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de dónde salieron los paras


¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar? Una gran crisis social y económica, una sórdida guerra sucia, de lado y lado, contra líderes pacifistas y hacendados dibujaban el telón de fondo de esta región, cuando los paramilitares entraron en escena.
Colombia. Oficialmente el paramilitarismo en Cesar empezó cuando 25 hombres armados se instalaron en junio de 1996 en  las sabanas del Ariguaní en los límites entre Magdalena y Cesar. Fueron enviados por los hermanos Castaño y por Salvatore Mancuso a petición de algunos empresarios, políticos y hacendados vallenatos.
¿Qué había sucedido en estas tierras tranquilas de juglares y cantores caribeños para que la guerra extendiera su brazo hasta allí? Las aguas ya venían turbulentas de tiempo atrás.  Antes de que la política se tornara amarga, la otrora boyante economía de la región se había malogrado.
Entre la década del sesenta y el setenta, la región había vivido una bonanza algodonera. Los cultivos de la mota blanca se esparcieron por esos campos y de 42.000 hectáreas cultivadas en 1962 pasaron a ocupar 123.000 en 1970. Según el investigador Fernando Bernal, gracias al boom del algodón, emergió una  clase de propietarios medianos.  Sin embargo, en 1983 el precio internacional del algodón se desplomó y estalló la crisis. Los sembradíos de esta fibra se encogieron  y para la mitad de los ochenta apenas llegaban a 25.000 hectáreas.
Muchos finqueros sobreaguaron la crisis con nuevo préstamos, que después no pudieron pagar y varios perdieron sus fincas. Miles de jornaleros quedaron en la calle. Un estudio de PNUD y el Ministerio de Protección Social, sobre el algodón y la violencia en Cesar, calculó que de 30.000 empleos que generaba esta agroindustria al comenzar la década del setenta, en los ochenta apenas si daba trabajo a 3.000 campesinos.
La crisis llevó a que en junio de 1987, unos 10.000 labriegos de varios municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira se concentraran en la plaza Alfonso López para protestar por la precaria situación del campo. Pedían vías, servicios públicos, tierras y mejores salarios.
"Era una sociedad excluyente, importaba más la vida de una vaca que la de un peón", recordó un dirigente de la marcha. Esta contó con el liderazgo de  jóvenes pertenecientes a familias tradicionales del Cesar, quienes habían  conformado el movimiento social Causa Común. Entre ellos estaban Imelda Daza, Rodolfo Quintero, Víctor Ochoa, Víctor Mieles, José Francisco Ramírez y Ricardo Palmera Pineda.
Empresarios y políticos tradicionales consideraron a Causa Común, como una amenaza a la sociedad agraria. Sospechaban que muchos jóvenes profesionales o sindicalistas que impulsaban la protesta  eran infiltrados de la guerrilla del Eln, que tenía fuerza en el sur del Cesar.
Durante mes y medio los campesinos bloquearon el ingreso de alimentos a la región, levantaron cambuches en la tradicional plaza Alfonso López  a donde vivían varias de las familias más poderosas de Cesar. María Inés Castro, entonces gobernadora de ese departamento, recuerda que la ciudad entera estaba impresionada de tener a 6.000 personas en la plaza, la mayoría provenientes del sur del departamento.
A ella le correspondió liderar el equipo de negociadores que envió el gobierno del presidente Virgilio Barco. Los marchantes levantaron su plantón con la condición de que les abrieran vías, les mejoraran los acueductos y alcantarillados, les construyeran escuelas y les entregaran tierras baldías a campesinos que se habían quedado sin ingresos.

Antes que el  progreso lo que llegó a la región, a los pocos días de acabado el paro, fue la guerra sucia  contra los principales líderes de la marcha. En la puerta de su casa, fue asesinado José Francisco Ramírez, un abogado de Valledupar, cuya autoría entonces los organizadores se la atribuyeron a miembros del Ejército. También  cayeron abaleados por desconocidos José David López Teherán, Ovidio de la Hoz, un médico de apellido Villalba (cuyo homicidio se dio luego de que volviera de Venezuela, donde estaba exiliado), Víctor Ochoa, un militante del Partido Comunista y Víctor Mieles, quien era sindicalista de Cicolac, empresa procesadora de leche de Valledupar.
"Cuando empezó la ola de muertos, entre nosotros nos preguntamos cuál era el camino, y había dos: uno exiliarse como hicimos varios y otros, como Palmera, que cruzaron la línea y se enrolaron a las Farc", dijo a VerdadAbierta.com uno de ellos que se refugió en el exterior.
Como respuesta a la represión, las Farc, ya con un pie en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, y el Eln, que cosechaba descontento en el sur, intensificaron su otra guerra sucia contra los dirigentes de la región.  "Algunas familias tradicionales sufrieron tanto con el secuestro que les tocó acercarse a los guerrilleros para poder medio vivir en paz", dijo un dirigente vallenato a VerdadAbierta.com.
El dramático caso de Roberto Lacouture, hoy dirigente de la Federación de Cerealistas, ilustra lo que lo que se vivió en esa época. Fue secuestrado en 1989 por las Farc,  que también secuestró a otros 36 de sus familiares. "Nos atacaron durísimo a finales de los ochenta, levantaban las fincas a dinamita, mataban el ganado cuando no se lo podían llevar, y en otros casos asesinaban a los administradores de las fincas", dijo Lacouture a VerdadAbierta.com
A comienzos de los noventas, guerrilleros del Eln sacaron a la representante a la Cámara, María Cleofe Martínez de su casa en Valledupar y en septiembre de 1995 fue secuestrada y asesinada por ese mismo grupo Margarita Rodríguez Fuentes, hermana del comerciante y ganadero, Hughes Rodríguez, quien después desempeñaría un papel clave para traer a los paramilitares a Cesar.
 "Pedíamos el apoyo del Estado, del Ejército, de los políticos y no nos respondieron –recuerda Lacouture – . Nos dejaron solos. Nos dijeron ‘defiéndanse como les dé la gana’".
Ufley Quintero, quien fue guerrillero del Epl y se había desmovilizado en 1991, luego de una negociación con el gobierno, relata que ante la impotencia y buscando vivir tranquilos,  muchos  "hacendados les dieron uniformes a los guerrilleros, hicieron fiestas con ellos en la Sierra".  Pero eso no satisfizo a las Farc, que después terminaron cobrándoles vacunas. "La guerrilla no golpeó las estructuras del Estado, sólo a los grandes hacendados", dijo.
El camino a la violencia quedó abierto.

Tensiones en Aguachica
En 1995, Aguachica, un muncipio al sur del Cesar en límites entre Santander y Bolívar,  era una olla a presión. A medida que Eln secuestraba y asesinaba,  algunos ganaderos y finqueros empezaron a organizar pequeños grupos de autodefensa.
En el conflicto fueron  asesinados  dos alcaldes y el gobierno tuvo que nombrar a un militar en el cargo.
El 15 de enero de ese año, un grupo que se conocía como ‘Los Masetos’ asesinó en el corregimiento de Puerto Patiño a ocho pescadores. El nombre fue tomado del grupo armado ‘Muerte a Secuestradores’, MAS, que había nacido en el Magdalena Medio, luego de que el M-19 secuestrara a una hermana de Pablo Escobar.
‘Los Masetos’ también se hacían llamar ‘Los Magníficos’ o las Autodefensas del Sur del Cesar. La Procuraduría había encontrado que un mayor del Ejército que era comandante en Aguachica, Jorge Alberto Lázaro Vergel, había sido cómplice de esta masacre de Puerto Patiño,  sin embargo la Justicia Penal Militar lo absolvió junto a otros cuatro militares.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW) de la época, una investigación de la Policía concluyó que los paramilitares locales estaban organizados por el mayor Lázaro Vergel. Según la declaración de un comandante de la Policía de Aguachica, Lázaro le había dicho que iba a "dar balín a unos pocos bandidos" activos en esa población, mencionados en una lista negra que él había conformado. Según el reporte de HRW, el mayor Lázaro alardeó del apoyo que recibía del DAS, de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (UNASE), y de ganaderos locales, como la familia Prada.  El oficial policial denunciante había denunciado que el militar lo había  acusado de ser una amenaza potencial porque "no colaboraba con las acciones que realizaban los paramilitares, y (había dicho) que paramilitar que capturara lo dejaría en manos de la Fiscalía."
En otro aparte del informe habla de una reunión entre el comandante de Policía y Lázaro. Según dijo el oficial policial, el mayor Lázaro quería que le dijera con quién estaba y que: "todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y no sacar a la Policía a la calle cuando ellos fueran a operar... que aquí nadie opera si no es con la orden mía, ellos están bajo mi mando, además ya no se van a dejar muertos, vamos a levantar gente y a desaparecerlos porque los muertos hacen mucha bulla".
Un hacendado de la región, Roberto Prada, fue señalado como el autor material de esta masacre en Puerto Patiño. Prada fue apresado y murió sin ser procesado por ese crimen en un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá en 1996. Su hijo, Juan Francisco  ‘Juancho’ Prada, lo reemplazó a la cabeza de las Autodefensas del Sur del Cesar.
En la región, la gente ya asociaba a  los Prada con la conformación de grupos paramilitares. Ellos eran propietarios de fincas en San Martín, Cesar.  Según una versión libre que Wilson Salazar alias ‘El Loro’, desmovilizado de las Auc, dio a los fiscales de Justicia y Paz años después, este grupo apareció a finales de los ochentas como una autodefensa de palmicultores y ganaderos del sur del departamento para enfrentar a la guerrilla en esa zona.
Era evidente que los paramilitares estaban llegando a la región y además, como se ha conocido posteriormente, este mismo grupo de los Prada apoyó a Carlos Castaño en su incursión al corazón del Comando Central del Eln en la Serranía de San Lucas en 1995.
Mientras, esto ocurría en el campo, el temor del avance de los violentos en Aguachica se materializó con el asesinato en marzo de ese año del médico y director del hospital regional, José David Padilla Villafañe. En medio de ese clima de guerra, un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba el alcalde del municipio, Luis Fernando Rincón, empezó a promover una consulta popular por la paz.
"Rincón se desmovilizó del M-19, pero era una persona más política que militar. A pesar de que había estado en la zona como jefe guerrillero no tenía enemigos. Era un convencido de la paz en el Cesar", recuerda Antonio Calvo, quien lo acompañó en la Alcaldía.  Rincón nació en Sogamoso, se crió en Barrancabermeja y cuando se lograron los acuerdos de paz con el M-19 se asentó en Aguachica.
Rincón y sus amigos concibieron la consulta pensando en responder a los panfletos que aparecían en el municipio cada vez que ocurría un crimen. En ellos, los violentos argumentaban que asesinaban o extorsionaban a nombre del pueblo. El mismo Rincón fue amenazado por el Eln que lo señalaba de ser amigo de los paramilitares.
"La pregunta fue de lo más simple. Si ellos actuaban a nombre del pueblo entonces había que preguntarle a la gente si rechazaba la violencia y convertíamos a Aguachica en un modelo de paz", dice Calvo. Los políticos tradicionales, guerrilla y paramilitares se opusieron con ferocidad a la Consulta por la Paz.  "Los grupos armados estuvieron juntos, los ‘paras’ quemaron urnas y el Eln también".
La consulta que se realizó en agosto de 1995, sin embargo, fue un éxito. Consiguió  12.000 votos a favor, y con ese respaldo popular,  Rincón y otros líderes, incluso su opositor, el conservador Álvaro Payares Ropero, a quién había derrotado en su aspiración a la Alcaldía, iniciaron  un proceso de cultura ciudadana por la paz y en defensa de los derechos humanos. La iniciativa logró el apoyo del presidente de Francia, François Mitterrand,  y tuvo acompañamiento internacional.
Sin embargo, el 6 de octubre el sueño de paz  se acabó: el Eln asesinó a Payares Ropero, a quien Rincón había nombrado gerente de la empresa de Servicios Públicos de Aguachica. Entonces se reanudaron las retaliaciones entre paramilitares y subversivos.
Pero esta no fue un asesinato aislado. Días antes las autoridades habían reportado el asesinato por el Eln  de un oficial y dos suboficiales de la policía. También, el asesinato de los hermanos Jesús Emilio y Luis Tiberio Galvis. Y pocas horas después de la inspectora Imelda Ruiz, cuñada de los Galvis. Los tres fueron torturados y degollados.
Después de la masacre de Puerto Patiño, y a pesar de las denuncias que había en su contra por su participación en esa matanza, la Superintendencia de Vigilancia le otorgó a los hermanos Prada dos licencias para operar las Convivir Renacer y Los Arrayanes.
La paz de Aguachica terminó de sucumbir, luego de la derrota del grupo político de Rincón en las elecciones municipales de 1997.  Varias de las personas que lo acompañaron en la iniciativa popular fueron asesinadas en los años siguientes: César Paso Torres, Edinson Duarte, Arsenio Obregón, Domingo Molano, Luis Cubides y, en 2000, el mismo Rincón.  El desmovilizado jefe ‘para’ ‘Juancho’ Prada aceptó ser el asesino del ex alcalde dentro del proceso de Justicia y Paz.
Los paramilitares aprovecharon que Aguachica quedó sin líderes para consolidar su poder en la región. A partir  de 1996 desataron su barbarie sobre todo contra el poco liderazgo social que aún quedaba en la región.

Las Convivir y los Primeros Paramilitares
El mismo año del intento de paz en Aguachica,  en 1995, Salvatore Mancuso había sido enviado por Carlos Castaño a reunirse con varios empresarios y hacendados de Cesar, quienes habían buscado a los jefes paramilitares de Córdoba y Urabá, para que los protegieran del secuestro y el boleteo de la guerrilla.
Según relata Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’  en el libro que comenzó a escribir antes de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico,   ‘Mi vida como autodefensa’, en una reunión con Carlos Castaño, el jefe paramilitar  le aseguró  de " la necesidad de enfrentar a la subversión en toda la región Caribe, pues dentro del objetivo propuesto por ellos (la guerrilla), para constituir unos Estados paralelos encaminados a la toma del poder, la Costa jugaría un papel primordial y había que evitar que se consolidaran, como ya había pasado en el sur del país".
Varios ganaderos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que el llamado a los Castaño fue desesperado. Uno de ellos dijo  que "el valor que (las Auc) estaban cobrando era inferior a lo que cobraba la guerrilla,  y de pronto por eso hubo personas de Valledupar que se metieron en eso y eran conocidos de toda la sociedad vallenata."  Otro ganadero le dijo a VerdadAbierta.com que "cuando (los paramilitares) llegaron a Cesar, lo hicieron casi aplaudidos, porque ante la falta de un Estado que te defendiera y muriera por los ciudadanos, ellos fueron bienvenidos".
Las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, aprobadas por el gobierno de Ernesto Samper en 1995, ofrecieron bases sólidas  a la ofensiva de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en Cesar. En una versión libre en marzo de 2007, el desmovilizado Salvatore Mancuso dijo que cuando fueron a Cesar, iban con la idea de consolidar el accionar de las Convivir en esa región.
Precisamente, el 18 de septiembre de 1996, Mancuso conformó junto a Jorge Gnecco Cerchar, un reconocido comerciante, ganadero y hermano del ex gobernador de Cesar, Lucas Gnecco, una Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda.  Desde comienzos de los noventa,  los Gnecco se habían erigido en una familia poderosa en esa región.  Lucas fue elegido gobernador de Cesar, y su primo Hugo Gnecco Arregocés, alcalde de Santa Marta. Ambos fueron luego destituidos e inhabilitados por cargos de corrupción en sus administraciones.
"En el Cesar y Magdalena se involucran a los empresarios y ganaderos con liderazgo del señor Jorge Gnecco, quien consigue los recursos para el Cesar y Magdalena", dijo luego Mancuso a la justicia.
Pero la de Gnecco no sería la única Convivir que le sirvió a las Accu para consolidarse en Cesar. Mancuso relató que allí existían pequeños grupos de autodefensa como las Autodefensas del Sur del Cesar, comandadas por ‘Juancho Prada’ que tenían su radio de influencia en San Martín, San Alberto, Ocaña, Aguachica, Rio de Oro y Ábrego, entre otros municipios.
Los Prada habían constituido dos Convivir, una el 29 de enero de 1996 llamada Los Arrayanes a nombre de Juan Francisco Prada y Martiniano Prada Gamarra, y Renacer constituida el 5 de octubre de 1995 por Roberto Prada Delgado hijo del jefe de este clan.
Según la Fiscalía, esta familia había conformado en 1992 un grupo de 25 hombres llamados los ‘Masetos’, también se conocieron como los ‘Caretapadas’ o los ‘Magnificos’, y en sus orígenes delinquían en San Martín, Aguachica, San Alberto y Gamarra en Cesar, así como Ocaña, El Carmen y Ábrego en Norte de Santander.
Tras la muerte de Roberto Prada Gamarra, en la cárcel La Modelo en Bogotá en 1996, su hijo Juan Francisco se convirtió en el máximo jefe de ese grupo en sur de Cesar. Al tiempo, el hijo de éste, Roberto Junior, montó un grupo en Ocaña, Santander.
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, uno de los paramilitares enviados por Carlos Castaño en la incursión a la serranía de San Lucas en 1995, le dijo a VerdadAbierta.com en una entrevista, que cuando las Auc intentaron meterse al sur de Bolívar contaron con el apoyo de los Prada, quien le prestó algunos de sus hombres.
Mancuso también encontró en los límites entre Magdalena y Cesar, al ganadero  José María ‘Chepe’ Barrera quien conformó un grupo que delinquía en El Difícil, Santana, Ariguaní, Plato, Mompox e Isla de Margarita, entre otros. Barrera es un santandereano que llegó al centro de Magdalena en los años setenta. Para defender a los grandes propietarios y a sus hatos ganaderos creó grupos de seguridad privada, que poco a poco cruzaron la delgada línea entre autodefensa y paramilitarismo.
‘Chepe’ Barrera obtuvo en licencias para sus convivir Guayacanes, que estaba a nombre del ganadero Luis José Botero Salazar y Siete Cueros, que representaba Jhon Jairo Londoño en octubre de 1995, según un informe de inteligencia de la Policía.
En el centro de Cesar, unos meses más tarde, en diciembre de 1996 fueron aprobadas las Convivir Guaymaral de Jorge Gnecco y la de Hughes Rodríguez Fuentes quien montó la Convivir Salguero, ambos señalados de ser cómplices de los paramilitares por Salvatore Mancuso y otros desmovilizados.
Hernando de Jesús Fotanlvo, alias ‘Pájaro’, quien era guardaespaldas de Mancuso y que ayudó a llevar las autodefensas en Cesar,  aseguró que se reunieron Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, Mancuso y varios ganaderos en la casa de Nelson Gnecco. "Ahí vi a Nelson y a Lucas Gnecco (ex gobernador de Cesar), a ‘Pepe’ Castro (José Castro, ex gobernador del Cesar), a uno que le dicen ‘El Mocho’. También estuvo el alcalde de Valledupar (sic), ‘Nando’ Molina", aseguró el ‘Pájaro’.  Éste último, Hernando Molina Araujo, en realidad no era alcalde sino gobernador del Cesar, y fue condenado en mayo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia por  concierto para delinquir con los paramilitares a siete años y siete meses de cárcel. Además la Corte pidió que se le investigara por posible complicidad en delitos de lesa humanidad.
Hugues Rodríguez es señalado por las autoridades como el ‘Comandante Barbie’,  supuesto testaferro de ‘Jorge 40’. Rodríguez,  gran ganadero del departamento, fue condenado a seis años de cárcel por nexos con paramilitares en el caso del asesinato de la jueza de Becerril, Marilyn Hinojosa y fue pedido por la justicia de Estados Unidos por presunto lavado de lavado de activos. Según estableció VerdadAbierta.com, ésta ahora negociando con la justicia de ese país rebajas de penas a cambio de colaboración.
Según ‘Pajáro’, Rodríguez se entrevistó con él para indagar por el paradero de su hermana Margarita, que como se dijo antes fue secuestrada por el Eln, y apareció asesinada después de varios meses de zozobra. Otros desmovilizados también confesaron que las Auc tenían campamentos en las fincas de Rodríguez en  La Jagua de Ibirico.
Según recuerda Antonio Calvo, hoy director de la Cnrr en Cesar y quien fuera asesor jurídico de la alcaldía de Aguachica, en la región había otros grupos paramilitares, además de los mencionados, como el de alias ‘Jimmy’ en Pailitas, Curumani y Chiriguaná, a quien le gustaba matar a hombres para robarse a sus esposas.
Varias personas de la región también identificaron a otros grupos paramilitares como el de ‘Los Cirujanos’, otro al que llamaban ‘Pasos’ que delinquía en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque; y el de Luis ‘Lucho’ Abrego en Pailitas y Curumaní.
Para Mancuso la existencia de varios ejércitos privados facilitó su llegada en 1996 a las Sabanas de Ariguaní. Aunque cada grupo aún era relativamente autónomo, Mancuso podía contar con bases, guías y zonas seguras para poder  arremeter no sólo contra quienes habían señalado como guerrilleros o a cualquiera que se les resistiera.
La idea era dar golpes fuertes, simbólicos y de mucha resonancia para que los cesarenses escucharan hablar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Sus primeras acciones fueron asesinatos selectivos y secuestros como el de Leonor Palmera, hermana de Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’.
‘Jorge 40’ cuenta también en su libro que su primer operativo con Mancuso fue la liberación en Chivolo, Magdalena, de dos  ganaderos de la familia Botero secuestrados por el Eln. Esta familia está asociada a dos Convivir, la Guayacanes con ‘Chepe’ Barrera, y la ‘Nueva Esperanza’ montada en Bolívar en llave con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el ya fallecido esposo de Enilce López, la empresaria del chance detenida, conocida como ‘La Gata’.
El siguiente paso fue controlar todos los grupos que existían de autodefensas y las Convivir de Cesar y Magdalena. Aunque algunos de ellos fueron reticentes a doblegarse al poder de los Castaño y Mancuso, en 1996, las Accu, ya sea por la violencia, negociación o adhesión, ya dominaban todos los ‘paras’ del Cesar.
Toda esta violencia paramilitar y la que siguió después   —y que dejó miles de víctimas, despojados y más miseria de la que nunca se había visto en Cesar – se hizo en nombre de la lucha contra el secuestro y la despiadada violencia guerrillera. No obstante, con la ofensiva de ‘Jorge 40’ no bajó el secuestro, sino que éste empeoró.
Así de 86 personas que secuestraron las guerrillas en 1996, se pasó  a 138 secuestrados en 1997, y 324 en 1998, algunos de éstos secuestros a manos de los mismos ‘paras’. Las masacres, que según han dicho y repetido los paramilitares desmovilizados que han confesado ante Justicia y Paz, fueron la justificación de la lucha antiguerrillera, también se dispararon al tiempo con los secuestros y solo entre 2000 y 2009 hubo 123 masacres en las que fueron asesinadas 605 personas, y más  de 154.000 campesinos tuvieron que huir de sus tierras para salvar sus vidas. El remedio que unos creyeron sería la solución a sus males no sólo no acabó con ellos, sino que resultó  peor que la enfermedad.
28 de octubre de 2010
27 de octubre de 2010
©verdad abierta
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denuncian a uribe en españa


ONG españolas reclaman la responsabilidad del ex presidente en supuestos seguimientos ilegales que, según ellas, el DAS adelantó a ciudadanos de ese país.
España / Colombia. Un grupo de ONG españolas presentaron este martes una denuncia en Madrid contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por supuestos seguimientos en España, a través del DAS, a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos.
Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia, Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban, explicaron en rueda de prensa los detalles de la denuncia, que incluye también a Jorge Noguera, quien dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.
El gobierno de Uribe, dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba "objetivos de su ’guerra política’" a estas ONG y a los activistas que supuestamente fueron espiados en Madrid y otras ciudades españolas.
Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la denuncia, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de denunciados.
Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa.
Todos, entre ellos la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo.
Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado este martes por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos".
Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.
Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España "grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales".
"Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial", subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto.
Este miércoles, Uribe visitará Madrid para recoger el II premio "La Puerta del Recuerdo", que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española.
Precisamente, las ONG convocaron una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su "indignación" por la concesión de este galardón.
El pasado 12 de octubre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por el caso de las ‘chuzadas’.
Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el mismo escándalo.
27 de octubre de 2010
26 de octubre de 2010
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cayó ex congresista reyes


Por sus presuntos nexos con el bloque central Bolívar de las Autodefensas, el CTI hizo efectiva la orden de captura contra el ex senador de Santander.
Colombia. En abril de este año, la Procuraduría General de la Nación señaló que el Ministerio Público señaló que el ex gobernador Hugo Helodorio Aguilar Naranjo, el ex senador Óscar José Reyes Cárdenas, y el ex representante Alfonso Riaño Castillo, tuvieron nexos con las AUC.
Para el procurador, Alejandro Ordóñez, dichos funcionarios "comprometieron seriamente su responsabilidad en el ejercicio del cargo y de sus funciones al promover y colaborar con grupos armados al margen de la ley, concretamente paramilitares".
Este lunes, el CTI hizo efectiva la orden de captura en contra de Óscar José Reyes, ex senador por Santander, quien es investigado por supuestos nexos con el bloque Central Bolívar de las Autodefensas.
El ex congresista es requerido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir.
25 de octubre de 2010
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ex magistrado denuncia a uribe


Uribe argumenta que nunca llamó al ex magistrado César Julio Valencia para hablar de su primo. El jurista le responde "falta a la verdad".
Colombia. Un cruce de comunicados entre el ex presidente Álvaro Uribe y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete hacen parte del nuevo capítulo de las chuzadas.
Este lunes, a través de su abogado Jaime Lombana, el ex presidente emitió un comunicado de 11 puntos en el que califica de "infamias" las acusaciones sobre su presunto conocimiento de que el DAS estaba interceptando a magistrados, opositores y periodistas.
En el comunicado, Uribe argumenta que cuando llamó por teléfono al entonces magistrado César Julio Valencia Copete fue para hablar del caso ‘Tasmania’, "nunca para hablarle de senadores".
La inquietud del ex mandatario sobre el caso se debía, según explicó, a que había una supuesta investigación en su contra por la versión de que el mandatario había contratado a ‘Tasmania’, cuyo nombre es José Orlando Moncada, para matar a otro paramilitar, alias ‘René’.
Uribe negó que el "asunto conocido como parapolítica" hubiera sido tema de conversación con el DAS o con la Corte Suprema.
La alusión hacía referencia a las denuncias que hizo hace más de dos años el magistrado, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, en las que aseguró que Uribe lo llamó para preguntarle por el proceso de su primo el entonces senador Mario Uribe, quien está investigado por sus presuntos nexos con paramilitares.
Tras las denuncias de Valencia, Uribe lo demandó por injuria y calumnia, y desde hace más de dos años están trenzados en un litigio jurídico, que mientras Uribe fue Presidente provocó varios encontrones entre los poderes públicos.
El ex mandatario también dijo que un magistrado de la Corte le pidió desistir de su denuncia, "con el argumento de que la Corte sabía que yo había dicho la verdad, por cuanto la Sala de Gobierno no tuvo conocimiento de llamadas mías sobre senadores".
Valencia también emitió un comunicado de cuatro puntos en el que arguye que Uribe falta a la verdad.
Primero, dice: "Falta a la verdad el ex presidente cuando dice que jamás informé a la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, que en la llamada telefónica en la que me trató el caso "Tasmania", en el que sólo él tiene interés personal, no di cuenta a mis compañeros de que además se hubiese referido a su primo Mario Uribe".
Con nombres propios Valencia asegura que le dijo al presidente de esa corporación, al magistrado Sigifredo Espinosa, que Uribe sí habló de su primo con él. "Lo mismo hice con la totalidad de los magistrados de la Sala Civil y el Procurador General de la Nación de la época, doctor Edgardo Maya Villazón, quienes declararon ya bajo la gravedad del juramento en el proceso que se sigue en mi contra por la denuncia que Álvaro Uribe formuló en la Comisión de Acusaciones", argumentó Valencia.
Además, Valencia desmiente que un magistrado le pidió al Presidente que desistiese de su denuncia porque la Corte había determinado que la versión de Uribe era la verdadera, y calificó de "insólita y afanosa" la llamada que le hizo el Presidente desde Nueva York. Dice que a diferencia del ex mandatario él sí puede revelar los nombres de los testigos.
Y al final agrega: "causa curiosidad que el ex presidente Uribe emita un comunicado tan inexacto… en la antesala de la audiencia que tendrá lugar en Washington el próximo miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales de que fuimos víctimas".

Las Nuevas Revelaciones
Este fin de semana varios medios de comunicación publicaron nuevos detalles sobre el complot fraguado contra la Corte Suprema de Justicia.
El domingo pasado, el diario El Espectador publicó un artículo titulado ‘El 1 conoció lo que hicimos’, que da cuenta de evidencia aportada por William Gabriel Romero Sánchez, ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, al proceso que demostrarían que el Presidente sabía lo que el organismo de inteligencia hacía.
Además, el informe que da cuenta de esa versión, que está en poder de la Fiscalía, también indica que María del Pilar Hurtado, la ex directora del organismo, le extendió felicitaciones a quienes participaban en la operación. "El 1 conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado, por lo tanto ella nos felicitaba por esa actividad y que extendía la felicitación a quienes adelantaban la gestión y que se mantuviera el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas", dice el informe citado por el diario.
En otro de los apartes del informe, según El Espectador, hay pistas de quién es el "número 1". Según el informe, el DAS obtuvo información de casos manejados por la Corte en los que "uno significativo ‘era el expediente del primo del 1’, es decir, el del detenido ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez", reza el diario.
Al parecer, a este informe se refirió el ex presidente Uribe en el comunicado emitido hoy en el que escribió:

"Cuando todavía era yo Presidente de la República, un testigo dijo que le habían entregado a la señora directora, María del Pilar Hurtado, unas grabaciones a la Corte, documentos que ella supuestamente habría puesto en mi conocimiento. De inmediato llamé a la entonces ex directora, Dra. Hurtado, quien negó categóricamente que eso hubiera sucedido. Así lo divulgué por medios de comunicación y de forma inmediata".
La nota de El Espectador después da cuenta de cómo fue que el DAS incorporó a la investigación a Alba Luz Flórez, llamada por los medios de comunicación la "Mata Hari", por el trabajo de espionaje ilegal que hizo en la Corte Suprema de Justicia.
La revista Semana también hizo revelaciones importantes en su artículo ‘Las piezas olvidadas de una conspiración’. En ese artículo la revista devela cómo un ex paramilitar desmovilizado del Bloque Bananeros de las AUC llamado Ferney Suaza fue utilizado como testigo contra la Corte Suprema de Justicia, pues este denunció que había sido abordado por "varias personas" que le ofrecieron plata para que involucrara al entonces presidente Uribe con los paramilitares de la región.
SEMANA argumenta que varias grabaciones demuestran que la versión de Suaza fue una patraña para enlodar a la Corte.
En el mismo artículo, la revista recuerda que el ex sargento del Ejército Edwin Guzmán declaró desde el consulado de Colombia en Nueva York que supuestamente había sido presionado por magistrados de la Corte.
Guzmán, sin embargo, en declaraciones a la revista aceptó que dio su testimonio a cambio de prebendas que le ofrecieron miembros del consulado y la embajada colombiana en Washington.
"A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos. Y como yo estaba desesperado, pues dije lo que me dijeron que dijera. Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada. Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho conejo una vez, yo no me presté para volver a declarar", dijo Guzmán.
Una investigación de la Fiscalía también demostró que Guzmán era otro testigo falso en contra de la Corte.
25 de octubre de 2010
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confines de la guerra


En los territorios del Guaviare que fueron del Mono Jojoy, hay poco que celebrar: miles de colombianos viven bajo las bombas, pasan hambre y claman por el fin del desangre. SEMANA estuvo allí con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
[Marta Ruiz] Colombia. Cuando un buque de la Armada se instaló a orillas de Mocuare, en lo profundo del Guaviare, todos los colonos del pueblo supieron que la lluvia de balas y bombas sobre sus cabezas no vendría sola. El hambre llegaría también, rauda y demoledora, tal como pasó. Mocuare es un pequeño caserío a 340 kilómetros de San José, al que se llega navegando por el río Guaviare, y después de pasar dos pueblos con nombres de masacres: Mapiripán y Puerto Alvira, golpeados brutalmente por los paramilitares.
Las aguas grises, de brillo metálico, están más solitarias que nunca. Uno que otro bote de pescadores se bambolea en las orillas. El buque ARC Ariari viene remontando las aguas, y las pirañas de la Infantería de Marina se ponen en alerta a nuestro paso, justo cuando suenan a lo lejos unos cuantos disparos. Vamos en una pequeña pero veloz lancha del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), dejando atrás una hilera de árboles majestuosos cuyas copas se enredan formando una maraña. En Mocuare nos esperan. Bajo la sombra de un palo de pomarrosa un puñado de colonos pobres, que han cultivado coca desde hace muchos años, sacan su memorial de agravios.
Al unísono cuentan que el 27 de julio se desplazaron porque los militares se negaron a mover el buque que habían anclado justo frente al centro de salud y el internado. Los hombres de ’Ciro’, uno de los jefes del frente 44 de las Farc, no tenían reparo en hostigar a los Infantes de Marina, aunque las balas pasaran rozando a los niños. Incluso mandaron la razón que maestros y alumnos se resguardaran en la cocina, tras un endeble fogón de leña, para que no resultaran lesionados. Los militares tampoco tuvieron recato en disparar granadas hacia el otro lado del río. La zozobra fue mayor cuando los guerrilleros anunciaron que usarían sus rudimentarios morteros, que no tienen precisión, y ahí fue cuando los habitantes de Mocuare se fueron del pueblo y dejaron que los bandos se dieran plomo solos.
Les habían implorado a los militares que se movieran un poco. No solo por el miedo al fuego cruzado, sino por la coca. Desde que la Armada llegó al pueblo, la coca desapareció. También la comida.
En las tiendas está la infaltable romana, instrumento vital para el trueque del polvo amarillento y compacto, por arroz, frijoles, sal y jabón. Un hombre de mediana edad saca un pedazo de la pasta que guarda en un plástico retorcido y lo pesa. Tiene 36 gramos que equivalen a 72.000 pesos con los que compra en ese instante 15 panelas, jabón, crema dental y un poco de cebolla y tomate. Hace 10 años Mocuare producía hasta 10.000 kilos de coca a la semana. Pero la erradicación tiene acabados los cultivos. "Ocho fumigaciones en dos años. En la última se tiraron la cosecha de maíz y hasta los limoneros se encresparon", dice el hombre de los 36 gramos.
Aun así, con la coca es con lo único que se come. Sin la coca hay hambre. Y el hambre empezó a mostrar su peor mueca con la llegada de los militares. El coronel Bernabé Losada, de la Infantería de Marina, tuvo que decir no cuando un grupo de líderes le hizo la insólita solicitud de que se retirara por lo menos 15 días, para poder sacar la coca y que la gente tuviera un alivio. La guerra siguió y el hambre arreciaba. La situación se puso tan grave, que según Losada, a sus tropas les tocó atender a "una mujer que se estaba enloqueciendo, se estaba comiendo el pelo, por el hambre".
Por eso, por las balas y el hambre, la gente se fue de Mocuare. Y sin gente, la guerra se pone difícil. Para las Farc, porque no logran abastecerse ni tener información. Para los militares, porque su función es proteger a la población civil. Total, en septiembre los militares se fueron, las Farc se quedaron y la población retornó en medio de una pobreza escandalosa que se agravó con algunos saqueos que encontraron en sus casas.
Luis Alberto Capera, un indio coyaima que usa sombrero de fieltro negro, llega sudando después de caminar más de dos horas para leer en un papel lo que perdió durante la incursión de las tropas oficiales: un radio transistor de 80.000 pesos, una crema colgate, un talco Johnson, un frasco de insecticida, chocolate y alverjas. Parece poco, pero en estas lejanías es mucho. Cada uno saca su propia lista. A uno le vendaron los ojos por un camino, a otro lo interrogaron y otro tuvo que botar a una quebrada un explosivo que los militares dejaron tirado en su finca. Para muchos soldados, los ranchos abandonados por los habitantes de Mocuare no eran más que casas de milicianos. Guaridas de la guerrilla y, por tanto, sus pertenencias, un botín. Los colonos le entregan por escrito estas denuncias a Adolfo Beteta, un curtido funcionario nicaragüense del Cicr, que dirige la misión en Guaviare y que les prestó ayuda humanitaria durante el desplazamiento. Ahora se ha convertido en soporte de su retorno.
Para equilibrar pregunto por los atropellos de la guerrilla. Callan. Solo dos líderes dicen que con "el grupo armado" (así llaman a las Farc) hay relativa calma. "¿Y las minas?", pregunto. "Bueno, ellos dicen por qué lados no podemos movernos y si uno obedece nada le pasa". Total, me dicen, los que han caído en ellas son unos tontos, que no acatan las órdenes. Es el mundo al revés.
No me sorprende que la gente haya aceptado de alguna manera el orden social arbitrario que imponen las Farc, puesto que el otro, el del Estado, está ausente o lleno de falencias. Para muestra una líder saca una docena de cédulas inservibles y con errores que sacó la Registraduría durante una jornada que quedó inconclusa porque se acabó la papelería. En Mocuare muchas personas ni siquiera tienen cédula. No la han necesitado hasta ahora en ese país de los confines donde la coca es la moneda y el fusil, la ley. Pero llegado el Estado, así sea solo con la bota y el camuflado, las necesidades cambian. Todos necesitan tener una identidad y empezar a hacer parte de la Colombia legítima.
Pero los problemas para que el Estado llegue son infinitos. Hay un centro de salud recién remodelado, pero sin doctores ni medicinas. Este año la falta de una ambulancia se hizo crítica cuando una niña indígena de 11 años cayó en una mina a las nueve de la mañana, y solo en la noche pudo ser sacada por sus vecinos hasta Puerto Alvira. "Lloraba en silencio. Tenía destrozado el estómago, los labios y un ojo", dice una líder de Mocuare, quien para poder mover a la herida por el río tuvo que esperar que tanto las Farc como los militares le dieran permiso. Ahora esperan una lancha-ambulancia que prometió la Gobernación del Meta.
En Mocuare no se ven muchos jóvenes. Unos se han ido a la guerrilla y otros huyendo de ella. Uno de los pocos muchachos que rondan por ahí es Gilbert Andrés Chavarro, que anda en cotizas, tiene manos gruesas, dientes blancos y ese candor propio de la gente del campo. Estudiante destacado del internado, ahora que ya terminó los estudios tiene que salir a la ciudad. Quizá una prima lo reciba en Bogotá para estudiar sistemas. Si es que logra conseguir algo de dinero. Le gusta la tierra, pero en Mocuare no tiene futuro.
El internado es una amplia construcción de salones de madera y zinc, con árboles frondosos y una cancha de fútbol de grama perfecta. Ahora hay 42 niños estudiando, pero el año pasado eran más de cien. En realidad, muchos están allí porque es un lugar donde se come. La Gobernación nombra a los maestros y envía raciones de comida si bien no totalmente suculenta, por lo menos alimenticia. En una cartelera se lee el menú del día: sopa de sardina, galletas, avena.
Las clases apenas comenzaron en mayo, puesto que a un político de San José le dio por obstruir los nombramientos de los maestros, hasta que no pasaran las elecciones. "Primero tienen que mostrar por quién votaron", cuentan que dijo. Luego vino el desplazamiento. Total, "solo han estudiado 55 días", dice un padre de familia. Ahora hay una maestra y un maestro, ambos chocoanos. Su trabajo comienza a las 5:30 de la mañana, y entre dar clases, arreglar las instalaciones y proponerles algo de lúdica a los muchachos terminan su jornada más allá de las 9:00 de la noche, sábados y domingos incluidos. El profesor Atilio Borja dice que el mayor problema que se ha encontrado son los enamoramientos: los niños que espían a las niñas por el gozne de las tablas mientras ellas se visten y que lo obligan a dormir con un ojo abierto todas las noches.
Hay un cuarto que los niños llaman el del ’finadito’. Era la habitación de Luis Fernando Gómez, un joven maestro de Salamina, Caldas, a quien en la madrugada del 29 de octubre de 2007 lo sacaron las Farc encañonado. Nunca más se supo de él. ’Rafael’, el guerrillero que ordenó su desaparición, admitió haberlo matado porque le habían encontrado una foto con uniforme. El uniforme en realidad era de bombero voluntario. El año pasado ’Rafael’ se desmovilizó y llegó a Mocuare acompañando a las tropas y señalando a la población que otrora le brindó un vaso de agua o un plato de comida. Cuando la gente habló de la desaparición del maestro, ’Rafael’ no volvió por allí. Sabe bien que la desaparición es un crimen imprescriptible y de lesa humanidad. El Cicr todavía está esperando que cumpla la promesa de entregar el cadáver de su víctima. El padre del maestro, según me contaron, es un anciano de más de 90 años que aún no cree que su hijo, un educador dedicado a los niños de las selvas olvidadas, haya muerto porque un guerrillero ignorante no sabe qué cosa es un bombero.
De todos los niños del internado hay uno que se me acerca y me saluda con un fuerte apretón de manos. Me mira directo a los ojos, con una sonrisa amplia. Tiene 16 años, pecas en la cara, cabello rojo y un moderno corte de pelo, con cachumbos hacia arriba. En 2003, él y su hermana menor -el retrato de él, pero silenciosa y retraída- vio cómo los paramilitares le arrebataron a su mamá en un retén instalado cerca a Mapiripán. Él se aferró a las piernas de ella, pataleando y gritando, cuando los hombres de Martín Llanos se la llevaron a un monte, le cortaron los senos, la violaron, le rajaron el cuerpo y le echaron ácido en la piel. Su cadáver fue rescatado en medio de las balas, por el padre de los niños, que se enteró de la noticia mientras trabajaba en una finca del llano. Al lado de su cuerpo había otros tres hombres descuartizados. A todos los enterraron en silencio y empezó el trasegar del vaquero con sus dos hijos. Cuando habla de su tragedia, el padre se traga el llanto y mira para el suelo. "Tal vez si yo hubiera estado con ellos...", dice. La culpa del sobreviviente, que ya se nos hace tan familiar en esta guerra.
En su corta historia, tanto el sonriente pelirrojo como su hermana han tenido cinco desplazamientos, aun así dice: "Yo no pienso cobrar esa muerte". Solo quiere salir de Mocuare y estudiar mecánica de motores. Su hermana quiere tener un salón de belleza. Sueños pequeños, que no necesitan una revolución para ser cumplidos. Solo la mano de un Estado que los incluya en sus proyectos.
En la orilla izquierda del río Guaviare, entrando por un estrecho caño de aguas pantanosas, está la maloka, o lugar donde habita la comunidad jiw. Un puñado de casas maltrechas de madera rodea la que algún día fue la escuelita del resguardo y que se cayó en abril. Cuatro palos y una lata, por toda estructura, albergan los desvencijados escritorios donde 28 niños de todas las edades intentan aprender algo de matemáticas. No han desayunado porque la remesa no ha llegado. Cada mes la envían desde Puerto Alvira, pero ahora hay desabastecimiento. En las tiendas no hay nada. Los compradores de coca no han vuelto a bajar por el río desde que en Bogotá cayeron varias caletas de dólares. El narcotráfico es todo un engranaje. Además, la funcionaria encargada de llevar en lancha los víveres está amenazada por las Farc. Ahora tiene que mandarlos con cualquier paisano y pedirle que tome una foto cuando entregue el mercado, que ella guarda como prueba del deber cumplido.
En los rostros de los niños jiw no se nota la angustia del hambre sino la costumbre a ella. Alirio Restrepo, el maestro, estudió hasta séptimo grado en el internado, y luego de unos cursos de validación obtuvo las credenciales para enseñar. Durante la clase, habla en su lengua, pero escribe en español con caligrafía perfecta. Sin libros, sin cartillas, casi sin cuadernos, la escuelita del resguardo es el triste retrato de las oportunidades que tendrán estos niños en el futuro. Más aún cuando la expulsión del territorio o su confinamiento en él es la realidad que se cierne sobre ellos.
Los jiw son un pueblo de 2.000 personas y a pesar de estar en sitios tan remotos y ser pacíficos, han sido azotados por la violencia desde los tiempos inmemoriales de las caucheras hasta ahora. Son seminómadas, cazadores y pescadores, les gustan la fariña y el casabe, y están sufriendo como pocos el impacto de las minas antipersonales sembradas por la guerrilla y de los residuos explosivos que dejan los bombardeos o el paso de la fuerza pública. Por eso hay más de 150 Jiw desplazados en varios caseríos a lo largo del río y en San José del Guaviare.
Uno de los casos más dramáticos lo están viviendo la familia González, del resguardo de Barrancón, a 15 minutos de San José. En parte de su territorio se instaló una escuela de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas y en 2005, cuando toda la familia salió a buscar desechos y chatarra, Nubia, en ese entonces con 20 años, tomó en sus manos un objeto que le estalló contra el cuerpo. Perdió los dos brazos, un ojo y la visión casi totalmente por el otro. Su piel quedó tan delicada que no puede usar prótesis. Sus hermanitos quedaron heridos y en total siete miembros de la familia terminaron en el hospital.
Después de la tragedia, la familia se empobreció aún más, tratando de darle un amoroso soporte a Nubia. Sus hermanos y padres trabajan como artesanos para darle un aliento de vida a ella. Con sus muñones, Nubia se frota el pecho. "Me duele mucho el corazón", dice. Su padre refuerza la descripción. "A mí también. Hay noches que despierto y no puedo respirar". Es el sufrimiento. Nubia se lamenta porque sus hijos no la visitan. Se fueron con quien era su esposo hasta el momento del accidente. No les gusta verle el rostro, el cuerpo destruido. La repudian o le temen. Y eso duele.
La historia de Nubia no es la única: 34 indígenas jiw han sido afectados por minas desde que arreció la guerra. Esperan que los militares cumplan la promesa de sacar sus campos de entrenamiento del resguardo y que las Farc entiendan que la selva es su vida. Que alguien se ocupe de hacer cumplir el Auto que expidió la Corte Constitucional el año pasado en el que advierte que los jiw son un pueblo en peligro de extinción, por el conflicto. "Aquí empeora la situación a medida que el gobierno gana terreno en otras regiones", dice Héctor López, defensor del Pueblo del Guaviare.
Cuando dejamos Mocuare, aguas arriba vemos el buque de la discordia anclado cerca de Puerto Alvira. Es el jueves 23 de septiembre en la mañana y un teniente de la Armada nos da la noticia: el Mono Jojoy murió esa madrugada en un bombardeo. A decir verdad, en las selvas del Guaviare ni la gente del común, ni los militares estaban celebrando. En esa otra Colombia, donde la guerra es una realidad cotidiana, nadie se hace ilusiones de triunfos rápidos. Se sabe que el Estado va a quedarse. Y que seguramente a la postre, terminará dominando la manigua. No por nada están llegando petroleras a explorar este subsuelo, hay 100.000 hectáreas de palma cultivada, y una carretera que une a San José con Villavicencio que, según el coronel Losada, "nos ahorrará 20 años de guerra". Pero mientras tanto el sufrimiento y el abandono reinan en este pedazo de país donde muchos colombianos, aún sin cédula, reclaman su derecho a ser incluidos en la idea de prosperidad que se enarbola desde el gobierno.
Esta guerra del Guaviare, periférica y marginal, selvática y olvidada, no está hecha de grandes hazañas sino de pequeñas tragedias. Y eso debería ser razón suficiente para ponerle fin.
24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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nexos de uribe con paramilitares


Las piezas olvidadas de una conspiración. SEMANA revela grabaciones y testimonios que muestran cómo paramilitares desempeñaron un papel protagónico a favor del gobierno de Uribe en su pelea contra la Corte.
Colombia. Ya para nadie es un secreto que, por su enfrentamiento con la Corte Suprema, el anterior gobierno acudió a tácticas ilegales, como lo reconocieron a la justicia varios funcionarios del DAS y lo han corroborado tanto la Procuraduría como la Fiscalía. Sin embargo, dentro de esa estrategia de desprestigio aún hay episodios tan desconocidos como aterradores. Uno de ellos, hasta ahora inédito, ocurrió el 24 de abril de 2008.
Ese día, en la sede del Sena en Apartadó, Urabá, se adelantaba un foro sobre proyectos productivos de los desmovilizados de esa área. En la reunión participó medio centenar de personas, entre las que estaban el entonces presidente de la Cámara, Óscar Arboleda, y sus compañeros Óscar Lizcano y Édgar Eulises Torres. También asistió el jefe de la misión de la OEA para la desmovilización de los ’paras’, Sergio Caramagna, y el comisionado para la Reintegración, Frank Pearl. Cuando la reunión estaba por terminar, (y estaba siendo transmitida por el canal institucional), un ex paramilitar llamado Ferney Suaza pidió la palabra y con la primera frase que dijo captó la atención del auditorio. "Quiero que le cuenten al Presidente...", comenzó su declaración el desmovilizado. En una corta intervención dijo que había sido abordado por varias personas que le ofrecieron 200 millones de pesos para involucrar públicamente al presidente Uribe con los paramilitares de esa región del país.
De inmediato, el representante Lizcano ordenó que las cámaras de televisión del Congreso registraran el hecho. "Nos pareció muy grave lo que había dicho, y por eso decidimos que de inmediato había que reportarle esto al presidente Uribe", dijo Lizcano a los medios en ese entonces. Tan pronto Suaza terminó de hablar, los congresistas hicieron el puente telefónico con el mandatario y el ex paramilitar le contó su versión. Uribe le expresó su agradecimiento y la preocupación por lo que le había contado, y ordenó que se le reforzara la seguridad. Les pidió a los congresistas que lo acompañaran y estuvieran pendientes de que se le brindara la protección necesaria.
Suaza se había desmovilizado con el Bloque Bananeros de las Auc, en noviembre de 2004, y era reconocido como líder comunal en el Urabá antioqueño. Para el momento de su denuncia en el Sena de Apartadó se desempeñaba como vocero de los desmovilizados reinsertados y era dirigente de la empresa Superban, que agrupaba a más de un centenar de desmovilizados.
Tras la declaración de Suaza, Uribe salió en varios medios de comunicación a replicar lo dicho por el ex paramilitar: en síntesis, que unas ONG y otras personas habían intentado sobornarlo para que vinculara al mandatario con grupos paramilitares en Urabá. Fabio Valencia Cossio, quien para esa época se desempeñaba como alto consejero presidencial, afirmó que la denuncia del ex paramilitar era la prueba de que había "un complot internacional, y hay muchos elementos que demuestran que el presidente Uribe les está estorbando a ciertos políticos internacionales y, obviamente, eso es un muro de contención". Valencia Cossio afirmó también que el testimonio de Suaza probaba que había un "cartel de testigos" contra el gobierno y dijo que lo que estaba sucediendo "es una cosa infame y es de cada ocho días. Una semana arman una cosa desde una cárcel y a la siguiente, desde el exterior". El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, se sumó a las voces de indignación del gobierno, a la vez que pidió a la Fiscalía investigar las graves denuncias hechas por el ex paramilitar, quien fue ampliamente elogiado por Uribe debido a "su honestidad" y por no haber cedido al chantaje.
Prácticamente desde el momento de su denuncia y durante las siguientes 24 horas, Suaza apareció en todos los medios del país. "La idea era que lo enlodara (a Uribe), lo involucrara en alguna situación que tuviera que ver con el Bloque Bananero y que hiciera comentarios de que él había orientado acciones o situaciones en ese aspecto. Ese ofrecimiento fue en el transcurso de la semana pasada y en el día de ayer volví a recibir llamadas donde se me sugería que aprovechase la oportunidad, explicó Suaza en conversación con varios medios de comunicación. Lo que ellos decían era: ’hágale un señalamiento directo al Presidente de la República, no tiene quién lo desmienta’ (...) En la conversación se hablaron muchas cosas. Entre eso, la posibilidad de que me buscaran, a través de una ONG, asilo político en un país extranjero. En Canadá o en otra parte. Soy muy claro y contundente. Por esa razón no le guardo nada a nadie y en ese sentido pienso que tengo un gesto de responsabilidad ante el país y seriedad ante esa situación al ponerla al descubierto. Este momento me resulta bochornoso e indignante", precisó el ex paramilitar.
La explosiva declaración de Suaza ocurrió en una semana que había comenzado muy mal para el gobierno. El 20 de abril, Noticias Uno reveló la declaración de Yidis Medina en la que ella confesaba que había recibido prebendas del entonces ministro Sabas Pretelt y el de Protección Social, Diego Palacio, a cambio de haber votado a favor de la reelección. El 22 de abril se ordenó la captura del senador Mario Uribe, primo del Presidente, dentro del proceso que se le adelantaba por parapolítica. El congresista buscó infructuosamente asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá.
El testimonio de Suaza, el 24 de abril, así como la gran cantidad de declaraciones de rechazo y denuncias de un cartel de testigos por parte del gobierno lograron cambiar la agenda de los medios.
El problema, sin embargo, es que el testimonio del ex paramilitar Suaza era una farsa bien montada. Las declaraciones no solo eran falsas, sino que hacían parte de un complot en el que nuevamente aparecen ex paras y miembros del alto gobierno de la época de Uribe juntos.
SEMANA tuvo acceso a varias grabaciones que demuestran que el episodio del ex paramilitar Suaza fue un montaje para ayudar al gobierno, en el que participó un oscuro personaje que hoy en día ya es tristemente conocido por la opinión pública: Antonio López, alias ’Job’.

El Fantasma de ’Job’
’Job’ fue asesinado en julio de 2008. Pero su nombre y alias son hoy de amplia recordación, no por su muerte sino por lo que hizo los últimos meses en vida. ’Job’ fue el protagonista de uno de los episodios más escandalosos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Junto con Diego Álvarez, el abogado del narcoparamilitar Diego Murillo, alias ’Don Berna’, ingresaron por el sótano a la Casa de Nariño la noche del 24 de abril de 2008 para reunirse con funcionarios de Palacio, entre ellos, los entonces secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velásquez, y una funcionaria del DAS, la entonces subdirectora de Operaciones, Martha Leal.
El objetivo de la visita de esos personajes era entregarles a los funcionarios del gobierno unas supuestas pruebas de actuaciones irregulares de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En agosto de ese año, SEMANA reveló en exclusiva los detalles de ese episodio. Hoy, gracias a las investigaciones judiciales por el caso del espionaje del DAS y a la confesión de varios ex funcionarios de esa entidad, se sabe que esa reunión no fue fortuita y que se empezó a gestar desde diciembre de 2007, con la activa participación del DAS .
Aunque los detalles de la reunión del 24 de abril de ’Job’ en la "Casa de Nari", como él denominó al Palacio Presidencial en una célebre conversación divulgada por SEMANA, solo se conocieron cuatro meses después, la realidad es que ese jueves fue bastante agitado para el enviado de ’Don Berna’ y miembros del gobierno. Mientras ’Job’ se reunía con funcionarios de Palacio y del DAS en Bogotá, ese mismo día el ex paramilitar Suaza denunció ante todos los medios en Apartadó que le habían ofrecido dinero para enlodar a Uribe. No parecen hechos aislados. Por el contrario, varias grabaciones en poder de SEMANA develan una compleja estrategia.
"Qué hubo, mijo. ¿Sí vio noticias o no? Hay una entrevista, hermano, y todo el cuento. (...) En Caracol, RCN, Teleantioquia, todo, hermano". Con esa frase comienza una conversación entre Suaza y ’Job’ a las 12:51 de la tarde del viernes 25 de abril sobre las declaraciones que dio el primero acerca del supuesto soborno que le ofrecieron para hablar del entonces presidente Uribe. "Eso está muy bien. ¿Cuándo te reúnes con Uribe?", le respondió ’Job’. "En la tarde viene el Alto Comisionado (Luis Carlos Restrepo), es probable, y posteriormente me dicen que para hacer un acercamiento con el Presidente", respondió Suaza. "Al Comisionado no le diga que usted y yo hablamos, solamente al Presidente, ¿oyó?",le advierte ’Job’ a su interlocutor.
En la misma conversación, Suaza le pide a ’Job’ que le ayude a sacar a su familia de Urabá y le consiga una casa, como parte del acuerdo. Cuatro horas después, a las 5:34, Suaza y ’Job’ vuelven a hablar. Suaza dice que ya está con el comisionado Restrepo y que ya había ido a la Fiscalía a efectuar una primera declaración sobre su denuncia.
Aunque mediáticamente la declaración de Suaza fue muy efectiva para el gobierno, a los pocos meses de ese episodio el ex desmovilizado quedó en el peor de los mundos. Cuando Suaza fue llevado a la Fiscalía para declarar, el ex paramilitar no mencionó nombre alguno sobre las personas o entidades que supuestamente le habían ofrecido el dinero para salpicar a Uribe. Esto generó malestar entre algunos funcionarios del gobierno, que esperaban una declaración más explosiva. Como consecuencia de esa desavenencia, a Suaza le retiraron el esquema de seguridad que el Estado le había proporcionado. Con el asesinato de ’Job’, Suaza también se quedó sin la contraparte y salió exiliado del país.
SEMANA conoció que Suaza le confesó a jerarcas de la Iglesia y ONG internacionales que él se había prestado para una estrategia trazada por ’Job’ y funcionarios del gobierno.

El Verdadero Cartel de Testigos
Suaza no fue el único ’testigo’ que luego terminó siendo parte de un montaje. Unos meses antes, había estallado un escándalo a raíz de la declaración de un ex paramilitar conocido como ’Tasmania’. En octubre de 2007, el mismo Uribe y altos funcionarios del gobierno denunciaron que un ex paramilitar había confesado que el magistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez estaba intentando enlodar al entonces Presidente. Una investigación de la Fiscalía calificó el episodio como un "vulgar montaje", cuyo único fin era desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.
A los pocos días de conocerse la denuncia de ’Tasmania’, sorpresivamente surgió otro testimonio que supuestamente respaldaba lo dicho por él. El 11 de octubre de 2007, en la sede del consulado de Colombia en Nueva York, el ex sargento del Ejército Eduin Guzmán fue entrevistado por varios medios de comunicación. De acuerdo con su declaración, los magistrados auxiliares de la Corte Iván Velásquez y Héctor Alarcón, quien adelantaba investigaciones sobre parapolítica en Antioquia, le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que implicara al presidente Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, en acciones delictivas. Al igual que ocurrió con ’Tasmania’, y en abril de 2008 con Suaza, altos funcionarios del gobierno retomaron las declaraciones de Guzmán y afirmaron que no solo eran muy graves, sino que demostraban que había un complot y un cartel de testigos contra Uribe. Guzmán tampoco hablaba con la verdad. "A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos. Y como yo estaba desesperado, pues dije lo que me dijeron que dijera. Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada. Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho conejo una vez, yo no me presté para volver a declarar", dijo Guzmán a SEMANA.
La Fiscalía investigó al fiscal Alarcón, gracias a lo dicho por Guzmán. Su conclusión, conocida a mediados de 2009, fue contundente: todo había sido "un montaje" contra el investigador de la parapolítica.
Durante tres años el gobierno de Uribe denunció la existencia de un cartel de testigos. Tenía razón: ’Tasmania’, Guzmán y Suaza son prueba de ello. Pero, a diferencia del discurso oficial, esos testigos trabajaban no para atacar al gobierno, sino como la punta de lanza de una conspiración para desprestigiar a la Corte Suprema.
 
***
Estas son las grabaciones que revelan cómo paramilitares desempeñaron un papel protagónico a favor del gobierno de Álvaro Uribe en su pelea contra la Corte Suprema.

Audio 1
"¿Cuándo te reúnes con Uribe?" (Escuche grabación aquí).
Esta conversación entre el ex paramilitar Ferney Suaza y Antonio López, alias ´Job´, lugarteniente de ‘Don Berna’, ocurrió el 25 de abril de 2008. El día anterior Suaza había declarado ante los medios de comunicación que supuestamente le habían ofrecido dinero para involucrar al entonces presidente Álvaro Uribe con paramilitares. Job: ¿Aló? Ferney Suaza: Que hubo mijo, ¿cómo está? Job:¿Dónde anda? F.S: Mijo, estoy por aquí por la Bonita. Job:¿O sea por la mía? F.S: Sí. Job: bueno. No viajó nada acá. F.S: Si vio noticias, ¿o no? Job: No. ¿Qué dijeron? F.S: No, pues ahí una entrevista hermano y todo el cuento. Job:¿Te entrevistaron dónde? F.S: Ahí, en donde estaba en el sitio, pues... Job:¿Pero en RCN o en Caracol? F.S: En las dos: Caracol, RCN, Teleantioquia, todo hermano. Job: Ah, eso está bien. ¿Cuándo te reúnes con Uribe? F.S: Pues... está... eh... en la tarde viene el Alto Comisionado, es probable, y posteriormente me dicen que para hacer un acercamiento con el presidente. Job: Al Comisionado no le diga que usted y yo hablamos, solamente al presidente, ¿oyó? F.S: Sí señor. Mijo, yo necesito hermano... mijo, necesito mirar cómo sacó la familia de allá hermano. Job: Listo, listo, yo coordino eso con mi amigo. Vaya buscando una casa. F.S: Bueno. Job: De todas maneras pidale al Gobierno pero vaya buscando una casa. F.S: Pero, pero, están, están, me llamaron ahorita pues y están como desesperaditos y todo el cuento hermano y ya me está preocupando esa vaina mano. Job: Busque una casa de una y me dice cuánto vale. F.S: Bueno señor. Job:¿Listo? Vea, de pronto, de pronto el amigo lo llama ahora. Si lo llama ahora, le sale. F.S: Listo, listo, listo. Job:¿Si se acuerda cuál? F.S: Pero yo necesito sacar a esa gente hermano... hoy es viernes... sacarla a más tardar mañana mano. Job: Hágale. Muévase ya, muévase ya y me dice cuánto es. F.S: Pues hermano... ¿qué hay que hacer? Los tiquetes aéreos y todo eso. Job: Y casa ahí en Medellín. F.S: Sí exacto. Sí mano. Job: Listo, dígame cómo es lo de los tiquetes, haga la reserva y yo le hago llegar la plata por la tarde. F.S: Listo, gracias hermano, chao pues.

Audio 2
"Aquí estoy con el Comisionado" (Escuche grabación aquí).
 Esta segunda conversación ocurre cuatro horas después de la anterior, a las 5:30 del 25 de abril de 2008. En ella el ex paramilitar Ferney Suaza le da un nuevo reporte a Antonio López, alias ‘Job’, y le cuenta que está con el entonces Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Ferney Suaza: ¿Qué hubo mijo? Job:¿Qué hubo mi viejo? No me contestabas. F.S: Sí, estaba por allá en Fiscalía, no he hablado con el man. Job:¿Sigue en la bonita? F.S: Sí, sí, sí. Por aquí estoy con el Comisionado. Job: Ah bueno, dígale que un abra... F.S: Él está en otro ladito pues. Job:¿Y qué te ha dicho? F.S: No, no, quedamos de hablar en un momento. Job: Ah bueno, yo estoy mañana allá. F.S: Que si siempre quería hablar con el presidente. ¿Vos que decís? Job: No, pues que él decide. Que el presidente decide. Dígale: No, el señor Presidente decide si es interesante, si es importante hablar conmigo o no. Cúrese en salud. F.S:¿Tú viste la cosa en el noticiero? Job: No mijo, he estado en un boleo. Pero venga, llámeme mañana temprano que voy a estar allá y hablamos. Llámame por ahí a las diez de la mañana. F.S: Listo mijo, bueno gracias. Job: Chao. F.S: Chao.
24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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otro subdirector del das delata a uribe


El testimonio de William Romero, ex subdirector de Fuentes del DAS. "El 1 conoció lo que hicimos".
[María del Rosario Arrázola /Juan David Laverde] Colombia. William Gabriel Romero Sánchez, el polémico ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, pieza angular de la investigación por el escándalo de las ‘chuzadas’ y seguimientos, ad portas de recibir el principio de oportunidad de la Fiscalía por sus delaciones y documentos aportados sobre toda la suerte de barbaridades en el organismo de inteligencia, tendría en sus manos la prueba reina de que el despacho presidencial no sólo conoció de las andanzas de detectives infiltrados en la Corte Suprema de Justicia, sino que la promovió y hasta extendió felicitaciones.
Un explosivo documento de 20 páginas elaborado por el DAS, ya en poder de la Fiscalía y conocido íntegramente por El Espectador, detalla cómo se configuró la misión de trabajo para penetrar la Corte, estrategias, "marco legal", uso de gastos reservados, protocolos para que la información clasificada que se recolectaba estuviera segura, así como las fuentes que la entregaban y, por último, la cadena de errores cometidos que los pusieron en evidencia y, obvio, todas las maniobras de las que echaron mano para tapar el escándalo que se venía y ‘legalizar’ las ‘vueltas’ de más de dos años de la más escabrosa cacería a los magistrados del alto tribunal.
En el aparte rotulado "Extensión de felicitaciones" se lee que entre mayo y julio de 2008 Romero Sánchez fue requerido por el despacho de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y ella le dijo a él y a otros funcionarios de la Dirección General de Inteligencia y Subdirección de Fuentes Humanas "que el 1 conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado, por lo tanto ella nos felicitaba por esa actividad y que extendía la felicitación a quienes adelantaban la gestión y que se mantuviera el apoyo económico a las fuentes humanas para mantenerlas motivadas".
Aunque no es explícito en el significado del número 1, más adelante, en el capítulo titulado "Requerimientos sensibles", da pista concretas sobre a quién se refiere. Allí se revela que el DAS ha obtenido expedientes y grabaciones sobre casos muy sensibles manejados por la Corte Suprema y que uno significativo "era el expediente del primo del 1", es decir, el del detenido ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Según Romero, se le pidió a la detective Alba Luz Flórez, encargada de espiar a la Corte, que ubicara a como diera lugar dicho proceso, pero pronto se percataron de que éste ya había sido remitido a la Fiscalía. La Dirección de Inteligencia dio la orden de que se pagara lo que fuera necesario.
La evidencia que hoy es valorada por investigadores judiciales y que se conoce como "Actividades recolectoras de insumos" aduce como soporte órdenes verbales para adelantar la famosa misión Escalera, como se denominó la infiltración de esta operación que inició en mayo de 2007 y cuyo responsable directo era la Dirección General de Inteligencia. En un recuento cronológico Romero Sánchez relata que a la subdirección de fuentes humanas le dieron instrucciones precisas para penetrar la Corte, como no se tenían fuentes para acercarse al blanco se ordenó ubicar un detective para reclutar espías y cumplir con el objetivo, porque "la demanda de información era prioritaria".
Es allí donde entra en escena Alba Luz Flórez, una cucuteña de 33 años, estudiante de sicología de la Universidad Católica de Bogotá, avezada escolta de las esposas de los ex ministros Horacio Serpa, Diego Palacio y Fernando Londoño, así como de Martha Lucía Ramírez y Cecilia MaríaVélez, quien ingresó al DAS el 25 de mayo de 1997 y que fue seleccionada por William Romero para llevar a cabo una de las más sofisticadas misiones en más de medio siglo de historia del DAS: conocer los secretos, salas reservadas, procesos y testigos que desfilaban por la Corte Suprema de Justicia por cuenta de los escándalos de la parapolítica y la farcpolítica.
Fue ella la escogida por su trayectoria en los esquemas de protección de altos funcionarios, su disposición laboral, "porque no está contaminada de las labores de inteligencia, es joven, es mujer, no ha ingresado a las dependencias de inteligencia, estudia psicología, tiene deseo de aprender, es decir, reúne los requisitos para lograr el éxito de las actividades", se lee en el reporte de William Romero. Para sustentar esta tarea se esbozan planes estratégicos institucionales y ley de gastos reservados. Se designa al oficial del caso, el detective Hamilton Nonato, y se le da su nombre encubierto: Mao.
La Subdirección de Fuentes pidió recursos al programa de apoyo económico para darle a Alba Luz un domicilio de fachada, simular ser vendedora de productos Omnilife y dineros para ‘consentir’ a sus fuentes. "En julio de 2008, por sus logros, se le asignó automotor y logística de punta". Fue en esas épocas en las que a través de las empleadas de servicios generales de la Corte, Yaneth Maldonado y María Torres, se empezaron a grabar las sesiones reservadas de la Corte y todo cuanto ocurría en el noveno piso en donde tenía su despacho el magistrado auxiliar Iván Velásquez y otros ocho que integraban la estructura de apoyo para investigar la parapolítica.
La orden fue muy clara: Alba Luz Flórez debía entregar cuatro informaciones de inteligencia mensuales y reclutar dos fuentes humanas. Los datos aportados por los espías de la llamada Mata Hari —su seudónimo era Samantha— o grabaciones eran tan detallados que tenían especificadas la hora y el minuto exacto en el que los magistrados dialogaban algún asunto de interés para la entidad. En algunos casos incluso párrafos enteros estaban resaltados. Los datos recogidos se enviaban en sobres cerrados a su oficial Mao a través de "correo humano" de manera compartimentada y se llevaba una planilla denominada "Registro de Producción". Sobre el proceso de difusión del material se hacían soportes escritos y a mano a la Subdirección de Análisis, se procesaba y se entregaba "en sobre sellado" con la síntesis del contenido a la Dirección de Inteligencia.
El ex subdirector de fuentes William Romero consigna en el documento que cuando había altibajos de sus espías "se mantenía el respaldo" y es así que se requirió el apoyo económico desde $500 mil "para iniciar la motivación" de las fuentes. Pronto los detalles eran tan suculentos que se exigía más dinero "por el esfuerzo y riesgo", y la plata se daba. "En algunas ocasiones, con el aval de la Dirección de Inteligencia, se patrocinaba el pago dos o tres veces al mes dado que superaban el monto mensual promedio del Programa de Apoyo Económico (PAE), lo cual demandaba suspicacias en el grupo de gastos reservados de la Subdirección".
Todo se coordinaba con el oficial del caso y se consignaba en un acta rotulada Costo-Beneficio que se entregaba para aprobación de los pagos. Una vez se desembolsaban estas partidas a las fuentes se les cancelaba personalmente y se recogían sus huellas para legalizar el formato de gastos reservados. "También parte de la motivación estaba en el apoyo de entregarle productos para la salud física de la fuente humana o de sus familiares cercanos. Pero lo fundamental fue el trato y el acompañamiento humano "de la detective Alba Luz Flórez con sus espías. A medida de que la manipulación hizo efecto, las fuentes de la Mata Hari por iniciativa propia aportaron datos y perfiles de otras potenciales fuentes para cercar más a su blanco: la Corte Suprema de Justicia.
A través de los policías Julián Leonardo Laverde, David García, Manuel Pinzón y las aseadoras Yaneth Maldonado y María Torres se obtuvo de todo, por ejemplo, grabaciones de reuniones de magistrados realizadas en el año 2008 así: el 25 de abril, 16 y 27 de mayo, 2 de junio, 2, 10, 17 y 31 de julio, 10 de agosto, 11 de septiembre y 17 de octubre. También otras del 21 y 23 de enero de 2009. Todas integralmente conocidas por El Espectador. En el explosivo testimonio de Romero, consignado en el documento entregado a la Fiscalía, se reitera que "el expediente del primo del 1" era una prioridad y que en vista de la importancia de la información clasificada se creó una "herramienta institucional que garantizara el pago" de estos datos "sin dejar un registro de huella de la fuente". Así se hizo a través de un soporte rotulado como "Acta de no huella".
El proceso de infiltración fue tan súbitamente exitoso que llovieron las felicitaciones. Según Romero, María del Pilar Hurtado se los hizo saber y les dijo que "el 1" conoció de todo y que había que seguir adelante. "Reuní al coordinador del Goca y los oficiales del caso para felicitarlos y enviar la felicitación al AC (código de la detective Alba Luz Flórez), quien a partir de esa fecha quedó postulada para que recibiera una condecoración especial por esos logros estratégicos en el evento del Día del D". Pero no todo fue dicha. En octubre de 2008, recordó Romero, de la Dirección de Inteligencia llamaron a la Subdirección de Fuentes para que no se continuara el trabajo, "porque alguien había cometido un error", quedaron expuestos y el espionaje en evidencia.
Por esas mismas fechas el entonces presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, le dijo a El Espectador que "el país debe saber en qué anda el DAS". Así se hizo, pero, reconoció Romero, que había dificultad de orden administrativo para no dejar rastro de esa recolección de información. Y se dispuso que para evitar "posibles resentimientos de las fuentes humanas era necesario mantenerles el apoyo económico por tres meses, lo cual fue aprobado". Entonces se dio la instrucción "de desaparecer todo el contenido de esas carpetas". Las fuentes se sacaron de la base de datos, se ubicaron seudónimos y se hizo parecer que la información que aportaban era para investigaciones en contra de las bandas criminales. Y se sacó información de internet para justificar los pagos realizados.
Fue así que el 1° de enero de 2009 se elaboró un documento reservado con la misión de trabajo Escalera, en el que se daban instrucciones precisas para combatir estas organizaciones delincuenciales y así completar la fachada para no dejar cabos sueltos. En esta orden de trabajo, sin embargo, se pedía "conocer ampliamente los puntos fuertes y debilidades de sus fuentes (los de la Mata Hari) con el fin de manipularlos y direccionarlos. Romero contó que sí habló con la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, para que pudiera llevarse a cabo todo este proceso "de suplantación de las huellas originales" de los espías para desaparecer sus registros".
Por seguridad, Alba Luz y William Romero dejaron copia de sus pasos y hoy esos documentos son los que acreditan la burda persecución del DAS a la Corte. Entre las perlas que soltó Romero en el documento, que divulga en exclusiva El Espectador, está que debido al escándalo desatado su deseo es colaborar con la justicia "en el proceso de las ‘Ch’". Él ya le entregó a la Fiscalía tres cajas con documentos, grabaciones y operaciones clandestinas de los detectives a su cargo. Los investigadores parecen no dar abasto con lo que allí hay. "Apenas se conoce el 1% de lo que se hizo", le dijo a este diario uno de ellos. Tanta tela por cortar que faltarían periódicos enteros para seguir revelando la Cueva de Rolando en que se convirtió el DAS.

24 de octubre de 2010
23 de octubre de 2010
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condenas por masacre de mapiripán


Condenan a dos ’paras’ por la masacre de Mapiripán. Los ex paramilitares Eliécer Manuel Romero Herrera y Humberto Antonio Aguilar Allian fueron condenados a 29 años y dos meses por la masacre de Mapiripán, Meta, por un juzgado de Villavicencio.
Colombia. El juez III Penal Especializado de Villavicencio consideró que la Fiscalía probó la responsabilidad de estos dos individuos en la masacre, y los condenó por los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y terrorismo en calidad de coautores.
De acuerdo con la investigación, entre el 12 y el 21 de julio de 1997, 30 hombres se desplazaron en avión desde Necoclí, Antioquia, hasta el lugar de los hechos, donde se unieron a un grupo de otros 150 paramilitares, que empezaron a cometer los asesinatos y hostigar a los miembros de distintos caseríos de la región.
Éste grupo de militantes de las Autodefensas, al mando de alias ‘René’, se desplazó hacia los sitios conocidos como Charras y Aguabonita, donde fueron asesinados José Ronald Valencia, despachador del aeropuerto, y de los particulares Sinaí Blanco, Antonio María Barrera, Edwin Morales, Alvaro Tovar Muñoz, y Jaime Pinzón.
A los dos procesados, que se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, se les concedió una rebaja en la pena por aceptar los cargos y acogerse a la figura de la sentencia anticipada.
 
La Masacre
La principal razón por la cual los ‘paras’ eligieron este municipio para llevar a cabo la matanza es por su privilegiada y estratégica situación geográfica: está sobre el Río Guaviare y tiene salida al Orinoco. Además para esa época, las Farc se lucraban allí con la bonanza del cultivo y la raspa de coca, negocio en el que siguen metidos hoy todos los grupos armados de la región.
Los hombres de Castaño, que desembarcaron ese julio de 1997 en Mapiripán con sus lanchas voladoras, tenían cómplices locales. Como ya se ha documentado desde varios días antes, los paramilitares de ‘Martin Llanos’, conocidos entonces como ‘Los Buitragueños’ hicieron inteligencia en el pueblo, y construyeron su lista negra. Estas autodefensas habían nacido desde los ochentas, como una reacción a la extorsión guerrillera.
Se habían nutrido de los diezmados ejércitos que tenía en los Llanos Orientales el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como ‘el Mexicano’, después de que él fuera muerto por las autoridades en 1989. Con el florecimiento del narcotráfico en Meta, el grupo de los Buitrago (padre e hijo) se fortaleció. También crecieron los caseríos en las riveras del río, que alojaron a raspachines y aventureros que vivían del próspero negocio. Nació Mielón, Mapiripán, Caño Jabón, El Búnker, Araguato.
Como las Farc tenían presencia desde el Meta hasta el Guaviare desde casi los setenta, había muchos colonos que simpatizaron con ellos en un principio y después, cuando se hizo un intento de paz en el gobierno de Belisario Betancourt, y se creó el partido Unión Patriótica, que se hizo fuerte en esas zonas de frontera agrícola. De ahí en adelante, con la persecución que desató Rodríguez Gacha (en complicidad con militares) contra las Farc, ya no se distinguió entre militantes pacíficos de la UP y guerrilleros de las Farc. Los colonos quedaron con el estigma de ser guerrilleros, sólo por simpatizar con la UP.
Y cuando nació el proyecto de las Auc, justo en ese mismo 1997, los intereses de Buitragueños y Accu coincidieron: la coca y la contraguerrilla, y entonces los hombres de Castaño llegaron a sellar la alianza con  sangre en Mapiripán
Luego de consolidar su proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, con Salvatore Mancuso, Vicente y Carlos Castaño, crearon en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Era un delirante proyecto de unir fuerzas con otras autodefensas en todo el país para exterminar a la guerrilla, y erigirse como un gran poder político nacional. Querían inaugurar su mesiánico proyecto con una incursión en el otro extremo de Colombia para todos entendieran con fuerza su mensaje.
Fue Mapiripán el escogido, pues allí demostraban que no temían atacar a las Farc en su retaguardia, y, de paso, les arrebataron una gran fuente de riqueza como era la coca, y la hicieron suya. Para lograrlo, acudieron al mismo método que les dio luego tantos resultados en todo el país: el terror. Exterminaron personas y se aseguraron que se supiera que era porque le habían vendido algo a la guerrilla, o habían transportado a un guerrillero, o simplemente porque había sido señalado como tal. Este primer paso aseguraba el desplazamiento masivo de todos los que no se quisieran someter a su dominio, y les dejó el campo despejando para montar su propio emporio ilegal, base de muchos negocios, la coca, en primera instancia, y después, palma, navegación, ganado, lo que fuera llegando.
Después del paso sangriento de los ‘paras’ por esa región lejana del Meta, la palma aceitera se extendió y han instalado varias plantas procesadoras. Y cuentan que Víctor Carranza, el famoso esmeraldero que ganó la guerra contra Rodríguez Gacha en la minas de Boyacá, y se hizo a una fortuna en tierras que atraviesan todo el Llano y que fue investigado y absuelto por crear ejércitos privados ilegales, tiene vivo un proyecto de navegación a gran escala por el río Meta, para ofrecer salidas a Brasil más baratas. Y se habla de nuevos hallazgos petroleros en potencia. Rumores, sin comprobar.
Lo que sí es comprobable y cierto, es que la incursión de las Auc por el Meta les abrió una nueva y enorme fuente de riqueza ilícita, la coca y les dejó a la mano varias oportunidades de riqueza a ellos y a sus aliados. Las Auc se desmovilizaron, pero en los Llanos sus jefes no se entregaron. Siguen cuidando sus negocios prósperos y algunos inclusive, se han acomodado a trabajar con las Farc.  
23 de octubre de 2010
22 de octubre de 2010
©verdad abierta
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