las llamadas. Hace un tiempo un muchacho hizo una llamada y alguien de la guerrilla le quitó el  celular mientras estaba hablando. El que se lo quitó siguió la conversación y comprobó que al otro lado había alguien del Ejército. Por supuesto que al muchacho le fue mal".
"También es cierto que las Farc se están llevando muchas niñas. Yo este año se de tres casos, una que se fue enamorada y dos que se fueron ‘braveadas’. Si la gente no quiere que se la lleven la vía es Cali. Aunque sea a pasar hambre, pero se van".
Estos testimonios dan cuenta de cómo está evolucionando el conflicto en Nariño después de que se acabó el control territorial de las AUC, de que no se cumplieran las garantías de no repetición de los desmovilizados, de la poca eficacia de la lucha contra las drogas y de la falta de justicia en los diferentes rincones de este departamento.
Quizás, la mejor síntesis de la situación que se vive actualmente en Nariño la sintetizó uno de sus habitantes: "Ahora las cosas son más complicadas, antes el problema era con grupos y uno sabía más o menos como ubicarlos. Ahora todo es más confuso, hay mucho de negocio. Si baja la coca entonces le cobran a todo el mundo, quieren la plata del chance, están matando a los comerciantes. La gente se tiene que ir para Popayán o para Cali, porque no saben de dónde les va a llegar el tiro. Y las cosas en general no están funcionando. No es normal que agarren a una persona con armas, acusado de ser paramilitar y a los tres días esté libre. Tanto la Fuerza Pública como el sistema penal están fallando".
30 de noviembre de 2010
©verdad abierta
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