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cruzada contra las libertades públicas

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Ministro Chadwick afirma que estudiantes quieren educación gratis para los ricos.
Yo creo que es de burros insistir, como hace el ministro Chadwick, que los manifestantes se vienen manifestando por la reforma de la educación desde hace cinco meses para pedir la educación gratis para los ricos. Además de ser una irritante distorsión de la posición de estudiantes y profesores -y de la opinión del 80% de los chilenos-, es de manifiesta mala fe. Resulta insólito que este ministro acuse a los estudiantes indignados de ser intransigentes. ¿Cómo podría saberlo si ni siquiera sabe interpretar correctamente el punto de vista de los proponentes de la reforma?
El proyecto de ley sobre el orden público es un claro intento de socavar las libertades públicas e intimidar a los ciudadanos, y es innecesaria. La incapacidad policial no puede ser encubierta por una ley autoritaria. El gobierno puede decir todo lo que quiera, pero desde que empezaron las manifestaciones estudiantiles los carabineros han ejercido una salvaje e injustificada violencia contra manifestantes, algunos de ellos niños de 12 o 15 años, y contra vecinos en general, arrojando bombas lacrimógenas en edificios, infiltrando las marchas, golpeando a los estudiantes en los buses, torturando, asesinando a Manuel Gutiérrez, agrediendo a niñas que bailan -y esas imágenes, además de indesmentibles, han dado la vuelta por todo el mundo. No se ha escuchado a ninguna autoridad de gobierno anunciar un proyecto de ley para castigar más severamente los abusos, atropellos, insolencias y violencias a que someten carabineros a los manifestantes.
Expresiones como "no nos va a temblar la mano" son impropias de un ministro, que no soluciona problemas blandiendo un arma. Ese tipo de frases hechas pertenecen al mundo de las películas de vaqueros, y ahí deben quedar.
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fiscal peña conspiró para delinquir

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Fiscal Sabas Chauán pedirá informe a Fiscalía Sur por caso bombas.
Lamentablemente el caso del fiscal Peña no es un incidente aislado. El suyo sólo se agrega a una larga lista de actos que rayan en lo ilícito o son derechamente delictivos. No es posible creer que esto sea sólo producto de la incompetencia profesional del fiscal y sus subordinados. Es evidente que existía la intención de conseguir condenas a cualquier precio y para ello se manipularon evidencias, se falsificaron documentos y se plantaron pruebas. Si se hubiese el fiscal salido con la suya, algunos de los encausados hoy sobreseídos definitivamente, serían condenados a prisión perpetua. Estas conductas no pueden quedar impunes. El fiscal que mintió y manipuló e inventó pruebas y falsificó documentos y pagó a informantes debe ser castigado severamente, con su inhabilitación perpetua y pena de prisión. El fiscal conspiró y utilizó recursos del estado para arruinar permanentemente la vida de ciudadanos inocentes, acusándolos injustamente de terroristas, manipulando evidencias para marcarlos como culpables y pidiendo para ellos reclusión perpetua sabiendo que eran inocentes. ¿Sus motivos? Entregar al gobierno y a la opinión pública a un grupo de falsos culpables y ganar más influencia y prestigio y avanzar a zancadas en su carrera para consuelo y encubrimiento de sus propias deficiencias.
Por esto es además intolerable que el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, como el subsecretario Ubilla, minimicen el terrible daño que habría causado el fiscal Peña a esas personas y pretendan todavía que lo más importante no es que esos ciudadanos inocentes no estén en prisión y hayan recuperado la libertad y estén con sus familias, sino que los "atentados terroristas" con petardos han disminuido, estableciendo una relación no probada entre una cosa y la otra. En otras palabras, al fiscal nacional tampoco le interesa la verdad, sino los efectos de ciertos actos, pero concebidos de manera mágica. De él no se puede esperar nada serio.
El fiscal Peña debe ser excluido a perpetuidad de toda función relacionada con asuntos policiales y judiciales.
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gobierno prefiere el matonaje

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Gobierno envía al Congreso proyecto de ley que sanciona delitos contra el orden público.

Este es un proyecto completamente innecesario que sólo surge de la necesidad del gobierno de tapar su propia incompetencia y sus propios errores y falencias, desviando la atención de la opinión pública: ciertamente, el delito que ha afectado a más chilenos (La Polar) no llama la atención del presidente, pese a que sería una buena oportunidad de imponer penas más duras para delitos de este nivel de conmoción social. Los delitos económicos graves, como el de La Polar y otras empresas similares, debiesen ser imprescriptibles y llevar la pena adicional de inhabilitación perpetua para cargos públicos y para participar en actividades económicas. Los graves delitos que cometen carabineros: torturas, malos tratos, humillaciones, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, cobros ilegales, asesinato de manifestantes, montajes policiales, infiltración de movimientos sociales, seguirán igual, pese a que son muchísimo más graves que los destrozos que causan los encapuchados. Y los agentes del Estado (incluyendo las agencias de espionaje) que espíen a senadores y otros ciudadanos chilenos debiesen sufrir también penas duras. Esos eran los temas que nos ocupaban hasta la renuncia del general Gordon, y no los hemos olvidado.
El evidente intento de criminalizar las protestas sociales es una decisión infame y contraproducente que no ataca las causas del problema. Castigar a los estudiantes exaltados y a infiltrados ajenos al movimiento social, y dejar sin castigo de prisión efectiva e inhabilitación a los ejecutivos de La Polar, sólo puede explicarse de una manera: esos delincuentes de cuello blanco pertenecen a la misma clase que el presidente y han sido y son colaboradores y socios del presidente, y, como ha informado la prensa, pertenecen también a los círculos de amigos del presidente.
Quiere uno creer que los políticos binominales mostrarán sensatez y se abstendrán de aprobar este proyecto inútil. Esto es, si quieren tener alguna esperanza de ser elegidos democráticamente una vez que recuperemos la democracia, cuando en Chile vuelva a tener sentido el uso del voto como castigo. Si persisten, cuando vuelva la democracia los ciudadanos, y los otros chilenos que no lo son plenamente, ajustarán cuentas con ellos.
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leyes autoritarias e irrelevantes

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Presidente Piñera enviará leyes contra el saqueo y disturbios públicos.

Es dudosa la necesidad de este paquete de leyes autoritarias. Muy probablemente son irrelevantes y serán pasto de lingüistas y juristas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que los saqueos, en términos de cifras y de personas perjudicadas, desaparecen en la nada si se los compara con las cifras que se manejan en casos de estafa -como la del presidente Piñera cuando era ejecutivo en Talca y robó 240 millones de dólares- y otros delitos económicos -como vender o comprar acciones con información privilegiada -otro delito del que el propio presidente se ha hecho culpable. Estos delitos, que han afectado a millones de chilenos (el escándalo de la Polar afectó a más de un millón de personas), quedan intocados. Los ladrones de la Polar, amigos del presidente, no irán a prisión. Las propuestas de convertir algunos delitos económicos de esta magnitud en delitos imprescriptibles y con inhabilitación perpetua para cargos públicos, aparentemente no han llegado a oídos del presidente.
Por otro lado, hacer más severas las penas para delitos relacionados con Carabineros y el orden público es derechamente un insulto a la inteligencia de los chilenos. No necesitamos más leyes que castiguen a los ciudadanos. Necesitamos, en cambio, leyes más severas para castigar a carabineros que disparan contra manifestantes y leyes para castigar a los jueces que les protegen y encubren. Necesitamos leyes más severas para castigar a los funcionarios policiales que se extralimiten en sus atribuciones y para castigar la corrupción. En realidad, la mayor sensación de inseguridad no la provocan los vándalos, sino la policía: son numerosas e indesmentibles las denuncias de que la propia policía infiltra las manifestaciones para provocar disturbios, la que -con la complicidad de fiscales- monta juicios falsos con acusaciones falsas y evidencias falsas, la que en democracia sigue torturando y asesinando sin pagar por ello las consecuencias. Y es mayor el peligro de un carabinero corrupto o violento que se sabe protegido por sus superiores, que un vándalo al que de todos modos puedes meter en prisión.
Estas propuestas deficientes nos permitirán juzgar nuevamente a la inútil clase política. Los que apoyen estos proyectos, quedarán marcados como enemigos del pueblo.
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quién fue el cerebro del asesinato de manuel

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El día anterior al asesinato de Manuel Gutiérrez, el secretario general de Renovación Nacional llamó a carabineros a disparar contra manifestantes.

Carlos X, el principal instigador del asesinato de Manuel sería el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que precisamente el día anterior (miércoles 24 de agosto) presentó o dijo que iba a presentar un proyecto de ley que permitiera a los carabineros disparar contra los encapuchados y revoltosos, argumentando el caso con una serie de patéticas incoherencias. Entre otras cosas, dijo, en una conversación en un lugar público, que sería bueno que los carabineros dispararan a la guata de los manifestantes, diciendo que era menos peligroso. Y lo repitió en al menos dos entrevistas de radio y televisión que oí ese mismo día. Al día siguiente ocurrió todo lo que sabemos. ¿Había escuchado el suboficial Millacura la entrevista del político pinochetista? ¿Fue eso lo que lo llevó a cometer esos crímenes? Igualmente sería muy interesante saber cómo y de quién surgió la idea de sustraer las subametralladoras y salir a disparar en los barrios donde estaban ocurriendo disturbios. O si, en realidad, obedecieron una orden.
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no fue violencia innecesaria, fue homicidio

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Fiscalía militar acusa a suboficial Miguel Millacura de violencia innecesaria con resultado de muerte.

El carabinero Miguel Millacura no estaba de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez. Según todos los informes de prensa que han aparecido desde entonces, Millacura se dirigió voluntariamente a la comisaría y sustrajo, con los otros miembros de la patrulla, subametralladoras UZI. Esto evidentemente implica que los carabineros conspiraron para delinquir y eso se llama normalmente asociación ilícita. También sabemos, por la investigación de la PDI, que el suboficial Millacura mintió cuando dijo que habían disparado en defensa propia porque estaban siendo atacados con armas de fuego. La PDI desmintió que los manifestantes y vecinos que observaban la escena hayan disparado contra los carabineros. Además, la pesquisa posterior ha determinado que Millacura disparó contra otro vecino con la misma UZI, dejándolo herido en un hombro. Entre otros delitos que cometió, los principales son homicidio y homicidio frustrado.
Pero que no haya estado de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez quiere decir principalmente que la acusación es errónea, porque el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte sólo puede ser cometido, evidentemente, por carabineros en actos de servicio. Los delitos cometidos por Millacura son por tanto delitos comunes y consecuentemente escapan al ámbito de la justicia militar. Sus delitos son, además, cubiertos por la legislación antiterrorista, porque el objetivo evidente era castigar, intimidar y aterrorizar a la población civil. Pero supongo que nadie querrá usar esta última argumentación.
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quién era jorge noguera

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Ex jefe del servicio secreto colombiano DAS, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión.

Hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a veinticinco años de prisión al ex director del servicio secreto colombiano -el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-, Jorge Noguera, por el asesinato de un profesor de izquierda y por nexos con paramilitares durante su cargo de 2002 a octubre de 2005 -aunque se le acusa de varias decenas de homicidios y otros delitos. Fue nombrado en el cargo por su protector el ex presidente Álvaro Uribe.
Noguera entregaba a los paramilitares, listas negras de personas que debían a ser perseguidas, amenazadas o asesinadas. Los asesinatos que más conmovieron a la opinión pública fueron los del profesor Alfredo Correa d’Andreis, la periodista Zully Codina Pérez, el sindicalista Adán Pacheco, el defensor del pueblo Pedro Pérez Orozco y el profesor Fernando Pisciotti Van Strahalen, pero en realidad fueron asesinadas 36 personas de esas listas y otras 61 fueron amenazadas de muerte -lo que muchas veces obliga a las víctimas a marcharse al exilio en el extranjero. Las víctimas eran personas consideradas enemigos políticos por el director del servicio secreto: dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, líderes indígenas.

Naturalmente, todas las sospechas recayeron siempre sobre el presidente Uribe. Gran parte de las sospechas las atrae el propio Uribe por su fanatismo y debido a que ha sido acusado muy convincentemente de haber estado asociado con grupos paramilitares para extender su propia hacienda. Pero también porque el cargo de director de la inteligencia es de responsabilidad directa del presidente, al que debe entregar un informe diario a primera hora. Era difícil -lo sigue siendo- creer que el presidente no supiera en qué andaba su protegido. No suena verosímil. Muchos pensábamos que Noguera no hacía más que obedecer órdenes del llamado "Número Uno."

Todavía más increíble es otro de los hallazgos de la investigación de la fiscalía: entre las listas halladas, también había unas que sólo incluían a ladrones y prostitutas y presumiblemente otros delincuentes -lo que, de paso, demuestra también que Noguera contaba con la colaboración de otros en el servicio secreto. Estos últimos encargos no dejan de llamar la atención. Otra cosa de que se acusa a Noguera es de haber filtrado información a narcotraficantes sobre allanamientos y órdenes de captura. Es difícil entender cómo un hombre que hace parte de una organización que roba, estafa, asesina, extorsiona, trafica y secuestra, pueda reprobar con rigor de muerte a ladrones y putas.

En esos mismos días, un tribunal de Cali condenó a 46 años de cárcel a nueve militares por el asesinato de cuatro civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate -para recibir recompensa o privilegios o permisos. En Colombia en estos casos hablan de falsos positivos. A veces estos asesinatos arbitrarios por lucro coinciden con campañas de limpieza social, con las que agentes del estado y paramilitares asesinan a personas consideradas indeseables, como ladrones, rateros, delincuentes de poca monta, prostitutas, débiles mentales, homosexuales, vendedores ambulantes.
Lo que sorprende en este caso es que una tan alta autoridad del estado haya estado detrás de semejante infamia. Siempre se quiso creer que los casos de asesinatos de civiles por lucro eran puntuales y cometidos por psicópatas en provincias remotas -hasta que el relator de la ONU concluyera en 2009 que formaban parte de un plan sistemático. Pero no dijo que el cerebro detrás de estas atrocidades era el propio jefe del servicio secreto, el primero el cargo de mayor confianza del presidente y lo segundo el organismo que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.
Pobre Colombia.

La noticia de la condena de Noguera no llamó la atención de toda la prensa. La Nación no publicó ni una línea sobre el asunto.

Recomiendo leer
1 Jorge Noguera condenado a 25 años de cárcel
2 Los crímenes de Jorge Noguera
3 Jorge Noguera: ¿el espía de los paras?
4 Juez condena a 9 militares por ‘falsos positivos’

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cidh como parte de la política exterior de eua

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La CIDH resolvió que político venezolano condenado por corrupción, debe ser aceptado como candidato en elecciones.

Incomprensible la decisión de la CIDH. ¿Supone que el tribunal que condenó a López cometió prevaricato? Si cree eso, debería exigir un nuevo juicio y no sacarse de la manga un fallo que, al menos técnicamente, no se justifica en nada. ¿Hizo la CIDH un nuevo juicio y concluyó que López era inocente? En ese caso, debió haber ofrecido a Venezuela la posibilidad de defender sus procedimientos y posterior fallo, lo que no hizo. Pero, ¿se justifica la intervención de la corte en un caso que evidentemente nada tiene que ver con los derechos humanos? Y, otra cosa, ¿por qué actúa la corte en algunos casos y no en otros? ¿Por qué calló cuando el presidente Piñera era candidato y se le recordó que había fundado su fortuna en una estafa al Banco de Talca y que había vendido acciones de LAN con información privilegiada? ¿Eso no lo inhabilitaba como candidato?
No se trata de que la CIDH no tenga derecho a pronunciarse sobre asuntos internos de otros países, porque el tribunal tiene precisamente esa atribución porque y cuando se trata de casos de violaciones de los derechos humanos -al menos en países que reconocen su autoridad. Venezuela no reconoce su autoridad.
Tampoco puede, ni tiene atribuciones para eso el tribunal, imponer sus propias ideas sobre legislaciones nacionales. Si en un país el delito de desfalco inhabilita al autor para el ejercicio de cargos públicos, no puede la CIDH pretender que eso no es delito y que el acusado debe ser absuelto.
Muchos críticos han observado que las intervenciones de la CIDH, lo mismo que del TPI, se han caracterizado en los últimos tiempos por su extraña coincidencia con desarrollos políticos internacionales impulsados por Estados Unidos. Pareciera que hoy las decisiones de la corte son parte de la política exterior estadounidense. Si aparte de Venezuela otros países llegaran a la misma conclusión, no será difícil predecir el futuro de la CIDH.
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