columna de lísperguer

chile ad portas de la tiranía

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Ministro Ribera acosa a jueces para que adopten criterio del gobierno en juicios por desorden público.

Está demás subrayar la gravedad de las palabras del ministro Ribera. No son amenazas veladas; son amenazas explícitas. El ministro ha amenazado con truncar la carrera judicial de los jueces si no aplican la interpretación de la ley que favorece el gobierno cuando se trata de detenidos por desórdenes públicos. Es una amenaza escandalosa que debiese implicar una acusación constitucional y la destitución del ministro.
Aparte de que viola el derecho constitucional que consagra la independencia de los poderes, en lo que atañe el fondo la exigencia de que los jueces fallen según le parece al gobierno implica que, por decreto, los jueces debiesen adoptar el punto de vista de una de las partes en el litigio, lo que es una aberración en la jurisprudencia occidental. Ese punto de vista nos acerca peligrosamente a una tiranía.
El poder judicial no está libre de culpa. Durante la dictadura hizo la vista gorda o colaboró con el régimen. Ninguno de esos jueces colaboracionistas ha sido ni denunciado ni llevado a juicio. Los nombramientos políticos, aberrantes en algunos casos, han implicado fallos escandalosos que protegen a los criminales pinochetistas con penas ridículamente leves, aplicación de la ley de amnistía o de prescripción de la acción penal -pese a que Chile ha firmado todos los convenios internacionales que tienen estas figuras como ilegales. Los crímenes de derechos humanos no prescriben ni pueden ser amnistiados. Sin embargo, ni los gobiernos de la Concertación ni este de la Alianza han emprendido nada contra esos jueces -que son en realidad fanáticos de extrema derecha infiltrados en el poder judicial por el presidente Lagos- por lo que debiéramos suponer que fueron nombrados, y son tolerados justamente para que se encarguen del trabajo sucio de proteger a los militares más cobardes, traidores y crueles en la historia de Chile como parte del pacto entre la dictadura y la clase política a fines de los años ochenta.
Si además de esta situación que describo, ahora los jueces debieran aplicar la ley según le parece a este gobierno de extrema derecha, entraríamos de lleno en una situación que sólo se puede describir como tiranía.
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libia, ejemplo de la barbarie occidental

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Durante los 42 años de dictadura de Gadafi murieron menos civiles que en dos años de gobierno del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama.

La dictadura de Gadafi parece haberse caracterizado más por la permanente negación de los derechos civiles, antes que por sus violaciones a los derechos humanos. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Libia del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2007, se acusa al régimen libio de "numerosos y graves abusos", detallando "malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y [abuso del] régimen de aislamiento [de los reos], y detenciones de muchos años [indefinidas] sin cargos ni juicio". El artículo de wikipedia agrega: "El poder judicial es controlado por el gobierno, y no hay derecho a juicios abiertos justos. Los libios no tienen un método claro y democrático para cambiar de gobierno. Las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y religión son restringidas por el gobierno libio. Están prohibidas las organizaciones independientes de derechos humanos. Las minorías étnicas y tribales sufren discriminación y el estado continúa restringiendo los derechos laborales de los inmigrantes extranjeros". Esta es una larga lista de acusaciones, pero ninguna de ellas se puede describir como delito de lesa humanidad. Se trata de violaciones de derechos civiles, no humanos.
En el artículo de Mérici el autor no menciona, dejando de lado la matanza en la cárcel de Abu Salim en 1996 (de la que, sin embargo, sólo se puede decir que Gadafi accedió a su investigación recién en 2009, trece años después de ocurrida), que las mayores violaciones a los derechos humanos, en el sentido definido en el derecho internacional (vale decir, como la violación sistemática y masiva de grupos de la población civil), las cometió el régimen por instigación y en colaboración con potencias occidentales -como señala Sohr en esta columna. La responsabilidad por las entregas de prisioneros, torturas, cárceles secretas y posiblemente ejecuciones extrajudiciales la comparte Libia con Estados Unidos. Qué duda cabe que estos delitos no serán investigados nunca.

Una rápida lectura de la situación de derechos civiles en Libia en comparación con Occidente, especialmente Estados Unidos, deja a Gadafi muy bien parado: durante su dictadura de 42 años murieron menos civiles que en los dos años de gobierno del presidente Obama, cuyo país, en la lucha contra el terrorismo, legalizó los secuestros, las torturas, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos, los campos de concentración, la detención indefinida y sin cargos y, recientemente, el asesinato de gobernantes rivales y sus familias. Pero ningún país se prestará para castigar a la OTAN y a EUA de la manera en que estos destruyeron a uno de los países más ricos del mundo.
Los motivos de la agresión y del asesinato de Gadafi no hay que buscarlos en lo que el coronel haya hecho o dejado de hacer. Sus antecedentes en derechos humanos son en muchos casos más favorables que el de muchos países occidentales.

Recomiendo leer
Gadafi, el Tirano Mártir
Amado de Mérici

Entrada sobre Lybia en wikipedia
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estamos lejos de ser una democracia

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Pese a campaña derechista, PPD respalda decisión de senador Girardi de no permitir el ingreso de fuerzas especiales al Senado.

Somos muchos los que vemos las cosas de otra manera. Es irritante escuchar a cada rato que somos una democracia cuando es tan evidente que estamos lejos de serlo. ¿Qué pretenden los políticos en insistir una y otra vez en esta descripción inapropiada del régimen político chileno? ¿Lavarnos el cerebro? Debido al binominal, los chilenos sólo elegimos a las primeras mayorías, vale decir, a la mitad de los senadores y diputados. La otra mitad la designan las cúpulas de los partidos. Todo esto se dice con mucha generosidad, porque los políticos que son presentados como candidatos al Senado o a la Cámara Baja no son elegidos en primarias democráticas y abiertas, sino que nombrados por esas mismas cúpulas. Lo que el establishment llama elecciones no es más, si acaso, que una burda ratificación de decisiones tomadas en los cuartos traseros de los cuarteles políticos. ¿A esto le llaman democracia?
Dicho esto, se entiende que cuando el gobierno rechaza el diálogo con los estudiantes, profesores y padres y apoderados que buscan una reforma de la educación, prefiere la brutal represión de las fuerzas especiales de Carabineros y criminaliza la protesta, que cuando pretende que el tema termine en el Parlamento, la ciudadanía empieza a temblar, porque, no tratándose de políticos elegidos democráticamente, y que parecen estar más interesados en mantener el status quo que los convirtió en multimillonarios que en gobernar por el bien común, el temor generalizado es que se arreglen los bigotes con el gobierno. Después de todo, del actual sistema educacional chileno son responsables tanto la dictadura como la Concertación. En educación, y en muchas otras cosas, la Concertación y la Alianza son las dos caras de la misma moneda.
La actuación del senador Girardi fue correcta y se evitaron males mayores. Si se hubiese autorizado la presencia de fuerzas especiales, se habría autorizado que carabineros golpeasen a mujeres y niños indefensos, habrían llenado el edificio de gases lacrimógenos y, quizás, algún elemento más asilvestrado que otros le habría pegado un balazo por la espalda a algún niño. Girardi evitó todo eso. La sesión pudo continuar. El senador merece elogios y todo el respaldo de la ciudadanía.
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gobierno acosa a poder judicial

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Ministro de Justicia amenaza con truncar carrera de jueces si no adoptan mano dura del gobierno contra manifestantes detenidos.

Como si el gobierno no tuviese suficientes problemas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, le abrió un nuevo y duro frente en el poder judicial: en términos que no dejan lugar a dudas amenazó a los jueces con truncar sus carreras en el poder judicial si no acataban las instrucciones de gobierno sobre cómo deben tribunales tratar a los detenidos por desorden público. "Hay que tener claro que [...] que los ascensos de los jueces no [son] un tema exclusivo de los jueces, sino que [son] un tema donde también participan otros poderes del Estado", dijo, refiriéndose al hecho de que en el nombramiento de los jueces el ministerio de Justicia y el propio presidente de la república también deciden (en La Tercera). A la hora de proponerlos, dijo, se considerará el "criterio jurídico" de los candidatos, queriendo decir que si estos se han apartado, en los casos en sus manos, de las instrucciones del gobierno de aplicar mano dura contra los manifestantes detenidos, no serán ascendidos.
Este es un descarado y grave intento de extorsión. Nunca antes declaró un personero de gobierno que los nombramientos de los jueces son en realidad políticos y que el ascenso en sus carreras depende de su acatamiento de las instrucciones de sus patrones. Para todos está claro que nunca ha sido de otro modo. El último descarado caso que recordamos es el nombramiento, en el gobierno de Lagos, de candidatos de extrema derecha, que desde entonces no han hecho otra cosa que utilizar su posición en la Corte Suprema para defender a criminales pinochetistas ignorando los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos sin que el gobierno ni la clase política hayan hecho nunca nada para impedirlo ni para expulsar del poder judicial a sus elementos parias.
La reacción del presidente de la Corte Suprema, que rechaza la extorsión ministerial es correcta, pero insuficiente. El Parlamento debe intervenir y acusar constitucionalmente a Ribera por su intento de colocar al poder judicial bajo el mando directo del Ejecutivo para se que interprete y aplique la ley según los criterios políticos que maneja el equipo de gobierno. Las amenazas y la exigencia de dictar fallos políticos contra los manifestantes que el gobierno considera de izquierdas son absolutamente intolerables. Así lo ha entendido la bancada de la Democracia Cristiana, que ha llamado al ministro a dar explicaciones. Pero, en realidad, Ribera debe marcharse.
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no es bueno gobernar a palos

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Pese a palabras de presidente del Senado, ministro Chadwick acusa a senador Girardi de apoyar a los manifestantes.

El que miente es ciertamente Chadwick. Pero aparte sus habituales y torpes falsedades, la decisión de Girardi simplemente impidió que las cosas pasaran a peor, si se considera la salvaje violencia que emplean las fuerzas especiales especialmente cuando agreden a mujeres y niños chilenos. Luego de desplegar los lienzos y de la intervención del presidente del Senado, los manifestantes se marcharon y la sesión pudo continuar. Si se hubiese hecho caso al ministro o a Chadwick, los matones asilvestrados de la fuerza pública habrían entrado al edificio, se habrían ensañado golpeando a mujeres y niños y otros ciudadanos indefensos y desarmados, habrían dejado lleno el local de gases lacrimógenos, alguno más asilvestrado que otros le habría disparado a algún niño por la espalda y hoy las cosas estarían mucho peor. No es buena receta gobernar a palos. Con su actitud y arrogancia, el gobierno está empujando al país a una ruptura constitucional que hará imposible que Piñera siga gobernando. Se tendrá que marchar a casa y llamar a elecciones presidenciales mucho antes del término legal de su gobierno.
La situación actual nos reitera la urgencia de recuperar la democracia para Chile e introducir reformas como el muy necesario plebiscito presidencial revocatorio: cuando el apoyo ciudadano al gobierno descienda por debajo del 30%, y si ese 30% se mantiene durante semanas en un clima ingobernabilidad, el presidente debería llamar a plebiscito para decidir su continuidad. De perderlo, debería convocar a elecciones presidenciales en el más corto plazo posible.
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ministro bulnes apura quiebre constitucional

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Ministro Bulnes lamenta que Carabineros no haya desalojado a manifestantes en el Senado.

No va a ser necesario que el ministro Bulnes siga trabajando con más o menos fuerza porque después de estas porfiadas declaraciones no tendrá más remedio que marcharse a casa. El conflicto estudiantil se prolonga durante meses y este ministro no tiene nada más que ofrecer que represión e insultos. Que el 80% de la ciudadanía rechace la posición y maniobras del gobierno e insista en que apoya una educación pública, gratuita y de calidad debería llevar al ministro a emplear mayor cautela y moderación a la hora de hablar del movimiento por la reforma: está tergiversando e insultando a la inmensa mayoría de los chilenos.
Pero tocando el fondo del asunto, creo que el senador Girardi actuó bien al no admitir que fuerzas especiales desalojaran a los manifestantes en el Senado. Creo que se puede entender que no es admisible que grupos de ciudadanos ocupen las tribunas de la institución a gritar lemas y desplegar lienzos, interrumpiendo la sesión. Pero el ministro se retiró de la sesión apenas entraron los estudiantes, sin oír sus reclamos ni enterarse si pensaban quedarse o si, expresados sus reclamos, marcharse pacíficamente. Esa conducta arrogante de un ministro que escribe diálogo con bombas lacrimógenas e indiscriminadas y salvajes agresiones contra manifestantes, muchos de ellos niños, es derechamente inadmisible.
Conociendo la brutalidad de las fuerzas especiales, que golpean arbitraria e innecesariamente, arrojan bombas y a veces hasta asesinan a sangre fría a manifestantes y a cualquiera que les parezca que tiene cara de pobre, llamarlas a desalojar o permitir su ingreso era una garantía segura de convertir el Senado en un campo de batalla donde las víctimas serían, como siempre, ciudadanos indefensos y desarmados haciendo frente a matones embrutecidos. Con un Senado lleno de gas lacrimógeno, confusión y gritos, heridos sangrando y madres y padres defendiendo a sus hijos de los ataques de los pacos asilvestrados, continuar con la sesión habría sido derechamente imposible. El remedio que proponía el ministro era ciertamente peor que la enfermedad.
Pero el incidente deja en claro la escasa capacidad del ministro, su arrogancia y su terrible impericia. Ahora, ciertamente, no podrá ser considerado un interlocutor válido en las negociaciones con estudiantes y profesores, y en realidad con todo Chile, por lo que debería marcharse. El ministro tiene al país al borde de un quiebre constitucional y su arrogancia y falta de tino obligará a los legisladores que están a favor de la reforma a endurecer sus posturas. Este gobierno bien podría terminar antes de su mandato legal.
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matanza de perros en san joaquín

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Alcalde de San Joaquín ordena matanza indiscriminada de perros en una plaza de la comuna.

Es imposible describir los sentimientos de impotencia y profunda indignación que provoca esta matanza arbitraria, insensible, estúpida, innecesaria y cruel. Nada la justifica y es probablemente uno de los casos más impactantes y claros de maltrato animal cometidos por autoridades edilicias en los últimos años. Los propios autores del maltrato han entregado muchas evidencias indesmentibles de la carnicería, que ningún abogado podrá desvirtuar. En muchos casos anteriores de matanzas de animales los animalistas no llegaron a ninguna parte por la falta de pruebas. En este caso, las pruebas son abundantes, directas y atrozmente gráficas.

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Hay que establecer en primer lugar que esta matanza no se encuentra justificada ni en la ley ni en el polémico dictamen número 69.752 de la Contraloría en 2010. En la respuesta que dio Contraloría a un requerimiento de reconsideración del dictamen, presentada por CEFU (representada por Fernando Andrés Rolleri Saavedra), el contralor reafirma que "[...] el dictamen cuya reconsideración se solicita, no ha autorizado a las municipalidades para eliminar perros vagos [...]. Por el contrario, en él se expresa ‘que no existe facultad legal que habilite a los municipios para dar muerte a los perros abandonados en la vía pública, como una forma de controlar la población canina’". El dictamen autoriza la aplicación de eutanasia a perros hallados en la calle sólo si y cuando se encuentren "enfermos o gravemente heridos [y] cuya vida no [sea] viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios".
Los perros de San Joaquín no fueron sometidos a eutanasia por razones médicas, que es la única que se permite. Los propios funcionarios que los eliminaron declararon que se trataba de perros sanos. Sabemos también por otras fuentes que no se trataba de perros abandonados, como suelen argumentar las autoridades, sino que de perros en situación de calle bajo el cuidado de tutores, que los cuidaban y alimentaban. El daño psicológico que se les ha causado es enorme.
Recuérdese también que en el caso de ser retirados de la vía pública, la municipalidad no puede hacerlo para eliminarlos, sino para trasladarlos a caniles donde deben ser protegidos y alimentados.

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Un segundo aspecto representa igualmente un terrible escollo para la protección animal y es que los funcionarios subalternos no pueden desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido -exactamente como señalaron los funcionarios sorprendidos en la matanza. Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua "al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores". Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual para aumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años.

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Los funcionarios entrevistados declararon sentirse apesadumbrados por la matanza. Este es un aspecto que ha tocado de Mérici, señalando que "el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas". Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los padrinos y madrinas que, ese día, se enteraron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.
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votar es una pérdida de tiempo

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Senador de extrema derecha defiende sistema binominal.

El senador binominal Carlos Larraín (derecha conservadora, RN) vuelve a insistir en una columna reciente sobre la inestabilidad que causaría en la vida política chilena reformas políticas como la derogación del sistema binominal y el retorno a la democracia representativa -que incluye un sistema electoral proporcional. Según él, el sistema binominal "potencia la estabilidad, tiene un alto grado de representatividad y produce efectos muy similares a los que produciría un sistema formalmente proporcional".  Esta es derechamente una representación absurda del sistema político que defiende.
El senador no ha querido entender que las protestas y movimientos sociales de los últimos cuatro meses desmienten sus creencias interesadas. La estabilidad de que ha gozado Chile no se derivó del sistema binominal, sino del hecho de que los partidos políticos de izquierda en el Congreso. La estabilidad se deriva del alejamiento de la izquierda tradicional de sus luchas históricas por la democracia y la libertad. Muy probablemente, a la estabilidad también puede haber contribuido el régimen de terror en que todavía vive Chile tantos años después del alejamiento aparente de los militares parias de la vida política. En los últimos veinte años Carabineros ha asesinado a decenas de manifestantes, sin que la Concertación levantara siquiera una ceja. Con luz verde para matar es fácil mantener el orden: en esto Larraín y los otros pinochetistas tienen mucha experiencia.
¿Qué entenderá Larraín por representatividad? Hagamos un repaso del binominal. De los 38 senadores que deben ser elegidos, en cada circunscripción (19) cada bloque (Concertación y Alianza) presenta 2 candidatos (o sea 4, y hay que elegir a 2). El que saca la mayor votación es elegido 1er senador. Pero el 2o senador no es el que tenga la 2a mayoría de votos, sino la 1ra mayoría de la otra lista, aunque tenga menos votos que el 2o candidato de la lista rival. Los diputados son elegidos según el mismo patrón. (Por esa razón en las primeras elecciones parlamentarias en 1990 salió elegido senador el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, aunque sólo tenía el 17 por ciento de los votos, casi la mitad que los candidatos de izquierda.)
Esto quiere decir, simplemente, que los electores elegimos sólo a un senador, si acaso y dicho esto con mucha generosidad: el político elegido en primera mayoría. Los otros no son elegidos, sino nombrados por las directivas de los partidos, que de este modo secuestran ilegítimamente la voluntad ciudadana. Los senadores y diputados nombrados directamente por las directivas, sin pasar por el paripé de las elecciones, son un ejemplo extremo de lo que algunos llaman la democracia chilena. El sistema binominal es derechamente una negación de la democracia.
No vale la pena detenerse en las otras insensateces (por ejemplo, que los anarquistas quieren participar en elecciones) y falsedades del senador. La última en su texto es que la extrema izquierda es la que pide democracia. Yo no me siento de extrema izquierda y sin embargo quiero que mi país vuelva a ser una democracia que se rija por un principio fundamental que distingue a este régimen político de todos los demás: un ciudadano equivale a un voto. En el sistema binominal, el voto del ciudadano vale la mitad, si acaso. El sistema binominal es una farsa humillante. Ir a votar no tiene el menor sentido y es una completa pérdida de tiempo. Por esa razón, los demócratas debemos seguir negándonos a participar en las elecciones, porque sólo legitiman un sistema injusto y estúpido que es la negación de una de nuestras principales virtudes como país y que perdimos en septiembre de 1973.
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