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se embrolla situación de mario uribe

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Una declaración del paramilitar ’el Tuso’ Sierra pone en más aprietos al ex senador Mario Uribe. La defensa dice que es una retaliación postrera de los extraditados.

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Colombia. Cuando está próximo a conocerse el veredicto de la Corte Suprema de Justicia sobre el ex presidente del Senado Mario Uribe, procesado por parapolítica, se conocen graves acusaciones que lo comprometen en más de un negocio con paramilitares.
Uribe, detenido en la cárcel La Picota desde febrero pasado, fue blanco de una extensa declaración rendida por Juan Carlos ’el Tuso’ Sierra, el temido ex comandante del bloque Héroes de Granada, ante un fiscal de Justicia y Paz que lo escuchó en una cárcel de Estados Unidos. El testimonio, revelado el viernes por El Espectador, produjo una tormenta política que tardará mucho en cesar porque, además de Uribe, otras personalidades resultaron salpicadas.
El mayor número de detalles que aportó el Tuso comprometen al ex presidente del Senado. En uno de los apartes, afirma que el senador "sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos", y pasa a relacionar una serie de negocios realizados entre ellos. Uno de estos fue la compra que le hizo el propio Tuso a Uribe de la finca La Palmira por 1.600 millones de pesos. Según narra el extraditado paramilitar, el pago se realizó en múltiples abonos en efectivo, para lo cual visitó a Mario Uribe en su oficina, en su apartamento y en lugares públicos de Medellín. Otras veces el dinero habría sido entregado a personas de la confianza del senador, como su hermano Víctor Horacio.
Para más señas, el Tuso contó que uno de los abonos se hizo en España, a donde viajó él mismo en compañía de Víctor Horacio, y que el anfitrión en Madrid durante 20 días de periplo fue Ignacio Guzmán, ministro consejero de Colombia en ese país. "Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?", dijo el paramilitar, quien explicó que aprovechó el viaje para hacer contactos a fin de llevar droga a Europa. Guzmán confirmó que efectivamente recibió a Sierra y al hermano de Mario Uribe, por solicitud del ex senador. El ex diplomático aseguró a La W que entonces desconocía quién era el Tuso y el motivo de su visita.
Además del negocio de la finca La Palmira, el paramilitar dice haberle cedido al congresista un apartamento en Medellín, el 801 en el edificio Saint Etienne, y a cambio haber recibido dos propiedades. El Tuso asegura que fue amigo y vecino de Mario Uribe y que tiene una relación escrita de los regalos que le hizo al senador, entre otros, una camioneta y un reloj de lujo.
Sierra habló también de otro tipo de relaciones. Dijo que en una ocasión Mario Uribe usó sus influencias como senador para reversar la orden de traslado del mayor de la Policía Francisco Rodríguez (supuesto colaborador de la mafia de Medellín). La mediación se habría hecho a instancias del entonces director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, quien habría atendido al senador desconociendo el trasfondo de la solicitud.
Como una "retaliación postrera" califica Gabriel Jaime Tobón, abogado del ex senador, los señalamientos del Tuso, que se suman a los hechos antes revelados en igual sentido por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, también desde una prisión de Estados Unidos. "Sorprende demasiado que esas declaraciones aparecen cuando el proceso en la Corte está por concluir. Hay una intención dañina y mancomunada que proviene de personas que fueron extraditadas por el presidente Uribe, primo del senador Mario Uribe", dice.
Por ahora, lo único claro es que la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía trasladará las declaraciones de Sierra a las instancias correspondientes, es decir, a la Corte Suprema de Justicia para que revise lo de Mario Uribe y al despacho del Fiscal General lo concerniente a ex generales y políticos mencionados por el paramilitar.
11 de octubre de 2010
9 de octubre de 2010
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felipe muñoz sabía todo

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Alba Luz Flórez, la ex detective que espió a la Corte Suprema, asegura que el actual director del DAS, Felipe Muñoz, se enteró de lo que ella hacía y trató de ocultarlo. Teme por su vida, pero no dice que quién la quiere muerta es su antiguo jefe, el presidente Uribe.

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Colombia. SEMANA: El actual director del DAS, Felipe Muñoz, dice que a usted no se le debe creer porque salió de la institución por tratar de robar recursos de los gastos reservados. ¿Qué le responde?
Alba Luz Flórez: Me extraña el procedimiento del doctor Felipe Muñoz, porque él tiene pleno conocimiento de lo que yo hice para el DAS. Él sabía de las acciones que se realizaron para tratar de encubrir lo que hoy sabe la opinión pública. Se lo contaba el doctor Wilson Puerto Cantor, director de la Oficina de Fuentes Humanas, a quien le manifesté que había que pagarles a las personas que nos ayudaron con la fuente. Todo el tiempo ha estado enterado.

Sin embargo, el director Muñoz dice que él ha ayudado a la investigación para conocer la verdad de este caso.
Todo lo contrario. Felipe Muñoz me ha perseguido. No comprendo, por ejemplo, por qué ahora entabla una denuncia penal contra mí por la entrega de información reservada a la Fiscalía. Él sabe plenamente que esa información es producto de los seguimientos. ¿Entonces, dónde se ve la disposición real de colaboración con la justicia? Posiblemente está escondiendo algo. Ese peculado que me atribuyó era para esconder esta verdad que hoy en día sabe todo el mundo.

¿De qué manera se ha sentido perseguida?
Recién se empezó a conocer lo que se había hecho en el DAS, Felipe Muñoz ordenó trasladarme varias veces para alejarme y callar a las personas que estábamos adelantando esas actividades en la Corte. Después, me declararon insubsistente y me hicieron ver ante la opinión pública como una delincuente. Luego, un agente del DAS llamado Jack Musikka Beltrán fue visto por testigos saliendo del DAS con publicaciones que me afectaban. Se reunió en su casa y en la de la señora Nubia Esperanza Castellanos, y repartieron en los 210 apartamentos del conjunto donde yo vivía información contra mí. Decían que soy una delincuente y una prostituta. Que la Mata Hari me quedó en pañales. Era una campaña de desprestigio contra mí.

Además de la campaña de desprestigio que usted señala, ¿se sintió en peligro?
Yo sentí que mi integridad física estaba en riesgo cuando empezaron a distribuir esa información. El DAS no utiliza este protocolo amenazante, sino que cambia su estrategia intimidatoria para provocarme temor. Decidí protegerme y ocultarme.

¿Y cómo se oculta?
Me disfrazo. Uso pelucas, utilizo a veces ropa de hombre. Son medidas de autoprotección, porque no cuento con ningún tipo de protección y me la estoy dando yo.

¿Creía que la iban a matar? ¿Es verdad que se vestía como indigente para que no la reconocieran?
Tenía mucho temor. Me decía: "Dios, van a acabar con mi vida, me van a matar, me van a callar". Sufría tanto que decidí no volver a mi casa sino quedarme en lugares diferentes y vestir como una indigente para ocultarme. Yo veía a un habitante de la calle comiéndose un pan y deseaba ser él, que solo tenía ese pan pero estaba tranquilo. Yo, en cambio, estoy perseguida, amenazada y sola.

¿Dónde dormía? ¿Qué comía?
En hoteles para personas muy pobres. No podía ir a mi casa. Estuve varios días sin comer. Tampoco me daba hambre. La crisis era tan terrible que no podía comer. Solo pensaba en que me iban a matar en cualquier momento. Pensaba mucho en mi familia, en mis seres queridos.

En medio de esa desesperación siempre quedaba la puerta de la justicia para contar lo que había pasado. ¿Contempló esa posibilidad?
Claro, yo hablé con William (Romero, ex director de Fuentes Humanas del DAS). Le dije: "Busquemos ayuda". Él me decía que no había nada, y yo respondía que no podíamos subestimar la labor de la justicia. Decidí ir directamente a donde el doctor Misael Rodríguez, el fiscal que lleva la investigación, y le dije: "Yo soy la que están buscando". Le dije: "Estoy acá para contarle lo que ha pasado". También le dije que sobre las fuentes no podía dar información, porque eran personas que yo manipulé. Les garanticé que nada les iba a pasar, que las iba a proteger.
Él me manifestó que no había manera de protegerlas con el silencio, porque tenía muchísima información de los que le ayudaron. Me dijo: "Si usted quiere realmente colaborar con la justicia, tiene que decir toda la verdad". Fue algo terrible. Yo prefería morirme antes que delatar a esas personas.

Para cumplir su misión usted reclutó al mayor de la Policía Frank Grijalba, coordinador de seguridad de la Corte Suprema, a dos señoras de los tintos, al conductor y a uno de los escoltas del magistrado Iván Velásquez, y usó como contacto a un ex novio suyo, el mayor Julián Laverde. ¿Qué ha sabido de él?
Lo último que supe es que empezó un proceso disciplinario en su contra y que posiblemente lo destituyeron, pero no he podido saber de él. Me preocupa mucho su situación. No solamente la de él, sino la de María y la de Yaneth también. María pasó unos momentos terribles. Cuando yo vi que María estaba en el hospital, sentí mucho dolor. Sentía remordimiento al pensar que ella estaba sufriendo por mi culpa. Durante varios días no pude conciliar el sueño por lo de Betty (nombre clave en la operación)… y por lo de Yaneth.

¿Y qué supo de María, que hasta hace unos días servía café en la Sala Penal de la Corte?
Que estuvo muy agobiada, muy angustiada. Me sentí muy mal cuando la oí decir en las noticias que yo había llegado como un ángel, pero que no se imaginó que era un ángel para embrutecerlos, decía ella. Me sentía culpable y le he pedido a Dios que me dé la oportunidad, algún día, de mirarlos a los ojos y pedirles que me perdonen porque todo ese sufrimiento que están llevando en sus espaldas es por mi culpa. Yo quisiera hablar con ellos, pero pienso que en este momento me deben odiar.

Usted es una mujer joven y atractiva; aprovechó una antigua relación sentimental para acercase a su blanco. ¿Hasta dónde estaba decidida a llegar para cumplir su misión?
Pues sí… Estuve a punto de estar otra vez con Julián, a pesar de que ya no lo quería. Lo estimaba mucho, pero no era el hombre que amaba. Fue algo extremo a lo que estuve dispuesta con tal de dar resultados. Necesitaba hacer eso: conquistar a Julián, que él me colaborara. Y me favoreció que ya lo hubiera conocido. Pero no es fácil acercarse a una persona por la cual ya no se siente nada.

Algunos implicados que estaban arriba en la cadena de mando del DAS dicen que a usted la mandaron a conseguir información, pero no a grabar, que eso fue algo que hizo por su propia cuenta. ¿Qué les responde?
Es ilógico pensar que un detective con un salario básico de 1.200.000 pesos vaya a actuar por su cuenta. ¿De dónde salen los dineros que se les dieron a las fuentes? De los gastos reservados. ¿Con qué se pagó mi fachada como vendedora de productos Omnilife y estudiante? Mi jefe me dijo: "Necesitamos grabaciones de lo que se discute al interior de la Corte". ¿Cómo alguien con ese sueldo puede conseguir una grabadora que cuesta millones de pesos?

¿Por qué dice usted que vale tanto esa grabadora?
No es cualquier grabadora, es un aparato de una tecnología impresionante. Mide más o menos tres centímetros de largo y tres milímetros de grosor. Es muy fácil de camuflar. Puede grabar a grandes distancias. Es una grabadora de espionaje.

¿Quién le entregó a usted ese equipo?
Mi jefe, el señor William Romero, me los envió a través de mi oficial del caso, y después me dijo: "Mira, estas son grabadoras de larga duración, no hay ningún problema con ponerlas dos o tres horas antes, para que no despierten sospechas y se pueda grabar lo que más se pueda". Más o menos tenía un cubrimiento de seis horas, suficiente para una sesión de la Sala Plena o la Penal.

¿Cómo recibió la orden para esta misión, llamada Plan Escalera?
El señor William Romero me dijo: "He estado reunido con la doctora María del Pilar y con el doctor Fernando Tabares, y me manifestaron que necesitan personal para que adelanten estas actividades en la Corte. Actividades de espionaje a la Corte, por unos posibles nexos que existen de grupos al margen de la ley con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
Después vino una orden institucional y se definió la misión. No decía el blanco como tal -Corte Suprema de Justicia-, porque es un trabajo de encubrimiento, sino se denominaba ’Bacrim’. Pero el objetivo final era buscar información privilegiada en la Corte Suprema de Justicia.

En su interrogatorio usted dice que en 2008 recibió la instrucción de llevar información sobre el proceso por parapolítica contra el senador Mario Uribe, luego ahí no se estaba investigando ninguna relación de los magistrados.
Sí, claro, pero es que yo no puedo cuestionar ese tipo de órdenes, porque vienen de mi superior. Si no las cuestiona mi jefe, ni la doctora María del Pilar, por qué yo, que soy el último eslabón, iba a hacerlo. Yo no podía indagar, sino tenía que cumplir. En el DAS se maneja un principio de compartimentación que consiste en que el detective solamente debe enterarse de la información que le compete.

Una vez recibe la orden, ¿usted decide autónomamente la estrategia?
No, toda la estrategia es consultada con mis jefes. Como era una oficina de Fuentes Humanas, se basaba en el reclutamiento de fuentes efectivas que nos suministraran información privilegiada. La coordinación de las grabadoras y todos los expedientes que se debían sacar y toda la información que se debía recolectar ya era hablada con mi jefe, y mi jefe a la vez con sus superiores. Fue un trabajo sistemático, organizado y orientado.

En algún momento en su declaración cuenta que le dijo a uno de sus reclutados: "Usted no trabaja para la Corte Suprema de Justicia, todos trabajamos para el presidente de la República". ¿Usted sentía que estaba trabajando para el presidente?
Es que el presidente Álvaro Uribe era mi ídolo y yo, como funcionaria del DAS, como mujer de Inteligencia, tenía que ser fiel a mi institución y a lo que tenía que ver con seguridad nacional. Cuando uno ingresa al DAS o a la Policía, como que le implantan el chip de la seguridad nacional. Yo sentía eso y se lo hacía sentir a ellos. Es que es la seguridad nacional, es el Presidente. Yo lo sentía así.

¿Su relación se limitó a su jefe?
A mi jefe y a mis oficiales de caso. Hasta ahí llegó.

¿Usted no puede dar constancia de que la orden venía de María del Pilar Hurtado?
Doy constancia, porque eso era lo que me manifestaba mi jefe, "que la doctora María del Pilar está contenta con su gestión, y Tabares". Pero nunca, en ningún momento, tuve reunión con ella.

¿Solo cuando SEMANA destapó el caso de las ’chuzadas’ usted descubrió el alcance de lo que había hecho?
Fue un momento terrible. Nunca me imaginé que fuera a salir a la luz pública todo esto. Nadie esperó eso. Yo sentía que me iba a enloquecer. Me llamó un compañero y me dijo: "Alba, aquí llegó la Fiscalía con nombres propios: Samanta, su seudónimo, Alba Luz y su clave 1066 y sus carpetas operativas, administrativas, las personas que trabajamos en el Plan Escalera". Fui y busqué a mi jefe, William Romero, y le dije: "Mire este problema tan terrible", y me contestó: "Sí, yo me enteré, pero no hay nada. Nosotros ocultamos la identidad de las fuentes", me dijo. Entre otras cosas, yo había entregado los números de las líneas de los magistrados y los investigadores. Cada vez que ellos cambiaban de teléfono, el DAS lo sabía.

¿Y a quién le entregaba esa información?
A mi jefe, al señor William Romero. Él me manifestaba que esa información no se desviaba sino que los únicos receptores iban a ser la doctora María del Pilar y el Presidente. Ahora me doy cuenta de que mi información alimentaba muchas áreas de Inteligencia.

Usted está en el programa de protección a testigos. ¿La están protegiendo efectivamente?
No, señor. Hace aproximadamente un mes la señora Fanny, del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, me hizo la entrevista, me manifestó que se me iba a hacer un estudio del nivel de riesgo de mi condición. Pero hasta ahora, no hay nada.

¿Es cierto que usted sacó del país unos documentos para protegerse?
Sí, eso es verdad. Lo hice porque William me dijo: "Alba, se dio la orden de destruir". Entonces los dos dijimos: "¿Por qué destruir? Si llega a pasar algo, ¿cómo podemos manifestar lo que realmente sucedió?". Entonces él me dijo que como la situación estaba tan complicada hiciéramos un backup ante alguna eventualidad. "Guardemos esto, y que sea como un comodín, como un seguro de vida, como un seguro de salvación para un proceso judicial o algo así".

¿Usted conserva todavía esas copias en lugar seguro?
Se las entregué a la Fiscalía, y les hice un backup que está en un lugar seguro.

¿Y si a usted le llega a suceder algo?
Hay instrucciones precisas, y la justicia conoce esos documentos.

¿Qué piensa del remoquete de Mata Hari que le puso la prensa?
Yo soy Alba Luz. No me pueden comparar con nadie más. Yo soy única. Además, la Mata Hari murió en una forma terrible, fusilada. No quiero que me comparen con ella. No me merezco eso. Llámenme Samanta, Alba Luz, como soy yo, por favor.
11 de octubre de 2010
9 de octubre de 2010
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bloque élmer cárdenas no volverá

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Los desmovilizados de este grupo paramilitar no colaborarán más con la justicia, incluido su jefe Fredy Rendón Herrera, alias ’el Alemán’, quien dijo que la inseguridad jurídica y la falta de voluntad del Estado no les ayuda a la compilación de información de crímenes del pasado.

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Colombia. Alias ’el Alemán’ anunció que el Bloque Elmer Cárdenas tampoco volverá a comparecer a los tribunales de justicia ordinaria.
La poca claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones llevaron a Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.
"Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos", le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.
"Llevamos cuatro años y hemos hecho un trabajo durante este tiempo que muestra avances, pero hoy nos toca decir que hay que hacer un alto en el camino porque el Estado colombiano no nos está posibilitando nada e incumple todo lo acordado", afirmó alias ‘el Alemán’, quien anunció, además, que otros miembros de bloques paramilitares tomarán en próximos días la misma decisión.
Uno de los motivos de esta decisión fue la restricción impuesta al parecer por el Gobierno Nacional a determinadas visitas y encuentros con personas que les están ayudando a recopilar información de los doce años del Bloque Élmer Cárdenas en una vasta región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano, así como en Cundinamarca.
"Se nos está exigiendo información detallada, pero nadie tiene los datos guardados en la casa. Se necesitan hacer llamadas, buscar gente, para que se acuerden como fueron las cosas. Pero el Estado nos prohíbe recibir a esas personas que nos están haciendo la compilación", explicó el ex comandante paramilitar, quien en varias ceremonias colectivas lideró en el 2006 la desmovilización de 1.538 integrantes de sus estructuras.
En su exposición dijo que tenían ubicados entre 400 y 500 desaparecidos, no sólo del accionar del Elmer Cárdenas sino de otros grupos paramilitares que estuvieron en zonas que posteriormente ocuparon los hombres comandados por alias ‘el Alemán’, y habían elaborado una lista de más de 600 coordenadas de sitios para desarrollar las búsquedas de los cadáveres.
"Pero el Gobierno lo que hace es prohibir esas reuniones", reiteró Rendón Herrera y agregó que no veían en el Estado colombiano voluntad alguna para facilitarles a los paramilitares recluidos en las cárceles las herramientas necesarias para compilar la información y entregarla a las familias afectadas y a la sociedad colombiana como un gesto de reconciliación.
Otro de los motivos que llevaron a los ex integrantes del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU es la inseguridad jurídica que, según ellos, crea en estos momentos la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que ya cumplió su vigencia y no ha sido ni actualizada ni renovada ni prolongada por el Congreso de la República.
"Yo soy responsable por más de 600 delitos cometidos fuera de combate y hoy no me cobija la ley", afirmó alias ‘el Alemán’ y criticó la manera cómo se ha manejado el tema, pues según él, se sigue mostrando el proceso como exitoso y percibiendo recursos de la comunidad internacional para adecuar salas de versiones y facilitar las transmisiones.
"Escuchamos al presidente Juan Manuel Santos y a otros funcionarios decir que lo mejor es deponer las armas, pero eso es una burla, una mentira, porque no hay seguridad jurídica para una persona que se desmovilice bajo ese engaño", indicó el ex paramilitar y entregó datos concretos sobre los paramilitares: "en la cárcel de Itagüí hay 260 miembros de las autodefensas desmovilizados quienes hoy no saben si a los ocho años cumplidos, así no hayan terminado sus versiones, saldrán o no saldrán libres".
Esa inseguridad jurídica llevó a alias ‘el Alemán’ a proponerle al Gobierno Nacional, al Congreso y a la Fiscalía General de la Nación a definir los términos del trato que se les seguirá dando, "si como desmovilizados o delincuentes comunes", y de paso se preguntó: "¿cómo seguir asistiendo a estas versiones, donde ya hemos confesado casi unos mil hechos de acciones fuera de combate, constreñimientos, desplazamientos, cobro de peajes financiación por parte del narcotráfico, requerimientos financieros a finqueros, comerciantes y a la industria maderera, cuando la ley no nos cobija?".
A ello le sumó el mal trato que al parecer están recibiendo los paramilitares presos en distintas cárceles del país, en particular en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde él está recluido: no hay condiciones carcelarias, hay un gran hacinamiento en nuestras penitenciarias, tres o cuatro muchachos duermen en una celda, la alimentación es extremadamente mala y el trato es como si fuéramos capturados, pero nosotros vinimos de manera voluntaria".
Otra de las razones expuesta por Rendón Herrera para suspender la comparecencia a las versiones de Justicia y Paz, así como a la justicia ordinaria, se centra en la inseguridad personal y familiar que afrontan desde hace varios meses, y en la postura de la Fiscalía General de la Nación, que al parecer descartó las intimidaciones.
"Algunos organismos de seguridad han manifestado la preocupación inminente por atentados en contra de nuestras vidas, o de algunos familiares nuestros, pero con sorpresa recibimos de la Fiscalía General de la Nación que nos responde por escrito en días pasados que esto es un remanso de paz y no encuentran que nosotros tengamos algún tipo de peligro por estar en este proceso", indicó alias ‘el Alemán’, y agregó que las amenazas se han incrementado.
Finalmente expuso otra de las razones para suspender la asistencia a los estrados judiciales: la falta de resultados contra todos aquellos que han denunciado en sus diferentes versiones como colaboradores de la causa paramilitar. "Venimos desde hace tiempo señalando a terceros, hemos juramentado esas versiones, señalando a quienes han tenido responsabilidad, porque no yo pude haber actuado solo, pero eso tampoco avanza".
Las amenazas en contra de alias ‘el Alemán’ se han recrudecido desde el pasado mes de julio, cuando comenzaron a llegar mensajes intimidatorios a través de sus abogados. De acuerdo con Carlos Castañeda, uno de los juristas que asiste al ex jefe paramilitar, los textos dicen que se calle, que deje de hablar en Justicia y Paz, y que las personas que otrora fueron sus aliados en las zonas donde tuvo alguna participación podrían convertirse ahora en sus enemigos.
Tras exponer ese conjunto de motivos durante la audiencia de versión libre, Rendón Herrera reiteró la decisión de él y de los hombres que estuvieron bajo su mando de no volver a comparecer ante la justicia, y anunció que oficializaría su decisión a través de un escrito que presentará en los próximos días ante la Fiscalía Delegada 48 de Justicia y Paz, la Coordinación de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, y al Gobierno Nacional.
"No quisiéramos parar, pero hoy nos vemos obligados a decir no vamos más en lo que corresponde al Bloque Elmer Cárdenas. Y vienen parando otros bloques porque ya están sin herramientas para seguir adelante. Así que comenzará paulatinamente a pararse el proceso de Justicia y Paz a nivel nacional", vaticinó el ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU.
8 de octubre de 2010
©verdad abierta

tuso sierra salpica a medio mundo

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Las confesiones de un narcotraficante. El Espectador revela la declaración que le entregó a Justicia y Paz el extraditado paramilitar. Salpica a políticos, generales y otras autoridades.

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Colombia. "Ser amigo de la ‘Oficina de Envigado’ era estar in". "Se trabajaba en llave con el CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía". "El contacto en la Policía era el mayor Francisco Rodríguez, quien fue asesinado en la guerra contra ‘La Terraza’". "Había uno al que se le pagaban $28 millones, el coronel Luis Alberto Moore Perea". "El general Mario Montoya era de la nómina de la ‘Oficina’. No me consta, pero oí hablar de $20 millones". "Yo entraba a la Gobernación de Antioquia como Pedro por su casa, pero no como Job a la Casa de Nariño".
Estas revelaciones forman parte de la extensa versión que el pasado 20 de septiembre, desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, dio a una fiscal de Justicia y Paz el extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra. Vestido con uniforme a rayas verdes y blancas, rapado y contando chistes, El Tuso contestó una a una las preguntas de la fiscal. Al principio parecía olvidar detalles, pero pidió un café y dijo: "El cafecito es una bendición, le va abriendo a uno la memoria". A renglón seguido, en relación con ‘amigos’ que lo habrían olvidado dijo: "El muerto y el preso a los tres días huelen maluco".
Entonces se despachó. Expresó que el capo y mandamás del paramilitarismo, Diego Murillo, alias Don Berna tenía una ONG, que a su vez contaba como asesor político con el ex viceministro de Trabajo Augusto Pineda. El hijo del político Pineda oficiaba como abogado de los desmovilizados de Antioquia. También mencionó a Hernán Gómez como asesor de Carlos Castaño y añadió que en los tiempos de la alcaldía de Sergio Naranjo, en Medellín, todos los ‘paras’ ayudaron a elegir como concejal a Diego Arango. La orden fue votar por él. Ya en tiempos más recientes, la historia se repitió con Rocío Arias. Ahí hubo —dijo— "constricción (sic) al votante, como dicen los abogados". La fiscal lo corrigió: "Constreñimiento al elector".
El Tuso subió el tono de sus acusaciones. Contó que la presión a la gente no se hacía con amenazas sino con mercados, útiles, fiestas, juguetes y hasta brigadas de salud. En una ocasión en las comunas el Día de la Madre se compraron 10 mil juegos de cubiertos plásticos. El dinero para financiar estas ‘vueltas’ salía de donaciones hechas por los hermanos Gallón Henao (reconocidos caballistas, uno de ellos condenado por vínculos con las autodefensas), Luis Hernando Gómez, alias Rasguño; Dagoberto Giraldo, alias Perchi, Nicolás Bergonzoli, viejo conocido del cartel de Cali, y Rodrigo Tamayo, ex presidente del Deportivo Independiente Medellín, también procesado por lavado de dinero.
Afirmó El Tuso que con estos regalos a manos llenas amarraban votos, que una vez repartieron cuadernos que en la carátula tenían la foto de Rocío Arias, condenada por parapolítica, al lado de Don Berna. Entonces recordó una anécdota en la que Arias le dijo a Murillo que lo querían tanto en las comunas que en las casas había una imagen de él al lado del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio López, alias Job, Carlos Mario Ochoa, Douglas, Memín, Guayo, Negro Elkin y Plomo Benítez, seguían las instrucciones ‘electorales’ de Don Berna. La elección de Arias al Congreso estaba asegurada porque también era íntima de Ernesto Báez.
En términos generales, la ‘Oficina de Envigado’ trabajaba a sus anchas y en llave con las autoridades. Ante la pregunta de la fiscal de cómo lo lograba, El Tuso contestó: "Con platica". Y añadió que los pagos para corromper los manejaba Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, un ex integrante de la Fiscalía que se entregó a la DEA en Argentina y hoy cuenta, como Sierra, sus verdades como delincuente en Estados Unidos. El capo Sierra dijo que en la Fiscalía de Medellín contaban con la colaboración de Úber Duque. "A él y a sus trabajadores se les pagaban $5 millones mensuales". En la Policía ocurría igual. El contacto era el mayor Francisco Rodríguez, asesinado en un ajuste de cuentas de la mafia.
Y en la nómina de la ‘Oficina’ había desde coroneles hasta policías rasos. Entre ellos, dijo Sierra, el entonces coronel Luis Alberto Moore, quien alcanzó el grado de general y pasó al retiro hace poco. De Moore, el capo relató que los supuestos $28 millones que se le giraban se los entregaba Dagoberto Giraldo, la oficina de cobro y él mismo, a cambio de información de operaciones, allanamientos o colaboración con traslados. Por ejemplo, El Tuso contó que en el municipio de Andes había un capitán Bonilla que molestaba mucho, y a petición de ellos lo mandaron para Frontino.
En alguna ocasión, al mayor Francisco Rodríguez lo trasladaron para la Dijín en Bogotá y entonces fue necesario acudir al senador Mario Uribe Escobar, quien logró que lo devolvieran para Medellín, donde fue clave para las operaciones de la ‘Oficina de Envigado’. El extraditado narcotraficante manifestó que el congresista fue a donde el director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, para mediar por el oficial —quien se ganaba $5 millones con los ‘paras’— y aclaró que si bien Gilibert desconocía los motivos del traslado y sólo quiso ayudarle de buena fe al congresista, por el contrario Uribe Escobar sí sabía que estaba ayudando a ilegales. "No a las autodefensas, sino a mí, y él sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos".
Por su rango, Rodríguez no podía asumir como director de una unidad élite antiterrorista en Medellín, pero lo dejaron encargado porque, al decir de El Tuso, "con rosca todo se puede". Pero no sólo estaba la Policía. Según el ‘narco’, en la IV Brigada del Ejército también le ayudaban, señaló al general Mario Montoya como parte de esa nómina y manifestó que recibió información de operativos.
Otro de los salpicados fue el coronel Augusto Betancur, quien llegó a ser director del DAS en la capital de Antioquia, y también echó al agua a un coronel de apellido Forero, de quien resaltó tenía estrechos vínculos con ellos, al punto que El Tuso le dio $108 millones para, presuntamente, montar la emisora en el Batallón Cacique Nutibara.
Sobre el detenido Mario Uribe expresó además que le hizo muchos favores. Por ejemplo, la compra de la finca La Palmira, en Andes, por $1.600 millones, que El Tuso le entregó después por una deuda de mafia a Miguel Ángel Mejía, alias El Mellizo. Añadió que le pagó a Mario Uribe por cuotas en efectivo, en su apartamento, en su oficina y en sitios públicos de Medellín y a personas que trabajaban con él, como su hermano Víctor Horacio. Y recordó que en el transcurso de esa transacción viajó con este último a España y allá le hizo otro abono en pesetas.
Dijo que en Madrid los recibió Ignacio Guzmán, ex cónsul de Colombia en Miami y alfil de la Gobernación de Antioquia en tiempos de Álvaro Uribe Vélez. "Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?". Agregó que el motivo de su viaje, que se extendió por 20 días, fue establecer contactos con españoles para envíos de droga. Pero aclaró que Víctor Horacio fue ajeno a estas ‘vueltas’. En cambio sí señaló a Mario Uribe con otros negocios.
Por ejemplo, dijo que con la compra de la finca La Palmira, Uribe adquirió otro predio en el Cañón del Cauca, llamado Marichú, y aseveró en tono burlón que ese negocio se hizo con todos los papeles en regla. Que luego El Tuso le cedió un apartamento en Medellín, el 801 en el edificio Saint Etienne, y a cambio recibió uno en Andes, en una torre que había construido el senador, y otro en Medellín. Luego reconoció que fue vecino del ex congresista, que en una ocasión le regaló una Toyota burbuja y un montero Mitsubishi, así como un reloj de US$600 marca Raimond Weil. "Esos negocios los tengo en una contabilidad, que no es como la del almacén Éxito, doctora, sino en papeles". Sostuvo además que un empresario identificado como Luis Fernando Muñoz, alias Millos, quien le lavó dinero, era socio de Ignacio Guzmán y él sabía "de los negocios ilícitos de Millos".
Por último, El Tuso Sierra arremetió una vez más contra Mario Uribe, manifestando que le ayudó en campañas políticas antes de 2002 con pancartas, propaganda y camisetas. Que un día en que Uribe "necesitaba moverse rápido" hacia Andes y Jardín le puso un helicóptero que valía la hora entre US$700 y US$1.000. "Político que se respete no gasta plata". Las confesiones de Sierra no dejaron títere con cabeza y el siguiente en la lista fue el congresista Óscar Arboleda Palacio. De él recordó que en el suroeste de Antioquia se imprimieron camisetas en las que por un lado estaba la cara de Mario Uribe y por la otra la de Arboleda. Y no sólo eso. Arboleda financió su campaña con algunas rifas y El Tuso le compró muchos talonarios. Al congresista lo conoció, según relató el ‘narco’, a través del ex viceministro de Justicia Francisco Zapata.
En ese momento rememoró que durante la gobernación de Alberto Builes se movía en su despacho como Pedro por su casa. "Pero no como Job en la Casa de Nariño", porque, según él, aunque entraba por el sótano subía por el ascensor del gobernador. Y soltó otro dato, que recomendó al abogado Sergio González —el investigado defensor de Tasmania— para ser revisor fiscal en Corantioquia. Para tal fin contó con la ayuda de Mario Uribe y Óscar Arboleda. Al final de su confesión dejó una perla más: habló de una reunión entre Rogelio y Mario Uribe a la que asistió en calidad de subdirector de El Colombiano Sergio Fajardo. Fue la época en la que Carlos Castaño ordenó secuestrar políticos y había una orden para hacerlo con Mario Uribe, por lo cual El Tuso se vio obligado a interceder.
Juan Carlos Sierra añadió que se hablaba de unas grabaciones en las que supuestamente se relacionaba a Fajardo con la banda de ‘La Terraza’ y por eso lo querían matar. Después, confesó El Tuso, en ese encuentro se aclaró el malentendido, pues no era Fajardo quien aparecía en las citadas conversaciones. "Mario mandó llamar a Sergio para aclarar la situación con Rogelio".
El Espectador se comunicó con varios de los mencionados (o sus defensores) por El Tuso Sierra. El congresista Óscar Arboleda aceptó que conoció al narcotraficante, pero que sólo se encontró con él en dos o tres ocasiones en un lavadero de carros en la avenida Las Vegas en Medellín, donde le hacían aseo a su vehículo. "Mi hoja de vida ha sido limpia. En este río revuelto todo el mundo quiere pescar", enfatizó. Entre tanto, el abogado Gabriel Jaime Tobón, defensor de Mario Uribe, aseguró que el testimonio de El Tuso esta "imbuido de venganza". "No deja de sorprendernos que estas declaraciones se produzcan en las postrimerías del proceso que se le adelanta en la Corte a Mario Uribe. Me parece que le están cobrando la extradición que autorizó su primo, el entonces presidente", advirtió Tobón.
A su turno Sergio Fajardo, sin dar mayores detalles, sostuvo que hará un pronunciamiento de fondo en las próximas horas. De otro lado, en muchas ocasiones el general Montoya ha reivindicado su inocencia cuando lo han relacionado con grupos ilegales. En todo caso las delaciones de El Tuso deberán ser examinadas por la Fiscalía, aunque muchos de los mencionados han servido desde la orilla de la oficialidad y jamás han tenido líos judiciales.
8 de octubre de 2010
©el espectador

mató a once civiles por recompensa

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El mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona fue capturado por la Fiscalía tras estar implicado en la ejecución extrajudicial de 11 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

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Colombia. La Fiscalía detuvo al oficial del Ejército el mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona, implicado en la ejecución extrajudicial de 11 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, informaron fuentes judiciales.
El mayor fue arrestado en Medellín por investigadores de la sección de la Fiscalía General.
La entidad judicial explicó en un comunicado que el oficial afronta un proceso bajo cargos de "homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario), desaparición forzada agravada y concierto para delinquir".
Céspedes fue encausado por su presunta responsabilidad en la desaparición y la muerte en el 2007 de 11 jóvenes de Toluviejo, localidad del departamento caribeño de Sucre.
Las víctimas, de 16 a 28 años, habían sido contactadas previamente por civiles para "supuestas labores agrícolas en fincas de Córdoba (departamento de la misma región) y Sucre", indicó la Fiscalía, que señaló que estas personas ofrecían salarios mensuales de hasta 750.000 pesos.
Los reclutadores "los citaban en diferentes lugares, donde eran ejecutados", agregó la Fiscalía, que indicó que las autoridades hallaron y entregaron a sus familiares los restos de 10 de las víctimas.
La víctima que sigue desaparecida es un menor de 16 años.
El caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Fiscalía General, que también ordenó la captura del coronel retirado Luis Fernando Borja Aristizábal.
Por la época de los hechos, Borja, de cuyo paradero no se informó, ejercía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, de la que Céspedes era segundo comandante.
La Fiscalía recordó que varios de los reclutadores fueron condenados, algunos de ellos a penas de hasta 25 años de prisión.
El caso es uno más de los llamados "falsos positivos", como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios, como días de descanso.
7 de octubre de 2010
©semana

don berna y sevillano hablarán

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‘Don Berna’ y ‘Pablo Sevillano’ hablarán en investigación contra Dilian Francisca Toro. Los dos ex jefes paramilitares fueron citados por la Corte Suprema como testigos en el proceso por parapolítica contra la senadora del Partido de la U.

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Colombia. El 12 y 13 de octubre Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ y Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, ex jefes paramilitares extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en mayo de 2008, tendrán que dar su testimonio en la investigación que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra la congresista del Valle Dilian Francisca Toro por presunta parapolítica.
La Corte abrió una investigación contra Dilian Francisca Toro en julio de 2008 por supuestos nexos con las autodefensas. En conversación con VerdadAbierta.com, la senadora Dora indicó que ninguno de los jefes paramilitares citados a testificar en su investigación había hablado contra ella. "Es una cosa rutinaria, a todos los jefes paramilitares les van a preguntar si me conocieron", dijo.
Un artículo de la Revista Cambio de noviembre de 2008, cita fuentes cercanas a la investigación, quienes aseguraron que la dirigente política vallecaucana tuvo presuntos vínculos con los jefes de los bloques Calima, Hebert Veloza, alias ‘HH’ y Guillermo Pérez, alias ‘Pablo Sevillano’, jefe del Libertadores del Sur de las Auc, que tenían como centro de operaciones a Valle y Nariño.
Según la fuente citado por Cambio, estas relaciones se extendieron a Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’ y a Carlo Jiménez, alias ’Macaco’, quienes según el testigo ordenaron apoyos a la congresista en otras regiones del país.
El testigo de Cambio se refirió a presuntos votos atípicos que obtuvo la senadora en el Valle en las elecciones de 2006, así como en Cerro de San Antonio, un municipio de Magdalena donde ‘Jorge 40’ delinquía en ese momento.
’H.H.’ sin embargo afirmó en una entrevista con El Espectador que "No la conozco (a Dilian Francisca Toro) y sólo la he visto por televisión. En ningún momento se reunió conmigo".
Dilian Francisca Toro denunció en agosto pasado que dos paramilitares conocidos con los alias de ‘El Cabezón’ y ‘Romario’, le dijeron "que iban a declarar ante la Corte (Suprema de Justicia) porque había un senador que les estaba dando 150 millones de pesos para que me metieran a mí". La política añadió que los dos ’paras’ le pidieron 200 millones de pesos para quedarse callados y no dar su testimonio a la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2009 ‘Don Berna’ había renunciado a colaborar con los procesos de Justicia y Paz y parapolítica mientras el gobierno no garantizara la seguridad de sus familiares en Colombia. El ex jefe del bloque Cacique Nutibara, condenado a 31 años de prisión en 2009 en Estados Unidos, fue trasladado hace un mes a una cárcel en Miami para facilitar su cooperación con la justicia colombiana.
Dilian Francisca Toro  es médica y política, casada con el ex senador liberal vallecaucano Julio César Caycedo. Es senadora por el Partido de la U desde 2002.
7 de octubre de 2010
©verdad abierta

juicio por masacre de curumaní

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A juicio dos ex paramilitares por masacre de Curumaní. Un fiscal acusó a dos ex paramilitares del Frente Resistencia Motilona de las Auc por la masacre de nueve personas en Curumaní, Cesar, cometida en 2006.

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Colombia. A juicio serán llamados Efraín Rangel Rangel alias ‘Cabeza de Martillo’ y Hemel Cerón Tarazona alias ‘El Burro’, ex paramilitares del Frente Resistencia Motilona, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Así lo informó la Fiscalía, después de que un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario emitiera una resolución de acusación en contra de los dos ex paramilitares, por la masacre ocurrida el 4 y 6 de diciembre en el municipio de Curumaní, Cesar.
Según el organismo investigador, durante esos dos días 300 paramilitares llegaron a las veredas Lamas Verdes y Nuevo Horizonte, donde retuvieron y torturaron a la población, luego asesinaron a nueve personas e incendiaron algunas viviendas. Por estos hechos, la Fiscalía los acusará por los delitos de desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Un relato publicado por el diario El Pilón, de Valledupar, contó que la masacre ocurrió después de que el grupo paramilitar retuvo a 45 personas del pueblo, las torturó y asesinó a varios de ellos. Entre las víctimas se encontraban Héctor Julio Manzano Guerrero, José del Carmen Carvajalino, Deiber Parada Becerra. También Elides Ramírez Pineda, Rubén Darío Pacheco Contreras, Nubia Ester León Quintero y Alfredo Acosta, asesinados frente a sus familiares.
Según El Pilón, por esta masacre también es investigado Javier Urango Herrera alias ‘El Chely’, jefe de las banda de ‘Los Mellizos’, que fue capturado el 20 de marzo de 2010 en la frontera con Venezuela, después de estar prófugo dos años de la justicia.
Curumaní fue un municipio azotado por los paramilitares. Otras de las masacres que cometió el Bloque Norte en esta zona fue el 25 de julio de 1999, cuando pusieron un retén cerca del pueblo y asesinaron a siete personas, entre ellas, a la personera.
[Con información de La Fiscalía y El Pilón].
7 de octubre de 2010
©verdad abierta

colombia podría ratificar tratado

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El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el "panorama será cada vez más sombrío".

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Colombia. Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.
La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del "derecho a la reparación", a la "búsqueda de la persona" o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad "que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial".
Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención "entraría en vigor", pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.
El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?
La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.
En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.
Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?
En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?
Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?
Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

¿Quiénes han firmado el convenio?
Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?
La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama ‘Un cadáver insepulto’ en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.
En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?
Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?
Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.
Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?
Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

¿En su criterio cuáles son esos estándares?
Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?
Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.
7 de octubre de 2010
6 de octubre de 2010
©semana