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así espiaban a gustavo petro


Nuevos documentos revelan cómo el DAS actuó como policía política espiando y desprestigiando al ex candidato presidencial Gustavo Petro. Servicio secreto funcionaba como policía política de Uribe.
Colombia. Bajo el rótulo de Reservado, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS llevaba un detallado registro de los movimientos del ex candidato presidencial Gustavo Petro y de su plataforma política de cara a las elecciones de 2010.
Dentro de los documentos que estaban en poder del fallecido José Fernando Ovalle Olaz, jefe del Grupo Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS), y que fueron entregados a la Fiscalía la semana pasada y revelados por Noticias Uno, se encontró una hoja de vida minuciosa que relata el trasegar político del ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, con anotaciones de los investigadores que refuerzan la teoría de una campaña de desprestigio en su contra.
El texto, contenido en tres cajas que se sumaron a las pruebas en la investigación por el caso del espionaje del DAS a políticos, magistrados y periodistas, detalla la conformación familiar del ex Senador y precisa información sobre algunos de sus allegados, así como también su línea política, fortín electoral y sus posturas frente al conflicto armado, reforma política y su oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Demostrando así que el organismo de inteligencia actuó en calidad de "policía política", como denunció en varias ocasiones Gustavo Petro.
Llama la atención las anotaciones que relacionan en repetidas ocasiones a Petro con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y cómo los detectives del DAS alertaban sobre los debates que llevaría al Senado sobre la relación entre políticos y paramilitares. También en dos ocasiones el DAS conoció de reuniones que se pactaron entre paramilitares y políticos para planear un atentado en contra del ex candidato presidencial. A esto se suma anotaciones que intentan relacionar al político con la guerrilla de las Farc.

Una Hoja de Vida Política
El documento que reposa en la Fiscalía y al cual Semana.com tuvo acceso, contiene una hoja de vida que relata el recorrido político de Gustavo Petro. Narra su pasado como militante del M-19 y cómo llegó a la Cámara de Representantes por Bogotá y luego al Senado de la República con votaciones considerables.
Afirma el contenido que "su labor en contra de la corrupción en la anterior legislatura le granjea simpatía entre electorado de opinión".
Contiene información sobre sus asesores y nombres de quiénes han financiado su campaña. Además aparecen nombres y números telefónicos de sus familiares y allegados.
Seguidamente y subtitulado como "anotaciones de inteligencia", aparece en detalle los movimientos del entonces Senador. A dónde va, con quién se reúne y sobre qué temas habla, es lo que está consignado en el documento del DAS.
Esas "anotaciones de inteligencia" consignan las denuncias que hiciera Petro de supuestos vínculos de Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y la creación de la banda conocida como "los doce apóstoles". También destaca las denuncias de otros tres parientes de Uribe y su presunta relación con las AUC.
Quienes espiaban consignaban en ese documento los desplazamientos internos y externos de Petro. Tal es el caso de una anotación con fecha del 23 de noviembre de 2006, de un viaje que hiciera a Caracas que detalla los nombres de otros congresistas colombianos con los cuales viajó y con qué políticos venezolanos sostuvo conversaciones. Incluso relata las declaraciones del Senador a medios de comunicación venezolanos mostrando su postura de oposición al gobierno del presidente Uribe: "Petro ha manifestado a medios de comunicación bolivarianos que el gobierno del presidente Uribe tiene relaciones directas con el paramilitarismo, que en Colombia se ubican en altos cargos estratégicos personas vinculadas con los paramilitares, donde trajo el caso de Jorge Noguera, director del DAS, igualmente habló sobre la intervención de EEUU, de la integración bolivariana, de crecimiento de la izquierda en Colombia entre otros".
El documento reitera en varias ocasiones que Petro tiene contactos con círculos bolivarianos y con diputados del MVR afirmando que el senador "desarrolla una campaña de desprestigio contra la reelección presidencial, contemplando una posible alianza entre integrantes del Partido Liberal con Horacio Serpa y Carlos Gaviria, del PDA. Acción respaldada económica y logísticamente por el presidente Hugo Chávez". Los espías anotan además que Petro "apoya las políticas del Presidente Hugo Chávez Frías, con quien posee una estrecha amistad y comparten proyectos políticos de la misma línea e identidad revolucionaria".
Un aparte del documento, fechado en 13 de julio de 2007, sustrae ideas del proyecto político de Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales de 2010. Expone los planteamientos del Senador sobre diferentes temas y llama la atención las anotaciones subjetivas que, en últimas, justifican por qué el DAS lo espiaba.
Primero lo nombran como un "excelente estratega político" y afirman que Petro "utiliza los ideales revolucionarios del socialismo hacia el Siglo XXI que promueve su amigo y aliado el presidente Chávez para motivar un cambio ideológico entre la comunidad latinoamericana para construir un mundo sin hegemonías cuyo multilateralismo sirva para construir un nuevo orden democrático mundial al estilo de Hugo Chávez". Y seguidamente aparece la apreciación de quienes diligenciaron el documento: "De hecho, ese tipo de exposiciones bajo perfil van en contra del orden y la estabilidad geoestratégica de un país por lo que deben ser monitoreadas y controladas de forma permanente y secuencial".
Afirman que "el señor Petro fundamenta su doctrina ideológica en los lineamientos de su personaje favorito el libertador Simón Bolívar. Le gusta la música étnica del mundo, la comida italiana, el sancocho y la comida criolla. No consume lácteos, es coleccionista de libros y lee temas de filosofía, historia, economía y política".

DAS Alertaba sobre los Debates que Planeaba Petro
El documento el DAS sobre el seguimiento a Gustavo Petro también entrega detalles de cómo los espías conocían de los debates que el senador adelantaría en el Congreso.
Con fecha del 19 de mayo de 2005, aseguran que "información de inteligencia indica que Hugo Ernesto Zárrate, Gustavo Petro y Wilson Borja vienen gestionando la moción de censura contra el ministro de Defensa, a fin de obligarlo a que dimita de su cargo, teniendo como argumentos la corrupción al interior de las Fuerzas Militares, la despedida sin justificación de cuatro generales del Ejército y actuaciones personales del ministro que catalogan como inmorales. Así mismo tendrían planeado llevar a cabo debates en sus comisiones contra otros parlamentarios asesores e integrantes del alto gobierno entre los que se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cote, a quien cuestionarían por actos de corrupción al interior del DAS (…) recurriendo a una campaña de desprestigio con el fin de ponerlos en la picota pública, buscando sus renuncias a fin de debilitar el gabinete del presidente Álvaro Uribe".
"Estos parlamentarios estarían buscando afanosamente pruebas de reuniones entre Álvaro Uribe y el ex ministro Alberto Santofimio Botero, antes de que éste último fuera detenido, para desprestigiar al primer mandatario y hacer ver al país los supuestos nexos de amistad que existían entre el presidente y el extinto Pablo Escobar Gaviria".
En otra anotación del 11 de abril de 2005, el documento alerta que "Petro tiene proyectado liderar en el Congreso un debate sobre la presunta infiltración de los grupos de autodefensas en la dirigencia política del departamento de Sucre" y transcriben las tres preguntas que el Senador le proyectaba hacerle al ministro del Interior en dicho debate.

DAS Sabía de Planes para Asesinar a Petro
En anotaciones en el amplio expediente de espionaje a Gustavo Petro se advierte de dos reuniones que sostuvieran paramilitares y políticos para planear su asesinato y señala supuestas reuniones del político con emisarios de la guerrilla de las Farc.
Según el documento del DAS, con anotación del 21 de febrero de 2006, "En hotel Valle de Tenza, de propiedad de la familia Alfonso López, durante una reunión entre seguidores, escoltas de la señora Enilse del Rosario López Romero alias ‘La Gata’ con desmovilizados de los grupos de las AUC, entre ellos William Alexander Ramírez Castaño alias Román y Giovanni Pedraza Peña alias Carriel Pelao, se trataron los siguientes temas: Planear un atentado contra el candidato al Senado Gustavo Petro Urrego en su posible visita al municipio de Magangué, planeada para el día 24 de febrero del año en curso, ya que éste es el directo responsable de la actual situación que atraviesa la señora Enilse y su hermano Arquímedes García Romero".
Otro tanto sucede con una anotación del 26 de octubre de 2006, en la cual se afirma que integrantes de las AUC siguiendo instrucciones de ‘Don Berna’ y ‘Ernesto Báez’ "se encuentran en la ciudad realizando labores de inteligencia al senador Gustavo Petro, con el fin de realizar un atentado terrorista contra él mediante activación de un carro bomba. Lo anterior obedece a órdenes que habrían impartido políticos (identidades sin establecer) debido a que Gustavo Petro los estaría involucrando en diferentes casos de corrupción como lo hizo en el debate del 18 de octubre de 2006. La orden impartida por los políticos fue realizada en una reunión que se llevó a cabo en agosto de 2006 en la ciudad de Manizales".
Por otra parte se habla de supuestas reuniones que sostuviera Petro y representantes del Polo con "personas identificadas como mensajeros de las Farc en la ciudad de Sogamoso. La fuente señala que cada vez son más frecuentes las reuniones del ex guerrillero con gente que el mismo pueblo señala que son miembros de las Farc, a esto se suma que el representante sigue imprimiendo panfletos cuyo mensaje está en detrimento de la reelección presidencial y que están siendo repartidos por algunos pueblos en Cundinamarca como también en universidades públicas de Bogotá".
Este documento hace parte del legado de Ovalle Olaz que fue entregado a la Fiscalía la semana pasada y que los investigadores habían dado por desaparecido. Aunque otros documentos fueron destruidos gracias a una alerta previa al allanamiento del CTI a las instalaciones del DAS.
En tres cajas que contienen discos duros y fólderes repletos de documentos, estaría información clave en la investigación sobre las ‘chuzadas’ del DAS. También incluye 75 CD’s, en los que estarían algunos audios de las conversaciones grabadas ilegalmente.
18 de septiembre de 2010
16 de septiembre de 2010
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detective del das delata a uribe


Fabio Duarte fue coordinador de operaciones del DAS y está investigado por las chuzadas. Junto a él hay al menos otras cuatro personas -conductores y señoras de servicios generales- implicadas en el caso. Como dice Duarte, "los ‘güevoncitos’ de abajo" que ayudaron a infiltrar la Corte.
Colombia. En la maraña de las chuzadas del DAS, donde las autoridades buscan a la persona (o personas) que dio primero la orden de seguir ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no sólo están involucrados funcionarios de alto rango como ex directores del DAS, jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, e importantes funcionarios de la Casa de Nariño. También hay quienes hicieron el trabajo sucio desde abajo: poner grabadoras en las salas para escuchar las sesiones, organizar los detectives, pasar datos, "reclutar" personal de la Corte para saber qué conversaban los juristas, etc.
Sus versiones han sido muy importantes para armar el rompecabezas de cómo fue que la agencia de inteligencia del Estado logró meterse en las sesiones privadas de los magistrados de la Corte, donde se discutían temas como la parapolítica, la reelección presidencial, las mismas chuzadas y la extradición de algunos delincuentes.
Algunos de ellos han hablado muy tímidamente sobre su papel en la infiltración. Sin embargo, esta semana hubo uno que rompió su silencio para criticar duramente a sus antiguos jefes y se atrevió a decir, incluso, que las órdenes venían de la Casa de Nariño.
Se trata de Fabio Duarte Traslaviña, coordinador de operaciones del DAS hasta hace siete meses, quien está señalado de cuatro delitos relacionados con las chuzadas. En Noticias Caracol, Traslaviña mencionó que el DAS funciona con una estructura piramidal y que por eso la orden inicial de seguir a los magistrados, hasta donde él conoció, salió de la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado.
Dice Duarte que luego de que Hurtado dio la instrucción, ésta pasó "al director general de Inteligencia, luego pasa a la subdirección de Operaciones y luego al coordinador y a los detectives (...) Por el principio de compartimentación se desconoce qué se está haciendo. No se pregunta ni por qué, ni para qué, y hasta el insumo final se entrega y el detective desconoce qué tramite se le va a dar (...) en inteligencia son muy celosos, cada quien tiene información con sus claves, bajo llave".
Cuando se le preguntó que de dónde venía la orden dijo: "tengo entendido que de Presidencia, porque es su superior inmediato".
Luego se quejó de la soledad en la que están los procesados como él. "Uno queda sin el apoyo institucional, jurídico, sicológico, deja uno de recibir su sueldo", dijo Duarte Traslaviña y agregó: "yo veo que se está aplicando el peso de la ley en lo penal y en lo disciplinario ¿a quién? a nosotros, a los ‘guevoncitos’ de abajo".

Los de la Base
Como él hay otros empleados de bajo rango que están en serios problemas con la Procuraduría, que les abrió investigación preliminar por delitos relacionados con las chuzadas del DAS.
Uno de ellos es David García, quien hizo parte de la escolta de Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quizá el investigador de la parapolítica más importante de este tribunal.
De acuerdo con la confesión de Alba Luz Flórez, conocida popularmente como la ‘Mata Hari’, García le facilitó información en 2005 cuando era el escolta del magistrado Javier Zapata. Lo sedujeron diciéndole que antes de ser leal con la Corte Suprema, debía serlo con el Presidente de la República. En ese entonces, en la Casa de Nariño estaba Álvaro Uribe Vélez.
Manuel Pinzón Casallas, conductor del magistrado Velásquez, es otro de las fichas que desde abajo ayudó a infiltrar la Corte. Según la ‘Mata Hari’, él le suministró cerca del 80 por ciento de información clave que manejaba la Corte. Sin embargo, él dice que ella exagera.
"Esto fue un trabajo sucio, sicológico. No fue una decisión de media hora, fue un trabajo de meses para que me convencieran, pero dejo constancia de que fui absorbido por una mentira. Yo estaba seguro de que estaba ayudando a la democracia", le dijo semanas atrás a Noticias Caracol.
Blanca Janeth Maldonado y María Lisandrina Torres son las señoras de servicios generales que fueron persuadidas por la ‘Mata Hari’ para colaborar en labores de seguimiento a los magistrados de la Corte.
Aparentemente, Maldonado recibió dinero en efectivo a cambio de ayuda y supuestamente firmó con su huella el recibo del dinero.
"Yo ni siquiera sé qué fue lo que hice, estoy confundida (...) Recibo amenazas por teléfono, a mi esposo lo han seguido en moto y a mi hijo lo han amenazado", dijo Maldonado a un grupo de periodistas a la salida de un interrogatorio en la Fiscalía.
Las dos estuvieron vinculadas por más de 10 años a la Corte, una en el cuarto piso y la otra en el tercero, según confirmó el magistrado Jaime Arrubla.
De comprobarse que todos le aportaron información al DAS, de manera ilegal, los líos tendrán que resolverlos ante la Fiscalía.
18 de septiembre de 2010
17 de septiembre de 2010
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policías en crimen de candidato


Salpicados ex oficiales de Policía de Cundinamarca en el asesinato de Luis Carlos Galán. Duras acusaciones de la Procuraduría contra autoridades civiles figuran en las 92 páginas del documento que pide que el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez sea llamado a juicio por el magnicidio.
Colombia. El procurador del caso dice que está probado que Maza Márquez "no solo se enteró con antelación del atentado que se cernía en contra del candidato, pudiendo evitarlo, sino (que) coadyuvó para el éxito de la empresa criminal cambiando y debilitando el esquema de seguridad" de Galán, que en agosto de 1989 era el hombre más amenazado del país.
Los testimonios a los que el Ministerio Público atribuye plena credibilidad enredan al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien según ’Vladimir’, sicario y ’para’ del Magdalena Medio, puso parte de los $750 mil dólares que supuestamente pagaron narcos y ’paras’ para ese crimen.
El atentado "fue montado en un verdadero concierto para delinquir con participación de autoridades municipales (de Soacha)", dice el documento. Y señala, con base en el testimonio de agentes de la época, que oficiales del Comando de la Policía de ese municipio falsearon los informes para intentar demostrar un operativo de seguridad que nunca se realizó.
Incluso, hubo orden de mover, sin aparente razón, una contraguerrilla policial conformada por 30 agentes que, en teoría, debían haber estado en la plaza de Soacha protegiendo al candidato. "La contraguerrilla fue llamada a la base en Bogotá y regresó, le calculo, unos 15 minutos después del tiroteo", dijo el ex policía.
La Procuraduría acusa al coronel (r) Manuel Antonio González Henríquez, ex jefe de Protección del DAS, de formar parte del complot. Él fue quien designó, con conocimiento de Maza Márquez, a Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas de Galán.
Y Torregrosa dejó, según el expediente, los huecos para que los asesinos de la mafia llegaran finalmente hasta Luis Carlos Galán Sarmiento.
16 de septiembre de 2010
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eua paga a aliados colombianos


De "justa" calificó presidente Santos certificación de EE. UU. a Colombia en materia de derechos humanos. Gracias a esto, el Departamento de Estado dio el visto bueno para que el país reciba 30,3 millones de dólares en ayuda militar pendiente del Plan Colombia.
Colombia. Como ha hecho a lo largo de los últimos nueve años, el Departamento de Estado certificó el desempeño de Colombia en Derechos Humanos, prerrequisito necesario  para recibir el 15 por ciento de la ayuda militar que se le entrega al país anualmente. En esta ocasión, 30,3 millones de dólares correspondientes al año fiscal 2010.
Al hacerlo, sin embargo, dejó claro que hay temas como las ’chuzadas’, la ausencia de un Fiscal y el escándalo del DAS que los tienen muy preocupados y hasta podrían influir en certificaciones futuras.
Ante la certificación, el presidente Juan Manuel Santos señaló que "este reconocimiento es un pronunciamiento justo. Están señalando que efectivamente hemos hecho un esfuerzo y seguiremos haciendo un gran esfuerzo en esa materia" de Derechos Humanos.
El mandatario agregó que Estados Unidos "reconoce un esfuerzo que se ha venido haciendo en un problema que nadie desconoce, que todos sabemos que existió y todavía existe pero en menor medida, y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el problema de los derechos humanos en Colombia, de la violación de los derechos humanos, deje de ser un problema".
Según el documento del Departamento de Estado, "Colombia está cumpliendo con los criterios establecidos por el Congreso de EE. UU. en materia de derechos humanos".
Agregó que si bien todavía es necesario mejorar, el gobierno de Colombia "ha tomado acciones positivas para mejorar el respeto por los Derechos Humanos en el país".
Resaltó, como ejemplo de eso, que la orden dada por el Ejecutivo en el sentido que no se tolerarán las ejecuciones extrajudiciales, ha conducido a la disminución de estos hechos, que fueron calificados como "escalofriantes".
"La administración de Juan Manuel Santos ha dado pasos significativos para demostrar que toma los Derechos Humanos de manera seria", resaltó el documento y señaló como muestra de ello, entre otros temas, la reparación de las relaciones con el sistema judicial colombiano.

Críticas
Sin embargo, el Departamento de Estado hizo algunas críticas, en especial a la demora en la elección del Fiscal General.
Consideró que decidir rápidamente quien llevará las riendas de esta entidad es "vital para continuar el combate contra la impunidad".
Afirmó también que las ejecuciones extrajudiciales continúan, aunque en menor cantidad, y manifestó su preocupación en torno a que los casos de violaciones Derechos Humanos por parte de miembros de las Fuerzas Militares no han sido transferidos de la justicia penal militar a la civil.
El informe remató señalando que "las interceptaciones ilegales son inaceptables" y consideró  vital que el Fiscal General haga una "profunda investigación" para castigar a los responsables.

Ministro del Interior Celebró el Respaldo
"Es una muy buena noticia, porque, además, hace un reconocimiento a que, en el poco tiempo que lleva el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se está haciendo un esfuerzo enorme en el tema de derechos humanos", dijo el ministro Germán Vargas Lleras.
El alto funcionario afirmó que para este resultado tuvo mucho que ver la presentación de los proyectos de tierras y el de víctimas ante el Congreso, lo cual hace prever que "se inicia una nueva etapa en este país en materia de derechos humanos".
Además, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aseguró que, junto con la Fiscalía General, se creará una comisión técnica para acelerar las investigaciones a miembros de la Fuerza Pública por muertes extrajudiciales.
[Con información de Sergio Gómez Masseri]
16 de septiembre de 2010
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militares condenados a 40 años


Condenados a 40 años de cárcel siete militares por ’falsos positivos’. La decisión de un juez de Valledupar pesa sobre los uniformados, adscritos al batallón La Popa, por la muerte de tres campesinos en el 2007.
Colombia. Según la investigación, las víctimas fueron sacadas de sus casas con falsas ofertas de trabajo y presentadas como muertos en combate. Un sargento, un cabo y cinco soldados fueron hallados responsables por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Dentro de las investigaciones adelatandas contra miembros de este batallón, un fiscal de Derechos Humanos también llamó a juicio a 29 militares por la muerte de dos persona el 14 de mayo de 2005.
El hecho ocurrió en el corregimiento San José de Oriente, municipio La Paz (Cesar), cuando las tropas del Ejército ultimaron a Frank Enrique Martínez Caviedes y Claudino Manuel Olmedo Arlante.
"De acuerdo con lo establecido por el fiscal instructor, tanto Frank Enrique Martínez Caviedes como Claudino Manuel Olmedo Arlante (las víctimas)  eran habitantes de Valledupar, no pertenecían a las Farc y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército", señaló la Fiscalía.
Aunque los militares reportaron la muerte por un supuesto combate con las Farc, la investigación estableció que no hubo ningún enfrentamiento y que las víctimas eran habitantes de la región. 28 de los 29 acusados tienen orden de captura.
16 de septiembre de 2010
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por qué despidieron a fiscal pérez


En medio del escándalo por las ’chuzadas’, la Fiscalía hizo operativos en la sede central del DAS. El despido de la fiscal Claudia Esther Pérez sigue provocando polémica. Ayer fue discutido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ex fiscal Claudia Pérez asegura que la echaron por estar cerca de la verdad.
Colombia. Pérez le contó a ’Cambio’ en su edición del jueves que fue declarada insubsistente porque estaba a punto de descubrir la verdad sobre el último escándalo de las ’chuzadas’ del DAS.
La revista conoció más detalles de la investigación que adelantaba Pérez, y en la que hay testimonio de un testigo que afirma que existe una organización, de la que hacen parte detectives del DAS, funcionarios de la Fiscalía y hasta empleados de empresas telefónicas, dedicada a traficar con información reservada  e interceptaciones ilegales.
A primera hora del lunes 26 de octubre, dice ’Cambio’, la fiscal Pérez reportó sus hallazgos a la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, Alexandra Ladino, quien le pidió dejar por escrito la información.
Cuando avanzaba en el informe, Pérez  fue notificada intempestivamente de que quedaba despedida.
La declaratoria de insubsistencia fue firmada por el vicefiscal Fernando Pareja, y la fiscal no descarta que su salida tuviera que ver con que sus investigaciones podrían llegar a que un familiar de Ladino podía estar comprometido en las ’chuzadas’.
Este jueves, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, señaló que la ya ex fiscal no pasó el concurso de méritos y que por eso fue retirada.
Su situación, sin embargo, era similar a la de cerca de 200 fiscales que tampoco pasaron y que siguen en sus cargos.
"Lamentablemente no ganó el concurso y fue reemplazada por una persona que sí está en la lista de elegibles. La Fiscalía tiene la obligación de hacer efectiva una acción de tutela, que nos señala un tiempo determinado (...)", dijo Mendoza.
Y agregó:  "(Pérez) estaba llevando una investigación paralela y no podemos estar trabajando en procesos dispersos y sometidos a eventualidades que ni siquiera podemos controlar con toda la fortaleza del caso".
Al relevo de Pérez se sumó también el de la jefe de la Unidad de Derechos Humanos, Sandra Castro, quien pasó a fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
EL TIEMPO conoció que esos dos movimientos no fueron bien recibidos por los funcionarios de la embajada de E.U., que tenían contacto con las dos fiscales.

Lo Que Dijo el Testigo a Claudia Pérez
Hace dos semanas, la declaración de un testigo puso a la fiscal  Pérez Duarte tras la pista de lo que ella considera sería la verdadera historia tras las ’chuzadas’ a magistrados, periodistas y ONG, entre otros.
El testigo habló de una organización de ex detectives del DAS, que tenía nexos con funcionarios de ese organismo, con empleados de empresas de telefonía móvil y fija, así como de empresas de seguridad e incluso de un ex trabajador de seguridad de una embajada. Su versión es consistente con lo que ha venido sosteniendo la nueva administración del DAS sobre el último escándalo de ’chuzadas’, en el que fue víctima el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez.
"Para iniciar el trabajo siempre requerían el 50 por ciento del valor de la interceptación y pedían 3 ó 4 millones de pesos por adelantado y el precio de la interceptación es lo que dura un mes, en caso de que el cliente quisiera un mes más tenía que avisar con 10 días de antelación y cancelar el 50 por ciento del valor restante (...) Estamos hablando de un promedio de 8 millones de pesos", aseguró el testigo.
La organización, según el declarante, "manejaba muchísima información" para todo tipo de clientes, a los que llamaban  "la fuente".
Además de ofrecer servicio de ’chuzadas’ -dice la declaración- la organización también vendía otros ’servicios’.
"Por sábanas telefónicas pedían por consulta de antecedentes entre 400 y 600 mil pesos, dependiendo del operador. Lo único que sabía era que le pagaban a una persona que lo apellidaban ’Peñita’ que recientemente salió pensionado del DAS. Movimientos migratorios sabía que de acuerdo a los meses tenía que cancelar en promedio de 300 y 400 mil pesos. Sifin y Datacrédito, entre 20 y 25 mil pesos cada dato. Consulta de biográficos, que es a nombre de quién está un número celular, entre 40 a 60 mil pesos a la fuente que maneja esa información y por las ’decas’ (tarjetas decactilares) 300 mil pesos", relató el testigo.
En la misma declaración aseguró que varios de los integrantes de la organización fueron declarados insubsistentes en el DAS y tienen demandado al Estado, y otros están presos tras descubrirse que le vendían información a la banda de Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’.
La ex fiscal Pérez afirma que menos de una semana después de la diligencia y tras hallar evidencias que vinculan a un fiscal con las interceptaciones realizadas desde el llamado sistema Esperanza, fue retirada de la entidad.

Pérez Habla en la ’W’
Pérez dijo al programa de Julio Sánchez Cristo que dentro de las investigaciones que ella adelantaba pudo establecer que no todas las interceptaciones ilegales se hacían desde el DAS sino desde la Fiscalía General de la Nación.
"Puedo decir de manera enfática que a través del DAS no se ’chuzaba’", dijo la ex funcionaria, haciendo referencia a sus investigaciones.
Según la fiscal, lo que se buscaba con las ’chuzadas’, que ella investigaba, era hacerle creer a la opinión pública que el presidente Uribe había ordenado interceptar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para generar un choque de trenes.
Aseguró saber quién fue la persona interesada en crear ese choque de trenes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, aunque no reveló el nombre ya que la investigación sigue en curso.
La fiscal Pérez fue removida de su cargo y declarada insubsistente por descubrir que el esposo de su jefe, el fiscal 208, estaba vinculado al escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.
Pérez recibió hace pocos meses un reconocimiento de la embajada de Estados Unidos en Colombia por las investigaciones contra la trata de personas que llevó a la captura de varias personas que trabajaban con el gobierno.
16 de septiembre de 2010
15 de septiembre de 2010
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proponen desclasificar documentos


La propuesta del Ministro del Interior, para levantar la reserva sobre información secreta de organismos como el DAS, tendría que someterse a una reforma constitucional. La reciente ley de inteligencia amplió la confidencialidad de la información a 40 años.
Colombia. Este lunes, cuando los hallazgos y los alcances del espionaje realizado en el DAS que también tuvo blancos como partidos políticos (Polo y Liberal) y hasta el propio Germán Vargas Lleras, motivó a que el Ministro del Interior propusiera "desclasificar" la información de inteligencia.
El ministro Vargas Lleras, al argumentar su propuesta, dijo que esa medida, que pondrá a consideración del propio Presidente de la República, podría generar un precedente para que no se repitan hechos como los que sucedieron en el DAS, donde se comprobó una infiltración ilegal a la Corte Suprema de Justicia.
Vargas Lleras admitió que la idea tiene que ser revisada jurídicamente, pues la ley vigente y la Constitución no son totalmente claras para advertir si este tipo de información, que ha sido clasificada como secreta, pueda ser objeto de perder su confidencialidad.
Sin embargo, la propuesta tuvo respaldo en muchos sectores, políticos y judiciales, principalmente entre quienes hoy se encuentran en el espectro de las víctimas de las acciones irregulares que se adelantaron desde el DAS.
El presidente (e.) de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla Paucar, fue prudente al referirse al tema, aunque consideró que "cualquier idea que conduzca a conocer la verdad es bienvenida".
Expertos en derecho constitucional y penal le explicaron a Semana.com los alcances de la propuesta de Vargas Lleras y sobre todo su viabilidad jurídica.
 
Reforma a la Constitución
El constitucionalista Germán Navas Talero, representante a la Cámara del Polo Democrático, dijo que la Constitución establece la reserva sobre la información de inteligencia que compromete la seguridad nacional.
Por eso considera que para que se levante la confidencialidad es necesario hacer una reforma a la Constitución. "Si tocaron y patearon la Constitución para reelegir a Uribe, ¿por qué no tocarla para defender a las personas que han sido víctimas de atropellos del Estado?".
 
La Justicia Los Desclasifica
El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez también se mostró partidario por desclasificar la información de inteligencia, pero consideró necesario "limitar aquella información que guarde relación con asuntos de seguridad nacional".
Pero en temas como la información clasificada del DAS, el ex fiscal considera que no es necesario levantar la reserva porque, cuando se trata de temas delincuenciales como es este caso, "para eso están la Fiscalía y los jueces. Esa prohibición no rige cuando se trata de investigar delitos".
Otro de los obstáculos que puede tener la propuesta de desclasificar la información se puede concentrar en la reciente ley de inteligencia y contrainteligencia aprobada por el Congreso de la República en el 2009.

La ley No Explica Qué Información Tiene Reserva
Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, en Colombia la reserva sobre información clasificada se extendía por 30 años, pero la ley de inteligencia amplió el término de la confidencialidad a 40 años. Sin embargo, explica que ni la Constitución ni la ley establecen con claridad qué tipo de informaciones están sometidas a la reserva.
En principio, dice Gallón, la ley no dice taxativamente cuáles son los documentos sometidos a reserva, la ley establece de manera general una reserva sobre documentos que sean considerados de seguridad nacional. En ese proceso interviene la autoridad administrativa, dentro de unos márgenes para que no haya arbitrariedad para definir cuáles son. "Cabe pensar que en varios de esos documentos se pueda levantar esa reserva".
16 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010
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acusan a maza márquez por asesinato


El Ministerio Público dice que hay "testimonios creíbles, indicios, inspecciones judiciales y otros medios de prueba" que apuntan a que el ex director del DAS es presunto coautor del asesinato del ex candidato presidencial, en 1989.
Colombia. La Procuraduría General de la Nación le pidió este martes a la Fiscalía acusar al general (r.) Miguel Maza Márquez por su presunta coautoría del asesinato del ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue baleado en Soacha el 18 de agosto de 1989.
Según el procurador 29 judicial penal, Jairo Enrique Mejía, de este organismo de control, dijo que "existen testimonios creíbles, indicios, peritaciones, inspecciones judiciales y otros medios de prueba, (que surgieron posterior a la medida de aseguramiento), que aunados a la presunta responsabilidad del ex director del DAS, se constituyen en los requisitos que exige la ley para que se dicte resolución de acusación".
De acuerdo con su concepto, la muerte de Galán puede ser considerada como un homicidio con fines terroristas y como un delito de lesa humanidad. "Las pruebas apuntan a la participación de varios servidores del Estado que, como el general en retiro, se enteraron con antelación del atentado que se preparaba en contra del candidato presidencial, y en lugar de evitarlo, coadyuvaron a que se cometiera el hecho cambiando y debilitando el esquema de seguridad".
El año pasado, justo el día que se cumplían 20 años de la muerte de Galán, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por dos razones principalmente: la primera es por su responsabilidad en el nombramiento de Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas de Luis Carlos Galán, un mes antes del magnicidio, y el segundo es la supuesta relación que existía entre Maza Márquez y uno de los autores intelectuales del crimen, Henry Pérez, en ese entonces jefe paramilitar del Magdalena Medio.
En cuanto a lo primero, tres testigos, el negro ‘Vladimir’ –Alonso Baquero, quien en 1989 era comandante del frente Gavilanes de los paras del Magdalena Medio–, Ernesto Baéz –uno de los paramilitares más veteranos del país– y ‘Popeye’ –sicario favorito de Pablo Escobar– dicen que el entonces jefe de escoltas de Galán facilitó el macabro atentado.
El 17 de julio de 1989, el DAS le informó a Galán del cambio de su jefe de escoltas. Víctor Julio Cruz, quien lo había acompañado en otras campañas, tenía ocho años de experiencia y había sido capacitado para el oficio, fue sustituido por Jacobo Torregrosa, un hombre a quien ese mismo día trasladaron de la oficina de "servicios y suministros" a la de "protección de mandatarios" y no tenía la preparación exigida para el cargo. Torregrosa era subteniente retirado de la Policía, en la hoja de vida de esa institución le aparecen sanciones, ninguna felicitación y un récord de bajo rendimiento.
Ya en su tarea de escolta de Galán sacó a dos agentes del equipo y cuando intentó sacar a otros dos, entre ellos Santiago Cuervo, el que murió en el atentado en Soacha, la famila Galán se opuso. Y esa fatídica noche, cuando era más necesario que nunca blindar al personaje, Torregrosa desmanteló el esquema de seguridad, decidió mandar a dos escoltas a una avanzada en Villeta, de tal suerte que sólo cinco acompañaban en Soacha a Galán.
Lo segundo es que ‘el Negro Vladimir’ aporta un detalle peculiar. Según él, algunos de los sicarios llegaron hasta la tarima de la plaza de Soacha en el carro del DAS porque no había otra manera de atravesar la multitud. "Es tan así –dice ‘Vladimir’–, que uno de los muchachos cambió el arma accidentalmente y la Uzi con que mataron a Galán era un arma del DAS y la del muchacho, que iba con Rueda Rocha, se quedó dentro del carro del DAS" y, según él, por esta razón Jaime Rueda Rocha, quien dirigió el atentado, cayó en desgracia con el departamento y por eso lo detuvieron.
Unos meses después de que ‘Vladimir’ dio ese testimonio, la Fiscalía hizo un hallazgo que le da mayor credibilidad a lo dicho por el paramilitar. En un registro hecho a los archivos del DAS el 3 de junio pasado, encontraron un escrito del 22 de agosto de 1989 en el que Torregrosa decía que el día del asesinato de Galán se había perdido una Ingram 1831.
El nivel de incompetencia de Torregrosa es monumental y su comportamiento se podría interpretar como una infiltración de la mafia en la institución. Lo cual, si bien deja mal parado a Maza, no necesariamente lo implica.
Sin embargo, los conocedores se preguntan ¿cómo es posible que el general Maza Márquez haya cambiado al jefe de escoltas del hombre más amenazado del país, que tenía incluso experiencia en protección a ex presidentes, por un aparecido con dudosos antecedentes como Torregrosa? Maza dice que fue el propio Galán el que le pidió el cambio, pues, según él, Cruz le estaba generando conflictos conyugales.
Eso nadie lo puede probar. Pero lo que sí ha dicho la esposa de Galán, y lo ratifica uno de los escoltas de la época, es que hicieron una cita con Maza exclusivamente para decirle que Torregrosa no les inspiraba confianza. "Luis Carlos le manifestó su preocupación por el nuevo jefe de escoltas". Y el general los calmó diciéndoles que era un hombre de toda su confianza.
Por último, el procurador asegura que "el acto criminal contra el candidato protegido, fue montado en un verdadero concierto con participación de las autoridades municipales, quienes avalaron la readaptación de una tarima de madera con cierta altura, desechando la de cemento que existía, ya que necesitaban esconder los autores materiales, sus armas, y salir sorpresivamente a la ejecución del plan criminal".
Agregó que para ejecutar el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, al parecer, se configuró la unión de varias fuerzas del Estado que debieron prever las medidas necesarias para el ex candidato presidencial, sobre todo por su situación de peligro que rodeaba el ejercicio de las actividades que desplegaba al momento en que fue asesinado.
15 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010
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