por qué despidieron a fiscal pérez
En medio del escándalo por las ’chuzadas’, la Fiscalía hizo operativos en la sede central del DAS. El despido de la fiscal Claudia Esther Pérez sigue provocando polémica. Ayer fue discutido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ex fiscal Claudia Pérez asegura que la echaron por estar cerca de la verdad.
Colombia. Pérez le contó a ’Cambio’ en su edición del jueves que fue declarada insubsistente porque estaba a punto de descubrir la verdad sobre el último escándalo de las ’chuzadas’ del DAS.
La revista conoció más detalles de la investigación que adelantaba Pérez, y en la que hay testimonio de un testigo que afirma que existe una organización, de la que hacen parte detectives del DAS, funcionarios de la Fiscalía y hasta empleados de empresas telefónicas, dedicada a traficar con información reservada e interceptaciones ilegales.
A primera hora del lunes 26 de octubre, dice ’Cambio’, la fiscal Pérez reportó sus hallazgos a la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, Alexandra Ladino, quien le pidió dejar por escrito la información.
Cuando avanzaba en el informe, Pérez fue notificada intempestivamente de que quedaba despedida.
La declaratoria de insubsistencia fue firmada por el vicefiscal Fernando Pareja, y la fiscal no descarta que su salida tuviera que ver con que sus investigaciones podrían llegar a que un familiar de Ladino podía estar comprometido en las ’chuzadas’.
Este jueves, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, señaló que la ya ex fiscal no pasó el concurso de méritos y que por eso fue retirada.
Su situación, sin embargo, era similar a la de cerca de 200 fiscales que tampoco pasaron y que siguen en sus cargos.
"Lamentablemente no ganó el concurso y fue reemplazada por una persona que sí está en la lista de elegibles. La Fiscalía tiene la obligación de hacer efectiva una acción de tutela, que nos señala un tiempo determinado (...)", dijo Mendoza.
Y agregó: "(Pérez) estaba llevando una investigación paralela y no podemos estar trabajando en procesos dispersos y sometidos a eventualidades que ni siquiera podemos controlar con toda la fortaleza del caso".
Al relevo de Pérez se sumó también el de la jefe de la Unidad de Derechos Humanos, Sandra Castro, quien pasó a fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
EL TIEMPO conoció que esos dos movimientos no fueron bien recibidos por los funcionarios de la embajada de E.U., que tenían contacto con las dos fiscales.
Lo Que Dijo el Testigo a Claudia Pérez
Hace dos semanas, la declaración de un testigo puso a la fiscal Pérez Duarte tras la pista de lo que ella considera sería la verdadera historia tras las ’chuzadas’ a magistrados, periodistas y ONG, entre otros.
El testigo habló de una organización de ex detectives del DAS, que tenía nexos con funcionarios de ese organismo, con empleados de empresas de telefonía móvil y fija, así como de empresas de seguridad e incluso de un ex trabajador de seguridad de una embajada. Su versión es consistente con lo que ha venido sosteniendo la nueva administración del DAS sobre el último escándalo de ’chuzadas’, en el que fue víctima el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez.
"Para iniciar el trabajo siempre requerían el 50 por ciento del valor de la interceptación y pedían 3 ó 4 millones de pesos por adelantado y el precio de la interceptación es lo que dura un mes, en caso de que el cliente quisiera un mes más tenía que avisar con 10 días de antelación y cancelar el 50 por ciento del valor restante (...) Estamos hablando de un promedio de 8 millones de pesos", aseguró el testigo.
La organización, según el declarante, "manejaba muchísima información" para todo tipo de clientes, a los que llamaban "la fuente".
Además de ofrecer servicio de ’chuzadas’ -dice la declaración- la organización también vendía otros ’servicios’.
"Por sábanas telefónicas pedían por consulta de antecedentes entre 400 y 600 mil pesos, dependiendo del operador. Lo único que sabía era que le pagaban a una persona que lo apellidaban ’Peñita’ que recientemente salió pensionado del DAS. Movimientos migratorios sabía que de acuerdo a los meses tenía que cancelar en promedio de 300 y 400 mil pesos. Sifin y Datacrédito, entre 20 y 25 mil pesos cada dato. Consulta de biográficos, que es a nombre de quién está un número celular, entre 40 a 60 mil pesos a la fuente que maneja esa información y por las ’decas’ (tarjetas decactilares) 300 mil pesos", relató el testigo.
En la misma declaración aseguró que varios de los integrantes de la organización fueron declarados insubsistentes en el DAS y tienen demandado al Estado, y otros están presos tras descubrirse que le vendían información a la banda de Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’.
La ex fiscal Pérez afirma que menos de una semana después de la diligencia y tras hallar evidencias que vinculan a un fiscal con las interceptaciones realizadas desde el llamado sistema Esperanza, fue retirada de la entidad.
Pérez Habla en la ’W’
Pérez dijo al programa de Julio Sánchez Cristo que dentro de las investigaciones que ella adelantaba pudo establecer que no todas las interceptaciones ilegales se hacían desde el DAS sino desde la Fiscalía General de la Nación.
"Puedo decir de manera enfática que a través del DAS no se ’chuzaba’", dijo la ex funcionaria, haciendo referencia a sus investigaciones.
Según la fiscal, lo que se buscaba con las ’chuzadas’, que ella investigaba, era hacerle creer a la opinión pública que el presidente Uribe había ordenado interceptar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para generar un choque de trenes.
Aseguró saber quién fue la persona interesada en crear ese choque de trenes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, aunque no reveló el nombre ya que la investigación sigue en curso.
La fiscal Pérez fue removida de su cargo y declarada insubsistente por descubrir que el esposo de su jefe, el fiscal 208, estaba vinculado al escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.
Pérez recibió hace pocos meses un reconocimiento de la embajada de Estados Unidos en Colombia por las investigaciones contra la trata de personas que llevó a la captura de varias personas que trabajaban con el gobierno.
16 de septiembre de 2010
15 de septiembre de 2010
©el tiempo
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