Blogia
mQh

colombia

inhabilitan a funcionarios uribistas


Por espionaje a magistrados y a otras figuras de la vida pública, la Procuraduría inhabilitó por 18 años al ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno; a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado y al ex director de la Uiaf, Mario Aranguren. Y a Jorge Noguera por 20.
Colombia. Por considerar que incurrieron en faltas disciplinarias gravísismas, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó a varios funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
 
Las Decisiones
Jorge Noguera, ex director del DAS, y José Miguel Narváez, ex subdirector del organismo, quienes fueron inhabilitados por 20 años; Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia de la República, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), por 18 años.
Además de ellos, otros tres subdirectores del DAS fueron inhabilitados: Jorge Alberto  Lagos, ex subdirector de contrainteligencia; Fernando Tavares, subdirector de inteligencia; y Carlos Arzayús, ex subdirector de operaciones, por 15 años.
Andrés Peñate, ex director del organismo de inteligencia recibió una sanción de 8 meses de suspensión y una multa cercana a los 22 millones y medio de pesos.
La Procuraduría encontró responsable a Noguera por haber permitido, "de forma continua", que el G3 interceptara llamadas telefónicas y correos, sin orden judicial, de diversas ONG, periodistas, activistas políticos, entre otros. A Narváez por haber ordenado a funcionarios del DAS interceptar a algunas personas, "en una clara extralimitación de sus funciones".  A Arzayús por los mismos hechos, pero también por "haber obtenido información de manera ilegal". A Tabares por haber permitido que funcionarios adscritos a su unidad participaran en tareas de seguimiento ilegal. A Lagos por haber ejecutado una orden, de Hurtado, de "realizar labores de seguimiento". A Hurtado haber dado órdenes en ese sentido. Y a Peñate por haber "omitido" su deber, pues no puso en conocimiento de las autoridades las irregularidades de las que tenía conocimiento.

Bernardo Moreno
Ex secretario general de la Presidencia.
Llamado a interrogatorio por la Fiscalía General.
En febrero de este año, la Procuraduría General abrió pliego de cargos contra Moreno dentro del escándalo por el espionaje del DAS. Está señalado de extralimitación de funciones por haber participado en una reunión en su despacho a la que asistieron funcionarios de Inteligencia del DAS y de la UIAF para recibir información sobre un viaje de un grupo de magistrados de la Corte a Neiva, datos que posteriormente fueron filtrados a la prensa con el fin de desacreditar a los togados.
Por el caso del DAS el escenario más complejo para Moreno está en la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía General, en donde se indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad. El pasado 9 de julio, el ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares le dijo a la Fiscalía que: "el requerimiento (indagar sobre magistrados) hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre del 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno".
La declaración del ex jefe de inteligencia comprometió seriamente a Moreno por haber supuestamente ordenado averiguar irregularmente sobre actividades de magistrados de la Corte y políticos de oposición. Además lo relacionó con el hecho de que el ex secretario general de la Presidencia también estaba al tanto de la infiltración por parte de miembros del DAS en la propia Corte, en donde se grabaron ilegalmente sesiones y reuniones privadas de los magistrados.
Pero Tabares no es el único que ha mencionado a Moreno.
El ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, condenado por el caso de espionaje y quien aceptó los cargos y pidió perdón, ya había dicho que asistió a la sede presidencial en compañía de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y de Fernando Tabares, para reunirse con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, con el fin de hablar del caso del viaje de los magistrados y el manejo que le darían. El ex director de la UIAF Mario Aranguren también había mencionado que entregó información financiera confidencial a Moreno y otros funcionarios del DAS y la Presidencia.

Lo que ha dicho:
Moreno ha argumentado en repetidas oportunidades que jamás se extralimitó, ni excedió los límites legales al haber solicitado información del viaje de los magistrados. Tabares afirmó también que aparte de las reuniones que tuvo en la Presidencia, acudió a un desayuno con Moreno en el Club Metropolitan de Bogotá en compañía de Hurtado, pero, a diferencia de lo afirmado por Tabares, Bernardo Moreno dijo que los temas que se trataron en esa reunión tenían que ver con el interés de la Presidencia por estar enterados sobre temas de orden público y narcotráfico.
El pasado 28 de julio, Moreno acudió a la Fiscalía para responder un interrogatorio. Al finalizar la diligencia, su abogado, Jaime Granados, dijo que "la reunión del club nunca se negó. Desde el primer día, el 9 de julio del año pasado, Moreno informó de la existencia de ese desayuno, que no tuvo nada ilegal (...) Confiamos en que la Fiscalía, al investigar, pueda establecer que Tabares mintió y le niegue el principio de oportunidad", dijo Granados, quien también afirmó que Tabares miente y que instaurarán una demanda por calumnia en su contra.

Mario Aranguren
Ex director de la UIAF.
Acusado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública.
A finales de mayo pasado, la Fiscalía presentó ante un juez un escrito de acusación contra el ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la Fiscalía, desde finales del 2007 y durante el 2008, Aranguren y funcionarios del DAS concertaron para realizar "conjuntamente y de forma ilegal una serie de actividades investigativas sobre algunos magistrados, encaminadas a establecer vínculos con agentes del narcotráfico o con cualquier persona o conducta al margen de la ley".
El fiscal hizo énfasis en que el objetivo era generar una campaña de desprestigio y que dichas actividades habrían sido ordenadas por funcionarios del Gobierno. "El 16 de mayo del 2008, Aranguren Rincón hizo una reunión en su oficina con la directora del DAS (María del Pilar Hurtado), Jorge Alberto Lagos y Luis Eduardo Daza, con el fin de conocer los avances de las averiguaciones adelantadas contra Ascencio Reyes y los magistrados de la Corte... de manera permanente y sistemática con otros servidores públicos del DAS y otras instancias gubernamentales para la ejecución indeterminada de delitos. Como director general y subdirector de análisis de operaciones de la UIAF, dirigieron y organizaron la empresa criminal".
El organismo investigativo estableció que la UIAF formó parte de la campaña de desprestigio que se elaboró en contra de la Corte Suprema de Justicia al entregar información, de carácter reservado, al parecer requerida y conocida por funcionarios del Gobierno Nacional.

La Defensa
Aranguren ha reconocido que el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno lo citó en Palacio y le entregó un sobre cerrado que contenía información sobre el viaje a Neiva de un grupo de magistrados, organizado por el empresario Ascencio Reyes. Le dijo: "Director, esto es competencia de la UIAF y tiene que ver con Ascencio Reyes y un vuelo chárter. Aranguren también ha reconocido que sobre ese caso entregó información al ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, pero ha insistido en que nunca participó en un complot contra magistrados, políticos y periodistas, y se limitó simplemente a entregar información en virtud de acuerdos interinstitucionales.

María del Pilar Hurtado
Ex directora del DAS
(30 de agosto del 2007-22 octubre del 2008)
Está a la espera que la Fiscalía diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra.
"Todo se inicia después de la posesión de la doctora María del Pilar Hurtado como directora del DAS, el 31 de agosto del 2007. Los días siguientes ella me invita a que la acompañe a un desayuno de trabajo que iba a tener con Bernardo Moreno en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. (…) Ella nos presentó y le indicó que yo era director general de Inteligencia del DAS. Moreno le manifestó a Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell... Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre esos temas. Le dije que sobre los tres primeros temas, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el de Daniel Coronell yo lo veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona… Ella impartió instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por Moreno, y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente... En el caso específico del senador Gustavo Petro, la subdirección de Contrainteligencia desde tiempo atrás venía recopilando información al respecto… En el tema de Córdoba… se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener más información. Esta era entregada a la Dirección del departamento, para que, a su vez, la pusiera en conocimiento del Presidente de la República (...)". Esta declaración del ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares es sólo una de las múltiples pruebas que tienen seriamente enredada a María del Pilar Hurtado en las investigaciones que se adelantan en su contra en la Fiscalía y en la Procuraduría por el caso de las "chuzadas" del DAS.
La Fiscalía y Procuraduría tienen también correos internos del DAS en los que la ex subdirectora de operaciones Marta Leal le reportaba a Hurtado unas actividades irregulares contra el abogado Ramiro Bejarano y el ex presidente de la Corte César Julio Valencia. "Me enteré por palabras de Leal que Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente...", dijo Tabares a la Fiscalía al referirse a ese hecho específicamente.
De acuerdo con los correos internos cruzados entre la cúpula del DAS, es claro que, al menos durante las tres primeras semanas de abril del 2008, un numeroso grupo de detectives estuvo dedicado a escarbar en todas las notarías existentes en Bogotá con el único fin de buscar información sobre César Julio Valencia Copete, quien era en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, e hicieron lo mismo con su abogado, Ramiro Bejarano. "Los funcionarios encargados de la tarea continúan haciendo descartes, especialmente en las notarías del norte, pero a la fecha no han encontrado nada. Mañana continúan", dice un correo enviado por un detective el martes 1° de abril del 2008 a la subdirectora de operaciones, Martha Leal. Al día siguiente, esta funcionaria le envió a las 12:15 un correo electrónico a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, en donde le reporta los primeros hallazgos cumpliendo su orden: "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán c.c. (...) registra en catastro un inmueble en la carrera (...). Así mismo el señor Valencia Copete Cesar Julio c.c. (...) registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad".
Para las fechas de las pesquisas ilegales emprendidas por el DAS, el magistrado y su defensor estaban en el momento más difícil por cuenta del enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe, a raíz de la demanda por injuria y calumnia que el mandatario adelantaba contra Valencia. Esos correos demuestran además que, a diferencia de lo que ha argumentado Hurtado en su defensa, el espionaje contra miembros de la Corte no se había limitado al episodio de indagar sobre el viaje de unos magistrados a Neiva. Sobre este último hecho, Hurtado también aparece seriamente comprometida en la investigación de la Fiscalía, ya que no sólo participó activamente como directora del DAS en esos seguimientos al ordenar a sus subalternos ejecutarlos, sino que, como ella lo ha reconocido, participó en reuniones para recibir y cruzar información sobre ese caso con la UIAF.

Defensa:
Hurtado ha dicho que ella es "un chivo expiatorio" y en su defensa ha sostenido insistentemente que nunca siguió a magistrados o miembros de la Corte. Afirma que simplemente cumplió un requerimiento hecho por Bernardo Moreno encaminado a saber si un polémico abogado, presuntamente relacionado con la mafia, estaba infiltrando a la Corte Suprema. Sin embargo, más allá, Hurtado deberá explicarle a la justicia también por qué y para qué aceptó infiltrar funcionarios del DAS al interior de la Corte con el fin de grabar las reuniones privadas de los magistrados, hechos que ya han sido confesados por quienes fueron sus jefes de inteligencia y contrainteligencia y por aquellos que participaron en la infiltración.

Andrés Peñate
Ex director del DAS
(Octubre del 2005 a agosto del 2007)
Está a la espera que la Fiscalía General diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra.
La Procuraduría General abrió el año pasado una investigación contra él, al considerar que: "de acuerdo con los resultados de la investigación, el señor Peñate Giraldo, al parecer, pudo haber incurrido en falta disciplinaria por haber omitido su deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes, las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios adscritos al DAS, consistentes en interceptación de comunicaciones y correos electrónicos, así como el seguimiento a diversas personas, sin el lleno de los requisitos legales, lo cual pudo ser constitutivo de conductas delictivas, disciplinarias y fiscales por parte de dichos funcionarios.", dice el pliego de cargos en contra de Peñate.
Andrés Peñate fue quien nombró como jefes de inteligencia y contrainteligencia a Fernando Tabares y Jorge Lagos, respectivamente, funcionarios que aceptaron y confesaron (incluso Lagos aceptó condena) haber participado en el espionaje ilegal del DAS. Aunque la Fiscalía, por su parte, también abrió desde el año pasado una investigación en su contra, después de 18 meses ésta aún se encuentra en la etapa de diseño de programa metodológico para adelantar las investigaciones.

Defensa:
Peñate siempre ha negado que durante su administración se adelantara algún tipo de actividad ilegal de espionaje o seguimientos. Sin embargo, como testigo en el juicio que la Corte Suprema adelanta contra Jorge Noguera y en una declaración ante la Fiscalía, Peñate reconoció que cuando asumió la dirección del DAS encontró serias y graves irregularidades adelantadas por esa entidad antes de su llegada. Estas incluían el espionaje por parte del DAS a diversas personalidades del país, de las cuales él mismo y su familia fueron víctimas cuando se desempeñó como viceministro de defensa.

Jorge Noguera
Ex director del DAS
(Agosto 2002-octubre 2005)
Noguera tiene varias investigaciones en la Fiscalía y Procuraduría por presuntos nexos con paramilitarismo. En el caso que tiene que ver concretamente con el espionaje del DAS durante su administración, la Fiscalía ha encontrado abundante documentación sobre interceptaciones ilegales, seguimientos y amenazas por parte del miembros de ese organismo de inteligencia contra ONG, políticos de oposición, periodistas y sindicalistas.

Defensa:
Esas actividades ilegales fueron adelantadas por un polémico grupo conocido al interior del DAS como G-3. Aunque esos hechos ocurrieron cuando Noguera fue director el ex funcionario ha sido enfático en afirmar que el siniestro grupo G-3 operó sin su autorización o conocimiento y las actividades estuvieron coordinadas y orientadas de manera clandestina y paralela por quien fue su asesor y subdirector, José Miguel Narváez.
4 de octubre de 2010
©semana
rss

la prostitución es un trabajo


Según un fallo del alto Tribunal, las personas que ejercen la prostitución dentro de la legalidad tienen los mismos derechos de cualquier trabajador.
Colombia. La Corte Constitucional amparó los derechos de las trabajadoras sexuales, después de revisar el caso de una mujer que fue despedida del establecimiento en el que prestaba sus servicios sexuales por haber quedado en embarazo.
El alto Tribunal amparó los derechos al trabajo, a la igualdad, a la seguridad, al fuero materno y al mínimo vital de la demandante.
Ahora, el establecimiento en el que trabajaba deberá indemnizarla y pagarle las 12 semanas de salario por la licencia de maternidad, pues la Corte consideró que aunque no había un contrato formal, sí había un contrato laboral que se rompió abruptamente.
No obstante, el alto Tribunal no ordenó el reintegro a la demandante por considerar que aunque el trabajo es legal, va contra principios liberales del derecho.
El fallo establece que en los casos en los que la prostitución es ejercida voluntariamente, la trabajadora sexual cumple un horario, depende de esa actividad, está subordinada a un jefe y recibe una remuneración periódica, hay un contrato de trabajo.
Además, reconoció que la prostitución no es un trabajo ilícito. ¿La razón? La prostitución es una actividad económica, que se rige por el derecho comercial, tributario, y ahora, en este caso, laboral.
En la sustentación de este argumento, la Corte Constitucional adujo que "ni la moral ni las buenas costumbres" eran razones para justificar la discriminación. El argumento fue el producto del análisis de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la legislación.
La sentencia T-629 de 2010, resultado de la demanda que instauró la trabajadora sexual, invocó el principio constitucional que garantiza la protección de los derechos de las personas que pertenecen a un grupo tradicionalmente discriminado.
Según la Corte, es "deber de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial protección, por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las condiciones propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de la que suele ser víctima por la actividad que ejerce".
Agrega: "esta situación merecerá, como ocurriría con cualquier otro sujeto en condiciones similares, la más decidida protección por parte del Derecho para que sean cubiertas todas las obligaciones no pagadas por el empleador durante el tiempo en que hubiese tenido lugar la relación de trabajo".
La acción judicial llegó a la Corte, después de haber pasado por un juzgado y un tribunal, en primera y segunda instancia. Los dos despachos habían negado la protección de los derechos demandados.
En primera instancia el juez reconoció que efectivamente la protección de derechos fundamentales estaba en juego, pues la demandante estaba en embarazo y pertenece a un grupo social discriminado. Sin embargo, negó la solicitud porque "el contrato que tenga como objeto de prestación actividades sexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito toda vez que dicho ejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón que impide su protección por parte de este Despacho".
En la segunda instancia el juez confirmó los argumentos del primer juez. Argumentó que el tipo de contrato no permite establecer la retribución para la trabajadora sexual, pues se basa en porcentajes por los servicios.

Los Efectos Jurídicos
El fallo seguramente facilitará el trabajo de las asociaciones de las trabajadoras sexuales que reivindican sus derechos, así como la creación de sindicatos, cooperativas y cualquier figura relacionada con los derechos laborales.
La Corte también instó a las autoridades a proteger "de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto en lo que tiene que ver con sus derechos individuales, a la salud y a la rehabilitación, como respecto de sus derechos a un trato igualitario frente al trabajo".
El fallo con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, dice que "los trabajadores sexuales siguen siendo sólo cifras y datos en las estadísticas y encuestas, sujetos discriminados y sometidos a la indignidad de no merecer la protección del Estado, víctimas por regla, de una invisibilización en sus derechos económicos y sociales fundamentales, estimada en esta providencia inadmisible e ilegítima. Actuación ésta que, estima la Sala, no se puede posponer y cuya realización debe operar irremediablemente, de modo paralelo a las políticas y acciones de rehabilitación y prevención existentes".
4 de octubre de 2010
©semana
rss

oro manchado de sangre


En el corazón de Antioquia se está dando una metamorfosis de los grupos ilegales: han dejado en un segundo lugar la coca para dedicarse de lleno al negocio de extraer oro. Crónica desde el Bajo Cauca.
Colombia. A las prostitutas más cotizadas de Caucasia les han llegado a pagar con amalgamas de oro, pepitas del metal mezclado con mercurio del tamaño de un diente o de una muela, según la generosidad del cliente y el buen nombre de la mujer. Como pasó en algunos pueblos del sur del país con el precio del gramo de cocaína, en los seis municipios del Bajo Cauca, al nororiente de Antioquia, la cotización del oro es una suerte de medida universal para calcular bienes tan disímiles entre sí como una casa, un campero, un equipo de sonido, una pistola con silenciador, una noche de sexo.
Para Gabriel, conocido en las riberas orientales del río Cauca como ’Yo No Fui’, una semana de trabajo le puede representar 100 gramos de oro, poco más de seis millones de pesos, es decir, lo mismo que el precio de dos motos. Pero él es solo un empleado de sí mismo con una draga artesanal. Los que ganan el equivalente a 100 motos semanales son otros, dice el hombre con el bigote sucio de pantano: los dueños de ’las gigantes’, retroexcavadoras que pueden costar hasta 500 millones de pesos. El Bajo Cauca está lleno de esos armatostes, como en un paisaje del fin del mundo.
Las autoridades ambientales temen que el número de ’gigantes’ ya supere las 2.000 máquinas, todas repartidas en las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí, y más allá, en la inmensa llanura de 8.500 kilómetros cuadrados anegada de pozas, lagos, pantanos y playones que se conectan entre sí formando un sistema acuático de 40.000 hectáreas. En época de lluvia, como ahora, los ramales parecen infinitos. Desde el aire se asemejan a calles que se cruzan, autopistas y avenidas de una ciudad a la que solo le faltan las casas. En pocos lugares del mundo se concentra una biodiversidad de fauna y flora tan rica. Pero el oro vale más.
Según las cifras oficiales, entre el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño extraen cerca de 28 toneladas de oro al año, justo en momentos en que el precio del metal alcanza cifras históricas, de casi 70.000 pesos el gramo. Es decir, un negocio de cerca de 2 billones de pesos al año. Lo preocupante, además de la depredación ecológica de las máquinas, es que el destino de esos recursos multimillonarios son los bolsillos de los grupos armados, que encontraron en la explotación aurífera una nueva empresa criminal. Se trata de una ironía: el éxito en la erradicación de cultivos ilícitos.
En junio pasado, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que el área cultivada con hoja de coca en el país era de 68.000 hectáreas en diciembre de 2009, 13.000 menos que en 2008. Para el caso de Antioquia la buena noticia resultó aún más significativa: pasó de 10.000 a 4.500 hectáreas. Pero lo que debería haberles representado un duro golpe a las finanzas de los grupos ilegales pareció representarles una oportunidad de diversificación para algunos de ellos.
En el Bajo Cauca, centro de buena parte del éxito de las fumigaciones y la erradicación manual del gobierno, los grupos armados se las arreglaron para extender su portafolio criminal y compensar la pérdida de un porcentaje importante de sus finanzas: se convirtieron en buscadores de oro, a la manera de las viejas películas del far west, y la semejanza se extiende también a su costumbre de ir por ahí, pistola al cinto, resolviendo a balazos lo que consideren un problema, sin importar si son funcionarios de la Alcaldía, investigadores de la Fiscalía, miembros de las Fuerzas Militares, niños de camino al colegio. En lo que va del año se cuentan 164 muertes violentas en la región y más de 60 atentados con granada.
En efecto, el Bajo Cauca, integrado por los municipios Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, es ahora la zona más violenta e insegura del departamento, con 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, porcentualmente apenas superada por la Comuna 13 de Medellín, que registra 108, pero muy por encima del promedio de Medellín, que es de 33.

Pobre Riqueza
Dos logias criminales se disputan el control de la región, lo que incluye el acceso a los multimillonarios recursos de las minas de oro. De un lado están Los Paisas, liderados por Ángel Pacheco Chancí, alias ’Sebastián’, socio de Los Rastrojos, llegados desde el Valle del Cauca. Del otro lado están Los Urabeños, al mando de los hermanos Juan de Dios y Darío Antonio Úsuga después de la captura de ’Don Mario’. De esa misma esquina criminal hace parte Maximiliano Bonilla Orozco, alias ’Valenciano’, el cabecilla de la otra facción de La Oficina de Envigado, que libra una guerra a muerte en las comunas de Medellín con ’Sebastián’.
Por su ubicación estratégica, en el centro del país, en la confluencia de la zona andina y los valles cenagosos que preceden los litorales del mar Caribe, el Bajo Cauca antioqueño ha sido despensa de recursos ilimitados para las guerrillas y los paramilitares, primero como zona de tránsito y de estadía y, desde hace 20 años, de cultivo y producción de narcóticos. La industria cocalera llegó a ser tan importante que la explotación aurífera era apenas un renglón de su financiamiento. Ahora el orden de las cosas parece haber cambiado: "Hoy los antiguos narcos son mineros", admite un investigador de la Policía.
En las calles de Caucasia, como si se tratara de talleres de bicicletas, se ven solares donde les hacen mantenimiento a numerosas retroexcavadoras, muchas de ellas propiedad de los bandos en disputa. Allí, a veces, se han oído disparos y explosiones de granadas. En las riberas de los ríos se trabaja a toda prisa. Basta una semana, a veces apenas un par de días, para que las palas mecánicas horaden el suelo verde y lo conviertan en una colada amarilla donde ya no crecerá nada en 100 años. Manatíes, tigrillos, peces, patos, ranas, nada queda. Y lo peor es el mercurio, advierte una autoridad ambiental en la zona.
Según la ONU, el Bajo Cauca antioqueño es la zona con el mayor índice de contaminación por mercurio en el mundo. Mientras la concentración en el aire de ese metal asociado a la producción aurífera debe ser 10 nanogramos, en los municipios del nordeste y Bajo Cauca de Antioquia llega a superar los 340. La gente se muere poco a poco por culpa del oro. Pero la ironía, en medio de la riqueza incalculable, es historia repetida: el 75 por ciento de su población vive en condición de miseria y el 19 por ciento, en situación de pobreza.
¿A dónde se van las ganancias de las 28 toneladas de oro que extraen allí cada año? Indagadas por una respuesta, las autoridades de la Alcaldía de Caucasia se disculparon hace una semana, durante la visita de SEMANA a la región. El alcalde, el secretario de Gobierno y el presidente del Concejo dijeron que estaban muy ocupados en otros asuntos.
4 de octubre de 2010
2 de octubre de 2010
©semana
rss


nueva condena contra yidis medina


Por enriquecimiento ilícito fue condenada Yidis Medina. La ex representante a la Cámara fue condenada a cuatro años y dos meses, por el escándalo de las notarías. Denunció a otros congresistas que vendieron sus votos al ex presidente Uribe..
Colombia. Un juzgado penal especializado de Bogotá encontró responsable del delito de enriquecimiento ilícito a la ex congresista Yidis Medina, por lo que fue condenada a cuatro años y dos meses.
La ex congresista recibió una rebaja de pena por haber reconocido los cargos que se le endilgaban. Medina afirmó que varios votos de congresistas fueron comprados por medio de un decreto del gobierno que les asignaban notarías.
Cabe recordar que la ex legisladora ya había sido sentenciada a 47 meses de prisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de cohecho. Y fue el alto tribunal el que compulsó copias a la Fiscalía para que la investigara por recibir 578 millones de pesos de dos notarios en Barrancabermeja, Santander.
Por la misma razón fue condenado el ex representante Teodolindo Avendaño, quien se ausentó de la votación del proyecto en la Comisión primera de la Cámara de Representantes, el día que ésta célula legislativa lo iba a votar. Según lo pudo comprobar la Corte Suprema de Justicia, Avendaño recibió a cambio la administración de una notaría que después vendió.
No obstante, a pesar de estas dos condenas por cohecho, los funcionarios oferentes de las prebendas no han sido sancionados
Yidis Medina, por ser madre de familia, goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
1 de octubre de 2010

2 de octubre de 2010
©semana
rss

mancuso delata a mario uribe


Lo que dijo Mancuso contra Mario Uribe. En el juicio el ex jefe paramilitar señaló que las Auc presuntamente ayudaron a Mario  Uribe en la campaña de 2002 y el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo dijo que no autorizó a Uribe para hablar con grupos ilegales. La Procuraduría sin embargo pidió su absolución.
Colombia. Desde una cárcel de Estados Unidos, el ex jefe del Bloque Norte, Salvatore Mancuso, reconoció que apoyó políticamente la campaña del ex senador Mario Uribe al Congreso para el año 2002. Según el desmovilizado, después de una supuesta reunión con Mario Uribe, le ordenó a sus subalternos apoyar su candidatura.
Según dijo Mancuso, en 2002 se reunió con Mario Uribe y con la ex congresista Eleonora Pineda, condenada por ’parapolítica’, en la finca La Capilla, en Tierralta, Córdoba. En ese encuentro Pineda le presentó un supuesto acuerdo político entre ella y Mario Uribe para obtener votos en Córdoba.
Después de la reunión, Mancuso se comunicó con sus jefes militares y con líderes políticos de municipios de Córdoba como Puerto Libertador, Planeta Rica y Montelíbano para que "en nombre de las autodefensas" presuntamente apoyaran la candidatura de Uribe al Senado.
"Yo avalé ese acuerdo tácitamente, llamé al comandante del Alto San Jorge y le dije que fuera a apoyar a Mario Uribe en esos municipios", explicó el ex paramilitar ante la Corte Suprema.
Según Mancuso, al principio iba a apoyar el ex senador Miguel de la Espriella, también condenado por ’parapolítica’, como fórmula de Eleonora Pineda al congreso. Pero luego de la reunión de Tierralta  "cambió de opinión" y prefirió ayudar a Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
"Quien hizo el pacto fue Eleonora con Mario Uribe, ella me lo contó delante de Mario Uribe y después de la reunión di la orden que en nombre de las autodefensas apoyaran a Mario Uribe y no a Miguel de la Espriella", señaló el ex paramilitar, extraditado en 2007 a Estados Unidos por narcotráfico.
Además de la declaración de Salvatore Mancuso, la defensa de Uribe recibió otro golpe. Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz, dijo que el político nunca recibió la autorización del gobierno para negociar y hacer contactos con grupos al margen de la ley.
El testimonio de Restrepo parece contradecir lo que Uribe y Pineda afirmaron desde el inicio del juicio, cuando aceptaron que se habían reunido con Mancuso en 2002 para tratar temas de paz.
En julio pasado el ex senador admitió que esta reunión se dio después de las elecciones de Congreso y poco antes de los comicios presidenciales. También señaló que se encontraron de manera sorpresiva cerca de Montería, por iniciativa de Pineda (Mario Uribe acepta que se reunió con Mancuso pero que no hizo pactos con ‘paras’).
Según el político, en esa reunión, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizar" sus vínculos familiares para contactar a su primo Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. Mario Uribe dijo que le respondió al ex paramilitar "de manera cortés", pero que rechazó su propuesta. "Discutimos rápidamente, quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República, quería que yo le sirviera de enlace. No acepté ese encargo", le dijo a la Corte Suprema.
"No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada, después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortés que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí" señaló en ese momento el ex senador.
En una audiencia del 15 de septiembre pasado, Eleonora Pineda aceptó la reunión con Mancuso, pero aclaró que sólo hablaron del proceso de paz con los paramilitares. "En la reunión, Mancuso pretendía que muchos sectores acompañaran el proceso de paz con las autodefensas", explicó la ex representante en ese momento (Eleonora Pineda: "Me reuní con Mancuso y Mario Uribe para tratar temas de paz").

El Retiro de Mancuso
Mancuso declaró como testigo del juicio al ex congresista antioqueño pero explicó que no participaría más en la audiencia ni en ningún otro proceso judicial (salvo en aquellos en los que ya había confesado crímenes) por la falta de seguridad de su familia y de aquellos que trabajaron con él.
El ex jefe paramilitar leyó un documento en el que explica las razones de sus negativas para seguir declarando, entre las cuales el incumplimiento del Estado con compromisos adquiridos a través de la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso mencionó que su extradición hacia Estados Unidos representó un obstáculo para el proceso de Justicia y Paz y que el asesinato de su contador a principios de septiembre, la renuncia de sus abogados y las amenazas contra su hijo,  hacen imposible que él siga declarando. "No tengo seguridad, ni las personas con las cuales me relaciono. Estoy aquí para ratificar mi constante compromiso con el proceso de justicia y paz, pero físicamente me es imposible seguir participando en estos procesos judiciales" indicó el ex paramilitar.  
El procurador delegado Jorge González dijo que no le da credibilidad a las declaraciones del paramilitar. Cuestionó que después de que Mancuso aseguró apoyar a Uribe, se haya negado a seguir respondiendo y no permitir que las partes contrainterrogaran.
Según el procurador González, contrasta el testimonio de Mancuso con el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda, que aseguró que jamás hizo pactos con Uribe.

Lo Que Tiene a Mario Uribe tras las Rejas
El proceso de Mario Uribe Escobar había vuelto al terreno de la Corte Suprema, luego de que el Fiscal General encargado lo hubiera dejado libre el 19 de agosto de 2009 pero vinculado al proceso por sus presuntos nexos con paramilitares.
Ahora la Corte considera, en su acusación, que Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político en lo que llamaron "estados liberados".
"Nunca satisfechos y en procura de lograr una representación política que compartiera sus idearios de "Nación", desde aproximadamente el año 2001 diseñaron un plan de expansión que les permitiera obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos. En ese sentido, diseñaron una propuesta convencional que entre otros lideraron Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, el uno un curtido político del Departamento de Córdoba y la otra concejal de un pueblo apartado de la Región del San Jorge con aspiración de convertirse a nivel nacional en la representante de las autodefensas", dice la Corte en su comunicado anunciando la decisión.
Para la Sala, "la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de "actores" políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado".
La acusación de la Corte se centra en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. El análisis de las votaciones de 1998, 2002 y 2006 deja la pregunta de "cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación".
En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento "atípico" se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.
Aunque Mario Uribe explica el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte no se explica cómo en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.
La duda de la Corte sobre los resultados atípicos se refuerza con los testimonios de varios dirigentes locales del movimiento Colombia Democrática, partido de Mario Uribe, que dijeron que no conocen a Mariano Cura Demoya y que nunca lo vieron haciendo proselitismo en la región.
Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte "no es improbable que Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso".
En versión libre de Salvatore Mancuso dijo que era imposible que Mario Uribe no supiera qué tipo de relación existía entre él y Eleonora Pineda. El ex jefe de las Auc dice que "si yo le mando (a Mario Uribe) una razón con Eleonora, me imagino que él le habrá preguntado, Eleonora qué tipo de relaciones tienes tú con el comandante Mancuso o por qué me está citando".
La Corte añade que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.
 En conclusión la Corte dice que "es altamente probable que Mario Uribe Escobar se hubiese reunido con Salvatore Mancuso no para hablar exclusivamente del proceso de paz, sino para delinear un apoyo en una zona especialmente conflictiva".
La Corte sin embargo desvirtuó los testimonios de varios ex ‘paras’ que vinculan a Mario Uribe con el robo de tierras en Sahagún y Caucasia en 1998, con la complicidad en el asesinato de un campesino en su finca La Palmira en Hispania, Antioquia y con la colaboración del Bloque Élmer Cárdenas para presionar los votantes del Urabá antioqueño para favorecer a Mario Uribe.
30 de septiembre de 2010
©verdad abierta
rss


condena por masacre de tibú


Condenan a ‘Camilo’ por masacre de Tibú. El ex jefe militar del Bloque Catatumbo de las Auc fue condenado a 40 años de prisión por una de las masacres ocurridas en Norte de Santander.
Colombia. El Juez Segundo Penal de Cúcuta condenó a 40 años de prisión a Armando Alberto Pérez Betancourt alias ‘Camilo’, ex jefe militar del Bloque Catatumbo de las Auc, por la masacre de 20 personas cometida el 6 de abril de 2000 en Tibú, Norte de Santander.
Así lo informó la Fiscalía, tras explicar que el organismo investigador probó que ‘Camilo’ fue el responsable en los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado.
Alias ‘Camilo’ fue el encargado en 1999 de transportar a 200 hombres comandados por Carlos y Vicente Castaño hasta Tibú, para apoderarse del territorio y controlar las rutas del narcotráfico. Luego se convirtió en la mano derecha de Salvatore Mancuso y comandó el Frente Gabarra del Bloque Catatumbo de las Auc, desde donde ordenó y participó  de homicidios selectivos, desapariciones y masacres en la región.
Una de ellas fue la de Tibú, donde 20 personas fueron asesinadas y otras cinco más fueron heridas tras la incursión del grupo paramilitar en los barrios La Unión, Once de Febrero y El Triunfo. Por estos  hechos, en mayo de 2010 un juez también condenó a Salvatore Mancuso a 39 años de prisión, además de imponerle una multa por 1.372 millones de pesos.
Aunque el 10 de diciembre de 2004 alias ‘Camilo’ se desmovilizó junto con otros 1.433 integrantes del Bloque, a los pocos meses abandonó el proceso de Justicia y Paz y no se sabe si está vivo. En la sentencia, el Juez Segundo Penal de Cúcuta reiteró a las autoridades el cumplimiento de la orden de captura contra este ex jefe paramilitar.
29 de septiembre de 2010
©verdad abierta
rss

cs absuelve a ex senador garcía


Corte Suprema absuelve a ex senador Carlos García por ‘parapolítica’. Luego de seis meses de juicio,  la Corte Suprema de Justicia absolvió al ex senador Carlos García de los cargos que lo relacionaban con el Bloque Tolima de las AUC.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver "por duda" al ex presidente del Partido de la U y ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, quien estaba siendo procesado por  presuntos vínculos con paramilitares que operaron en el Tolima.
El Alto Tribunal ordenó la libertad inmediata de García luego de desestimar los testimonios de desmovilizados que  ubicaban al ex congresista en varias reuniones con paramilitares del Bloque Tolima de las AUC.  La Sala Penal estimó que hubo inconsistencias en las declaraciones de los ex paramilitares.
Según el Alto Tribunal, el relato de los paramilitares sobre las dos presuntas reuniones de García con miembros del Bloque Tolima es "contradictorio". Las versiones de los desmovilizados sobre las reuniones de La Chamba en julio de 2001 y en el Rancho JC en octubre de 2001 variaron entre sí en cuanto a la descripción de los detalles que rodearon tales encuentros.
"Una y otra versión son contradictorias en el detalle de las circunstancias de su actuación en la reunión, coincidiendo sólo en la época… la reunión del Rancho JC no se verificó en la época indicada por los testigos Ricaurte Soria Ortiz, José Albeiro García Zambrano y John Jairo Silva Rincón, quienes incurrieron en contradicciones acerca de la forma como sucedió el encuentro, además de las apreciaciones subjetivas del segundo, cimentadas en juicios de valor acerca de por qué entendió que el ex senador y Elías habían hecho acuerdos" explicó la Corte.
Como conclusión la Corte señala que  "no…existe mérito probatorio para emitir una sentencia de condena, en la cual al definirse la tensión entre la necesidad de justicia y los derechos del procesado, exige certeza de la responsabilidad, la cual no se encuentra demostrada en el sub examine por las dudas que ofrecen los testimonios de cargo como atrás se puso en evidencia".
García fue detenido en julio de 2009 luego de renunciar a su curul. En septiembre de ese año fue llamado a juicio por la Fiscalía pero en ese mismo mes su caso fue retomado por la Corte Suprema tras un cambio de jurisprudencia. En marzo de 2010 se llevo a cabo la primera audiencia del juicio que finalizó a mediados de septiembre con una petición de absolución hecha por el Ministerio Público y por la defensa del ex congresista.
Precisamente, en la última sesión del juicio la defensa de García había solicitado ante la Corte Suprema de Justicia la absolución de su defendido. Para el abogado de García,  las acusaciones en contra de García fueron inconsistentes y faltaron de pruebas contundentes que ratifiquen esas acusaciones.
Varios ex miembros del Bloque Tolima de las AUC desde la cárcel La Picaleña en Ibagué dijeron que García se había reunido en varias oportunidades con paramilitares, pero la defensa alegó que muchos de esos testimonios, que calificó de siniestros, son provocados por la necesidad de algunos desmovilizados de "figurar políticamente" en el proceso de Justicia y Paz.
Según  la defensa, durante el juicio testificaron varias  personas que con la posibilidad de tener conocimiento de los presuntos hechos en mención, negaron haber tenido algún indicio de los nexos del ex congresista con miembros de grupos al margen de la ley. "No tiene ningún sentido que el ex congresista se haya reunido con paramilitares que no tenían ningún poder político o militar en la zona" señaló el abogado de García.

El Caso Que Fue Desechado
García, quien fue presidente del partido de la U y ex presidente del Congreso, renunció a su cargo a principio de 2009 para ser investigado por el ente acusador.
En audiencia celebrada a principios de julio de este año, desmovilizados del Bloque Tolima dieron detalles de una reunión del ex presidente del partido de la U con un jefe de las Auc. También contaron que las Auc recibían dinero de diez alcaldías de Tolima.
Ricaurte Soria Ortiz, ex jefe financiero y militar del Bloque Tolima de las Auc, ratificó sus señalamientos sobre los vínculos entre el grupo paramilitar y varios alcaldes del departamento de Tolima. El desmovilizado se refirió también a una reunión de los paramilitares con el ex senador Carlos García y a los supuestos nexos del Bloque con la fuerza pública.
Soria Ortiz es uno de los testigos centrales en el caso contra Carlos García. Durante la audiencia, el desmovilizado ratificó declaraciones en las que afirmó haber sido testigo de una reunión entre el comandante del bloque alias ‘Elías’ y el ex congresista hacia finales de 2001 en la vereda La Chamba.
En la misma audiencia, otros dos desmovilizados del Bloque Tolima de las AUC, José Albeiro García alias ‘Germán o Teniente’ y Edwin Carvajal Rojas, declararon igualmente sobre la  presunta reunión entre el ex congresista García y el ex jefe paramilitar ‘Elías’. Mientras el primero aseguró haber sido testigo de la llegada de García a la reunión en El Guamo, el segundo aseguró que sólo escuchó otros ’paras’ hablar sobre el encuentro con el ex congresista.
A principio de 2009, en entrevista para Noticias Uno, el ex paramilitar Ricardo Soria Ortiz, principal testigo de la Corte Suprema en contra de García Orjuela, aclaró algunos interrogantes que existían frente a su testimonio.
Desde la cárcel de Picaleña, el ex paramilitar del Bloque Tolima, afirmó haber sido testigo del encuentro entre un vocero de Carlos Castaño y el ex senador García. De igual forma, reveló algunos detalles sobre las relaciones de su grupo con el ex congresista Jaime Yépez, investigado también por parapolítica.
El ex paramilitar ratificó sus señalamientos en contra de García Orjuela, negando que lo hayan extorsionado o le hayan pagado, razones por las cuales la Procuraduría estaba cuestionando su testimonio. De acuerdo con Noticias Uno, el paramilitar aseguró: "Eso es mentira, él sabe que se reunió con las Autodefensas Unidas de Colombia, que él quiera tapar eso es otra cosa".
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dictado medida de aseguramiento contra el senador por el delito de concierto para delinquir agravado y fue capturado en Santa Marta el 25 de julio de 2008.
29 de septiembre de 2010
©verdad abierta
rss

estados unidos y el general del río


La organización National Security Archive consiguió que se le levantara el secreto a varios cables enviados por la embajada de EE.UU en Colombia al gobierno de ese país, en los cuales se revela un minucioso seguimiento de las denuncias de posibles nexos entre el general Rito Alejo del Río con los grupos paramilitares.
[Michael Evans] Colombia. Curtis Kamman no será llamado a testificar en el juicio de Rito Alejo del Río, el general retirado del ejército colombiano acusado de asesinato y de colaboración con los grupos paramilitares cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII en Urabá en 1998, pero se tiene una idea de lo que el ex embajador de Estados Unidos en Colombia hubiera podido decir, gracias a los documentos desclasificados publicados hoy en el sitio del National Security Archives.
Uno de los documentos desclasificados es un cable de agosto de 1998, que contenía adjunto una  "Biographic Note" o Nota biográfica(1) secreta, en la que Kamman aseguraba que el ex comandante de la Brigada XVII "armó y equipó sistemáticamente a los agresivos paramilitares en la región, lo cual fue crucial para su éxito militar" en el norte colombiano.
Obtenidos a través un derecho de petición de información en EE.UU. (Freedom of Information Act), estos documentos representan una singular y potencialmente valiosa fuente de evidencia en el juicio que se le sigue a del Río, pues reflejan años de reportes vinculando al comandante militar con el paramilitarismo. Ahora que se ha iniciado el juicio de Del Río, el juez podría examinar los informes de la época realizados por funcionarios estadounidenses que estaban obligados por ley a seguir y certificar el desempeño de Colombia en materia de derechos humanos.
Del Río, en su momento aplaudido como un firme luchador anti-guerrilla, comenzó a estar bajo escrutinio en 1996, después de que su segundo al mando, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, escribió un informe interno (publicado en  VerdadaAbierta.com la semana pasada),   en el que pide a sus superiores investigar los vínculos de la brigada con paramilitares y acusó a Del Río de hacerse el de la vista gorda ante la actividad paramilitar. En lugar de prestar atención a la advertencia del oficial, el Ejército ordenó el retiro de Velásquez del Ejército por insubordinado. Velásquez ofreció un testimonio similar al de su reporte interno como testigo clave en el caso judicial.
Entrevistado por la embajada estadounidense en Bogotá en diciembre de 1997,  Velásquez implicó directamente a su antiguo comandante, y lamentó "el síndrome del conteo de cuerpos" que "incentivaba violaciones de derechos humanos" y puso énfasis en que la colaboración de la Brigada XVII con los paramilitares "había empeorado bajo Del Río".
Otro informe de la embajada sobre el episodio de Velásquez da fe de la integridad del coronel, notando que era un "admirado y muy condecorado" oficial del ejército que había ayudado a derrotar a la mafia de la droga en Cali y que había preferido hacer pública una relación extramarital suya, antes que ceder al intento de chantaje de este cartel.
Las denuncias de Velásquez  "provocan mayor presión sobre los militares colombianos", escribió en otro documento otro embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, quien por entonces estaba en tensas negociaciones con el ejército colombiano acerca de su desempeño en derechos humanos. " (Estas) van a dar más credibilidad a nuestro informe de derechos humanos".
Para la época, la embajada había empezado a notar que la actividad paramilitar aumentaba en áreas donde Del Río comandaba tropas y que las operaciones anti-paramilitares se incrementaban en estas mismas áreas después de que él salía. Según notó la embajada, en enero de 1998, varias operaciones sin precedentes  contra los paramilitares realizadas por la Brigada XVII "tuvieron lugar apenas una semana después de la salida del área del comandante de la Brigada, brigadier general Rito Alejo del Río, de quien se había asegurado que no era poco amigable con los paramilitares".
Un reporte de febrero calificó de "más que una coincidencia" el que una serie de golpes contra los paramilitares "se hubieran dado todos después de la salida del norte de Colombia del mayor general Iván Ramírez y su comandante de Brigada el brigadier general Rito Alejo del Río, de quienes se creía ampliamente que habían contribuido a un clima de comando conducivo a hacerse los de la vista gorda con los paramilitares, o peor."
Al mismo tiempo, la embajada percibió un ejemplo perturbador de una posible complicidad entre militares y paramilitares en un ataque paramilitar en La Horqueta, en las afueras de Bogotá, apenas semanas después de que Del Río dejara Urabá, para asumir la comandancia de la brigada en esa zona. "¿Por qué era necesario que otra unidad del Ejército viajara todo el trecho desde Bogotá para intervenir?", se preguntaba el cable diplomático de enero de 1998. La embajada agregó que la Brigada XII de Del Río "extrañamente no reaccionó" a la masacre, siendo esta la primera matanza paramilitar que ocurría tan cerca a la capital. También implicaba a Del Río el descubrimiento de que el paramilitar que comandó el ataque era presidente de una Convivir, milicia legal de Urabá, el área de operaciones de Del Río, "que fue importada a la región para contraatacar a las Farc".    
La buena estrella del general empezaba a caer tan rápido en 1998 que los reportes de Estados Unidos apenas podían dar abasto con los hechos. El cambio de opinión sobre Del Río es claramente evidente en dos informes militares estadounidenses de principios del 98. En el primero, Del Río, graduado en 1967 de la Escuela de las Américas, es reconocido como una historia exitosa del entrenamiento militar estadounidense. Pero un segundo informe corregido, de marzo de 1998, ubica a Del Río por el contrario como una historia "no tan exitosa", resaltando que él "presuntamente tenía nexos no sólo con los paramilitares de la costa norte y de la región de Urabá, sino también desde antes con la conflictiva región del Magdalena Medio", y también estaba "implicado en el robo de un cargamento de armas (del ejército colombiano) destinado a los paramilitares del Magdalena Medio en 1985".
Para agosto de 1998, los fiscales colombianos habían abierto una investigación preliminar por los nexos del general Del Río con los paramilitares, un hecho que según Kamman "serviría como una señal a aquellos oficiales que continuaran ayudando o de alguna manera trabajaran con los grupos paramilitares". El embajador expuso en su "nota biográfica secreta" que Del Río había sido "muy exitoso" contra la guerrilla de las Farc, y "armó y equipó sistemáticamente a los agresivos paramilitares en la región, lo cual fue crucial para su éxito militar".
Los informes del embajador también estaban teniendo un impacto en Washington, donde los derechos humanos estaban figurando fuertemente en las negociaciones sobre el entonces naciente paquete de ayuda del Plan Colombia. En enero de 1999, dos oficiales sénior del Departamento de Estado le escribieron a Kamman para expresar su inconformidad con el progreso de Colombia en el tema de derechos humanos, señalando particularmente "el nombramiento en posiciones clave de muchos generales de los cuales se alegaba, con credibilidad, que presuntamente tenían nexos con los paramilitares". Y entre ellos incluyeron a Del Río, quien había sido recientemente nombrado Director de Operaciones del Ejército. Frustrado y esencialmente sin opciones, el Departamento de Estado tomó la inusual decisión de cancelarle la visa a Del Río por "tráfico de droga y actividades terroristas", precipitando su retiro forzoso y el fin de su carrera militar en abril de 1999.
A medida que los años pasaron, el gobierno de Estados Unidos se fue preocupando más de la impunidad de los oficiales en Colombia, especialmente en los casos de oficiales de alto rango como Del Río, provocando discusiones fuertes luego de que el Fiscal General Luis Camilo Osorio retirara todos los cargos contra Del Río en 2001. Un breve documento elaborado para el más alto oficial de derechos humanos del Departamento de Estado, Lorne Craner, expresó "la preocupación en el Congreso" de que el retiro de los cargos por parte de Osorio mostraba que él estaba "menos enfocado en procesar paramilitares y personal militar acusado de colaborar con los paramilitares". Un memorándum del Departamento de Estado de 2005 encontró "preocupante" que el gobierno colombiano no haya enviado todavía un "mensaje claro" respecto a la impunidad de Del Río.
Más de cinco años después, el caso finalmente ha llegado a juicio, y la justicia escuchará el testimonio de testigos muy importantes, cada uno de los cuales traerá una perspectiva única al proceso. Y mientras ningún oficial de Estados Unidos participará, la justicia  debería considerar la perspectiva desclasificada del gobierno de Estados Unidos y los archivos que eran secretos sobre  sus historias "no tan exitosas".
[El autor es director del Proyecto Documental de Colombia del National Security Archive].
29 de septiembre de 2010
©verdad abierta
rss