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máquina de guerra de ramón isaza


La Fiscalía logró, con testimonios de los desmovilizados, reconstruir cómo un grupo de escopeteros llegó a convertirse en uno de los peores grupos paramilitares en Puerto Boyacá, con la financiación del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias ’El Mejicano’.
Colombia. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) dejaron por más de 30 años un rastro de violencia en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima, donde se cree que asesinaron a más de mil personas y cometieron todo tipo de delitos como torturas, desapariciones, desplazamientos y secuestros.
La historia de ese grupo comenzó en 1970, cuando el Noveno Frente de las Farc tenía asediados a los campesinos antioqueños a punta de secuestros, extorsiones, chantajes, homicidios y hurtos. Ante la falta de respuesta del Estado, Ramón María Isaza Arango, un campesino de Sonsón, decidió pedirles a ganaderos y madereros como Evelio Monsalve, Ignacio Ríos, Alberto Villegas, Jhon Yepes y Carlos Salazar que lo financiaran para crear un grupo de autodefensa.
Fue así como en 1977, Isaza alias ’El Viejo’, ’Moncho’ o ’El Patrón’ recibió de los hacendados un millón de pesos con el que compró ocho escopetas y armó a igual número de hombres. El grupo, al que llamó ‘Los Escopeteros’, se consolidó el 22 de febrero de 1978 después de combatir a 20 guerrilleros del Noveno Frente de las Farc, que pretendían tomarse el corregimiento de Las Mercedes para secuestrar al ganadero Evelio Monsalve.
Para ese año, ’Los Escopeteros’ ya no eran ocho sino 24 integrantes, y extendieron su dominio a los corregimientos Las Mercedes, Doradal, Estación Cocorná y Puerto Perales, en el municipio de Puerto Triunfo, además en los corregimientos Puerto Nare, La Sierra y El Prodigio, en el municipio de San Luis. También al corregimiento Aquitania en el municipio de San Francisco, y a los corregimientos San Miguel y La Danta, en el municipio de Sonsón. Todos en Antioquia.
‘Los Escopeteros’ eran comandados por Isaza, José Domingo Manrique alias ‘Luis’ y Genaro Valencia alias ‘Gener’, segundo y tercero al mando.

La Primera Fusión
Entre 1978 y 1984, ‘Los Escopeteros’ ya eran 42 hombres y además de autodefensa, se convirtieron en un grupo de ’limpieza social’. Asesinaron a personas señaladas de ser ladrones, violadores, expendedores de droga, secuestradores y extorsionistas.
Mientras el grupo seguía delinquiendo en Antioquia, en Puerto Boyacá (Boyacá) un grupo de ganaderos como Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez, con el apoyo del ex congresista Pablo Emiro Guarín, también decidió organizarse y armarse para combatir los Frentes 11 y 12 de las Farc. Lo hicieron a través de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam).
En 1983, la guerrilla secuestró al ganadero Gonzalo de Jesús Pérez, y Henry Pérez, hijo del secuestrado, le pidió ayuda a Ramón Isaza para realizar el rescate. Realizado el operativo, nacieron las Autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, y en 1984 ‘Los Escopeteros’ dejaron de llamarse así cuando Isaza aceptó sumarse a esa estructura.
Con la fusión, la estructura, conocida también como Modelo de Puerto Boyacá, quedó liderada en lo político por el ex congresista Pablo Emilio Guarín, y en lo militar por Henry Pérez alias ’Móvil 20’, seguido por Gonzalo Pérez alias ‘El Viejo o Caruzo’ y Ramón Isaza alias ‘El Viejo’. La organización delinquió en el sur de Santander, sur de Bolívar, Caldas, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, Huila y a Isaza se le encargó Antioquia. Allí alias ‘El Viejo’ fue el jefe de las Autodefensas Campesinas de Antioquia, integradas por 80 hombres y cuatro comandantes de menor rango, entre ellos, Ovidio Isaza Gómez alias ‘Roque’ y su hijo Omar de Jesús Isaza Gómez alias ‘Teniente’.

La Segunda Fusión
En la lucha contra la guerrilla para controlar las rutas del narcotráfico, el capo Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mejicano’ le propuso a las Autodefensas de Puerto Boyacá trabajar en ‘llave’. Con esa nueva fusión, el narcotraficante y el grupo de autodefensa decidieron financiar las llamadas Escuelas de Formación para la Lucha Armada y el Sicariato, es decir, campos de entrenamiento sobre el uso de armas, estrategia y táctica militar.
Los ‘profesores’ eran mercenarios israelíes y británicos que ‘enseñaron’ en las escuelas llamadas Cero Uno, El Cincuenta, El Tecal, Galaxias y Cero Ochenta y Uno, desde donde se formaron ‘escuadrones de la muerte’ como Los Masetos (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados, Los Grillos y Maicopa, y se entrenaron a paramilitares como Alonso de Jesús Baquero alias ‘Negro Vladimir’, autor material de la masacre de La Rochela, Santander, en 1989.
En su cercanía con el narcotráfico, las Autodefensas de Puerto Boyacá recibieron en 1991 una oferta de alianza del capo Pablo Escobar, pero Ramón Isaza se negó. Eso lo convirtió en enemigo del narcotraficante, con quien sostuvo una guerra entre 1991 y 1993. El 20 de julio de 1991 Henry Pérez fue asesinado por hombres de Escobar y las Autodefensas de Puerto Boyacá quedaron sin comandante principal.

Desmovilización y División
Asesinado Pérez, Luis Eduardo Meneses Báez alias ‘Ariel Otero’ asumió la comandancia principal de las Autodefensas de Puerto Boyacá e Isaza asumió como segundo comandante, liderando las autodefensas de Antioquia. Sin embargo, en 1991 ‘Alias Otero’ pactó una desmovilización con el Gobierno Nacional y por este hecho, además de ser señalado de negociar armas no entregadas en la desmovilización con narcotraficantes del Valle, el comandante fue asesinado.
Con la muerte de ‘Ariel Otero’ comenzó la puja de poderes y cambios en las comandancias, e Isaza decidió en 1994 separarse de las Autodefensas de Puerto Boyacá. Por acuerdo, esa zona se le asignó a Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’ al mando del Bloque Puerto Boyacá, y la zona de los municipios de Yacopí y Pacho (Cundinamarca) a Luis Eduardo Cifuentes alias ‘El Águila’.
Por su parte, Ramón Isaza se independizó y definió la estructura de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) así: Omar de Jesús Isaza Gómez alias ‘Teniente’, su hijo, como comandante en La Dorada (Caldas); Pedro Ángel Quintero alias ‘Pedrucho’ en Guaduas y Cambao (Cundinamarca), y Jorge Enrique Echeverry alias ‘Vaso’ en San Miguel; alias ‘Canario’ en Puerto Triunfo y Estación Cocorná; José Gabriel González alias ‘Campeón’ en Las Mercedes; alias ‘Julián’ en Puerto Nare, y Ovidio Isaza alias ‘Roque’ en La Danta. Todos estos últimos en Antioquia.
 
Nacen los Frentes
Durante seis años, las Acmm se expandieron y Ramón Isaza vio la necesidad de descentralizar el poder. Fue así como creó cinco frentes, les asignó a cada uno comandante general y un mínimo de 50 hombres armados:
El frente Omar Isaza (Foi) fue comandado en lo político por Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’ y en lo militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’. El frente, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
El segundo frente fue el Jhon Isaza, comandado por Ovidio Isaza alias ‘Roque’, que delinquió en Norcasia, Samaná, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, municipios de Caldas.
El tercero fue el frente José Luis Zuluaga, comandado por Luis Eduardo Zuluaga Arcila alias ‘Macguiver’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y la Comuna 13 de Medellín. Este frente, que asumió el nombre del hermano de ‘Macgiver’ asesinado por guerrilleros del Eln, llegó a tener 240 integrantes.
En enero 2002 nació el frente Isaza Héroes del Prodigio, comandado por Oliverio Isaza alias ‘Terror’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y Caldas. Cinco meses después, Isaza ordenó crear el frente Celestino Mantilla, comandado por Jhon Fredy Gallo Bedoya alias ‘Pájaro’. Este frente, que asumió el nombre de otro ex integrante de las autodefensas que murió junto con el hijo de Isaza, delinquió en Guaduas, San Juan de Río Seco (Cambao), Chaguaní, Vianí, Quipile, La Mesa y Anapoima, en Cundinamarca.
Aunque los cinco frentes tenían autonomía militar y económica, todos rendían cuentas al Frente Central, comandado por Ramón Isaza. La comandancia principal estaba integrada por un frente político, un frente militar y un frente financiero, además de 11 hombres que bajo su mando delinquieron en Puerto Triunfo y Puerto Nare, Antioquia.
El 7 de febrero de 2006 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron en el corregimiento La Merced, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Ese día 990 hombres de la estructura de Isaza se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y entregaron 754 armas.
Después de terminar la etapa de versiones libres, la Fiscalía le imputa más de 550 hechos de violencia a Isaza y a 26 de sus entonces subalternos. Se cree que la audiencia de formulación de cargos continuará a mediados de octubre de 2010.
24 de septiembre de 2010
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nuevo round de la ley de víctimas


Todo parece que el miércoles 22 de septiembre se radicará en el Senado el proyecto de Ley de Víctimas, en un nuevo intento para garantizar la protección, atención y reparación de quienes han sufrido por el conflicto armado. Estamos a 23 y no sabemos en qué ha quedado.
Colombia. Una nueva batalla tendrá que librar el proyecto de Ley de Víctimas. Después de su hundimiento durante el gobierno de Álvaro Uribe, la iniciativa se radicará de nuevo y en esencia busca proteger, atender y reparar a las víctimas de la violencia.
El nuevo proyecto establece que no debe haber una diferenciación entre las víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado. Todas son víctimas. Sin embargo, el documento no define una diferencia entre los victimarios y señala en este caso que "la reparación no podrá interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad penal del Estado".
También incluye, en el concepto de reparación integral, beneficios de educación para las víctimas así como el acceso a salud para aquellas que no tengan recursos. Por su parte, los niños y niñas también recibirán una indemnización, que será administrada por una fiducia mientras cumplen los 15 años o la edad en que se compruebe que pueden administrar dinero.
En relación con las deudas, las víctimas recibirán beneficios en las propiedades que les sean restituidas respecto al pago de los servicios públicos en mora. Además, los bienes que sean entregados por los extraditados serán destinados exclusivamente para reparación, mientras que el monto de la indemnización administrativa quedó establecida en 20 millones de pesos, beneficio del que no están incluídos los miembros de grupos armados ilegales y sus familias.
El senador liberal Juan Fernando Cristo, uno de los autores del proyecto, explicó que el proyecto será una de las prioridades de la agenda legislativa según lo pactado con el presidente Juan Manuel Santos. "Hemos venido avanzando en la concertación del texto y estamos en la etapa de ajustes para presentarlo esta semana. Hemos encontrado una actitud distinta respecto al gobierno anterior", dijo Cristo.
Por eso el pasado 11 de agosto los voceros de seis partidos políticos se reunieron en Bogotá para llevar a un acuerdo político y consenso sobre los puntos del documento. Asistieron congresistas de los partidos Liberal, Polo Democrático Alternativo, Verde, Alianza Social Indígena -ASI- y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta -Mira-.
Sin embargo, con el antecedente del hundimiento del proyecto en las legislaturas anteriores, algunas organizaciones de derechos humanos temen que los cuatro debates que le esperan al proyecto se posterguen más de lo previsto pero sobre todo, que la Ley no termine siendo integral para las víctimas.

Piden Blindar el Proyecto
VerdadAbierta.com consultó a varios dirigentes políticos y representantes de Ongs, quienes han hecho un seguimiento a esta nueva iniciativa y coincidieron que el nuevo gobierno ha abierto la posibilidad que este tenga una mejor suerte que el presentado durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.
Jorge Rojas, director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), explicó que la ‘batalla’ no será tan fácil durante la nueva legislatura. "Este es un momento de buena oportunidad política para comenzar el trámite, pero el proyecto tiene que blindarse porque posiblemente tendrá una oposición fuerte del viejo uribismo. El proyecto no se hunde si se logra un consenso entre los partidos y el gobierno. No cabe la oposición. Es el momento de que el Estado reconozca a las víctimas", indicó Rojas.
Para Claudia Liliana Erazo, abogada de la organización de derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro, el proyecto de Ley debe cumplir con el principio de reconocimiento de las víctimas de forma integral y sin discriminación. Es decir, independiente de quién fue el actor responsable y que cumpla con medidas de reparación que no se limiten a lo económico.
"Lamentablemente el gobierno ha delimitado el tema de las víctimas a un problema de plata. Esto no es un regateo porque es un dolor que no tiene precio. Por eso cuando hablamos de reparación integral no es un discurso de ong, es un principio contenido por Naciones Unidas que exige medios de compensación, rehabilitación y garantía de no repetición para las víctimas", señaló Erazo.
La abogada explicó que a la organización de derechos humanos le preocupan otros dos temas. Primero, que el anterior gobierno defendió la idea de hacer la reparación deducible para las víctimas del desplazamiento. Es decir, que si la persona había recibido ayudas por medio de programas sociales, éstas se iban a deducir de la reparación. Segundo, que la restitución de tierras, proyecto que ya fue radicado, no esté asociada a una reforma agraria.
"Nos preocupa que la restitución se tierras en zonas rurales vaya a estar ligada de forma exclusiva a proyectos de agroindustria, de modelos extractivos. El miedo es que al cabo de unos años el campesino vuelva a perder su tierra porque no fue competitivo, se endeudó y tuvo que entregarle su finca a los bancos", señaló Erazo.

Los Antecedentes
El proyecto ha sido impulsado durante los dos últimos años por el Partido Liberal. Pero cuando ya había superado varios debates, logrado el acuerdo entre las bancadas y estando en la fase final para su promulgación como Ley, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Álvaro Uribe y del ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, lo hundió en junio de 2009.
Las razones del gobierno fueron que la reparación generaba un hueco fiscal para el país y que había una diferencia entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las víctimas de agentes del Estado. En resumen, el gobierno minimizó el tema de las víctimas al plano económico y además negó que miembros de la fuerza pública cometieran crímenes.
Por eso el nuevo documento insiste en que no debe haber discriminación entre víctimas y distingue entre la reparación y las políticas de Estado, basándose en las sentencias de la Corte Constitucional. Además explica las diferencias entre asistencia y ayuda humanitaria, las modalidades de reparación, y propone la creación de la Comisión de la Verdad para Tierras, el Sistema y Plan Nacional de Atención y Reparación Integral, así como el Fondo de Reparación.
El Director Ejecutivo de Codhes concluye que una Ley e Víctimas por sí misma no resuelve la crisis humanitaria y social que deja tantos años de guerra. "Pero es un paso importante para reparar el inmenso daño causado a quienes fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario".
23 de septiembre de 2010
19 de septiembre de 2010
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procuraduría fue espiada por el das


Fue revelada parte de la información que se encontraba en las cajas que el ex funcionario del DAS Fernando Ovalle le entregó a su colega William Romero antes de morir. Hay más evidencias de seguimientos al Partido Liberal, al Polo y a la Corte Suprema.
Colombia. El escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS parece no tocar fondo. Este miércoles, Caracol Radio reveló parte de la información que guardó celosamente el ex jefe del grupo Goni Fernando Ovalle, quien falleció el pasado mes de enero, y que él mismo le entregó en una caja a William Romero, ex jefe de fuentes humanas.
La primera revelación tiene que ver con que en un documento titulado "Exclusivo para la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS", y entregado por una fuente identificada como ‘Y64-1’, descrita como "habitual, confiable y con acceso a la información a través de terceros ubicados en el blanco", dice que el 18 de febrero de 2009 el procurador Alejandro Ordóñez decidió reversar las posibles destituciones del ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, y del ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en las investigación por la llamada ‘yidispolítica’.
La fuente escribió en el informe: "en reunión cerrada el 18 de febrero de 2009 en su despacho, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, determinó abrogar las posibles destituciones del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el ex embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega".
También dice que "el actual procurador Ordóñez Maldonado, reversó la decisión y no impondrá la sanción de destitución, determinación que será dada a conocer en los próximos días".
En efecto, el 16 de marzo del año pasado, el procurador Ordóñez absolvió a los dos funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, utilizando los mismos argumentos que tenía su antecesor, Edgardo Maya Villazón, para absolverlos.

Los Liberales y el Polo
En los hallazgos de este archivo del DAS hay nuevos correos electrónicos que se cruzaban funcionarios como la ex directora del organismo, María del Pilar Hurtado, con la ex subdirectora de Operaciones, Martha Leal, que podrían demostrar el pleno conocimiento que había de los seguimientos a personas como el abogado Ramiro Bejarano, el ex candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro, y el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo.
Por ejemplo, está diagramado el núcleo familiar de Petro, las hojas de vida de los senadores Simón Gaviria y Juan Manuel Galán, decenas de fotos de Piedad Córdoba e informes escritos de reuniones que ella tuvo en la Universidad del Valle, en Cali, donde minuto a minuto se detalla quién habló y qué dijo.
Dice Caracol en su página web que se encontró también una carpeta escondida en uno de los computadores portátiles del DAS.
"Allí se hallaron más de 600 informes de inteligencia de fuentes reservadas, plenamente identificadas con un código, que entregaron información sobre reuniones privadas de sindicatos, políticos opositores al gobierno de Álvaro Uribe como Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Carlos Gaviria y lo más grave: entregaron decenas de informes sobre cada uno de los movimientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
En uno de esos informes, enviado al DAS el primero de julio de 2008, se entregan detalles sobre una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que contemplan una renuncia masiva, ante los ataques del entonces presidente Uribe.
Otro informe tiene detalles de los comentarios de los magistrados de la Corte Suprema el 8 de julio de 2008: "algunos magistrados se reunieron en el día de hoy y propusieron demandar al presidente (los magistrados son el doctor Jaime Arrubla Paucar, Augusto Ibáñez Guzmán, Tarquino)". Dice Caracol que, incluso, hay transcripciones de las grabaciones ilegales hechas por dos ex empleadas de servicios generales de las reuniones en Sala Plena de los 23 magistrados y en las que se evidencian posiciones distantes entre ellos mismos.
Sorprende además que hay descripciones detalladas de cómo los partidos opositores al gobierno le responderían al ex presidente Uribe en determinados casos.
El primero de septiembre de 2008, el DAS obtiene información sobre una reunión en Ibagué del ex presidente César Gaviria con Alfonso Gómez Méndez, Rodrigo Rivera y Rafael Pardo. "Esto ya es de conocimiento público, a continuación, menciono lo que se conoció por debajo de la mesa. A raíz del enfrentamiento verbal e ideológico, existente entre el presidente Uribe y la oposición (Liberalismo) y sobre todo con el ex presidente GAVIRIA, y con respecto a las últimas declaraciones donde Gaviria manifiesta que URIBE, trata al liberalismo y a la oposición con irrespeto y como si ellos fueran la guerrilla de las Farc, Gaviria en su discurso, atacará al presidente Uribe le exigirá respeto para con el liberalismo, y la oposición e invitara al liberalismo a la unidad y a la reconquista del poder".
Otro informe, del 26 de agosto de 2008, habla sobre los movimientos de la oposición contra una eventual segunda reelección de Uribe Vélez: "el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Mira, la bancada Por El País Que Soñamos y el Liberalismo buscarán esta semana atacar de manera individual y colectiva al Gobierno del presidente Álvaro Uribe frente a la propuesta de Reforma Política, bajo el argumento que es una propuesta con serios vacíos y progubernamental que trata de ‘crear una cortina de humo’ frente a las altas cortes por su labor frente a la parapolítica".
Toda esta información está en manos de la Fiscalía, que con base en los elementos probatorios tomará decisiones a favor o en contra de funcionario de la Casa de Nariño y del DAS.
23 de septiembre de 2010
22 de septiembre de 2010
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mujeres en la mira de la barbarie


La masacre de Bahía Portete es el ejemplo más brutal de cómo los paras asesinaron a unas mujeres de la comunidad wayuu para garantizarse el control de la Alta Guajira.
Colombia. Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso es lo que tenían por ley los indígenas wayuu, de La Guajira, hasta la masacre de Bahía Portete, en la que cuatro mujeres fueron torturadas, perseguidas, asesinadas con brutalidad, dos de ellas aún desaparecidas, y toda una comunidad desplazada.
El domingo 18 de abril de 2004 pasó lo impensable. Serían las 7 de la mañana cuando llegaron cinco camionetas y una moto, con unos 40 o 50 hombres. Los forajidos buscaban, lista en mano, a las familias Fince, Uriana y Epinayú. La primera en caer fue Margoth Fince, de 70 años, reconocida como una autoridad tradicional. La amarraron de pies y manos, la cortaron con hacha y machete y después le dispararon en el rostro. Luego llegaron a la casa de Rosa Fince, de 46 años, quien había emprendido la huida con su hermana Diana, de 40 años, y su sobrina Reina. Días después los familiares encontraron el cuerpo de Rosa. Tenía las manos amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. De las otras dos mujeres no se ha vuelto a saber nada. En el camino, los asesinos se habrían encontrado con dos hombres a los que también dieron muerte. Uno de ellos, Rubén Epinayú, de la misma comunidad.
"La guerra entre clanes o familias wayuu ha sido parte importante de la historia de este grupo y está claramente regulada en cuanto a los motivos que la provocan y los mecanismos para resolver las disputas", dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe liderado por Pilar Riaño y María Emma Wills.
La masacre era un desenlace previsible de la incursión paramilitar que desde hacía algunos años había propiciado uno de los propios miembros de esa comunidad: ’Chema Balas’, cuyo nombre de pila es José María Barros, quien creía que en alianza con Jorge 40 podía resolver una disputa histórica.
Desde los años 80, Chema Balas y estas familias tenían aspiraciones por razones distintas a ser los dueños del puerto natural de gran calado que hay en Bahía Portete. Por allí ingresaban el contrabando, que es la actividad a la que se ha dedicado siempre el pueblo wayuu. Chema Balas enarbolaba el permiso que había recibido tiempo atrás su padre para usar el puerto, mientras las familias agredidas habían recibido el reconocimiento de que ese era su territorio ya que allí yacían sus muertos. Durante años hubo una disputa, pero no una guerra.
Pero a partir de 2002, los paramilitares se apersonaron del puerto, de la mano de Chema Balas. El Grupo de Memoria Histórica encontró que la masacre tuvo el deliberado propósito de golpear a las mujeres por ser ellas el sostén de la defensa del territorio. Ellas eran un obstáculo para los planes de expansión del jefe paramilitar Jorge 40. La idea de que estas muertes eran parte de una guerra fratricida e intestina proviene, según Pilar Riaño, de "un estereotipo muy extendido sobre los wayuu".
Bahía Portete es también un caso emblemático en el que las memorias conflictivas están latentes. Mientras los sobrevivientes de las familias Fince, Epinayú y Urania siguen desplazados en Venezuela, y apenas regresan cada año a conmemorar la masacre, la hija de Chema Balas, Damaris Barros, sufre porque su descendencia cargará con el estigma de los errores de su padre. "José María Barros Ipuana se equivocó -al igual que lo hicieron muchos otros hombres wayuu y alijuna en La Guajira- cuando pensó que podría buscar el apoyo de los grupos ilegales provenientes de otros lados, allende su territorio, para consolidarse como hombre fuerte en la Alta Guajira y, después de logrado su objetivo, dejarlos de lado sin más...".
La masacre de Bahía Portete es emblemática porque muestra que la guerra no solo genera pobreza y pérdidas materiales, sino que desordena los principios y valores de las comunidades. La codicia que suscitaron el control territorial y de recursos se impuso durante años, y este es quizá el reto más grande que tiene el Estado para reparar a las víctimas.
23 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
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mataron al mono jojoy


La acción militar se consolidó en cinco días desde la base militar de Larandia, en Caquetá. Jorge Briceño Suárez fue hallado muy cerca del municipio de Uribe, en Meta, un sitio estratégico para las Farc en el que los militares fueron acorralándolo desde hace seis años.
Colombia. Muchas veces se había intentado sin éxito ubicar y bombardear el sitio donde se escondía Jorge Briceño Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’. A pesar de que esa fue una obsesión del ex presidente Álvaro Uribe y de su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, nunca pudieron dar con él. Recientemente, lo más cerca que estuvieron fue en unas cavernas en las que se escondía el guerrillero y a donde llegaron las tropas horas después de que este se escapó en febrero del año pasado.
Sin embargo, la semana pasada, el alto mando militar se reunió con carácter urgente en la base militar de Larandia, en Caquetá. La razón: había altísimas posibilidades de dar con ‘Jojoy’. La operación se bautizó ‘Sodoma’, evocando la ciudad bíblica donde sucedía todo tipo de aberraciones. Una ciudad maldita.
Entre el sábado y el domingo, hubo contactos, desarrollos, avances y evolución de las tareas de inteligencia militar y de Policía que logró la información que el presidente Juan Manuel Santos quería oír: Briceño Suárez, el estratega militar de las Farc y uno de los hombres más sanguinarios, radicales y autoritarios de esta guerrilla, se encontraba en la serranía de La Macarena, 26 kilómetros al suroeste del municipio de Uribe, en la vereda de La Julia, una zona que perfectamente dominan los guerrilleros, pero que también vienen conquistando hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ desde hace unos seis años.
El pasado lunes en la noche, antes de salir para la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Santos se reunió con el ministro de Defensa y la cúpula militar y dio la orden de entrar a la zona en una operación sin precedentes, donde se enfilaron tropas del Ejército, infantes de la Armada, aviones de la Fuerza Aérea y comandos jungla de la Policía Nacional.
Gracias a información que al parecer entregaron presuntos guerrilleros que conocían muy bien los movimientos de ’Jojoy’, el avance comenzó el martes en la mañana, pero la fase crucial arrancó en la madrugada de este miércoles: "En esta operación llegamos a la madre de todos los campamentos de las Farc, un campamento de más de 300 metros de longitud, un búnker en concreto en el que se refugiaba este terrorista. Tenía túneles y áreas de escape para burlar la acción de la fuerza pública. Señor Presidente, hemos llegado a la guarida de las Farc", le dijo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al presidente Santos durante una rueda de prensa.
En la operación estuvieron más de 30 aviones, cerca de 27 helicópteros y durante este miércoles, en medio de nueve combates, hubo varios intentos de desembarque en la zona donde se hizo la operación.
"Hemos dado el golpe más fuerte en la historia de esta organización narcoterrorista. Estamos hablando de la muerte de uno de los colombianos más odiados del país, por sanguinario, por terrorista", dijo el ministro Rivera, quien resaltó la labor de cada uno de los comandantes de las fuerzas militares y del director de la Policía.
Hay información de que, en el operativo, murieron algo más de 20 guerrilleros. Aunque todavía no se han confirmado las identidades de los otros subversivos muertos, se sabe que desde hace varios meses, a ’Jojoy’ lo acompañaba la holandesa Tanja Nijmeijer. Tras la acción quedaron heridos cinco soldados.
"Es un día de gloria, de júbilo para los colombianos, y le damos gracias a Dios que nos ha bendecido con victoria. Un trabajo sin celos, coordinado, de alta precisión", puntualizó el ministro.
23 de septiembre de 2010
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criminales prófugos: alias jerarca


’Camilo’, Armando Alberto Pérez Betancourt.
Colombia. Armando Alberto Pérez Betancourt era un capitán retirado del Ejército y huía de acusaciones en su contra, cuando ingresó al Bloque Catatumbo, creado en 1999 por los hermanos Carlos y Vicente Castaño para combatir al Eln y controlar el tráfico de la droga en esta zona de Norte de Santander.
Cuando los paramilitares decidieron entrar ese año en el municipio de Tibú, Pérez Betancur alias ‘Camilo’ fue el encargado de transportar a 200 paramilitares en camiones para comenzar los combates con la guerrilla el 22 de mayo de 1999. Desde entonces, ‘Camilo’ se convirtió en el jefe militar del Catatumbo y la mano derecha de Salvatore Mancuso, que asumió el control de la zona después de los Castaño.
El Bloque Catatumbo estaba integrado por los frentes La Gabarra, el bloque Móvil Catatumbo y la comisión Frontera, y tuvo presencia en los municipios de El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen, Tibú, Sardinata, Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta, Chinacota, Pamplona y Rangonvalia, en el departamento de Norte de Santander.
‘Camilo’ fue el comandante del Frente La Gabarra, integrado por 800 hombres, y daba órdenes a otros comandantes como ’Cordillera’, ’El Iguano’, ’Mauro’ y ’El Gato’, con quienes cometió masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y violencia contra las mujeres entre 1999 y 2004.
Según los relatos de algunos desmovilizados, este paramilitar permanecía la mayor parte del tiempo en la finca El Chorro del Indio, en el corregimiento La Gabarra, protegido por 20 escoltas. Frecuentaba el casco urbano y se movilizaba en helicóptero.
El Bloque se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú (Norte de Santander), con 1.434 miembros y entregó 1.115 armas. Junto con Vicente Castaño, ‘Camilo’ abandonó el proceso de Justicia y Paz y no se sabe si está vivo.

Alias usados: Camilo, Omega o Jerarca.
Estructura: Bloque Catatumbo que hacía parte del Bloque Norte.
Ubicación geográfica: Norte de Santander: La Gabarra, Tibu, el Tarra, Cúcuta.
Víctimas que le atribuye la justicia: Su bloque tiene registradas 8183 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP)
Número de delitos confesados: En versión libre confesó 19 hechos, entre los que se destacan homicidio, fuga de preso y desaparición forzada.
Bienes entregados: El día de su desmovilización el bloque entregó 1.114 armas (998 largas, 71 cortas, 55 de apoyo), 287.444 unidades de munición de diferente calibre, 1.335 granadas, 200 radios portátiles, 11 vehículos, 2 lanchas, 8 canoas, 15 motores, 45 mulas, 19 semovientes, 56 inmuebles rurales e información acerca de 105 predios utilizados por el bloque como apoyo logístico.
Los crímenes conocidos: Se le adelanta investigación por la muerte de un expendedor, la masacre de la Gabarra y la de Tibú (1999)
Fecha de desmovilización: 10 de diciembre de 2004.
Situación a septiembre de 2010: Hoy es prófugo de la justicia.
23 de septiembre de 2010
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informe sobre masacre de la rochela


Lanzan informe histórico sobre masacre de La Rochela. El documento cuenta en detalle la historia de la matanza de 12 funcionarios judiciales ocurrida el 18 de enero de 1989 cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander.
Colombia. Este miércoles entre las 5:30 p. m. y las 7:30 p. m. se hará el lanzamiento del informe La Rochela, ‘Memorias de un crimen contra la justicia’ en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá.
 El documento cuenta en detalle la historia de la matanza ocurrida el 18 de enero de 1989 cerca del corregimiento La Rochela, del municipio de Simacota, en Santander.
Allí, un grupo de paramilitares mataron a 12 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona.
"Este informe ilustra, a partir de La Rochela como caso emblemático, las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales y las dificultades del poder judicial para enfrentar la guerra en Colombia", dice en la invitación hecha por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que preparó el documento.
Aquel crimen "fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales", concluyó aquel grupo.
En la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron en Colombia numerosos ataques contra empleados de la administración de justicia. Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. A partir de la masacre de la Rochela, como caso emblemático, se ilustrarán las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia.
23 de septiembre de 2010
22 de septiembre de 2010
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isaza seguirá en la cárcel


Niegan casa por cárcel a Ramón Isaza. El ex comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) seguirá con medida de aseguramiento y detención preventiva.
Colombia. Un magistrado de control de garantías negó la solicitud presentada por el abogado Camilo Güisa de darle casa por cárcel a Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm).
Después de dos audiencias en las que escuchó a las partes, el magistrado señaló tres argumentos para dar su veredicto: el dictamen de Medicina Legal indicó que Isaza no requería de tratamiento intrahospitalario, la Ley de Justicia y Paz no contempla la medida de sustitución de aseguramiento carcelario por domiciliario y además, consideró que no se le están violando los derechos fundamentales al ex jefe paramilitar porque se le está prestando el servicio de salud.
La decisión será apelada por la defensa de Isaza ante la Corte Suprema de Justicia, y serán los magistrados de la Sala de Casación Penal de esa instancia quienes tomen la última decisión. Como antecedente, la defensa del ex jefe paramilitar ya había realizado la misma solicitud en marzo de 2010, que también fue negada por el magistrado de control de garantías y la Corte.

Los Argumentos
En su presentación, la defensa dijo que al ex jefe paramilitar se le debía conceder casa por cárcel en un inmueble de Bogotá, porque el Inpec no contaba con la infraestructura ni el personal  para darle atención de salud especializada a Isaza por sus diferentes enfermedades: parkinson, trombosis venosa profunda, lesión en el esófago, problemas coronarios y de columna.
El abogado agregó que la suspensión de la medida era necesaria para practicarle a tiempo los exámenes, y que "Isaza no representaba ningún peligro para las víctimas porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia".
Otra fue la postura de la Fiscalía, la Procuraduría y tres defensores de víctimas que desde el principio rechazaron la solicitud. Casi todos argumentaron que Medicina Legal no señalaba en su dictamen que Isaza padeciera de una enfermedad grave pero sobre todo, que la Ley de Justicia y Paz no contemplaba la medida de casa por cárcel. "Suficientes son los beneficios que ha otorgado esta Ley", comentaron.
"Señor defensor, esa solicitud suya es una burla para las víctimas que represento. Las víctimas ni siquiera han recibido reparación. Dura es la Ley y por eso es Ley. Solicito a los magistrados de la Corte que sostengan su decisión", dijo un defensor de las víctimas.
Eso era lo que también había solicitado Sandra, unas de las víctimas que asistió a la diligencia. "Siento indignación. No es justo que una persona que haya cometido tantos crímenes vaya a descansar a la casa. Mi esposo fue asesinado en la masacre de Frías el 15 de septiembre de 2001 y nadie repone de ese dolor a mí ni a mi hija. Dios hará justicia", comentó.
A Ramón Isaza y a otros 26 paramilitares que estuvieron bajo su mando en las Autodefensas del Magdalena Medio les imputarán 620 delitos como secuestro, tortura, desaparición, desplazamiento, extorsión y terrorismo. También les atribuirán la responsabilidad de 237 casos de violencia y 19 masacres, en las que 370 personas fueron asesinadas en Antioquia, Cundimarca, Boyacá y Santander.
23 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
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