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qué hacer con el das


El gobierno del ex presidente Uribe anunció que lo acabaría. El del presidente Santos dijo que crearía una nueva inteligencia. Para algunos, la situación del actual director, Felipe Muñoz, es insostenible.
Colombia. "Todo pasa en el DAS y nada pasa con él". La frase es de un empleado que lleva 15 años en el organismo y que ha visto cómo en los últimos años el paramilitarismo y la corrupción, que terminó en las llamadas ‘chuzadas’, carcomieron la agencia de inteligencia más importante del país.
Hace cuatro años, cuando el escándalo de la infiltración paramilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad comenzó a tomar fuerza, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez defendió a capa y espada al director de ese entonces, Jorge Noguera Cotes, quien terminó investigado por la Fiscalía General por sus posibles nexos con las autodefensas, especialmente con ‘Jorge 40’.
Después estuvieron los directores María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, hoy investigados por las ‘chuzadas’ a miembros de la oposición, magistrados, periodistas y otras personalidades.
En su momento, el ex presidente Álvaro Uribe, por recomendación del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, designó como director de la entidad a Felipe Muñoz Gómez, quien venía de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Él llegó el 22 de enero de 2009 y a los pocos meses Uribe dijo que el DAS había que acabarlo. Entonces llegó el nuevo gobierno del presidente Santos que ratificó en su cargo a Muñoz y dijo que el DAS actual se liquidaría, pero que se crearía una nueva agencia de inteligencia. Sin embargo, nadie ha dicho cómo lo van a hacer, ni cuándo, ni con qué.
Y mientras esto pasa, se van conociendo nuevos detalles de cómo las pruebas de los seguimientos ilegales fueron sacadas del edificio del DAS, cómo se ‘chuzó’ al Polo Democrático, al Partido Liberal, etc. Además, Noticias UNO reveló este fin de semana que William Romero, ex jefe de fuentes humanas del DAS, entregó cajas repletas con información relacionada con este ilícito, al tiempo que reveló que días previos a un allanamiento del CTI en la instalaciones del DAS, alguien muy informado del CTI alertó presuntamente a Felipe Muñoz sobre el operativo. Todo sin contar que varios testimonios señalan que en el DAS de Muñoz, se sigue grabando ilegalmente.
Ante esta crítica situación, Semana.com le preguntó a varias personalidades: ¿Hay que transformar el DAS? ¿debe renunciar el director? ¿o debe acabarse la entidad?

Senador Eduardo Henríquez Maya, Partido Conservador:
"Una cosa es la institución y otra cosa es quién la dirige. En cuanto a lo primero considero que las cosas no se arreglan con acabar las instituciones. EL DAS tiene una tradición de más de 50 años y eso le ha permitido ofrecer servicios de seguridad a través del tiempo de buena manera. En cuanto al funcionario tendría que decir que el peso de su conciencia le debe decir si continúa o no en su cargo. Por encima de los intereses personales están los de la comunidad".

Abogado Ramiro Bejarano, ex director del DAS:
"El actual director del DAS ya está sindicado de que ocultó información a la Fiscalía. Si eso ocurrió, la consecuencia de eso la estamos viendo ahora, y es que se impidió que todo se conociera en su momento. El director del Das debería renunciar. Si va hablar con dignidad, con sensatez, si realmente quiere una solución, la salida es renunciar porque él despierta desconfianza, hace parte del problema y está señalado por un testigo de que ocultó información. El problema no es de reestructuración. Allí pueden poner a la misma Madre Teresa de Calcuta, pero si le dan las mismas órdenes, da lo mismo. Lo segundo es que el DAS no puede desaparecer por una razón política: la inteligencia. si desaparece el DAS la inteligencia quedaría únicamente en manos de los militares y de los policías, y eso desestabiliza una democracia".

Cecilia López, ex congresista y ex integrante del Partido Liberal:
"El problema no es el DAS. El problema es la Casa de Nariño de quien depende el DAS. No sólo nombró a gente que hoy está en la cárcel, sino que convirtió al DAS en una policía política. El problema fue la presidencia de Álvaro Uribe. Por otro lado, desde luego que el director del DAS se tiene que ir, su permanencia en el cargo ya no se le puede dar más largas. El problema del presidente Juan Manuel Santos es que tiene que romper con la historia perversa de persecución, y por eso no puede tener de director a ninguna de las personas que formaron parte de ese círculo. Al DAS hay que reestructurarlo, sin sacrificar a los buenos, pero sí sacar a los sospechosos".

Alfredo Rangel, analista político:
"El DAS debería entrar en un proceso rápido de liquidación y simultáneamente debería empezar a crearse una agencia de inteligencia estratégica del Estado, garantizando que las investigaciones que se están desarrollando no se vayan a afectar. Por otro lado, a mi juicio, el actual director del DAS está desempeñando el papel que le corresponde. Él se ha mostrado como una persona muy colaboradora de los procesos judiciales, mientras sigue adelantando las labores que le corresponden".

Gustavo Petro, ex senador y ex candidato presidencial por el Polo Democrático:
"El problema no está en el DAS. Este organismo puede convertirse en un cuerpo civil de inteligencia con control público. Lo que tiene que ser es independiente de la política del Presidente de la República (…) Felipe Muñoz no es una garantía para la investigación judicial que se está haciendo y debería retirarse para que la investigación llegue a feliz término".

Senador Jorge Robledo, Polo Democrático:
"Desde que nombraron a Felipe Muñoz, nosotros expresamos nuestro repudio porque él aparece acusado de ese horror que se fraguó en el DAS. La Fiscalía aseguró que allí se montó una empresa criminal y varios testigos acusan a Felipe Muñoz de esto. Lo más importante es que el DAS no tendrá arreglo mientras que quienes lo gobiernan sigan dando este tipo de órdenes perversas".
15 de septiembre de 2010
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das sigue espiando


Nuevas grabaciones demuestran que a pesar de estar en medio del peor escándalo de su historia, el DAS continúa grabando ilegalmente a magistrados, congresistas y candidatos presidenciales.
Colombia. A finales de febrero los cimientos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se estremecieron cuando se hizo público que ese organismo de inteligencia estaba realizando interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, ONG y miembros de la oposición.
La investigación, revelada por SEMANA, desató un escándalo de grandes proporciones. Lo que resulta sorprendente es que a pesar de estar en el ojo del huracán, las cosas no sólo no cambiaron, sino que, incluso, han empeorado. Las interceptaciones y los seguimientos a integrantes de la Corte, periodistas, políticos y algunos abogados siguen. Y como si no fuera suficiente, se han extendido a algunos candidatos presidenciales y recientemente, a congresistas. "¿Qué es lo que está pasando en las últimas semanas y qué nos interesa? Simple: el referendo. Hay que saber en qué están y qué están pensando los políticos", explicó a SEMANA una de las personas encargadas de esos trabajos de monitoreo mientras mostraba parte de su labores. Seguimientos con detectives activos o retirados, utilización de vehículos con fachada de taxi y de empresas de telecomunicaciones, y el uso de equipos de interceptación que no están en los inventarios oficiales hacen parte de los métodos utilizados.
"Algunos de esos equipos, con los que se está trabajando, se los escondieron a la Fiscalía y a la Procuraduría durante la investigación por las ’chuzadas’. Desde hace dos semanas algunos de esos equipos que estaban por fuera llegaron a Bogotá para hacer controles a los congresistas a raíz de la votación del referendo", confirmó a SEMANA uno de los encargados de esas labores que no quiso revelar a quién le entregan esas grabaciones ilegales. Y todo indica que el interés por saber en qué andan los congresistas que votan la reelección no es el único del DAS.
Porque si en el mundo político truena, en la Justicia no escampa. Algunos integrantes de la Corte Suprema siguen ocupando buena parte del tiempo del organismo de seguridad. SEMANA obtuvo decenas de grabaciones recientes que así lo prueban. Uno de sus principales "objetivos" —como los denominan ahora, antes los informes hacían referencia a "blancos"— continúa siendo el investigador estrella de la para-política, el magistrado Iván Velásquez.
En varias de las interceptaciones, grabadas hace menos de tres semanas y algunas de las cuales SEMANA se abstiene de publicar por tratarse de temas estrictamente familiares, Velásquez conversa sobre temas cotidianos con sus hijos y su esposa. En otras habla de asuntos laborales con otros miembros de la Corte y con investigadores del CTI que llevan importantes casos. No menos grave es el hecho de que en las comunicaciones interceptadas al magistrado están las que él sostiene con miembros de su equipo de seguridad para coordinar desplazamientos, viajes o movimientos.
También hay algunas conversaciones con abogados, fiscales y periodistas. Como si lo anterior fuera poco, en las ’chuzadas’ contra el magistrado auxiliar también terminó cayendo nada más y nada menos que James Faulkner, un importante funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos apostado en la embajada de ese país en Bogotá y con quien Velásquez habla sobre temas relacionados con extradición, justicia e intercambio de documentos.
Aunque Velásquez es uno de los principales "objetivos", no es un caso aislado en el capítulo de la Corte. "Después del escándalo de febrero las cosas pararon completamente por unos días, mientras pasaba la tormenta. Cuando se vio el rumbo que tomaron las cosas, y que la Fiscalía y la Procuraduría solamente se dedicaron a las ’chuzadas’ antiguas, se volvió a empezar con el trabajo. Se hicieron ajustes y la diferencia es que ahora se hace mejor y de manera discreta", afirmó a SEMANA uno de los funcionarios del DAS encargado de esas misiones y quien admitió que ’chuzaron’ a quienes los investigaban en la Procuraduría y la Fiscalía.
SEMANA tuvo acceso al voluminoso expediente de los fiscales que adelantan la investigación por las ’chuzadas’ del DAS en donde es claro que las pesquisas se concentraron en hechos ocurridos durante el período de Jorge Noguera, pero es casi inexistente la investigación sobre las administraciones posteriores. Para los 11 funcionarios y ex funcionarios detenidos hace un mes por este caso, la acusación más comprometedora de los fiscales tiene que ver por hechos ocurridos entre 2002 y una parte de 2005. Sobre los hechos posteriores, las autoridades han ignorado hasta ahora las pruebas. "Aunque terminaron pagando algunos, no están todos los que son, ni los más importantes. Pero eso dio mucha tranquilidad y permitió seguir con el trabajo", explica uno de los detectives. En una sorpresiva decisión, el viernes pasado el fiscal general, Guillermo Mendoza, aceptó la renuncia de los dos fiscales que adelantaban la investigación por las ’chuzadas’.
El tener claro que sólo unos cuantos de los responsables de las ’chuzadas’ pagarían ante la justicia y la opinión pública, según los testimonios, propició que este tipo de actividades ilegales continuaran en el DAS.
Para tratar de minimizar la posibilidad de dejar rastro alguno de las nuevas chuzadas, el DAS reactivó algunas redes externas. Se trata principalmente de ex funcionarios de la entidad que por diversas razones han salido, pero que continúan desarrollando "trabajos especiales" para el organismo.
"Recibimos órdenes directas del DAS. Aunque no estamos en nómina ni figuramos damos un número de cuenta y allí se nos consigna dependiendo de la misión a seguir. Si necesitamos vehículos, equipos o algún tipo de soporte, también nos lo suministran", explicó a SEMANA un ex detective que hace parte de esas redes de inteligencia paralelas del DAS. "Tenemos un enlace, que generalmente es alguien de la seccional y es la persona que nos indica a quién hay que seguir. Nosotros hacemos la tarea y una vez está, nos contactamos nuevamente y entregamos los resultados, que pueden ser videos, fotos, informes o interceptaciones, dependiendo del objetivo", dijo el ex funcionario, quien aún guarda su diploma de grado como detective. "A mí me ha tocado hacerles seguimiento a muchas personalidades como el contralor Julio César Turbay, Germán Vargas, y también a gente de ONG. Casi nunca nos dicen por qué hay que seguirlos y uno no pregunta. Entre menos se sepa (sic) más se vive. Simplemente se hace y se entrega el informe al enlace del DAS", concluyó.
Todo lo anterior demuestra que pocas cosas han cambiado en el DAS a pesar del escándalo de las ’chuzadas’. Como si fuera poco, comienzan a aparecer nuevas irregularidades en el máximo organismo de seguridad adscrito a la Presidencia.
En primer lugar, algunos de los que tuvieron responsabilidad directa en el escándalo, por ejemplo, terminaron "cayendo parados" por una serie de decisiones administrativas del actual director del DAS, Felipe Muñoz.
Entre los nombramientos hay algunos que sorprenden. Como jefe de Inteligencia de la entidad, Muñoz designó al capitán (r) José Alexis Mahecha. Una designación, por decir lo menos, polémica. Cuando Mahecha se desempeñó como jefe seccional del DAS de Santander se vio salpicado en un escándalo por seguimientos e interceptaciones ilegales contra directivos del diario Vanguardia Liberal. El caso, denunciado públicamente por el periódico santandereano, ocurrió en febrero de 2006 y fue manejado discretamente por el DAS Bogotá en ese momento. La decisión, simplemente, fue trasladar al funcionario.
Resulta difícil de entender cómo, justamente en momentos en que el DAS está en el ojo del huracán por el escándalo de las ’chuzadas’, se designa como jefe de Inteligencia a un personaje cuestionado como éste. Hace una semana, después de unos pocos meses en el cargo, y luego de que el DAS se enteró de que el caso de Mahecha podía salir a la luz pública, Muñoz lo relevó del cargo y nombró como encargado a Jaime Polanco, uno de sus asesores, con alguna experiencia teórica en inteligencia, pero poca en la práctica.
Una segunda irregularidad se detectó a través de las declaraciones tomadas por los investigadores de la Procuraduría. Varios funcionarios reconocieron que el DAS tenía más equipos de los que se reportaban, muchos de ellos ubicados en otras ciudades. Las autoridades judiciales nunca tuvieron acceso a esos equipos, como tampoco a vehículos adaptados con equipos especiales para hacer interceptaciones y seguimientos, los cuales fueron escondidos en febrero, cuando estalló el escándalo, en la academia de detectives del DAS de Aquimindia en Cota, en las afueras de Bogotá.
El hecho de que miembros del DAS sigan en las mismas prácticas de espiar a quienes consideran contradictores o peligrosos, como los miembros de la Corte, y el que en las últimas semanas haya incluido congresistas para medir lealtades y debilidades para la votación del referendo dejan claro que esa entidad se asemeja más a una policía política que a un organismo de inteligencia estratégica.
Las innumerables intenciones de reformar el DAS, la designación de personas con poco conocimiento de la entidad y labores de inteligencia, los anuncios de los últimos meses que no pasan de reformas cosméticas, evidencian que es poca la voluntad por enderezar el rumbo.
15 de septiembre de 2010
29 de agosto de 2010
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militares a juicio por falsos positivos


Llaman a juicio a 29 militares por ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía General de la Nación acusó a los militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en 2005.
Colombia. La Fiscalía General de la Nación acusó a 29 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en 2005, a quienes presentaron como guerrilleros muertos en combate, pero que las investigaciones demostraron que no pertenecían a las Farc ni murieron en enfrentamientos.
"La investigación de la Fiscalía se remonta al 14 de mayo de 2005, cuando en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio La Paz, Cesar, tropas del Ejército Nacional ultimaron a Frank Enrique Martínez y Claudino Manuel Olmedo", señaló ese despacho.
Las investigaciones permitieron demostrar que Martínez y Olmedo eran habitantes de la ciudad de Valledupar, no pertenecían a las Farc y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército.
"Todos los procesados fueron acusados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida", puntualizó el mensaje de la Fiscalía.
15 de septiembre de 2010
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qué hacer con la silla del senador


Tras la captura del senador Javier Cáceres, podría estrenarse la sanción de la ‘silla vacía’ que estableció la reforma política de 2009. Pero un parágrafo transitorio podría abrir la puerta para que Cambio Radical pueda reemplazarlo.
Colombia. Todo parece indicar que tras la orden de captura contra el senador Javier Cáceres se estrenará la sanción de la ‘silla vacía’, una figura incluida en la reforma política de 2009 y que prohíbe el reemplazo de congresistas que terminen investigados por relación con grupos armados al margen de la ley.
Sin embargo, esa disposición está condicionada por un parágrafo transitorio de la misma reforma que advierte que la ‘silla vacía’ se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del acto legislativo.
La reforma política entró en vigencia el 14 de julio de 2009, y la interpretación de la norma obliga a que para determinar si se estrena la sanción de la ‘silla vacía’ debe haber constancia de que la investigación contra Cáceres se abrió antes o después de esa fecha, tal como le explicó a Semana.com el constitucionalista Jaime Castro.
Esa misma tesis la defiende el secretario de la Comisión Primera del Senado, Guillermo León Giraldo, quien le explicó a Semana.com los alcances del parágrafo transitorio que se incluyó en la reforma política, que establece que sólo se aplicará con posterioridad al 14 de julio del año pasado.
La situación de Javier Cáceres en la Corte Suprema de Justicia siempre fue una incógnita. Desde 2007, los medios de comunicación han venido presentando informes que lo relacionan, presuntamente, con grupos paramilitares.
Ante las informaciones, Cáceres siempre se mostró dispuesto a cualquier investigación.
Incluso, en 2008, cuando la reforma política que impulsaba el entonces ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, y Cáceres era presidente de la Comisión Primera del Senado, el congresista cartagenero fue uno de los que se declaró impedido para discutirla. En ese entonces se abstuvieron del debate todos aquellos congresistas que tenían investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, incluso de carácter preliminar.
Sin embargo, durante la reciente campaña política, Cáceres explicaba que la Corte no tenía nada en su contra. Incluso, un informe del portal Votebien.com, de marzo del presente año, advertía que Cáceres solo tenía un proceso preliminar, pero no por parapolítica, sino por presunto tráfico de influencias en la empresa Etesa.
Por eso, el constitucionalista Jaime Castro dice que para dirimir esta discusión se necesita esclarecer la fecha en que la Corte Suprema expidió la providencia en la que ordenó las investigaciones contra Javier Cáceres.
En caso de que la investigación se haya abierto con posterioridad al 14 de julio de 2009, Cambio Radical no tendría opción de reemplazar a Cáceres.
Así lo afirma el senador de ese partido, Carlos Fernando Motoa, quien como ponente de la reforma política explicó que para casos de parapolítica el partido permanece con la ‘silla vacía’ mientras la justicia determina la inocencia o culpabilidad del sindicado.
Si la Corte declara inocente a Cáceres, se reintegraría a su curul. Si es hallado culpable y resulta condenado, Cambio Radical perdería de forma definitiva su curul.
Esto significaría que Cambio Radical perdería una de las ocho curules obtenidas y el quórum general del Senado bajaría a 101 escaños.
Javier Cáceres era el único dirigente de Cambio Radical en la comisión primera del Senado, lugar donde se van a concentrar la mayoría de reformas que propone el Gobierno.
Si Cambio Radical quiere conservar su permanencia en esta comisión, deberá trasladar a uno de sus senadores a esa célula legislativa.
Quien debe estar estudiando la letra menuda de la reforma política y preguntándose en qué fecha se abrió la investigación por parapolítica contra el senador Javier Cáceres, es el ex congresista Rodrigo Lara, quien podría volver al Congreso sólo si se comprueba que la investigación de la Corte se abrió antes del 14 de julio.
15 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010
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detienen a senador cáceres


El parlamentario, ex presidente del Congreso, es investigado por su presunta vinculación con el bloque de las AUC Héroes de los Montes de María. "Nunca me reuní con un grupo ilegal para delinquir", aseguró Cáceres desde la Fiscalía.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador de Cambio Radical Javier Cáceres, quien se desempeñó como presidente del Senado en el año 2009.
Cáceres, oriundo de Cartagena, es investigado por sus presuntos vínculos con el bloque de las AUC Héroes de los Montes de María.
Este martes, tras conocerse el requerimiento de la Corte, Cáceres fue abordado por agentes del CTI en las instalaciones del Congreso, desde donde fue trasladado al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
Luego de ser reseñado en la Fiscalía, el senador Cáceres presentó problemas en su salud, lo que obligó su traslado a un centro asistencial donde permanece hospitalizado.
Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado. Fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Democrático. Llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009, asumió la Presidencia del Congreso. Finalmente, el pasado 14 de marzo, logró, con Cambio Radical, ser elegido para un nuevo periodo en el Legislativo.
 
Niega Reunión
Desde el búnker de la Fiscalía, en diálogo con Caracol Radio, el senador Cáceres aseguró este martes que recibió la decisión de la Corte Suprema con tranquilidad y confianza en su conducta.
Confirmó que fue abordado por los agentes del CTI en su oficina y recordó que fue él quien hace al menos un mes le pidió al Alto Tribunal que lo investigara.
"Así que yo estaba esperando en cualquier momento que ellos decidieran esa situación", dijo.
"Tengan ustedes la seguridad de que no tengo nada de qué arrepentirme, ni en mi vida pública ni como ciudadano. Tengan esa absoluta seguridad", agregó.
Sobre las declaraciones del ex paramilitar Úber Enrique Banquez, alias ’Juancho Dique’, quien lo señaló de haberse reunido con ‘paras’ en Yanguma, Bolívar, Cáceres manifestó que "el señor ’Dique’ siempre ha dicho lo contrario, no ha dicho la verdad".
Instó a las autoridades a que revisen los registros de votación de la Registraduría, donde, según él, se podrá constatar su votación en las regiones donde tenían incidencia los ‘paras’. "Les puede dar risa", dijo.
Cáceres aseguró que todos los cargos en su contra serán desvirtuados e insistió en que nunca se reunió con "ningún grupo ilegal para delinquir".
Sin embargo, reconoció que en los años 2000 y 2004 sostuvo un encuentro con el paramilitar Carlos Castaño y visitó la zona de Ralito, respectivamente.
 
Cuando Salpicaron a Javier Cáceres
En el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel, ’Juancho Dique’ relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.
Según ’Dique’, que fue uno de los jefes del bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ’Dique’ aceptó y como contraprestación -dijo- le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares que operaban en Bolívar.
El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que definirían la presunta adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.
"Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarle a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto", explicó el ex paramilitar.
Sobre las elecciones a Congreso de 2006, ’Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.
"Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas", señaló ’Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.
15 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010
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estrategia para la impunidad


A Estados Unidos, donde los casos están sobreseídos o archivados. Hace unos días, la fiscal encargada del procesamiento de los líderes paramilitares, incluyendo las relaciones entre el ex director del DAS, Jorgue Noguera, fue abruptamente despedida del poder judicial. Los jueces en EUA archivan los casos de paramilitares. El círculo de la impunidad es casi perfecto.
[Oriana Zill de Granados y Chisun Lee] Desde 2006, más de una docena de los más notorios líderes paramilitares colombianos han sido extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas en un tribunal de distrito en Washington.
Las extradiciones asombraron a los colombianos, que esperaban que los testimonios de los hombres, entregados como parte de un programa nacional de amnistía, ayudaría a conocer la verdad sobre cerca de dos décadas de violentos asesinatos, ataques y secuestros. En confesiones grabadas en video en Colombia, uno de ellos asumió responsabilidad por más de 450 asesinatos.
Pero el escándalo por las extradiciones alcanzó un punto de ebullición antes este año cuando el juez de distrito Reggie B. Walton prohibió el acceso público a siete  de los casos de líderes paramilitares, borrando prácticamente toda huella de su existencia.
No hay modo de saber si los acusados han negociado para obtener sentencias más leves -o incluso si todavía están presos. Un octavo acusado, imputado en Colombia por el asesinato de un juez, fue dejado en libertad condicional, según muestran los documentos, después de que sus primos de College Park respondieran por él.
Los casos colombianos están nuevamente orientando la atención hacia la práctica de archivar expedientes judiciales enteros, provocando una polémica mayor sobre la reserva judicial.
Aunque las políticas de la corte desalientan este grado de reserva, un estudio interno de 2009 mostró que los jueces federales lo deciden en miles de casos al año, a veces sin justificación.
Algunos jueces no sólo bloquean al acceso del público, sino también retiran los números de los expedientes y todos otros signos de un caso en los archivos. En Washington D.C., no hay procedimiento uniforme para archivar, dejando a jueces individuales la tarea de decidir cuánto, dijo el juez Royce C. Lamberth.
Las acusaciones contra los paramilitares colombianos muestran lo que se juega en un debate sobre transparencia que de otro modo parecería académico.
"Más que indignación, me siento impotente", dijo Bela Henríquez, cuyo padre, Julio, fue secuestrado y asesinado por orden de uno de los acusados. "No sabemos qué están negociando, en qué condiciones están viviendo. ¿Qué garantía de justicia tenemos?"
La Corte Suprema resolvió que el acceso público a los casos está protegido por la Primera Enmienda porque es un control crucial del poder judicial.
Pero algunos factores -seguridad nacional material, permanente investigación del gobierno, testigos o víctimas vulnerables- pueden justificar la prohibición de informar.
Los casos que implican a colombianos fueron sellados probablemente para proteger su seguridad, porque están cooperando con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, dijeron varios ex prosecutores. "Es muy posible", dijo Lamberth. Los prosecutores, los abogados de la defensa y Walton se negaron a hacer comentarios.

Decisiones en Manos de los Jueces
Un acuerdo que implique reserva requeriría una autorización de los niveles más altos del ministerio de Justicia. Los prosecutores deben obtener primero aprobación del fiscal general antes de poder solicitar, o acordar, archivar o prohibir informar sobre un caso penal.
Pero, en última instancia, la decisión está en manos de los jueces individuales. Directivas judiciales instan a la jueces a proteger tan poco como sea posible -un documento, el nombre de un testigo- y durante el más corto tiempo posible. El secreto total se ordena sólo en "circunstancias extraordinarias", de acuerdo a procedimientos jurídicos. Incluso en esos casos, se supone que los jueces pueden eventualmente revocar la decisión.
En 2006, la Associated Press informó sobre un brusco aumento de la prohibición de informar en casos penales, causado temores por los prosecutores y jueces de la era de Bush, que operaban frecuentemente lejos del escrutinio público.
La Oficina Administrativa de las Cortes de Estados Unidos proporcionó los datos para el estudio, pero el portavoz David Sellers dice ahora que las cifras proporcionadas eran incorrectas. Dijo que amplias variaciones en los métodos de almacenamiento entre cortes individuales hacen imposible conteos precisos.
Un año después del informe de la AP, el poder judicial federal instó enfáticamente a los tribunales a clasificar los casos sobreseídos como "bajo sello" antes que borrarlos completamente de los archivos, como ocurrió con los casos colombianos. Sin embargo, en 2009 un estudio internó mostró que una docena de tribunales no estaban acatando.
Ese estudio, realizado por el brazo investigativo del poder judicial federal, examinó todos los casos que para 2006 estaban completamente archivados, proporcionado el informe más completo sobre cuán a menudo y cómo se utilizaba la reserva total.
Dos puntos porcentuales de cerca de un millón de casos presentados ese año fueron archivados. En muchos casos, la reserva se justificaba, pero los investigadores encontraron decenas de instancias de prohibiciones sin argumentos legítimos. Casi uno de cada 275 casos criminales en 2006 fue totalmente sellado para proteger a colaboradores o investigaciones en curso.
El mes pasado, la comisión que supervisa el estudio recomendó a los cargos más altos de la justicia no decretar la reserva total a menos "que no haya otras opciones". La comisión estuvo cerca de sugerir que la recomendación fuera obligatoria.
"El número de casos sellados era tan pequeño", dijo el juez Harris L. Hartz, de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, presidente de la comisión. "La decisión de sellar la deben tomar los jueces. Archivar o no un caso depende fuertemente de los hechos y circunstancias específicas".
La comisión recomendó que los sistemas de almacenamiento electrónico de los tribunales sean programados para trazar los casos sobreseídos.

Esperanzas Frustradas
En Colombia los juicios estadounidenses secretos han obscurecido las esperanzas de poder reparar las miles de atrocidades vinculadas a una red de organizaciones paramilitares conocidas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La extradición de importantes líderes a Estados Unidos interrumpió un histórico programa de amnistía que tenía la intención de desmovilizar las unidades y obtener información básica, como la ubicación de los cuerpos para los familiares de las víctimas.
Roxanna Altholz, directora en funciones de la Clínica Jurídica sobre Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a las víctimas colombianas de la violencia paramilitar, dijo que Estados Unidos había violado la promesa hecha por el embajador William R. Brownfield el día de las extradiciones.
"Las víctimas, sus representantes y los prosecutores de Colombia continuarán teniendo acceso al poder judicial estadounidense, a los individuos extraditados y a sus bienes", dijo Brownfield el 13 de mayo de 2008, en Colombia.
"De momento", dijo Altholz said, "no han cumplido ninguna de las promesas".
Abogados de derechos humanos no han sido capaces de trazar la condición de al menos otros veinticinco miembros de los paramilitares que están siendo juzgados en varios tribunales estadounidenses, debido a que partes substantivas de sus casos han sido selladas.
Lamberth reconoció que las víctimas pueden sentir que hay denegación de justicia cuando se sella algún caso.
"Honestamente no sé cómo hacer para que haga justicia con las víctimas", dijo. "Si hubiera un modo de hacerlo sin poner en peligro" las vidas de los que están cooperando, "estaríamos dispuestos a discutirlo".
Dados sus brutales antecedentes, el paradero de los acusados causa de preocupación, dijeron prosecutores.
"Si uno de ellos estuviera viviendo, por ejemplo, en Bethesda, más abajo en la misma calle que la familia Jones, con un perro y dos chicos y medio, entonces la opinión pública tiene un fuerte interés en conocer esa información", dijo David Weinstein, que persiguió casos de drogas cuando fue fiscal asistente en Florida entre 1998 y 2009.
En 2008, el capo paramilitar, Hughes Manuel Rodríguez Fuentes, fue dejado en libertad después de pagar una fianza. Los periodistas lo visitaron en una dirección en College Park donde vive uno de los primos de Rodríguez Fuentes, de acuerdo a documentos judiciales.
"No sé dónde está", dijo el pariente. "Y buena suerte con su búsqueda".
12 de septiembre de 2010
11 de septiembre de 2010
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acusan de cohecho a embajador


Habría ofrecido cargos a senadores para que habiliten la reelección de Uribe. El embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, respondió con su renuncia en el despacho del presidente Juan Manuel Santos y ante la prensa se declaró perseguido político. El presidente colombiano nombró a un reemplazante.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. El embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, es acusado del delito de cohecho por ofrecer cargos públicos a senadores, en 2004, para conseguir la aprobación del referendo reeleccionista que permitió a Álvaro Uribe gobernar por ocho años. Ayer, el vicefiscal general, Fernando Pareja, lo llamó a juicio; Pretelt respondió con su renuncia en el despacho del presidente Juan Manuel Santos y ante la prensa se declaró perseguido político. El jefe de Estado nombró a Andrés Felipe Arias, otro ex funcionario de Uribe implicado en escándalos, nuevo embajador en Roma. También Orlando Sardi fue designado embajador en España, y el periodista Germán Santamaría, embajador en Portugal.
"El doctor Sabas Pretelt me ha insistido mucho en que le acepte su renuncia. Finalmente se la vamos a aceptar", dijo Santos a los medios, recordándole al "doctor Sabas que tiene un compromiso como presidente del Programa Mundial de Alimentos, donde a él lo eligieron no como representante de Colombia, sino a título personal, que asista a la última reunión de ese programa, que presida para que pueda despedirse como Dios manda", enfatizó el presidente, calificando de "excelente labor" el trabajo de Sabas Pretelt en el Ministerio del Interior, al que renunció al comenzar el escándalo de la llamada ‘yidispolítica’.
Yidis Medina fue congresista en 2004, cuando el gobierno de Álvaro Uribe presentó el proyecto para reformar la ley que impedía la reelección. Con la mayoría parlamentaria, Uribe consiguió la aprobación y, en elecciones de 2006, ganó su segunda presidencia. En 2009, el noticiero independiente Noticias Uno divulgó una entrevista donde Yidis denunciaba que Uribe y su entonces ministro Sabas le ofrecieron dinero y favores a cambio de votar favorablemente por la reelección. Como Uribe no le había cumplido, explicó enojada la parlamentaria, decidió denunciarlo públicamente. Esto le implicó un proceso judicial desde entonces, donde todavía purga una condena por cohecho. Ese mismo delito se le imputa hoy a Pretelt, prestigioso empresario colombiano, dirigente gremial, que llegó a la política por invitación de Uribe Vélez.
La oposición, con el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero a la cabeza, fue la primera en denunciar ante la Procuraduría. Ayer, la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Sabas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantará la actuación en contra de éste, a quien se señala de ofrecer una notaría al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño, quien junto a Yidis confesó a la Justicia haber aceptado la oferta de boca del hasta ayer embajador en Italia y el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio.
En el desarrollo del proceso, se ha señalado que estos funcionarios del Ejecutivo conformaron una suerte de plataforma para favorecer la reelección de Uribe ofreciendo dádivas a los congresistas a cambio de votos. Según declaraciones del vicefiscal Fernando Pareja, hay suficientes evidencias para establecer que Pretelt ofreció prebendas a cambio de la reelección.
Según divulgó el noticiero de televisión de RCN la semana del 23 de agosto, la Procuraduría emitió esos días una sentencia de 103 páginas donde Alejandro Ordóñez, procurador, define que "el ministro Sabas Pretelt de la Vega se sirvió de su cargo y actuando con desviación de poder inherente a tal comisión, formuló ofrecimientos que terminaron por sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención de los dos congresistas (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño) en el trámite de acto legislativo sobre la reelección presidencial". Más adelante, la Procuraduría detalla que Pretelt "interfirió en el trámite legislativo que pretendía reformar la Constitución con miras a introducir la reelección del presidente Uribe" y que "desde un principio fue consciente de que estaba transgrediendo la ley, pues está demostrado que asistió a reuniones con congresistas que le dieron su voto, valiéndose de su poder de ministro del Interior (...) En su condición de ministro del Interior y de Justicia sabía que efectuar ofrecimientos, directa o indirectamente, consistentes en vincular recomendados a la administración, era un acto contrario al derecho, máxime cuando en el presente caso se trataba de una de las magistraturas más importantes dentro de la estructura del poder público del Estado colombiano".
10 de septiembre de 2010
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retos inminentes de justicia y paz


A dos años de cumplirse el fin de la ley de Justicia y Paz, el Vicefiscal General de la Nación, un abogado de la Corte Penal Internacional  y el movimiento para la paz IKV Pax Christi, analizaron los logros y las dificultades que tiene este proceso de justicia transicional.
Colombia. El pasado lunes, el Tribunal Superior de Popayán, la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el movimiento para la paz IKV Pax Christi, realizaron el seminario ‘Avances y limitaciones de Justicia y Paz en Colombia, frente al derecho penal internacional y los derechos de las víctimas’.
En este evento, Héctor Olásolo Alonso, docente de derecho penal y procesal internacional de la universidad holandesa de Utrecht y letrado de la División de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, y  el Vicefisacal (e) General de la Nación, Fernando Pareja y el movimiento de paz IKV Pax Christi hicieron sus respectivos análisis de lo que ha sido Justicia y Paz.  
Héctor Olásolo destacó que el proceso de paz implementado en Colombia es un paso adelante frente a procesos anteriores como los de España y Sudáfrica, en los que se terminaron indultando a los victimarios y no se conocieron las verdades dimensiones de sus crímenes.
Considera que es un paso adelante porque no exime a los postulados de sus responsabilidades, sino que los somete a una pena alternativa, a la que se hace acreedores en caso de que cumplan con los requisitos de verdad y reparación. "El valor fundamental es la paz, pero no puede realizarse a costa de la justicia", señaló.
Olásolo ha seguido muy de cerca el proceso de Justicia y Paz. Por eso ha asistido a diferentes versiones libres, al juicio a ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ y al incidente de reparación de ‘El Iguano’, y tiene un gran conocimiento sobre cómo se ha desarrollado este proceso y cuáles son las grandes respuestas que debe dar.
Considera que Justicia y Paz no lo es todo, que tan sólo es una parte que está ligada a la parapolítica y a los nexos de terceras personas que permitieron el auge y la expansión de los grupos paramilitares.
Por eso sostiene que el gran reto de este proceso es establecer la verdad. Saber cómo se crearon estos grupos, conocer quiénes fueron los políticos y militares que los apoyaron, cómo conseguían las armas e identificar todos los elementos que permitieron su accionar.

La Visión de la Fiscalía
El Vicefiscal (e) Fernando Pareja destacó los logros que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz y habló de las dificultades con las que se ha enfrentado la Fiscalía para abordar este proceso.
El fiscal indicó que desde que empezó a funcionar la Unidad de Justicia y Paz se han documentado los siguientes delitos cometidos por grupos paramilitares durante 21 años: 1.332 masacres, 32.682 desapariciones, 3.587 reclutamientos de menores, 166.677 homicidios, 69.510 desplazamientos por comunidades, 1.742.000 desplazamientos individuales, 589 casos de violencia sexual, 3.017 secuestros, 3.278 extorsiones y 61 casos de narcotráfico.  
El Vicefiscal también destacó que a través de estos últimos años se ha logrado establecer la historia de los 34 bloques y frentes paramilitares que se desmovilizaron, e identificaron las zonas en las que delinquieron, los nexos que crearon con políticos y militares y las diferentes maneras en las que cometieron sus crímenes.
Como ejemplo de los anteriores logros, Pareja mencionó que a raíz de Justicia y Paz se han procesado 352 militares y 412 políticos.
No obstante, Pareja también habló sobre las dificultades que ha tenido el proceso de Justicia y Paz.
La primera dificultad que señaló el Vicefiscal (e) es que no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, como las Autodefensas Campesinas de Casanare de ‘Martín Llanos’ y el Frente Cacique Pipintá de ‘Ernesto Báez’. A esto también se suma la aparición de nuevas bandas criminales. Según Pareja, en el país llegaron a existir 22 bandas criminales, pero actualmente sólo hay seis.
Otra dificultad que mencionó Pareja está relacionada con el número de desmovilizados. Uno de los mayores problemas que se presentan en este sentido es que muchos paramilitares e incluso guerrilleros se desmovilizaron después de julio de 2005, que fue establecida como fecha límite para acceder a los beneficios jurídicos de Justicia y Paz. El fiscal asegura que 14 mil personas se desmovilizaron después de esta fecha.
También se han presentado inconvenientes con el número de combatientes que fueron postulados para acceder a los beneficios de Justicia y Paz. Pareja explicó que de los 41 mil combatientes que se desmovilizaron, tan solo 4.200 fueron postulados y hay más de 14 mil que están buscando que se les aplique un principio de oportunidad para resolver su situación jurídica.
Y por si fuera poco, el Vicefiscal (e) explicó que dentro de muy poco se podría presentar un nuevo problema con ex paramilitares que se desmovilizaron en 2002 y aún no han recibido sentencia, ya que la ley establece penas entre cinco y ocho años para quienes cumplan con sus requisitos. El problema consiste que no se sabe si los desmovilizados deberían quedar en libertad, continuar en la cárcel o ser procesados por la justicia ordinaria.
Otro problema que tiene Justicia y Paz está relacionado con su presupuesto y la cantidad de personal que tiene para investigar las verdaderas dimensiones del paramilitarismo. Para afrontar sus tareas del próximo año, la Fiscalía solicitó un presupuesto de 14.800 millones de pesos, pero el Gobierno le ofreció 6.100 millones.

La Apreciación de Pax Christi
Al terminar el evento Pax Christi hizo la siguiente declaración sobre el proceso de Justicia y Paz:
La aplicación de de la ley después de cinco años y faltando tan sólo dos para su finalización exige abrir una evaluación rigurosa de sus resultados para formular nuevas propuestas que subsanen los vacíos y den continuidad a un proceso político judicial que está muy lejos de finalizar.
Una apreciación con perspectiva futura requiere resolver interrogantes tales como: ¿la ley de Justicia y Paz debe ser ampliada en sus postulaciones a otros sectores involucrados en la actividad paramilitar o no? ¿Qué otro mecanismo legal complementario se debe aplicar para completar todo el cuadro de verdad y justicia? ¿La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha sido un instrumento viable para lograr que la verdad histórica sea un instrumento de justicia de paz y reconciliación? ¿Es la ley de Justicia y Paz el marco jurídico apropiado para futuros procesos de negociación y paz?
Sin embargo las expectativas y la ansiedad justificadas de las víctimas exigen más resultados, no solamente en el campo de la reparación donde los resultados han sido muy pobres, sino en el mismo campo de la verdad. Mientras en departamentos como Antioquia o Sucre las investigaciones y procedimientos logaron muy importantes resultados, en departamentos como Caquetá y Putumayo ellos brillan por su ausencia, siendo una región debió haber tenido una mayor atención por su aporte significativo a la violencia social y política.  
IKV Pax Christi considera que el proceso de Justicia y Paz debe continuar no solo como un procedimiento judicial que subsane los factores de impunidad que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional o una mayor presencia del sistema interamericano que ya está actuando en algunos casos, sino porque se requiere un aparato judicial que repare lo que está pendiente y disuada la acción de quienes han hecho de la guerra un instrumento para defender intereses individuales y ganar poder político local.
Ha faltado cooperación de algunos postulados-desmovilizados para el esclarecimiento de crímenes y hechos delictivos, que han aprovechado este estatus de para evadir la extradición y ganar los beneficios jurídicos, sin mayor colaboración ni compromiso.
Existe también un déficit en la atención de las víctimas del conflicto  en cuanto a la restitución de tierras para quienes fueron despojados en forma violenta y desalojados de sus hogares. La gran aspiración es que los proyectos de ley que está preparando el Estado para atender estas demandas debe estar acordes y complementarse con las reformas a la Ley 975 que están exigiendo grandes sectores de la sociedad.
10 de septiembre de 2010
9 de septiembre de 2010
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