colombia

reabren caso masacre de trujillo

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Corte Suprema ordena reabrir investigación sobre la masacre de Trujillo. Los narcotraficantes ‘El Alacrán’, ‘Don Diego’, un mayor (r)  del Ejército, Diego Rodríguez y Carlos Garcés tendrán que responder por las masacres cometidas por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército y narcotraficantes.

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Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó revisar los fallos de 1991 que absolvieron a los narcotraficantes Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, el mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez.
Esta serie de masacres ocurrieron en Trujillo, Riofrío y Bolívar, municipios del Valle del Cauca, donde fueron asesinadas entre 245 y 342 personas entre 1986 y 1994.
Los crímenes alcanzaron su punto más álgido entre marzo y abril de 1990,después de un combate en La Sonora, localidad de Trujillo, donde siete militares fueron asesinados por el ELN.
Después de la emboscada la violencia se intensificó, con las desapariciones de cinco ebanistas, y el asesinato del padre y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
Para cometer la masacre, narcotraficantes, miembros de la Policía y del Ejército y paramilitares se aliaron. Justificaron los crímenes como reacción a los abusos del Eln, pero en realidad desaparecieron testigos, desplazaron y despojaron campesinos y asesinaron a presuntos ladrones y drogadictos.
La Corte se apoyó en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo creada por la Presidencia en 1994 y por el informe del grupo memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Trujillo: una tragedia que no cesa, publicado en 2008. La investigación de la CNRR establece que numerosas pruebas no fueron tenidas en cuenta en el proceso judicial.
Uno de estos es el testimonio de Daniel Arcila Cardona, informante del Ejército en Trujillo y uno de los principales testigos. Arcila fue desacreditado, y a pesar de las pruebas, su versión no fue tenida en cuenta. En 1991, un año después de dar su testimonio a la justicia, Arcila desapareció.
Trujillo: una tragedia que no cesa, también demostró que en el proceso se destruyeron y alteraron pruebas y peritajes, intimidaron a familiares de las víctimas, señalaron a los muertos como colaboradores de la guerrilla. El informe concluye que ""en suma, en el proceso seguido hay una puesta en acción de eventos criminales y también de recursos sociales y legales encaminados, no a esclarecer, sino a encubrir".
Además, la Corte Suprema de Justicia calificó la masacre de Trujillo como delito de lesa humanidad, por lo cual, a pesar de que han pasado más de 20 años desde los asesinatos y las desapariciones, el crimen no prescribe.
En 1995, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir excusas públicas, pero las decisiones judiciales no habían seguido la sentencia.
La decisión de la Corte trata de acabar con la impunidad por esta masacre, por la que sólo ha sido condenado Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’ a 30 años en 2009, el mayor Aliro Urueña Jaramillo fue llamado a juicio en 2008 y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos.
Las víctimas todavía están a la espera de condenas a antiguos miembros del  Batallón Palacé de Buga, de ex oficiales de la Policía de Tuluá y Trujillo y de narcotraficantes del Valle.
23 de septiembre de 2010
22 de septiembre de 2010
©verdad abierta

julián bolívar condenado por asesinato

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’Julián Bolívar’ condenado por asesinato de sindicalista. Un juez de Bogotá condenó a 21 años al ex paramilitar ’Julián Bolívar’ por el asesinato de un sindicalista de Yumbo, Antioquia.

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Colombia. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, ex jefe del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, por su responsabilidad en el homicidio de Jairo Antonio Chima Paternina, miembro del sindicato del municipio de Yondó (Antioquia).
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, la víctima fue ultimada por hombres armados el 21 de diciembre de 2001 en el corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción de Yondó. Después de varios días de búsqueda, las autoridades de la región hallaron su cadáver en el río Magdalena.
’Julián Bolívar’ reconoció el hecho por línea de mando y se acogió a la sentencia anticipada del proceso penal. Fue condenado por su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©fiscalía
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exhuman a víctimas de paramilitares

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Cinco desaparecidos por los ‘paras’ fueron exhumados en el Magdalena Medio. La Fiscalía logró encontrar los restos de víctimas de las autodefensas en Puerto Nare, Antioquia. Una de las víctimas, una mujer embarazada de 20 años, le abrieron el vientre para sustraer a su hijo.

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Colombia. El grupo de exhumaciones del CTI de Medellín, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, exhumó los restos de cinco personas asesinadas por paramilitares en el Magdalena Medio antioqueño.
En el corregimiento Los Delirios, en Puerto Nare, Antioquia, fueron exhumados los restos de Doriela González Cano de 20 años, quien fue asesinada en septiembre de 2000, cuando tenía seis meses de embarazo. Al parecer los ‘paras’ sacaron el bebé de la víctima, pues en el sitio donde fue inhumada no se hallaron los huesos que soportan los fetos.
También en esa población las autoridades recuperaron los restos de Leonardo Favio Hérnanez, alias ‘Terramicino’, quien delinquía en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza, y los de Vladimir Arango, desaparecido el 13 de septiembre de 2004.
En el municipio de San Luis, se exhumaron los restos de Manuel Salvador Rodríguez Méndez, alias ‘Cobra’, reportado como desaparecido desde el 2 de enero de 2004.
Las exhumaciones se realizaron con fundamento en información suministrada por varios postulados del frente Héroes del Prodigio, bajo el mando de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©fiscalía
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nexos entre del río y los paras

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Un informe elaborado por uno de los subalternos del general (r) Rito Alejo del Río, revela como el militar evitó perseguir a los paramilitares cuando fue comandante de la Brigada XVII en Urabá y además que el comando general de las Fuerzas Militares había sido advertido sobre los nexos del oficial con las Auc.

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Colombia. El ex coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez reveló un informe fechado el 31 de mayo de 1996 en el que advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya, de los posibles nexos del general Del Río con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano. El ex oficial dijo que el envío de esta comunicación le significó haber sido retirado de su cargo y su salida del Ejército.
El documento, que publica en su totalidad en exclusiva VerdadAbierta.com, muestra cómo en la Brigada XVII, subordinados del general Del Río cuestionaban sus decisiones y, a la vez, observaban que el oficial al parecer estaba comprometido con los altos mandos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que delinquian en esa región del país.
Velásquez, quien en esa fecha era segundo al mando de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, manifestó sus "sospechas" sobre la posible relación de su comandante superior, las cuales empezó a intuir tras su llegada a esa guarnición militar en diciembre de 1995.
Según consignó el ex coronel, las Farc parecían ser el único objetivo militar del general Del Río y "no había una posición clara respecto a los paramilitares". Como consecuencia de esa supuesta política, el ex Coronel aseveró que las comunidades de la región eran más vulnerables porque no se combatían a los ’paras’ al mando de Fredy Rendón Herrera alias ’El Alemán’ y los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
La existencia de dicho informe fue revelada por el mismo Velásquez en el juicio que se adelanta contra el general Del Río por el homicidio del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en el caserío Bijao, región del Cacarica, departamento del Chocó, durante la ejecución de la Operación Génesis, adelantada por tropas especiales del Ejército que, por orden del general Del Río y por acuerdos con los mandos paramilitares, eran guiadas por hombres de los bloques Elmer Cárdenas y Bananeros de las ACCU.
Durante la audiencia, y respecto a la pregunta sobre si tuvo conocimiento de los nexos de Rito Alejo con los paramilitares, el ex oficial respondió que había denuncias sobre estos vínculos a través de suboficiales acantonados en la Brigada XVII y de la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. "No existía una voluntad de lucha contra los paramilitares en la Brigada. nunca conocí de operaciones contra los paramilitares durante la comandancia de Del Río", puntualizó el ex oficial.

Los Detalles del Informe de Velásquez
El informe revelado por Velásquez alertó en su momento sobre el impacto que el paramilitarismo estaba teniendo en esta región: "No existe en el señor Brigadier General Comandante de la Brigada XVII el convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá".
Para sustentar su afirmación, el ex Coronel aseguró que en las políticas de Comando de la Brigada, elaboradas en 1996, no se tocó el tema del paramilitarismo, ni siquiera "tangencialmente".  Luego indicó que en el Plan Administración por Objetivos se propuso que los paramilitares y la guerrilla serían ambos objetivos de las operaciones militares, pero, posteriormente, el general Del Río firmó el plan y "trató de decir que había que cambiar algo respecto a los paramilitares, pero nunca lo especificó".
Además, agregó que durante las reuniones de Estado Mayor nunca percibió una voluntad de lucha real del general Rito Alejo frente a los paramilitares: "no la percibí como una posición de lucha sólida y clara respecto a los mal llamados paramilitares". El militar aseguró que como consecuencia de su petición de combatir a los paramilitares, al igual que a la guerrilla, hizo que su relación con Del Río fuera distante y aseguró que su superior lo aisló de los asuntos de inteligencia y operativos de la Brigada.
Velásquez también dijo que varios inspectores de las Fuerzas Militares que estuvieron en el Urabá en 1996 conocieron informaciones de los supuestos nexos de los militares de la Brigada con las ACCU a través de algunos soldados, quienes hablaron sobre la protección que le brindaban los paramilitares al General durante sus días libres.  
Por último, el ex Coronel aseguró que la relación de Del Río con el paramilitarismo podría explicarse a la luz de sus vínculos con el mayor (r) Guillermo Visbal Lazcano, acusado por la Procuraduría General de la Nación por nexos con grupos paramilitares que operaban en el Magdalena Medio. Según Velásquez, este ex oficial fue, en algún momento, segundo al mando de Rito Alejo, estuvo en fiestas en honor del General y participó supuestamente en algunos intentos de chantaje contra él.
El ex oficial le manifestó al general Harold Bedoya la manera cómo se podría constatar todo lo dicho en el documento: "si usted desea verificar el grado de deslegitimación al que ha llegado el Ejército en Urabá por el pensamiento que corre en la región en el sentido de que trabajamos en alianza con la delincuencia organizada o paramilitares, disponga que se hable informal e individualmente por ejemplo con los soldados recientemente incorporados en la zona".
El documento expuesto por el coronel Velásquez también reveló que su postura crítica frente a la inacción de la Brigada XVII contra las ACCU le significó la pérdida de confianza de su mando superior. Ejemplificó esa situación con dos casos particulares sobre los cuales recibió fuertes llamados de atención: el seguimiento que le estaba adelantando el grupo UNASE del Ejército al entonces conductor de la alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, y la visita que recibió de varios funcionarios de la organización no gubernamental FEDES (Fundación para la Educación y Desarrollo), quien quería hablarle de un atentado que había sufrido uno de sus colaboradores en Urabá.
En cuanto al seguimiento del conductor, se afirmaba en la Brigada que al parecer utilizaba el vehículo de la Alcaldesa para cobrar extorsiones a nombre de las FARC. De acuerdo con el relato que hiciera el ex oficial Velásquez, lo único que hizo al respecto fue recomendar que "el asunto se manejara con mucho cuidado, pues un paso en falso podría desencadenar un escándalo político en Apartadó", asunto que fue interpretado por la comandancia de la guarnición militar como una intromisión por lo que recibió la orden de no meterse "en asuntos operacionales del UNASE".
Sobre la visita de la funcionaria de FEDES, Velásquez fue recriminado por su superior porque la entrada a la guarnición militar al parecer no fue registrada en el cuaderno de la guardia. Lo que explicó al respecto es que efectivamente había dado la orden de dejar entrar a los visitantes, pero en ningún momento dijo, según él, que no se anotara la entrada.
Durante la audiencia, la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, afirmó que la violencia que vivió el municipio de Apartadó entre 1995 y 1997 fue producto de una política de terror de Estado que contó con la complicidad del general Rito Alejo del Río, del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su secretario de gobierno, el fallecido Pedro Juan Moreno. "Había un acuerdo político para el exterminio. No se movía nada en Apartadó sin la autorización de los paramilitares con el general Rito Alejo del Río" puntualizó Cuartas.
El juicio contra Rito Alejo del Río continuará la próxima semana y se esperan nuevas revelaciones, entre otras de varios desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU que operaron en la región de Urabá y que fueron citados por el juez que adelanta el caso. Se espera que durante el proceso de juzgamiento se sigan develando cómo fueron las alianzas tejidas entre las ACCU, miembros de la Fuerza Pública y empresarios para "pacificar" esta región agroindustrial de Antioquia, pues eso es lo que realmente está en juego en este asunto.

La Defensa del General
Para el ex general, las declaraciones de los paramilitares también son consecuencia de sus operaciones en el pasado contra el narcotráfico. "Durante mi carrera he combatido todas las expresiones violentas que se han manifestado, sean guerrilleros o paramilitares", aclaró el ex militar.
"Las declaraciones de los paramilitares están desinformando al país. La presión de las ONG y de los entes investigativos, y tras las negativas de extradición, han llevado a que estas personas empiecen a mencionar nombres… uno ve como les pagaron para que inculparan a gente de bien", señaló Del Río y aseguró que nunca supo sobre la presencia del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Urabá. Para el General, ese bloque se conformó hacia diciembre de 1997, fecha en la que murió Elmer Cárdenas, y que coincidió con su salida de la zona. "Sobre ‘El Alemán’ vine a saber que existía muchos después".
Pero ese argumento no coincide con el expuesto recientemente por alias ‘el Alemán’ ante los fiscales de Justicia y Paz, quien reconoció que entre él y el ex oficial había aprecio mutuo. "Yo le aprendí a apreciar y creo que me apreciaba este señor".
Según el ex paramilitar, ese aprecio lo llevó a comunicarse a través de un intermediario con el ex general Rito Alejo Del Río para decirle que había llegado la hora de decir la verdad y de precisar las relaciones que los paramilitares tuvieron en la región de Urabá con distintos sectores sociales, políticos y militares en el tiempo en el que éste fue comandante de la XVII Brigada.
"Me parece, general, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted general, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos", sostuvo ‘el Alemán’ en el mensaje enviado al ex general a través de un emisario de quien no precisó su nombre por razones de seguridad ni la fecha de la gestión.
De acuerdo con lo relatado por el ex paramilitar, en el mensaje enviado al ex general destacó las bondades de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, y la calificó de "perfecta", pero agregó que estaba llegando a un estado en el que se tendrán que decantar las relaciones que tuvieron los grupos paramilitares que operaron en el Urabá antioqueño con funcionarios de la Fuerza Pública, así como con sectores sociales, políticos y empresariales.
En el cruce de mensajes y de acuerdo con lo relatado por alias ‘el Alemán’, al parecer este ex oficial del Ejército le comunicó que seguramente a él también le iba a tocar decir la verdad, a lo que el ex paramilitar reaccionó celebrando la decisión y se mostró esperanzado en que así fuera, "en aras de que el país conozca la verdad".
Sin embargo, lo dicho por el ex general Rito Alejo Del Río en Bogotá contradice esa versión y, por el contrario, rebate toda relación con los grupos paramilitares. La justicia tendrá la última palabra.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
©verdad abierta

matanza de bojayá

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La matanza de Bojayá, responsabilidad de las Farc, fue el resultado indeseado en un combate entre la guerrilla y los paramilitares que se refugiaron en el pueblo. Los sobrevivientes no quieren que se olvide que los paramilitares también son culpables.

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Colombia. El día que el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, ’el Alemán’, dijo en una versión libre que la culpa de la muerte de 79 personas en Bojayá, 48 de ellas niños, había sido del padre Antún Ramos, por haber encerrado a la comunidad en la iglesia, estalló la indignación entre los sobrevivientes. Era el colmo del cinismo y la distorsión de los hechos que ahora se les endilgara a los miembros de la Iglesia, que han sido los ángeles guardianes de las comunidades del Atrato, la responsabilidad por estas atroces muertes.
Tampoco todos están contentos con la pancarta que instaló el Ejército, en la que dice que jamás hay que olvidar que allí las Farc masacraron niños, ancianos e inermes civiles que se convirtieron en escudos humanos. Les parece que el Ejército olvida mencionar que los paramilitares, mucho antes y mucho después de la masacre, han golpeado tanto como la guerrilla a esta sufrida comunidad. Ellos mismos aún no se ponen de acuerdo sobre qué tanta memoria o qué tanto olvido necesitan, cómo recordar y vivir ese duelo profundo que fue enterrar a sus deudos sin los rituales que mandan sus tradiciones; y cómo sobrellevar las huellas indelebles, físicas y espirituales, que les dejó la matanza.
Ese 2 de mayo de 2002 se rompió, como si fuera de cristal, la vida de Bojayá. Una pipeta de explosivos, lanzada por guerrilleros de las Farc en medio de combates con paramilitares, hizo impacto en la iglesia, donde casi todos los habitantes se habían resguardado de los combates, no solo porque era la única construcción de ladrillo y cemento del pueblo, sino porque las iglesias suelen ser sitios protegidos por el derecho humanitario. Además, tanto el padre Antún Ramos como las monjas agustinas habían improvisado un dispositivo humanitario con comida y dormida para todos. En medio de la lluvia de plomo, era mejor estar juntos. Hoy, en la memoria de quienes estaban allí esa fatídica mañana, han quedado enmarcadas las imágenes dantescas e indelebles de los pedazos de cuerpos adheridos a paredes, el olor a carne humana quemada, los fragmentos de sus amigos y parientes esparcidos por el suelo. "Había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo, quedaban molidos, como caer una piedra en un pantano", recuerda una niña, que le dio su testimonio al Grupo de Memoria Histórica.
"Entre los escombros del templo, al lado de los muertos, se quedaron los heridos que no estaban en capacidad de caminar (…) desde allí tuvieron que escuchar la continuidad de los combates". Quien tuvo misericordia de los sobrevivientes fue Milenia, una mujer conocida como ’la loquita’ del pueblo. "Se quedó ayudándoles a los que quedaron vivos, hablándoles a los muertos y también a quienes aún estaban conscientes, alzándolos y arrastrándolos hasta la sacristía, donde aún quedaba algo de techo para resguardarse...", contaron los sobrevivientes en los talleres que hizo el Grupo de Memoria Histórica, bajo la coordinación de la profesora Marta Nubia Bello.
Las horas y los días que siguieron a la explosión no fueron mejores. Durante tres días, muchos pudieron huir por las aguas y selvas. Un grupo decidió regresar por los heridos, pero los combates no habían cesado. Quienes huyeron tuvieron que enfrentarse a retenes de guerrilleros y paramilitares, y elevar banderas blancas clamando que se les respetara su condición de civiles. El único helicóptero que llegó en las horas posteriores a la matanza no venía a salvar a los heridos: era de los paramilitares, y le disparó al grupo de campesinos que huía de la batalla. Cuando la fuerza pública hizo su ingreso y el general Mario Montoya se presentó ante las cámaras llorando por las muertes, la peor parte había pasado. Para entonces, el pueblo estaba vacío y las casas, saqueadas por guerrilleros y paramilitares.
La masacre es inolvidable no solo por su crueldad, sino por razones más profundas, que están metidas en el alma colectiva de este pueblo afrocolombiano. La primera es porque no pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo con sus tradiciones. Muchas de sus creencias más sagradas quedaron rotas. En especial, la muerte de los niños. El Grupo de Memoria Histórica destaca en su informe que "su muerte violenta vulnera los preceptos centrales en el orden social, pues el orden pensado como natural indica que mueren los viejos, los enfermos y los culpables. Frente a la muerte de niños y niñas no hay explicación ni sentido, y esto produce en los familiares y en la comunidad sentimientos profundos de dolor, de rabia, de impotencia y de culpa". Ello sin tomar en cuenta los trastornos tremendos que viven los niños que fueron testigos de la masacre. El desplazamiento impidió que se hicieran los chigualos, que son los entierros tradicionales de niños en el Pacífico, que garantizan, según sus creencias, que los menores se conviertan en ángeles y querubines.
Nada de eso se pudo hacer. Todo lo sagrado quedó herido. Como el propio Cristo Mutilado, que hoy reposa en una urna de cristal como una pieza que recuerda la pérdida de todo límite en los métodos de guerra.
La segunda huella imborrable está en los cuerpos. El Informe de Memoria Histórica cita un testimonio publicado en El Colombiano de una mujer de Bellavista que dice: "Cuando me baño, me miro en el espejo, me veo las cicatrices y me digo: ’mira lo que cargas de la guerra sin haber hecho un solo tiro’". Y es que hay una doble sensación de amargura. La de haber conocido en carne propia los métodos más salvajes e indiscriminados que se usan en el conflicto en Colombia, y la sensación de haber sido una víctima del azar. Porque en esta matanza no hubo lista, no hubo selección, y por eso mismo les ha dejado la sensación de que no hay lugar seguro sobre la tierra.
La tercera, porque el desplazamiento y la reubicación cambiaron todo: ni el paisaje, ni la comunidad, ni las tradiciones, ni la vida cotidiana volvieron a ser iguales. "Los actores armados lograron en gran medida su objetivo: desestimular mediante la intimidación a quienes lideraban la resistencia y la organización comunitaria", dice el Informe.
A pesar de la pobreza histórica del Chocó, muchos evocan su pasado con idealismo, una vida tranquila en la que pescaban y nadaban, rezaban y cantaban, tenían familia y amigos. Pero muchos no quisieron volver, a pesar de que el gobierno construyó un nuevo pueblo. Se quedaron en Quibdó, Medellín o Bogotá. Sus hijos ya no tendrán la cultura del río, con sus tradiciones orales y sus creencias. "Y eso quién nos lo va a devolver… cómo nos lo van a reparar", se pregunta uno de los bojayaseños.
Incluso quienes se quedaron o han retornado se sienten enajenados y usurpados en su territorio. Bojayá está rodeada de megaproyectos de palma, hay explotaciones mineras y compras de tierras a todo lo largo del Atrato, en territorios considerados colectivos y ancestrales. En el nombre innombrable de estos intereses, llegó la guerra al Chocó.
Bojayá, tal como la conoció la gente hasta hace menos de una década, ha muerto. Ahora, un nuevo pueblo se levanta, con casas de material, lejos del río. "Muchos consideran que el nuevo pueblo es el más bonito de la región, pero su construcción es un buen ejemplo de cómo se hacen obras sin tener en cuenta una perspectiva étnica y de memoria", dice Marta Nubia Bello, de Memoria Histórica. Las casas son bonitas, pero el calor es insoportable. El Estado ha invertido más de 40.000 millones en este caserío, pero aun así mucha gente no se siente reparada. Porque lo que les ocurrió es irreparable.
Hoy, los más jóvenes, los que han crecido en el luto y oyendo historias de horror, no quieren recordar más. Tampoco el silencio solemne con el que se conmemora cada año la masacre. Quieren rumba y un poco de olvido. Pero la lucha por la memoria la están dando sobre todo los sobrevivientes. Especialmente con cantos, con cuentos, con tejidos. Para que toda Colombia recuerde ese pueblo que por primera vez en la historia salió en los titulares y tuvo la visita de un presidente porque los grupos armados se ensañaron con él.
22 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
©semana

caen soldados por crimen de familia

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Ocho soldados profesionales fueron capturados por la muerte de una familia en el Huila. Son miembros del Batallón de Infantería No.26 Cacique Pigoanza del Ejército, en Garzón (Huila).

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Colombia. La investigación señala que el 26 de noviembre de 2006 tropas del Cacique Pigoanza dispararon en contra de Daniel Alvarado Rivera, su esposa Alba Luz Mejía y la pequeña Michell Dayana Alvarado Mejía, quienes se desplazaban en una motocicleta en jurisdicción de la vereda El Recreo, municipio de Garzón.
Según lo establecido, las tropas se emboscaron en ese lugar a la espera de que pasaran milicianos de las Farc, y tenían órdenes de disparar únicamente si eran objeto de ataque.
El fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso estableció que no hubo cruce de disparos, como inicialmente argumentaron los hoy procesados, y que las armas de fuego accionadas fueron las de los uniformados; igualmente constató que ni Alvarado Rivera ni su esposa pertenecían a ningún grupo armado ilegal.
20 de septiembre de 2010
©el tiempo

complicidad de funcionarios en despojo

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En 6 de cada 10 casos de despojo de tierras hubo complicidad de funcionarios del Estado. Comisión de Reparación pidió depurar las listas de funcionarios en busca de esos cómplices. Funcionarios fueron sobornados y amenazados.

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Colombia. Pero además de esa complicidad, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación reveló que 8 de cada 10 adjudicaciones del antiguo Incora y del Incoder podrían tener problemas de legalidad.
Las dos conclusiones están documentadas en el informe La Tierra en Disputa, elaborado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión y que será entregado al vicepresidente Angelino Garzón.
"Muchos (funcionarios) recibieron plata, otros actuaron bajo amenazas y otros omitieron las evidencias de robo de tierras", aseguró Patricia Buriticá, comisionada de la CNRR.
El informe recomienda que se haga una depuración a fondo de las entidades relacionadas con la propiedad de la tierra en el país, desde el mismo Incoder hasta notarías y oficinas de registro en los pueblos, por presuntos casos de corrupción, falta de imparcialidad y manejo inadecuado de procesos de adjudicación.
El documento de la Comisión, que incluye un capítulo sobre las masacres de La Rochela, Bojayá y Bahía Portete, llama la atención del Gobierno para que se investigue el despojo de tierras en los años 80, época de fuertes disputas de ’paras’ y guerrilla.
Según Donny Meerterns, coordinadora del informe, los departamentos de Córdoba y Sucre son emblemáticos por la manera como los violentos despojaron a los campesinos. Recientemente, un informe de la Defensoría del Pueblo alertó porque las compras masivas de terrenos en estas regiones no cesan, incluso hoy, y porque en Córdoba la violencia va en aumento.
En los últimos 4 años, Incoder ha destituido a 34 funcionarios por hechos relacionados con corrupción y abuso de autoridad y tiene en indagación a más de un centenar. También se ha compulsado copias para que se investiguen a personas, que desde otras instituciones, han participado de casos de despojo.

La comisionada Buriticá también asegura que el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia y Paz en Medellín, que ordenó la cancelación de 15 títulos fraudulentos de alias ’el Alemán’, podrían servir para otros 200 casos en ese departamento con las mismas características.  Hasta ahora, en los comités regionales de restitución hay  2.162 solicitudes de víctimas por despojo de tierras.
20 de septiembre de 2010
©el tiempo

batalla por la memoria

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En este informe especial usted entenderá por qué Colombia no debe olvidar los horrores de su pasado.

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[Marta Ruiz] Colombia. Siempre se ha dicho que Colombia es un país amnésico. Quizá porque a cada ciclo de guerra le ha seguido un pacto de paz que ha enterrado el pasado con la idea de que para seguir adelante no se puede recordar el horror, pues sería como echarles sal a las heridas. Las víctimas de la Violencia de los años 50 pudieron quedar en el olvido, en aras de que el Frente Nacional fuera viable, a no ser porque un grupo de intelectuales -monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna- exhumaron archivos y recogieron testimonios en campos y veredas, para luego interpretar lo que había ocurrido en ese aciago periodo. Sin ese estudio, llamado ‘La violencia en Colombia’, quizá nunca se hubiera sabido que fueron 300.000 quienes murieron en esos años, que hubo todo tipo de métodos de horror y de los vínculos profundos de sectores políticos urbanos con las matanzas. Este fue, si se quiere, un antecedente pionero de las comisiones de la verdad que hoy pululan en varios continentes.
En el mundo entero hay una explosión de la memoria. Prácticamente a todo conflicto lo ha seguido una comisión de la verdad, un tribunal de guerra o una racha de testimonios difundidos por todos los medios disponibles en el mundo moderno. En Sudáfrica se televisaron los actos de verdad y reconciliación donde los victimarios pedían perdón a sus víctimas, en un modelo cuestionado por la ausencia de justicia que representó. En países como Argentina y Perú, que tuvieron comisiones de la verdad, hoy viven procesos de justicia tardía. La imagen del anciano general Videla sentado y dormitando en su silla ante un tribunal argentino que lo acusaba de crímenes atroces no puede ser más paradigmático de aquel viejo adagio de que el pasado no perdona. España, que había optado por el silencio y el olvido, hoy está reabriendo su pasado con todo el debate político que ello implica.
En Colombia, a partir de las declaraciones de los victimarios en los tribunales de Justicia y Paz, y con los testimonios de las víctimas, se está configurando una especie de retrato hablado de las últimas dos décadas. El cuadro es pavoroso: violaciones a mujeres, matanzas hechas con la complicidad de la fuerza pública, destierros como política sistemática para apropiarse de las tierras, reclutamiento de menores que pasaron de ser víctimas a victimarios. Venganza, retaliación, resentimiento por parte de unos e indiferencia por parte de la mayoría.
En ese contexto, y como lo ordenó la Ley de Justicia y Paz, se creó el Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que participa un selecto conjunto de intelectuales. Este grupo, en cabeza del historiador Gonzalo Sánchez, ha elegido el camino de investigar casos emblemáticos como botones de muestra de un monstruo de mil cabezas. La semana próxima presenta cuatro nuevos informes sobre las masacres de La Rochela, Bojayá, Bahía Portete, y sobre la lucha por la tierra en la costa atlántica. Estos se suman a los de las matanzas de Trujillo y El Salado, presentados en años anteriores. Estos libros son al mismo tiempo un espejo del pasado y una ventana para mirar hacia el futuro. Con motivo de la publicación de los informes, SEMANA publica este especial periodístico.
Pero la tarea de este grupo de intelectuales, encomiable por cierto, es apenas la primera piedra para edificar un programa político de mayor alcance: la memoria como escenario para fortalecer la democracia. La memoria es un campo de batalla donde cada persona o grupo narra la violencia, de acuerdo a su propia experiencia. De la fuerza que tenga cada una de ellas dependerá, en buena medida, el rostro que tome la Nación en su futuro. La memoria es un lugar para la inclusión, para el reconocimiento del otro, para cerrar heridas y saldar cuentas pendientes. La memoria puede, si se hace con espíritu democrático, ser un hito político, una manera de transitar de un estado de guerra a uno de reconciliación. Puede ser el primer paso para una agenda de paz.
Las organizaciones de derechos humanos han apostado desde hace años por una memoria que contrarreste la impunidad. El sacerdote jesuita Javier Giraldo ha dedicado su vida a documentar minuciosamente los asesinatos y masacres que han ocurrido en Urabá, Trujillo y otras regiones, en un banco de datos que será quizá la base de partida para cualquier proceso de verdad en el país. Pero la memoria no se agota en las demandas de justicia, porque esta, al fin y al cabo, juzga a las personas y sus actos. "Todo castigo es memoria", dice Iván Orozco, uno de los miembros del Grupo de Memoria Histórica. Así mismo, la impunidad es el más brutal acto de desdén y olvido. Pero es del ámbito de la política entender los contextos y explicarlos. Por eso, la batalla por la memoria es un debate político y no solo jurídico o académico.
Por esa razón, en esta creciente corriente de reivindicación de la memoria se está construyendo de facto una ética del testigo y el sobreviviente. Es necesario que esta se convierta en un programa político, para que sea realmente una memoria ejemplarizante que no solo se ancle en el sufrimiento pasado. La iniciativa ya la han tomado algunas alcaldías, como las de Bogotá y Medellín, que están construyendo sendos centros de memoria del conflicto, de gran envergadura e impacto social.
Convertir la memoria en política implica, por ejemplo, que el campo educativo se aboque a la tarea de que las nuevas generaciones comprendan el pasado reciente. Que se abran y conozcan los archivos secretos pero cruciales de los diferentes organismos de inteligencia y que se desclasifiquen, como se ha venido debatiendo en los últimos días. Que el Estado reconozca que normas como las que legalizaron las autodefensas en el pasado fueron nefastas e incentivaron la violencia. Y que los diferentes actores de la política que estuvieron en la guerra reciban sanciones sociales ejemplarizantes, para desterrar la práctica de obtener poder o territorio a través de la violencia. La memoria implica afrontar las reformas que sean necesarias para resarcir los desastres de la guerra. La restitución de tierras es un ejemplo de cómo la memoria se convierte en un hecho concreto para cambiar la vida de la gente que ha vivido en el conflicto y empezar a construir un país más civilizado.
También es definitivo que las víctimas encuentren en el espacio público el reconocimiento que durante tanto tiempo les ha sido negado. Hace casi 30 años, el general Fernando Landazábal Reyes dijo que el país tenía que aprender a escuchar a sus generales. Y en realidad, lo ha hecho. Ahora, Colombia tiene que aprender a escuchar a sus víctimas y a otorgarles como reparación el reconocimiento a la injusticia que ha significado su sufrimiento. En ese sentido, el periodismo y el arte son vitales.
Porque así como miles de victimarios hicieron y deshicieron por años, la indiferencia de la mayoría contribuyó a que la escala de maldad que ha habido en la guerra nos haya convertido en lo que somos hoy: un país desangrado. Un país que en menos de medio siglo, quizá por no conocerla, ha repetido su historia.
20 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
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