colombia

desmovilizado condenado por masacre

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Ex ‘para’ condenado a 45 años de prisión por masacre después de la desmovilización. Ronald Fernando Arango Agudelo asesinó tres personas en el barrio Aranjuez de Medellín.

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Colombia. El Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín sentenció a Ronald Fernando Arango Agudelo a 45 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en los homicidios de tres personas, entre ellas un menor de edad.
El 11 de diciembre de 2008 un grupo armado irrumpió en un callejón del barrio Aranjuez de la capital antioqueña y asesinó a Mónica Andrea Gutiérrez, Jhonatan Osorio Rengifo y un niño de 5 años. En los mismos hechos fue herido de gravedad otro niño de 3 años.
Arango Agudelo, capturado el 18 de febrero de este año y desmovilizado del Bloque Héroes de Granada, fue condenado por los delitos de triple homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
Por este proceso ya están condenados a 54 y 44 años de prisión, respectivamente, Juan Camilo Hernández y Andersoón Mira, alias ‘Tocino’ o  ‘Tamal’, retenidos por la comunidad el día del crimen.
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
©verdad abierta

san pacho condenado a 38 años

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Alias ‘San Pacho’ condenado a 38 años de cárcel por asesinar una profesora. El ex ’para’ de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio asesinó la profesora Luz Aida García Quintero en el Carmen de Viboral, Antioquia.

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Colombia. Un juzgado Especializado de Antioquia encontró a Albeiro Arturo García Orozco, alias ‘San Pacho’, ex paramilitar de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, culpable del asesinato de la profesora Luz Aida García Quintero en el Carmen de Viboral, Antioquia.
La educadora, que estaba afiliada en la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), fue asesinada el 15 de enero de 2004 en una calle del Carmen de Viboral por varios hombres que le dispararon cinco veces con una pistola calibre 7.65 provista de silenciador en la cabeza.
Los investigadores establecieron que dos días antes de su muerte, la víctima habló con los paramilitares para que le permitieran seguir trabajando en la región.
‘San Pacho’ fue condenado por los cargos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Por este crimen ya fue condenado a 25 años y 5 meses de prisión, Jhon Jairo Bonilla Quinchía, alias ‘Chino’ o ‘Guerrero’ y Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ’McGiver’, tiene medida de aseguramiento.
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
©verdad abierta

los que resistieron en tolúviejo

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Los ’15’ que resistieron a los ’paras’ en Tolúviejo. Esta es la historia de Edilberto Hincer y 14 campesinos más que decidieron  resistir con su trabajo el asedio de todos los grupos armados, que durante más de un década convirtieron a los Montes de María, en el Caribe colombiano, en una de las zonas de guerra más sangrientas del país. Hoy sacan orgullosos su primeras cosechas.

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[Elizabeth Reyes] Colombia. Edilberto Hincer, un campesino de 57 años que nació en los límites de Bolívar y Magdalena, es desplazado por la violencia en los Montes de María, que está a la espera de la promesa del presidente Juan Manuel Santos de devolverle a los campesinos desplazados en el país más de 2 millones de hectáreas usurpadas por los violentos. En extensión, es el equivalente a todo el departamento de Bolívar.
Si la iniciativa de la Ley de Tierras prospera en el Congreso, el terreno que Edilberto perdió hace 11 años en Zambrano, al oriente de la región de los Montes de María, podría volver a sus manos, aunque él sabe que esas tierras ahora son puro monte y que sus fuerzas ya no alcanzan para avivar estas tierras.
Por eso confiesa que aunque el presidente Santos cumpla su promesa, es muy posible que él no regrese. La huella de horror que quedó impresa el 16 de agosto de 1999 en Capaca, un corregimiento de Zambrano muy cerca al lugar donde Edilberto tenía 12 hectáreas sembradas de yuca, maíz y ají, es imborrable. Esa noche, los paramilitares masacraron a 12 campesinos y desaparecieron a tres más. Édilberto escuchó la balacera.
Fue la estocada final de un recorrido de muerte que durante muchos días, protagonizaron hombres encapuchados que se movilizaban en dos carros comandados por Sergio Ávila, alias ‘Caracortada’, hombre de confianza del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Días antes, Edilberto había logrado sacar de la región a su familia luego que asesinaran a su mejor amigo. Pero con lo que ocurrió en Capaca, no aguantó más. Pasó, oficialmente, a ser parte de los 7 mil desplazados por la violencia en Zambrano.
Pero hay algo más. El despojo lo marcó tan amargamente que se prometió a sí mismo no volver a dejarse quitar lo suyo. Lo mismo hicieron 14 hombres más a los que el desarraigo juntaría meses después.

Aprender a Resistir
"Cada calzoncillo tenía tres nudos echados", dice Pablo Beltrán, cuñado de Edilberto, intentando describir la pobreza en que cayeron sus familiares cuando los recibió en Sincelejo, luego de la masacre en Capaca.
"Tanta miseria daba vergüenza", dice Edilberto acurrucado al lado de Pablo, mientras ensartan hojas de tabaco en una vara.
El caney donde acomodan con paciencia las hojas está cerca a Las Piedras, un corregimiento de Toluviejo, en pleno corazón de los Montes de María, a 4 horas de Cartagena y a sólo una hora de Sincelejo.
A las ocho de la mañana el sol ya aviva la hectárea que Edilberto tiene sembrada con tabaco. Parece que fue hace mucho tiempo cuando llegó a Sincelejo con su esposa y seis hijos huyendo de la violencia con 40 mil pesos en el bolsillo. Y en esas andaban, malviviendo en la ciudad, cuando se enteraron de un proyecto de tierras para desplazados liderado por el gobierno del presidente Andrés Pastrana y financiado por países amigos.
El asunto parecía favorable. Ellos –campesinos desplazados- podían elegir la tierra y luego esperar a que el negocio se concretara. Eran los primeros meses de 2001 y las masacres en los Montes de María ya pasaban de 100. Sin embargo, 15 hombres entre los que estaba Edilberto, decidieron echar monte adentro, internarse cada vez más en el corazón de esta convulsionada región. Parecía una locura porque entonces el área era una de las más violentas del país.
"No importaba el riesgo", dice Edilberto. Los 15 sabían que durante aquellos días de fuego toda la zona era centro de operaciones del Bloque Caribe de las Farc, también del Eln y finalmente de grupos paramilitares, que ahora se desquitaban con sevicia de la población. Pero también sabían que la región es una de las más fértiles del país. Así que buscando y preguntando dieron con Villa María, una finca de 66 hectáreas que el dueño vendió apurado por huir de la violencia.

Ganó la Confianza
Creer en el otro fue fundamental, porque hasta ese momento, entre los 15 hombres ninguno se conocía. Edilberto era el que venía del caserío más lejano. Los otros habían sido expulsados de Córdoba, Macayepo, El Salado y Ovejas, todos corregimientos de Bolívar donde los grupos ilegales iban escribiendo sus historias de horror. Su caso era una paradoja: Mientras miles de campesinos huían hacia Sincelejo, ellos caminaban esperanzados hacia el campo. Se reunieron y conformaron una empresa comunitaria a la que bautizaron ‘Los 15’. Además acordaron que para no arriesgar la vida de sus familias, cada semana viajarían solos hasta el municipio de Toluviejo, donde se encontraba la finca.
Antes de sus primeros viajes, a pocos kilómetros de Villa María, seis personas habían sido asesinadas por 40 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en una cancha de tejo de Las Piedras, el pueblo más cercano, y dos más en sus viviendas.
"Nadie circulaba por ahí. No había ni una mata buena. Sólo nos encontrábamos con el Ejército y ese era otro problema. Cada uno de nosotros sólo podía llevar una o dos libras de arroz para toda la semana, de lo contrario, pensaban que llevábamos comida para los grupos ilegales", recuerda Edilberto.
Pero además de los ‘paras’, que en esa zona comandaba Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, hacía presencia el frente 35 de las Farc. Así que cuando no era el acoso de unos, era el de los otros. Los 15 vivían juntos en una casa de material y teja de zinc que quedaba dentro de la finca, y cuenta el cuñado de Edilberto que lo hacían porque pensaban que era mejor morir juntos, masacrados, que escuchar tiros aislados.
Los paramilitares se presentaban a las 3 o 4 de la mañana. Los sacaban y los ponían en fila, les pedían sus cédulas, los regañaban, los insultaban. Luego, dice Edilberto, se oía el plomo. "Tarratatataaaa. Rezábamos para que llegara el sábado y poder ir a Sincelejo, pero el lunes regresábamos. Hacíamos como el burro, que lo asusta el tigre y vuelve a ver qué fue lo que lo asustó".
Ahora se sabe que entre 2003 y 2004 ocurrieron en los Montes de María el mayor número de combates en el país. Por eso, el grupo de ‘Los 15’ quedó reducido a nueve. Los otros seis se marcharon poco a poco porque no aguantaron las visitas de los grupos ilegales. Solo en Toluviejo, según cifras oficiales, entre 1990 y marzo de 2010 se han registrado 32 masacres.
Los que fueron quedando, resistieron juntos durante 8 años en la vieja casa con techo de zinc, que hoy todavía existe, mientras sus familias continuaron en Sincelejo. Primero sembraron 20 hectáreas de ñame, y luego, yuca industrial. Cuando inició el proceso de desmovilización en 2005, los carros y las motos empezaron a circular por esas trochas abandonadas y ya no tuvieron que caminar los ocho kilómetros que separaban a Toluviejo de Villa María. Además, llegó el tabaco.
Hoy, Edilberto afirma que valió la pena el aguante. "Aquí no he superado lo que tenía en Zambrano, pero voy mejor que estando en la ciudad". Él es uno de los 300 agricultores que vive en los Montes de María, a los que Coltabaco compra parte de la producción. La empresa además ofrece financiación en efectivo para iniciar el cultivo, suministra los insumos y da asistencia técnica de manera gratuita.
En 2008, finalmente, la familia de este campesino desplazado pudo mudarse a la tierra que con tantas agallas peleó, cuidó y cultivó. Lo mismo ocurrió con sus otros ocho compañeros, luego de dividirse la tierra por partes iguales. Dos de ellos, también se dedican a cultivar tabaco.
Según cifras del Ministerio de Agricultura, solo el 17 por ciento de los campesinos despojados en Colombia tienen títulos de propiedad a su nombre. Edilberto hoy tiene su título pero le costó ocho años de resistencia. Ahora, lo que él sí espera, es que Santos cumpla con aquello de convertir "a cada campesino en un próspero Juan Valdez".
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
©gente
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el primo habla sobre miguel arroyave

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’El Primo’ contó cómo Miguel Arroyave asumió el Bloque Centauros. Para hacerse con el bloque, debió reunirse con Víctor Carranza, jefe paramilitar conocido como 'el Patrón' que se encargaba de las comunicaciones con el servicio secreto colombiano, DAS.

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Colombia. El ex paramilitar contó desde Estados Unidos que su primo, Miguel Arroyave alias ‘Arcángel’, una vez quedó en libertad en diciembre de 2001, se reunió con el jefe paramilitar Vicente Castaño alias ’el Profe’ para lograr el control sobre las autodefensas en los Llanos Orientales.
"Vicente le dijo que se iba a meter en la ‘boca del lobo’ y que debía hablar en persona con Carlos Castaño. Carlos le dijo que él no estaba de acuerdo con que el tema paramilitar estuviera ligado al narcotráfico, que eso debía cambiar, y que no podía reemplazar a alias ‘Raúl’ (Jorge Humberto Victoria), que era el comandante en los Llanos", dijo.
Alias ‘El Primo’ contó que Arroyave luego viajó a la zona minera de Boyacá para hablar con Víctor Carranza, "conocido como ‘el Patrón’ y como el que manejaba las comunicaciones con el DAS", y después realizó una ruta por Meta, Guaviare y Casanare para saber cómo estaban delinquiendo los paramilitares en la región.
"Miguel se reunió de nuevo con Vicente Castaño y supe que ese encuentro fue tenso. Miguel le dijo que en los Llanos había mucho desorden y que tocaba tomar medidas. Vicente sintió que lo estaban engañando (sus subalternos) y le ordenó a Miguel que hiciera los cambios, que él retiraba a alias ‘Raúl’. Miguel no compró ese bloque como se ha dicho", dijo alias ‘El Primo’.
Según Ruiz Arroyave, alias ’Arcángel’ asumió la jefatura de lo que se conoció como el Bloque Centauros, encargó a Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ en el área de finanzas y dejó como jefe militar a Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’. "Miguel tenía como ocho avanteles con los que se comunicaba y manejaba todo. Vicente, aunque reconoció el organigrama, siempre estuvo por encima de Miguel", explicó.

El Pacto Roto
En varias versiones, otros ex paramilitares han contado cómo fue la guerra en los Llanos entre ‘Los Centauros’ de Miguel Arroyave  y ‘Los Buitragueños’ de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, por el control de las rutas del narcotráfico en la zona.
Alias ‘El Primo’ contó que en mayo de 2002, Arroyave citó a una reunión para que los grupos paramilitares de la región definieran sus ‘límites territoriales’. Al encuentro sólo asistieron ‘Los Carranceros’ dirigidos por José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y ‘Los Urabeños’, a cargo de Fredy Rendón Herrera alias ‘el Alemán’. Según alias ‘El Primo,’ eso era ya un indicio de que ‘Los Buitragueños’ de alias ‘Martín Llanos’ se resistían a una negociación.
"Aunque en esa reunión se acordó respetar las zonas, el detonante fue cuando una gente de ‘Martín Llanos’ le hizo un atentado a unos muchachos de ‘Los Centauros’ que se transportaban en una volqueta. Miguel entonces habló con Vicente de esa preocupación. Desde ese momento comenzó una guerra desbordada y absurda entre el Bloque Centauros y ‘Martín Llanos".
Según ‘El Primo’, Vicente Castaño coordinó una reunión con Víctor Carranza, para que él mediara en el conflicto entre los dos bandos. "A era reunión también asistió ‘Don Mario’ y ‘Botalón’ (Arnubio Triana Mahecha). Carranza aclaró que la guerra no era con ‘Guillermo Torres’ y que no podía hacer nada con alias ‘Martín Llanos’, porque creía que él ya se había salido de sus cabales".  ‘Don Mario’ dijo en una versión que fue Carranza quien luego sembró cizaña entre los bandos.

El Frente Capital
Mientras el Comisionado de Paz realizaba acercamientos en noviembre de 2002 con los paramilitares para que se acogieran a la Ley de Justicia y Paz, alias ‘El Primo’ contó que Vicente Castaño le ordenó al grupo de sicarios que había en Bogotá que viajaran hasta el Casanare.
Aunque aclaró que desconoció su funcionamiento, alias ‘El Primo’ dijo que el Frente Capital tuvo dos momentos: mientras Arroyave estuvo en la cárcel (1999-2001), el frente  fue dirigido por Carlos Castaño por medio de Jesús Pereira alias ‘Alfonso’, así como por ‘Careto’ y ‘Segundo’. Cuando Arroyave fue el jefe del Bloque Centauros, Vicente Castaño designó a Henry de Jesús López Londoño alias ‘Mi Sangre’ o ‘Carlos Mario’ como encargo de ese frente.
"El Bloque Centauros se manejó independiente del Frente Capital. Sin embargo, fue dirigido por Miguel Arroyave tanto en zona rural como urbana de Bogotá. La idea era atacar a la guerrilla, pero el tema se volvió incontrolable porque mucha gente decía que tenía licencia para matar a nombre de Miguel Arroyave. Yo le dije a mi primo que eso tocaba controlarlo y montamos una veeduría".
Según lo contado en otras versiones por David Hernández López alias ‘Diego Rivera’, este frente tuvo dos fines: uno militar, para combatir a la guerrilla, y otro político, para comenzar a realizar los acercamientos con los congresistas con miras a una futura negociación.

La Tensión
Cuando a finales de 2002 comenzó la negociación del gobierno con los paramilitares, alias ‘El Primo’ contó que hubo tensión dentro  de los grupos que delinquieron en los Llanos porque no había claridad sobre qué sucedería después del desarme. "A Miguel fue difícil convencerlo de ir a la mesa de negociación, porque él creía que los hombres desmovilizados debían luego hacer parte de proyectos productivos como la siembra de la palma", dijo.
Según alias ‘El Primo’, desde el momento en que empezó la negociación, Carlos Castaño perdió protagonismo y su hermano Vicente Castaño se convirtió en el mediador entre los bloques y se presentó como jefe general de los paramilitares. "Cuando asesinaron a Carlos Castaño (en 2004), la situación se puso peor. A Miguel le entró más la desconfianza y luego vinieron hechos que asumimos como advertencias".
Ruiz Arroyave dijo que unos meses antes del asesinato de Arroyave en 2004, ‘Don Mario’ le avisó sobre un operativo que iban a realizar en su contra. Esa vez, ‘el Arcángel’ se fugó. Sin embargo, según lo contado por varios ex paramilitares, Miguel Arroyave fue asesinado por sus propios hombres.
En la continuación de la versión que se realizará a mediados de noviembre de 2010, alias ‘El Primo’ aseguró que contará sobre su participación en el Bloque después de la muerte de Arroyave, así como todas las preguntas que le realice la Fiscalía sobre la compra de armas y los vínculos con políticos y militares de esta región.
[*La justicia tendrá que verificar la veracidad de lo que dijeron alias ‘El Primo’].
23 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©verdad abierta

dizque no hay dinero para reparación

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Reparación a víctimas lesionaría finanzas estatales, admite Corte Suprema. Su presidente dijo que aunque no son admisibles objeciones en casos particulares, los jueces deben evaluar mecanismos para resarcir colectivamente a los afectados.

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Colombia. La reparación a las víctimas del conflicto armado sí puede resultar generando fracturas en las finanzas públicas, admitió el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar.
El magistrado recalcó que a los casos de reparación individuales no les caben objeciones, pero cuando se trata de resarcir colectivamente a los afectados, en materia de infraestructura de sus respectivas poblaciones de origen, los jueces deben revisar qué tan realizables son sus peticiones frente a la capacidad de las instituciones.
"La reparación colectiva para 1.800 masacres que dicen que hubo en el país, hay que poner cuidado, porque eso puede desbordar las expectativas del Presupuesto Nacional, entonces, en eso los jueces tenemos que revisar hasta donde llegamos", indicó.
Indicó que no puede esperarse que todos los operadores jurídicos ordenen la construcción de carreteras y de diferentes obras infraestructurales de gran magnitud a una escala tan elevada.
Pese a estas consideraciones, el magistrado  aceptó con buen recibo los elogios obtenidos por la Justicia colombiana en torno a la lucha contra los grupos armados, surgidas en el encuentro convocado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz, en Madrid, España, al inicio de la semana.
Tras el evento, Arrubla Paucar insistió en la necesidad de conformar una Comisión de la Verdad para esclarecer todos los crímenes del paramilitarismo, propuesta que, justamente, surgió en desarrollo del mismo encuentro, que fue convocado en 2009.
23 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©el espectador

urgente restitución de tierras

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Por qué la restitución de tierras debe ser un propósito nacional. ¿Cuál es el impacto del despojo en la economía? ¿Cuáles son los retos de la sociedad colombiana ante los problemas del campo? ¿Por qué los desplazados deben reintegrarse a la vida productiva en el campo?

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Colombia. Los problemas institucionales para la restitución de tierras, el modelo de reparación para las víctimas, la deuda de la sociedad colombiana con la población campesina, el impacto económico del despojo, fueron algunos de los temas que abordó la primera jornada del Seminario La Restitución de Tierras: Un propósito Nacional, organizado por SEMANA, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El director del Instituto Nacional de Desarrollo (Incoder), Juan Manuel Ospina, recordó que el gobierno anterior fusionó cuatro entidades en una sola y suprimió cargos, lo cual debilitó la capacidad del organismo.
"El gran cambio es la voluntad política que tiene el actual Gobierno Nacional", dijo refiriéndose al propósito de restitución de tierras que se ha trazado el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ospina mencionó cuál es el papel del Incoder en el proceso de restitución. Dijo que el gobierno le dio la tarea de ser "un catalizador, convocador de la política de desarrollo rural". No obstante, reconoció que la entidad está en un proceso de reestructuración.
El director del organismo advirtió que el problema de la tierra en Colombia no solo pasaba por resolver quién era su propietario, sino que era necesario generar desarrollo.
Dijo que a la institución le corresponde ayudar a hacer puentes en el proceso de formalización de la tierra y en la restitución. "Pero quien va a coordinar la defensa del apoyo de la justicia (para que los campesinos tengan garantías jurídicas y de seguridad) será una unidad que creará la ley, y que operará en el marco del Ministerio de Agricultura", dijo.
Luego le tocó el turno a Zaida Barrero de Noguera, la Superintendente de Notariado y Registro, quien indicó que para que un proceso de restitución sea efectivo debe basarse en la coordinación de todas las entidades involucradas.
Barrero describió cuáles son las modalidades de despojo: transferencias forzadas, consistente en que alguien obliga a otro a vender su predio. "O me vende usted o me vende su viuda", citó Barrero una de las frases que refleja la mentalidad de los despojadores.
Pero indicó que también se han presentado casos en que por desconocimiento o por razones de seguridad el propietario se ve obligado a vender a bajo precio.
"Se refleja, en escrituras públicas, que los acuerdos debiendo ser bilaterales no cuentan con la voluntad del vendedor" o "se presenta suplantación del propietario por un falso poder".
La superintendente explicó que las oficinas de registro no dan ni quitan predios, que lo único que podían hacer era "publicitar los hechos". Sin embargo, se comprometió para que el proceso de restitución administrativa adelantada por el Gobierno cuente con las garantías necesarias para que la formalización de los predios se haga de manera oportuna.
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, enumeró diez propuestas institucionales para complementar la restitución de tierras, que garanticen la "no repetición" de los hechos de violencia.
Entre las propuestas más importantes están las siguientes:

- Adecuar las instituciones que tienen qué ver con el derecho a la tierra, la regulación agraria, las políticas rurales, entre otras. ¿La razón? Las instituciones fueron diseñadas para épocas de normalidad ciudadana, pero no para épocas de posconflicto.

- En segundo lugar debemos utilizar los sistemas de información geográfica agrológica y catastral que existen.

- Consolidar el sistema catastro-registro, a través de la interrelación institucional de municipios. Gómez se refirió a la necesidad urgente de actualizar los datos.

- Aprovechar la iniciativa de "gobierno en línea" para reforzar los sistemas de información, registro, catastro y reclamaciones, entre otras.

- Auscultar la voluntad política para generar un escenario en el que los valores catastrales se aproximen a los valores comerciales. "Colombia debería hacer censos nacionales periódicos en consonancia con las autoridades regionales y municipios para lograr construir una base actualizada sobre los problemas de la propiedad de la tierra".

Gómez finalmente dijo: "es el fortalecimiento de la institucionalidad lo que nos garantiza la obtención de información básica para tomar decisiones".
El consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, reconoció que la ejecución de la propuesta del gobierno no era fácil. "El tema es prioritario, pero es crítico", dijo. "Debemos obrar con cuidado", agregó.
Luego explicó en qué consiste la estrategia "focalización, integralidad y eslabonamiento", con la que el gobierno intentará garantizar la ejecución de la política de restitución. Lo primero se refiere a atender la restitución con un criterio de priorización de los territorios. Lo segundo, a articular las instituciones al proceso. Y lo tercero, a atar procesos de reforestación con titulación, por ejemplo, o producción con cadenas de producción más grandes.
Absalón Machado, director técnico del informe de desarrollo humano en Colombia del PNUD, dijo que este momento era una oportunidad doble, pues permitía reflexionar, por un lado, en el modelo de democracia que la sociedad colombiana quiere, y por el otro, en la política agraria.
"No debería ser una oportunidad para profundizar el modelo, injusto, concentrador, inequitativo, excluyente….", dijo Machado.
"Sería un error histórico que el Estado sólo buscara poner a las comunidades campesinas de su lado de manera cortoplazista para profundizar el modelo poco democrático", advirtió el investigador. "¿Cómo es posible que le hayamos dado la espalda a esa sociedad (campesina) durante tanto tiempo?", se preguntó.
El investigador Alejandro Reyes contó que frente a la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos), hay un letrero que dice "todo aquel que come está envuelto en la agricultura".
Con estas palabras Reyes intentó dimensionar la importancia de la población campesina. "Si no lo resolvemos ahora (el problema de la propiedad de la tierra), lo podemos hacer dentro de cien mil, o cincuenta mil muertos. Es mejor ahorrarnos todas esas vidas", dijo.
"En los últimos 20 años han muerto 150 mil colombianos (a causa del conflicto)", dijo el investigador.
"El conflicto armado es de los mejor documentados. Sabemos quién se desplazó, de dónde, quiénes los despojaron. Tenemos las pruebas en las manos para poner a funcionar un sistema de justicia restitutiva. Y sería enorme hipocresía poner a las víctimas a recaudar de funcionario en funcionario las pruebas", agregó Reyes.
Reyes se quejó de que en los estudios de catastro nacional apenas se ha registrado una ligera concentración de la tierra, cuando a todas luces ha aumentado. "El catastro no registró el despojo", dijo, y así nos privamos de conocer lo que había pasado con las tierras.
"Lo que debemos hacer es cumplir con los preceptos mínimos de justicia, si no lo hacemos… Colombia se puede volver un infierno que nos cueste mucho más muertos", dijo.
La economista de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez comenzó su disertación explicando que la restitución de la tierra a los campesinos, con garantías jurídicas sobre la propiedad, no sólo era importante como acto de justicia social, sino para el desarrollo.
"Cuando hay informalidad en la propiedad de la tierra, las personas no están seguras de la inversión, y la gente produce mucho menos, porque si no hay certezas la inversión será menor", explicó la investigadora.
La falta de títulos sobre los predios también impide el acceso a créditos.
Ibáñez reveló algunas cifras de una encuesta que hicieron varias universidades a 4.700 campesinos. Dijo por ejemplo que el 70 por ciento de los encuestados aseguró ser propietario. Sin embargo, sólo un 60 por ciento puede probarlo.
"La concentración no genera mayor eficiencia económica. Muchos estudios muestran que los productores pequeños son más eficientes, porque pueden controlar más los procedimientos, vincular a familiares y porque los grandes productores no aprovechan toda la extensión de tierra", dijo Ibáñez.
El director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, alabó el modelo de justicia transicional que el gobierno ha implementado para la resolución del conflicto. Dijo que en el siglo XIX y XX el modelo que se implementó fue el de amnistía y el indulto que no permitía el acceso a la verdad y a la reparación. "En estos modelos, lo que se buscaba era cerrar el conflicto", explicó.
"La Ley de Justicia y Paz (creada para hacer efectivo el proceso de paz con los paramilitares) introduce a las víctimas en el proceso. Ya no se trata de cerrar el conflicto sino las heridas", dijo.
Pizarro dijo que la Comisión estaba de acuerdo con un modelo de reparación integral y argumentó que el modelo colombiano aventajaba a los de Alemania o España que fueron sólo indemnizatorios.
También indicó por qué el modelo colombiano debe ser distinto: "por la sociología de la víctima". Se refirió al hecho de que las víctimas en Colombia, en su mayoría, son personas de escasos recursos y de zonas rurales. Por eso, "la reparación indemnizatoria no es suficiente y se requiere un modelo más integral", que ayude a restablecer los derechos de los damnificados.
Pizarro adujo que Colombia y Turquía son los únicos países que reconocen que los desplazados deben ser sujetos de reparación. "En el mundo se reconocen para medidas de carácter humanitario para los desplazados. Colombia ha tomado una decisión histórica (al reconocer más de 3 millones de víctimas)", dijo el director de la CNRR.
El último en intervenir en la jornada de la mañana del seminario, fue el sacerdote Fabio Henao, director de Pastoral Social.
El sacerdote retomó las cifras de la III Encuesta deVerificación reveladas este martes en las que la Comisión Nacional de Seguimiento a las Políticas sobre Desplazamiento Forzado entrevistó a 10.400 familias de desplazados. Destacó que según la encuesta el número de hectáreas despojadas o abandonadas por los campesinos asciende a 6,6 millones.
Dijo que los resultados de esa encuesta "nos impone un enorme reto sobre el tipo de democracia que queremos, y un interrogante ético; una pregunta a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también a nosotros: hasta dónde es el grado de involucramiento nuestro para resolver el problema".
22 de octubre de 2010
20 de octubre de 2010
©semana

santos no tramitará acuerdo militar

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Santos no tramitará acuerdo militar con EE.UU. en Congreso. Alexandra Moreno afirmó que cada día se tiene "mucho menos" apoyo de Estados Unidos y no tiene sentido seguir con las mismas políticas.

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, no tiene previsto tramitar ante el Congreso el acuerdo militar que permite a soldados de Estados Unidos usar bases en el país suramericano, aseguró la vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno.
En declaraciones a Efe, la legisladora adelantó que el mandatario ha manifestado a los congresistas que ese polémico acuerdo "lo va dejar quieto, no lo va a plantear" ante el Congreso después de que la Corte Constitucional lo dejara sin vigencia en agosto pasado.
Ese tribunal, en su fallo, señaló que el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 no surtió los trámites propios de un tratado internacional por los cuales debía ser aprobado por el Congreso.
"El presidente nos ha manifestado que no lo va tramitar en el Congreso, que lo va dejar quieto y nosotros esperamos que siga esa política porque ya el debate sería en otro sentido en el Congreso, muy distinto al que se hizo inicialmente de si era o no era procedente hacer un acuerdo", según Moreno.
La congresista, integrante de la Comisión Segunda del Senado, encargada de las relaciones internacionales, subrayó que ese tipo de acuerdos "no han dado el resultado" esperado y si se revisan en su conjunto "no compensan definitivamente con los esfuerzos que ha hecho Colombia" en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"El acuerdo se cayó desde el momento en que la Corte Constitucional dijo que había que tramitarse obligatoriamente por el Congreso y eso no se ha hecho, así que no hay acuerdo de cooperación militar en esos términos en este momento", indicó.
Moreno afirmó que cada día se tiene "mucho menos" apoyo de Estados Unidos y no tiene sentido seguir con las mismas políticas cuando esa ayuda "está en detrimento".
Como ejemplo puso la reducción de los fondos que Washington otorga al Plan Colombia, una de las principales estrategias contra el narcotráfico que ha permitido en la última década grandes avances en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillao.
"Hay un giro de 180 grados del presidente Santos y la prioridad ya no va ser la guerra, el conflicto y el tema militar; creo que Colombia va a esforzarse por los temas ambientales, por los temas humanos, por la competitividad del país", destacó.
A mediados de agosto la Corte Constitucional dejó sin vigencia el controvertido convenio militar.
El llamado "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América" permitía que tropas y contratistas norteamericanos tuvieran acceso a por lo menos siete bases de este país andino y a aeropuertos civiles.
El eje era la base aérea de Palanquero, considerada estratégica por su ubicación en el centro de Colombia y para cuya ampliación Washington había asignado un total de 46 millones de dólares.
Este tratado había sido defendido por el Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe como complementario de uno en vigor desde 1974, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional, que consideró que se trata de un instrumento nuevo e integral.
Uribe lo firmó y estuvo dispuesto a ponerlo en marcha sin previo trámite parlamentario.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
©el espectador

gobierno entrega títulos de propiedad

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Gobierno entrega títulos de propiedad a víctimas del conflicto. El presidente Santos inició el Plan de Choque para la restitución de tierras. entregan tierras a campeisnos desplazados.

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos inició este jueves el Plan de Choque para la restitución de tierras, durante su visita al corregimiento de Macayepo, municipio de Carmen de Bolívar, en la región de los Montes de María.
Santos hizo entrega de los primeros tres títulos de propiedad a igual número de familias que habían despojados de sus predios, y que se suman a otros 21 entregados el mes pasado en el mismo corregimiento, restituyendo la titularidad sobre un total de 320 hectáreas que hacía parte del Fondo Nacional Agrario.
Precisamente, de este Fondo se han formalizado en el último año cinco mil 600 hectáreas para los campesinos de los Montes de María, y el objetivo es legalizar 20 mil más.
La meta del gobierno es haber entregado de aquí a diciembre en Macayepo otros 60 predios que suman mil 100 hectáreas también del Fondo Nacional Agrario.
Además, en Maríalabaja (Bolívar) ya están listos los títulos de dos mil hectáreas de terrenos baldíos para entregarlos a 110 familias de ese municipio.
A través del Plan de Choque para la restitución de tierras el Ejecutivo espera devolverles 312 mil hectáreas a casi 130 mil familias campesinas en los próximos meses.
Con este plan el gobierno nacional avanza en el proceso de devolución de tierras a los campesinos afectados por la violencia, mientras el Congreso de la República apruebe la Ley de Víctimas, que contiene todo un capítulo de restitución.
[Foto viene de este blog].
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
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