columna de lísperguer

congreso no puede hacer la vista gorda

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Corte Suprema rechaza amenazas del gobierno de entorpecer carrera funcionaria de jueces si no acatan recomendaciones de La Moneda.

Las declaraciones del ministro Ribera, y las del presidente Piñera posteriormente, constituyen una de las más graves amenazas del gobierno contra el estado de derecho. La exigencia de que los jueces, en casos de detenidos por desórdenes públicos, deben aplicar la mano dura que exige el gobierno, pasando por el alto los procedimientos judiciales, es completa y derechamente intolerable y así se lo ha hecho saber la Corte Suprema al gobierno. El gobierno ha amenazado con frustrar o entorpecer la carrera de los jueces que no acaten sus recomendaciones.
Es precisamente por esta razón que el Congreso no puede hacer la vista gorda ni desentenderse del asunto ni lavarse las manos. Pretender que no ha pasado nada y que el entuerto se puede solucionar con un almuerzo, enviaría a los jueces, y a la ciudadanía la ominosa señal de la clase política finalmente también comparte la visión del gobierno y que en el futuro los jueces serán ascendidos o no dependiendo de si han acatado o no las recomendaciones del gobierno de aplicar mano dura. Si los jueces se sienten amenazados y aceptan estas recomendaciones del gobierno, estaremos ad portas de una tiranía.
Hemos conocido una situación similar durante la dictadura, cuando los jueces aceptaron colaborar con la represión rechazando sistemáticamente los recursos de amparo de prisioneros políticos, lo que le costó la vida a innumerables compatriotas. Los jueces que colaboraron con el régimen dictatorial, dicho sea de paso, todavía no han sido juzgados.
Lo que pretende el gobierno es que los jueces acepten sin más las evidencias que entregue el ministerio sobre los detenidos, pese a que es de conocimiento público que la gran mayoría de los detenidos en manifestaciones no son ni han sido los manifestantes violentos o los vándalos que aprovechan la ocasión para saquear el comercio, sino maestros, jóvenes y niños que no han cometido otro delito que ejercer su derecho a manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la ordenar a fuerzas especiales la represión de los manifestantes, que está alcanzado niveles de una brutalidad impresionante: las torturas a que son sometidos niños en los buses de carabineros, incluyendo la tortura llamado el submarino -simulacro de asfixia-, y las tocaciones y abusos sexuales a que son sometidas las niñas detenidas en esos mismos buses. Sobre esto el gobierno hace la vista gorda.
Por todo esto es urgente que el Congreso inicie una acusación constitucional contra el ministro y exija su destitución. Debe quedar claro para toda la ciudadanía que esta interferencia con el trabajo de los jueces es intolerable y un peligro para el frágil estado de derecho que tenemos. De no hacerlo, el Congreso perdería todavía más su menguada legitimidad. Este Congreso que nadie eligió sólo puede redimirse poniéndose del lado de la ciudadanía y protegiéndola contra los abusos del gobierno.
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derecha no es ni católica ni nacionalista

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Columnista de La Nación llama a la derecha a formular un proyecto país.

Hay premisas erróneas y ausencias en esta columna. Creo que es fantasmagórico definir a la derecha conservadora como nacionalista. Si Pinochet fue conservador, ciertamente no fue nacionalista, o su nacionalismo fue sólo un paripé. Él mismo, y su jefe de la policía política, fueron ambos agentes del servicio de inteligencia norteamericano y estuvieron en su planilla de pago -vale decir, no fueron solamente aliados de Estados Unidos ni buscaron su apoyo para un golpe de estado y acciones terroristas que ese país ciertamente apoyaría, sino que fueron funcionarios pagados y ejecutaron órdenes de autoridades políticas de ese país (en particular, Nixon y Kissinger). El asesinato del general Schneider, en octubre de 1970 (un mes antes de que Allende asumiera la presidencia), y el del edecán Araya para esas mismas fechas, obedecieron a órdenes directas de la embajada norteamericana y fueron ejecutadas por el grupo, entonces neo-nazi, Patria y Libertad, hoy UDI y presuntamente católico. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son posturas enteramente falsas. La derecha chilena de las últimas décadas adoptó un lenguaje católico y nacionalista sólo para encubrir su verdadera naturaleza antipatriota y anticatólica (recuérdese que fue Pinochet quien facilitó la introducción del protestantismo en Chile y lo hizo presumiblemente para vengarse de la iglesia católica que lo rechazó desde el principio).
En Chile no existe una derecha liberal, que se supone ciertamente que no toleraría nada parecido, por ejemplo, al sistema binominal, ni aceptaría que el poder judicial y la clase política encubran y protejan a criminales pinochetistas -el liberalismo tiene entre sus principios fundamentales la defensa de los derechos humanos- ni permitiría la asfixia permanente de las libertades personales y públicas que caracterizan al Chile de hoy. Hoy, un verdadero liberal no podría formar parte del gobierno de Piñera.
Quedaron en el tintero los liberales de izquierda, que hasta 1973 formaron parte de llamado Partido Nacional. Muchos ignoran que esta tendencia del liberalismo, encabezada por ideólogos como el historiador Feliú Cruz, se oponía fuertemente a la derecha reaccionaria, psicótica y neofascista de esos años y apoyaba al gobierno del presidente Allende. Alguno de sus miembros corrieron el mismo destino que muchos dirigentes de izquierda durante la dictadura.
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confunden estabilidad con opresión

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Ministro Hinzpeter declara que gobierno está dispuesto a reformar sistema binominal.

Lo único que se puede hacer con el sistema binominal es derogarlo y remplazarlo por el sistema electoral proporcional característico de las democracias representativas. El binominal usurpa la voluntad ciudadana y convierte las elecciones en una farsa ridícula -en todo igual a las elecciones cubanas, donde, en un sistema muy similar al chileno, la Asamblea Popular designa a la mitad de los nuevos representantes. En el sistema chileno, los ciudadanos eligen sólo a la mitad de los representantes -los que tienen las más altas mayorías. La otra mitad de los políticos la designan las directivas de los partidos. En los dos casos, la ciudadanía sólo ratifica decisiones que son tomadas a sus espaldas. Pese a ello -pese al voto de primera mayoría- tampoco se puede decir que estas primeras mayorías son realmente elegidas, por la sencilla razón de esos candidatos a senadores y diputados han sido designados por las cúpulas de los partidos mediante procedimientos que están lejos de ser democráticos -los candidatos no son elegidos en primarias abiertas. El binominal reduce el voto ciudadano a la ratificación de candidatos nombrados por personas que no tienen ni la autoridad ni el derecho para hacerlo. Encima, el sistema chileno admite que algunos sean nombrados senadores (ejemplos son los senadores Larraín y Escalona y la señora Nazi) sin elección alguna.
El binominal crea una imagen falsa de las preferencias ciudadanas, creando ilusiones ópticas -por ejemplo, haciéndonos creer que la derecha psicótica (UDI) es el partido más grande. Ese conteo es falso, porque se hace sobre la base de votos no emitidos -RN y UDI tienen la mitad de los políticos elegidos no por voluntad ciudadana sino por la operación del sistema binominal. En elecciones en un sistema proporcional, es dudoso que la extrema derecha se empine por encima del 8 a 10 por ciento.
La característica fundamental de la democracia es que los representantes son elegidos por los ciudadanos según la fórmula un ciudadano un voto. Cualquier sistema que se aparte de esto, simplemente no es democrático. La historia del binominal debiese servir de advertencia: fue creado por la dictadura comunista polaca, que se aseguraba así el control permanente de la política del país independientemente de la voluntad ciudadana.
La idea de que el régimen trae estabilidad es simplemente falsa. La estabilidad -que es otro modo de decir opresión y la asfixia de las libertades públicas y personales (como por ejemplo, la severamente limitada libertad de expresión y las limitaciones a la asociación sindical) tan características de Chile- se debe fundamentalmente a que, durante veinte años, la Concertación y la Alianza compartieron la ideología neoliberal en economía y su apoyo a estructuras políticas autoritarias. Agréguese a ello el régimen de terror impuesto a los trabajadores y se entenderá qué quieren decir los ultraderechistas con estabilidad.
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le llaman estabilidad a la opresión

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Gobierno y partidos de extrema derecha rechazan derogar sistema electoral binominal.

Las propuestas del gobierno y de los partidos de extrema derecha son cosméticos y no resolverán la grave crisis de legitimidad que vive Chile desde hace décadas. Fastidia que la derecha psicótica insista en que es el sistema binominal el que da estabilidad a Chile. Es fácil la, ejem, estabilidad, cuando la paz social se consigue matando a manifestantes a balazos y oprimiendo al resto de la ciudadanía en un sistema social y político aberrante, injusto y estúpido. La única democracia verdadera es la democracia representativa proporcional. Estos cambios no van en esa dirección y deben ser por tanto rechazados. Es de esperar que la Concertación esté a la altura del momento histórico y rechace de plano estas reformas huecas.
Lo que algunos políticos llaman estabilidad la consiguió Chile gracias a la traición de la izquierda tradicional, que dejó a los chilenos a merced de una clase dominante parásita, mediocre, ruin, imbécil y antipatriota. Y la izquierda traicionó a Chile cuando aceptó la Constitución de la Bestia, cuando aceptó el binominal y cuando adoptó la ideología neoliberal. La estabilidad, que es otra manera de decir opresión, no se consigue con el binominal. Se consigue con la exclusión, la explotación, el ahogamiento de las libertades personales y públicas -exactamente lo que es Chile hoy: una dictadura encubierta.
En el sistema electoral binominal los ciudadanos no eligen a los políticos que los representan. Cuando un político como Jaime Guzmán es elegido pese a que sólo llegó en tercer lugar y apenas con un 17% de los votos, evidentemente no se puede hablar de democracia. Los chilenos elegimos sólo al 50% de los candidatos -los que son elegidos con primera mayoría. El resto son nombrados por las directivas de los partidos, porque son elegidos senadores o diputados independientemente de la cantidad de votos emitidos a su favor. Aun así, tampoco es exacto que los candidatos elegidos en primera mayoría sean elegidos realmente, porque llegan a ser candidatos tras ser nombrados por las cúpulas de los partidos y no en primarias abiertas. Los ciudadanos sólo ratificamos una decisión tomada a nuestras espaldas por gente que no ha sido elegida nunca para nada. Encima, el sistema permite que algunos representantes -como la Guatona Nazi, por ejemplo- lleguen al Parlamento sin elección alguna, como también permite que algunos políticos se designen a sí mismos -como los senadores Larraín y Escalona. Este sistema no debe ser reformado, sino rechazado completamente.
Muchos en la Concertación (incluyendo a los socialistas pinochetistas) dicen que no tenían alternativa entonces porque negociaron con la pistola en el pecho. Si fue así, eso no fue una negociación. Como quiera que sea, la Concertación tiene ahora la posibilidad de redimirse y hacer suyas las aspiraciones de la ciudadanía: recuperación de la democracia, nueva Constitución, nacionalización de los recursos naturales y de la banca, educación pública gratuita y de calidad, respeto del derecho internacional, reforma y purga del poder judicial, cárcel común para los criminales pinochetistas. Ojalá estén los políticos a la altura. Ojalá volvamos a tener una izquierda popular (es decir, que represente los intereses de la ciudadanía). Ojalá tuviésemos una derecha decente y demócrata. ¿Es mucho pedir?
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gobierno usa ley para intimidar

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Gobierno insiste en tratar a detenidos como delincuentes y exige función policial a jueces.

El tema es tratado de manera torcida en esta nota. Es incomprensible la formulación de que el gobierno quiere evaluar las "resoluciones que hayan adoptado en las libertades o prisiones que decretan con los delincuentes que participan en actos de violencia tras cada manifestación". ¿Qué quiere decir? ¿Que los participantes en manifestaciones son delincuentes? ¿O que los delincuentes participan en manifestaciones? ¿O que los detenidos y acusados por el ministerio público de cometer desórdenes públicos son delincuentes? Cualquiera sea el caso, o lo que tuvo el redactor en mente, ningún detenido puede ser considerado delincuente -o sea, que ha cometido el delito del que se le acusa- mientras no lo falle el juez. Describir como delincuentes a los acusados es una aberración ideológica y lingüística. Denota un proceso mental torcido y un mal uso de la lengua.
Que un ciudadano sea detenido y acusado por Carabineros de participar en desórdenes públicos no implica que sea culpable, pues la fuerza pública debe probar primero que ese ciudadano efectivamente participó en ese delito. Evidentemente, la mera palabra de un policía no basta. Abogados de derechos humanos y civiles, organizaciones sociales y la prensa han comprobado que en la mayoría de los casos las detenciones son arbitrarias. Normalmente los agentes no detienen a los vándalos, sino a manifestantes que se encuentran en las cercanías. Los jueces lo saben. Lo aberrante es que los agentes persistan en esta inútil pérdida de tiempo. Se ven de lejos sus intenciones de torcer el sentido de la ley para utilizarla como instrumento de intimidación. Cuando los policías detienen a manifestantes no lo hacen porque hayan participado en desórdenes públicos sino para terminar con la manifestación intimidando -mediante golpizas y otros vejámenes, incluyendo el abuso sexual de las detenidas en los buses policiales- a los participantes. Lo que se impone realmente es investigar por qué repite la fuerza pública esta práctica estéril de acusar falsamente a los detenidos. Esta práctica autoritaria es un delito -abuso de poder- que debiese ser condenado con más severidad cuando es cometido por la fuerza pública.
Es lamentable que los jueces den por superado un intento tan explícitamente totalitario de someter al poder judicial a los designios del gobierno. El Congreso debería intervenir porque simplemente es inaceptable que el ministro Ribera permanezca en el cargo después de las inaceptables amenazas que formuló contra el poder judicial.
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presidente piñera se está asilvestrando

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Presidente Piñera retoma y reitera amenazas de ministro Ribera contra poder judicial.

Es penoso e irritante que el presidente vuelva a amenazar a los jueces con una acción tan grave como truncar las carreras de los jueces si no adoptan el punto de vista del gobierno en casos de detenidos por desorden público. El presidente no logra entender que el estado que acusa a los detenidos es sólo una parte en el litigio y no puede ser parte y juez a la vez. Ese modo de pensar demuestra que no entiende el propósito de la justicia y, lo peor, que está dispuesto a violentar el estado de derecho para salirse con la suya.
Las declaraciones del presidente refuerzan las amenazas del ministro Ribera y hacen urgente e inevitable una acusación constitucional. Si los parlamentarios deciden no hacerlo, pondrán en grave peligro la independencia del poder judicial, cuyos miembros presumiblemente ya se sienten amenazados y necesitan saber que el Congreso y la ciudadanía rechazan categóricamente los intentos del gobierno de poner los tribunales a su servicio. Lo que quiere el presidente se llama derechamente tiranía.
Es conocido que los gobiernos autoritarios recurren a figuras como estas -detención por desorden público, por resistirse a la detención, por sospechas- para intimidar y oprimir, y es justamente la razón por la que los jueces no deben aceptar sin más los cargos del gobierno. La figura del desorden público -turbar "gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado"- es frecuentemente utilizado de manera abusiva por la fuerza pública y abogados de derechos civiles vienen denunciando esta práctica desde hace muchos años. Abogados, organizaciones sociales y de derechos humanos y la prensa han constatado que la gran mayoría de las detenciones por desorden público son arbitrarias, y la propia policía ha enfatizado lo difícil que les ha sido detener a los verdaderos vándalos en las manifestaciones. La inmensa mayoría de los detenidos no estaban cometiendo ningún desorden ni alterando la tranquilidad pública cuando fueron detenidos, y es la razón por la que los jueces se niegan a dictar prisión preventiva. Además, el ministerio público no demuestra casi nunca la veracidad de las acusaciones. Insistir en una interpretación autoritaria y bruta de la ley amenaza el estado de derecho.

Por otro lado, frente a hechos realmente graves el presidente ha adoptado una actitud de complicidad con los excesos de la fuerza pública. No vi al presidente indignado por la violencia policial. Cuando el carabinero Millacura asesinó a sangre fría al niño Manuel Gutiérrez no le oí llamar a endurecer las leyes contra los carabineros parias ni ha enviado ningún proyecto de ley para castigar con más rigor a ese tipo de criminales, ni siquiera ha sugerido ni prometido impedir que ese carabinero sea juzgado por sus superiores en las farsas que monta la justicia militar. Ni menos se le ha oído insinuar que eliminará la aberrante justicia militar. No le he visto pedir la expulsión del poder judicial de jueces prevaricadores -como Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y otros fanáticos de extrema derecha- que protegen a los criminales pinochetistas torciendo el sentido de las leyes y aplicando artículos que contravienen los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, especialmente los que declaran ilegal el otorgamiento de amnistía o la aplicación de prescripción penal a delitos de lesa humanidad. Ni le he visto lamentar ni tratar de reparar el hecho de que los peores criminales de la historia Chile se encuentren en libertad, con grave peligro para la ciudadanía, o en cárceles especiales que no merecen, ni le he visto prometer que serán enviados a cárceles comunes, como debiese ser. En buen castellano, eso se llama hipocresía.
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quiénes son los usurpadores

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Arrecian críticas contra senador Girardi por no permitir el desalojo violento de manifestantes en el Senado.

El senador Girardi simplemente impidió un mal mayor. De haber intervenido la policía, hoy tendríamos mujeres y hombres apaleados, quizás uno o dos niños asesinados a balazos por la espalda y niñas manoseadas y ultrajadas por carabineros en los buses policiales. Con esto, Girardi se gana el respeto y el respaldo de la ciudadanía.
Pero la intervención de los manifestantes en el Senado en Santiago tiene también una dimensión simbólica que no se debe desdeñar. El gobierno quiere eludir su responsabilidad, y justificar de manera encubierta su intención de proteger el lucro en la educación y seguir protegiendo el despojo de nuestros recursos naturales y destruyendo el típico paisaje chileno, enviando proyectos de ley al Congreso, pese a que las organizaciones ciudadanas le habían pedido que las escuchara primero. Vale decir, el gobierno quería arreglarse los bigotes con los políticos por encima de la ciudadanía. Los manifestantes se apersonaron para decirles precisamente eso, e insistir en que fueran tomados en cuenta. Los ciudadanos no tienen muchas oportunidades de hacerse oír y esa era una ocasión. Quizás no es la mejor estrategia, pero es efectiva en cuanto deja en claro para todo el mundo, también para el extranjero, que este conflicto se deriva sobre todo de la falta de legitimidad de la clase política chilena, fundamentalmente porque nadie elige a esos políticos, que se eligen a sí mismos (como Escalona o Larraín, por ejemplo) o se hacen nombrar candidatos (los otros, lo que asegura su elección o reelección). Ningún senador o político chileno es realmente elegido, ni siquiera los que reciben los votos como primeras mayorías. (Esto porque fueron candidatos nombrados por las directivas de sus partidos y no en primarias abiertas y democráticas. El voto ciudadano sólo ratifica una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía.)
Chile no es una democracia y los ciudadanos están hartos. El único modo de recuperar la paz social y que los ciudadanos acepten decisiones tomadas por el Congreso es que este Congreso sea elegido democráticamente, de modo que sus decisiones sean aceptadas aun si no nos gustan. En las condiciones actuales, eso es imposible. Por eso la única solución a corto y largo plazo es derogar el sistema binominal y rescribir la Constitución, para lo cual se hace indispensable convocar a una asamblea constituyente. Recuperar la democracia es la única solución, y sería bueno que todos, izquierda y derecha, se comprometiesen en ello sin trampas ni engaños.
Porque lo que dejó claro la arremetida ciudadana en el Senado es que no son los ciudadanos los usurpadores, sino los políticos que estaban en el edificio, que vienen usurpando la voluntad y representación ciudadana desde 1990. A los dirigentes ecologistas y estudiantiles los eligen al menos sus propias plataformas. A los senadores y diputados no los elige nadie. El edificio del Senado, si pertenece a alguien, es al pueblo, no a una clase política autocrática que carece de toda legitimidad.
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ministro ribera reitera amenazas

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Ministro Ribera acusa de ignorancia a presidente de Corte Suprema y reitera amenazas.

Al despropósito de las amenazas e incomprensible arrogancia el ministro agrega el insulto: ahora el presidente de la Corte Suprema es un ignorante. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El ministro dijo con todas sus letras que el ministerio de Justicia (o sea él mismo) y el Ejecutivo (nuestro presidente ahora tan ausente) tomarán en cuenta, a la hora de promover a jueces a la Corte de Apelaciones o a la Suprema, los fallos que dicten en casos de detenidos por desorden público. Los jueces que no apliquen la mano dura que exige el gobierno verán truncadas sus carreras, porque no serán ascendidos. Esas declaraciones las oímos y leímos todos. No fue un lapsus del ministro. Fue una amenaza prácticamente explícita. "Hay que tener claro que también en los ascensos de los jueces no es un tema exclusivo de los jueces, sino que es un tema donde también participan otros poderes del Estado, por eso que quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y los intereses colectivos" (en La Tercera). Y lo que el ministro insinúa es que los jueces no interpretan la ley correctamente, o que la aplican "fácilmente", o que no toman en cuenta el bien común. Es decir, que cometen prevaricato. Es una acusación grave, y son amenazas graves que ponen en peligro el estado de derecho. ¿Por qué? Porque para la ley, el estado querellante y los detenidos por desorden público son partes de un litigio y los jueces no pueden aceptar sin más la veracidad de una acusación ni decretar prisión preventiva sin considerar los antecedentes de cada caso. Lo que pretende el estado es que los jueces funcionen como funcionarios policiales, que velen por el bien común según lo entiende el gobierno (que es algo que corresponde a la policía o al gobierno) y que obedezcan, so pena de castigo.
Lo peor de todo es que la acusación por desorden público tiene habitualmente muy poco sustento, porque los carabineros suelen detener no a las personas que realmente provocan desórdenes públicos, sino que habitualmente a personas, por lo general inocentes, que se encuentran en las cercanías de disturbios, y en eso obviamente no se puede fundar ninguna acusación seria.
El Congreso debe acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, a fin de conseguir su destitución. Dejar de hacerlo significaría avalar los planes del gobierno y dejar a los jueces a merced de sus temores y de represalias. Así no se puede dictar justicia. Ribera debe marcharse.
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