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víctimas señalan a testaferros

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Víctimas de Urabá señalan a presuntos testaferros de ’paras’. Una asociación de víctimas desplazadas de Urabá denunció a cinco personas que presuntamente están detrás del despojo de varios predios en esa región del país. La información ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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Colombia. La restitución de tierras se ha convertido en un vía crucis para las víctimas del despojo por parte de grupos paramilitares.
De acuerdo con Carmen Palencia, representante legal de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), son cinco los presuntos testaferros que, según ella, están detrás de las muertes y amenazas a líderes y campesinos desplazados en esa región del país.
"Nosotros presentamos las pruebas y solicitamos la judicialización y la captura inmediata de Aycardo Ardila y Julio Arcesio Gómez, familiares del paramilitar Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’; también de Jairo Humberto Echeverri, Felipe Echeverri y José Vicente Castel", dijo Palencia.
Según esta líder campesina, en la medida que la justicia actúe contra estas cinco personas, "inmediatamente baja la presión contra quienes están reclamando sus tierras, de eso estoy segura. Ellos son los que están financiando a los paramilitares que están matando a la gente. Y en sus manos está la mayoría de las tierras que se despojó en Urabá".
En un encuentro con el Vicepresidente de la República y funcionarios de diversas dependencias gubernamentales encargadas del tema se concertó el envío de un fiscal especializado a Urabá para investigar las denuncias sobre la presión contra los campesinos reclamantes y los asesinatos que se han presentado allí, que son siete entre 2008 y 2010, el último el 19 de septiembre pasado contra Hernando Pérez, después de asistir a una reunión con el Ministro de Agricultura.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se mostró preocupado tras escuchar a una comisión de campesinos sobre los riesgos que están padeciendo por reclamar la restitución de sus predios, arrebatados por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a mediados de los noventa.
 Tras la denuncia de las víctimas el vicepresidente Garzón y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, enviaron una carta al Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, con los nombres de las personas que, según los campesinos, están obstaculizando la devolución de tierras en el Urabá.
Unos 1.400 afiliados a la Asociación de Víctimas de Urabá reclaman 20 mil hectáreas ubicadas en el Urabá cordobés, antioqueño y chocoano, de las cuales se apropiaron paramilitares y que al parecer están en manos de testaferros que se resisten a entregarlos. Hasta el momento, la persistencia de los labriegos ante estrados judiciales ha permitido la devolución de por lo menos 170 predios que representan cerca de 3 mil hectáreas.
"Por ello es que solicitamos también mayor acompañamiento a los campesinos por parte de organismos internacionales, como Naciones Unidas y la MAPP OEA, y el aumento del pie de fuerza militar en algunas zonas donde se adelanta la reclamación", indicó la líder campesina.
En la reunión también se abordó el tema de las amenazas contra por lo menos ocho miembros de la Asociación de Víctimas, cinco de los cuales tuvieron que abandonar la región y tres más se encuentran en ese proceso. "En ese sentido, logramos apoyo para cinco reubicaciones temporales y estamos pendientes de tres más. A los campesinos amenazados los tenemos escondidos, fuera de sus sitios de vivienda", relató Palencia.
Frente a la posición adoptada por el Vicepresidente de la República y el Ministerio de Agricultura, la representante legal de la Asociación dijo que los vio muy comprometidos y decididos a trabajar por el tema de tierras: "No quiero ser triunfalista ni llenarme de falsas expectativas, pero me da mucha tranquilidad ver el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para que se aprueben las leyes de víctimas y tierras, se apropien los recursos necesarios y buscando alianzas internacionales para lograr la restitución de tierras en el país. Todo eso me dice que lo que hemos hecho no ha sido en balde".
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y abogado de varios de campesinos reclamantes de tierras, también asistió a la reunión en la Vicepresidencia de la República y allí tuvo la oportunidad de presentar un documento preparado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Redepaz, la Asociación de Víctimas de Urabá y la Fundación Forjando Futuros en el que plantean diversos aspectos que deben considerarse para fortalecer el trabajo que vienen haciendo las víctimas del despojo de tierras no sólo en Urabá sino en todo el país.
Entre los puntos a destacar del documento está la solicitud de la creación de una unidad especializada conformado por fiscales, jueces y autoridades policiales para que adelanten investigaciones sobre bandas criminales que atentan contra las víctimas que buscan la restitución de bienes. Adicional a ello, pidieron que se haga pública la lista de los testaferros y de las personas que ha adquirido bienes de manera ilícita, y que se tengan prontos resultados de los responsables de los asesinatos de reclamantes de tierras.
En el documento también se incluyó la propuesta de fortalecer el acompañamiento cotidiano y permanente de la comunidad internacional en las zonas de despojo, así como el apoyo financiero de cofinanciación a todos aquellos proyectos productivos de las víctimas;  a lo que se sumó la petición directa al Gobierno Nacional de apoyar, política y económicamente, la creación de las asociaciones de víctimas para la restitución de bienes en todo el país.
"Tenemos claro que si todo eso no va de la mano entre Gobierno y víctimas, las leyes que se están discutiendo en el Congreso sobre víctimas y tierras, se pueden quedar en letra muerta", indicó Vega, quien destacó la voluntad del Gobierno Nacional para que todo lo que viene ocurriendo en Urabá se frené lo más pronto posible.  "En esa reunión fuimos absolutamente claros que si  el Gobierno no frena esa situación, las leyes no tendrá trascendencia alguna", reiteró el director de la Fundación Forjando Futuros.
Por lo pronto, se esperan resultados de la carta enviada por la Vicepresidencia de la República el Ministerio de Agricultura a la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se estarían dando pasos concretos para garantizar la seguridad de los reclamantes de tierras y lograr la restitución de sus bienes.
7 de octubre de 2010
4 de octubre de 2010
©verdad abierta

general del río era un jefe de las auc

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’El Cura’ contó más sobre nexos de paramilitares y militares en Urabá. El segundo jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc dijo en versión libre de operativos conjuntos con soldados del Ejército en esta zona. ’El Cura’ también habló de Rito Alejo del Río y sus nexos con las Accu.

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Colombia. Durante la diligencia judicial del 5 de octubre de 2010, el segundo jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc contó que los paramilitares que delinquían en el Urabá, conocidos como ‘Urabeños’, tenían alianzas con los batallones de la zona para combatir a la guerrilla.
Según alias ‘El Cura’, desde qué él se retiró del Frente Bernardo Franco del Epl  para unirse a los paramilitares, las autodefensas de la zona delinquieron con cooperación de los Batallones 33 y 35, especializados en contraguerrilla.
"Por Urabá andar con una tropa del Ejército era andar con paracos. ¡El soldado es paraco! Decía la gente". Esa fue la respuesta de Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’, cuando la Fiscal 5 de Justicia y Paz le preguntó en  versión libre sobre si su grupo paramilitar había recibido apoyo de la fuerza pública.
Un hecho que recordó fue el rescate de un piloto y su helicóptero accidentados en la zona a finales de 1996. El ex jefe paramilitar dijo que cada batallón contaba con la guía de ex guerrilleros que, como él, conocían la zona. "Los (hermanos Carlos y Vicente Castaño y ‘Doble Cero’ nos reunieron y nos dijeron que teníamos que buscar ese helicóptero. Yo fui hasta el batallón 33 y el Ejército me dio el croquis", dijo refiriéndose al mapa de ubicación de la aeronave.
‘El Cura’ contó que el operativo se realizó en los límites entre Antioquia y Córdoba, en las veredas conocidas como Mulatos Altos y La Resbalosa. "En una cañada empezamos a pelear con la guerrilla y recuperamos las cosas. Recuerdo que ese día el guerrillero alias ‘Guacharaco’ iba con su familia, y le matamos a la mujer. La ‘legalizamos’ (es decir entregaron el cuerpo al ejército que la presentó como muerta en combate o los mal llamados "falso positivo") como guerrillera. Los dos niños que iban, y de los cuales uno quedó herido, los entregamos al Icbf", contó.
Aunque el ex jefe paramilitar dijo que conocía más hechos de alianzas similares, la Fiscal 5 de Justicia y Paz le indicó que en una nueva versión tendrá que detallarlos ante la Fiscal 17, que adelanta las investigaciones contra el Bloque Calima, del cual él era el segundo al mando.

"Rito Alejo Era un Comandante Más"
Alias ‘El Cura’ dijo que el general  (r) Rito Alejo del Río apoyó a los paramilitares que delinquieron en el Urabá antioqueño a finales de la década de 1990. Del Río fue el comandante de la Brigada XVII del Ejército durante de 1995 y 1997 en el Urabá y hoy está detenido mientras la justicia lo investiga por presuntos nexos con paramilitares.
El ex jefe paramilitar contó que en mayo de 1997 los paramilitares que estaban bajo su mando se aliaron con soldados regulares del Batallón Vélez, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa (Antioquia), para combatir al Frente 5 de las Farc. Según ‘El Cura’, la orden fue dada por su jefe Lorenzo González Quinchía alias ‘Yunda’, que "estaba en contacto con Rito Alejo".
"Yunda me dice que el Ejército necesitaba guías para un operativo. Como fui guerrillero, conocía muy bien la zona. Fui hasta el batallón, cuadramos el operativo y miramos el croquis. La información era que la guerrilla estaba en un sitio conocido como Chontalito (sitio del corregimiento de San José de Apartó en el municipio de Apartó)", dijo.
Según el ex  jefe paramilitar, el operativo contó con 80 soldados y 10 paramilitares, distribuidos en dos grupos, que pasaron primero por las veredas de Oviedo y Caraballo (corregimiento Nueva Antioquia en el municipio de Turbo) hasta llegar a un sitio conocido como el Filo de Los Ratones. "Comenzamos los combates a las 4 de la tarde y terminamos a las 2 de la mañana", dijo.
‘El Cura’ contó que después de que la guerrilla los rodeara y matara a uno de los sargentos que guiaba la operación, él tomó el control del radio de comunicaciones para darle las coordenadas al avión ‘fantasma’ de Ejército. "A las 12 de la noche llegó el avión que nos iba dar apoyo. Como mi cabo no sabía de las coordenadas, le di instrucciones al piloto para que empezara a ‘rafaguear’ la cordillera donde estaba la guerrilla".
"Rito Alejo del Río era un comandante más de las Auc. Nosotros hasta le teníamos una chapa (alias o sobrenombre) que ahora no recuerdo", comentó alias ‘El Cura’.
Las Fiscal 5 dijo que Justicia y Paz programará una versión conjunta con otros ex paramilitares de ‘Los Urabeños’, para que junto con alias ‘El Cura’ narren en detalle las masacres de Mapiripán, La Picota y Caño Jabón (Meta) y los asesinatos y desapariciones en Meta, Casanare y Guaviare, que están aún por esclarecer.
Durante la versión conjunta que se realiza del  4 al 7 de octubre de 2010 en Bogotá, alias ‘El Cura’ y Dúmar de Jesús Guerreo alias ‘Carecuchillo’ están relatando los crímenes que cometieron los paramilitares en su ruta del Urabá hasta los Llanos. Según contaron, ‘Carecuchillo’ conoció a ‘El Cura’ en Caño Jabón, donde comenzó siendo conductor y terminó siendo el encargado de las finanzas del grupo paramilitar.
[Foto viene del blog lucha revoluciona].
6 de octubre de 2010
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solín condenado a veinte años

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Condenan a 20 años a alias ‘Solín’. El ex jefe de las urbanas de las Autodefensas del Casanare fue condenado por el asesinato de tres personas en Yopal.

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Colombia. Un juez penal de Yopal condenó a 20 años de prisión a Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’, por el asesinato de tres personas en la capital de Casanare.
Según la Fiscalía, el ex integrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare aceptó ante un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario haber asesinado a Yebrail Tumay Alarcón, Albeiro Ángel García y Eliseo Perales Lancacho.
Por haberse acogido a sentencia anticipada, el juez le rebajó la condena que inicialmente había sido de 40 años a la mitad, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
‘Solín’ fue reclutado por los paramilitares cuando tenía 16 años. Llegó a ser el jefe de las urbanas de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con 800 hombres bajo su mando. Según lo contado en versiones por José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias ’Coplero’, ‘Solín’ era quien principalmente daba las órdenes para raptar, torturar y desaparecer personas en Casanare.
Un mes antes de que fuera capturado por las autoridades en noviembre de 2004, ‘Martín Llanos’ le propuso que volviera al Casanare "a seguir guerreando, (porque) el gobierno de Uribe no nos da garantías, a mí me quieren muerto".
Por su cercanía con ‘Martín Llanos’, alias ‘Solín’ conoció de cerca los secretos de la guerra en los Llanos y los políticos y ganaderos que se beneficiaron de ella. Fue quien le entregó a la justicia el video de cuando el ex gobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez, recibió $500 millones de ’Martín Llanos’, pieza clave para condenarlo.
También ha declarado en contra de alcaldes de la región, pero dice sentirse amenazado. Denuncia que han intentado "callarlo" por sus verdades y ha pedido ser incluido en el proceso Justicia y Paz, porque está siendo juzgado por la justicia ordinaria.
‘Solín’ está condenado a más de 100 años de prisión por diferentes casos de secuestro, desaparición, concierto para delinquir y homicidio, como el crimen de Emiro Sossa Pacheco, ex gobernador de Casanare, que fue asesinado el 7 de diciembre de 2001 en la finca El Retorno, en Yopal.
6 de octubre de 2010
1 de octubre de 2010
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piden condenar a óscar wilches

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Fiscalía pide condenar al ex congresista Óscar Wilches por parapolítica. El ex parlamentario de Casanare es juzgado por nexos con ‘Martín Llanos’.

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Colombia. Ante un juzgado especializado de Bogotá, la Fiscalía consideró que hay pruebas suficientes que demuestran la relación entre el ex representante a la Cámara por Cambio Radical, Óscar Leónidas Wilches y Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe prófugo de las Autodefensas Campesinas de Casanare.
Carlos Guzmán, alias ’Salomón’, quien fue jefe político de ’Martín Llanos’, declaró que presuntamente Wilches buscó en varias oportunidades que la intimidación paramilitar le sirviera a su causa política.
El ex congresista fue acusado del delito de concierto para delinquir agravado. También lo investigan por haber recibido apoyo electoral y económico de los paramilitares en  las campañas electorales de 1998 y 2002.
Cuando fue vinculado a la parapolítica Óscar Wilches dijo que antes de ser congresista se reunió con ‘Martín Llanos’, porque lo querían obligar a pagar una vacuna por su finca en Casanare."Allá todos tienen que pagar y yo les dije que mi predio era tan pequeño que no tenía como pagar. Y los convencí de ello y nunca volvía a saber de ellos, nunca más", afirmó.
Óscar Wilches, de 49 años, fue además alcalde de Yopal y gobernador de Casanare. En 2002 lo eligieron como representante a la Cámara y en 2006 logró la reelección, pero en 2007 la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por sus nexos con ‘Martín Llanos’.
6 de octubre de 2010
1 de octubre de 2010
©verdad abierta

las palmas, pueblo inolvidable

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Las Palmas, un pueblo que no se olvida. Un grupo de 700 familias desplazadas por los paramilitares se unió para exigir verdad, justicia y reparación. Le entregaron a la Fiscalía los formularios para que sean reconocidos como víctimas. Aún no pueden volver a sus tierras.

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Colombia. El 28 de septiembre de 2010 los palmeros realizaron un acto simbólico en contra del olvido por la tragedia que vivieron hace once años en su pueblo.
Once años después de que los paramilitares asesinaran a varios de sus familiares y los despojaran de sus tierras, 700 familias de Las Palmas se unieron para presentar su caso ante el Estado y exigir que sean reconocidos como víctimas.
El martes 28 de septiembre de 2010, el mismo día en que once años atrás fueron despojados de sus tierras, 50 familias del pueblo le entregaron a la Fiscalía 700 formatos de crímenes contra ellos y sus vecinos. El documento es el primer requisito para registrarlos en el sistema de Justicia y Paz.
"Este es un símbolo de nuestro desplazamiento, ocurrido el 28 de septiembre de 1999, cuando muchos paisanos derramaron su sangre para que Las Palmas no quedara en la impunidad. Somos una comunidad que no se ha perdido en el anonimato. Queremos decirle al Gobierno que estamos presentes, que somos gente humilde, trabajadora y de paz", dijo uno de los líderes durante el acto simbólico de entrega de formatos a la Fiscalía.
Luis Gilberto Caro, uno de los líderes, contó que se organizaron en 2009 cuando algunos palmeros residentes en Bogotá solicitaron asesoría del Centro de Atención a Víctimas de Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Cavidh. "Las 120 familias que vivimos aquí aprendimos a llenar el formato para enseñarle a los demás palmeros", comentó.
Jimmy Hamburguer, Miguel Caro y Ricardo Reyes, también líderes de los desplazados, fueron los encargados de llevar los formularios a San Jacinto, El Carmen, Cartagena, Barranquilla, Montería, Riohacha y Bogotá, donde están refugiados la mayoría de sus paisanos. "Los desplazaron los hombres del Bloque Héroes de Los Montes de María. Se los entregaremos al Fiscal para que investigue y documente lo que ocurrió", dijo José Ignacio Jaimes, asesor de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Después de cantar el himno nacional, guardar un minuto de silencio por sus muertos, elevar una oración y decir en voz alta los nombres de sus familiares asesinados, los palmeros solicitaron a la Fiscalía su deseo de saber la verdad y poder regresar al pueblo.
"Me comprometo a que si hay más víctimas en Las Palmas estaremos allá. Si tienen desaparecidos, estamos dispuestos a practicarles las pruebas de perfilamiento genético para buscar a sus familiares", comentó Jaimes.
Los palmeros no saben por qué los desplazaron. Mientras la Fiscalía investiga y les da una explicación, la comunidad quiere que el país conozca su historia.

La Violencia en Las Palmas
Las Palmas es un corregimiento incrustado en Los Montes de María, a 15 kilómetros de San Jacinto (Bolívar). En 1999 estaba poblado por 500 familias, que habitaban 400 casas y vivían de la comercialización del tabaco, maíz, yuca y ñame.
Su tragedia llegó a finales de la década de 1980, cuando guerrilleros del Epl comenzaron a extorsionarlos y a reclutar jóvenes. Tras su desmovilización en 1991, el Frente 37 de las Farc rondó por la zona y asesinó a Eustaquio Sierra y a Luis Felipe de Ávila. Ellos fueron las primeros víctimas porque, en Las Palmas aseguran sus nativos, "la gente se moría de vieja o de enfermedad."
Luego, en 1994, los paramilitares, más conocidos como los ‘mochacabezas’, llegaron poniendo un retén entre Las Palmas y Corralito, un sitio obligado para el paso de los campesinos. "Los paramilitares se hicieron pasar por guerrilleros. En ese lugar mataron primero a Segundo Caro y luego a su hermano Álvaro Rafael Caro, cuyo cuerpo nunca se encontró", recordó un habitante.
Los siguientes años fueron de terror. Los palmeros recordaron que los paramilitares tenían un modus operandi que utilizaba a los niños como carnada. A cualquier hora y mientras los adultos trabajaban en las parcelas, los ‘paras’ entraban a la escuela Juan XXIII, les escribían "sapos" en el tablero y los obligaban a salir a la plaza principal.
"Allí los retenían hasta cuando los adultos se presentaban con cédula en mano, los buscaban en una lista y seleccionaban a sus víctimas. Así mataron a Alberto Castillo. Los tipos tenían a Édgar, al hijo, y cuando Albertico llegó, lo mataron en la plaza en frente de todos", dijo Luis Gilberto Caro, que le compraba cerdo a quien era uno de los comerciantes del pueblo.
Después asesinaron a Abelardo Caro y a Gregorio Fontalvo Arroyo (papá) y Gregorio Fontalvo (hijo). El pueblo no resistió más el 28 de septiembre de 1999, cuando los paramilitares asesinaron el mismo día a cuatro habitantes y amenazaron a toda la comunidad de una próxima masacre.

El Desplazamiento
Ese 27 de febrero los paramilitares llegaron temprano, de nuevo raptaron a los niños de la escuela y los llevaron a la plaza principal. Acusándolos de guerrilleros, frente a niños y mujeres asesinaron a Tomás Bustillo, Rafael Sierra y a Celestino Ávila Herrera. "A Emma Herrera la mataron cuando salió gritando y les dijo que si mataban a Celestino, la mataban a ella", recordó Miguel Caro.
Los palmeros contaron que ese día los paramilitares celebraron, hicieron algarabía y chocaron entre sí  los dos jeep que le servían al pueblo para sacar la cosecha hasta San Jacinto. Luego los sentenciaron: "El 11 de noviembre vamos a celebrar con todos ustedes. Desde el más chiquito hasta el más grande se muere", contó Caro.
Después de enterrar los cuerpos, el pueblo decidió dejarlo todo por miedo a que los paramilitares cumplieran con la advertencia. A las 9 de la mañana del día siguiente, empacaron lo que alcanzaron y salieron hacia San Jacinto en busca de refugio. Durante cinco meses se acomodaron como pudieron en el coliseo de ese municipio, "hasta que la situación se hizo insostenible y muchos buscamos ayuda en las ciudades donde teníamos familiares", dijo un habitante.
En 2005 la comunidad quiso retornar, pero el 5 de febrero dos de sus habitantes fueron asesinados. "Ya nos habíamos organizado para volver. Pero a José Clemente Sierra y a Edilia Herrera, que fueron los primeros que llegaron al pueblo, los mataron. No había garantías para regresar", dijo Luis Gilberto Caro.

La Organización
Así Palmas es la asociación de 700 familias que creó el pueblo para exigir verdad, justicia y reparación.
Pese a la distancia, los palmeros siguen tan unidos como cuando vivían en su pueblo. Los primos Caro contaron que las familias siguen celebrando las fiestas de la Virgen del Carmen los 16 de julio y las fiestas de su patrona, la Virgen de Santa Lucía, los 13 de diciembre.
Cuando no es en Suba, viajan hasta Las Palmas así la carretera sea inaccesible, el monte se haya comido las casas y no haya servicios públicos. Hacen misa, procesión y fandango, un baile en el que los asistentes llevan manojos de velas y hacen rondas alrededor de La Virgen.
Aunque siguen preservando sus tradiciones, los palmeros sueñan con sacar del olvido a Las Palmas. Que la carretera no sea una trocha enlodada, que los postes de luz tengan fluido eléctrico, que los caminos vuelvan a ser abiertos y las casas reconstruidas. Por eso el 17 de septiembre de 2010 fundaron la asociación Así Palmas y tienen una página web para que la comunidad ubique a sus habitantes en el territorio nacional.
"Uno nunca se olvida de lo que era el pueblo, de lo que uno hacía allá y que en las ciudades no se puede hacer. De mi parte, no pienso morirme aquí. Todos los días desde que me acuesto y me levanto primeramente me acuerdo de Las Palmas. Yo dejé allá un pedazo de tierra y algún día voy a volver", dijo Miguel Caro.
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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diego vecino culpable de asesinato

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‘Diego Vecino’ aceptó el asesinato de dos miembros del CTI. El ex jefe del Bloque Héroes de los Montes de María admitió haber participado en el asesinato y desaparición de dos miembros del CTI y sus acompañantes en San Onofre, Sucre, en 2001.

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Colombia. Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ reconoció su responsabilidad en el asesinato y desaparición el 27 de mayo de 2001 en Rincón del Mar, cerca de San Onofre, Sucre, de Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis de La Rosa Mejía, agentes del CTI, y de sus dos acompañantes: Sadith Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado.
Fabio Coley y Jorge Luis de la Rosa eran miembros del CTI de Santa Marta y se estaban haciendo pasar por comerciantes de ganado. Estaban acompañados por dos mujeres de la región que les servían de fachada, investigando hechos relacionados con el Bloque Héroes de Montes de María, cuando paramilitares al mando de Marco Tulio Pérez, alias ’El Oso’, lugarteniente de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ’Cadena’, los interceptaron y secuestraron.
Los dos agentes estaban en San Onofre identificando a jefes y miembros del Bloque Héroes de Montes de María, autores de la masacre de Chengue en febrero de 2001. Alcanzaron a identificar a ’Cadena’, a otros paramilitares y a políticos de la región con nexos con las autodefensas.
Varios desmovilizados como Uber Enrique Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, contaron que después de capturarlos, los dos agentes del CTI y sus dos acompañantes fueron llevados a la finca Las Palmas, cerca de San Onofre, el cuartel general de ‘Cadena’.
Después de asesinarlos, según dijo ‘Juancho Dique’, los sepultaron en la finca. Luego, cuando los ‘paras’ supieron que una comisión de búsqueda iba a la región para buscar a los dos funcionarios, los desenterraron, los desmembraron para meterlos en costales y los lanzaron al mar.
Los dos agentes ya habían sido perseguidos por los ‘paras’. Coley fue secuestrado en 1998 por siete días por las Auc en cercanías de Fundación, Magdalena, donde vivía. Según cuenta su viuda Olivia, "cuando lo liberaron, le pidieron que se fuera lejos, y lo trasladaron a Santa Marta".
Para junio de 1999, Coley y De la Rosa estaban encargados en Santa Marta de la sección de análisis y capturas de paramilitares, cuando Hernán Giraldo amenazó públicamente a varias personas, entre ellas a estos investigadores y al director del CTI en esa ciudad, Leopoldo Sánchez.
Las autoridades les dieron seguridad por 15 días. "Mi esposo hizo cartas a todo el mundo, Fiscalía, Procuraduría, para salir del país. No hubo respuesta, solamente el traslado a Medellín de Jorge y nosotros fuimos enviados a Tunja, donde vivimos durante un año y siete meses", recuerda Olivia.
Coley y De la Rosa continuaron en el CTI, mientras que Sánchez fue obligado a irse al exilio. En 2003 los dos investigadores fueron llamados para cumplir una misión especial en Bogotá, y "el 22 de abril Fabio se fue a Bogotá y no regresó nunca más a la casa", dijo su esposa Olivia.
Además de ‘Juancho Dique’, Yairsiño Meza Mercado ’El Gato’ también aceptó el crimen. Hernán Giraldo en una de sus versión libre reconoció las amenazas contra los miembros del CTI, pero no su desaparición.
La Fiscalía por su parte dictó medida de aseguramiento por el crimen  contra Manuel de Jesús Contreras Valdovino, alias ‘Peluca’ y Segundo Valencia Gómez, alias ‘Verruguita’, ex miembros de las Auc.
‘Cadena’, el jefe del bloque Héroes de los Montes de María, desapareció en 2005.
6 de octubre de 2010
4 de octubre de 2010
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qué hizo bernardo moreno

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¿Qué está claro sobre Bernardo Moreno y qué falta por establecer? La Procuraduría destituyó al ex secretario Privado de la Presidencia Bernardo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años por haberse reunido el 24 de abril de 2008 con funcionarios del DAS y de la UIAF para conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes.

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Colombia. La historia de este encuentro se inició en noviembre de 2007, cuando Moreno le entregó a Mario Aranguren, director de la UIAF un sobre que tenía información de un vuelo charter que hicieron a Neiva en 2006 algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El viaje, de acuerdo con la información que tenía el funcionario de la Presidencia, había sido patrocinado por la agencia de viajes Basan, propiedad de Ascencio Reyes, quien, supuestamente, tenía vínculos con el narcotráfico.
Moreno le entregó aquella información a Aranguren para que hiciera las verificaciones necesarias. En ese mismo mes, Moreno le pidió a María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, "que verificara información del señor Ascencio Reyes, sus presuntos nexos con el narcotráfico y la posible infiltración de la Corte Suprema de Justicia", según se lee en el fallo de la Procuraduría.
Hasta esta parte, la historia no presenta nada raro, según encontró la Procuraduría, "pues es deber de todo servidor público remitir al competente aquellos asuntos que sean de su conocimiento y respecto de los cuales carezca de competencia para tramitarlos".
Lo grave ocurrió siete meses después, el 24 de abril de 2008. Ese día, Moreno "llamó a la UIAF... para pedir información de los avances del caso relacionado con el sobre que había entregado al Director de la Unidad de Información de Análisis Financiero en el mes de noviembre de 2007".
"Ese mismo día, también se comunicó con la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para que asistiera a su despacho con el fin de tratar asuntos relacionados con el señor Ascencio Reyes".
En efecto, la UIAF envió a dos funcionarios con la información financiera de Reyes y su familia. "Las pruebas indican que el doctor Bernardo Moreno Villegas dedicó buena parte del día 24 de abril de 2008, en su oficina de la Presidencia de la República, a controlar los avances y resultados de las instrucciones que meses atrás había dado a los respectivos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre el tema Ascencio Reyes y su relación con la Corte Suprema de Justicia", encontró la Procuraduría.
La presencia de los funcionarios del DAS, de la UIAF y del mismo Secretario de la Presidencia llevó a la Procuraduría a definir que el viaje de los magistrados, que ellos llamaban el caso ‘Paseo’ y todas las intrigas que lo rodeaban, "no recibieron tratamiento de asunto rutinario sino que, por el contrario, mereció la atención del Secretario General de la Presidencia de la República y de dos dependencias estatales encargadas de efectuar labores de inteligencia...".
Ese tratamiento especial se evidencia, según a Procuraduría en el "manejo de manera verbal", en que "contenía verificaciones de suma delicadeza" y en que "el secretario general, de manera personal, convocó a los directores para que le rindieran los informes respectivos".
"El Despacho, a lo largo de este fallo, ha establecido que el motivo por el
cual Ascencio Reyes merece la atención del Secretario General de la Presidencia de la República, del Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es porque tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y se relaciona con la Corte Suprema de Justicia y a través de ello se podría desprestigiar al alto tribunal", dijo la Procuraduría.
Enseguida, se lee en el fallo que "por lo tanto, considera el Despacho que la relevancia del señor Ascencio Reyes en relación con la Corte Suprema de Justicia es de medios y fines. Es decir, Reyes Serrano en este caso es el medio para desprestigiar a la Corte, por lo tanto no es fortuito que el Secretario General de la Presidencia de la República le entregue la información a los directores de dos entidades del Estado con funciones de inteligencia y luego requiera los avances y resultados".
Esas actuaciones de Moreno, según la Procuraduría, no correspondían a las estipuladas en su cargo. El Secretario General de la Presidencia "no tiene funciones asignadas o relacionadas con temas de seguridad o inteligencia del Estado. Por lo que se concluye que el apoyo que le brinda el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al señor Presidente es de carácter administrativo y operativo", definió el fallo. De ahí la sanción por haberse extralimitado en sus funciones.
Finalmente, la conclusión es que Moreno, "con la infracción de sus deberes como Secretario general de la Presidencia de la República, al dar instrucciones para que servidores públicos asistieran a una reunión el 24 de abril de 2008 en la Casa de Nariño para presentar informes sobre los avances de una actividad que estaba sometida a reserva, desconoció el derecho a la intimidad (de Ascencio Reyes y su familia), con clara extralimitación de las funciones legales asignadas. Dicho desbordamiento de sus competencias es claro y no se encuentra justificado en norma alguna".

Uribe y Moreno
En el mismo proceso, el ex presidente Álvaro Uribe declaró que "deposité en el doctor Bernardo Moreno Villegas... el conocimiento y manejo de cierta información generada en los ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y demás organismos de la administración, de acuerdo con la materia asignada puntualmente".
Respecto a la reunión que tiene a Moreno en líos jurídicos, Uribe dijo que no sabía nada. "Ante la pregunta de si tuvo conocimiento de la realización de la reunión del 24 de abril de 2008, responde que no precisamente, pero que el doctor Bernardo le informaba diariamente sobre distintos temas y que recuerda información recibida sobre comentarios periodísticos existentes sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva y aclara que jamás se solicitó información acerca de magistrados", dice en la providencia de la Procuraduría.
Mientras tanto el ex presidente Álvaro Uribe, según la agencia EFE, dijo a través de un comunicado fechado desde Ciudad Guatemala, que asume la responsabilidad política y jurídica. "Y asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta".

Sigue Pendiente...
Pese a que ese organismo logró claridad respecto de este episodio, quedan otros hechos por fuera en los que figura el nombre del ex Secretario de la Presidencia.
Por ejemplo, las declaraciones que publicó SEMANA en las que un ex funcionario del DAS aseguraba que les hacía seguimientos a los magistrados para informar a la Casa de Nariño sobre los procesos de parapolítica.
En el artículo ‘Se cierra el círculo’, puede leerse la declaración de un ex funcionario que dijo que "recibí órdenes que tenían como objetivo trabajar temas que fueran sensibles para el gobierno. Ese comenzó en forma en 2007. Para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica. Lo primero, por instrucciones del jefe de contrainteligencia, capitán Lagos, era saber en qué iban y a quién salpicaban exactamente los procesos de para política -explica el ex funcionario-. Para eso la única forma era ’trabajar’ a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados. Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada, la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas, como por ejemplo, el caso de Mario Uribe, al secretario general, Moreno, y al jurídico, Edmundo del Castillo".
Otro ex funcionario del DAS le dijo a la Fiscalía que "entre 2008 y 2009 fui por lo menos en ocho oportunidades a la Casa de Nariño para llevar y recibir información, y me reuní en otras tantas con funcionarios de allá. Entre las labores que se realizaron, el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el tema del referendo. Yo le entregué algunas transcripciones sobre conversaciones de algunos de los que no estaban a favor del referendo. Por las órdenes posteriores que recibí, esas no directas de alguien de Casa de Nariño, pero sí solicitadas por ellos a mis superiores, se buscaron elementos, cuentas, contratos o actos de corrupción de algunos políticos para convencerlos por "las buenas" de votar. Entre lo que hay está, por ejemplo, lo que se descubrió sobre Javier Cáceres y sus negocios en Etesa. En anticorrupción del DAS había una investigación que se venía adelantando sobre eso. Lo que se hizo fue entregar eso a Palacio y allá le dieron manejo", explicó a SEMANA el funcionario, que fue uno de los hombres de mayor confianza del ex jefe de contrainteligencia Jorge Lagos".
"El caos interno y la falta de control hicieron que muchos termináramos siguiendo órdenes directas de gente de Palacio. Aunque yo trabajaba en inteligencia, tenía instrucciones de colaborar en todo lo que se pidiera de Palacio. Tengo, por ejemplo, grabado cuando el secretario Moreno y Del Castillo me presentaron a unos abogados importantes que llevaban procesos y ayudaban a gente del gobierno, quienes necesitaban que les diéramos las sábanas (registro de números) de los celulares de otros abogados e investigadores para saber si habían conversado. Obviamente también solicitaron ayuda para monitorear números de magistrados que llevaban casos claves. Cuando se hizo eso, personalmente entregué esa información a las personas que el secretario general me presentó y me ordenó dárselas", contó a SEMANA otro funcionario activo del DAS que entregará su testimonio y las pruebas que tiene a la Fiscalía.
5 de octubre de 2010
©semana

cómo cayó el piedemonte llanero

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’Don Mario’ contó cómo se tomó el piedemonte llanero. El ex jefe paramilitar y varios de sus hombres aseguraron que algunos miembros del Ejército y la Policía fueron sus cómplices en la entrada del Bloque Centauros a varios pueblos de Cundimarca, Meta, Boyacá y Casanare, en los que asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a cientos de personas.

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Colombia. En una versión libre conjunta Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, Orozman Osten Blanco, alias ‘Flechas’, Luis Miguel Hidalgo, alias ‘Ratón’ y Martha Ludiz Cogollos, alias ‘Falcona’ relataron ante la Fiscalía que para entrar en municipios como Paratebueno y Medina en Cundinamarca, y Cumaral, Restrepo, Barranca de Upía y Cabuyaro en Meta, los paramilitares contaron con la colaboración de algunos militares, policías y políticos de la región.
Según aseguraron los paramilitares que pertenecieron al Bloque Centauros lograron tener cómplices en casi todas las estaciones de Policía, unidades del Ejército y alcaldías en la región, para poder movilizarse con tranquilidad en toda la zona. Sus nexos con las autoridades les permitían, por ejemplo, saber con antelación cómo se planeaban operativos contra ellos del Ejército y la Policía.
Los paramilitares le entregaron a la Fiscalía una lista de nombres de miembros de la policía que presuntamente colaboraron con ellos. También confesaron que asesinaron personas que luego fueron presentadas como paramilitares muertos en combate con el Ejército, además dijeron que soldados les vendieron municiones.

El Dominio de la Policía
‘Ratón’, que fue comandante de los ‘paras’ en los municipios de la región, le dijo a la Fiscalía: "La mayoría de policías de la región sabían quiénes éramos, donde estábamos, y qué hacíamos. En esos pueblos cada tercer día había un muerto, a veces todos los días".
Para movilizarse por la región y cometer sus crímenes, los ‘paras’ aseguraron que pagaban a policías y a cambio se comprometieron a no dejar rastros de las personas que asesinaron. Sin embargo, como señalaron los desmovilizados, por eso desaparecieron a un sinnúmero de víctimas. Según ‘Falcona’: "Nos exigían no dejar los cadáveres botados en sus jurisdicciones".
Barranca de Upía, Meta, fue uno de los municipios del piedemonte donde los ’paras’ aseguraron que también tuvieron nexos con la Policía. El pueblo era clave para los ‘paras’, pues ahí se concentraban los jefes del Frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en la zona. Por eso, según ‘Flechas’, ex jefe financiero, todos los agentes de la estación presuntamente recibían sobornos, "de lo más chiquito hasta lo más grande". Los patrulleros ganaban 200 mil pesos, los cabos 500 mil y el comandante un millón. ‘Flechas’ indicó además que alias ‘El Cabo Julián’, quien después fue concejal de Barranca de Upía, era el encargado de hacer los pagos a los agentes.
Los desmovilizados contaron que, en Paratebueno, Cundinamarca, su presencia fue tan notoria y abierta que, en varias ocasiones, se pasearon en uniforme y con pistolas por las calles del pueblo. ‘Flechas’ recordó que incluso hizo reuniones con todos los habitantes del pueblo a quienes sacaron de sus residencias para explicarlas su presencia en la región. "A los únicos que me faltó citar fue a la Policía", dijo.
Los ’paras’ dijeron que también sobornaron a algunos miembros de la Policía en Medina, Cundinamarca, en donde presuntamente coordinaban con un capitán de la Policía, "para que no nos dieran inconvenientes", según dijo ‘Flechas’. El desmovilizado dijo que le pagaba dos millones de pesos mensuales, mientras que un sargento, que era el segundo al mando, recibía un millón.
‘Falcona’ y ’Ratón’ señalaron que se reunieron en varias oportunidades con agentes de la Policía, entre los que se encontraba un teniente, para garantizar que la Fuerza Pública no se metiera con ellos.
En Cabuyaro, otro municipio de la zona, los ex paramilitares aseguraron que le pagaban al sargento Francisco Rivas, comandante de la estación, dos millones de pesos por mes y al patrullero Arias, al que presuntamente le pagaban 500 mil. Según le dijo a VerdadAbierta.com la dirección de la Policía Nacional, el agente Francisco Luis Rivas falleció.
En otro municipio, Cumaral, en Meta, en donde funciona el Distrito VII de la Policía de Meta, con jurisdicción sobre seis estaciones de todo el piedemonte llanero, ’Flechas’ también dijo que se reunieron con el mayor José Domingo Moncaleano Sánchez en la carretera entre Cumaral y Paratebueno. El oficial presuntamente les dijo que "había que hacer todo bien coordinado y que no hicieran desorden". El mayor José Domingo Moncaleano Sánchez fue destituido después de insistentes denuncias de Álvaro Perdomo, un finquero extorsionado por los ‘paras’. Después de la renuncia de Moncaleano, los ‘paras’ contaron que siguieron teniendo contacto constante con los miembros de la Fuerza Pública.
VerdadAbierta.com habló con la dirección de la Policía Nacional, que le informó que José Domingo Moncaleano se retiró de la institución cuando era mayor, aunque no precisaron la fecha.
Por otra parte los ex ’paras’ del Bloque Centauros dijeron que con la colaboración de algunos miembros de la Policía de Carreteras garantizaban la movilización de hombres y armas en todo el piedemonte llanero. Según los desmovilizados le pagaban a un teniente del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), quien controlaba la ruta entre Villavicencio y Yopal.
Según los paramilitares, el oficial, que presuntamente recibía cinco millones mensuales de las autodefensas, ayudó además al Bloque Centauros en la guerra con las Autodefensas Campesinas de Casanare de los Buitrago en 2001. Según ’Flechas’ al teniente le dieron nombres de miembros de Los Buitrago quien al parecer se encargaba de capturarlos.
‘Ratón’ también indicó que se reunió con policías de Cáqueza y de Guayabetal, municipios de Cundinamarca entre Bogotá y Villavicencio, para no tener dificultades en esa carretera.

Los Nexos con el Batallón Serviez
En otra parte de la versión libre, los desmovilizados aseguraron que se reunieron con miembros del Batallón XX General Manuel Roergas Serviez del Ejército, con sede en Villavicencio y con jurisdicción el piedemonte y que su contacto allí fue un sargento al que conocieron con el alias de ‘Juan Carlos Rodríguez’, al parecer encargado de inteligencia y de "contra retenes" del Batallón Serviez. ‘Falcona’ señaló que el suboficial se comunicaba con ella cada vez que las tropas delEjército hacían operaciones en la zona donde delinquía.
‘Don Mario’ y ‘Flechas’ también recordaron que se reunieron con el sargento ‘Rodríguez’ en una finca en Paratebueno y al parecer con un coronel que entonces comandaba el Batallón Serviez. Ahí, según los desmovilizados, le pidieron al oficial sacar una base del Ejército en Medina para facilitar sus operaciones. El coronel asintió, a cambio de garantizar la seguridad de la zona. "Se acordó que el objetivo era uno solo: la guerrilla, y que no había porque tirarse entre autodefensa y Ejército", dijo ‘Don Mario’.
El sargento ‘Rodríguez’ también les pidió simular combates entre el Ejército y los ‘paras’, y así presentar personas asesinadas por las autodefensas como paramilitares muertos en combate contra los soldados del Batallón Serviel.
Fue así como en una ocasión ‘Flechas’ seleccionó dos paramilitares rasos de una de sus escuelas de entrenamiento y los llevó a la vereda Europa de Paratebueno. Cuando vieron las tropas del Ejército, los ‘paras’ asesinaron a los dos patrulleros y dispararon en dirección a los soldados que se aproximaban. Huyeron y dejaron los dos cadáveres, con sus armas, uniformes y brazaletes, para que los presentara como autodefensas muertos en combate.
En otra ocasión, según ‘Flechas’, sus hombres asesinaron a dos civiles cerca a Medina, que "nada tenían que ver con las autodefensas", y los abandonaron cerca de una patrulla del Ejército. Fueron presentados ante los medios como paramilitares que murieron en enfrentamiento.
Por otra parte ‘Flechas’ indicó que miembros de Batallón Serviel le vendían municiones, uniformes, granadas de mortero, fusil y de 40 milímetros. Como jefe de finanzas, llegó a comprar cerca de 45 mil cartuchos, a 1500 pesos cada uno. La colaboración llegó a tal punto que los miembros del Ejército prometieron en broma "venderle el Batallón completo si quería".
Los ‘paras’ también recordaron un episodio donde agentes de inteligencia de la fuerza pública de Bogotá les señalaron a dos personas como supuestas colaboradoras de la guerrilla. ‘Flechas’ recordó que retuvieron los dos hombres y encontraron una caleta con documentos con frecuencias de radio y cartas para jefes de las Farc. Sin embargo esperaron la llegada de los dos agentes que interrogaron a los sospechosos y se los dejaron a los ‘paras’, quienes los mataron y los desaparecieron.
Según ‘Flechas’, gracias a la información que sacaron los agentes irrumpieron en una casa en Bogotá, donde encontraron varios morteros que las Farc usaron en el atentado contra la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2002, cuando se posesionó el ex presidente Álvaro Uribe.
* La justicia tendrá que verificar la veracidad de lo que dijeron alias ’Don Mario’, ’Flechas’, ’Ratón’ y ’Falcona’.
5 de octubre de 2010
4 de octubre de 2010
©verdad abierta