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cae ex congresista salomón nader

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Capturado ex congresista Salomón Nader por ‘parapolítica’. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Barranquilla al ex congresista Mario Salomón Nader, acusado de nexos con grupos paramilitares que delinquieron en Córdoba y Antioquia.

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Colombia. El ex senador por el partido Liberal, Mario Salomón Nader, fue capturado por orden la Corte Suprema de Justicia que lo investiga desde abril de 2009 por sus presuntos nexos con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC comandado por el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’.
En abril de 2009, alias ‘El Alemán’ entregó a la Corte Suprema de Justicia una lista de nombres de 23 políticos que presuntamente fueron financiados y apoyados políticamente por las Autodefensas.
En ese momento, información divulgada por La FM aseguró que según el testimonio de ‘El Alemán’, él mismo se reunió con 23 líderes políticos con el fin de llegar a una serie de acuerdos. Al parecer, existió un plan del Bloque Élmer Cardenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con el fin de tener aliados en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas.
El ex jefe paramilitar se refirió a políticos de Córdoba entre quienes figuraban: Mario Salomón Nader, entonces senador del Partido Liberal; Reginaldo Montes, ex senador de Cambio Radical y quien ya fue condenado a 6 años de prisión por parapolítica; Mario Buendía, ex diputado; Mari Bechara, candidata a la Cámara que no salió elegida; Juan Manuel López, senador Liberal condenado a 7 años de cárcel por parapolítica; y José De los Santos Negrette, ex representante conservador también condenado por parapolítica.
El ex congresista deberá ser trasladado en las próximas horas a Bogotá y quedar a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
19 de septiembre de 2010
17 de septiembre de 2010
©verdad abierta

suspenden acusación contra autodefensas

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Suspenden imputación contra autodefensas de Ramón Isaza.

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Colombia. El Fiscal Segundo de la Unidad de Justicia y Paz solicitó la suspensión temporal de la de imputación de cargos contra 27 desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, porque los postulados se negaron a asistir a la diligencia.
La imputación de cargos contra 27 desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, fue cancelada provisionalmente.
La solicitud la hizo el Fiscal Segundo de Justicia y Paz ante un magistrado de control de garantías, porque la mayoría de los postulados no quiso asistir a la audiencia.
La situación viene presentándose desde la primera jornada, cuando 11 desmovilizados indicaron que no asistían en protesta al tratamiento que recibieron del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec. Según los postulados, los agentes les están exigiendo desnudarse a la hora de las requisas y los están ubicando en pabellones que no son de Justicia y Paz.
"En los acuerdos que hicieron los desmovilizados con el Gobierno, se pactó que a los postulados les iban a dar un tratamiento especial. Sucede que en la cárcel La Picota eso no está aplicando, porque no hay cupo en el pabellón de Justicia y Paz. A varios los están ubicando en un pabellón de máxima seguridad, donde les ponen grilletes en manos y pies, y les exigen desnudarse a la hora de la requisa", dijo Camilo Güiza, defensor de al menos 13 de los postulados.
El director técnico del Inpec, coronel Édgar Humberto Gracia, aseguró que la institución carcelaria sólo está cumpliendo los procedimientos. "Estamos garantizando la seguridad de los postulados y de los miembros el sistema judicial. Estamos cumpliendo con las exigencias del Comité Técnico, creado especialmente para la atención de los desmovilizados", indicó.
Garcia explicó que a la fecha 1.670 desmovilizados están detenidos en nueve cárceles de país, donde existen pabellones de Justicia y Paz. "Por la cantidad de postulados que son traídos a Bogotá para diligencias judiciales, es cierto que el pabellón de La Picota está lleno. Pero habilitamos uno adicional que antes funcionaba para máxima seguridad.  Ambos funcionan igual y con las mismas reglas", dijo el funcionario.

Qué Viene
De no haber una solución, las más afectadas serán las víctimas que habían sido citadas durante los próximos 15 días para participar de la audiencia. Sin embargo, el Fiscal Segundo aseguró que está mediando con las partes para no tener que alterar el cronograma.
Hernando Aníbal García, procurador delegado para la Justicia y Paz, explicó que envió a un procurador delegado al Inpec para que rinda un informe, que luego será entregado al Gobierno, la Fiscalía, el magistrado y las partes interesadas para llegar a un acuerdo.
Sólo hasta que se reanude la audiencia, las víctimas y la sociedad podrán conocer los 237 hechos de violencia que le imputarán a los 27 desmovilizados, responsables del asesinato de 370 personas, 620 delitos y 19 masacres en el Magdalena Medio.
19 de septiembre de 2010
16 de septiembre de 2010
©verdad abierta

posible restitución de expropiaciones

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Magistrados podrán restituir bienes robados por los ’paras’ a las víctimas. Los magistrados de Control de Garantías de Justicia y Paz podrán devolver tierras a las víctimas despojadas por grupos armados ilegales, según un concepto de la Corte Suprema de Justicia. Con la medida se podrá agilizar la devolución de bienes a los campesinos desplazados.

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Colombia. Así lo conceptuó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al decidir en segunda instancia una apelación interpuesta por la Fiscalía 48 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz y varios abogados representantes de víctimas contra Álvaro Cerón Coral, Magistrado con funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien en una audiencia realizada el pasado 4 de agosto dijo que no era competente para cancelar 15 títulos fraudulentos de predios ubicados en el Urabá antioqueño que fueron robados por hombres del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
En esa audiencia y antes de escuchar la solicitud de cancelación de títulos, el magistrado Cerón Coral determinó que la Sala de Conocimiento era la instancia competente para restituir los bienes a las víctimas propietarias, una vez hubiese concluido el incidente de reparación integral.
El caso se presentó porque unos campesinos de Urabá reclamaban unas tierras que fueron ofrecidas en versión libre por el ex paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, para el Fondo de Reparación de las Víctimas, pero antes de ese ofrecimiento, ocho de los doce propietarios ya habían denunciado ante la Justicia el despojo de sus predios, ubicados en el corregimiento Tulapas, en Turbo, Antioquia.
En la apelación, la Fiscalía 48 argumentó que, por ser víctimas de los paramilitares quienes reclaman la devolución de sus propiedades, deben recibir un tratamiento diferente y preferencial por parte de la justicia. En especial, dice la Fiscalía, los jueces deben proteger a personas como los desplazados que están buscando recuperar lo suyo dentro de un proceso de transicional como lo es Justicia y Paz.
Para solicitar que el juez de Control de Garantías sea quien devuelva los bienes, la Fiscalía argumentó que "carece de sentido tener que llegar hasta el final del procedimiento para ordenar la restitución de bienes cuyo apoderamiento ilegal ya fue confesado por el desmovilizado y cuya propiedad legítima previa a la expropiación forzada, acreditan las víctimas asistentes a la audiencia, máxime cuando ellas se encuentran en condición de desplazamiento forzado".
A su vez, los abogados de las víctimas del ’El Alemán’ y sus hombres reclamaron ante la Corte Suprema que ellos exigían la devolución de sus predios y no la reparación en dinero producto de la venta de los bienes del Fondo de Reparación. "Resulta equitativo y justo suspender el proceso de monetización de los bienes ofrecidos al Fondo de Reparación para las Víctimas, por cuanto es la restitución una de las principales formas de reparación, entre otras razones porque sus representados demostraron que los bienes estaban en cabeza de ellos, y por tanto eran los legítimos propietarios antes de su despojo".
Estos juristas representan a los campesinos Medardo Gómez Macías, Leonido José Arrieta Montiel, Fernando Antonio Gómez Sepúlveda, Robinson Antonio Noriega Galván, Arnulfo Enrique Medrano Arrieta, Jackeline Galván Ochoa, Dinaluz Torregrosa Chamorro, Ubaldo Enrique Jiménez, Cándida Pantoja de Galván y Olegario Antonio Galván.
Entonces, la Corte Suprema de Justicia aclaró que "lo justo en estos casos es que desde el inicio del proceso, por el Magistrado con Funciones de Control de Garantías, se ordene la restitución,  en un trámite incidental en el que se respeten o se sopesen los derechos de terceros de buena fe, se acredite que el desmovilizado confesó en su versión libre el desplazamiento y se acredite la apropiación espuria por medio de títulos fraudulentos de los bienes de los desplazados".
La justicia transicional, agregó este alto tribunal, no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive el país de cuenta de los millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica  y la inflexibilidad jurídica.
"La forma en que la administración de justicia se puede vincular con la superación, o por lo menos con la mitigación de este drama, es facilitando la restitución de tierras en la fase temprana del proceso transicional", reiteró la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, indicó que los desplazados, familias -y en muchos casos poblaciones- invisibles, a las que calificó de  "trashumantes de la miseria y de la indiferencia", se merecen que se aplique en su favor los criterios moduladores de la actividad procesal en función de su necesidad extrema, precisamente para evitar excesos de dilación, que el paso del tiempo cuente contra ellos.
"Esas familias se merecen igualmente que sus tierras vuelvan a sus manos, y no que se pierdan en la maraña general de una bolsa común, contrariando el concepto de restitución, primera opción reparatoria reconocida en la ley", conceptuó el alto tribunal.
Con tales argumentos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del Magistrado Álvaro Cerón Coral con funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, lo que implica que su despacho debe admitir para estudio la solicitud elevada por la Fiscalía 48 de Justicia y Paz, así como por los representantes de víctimas en relación con la cancelación de los títulos fraudulentos y la restitución de sus tierras a los propietarios, y tomar una pronta decisión.
19 de septiembre de 2010
17 de septiembre de 2010
©verdad abierta

condenan a ex congresista rangel

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Corte condena a ex congresista Miguel Ángel Rangel por ’parapolítica’. La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y cinco meses de prisión al ex representante por Bolívar, Miguel Ángel Rangel Sosa, por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Auc.

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Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 90 meses de cárcel al ex congresista Miguel Ángel Rangel por el delito de concierto para promover grupos ilegales, tras haber comprobado que hizo alianzas con paramilitares que pertenecieron al Bloque Central Bolívar de las Auc. El ex congresista deberá pagar una multa de 6500 salarios mínimos, es decir, algo más de 3.300 millones de pesos.
El dirigente fue segundo renglón de la cámara de Representantes por Bolívar del partido de la U, Alfonso López Cossio, y asumió la curul que éste dejó vacante luego de que renunciara a la investidura parlamentaria. El ex congresista, quien también fue alcalde de Pinillos, Bolívar, permanece detenido desde hace 15 meses.
El pasado 12 de julio, la Procuraduría solicitó la condena del ex representante al considerar que "recibió apoyo para su proyecto político de grupos paramilitares y, de acuerdo con los testimonios de testigos, participó en reuniones realizadas en Barranca de Loba y Pueblito Mejía a fin de concretar acuerdos de tipo electoral en el sur de Bolívar".
Para la Procuraduría, "la vinculación como integrante de la Unidad Técnica Legislativa del ex representante Rangel Sosa, de la señora Blanca Lilia Duque Gaviria, hermana de Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, es prueba del cumplimiento de los acuerdos a que llegaron las autodefensas y el movimiento político liderado por el ex congresista".
Así mismo, el Ministerio Público consideró que "de acuerdo con los testimonios rendidos por testigos que intervinieron durante el proceso, la quema provocada a la sede de la Alcaldía del municipio de Pinillos, Bolívar, con el fin de desaparecer pruebas relacionadas con desvíos de recursos para la época en que Rangel Sosa ejerció como alcalde, pudieron hacer parte de esos acuerdos con las AUC".
A finales de abril de este año, durante el arranque del juicio, Rangel negó conocer que Blanca Lilia Duque Gaviria, una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), fuera la hermana del ex jefe paramilitar, Iván Roberto Duque, alias ’Ernesto Báez’.

La Versión de ’Ernesto Báez’
En una de las sesiones del juicio, celebrada el 26 de abril de este año, el ex jefe político del Bloque Central Bolívar dijo que el ex representante Rangel sí se reunió con grupos paramilitares. Este testimonio lo dio basándose en información que obtuvo de Rafael Molano, alias ’Cuéllar’, quien fue relacionista público del movimiento político que ’Báez’ promovió.
De acuerdo con el relato, en la reunión, que tenía por propósito fijar las condiciones de la candidatura del dirigente Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar, estuvo presente la clase política del departamento de Bolívar, especialmente de Cartagena.
Cuéllar, quien según ’Báez’ fue asesinado, dio cuenta de la partición de Rangel, quien fue segundo renglón de López Cossio cuando éste fue representante a la Cámara por Bolívar.
Rangel está siendo investigado desde el 18 de enero de 2008 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema abrió investigación formal en su contra por sus presuntos nexos con paramilitares en Bolívar.
Contra el representante ya han testificado algunos de sus colegas del Partido de la U como es el caso de Gabino José Mora Martínez, ex alcalde de Pinillos y Alejandro Escobar Hernández, concejal del mismo municipio.
De acuerdo con declaraciones de Gabino Mora a la Procuraduría, en el momento en que Rangel se desempeñaba como alcalde del municipio de Pinillos (Bolívar), le entregó el poder a dos cabecillas paramilitares de la región.  
Otra posible prueba contra Rangel son los hechos que lo vinculan con el jefe paramilitar Ernesto Báez, puesto que para el periodo 2002-2006 -en el que obtuvo una votación de 35.541 votos-, nombró como asesora política a la hermana de Báez, Blanca Dilia Duque Gaviria.
Miguel Ángel Rangel, de 40 años, ha sido representante a la Cámara por Bolívar durante dos periodos.
Según declaraciones del propio Rangel, en el momento en que fue vinculado a la ‘parapolítica’ a principios de 2008,  manifestó estar tranquilo y desconocer las razones de fondo de la Corte Suprema para acusarlo.  

El Pacto de ‘Barranco de Loba’
Durante días, a mediados de agosto de 2003, circuló una versión según la cual el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar había convocado a una reunión en el municipio de Barranco de Loba, ubicado en la depresión momposina a orillas del río Magdalena. La reunión fue convocada por el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’  a la que asistieron ex alcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldes, ex concejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al Despeje y Asocipaz. También se asegura que estuvieron presentes senadores, ex senadores y otros políticos de relevancia en Bolívar.
A esa reunión asistieron 800 personas, incluso algunos líderes sostuvieron que para atender a tal cantidad de personas los anfitriones sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca, que pasaron con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.
El propósito de dicha reunión era notificar a los asistentes que los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Se acordó que entre los asistentes debían elegir a los candidatos, y los que fueran descalificados debían renunciar a sus aspiraciones. Quien desatendiera esta directriz se exponía a una ‘sanción’.
Para lograrlo, se estableció un comité que debía entrevistar por separado a los candidatos y al final realizar un informe con la sugerencia de quién debía ser el candidato.
De acuerdo con la versión de alias ‘Ernesto Báez’, el comité decidió apoyar, después de analizar todos los nombres, a Alfonso López Cossio, ex representante liberal a la Cámara por el grupo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. Se dijo que inicialmente, habían escogido, presuntamente al exgobernador Libardo Simancas, pero cambiaron y se inclinaron por López Cossio, porque el escogido tenía que pagar un aporte económico al grupo paramilitar.
Posteriormente y a instancias, presuntamente, de Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’ o ‘El Mono’, se realizó ‘El Pacto de Ralito’, en donde por influencia al parecer de la empresaria del chance Enilse López Romero, conocido con el mote de ‘La gata’, se decidió apoyar la elección de Libardo Simancas Torres.
Estos cambios de candidatos, serían los que en su momento podrían explicar el por qué el gobernador de entonces Luis Daniel Vargas y la senadora Piedad Zuccardi se trenzaron en la discusión sobre quién era más clientelista y la necesidad de aplazar o no realizar las elecciones por la presunta influencia paramilitar.  
En esos días una publicación de página entera en el diario cartagenero El Universal, en la que aspirantes a las distintas corporaciones públicas y alcaldías de todo el departamento, manifestaban, según ese aviso, su apoyo al señor Alfonso López Cossio. Al mes siguiente, Mancuso presuntamente presionó para que los líderes de Bolívar, y que asistieron a la reunión de Barranco de Loba, cambiaran de parecer y votaran por Libardo Simancas. Esta versión ha sido confirmada por varios desmovilizados.
Finalmente el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias ’Juancho Dique’, dijo que en el norte de Bolívar, no se movía una hoja sin autorización del Bloque Héroes de los Montes de María. También dijo que llegaron a la zona en el año 2001 y en el año 2003, cuando ya tenían el control de toda la región, incluida Cartagena, los dieciocho alcaldes de los Montes de María y  del Canal del Dique fueron elegidos gracias al apoyo que le brindó el grupo de las autodefensas del cual él era el jefe militar.
19 de septiembre de 2010
16 de septiembre de 2010
©verdad abierta

en españa cae sicario desmovilizado

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Sicario capturado en España estaba postulado a Justicia y Paz.

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Colombia. Mauricio Alberto González Sepúlveda se desmovilizó con el Bloque Héroes de Granada y utilizó su condición de reinsertado para continuar delinquiendo, especialmente en Itagüí, con Alirio Rendón Hurtado, alias ’el Cebollero’.
Esta es la ficha que posee alias ’el Ronco’ en la página en Internet de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz
González fue capturado en España y es un reinsertado postulado a Justicia y Paz, pero nunca se presentó a las versiones libres.
De acuerdo con diversos informes de organismos de seguridad, González Sepúlveda, conocido con los alias de ‘el Rondo’, ‘Felipe’, Fly’ y ‘el Loco’, se desmovilizó el 1 de agosto de 2005 junto con otros 2.000 hombres y mujeres en el corregimiento Cristales, municipio de San Roque, Nordeste antioqueño. Posee el carné de reinsertado número 11-1261.
Desde esa fecha y como fachada siempre se presentaba como "comerciante" de la Central Mayorista de Antioquia, donde tenía vínculos con Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido con el alias ‘el Cebollero’, quien fue condenado por sus nexos con la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Según oficio de la Coordinación Operativa del área de Extranjería del DAS, González Sepúlveda salió del país el 13 de febrero de 2007, con destino a Madrid, España, huyendo de la justicia, pues para esa época ya se tenía claro que estaba al frente de una estructura delincuencial que dependía de la llamada ‘Oficina de Envigado’. En ese país se había establecido en L’Eliana, una población de Valencia, donde contrajo matrimonio con una ciudadana española para lograr un permiso de residencia. Allí fue capturado por las agentes de la policía ibérica.
Diversos informes de organismos de seguridad indican que una vez desmovilizado, González Sepúlveda continuó con sus actividades delictivas como jefe de la banda La Unión, asentada en Itagüí, pero con operaciones en buena parte del sur del Valle de Aburrá, siguiendo órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, narcotraficante confeso, ex inspector general de las Auc y ex jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Tolová, hoy preso y condenado por una corte federal de Estados Unidos.
Un informe del Área Investigativa Delitos contra la Vida de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, fechado el 5 de marzo de 2007, advierte que "mediante labores de inteligencia y análisis de información originada de los barrios afectados por la violencia, este sujeto es el cabecilla número uno de la organización delincuencial denominada La Unión".
Tres días más tarde, la misma unidad policial especificó la información: "con relación a la organización criminal La Unión, depende de la organización denominada ‘Oficina de Envigado’ y su líder es ‘Felipe’ o ‘Fly’, tiene cobertura en los municipios de Itagüí, así como San Antonio de Prado, Belén, Barrio Antioquia, y Guayabal".
El documento reseña que esta banda estaba dedicada "a brindar supuestamente la seguridad de los barrios, negocios y empresas con el fin de tener manipulación del terreno, vendiendo la idea de una aparente servicio de seguridad y así lograr la ubicación de personas de diferentes sectores estratégicos, teniendo en cuenta que son los únicos que pueden realizar los cobros, los asesinatos, dar permiso para la distribución de sustancias alucinógenas, así como también expenden por su propia cuenta".
Un ex integrante de la banda La Unión, que rindió testimonio ante el ente acusador el 31 de enero de 2007, explicó que González Sepúlveda recibía órdenes de alias ‘don Berna’, desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí: "ellos se comunicaban hasta cuando yo me retiré me di cuenta de eso". De acuerdo con otros informantes de la Fiscalía, el capturado en España era quien daba los permisos para la comisión de homicidios en las áreas dominadas por esta organización criminal.
Una de las particularidades de este caso se desprende del oficio de Indumil número 93120, en el cual reporta que González Sepúlveda tuvo por lo menos cuatro de armas amparadas entre los años 2001 y 2006, y compradas al parecer legalmente en Medellín, Popayán y Montería.
Informes policiales también reseñan que fue capturado en Medellín el 1 de marzo de 2006 cuando conducía un vehículo con placas falsas robado el 14 de septiembre de 2005 en Cali. No obstante, los documentos no precisan la fecha en la que fue excarcelado.
Una vez extraditado a Colombia, González Sepúlveda tiene cuentas pendientes con la Fiscalía por sus actividades delictivas no sólo como paramilitar, sino como jefe de una de las bandas que sirvió conformar el Bloque Héroes de Granada a finales de 2002.
19 de septiembre de 2010
16 de septiembre de 2010
©verdad abierta

lo acusan de 620 asesinatos

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Imputan a Ramón Isaza 620 crímenes en el Magdalena Medio. En una audiencia conjunta y sin precedentes, la Fiscalía comenzó la imputación contra ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio por 620 delitos como secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento en Antioquia, Cundimarca, Boyacá y Santander.

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Colombia. Ante un magistrado de control de garantías, el Fiscal Segundo de Justicia y Paz acusó formalmente al ex jefe paramilitar Ramón Isaza alias ‘El Viejo’ y a otros 26 desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio -Acmm-, por 620 delitos como secuestro, tortura, desaparición, desplazamiento, extorsión y terrorismo. También les atribuirán la responsabilidad de 237 casos de violencia y 19 masacres, en las que 370 personas fueron asesinadas. Por estos hechos, hoy 392 víctimas exigen verdad, justicia y reparación.
La audiencia, que comenzó el miércoles 15 de septiembre y se prolongará hasta finales de mes, no tiene precedentes. Por primera vez tantos desmovilizados son citados a una audiencia de imputación conjunta, que contó con la asistencia de la Fiscalía, la Procuraduría, cinco defensores de víctimas y siete defensores de los desmovilizados. Sin embargo, sólo 15 de los 27 postulados a la Ley de Justicia y Paz participaron de forma presencial, entre ellos Isaza quien se encuentra convaleciente en una clínica de Bogotá en estado crítico.

El Proceso
Las Acmm, un grupo de autodefensa que llegó a tener 990 hombres en sus filas y que delinquió en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima bajo el mando de Isaza, se le atribuyen 542 casos de violencia en el Magdalena Medio. El grupo paramilitar se desmovilizó el 7 de febrero de 2006 en Puerto Triunfo, Antioquia.
En los 237 hechos que hacen parte de la nueva imputación, el Fiscal señaló que el mayor número de crímenes se cometieron entre 2000 y 2005, siendo 2001 el año más crítico. La mayoría de personas que fueron asesinadas eran menores de edad o tenían edades entre los 18 y 25 años.
Hasta las 5:00 p.m. del miércoles 15 de septiembre la Fiscalía alcanzó a presentar a 18 de los 27 desmovilizados citados para la audiencia. Después de terminar esta presentación y de contar la conformación del Bloque, a partir del viernes 18 de septiembre la Fiscalía imputará a cargos a cada uno de los postulados en presencia de las víctimas.
Estos son los 27 desmovilizados:

1-.Ramón María Isaza Arango, alias ‘El Viejo, Moncho o Patrón’
2-.Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror o Rubén’
3-.Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’
4-.Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Macguiver’
5-.Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro o Hernán’
6-.Kleir Yair Mazo Isaza, alias ‘Melchor o Danilo’
7-.Rafael Lloreda Maturana, alias ‘Frank’
8-.Rubelio Alfonso Franco Álvarez, alias ‘Douglas o Julián’
9-.Álvaro Murillo Flórez, alias ‘Zorro’
10-.Jorge Enrique Echeverry, alias ‘Vaso’
11-.Alexánder López Acosta, alias ‘X’
12-.José David Velandia Ramírez, alias ‘Washington o Steven’
13-.Luis Carlos Bedoya Ospina, alias ‘Samaná o Carlos’
14-.José Alexánder Baquero Duque, alias ‘Jota’
15-.William Alberto Domínguez Rodríguez, alias ‘William’
16-.Pedro Pablo Hernández Sepúlveda, alias ‘Pedro Pum Pum’
17-.Ferley Adrián Castaño Restrepo, alias ‘Pollo Grande’
18-.Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias ‘Nepo’
19-.Ovidio Suaza, alias ‘El Gato’
20-.Jersy Fernando Marían, alias ‘Yanki’
21-.Alejandro Manzano, alias ‘Chaqui Chan’
22-. Luis Alberto Gómez, alias ‘Garra Negra’
23-. Cesar Augusto Botero, alias ‘Flechas’
24-. Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias ‘Elkin’
25-.Alirio de Jesús Quinchía Duque
26-Óscar Albeiro Tabares Valencia
27-.Casimiro Manjarrés

La imputación de cargos es apenas la segunda fase del proceso judicial, después de las versiones libres. Para llegar a la sentencia que condene a los desmovilizados y repare a las víctimas, aún falta la formulación y legalización de cargos, así como la apertura del incidente de reparación.
19 de septiembre de 2010
15 de septiembre de 2010
©verdad abierta

alcaldías reportan 8.019 n.n.

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Alcaldías han reportado que 8.019 cuerpos han sido enterrados como N.N. Todavía faltan los datos de 600 municipios más..

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Colombia. Las alcaldías de 245 municipios del país reportaron a la Fiscalía que en sus cementerios hay restos de personas enterradas como N.N. Aún falta que reporten sus datos 600 municipios. Este censo es clave para la identificación de los desaparecidos a manos de grupos armados ilegales e incluso, de miembros del Estado.
El 46% de los municipios del país ha reportado a la Fiscalía el número de cuerpos N.N. enterrados en los cementerios. El censo es clave para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
En los cementerios de 245 municipios del país, ubicados en 27 departamentos, reposan los restos de 8.019 personas que al ser enterradas fueron registradas con la sigla en latín nomen necio (N.N.), que en español traduce ‘nombre desconocido’.
El dato proviene del censo que realiza la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía desde principios de 2010, después de reconocer que no sólo los cuerpos exhumados en fosas podían corresponder a los casos denunciados de desaparición.  "En los cementerios puede haber mucha evidencia", dijo Jhon Encinales, administrador del Centro Único Virtual de Identificación -Cuvi-.
Según el Cuvi, de los 1.120 municipios que hay en el país, 520 han respondido a la fecha la solicitud de reportar los N.N. enterrados en sus cementerios. De ese total, 245 municipios informaron que albergaban los restos de 8.019 personas sin identificación. Los municipios más críticos son Mutatá (Antioquia) con 1.500 cuerpos; Granada (Meta) con 510 cuerpos; La Macarena (Meta) con 464 cuerpos; San José del Guaviare (Guaviare) con 389 cuerpos y Marsella (Risaralda) con 383 cuerpos.
"Una vez se termine el censo haremos un llamado al gobierno y a todas las organizaciones para llegar a un consenso y comenzar la verificación de datos. Los cuerpos N.N. son una valiosa fuente de información que se puede cruzar con las denuncias sobre desaparición", comentó Encinales.
Según la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el país hay 47.757 desaparecidos. El último informe anual de Medicina Legal, Forensis, reporta 33.298 desaparecidos a partir de la información registrada durante 2007, 2008 y 2009. Por su parte, la Fiscalía asegura tener documentados 32.682 casos de desaparición forzada.

Faltan Equipos Científicos
Pero la inspección de cementerios no sólo dependerá de que las alcaldías entreguen la información sobre los cuerpos N.N. Luis González, director de Justicia y Paz, asegura que los equipos científicos dedicados a la exhumación son insuficientes.
"Hoy contamos con 11 equipos de criminalística para 18 fiscales asignados a la exhumación de cadáveres hallados en fosas. Sólo para esta labor necesitamos 10 equipos más. Para la identificación en cementerios no sabemos cuánto personal más se necesite", dijo.
González explicó que una vez terminado el censo de N.N., la Fiscalía solicitará recursos al Ministerio de Interior y de Justicia para que se realice un diagnóstico de los peritos que se requieren para realizar esta tarea.
"La Procuraduría no ha designado funcionarios para el tema de cementerios, porque la Fiscalía está realizando el censo. Apenas comience la inspección, seremos garantes del proceso judicial y de la defensa de los derechos de las víctimas. Los cuerpos N.N. con un componente para obtener pruebas como cartas dentales, adn y prendas de vestir, que se pueden cruzar con la información sobre desaparecidos", comentó Hernando Aníbal García, coordinador Nacional del Procuradores Judiciales Penales en Justicia y Paz.

"Por Fin Nos Escucharon"
Gloria Gómez, coordinadora nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos -Asfaddes-, calificó como un avance el desarrollo del censo. "Este es el resultado de nuestra insistencia. Las organizaciones de víctimas siempre hemos advertido que muchos desaparecidos pueden estar en cementerios como N.N. Es hasta ahora que el Estado lo reconoce y queremos que la identificación sea una realidad", dijo.
Gómez indicó que por medio de  la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Asfaddes está exigiendo a los administradores de los cementerios un trato especial con los cuerpos N.N: "Primero que se les dé un trato digno, porque en las jornadas de búsqueda hemos encontrado en muchos casos que los manejan como cosas. Los apilan, los tienen en fosas o los dejan a la intemperie. Segundo, que cumplan la cadena de custodia: que sean preservados, individualizados e incorporen la información sobre si les hizo necropsia e inspección judicial".
Eduardo Carreño, jurista de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, considera que el tema de cementerios debe ser investigado por una unidad especial. "De poco sirve realizar muchas exhumaciones si no se realiza la identificación. El Estado debe generar mecanismos de confianza para que las familiares de los desaparecidos se presenten y ratifiquen sus denuncias. Al mismo tiempo, que una unidad especializada realice las pruebas de adn y los estudios comparativos necesarios para llegar a una identificación plena".
Hasta el 31 de agosto de 2010 la Fiscalía ha encontrado 3.488 cadáveres en 2.867 fosas en 27 departamentos. Del total, sólo 1.002 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares dentro del proceso de la Ley de Justicia y Paz.
19 de septiembre de 2010
13 de septiembre de 2010
©verdad abierta

uribe defiende a primo parapolítico

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La declaración de Uribe en el caso de su primo, el ex senador Mario Uribe. En el documento, que consta de nueve puntos, el ex presidente afirma, entre otras cosas, que nunca recibió mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del ex congresista Mario uribe Escobar.

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Colombia.En cuatro páginas el ex presidente Álvaro Uribe respondió, el 22 de junio de este año, el cuestionario enviado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso que la Sala Penal adelanta contra su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
En el documento, el ex presidente Uribe niega que Mario Uribe haya tenido alguna participación en su mandato, distinta al hecho de que desde el Congreso de la República, en su condición de Senador, siempre apoyó las iniciativas legislativas presentadas por su gobierno.
Sin embargo, Uribe reconoce que contó con el apoyó de su primo en sus dos candidaturas. "Fue el primero o uno de los primeros aspirantes al Congreso en adherir a mi candidatura. Otros que lo hicieron fueron Germán Vargas Lleras, Manuel Ramiro Velásquez y Luis Alfredo Ramos", dijo el mandatario.
El ex presidente afirma, además, que nunca recibió mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del ex congresista.
"No, jamás. Mi política de gobierno la expuse al público. Siempre la repetí en diferentes regiones. Fue así como, desde la primera campaña presidencial expuse mi intención, deseo y decisión de adelantar procesos de paz con estos grupos armados al margen de la ley, siempre y cuando se diese el cese de actividades criminales y mostrasen la voluntad inequívoca de reintegrarse a la vida civil, abandonando la violencia y su accionar delictivo (...) reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos militares a través del doctor Mario Uribe Escobar, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el Presidente o ante el gobierno a favor de esos grupos, y nunca participó en el proceso de paz que el gobierno adelantó con las autodefensas y que culminó con su desmovilización y entrega", respondió el ex presidente en el cuestionario.
Uribe reconoce además que el auge de su campaña de 2002 sí ayudó en la votación a aspirantes al Congreso como Mario Uribe y otros que se adhirieron a ella. "Es cierto. Mi candidatura presidencial evidentemente favoreció las candidaturas al Congreso de quienes durante la campaña adhirieron a ella. Como ejemplo puede citarse los casos de Mario Uribe", señala el ex presidente.
"En este cuestionario, el ex presidente Álvaro Uribe respaldó las afirmaciones de su primo Uribe Escobar, demostrando cómo esos vientos de cola beneficiaron esa candidatura, la cual desde un principio nadie creía en ella y ese ímpetu del ex jefe de Estado favoreció al ex congresista y corrobora por qué la alta votación en el 2002", afirmó el defensor Nodier Agudelo, hace apenas unos días.
 
Las Razones del Interrogatorio
La Corte interrogó al ex presidente Álvaro Uribe con el ánimo de aclarar cuál era el objetivo del encuentro entre el ex senador Mario Uribe Escobar y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde se presume que hablaron de unas razones del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, para que se emprendiera un proceso de paz.
Cabe recordar que el ex senador antioqueño se declaró inocente de los cargos que lo vinculan con paramilitares. Aunque admitió que se reunió en una oportunidad con Salvatore Mancuso en compañía de Eleonora Pineda, negó cualquier nexo con las Auc.
Según el ex senador, en esa reunión, de corta duración, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizarlo" por sus vínculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la presidencia y gran opcionado a ganar, Álvaro Uribe.
Uribe Escobar dijo que rechazó su propuesta. "Discutimos rápidamente… quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República... quería que yo le sirviera de enlace. No acepte ese encargo".
El ex senador también aseguró que no pactó nada con Mancuso y que nunca celebró acuerdos de ninguna índole. "La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortes que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí".
Según Uribe Escobar, las acusaciones de Mancuso en su contra son motivadas por su intención de vincular a un gran número de políticos con el paramilitarismo en lo que denominó en algún momento como "el tsunami político". Para el ex congresista, el objetivo de Mancuso con esto era provocar un quiebre en la política que permitiera un "beneficio jurídico para todos los involucrados".
18 de septiembre de 2010
17 de septiembre de 2010
©semana