columna de lísperguer
Políticos discuten sobre reformas al sistema binominal.
Muchos extranjeros, y algunos chilenos, suponen que Chile es una democracia. Así lo dicen y repiten sus propias autoridades e incluso algunos políticos de oposición. El presidente no se cansa de repetirlo majaderamente en cuanta ocasión se le presenta, especialmente durante sus viajes al exterior. Hay una sospechosa insistencia. ¿Es Chile una democracia? ¿La recuperaron los chilenos después del fin pactado de la dictadura de extrema derecha en 1990? ¿Es Chile realmente un país social y políticamente estable?
La respuesta a la primera pregunta es no: Chile no es una democracia. Veamos. En el país existen dos regímenes electorales: en las elecciones municipales –de alcaldes y concejales- y en las presidenciales se utiliza la representación proporcional. Como en las democracias normales, los ciudadanos eligen a todos sus representantes y opera el principio de un ciudadano un voto. En estos dos regímenes son elegidos los candidatos que obtienen las primeras mayorías. Pero en las elecciones parlamentarias –de senadores y diputados-, no rige el sistema proporcional ni rige el principio de un ciudadano un voto.
En Chile impera el llamado sistema electoral binominal para las elecciones de sus 38 senadores y 120 diputados. En las elecciones pueden participar sólo dos coaliciones de partidos (los independientes también pueden participar, pero tras un proceso engorroso y difícil cuyo fin es impedir su inscripción): la Alianza (una coalición de partidos de extrema derecha) y la Concertación (coalición de partidos de la centro-izquierda tradicional). Cada coalición debe presentar dos candidatos por circunscripción: 76 candidatos al Senado y 240 a la Cámara Baja. Cada circunscripción debe elegir a dos candidatos. Los senadores elegidos –pongamos por caso- serán los que obtengan la primera mayoría. Pero el segundo candidato elegido no es el que obtiene la segunda mayoría, como en las democracias, sino el que obtiene la primera mayoría de la segunda lista. Esto es, si la primera mayoría es un candidato de la Concertación, el segundo senador elegido será el que obtuvo la primera mayoría de la Alianza, con independencia de los votos emitidos por los ciudadanos.
En las primeras elecciones senatoriales después de la dictadura, los candidatos que se presentaron fueron Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar (por la Concertación) y Jaime Guzmán y Miguel Otero (por la Alianza). Lagos obtuvo el 36,62% de los votos, Zaldívar el 31,27% por ciento, Guzmán el 17,19% y Otero el 15,31%. Los elegidos fueron pues Lagos (primera mayoría de la lista de la Concertación) y Guzmán (pese a haber llegado en tercer lugar con apenas el 17%, fue elegido por ser la primera mayoría de la lista de la Alianza). En una democracia representativa normal, los elegidos habrían sido naturalmente Lagos y Zaldívar. Esto significa, obviamente, que aquí no rige el principio un ciudadano un voto, porque el sistema reduce el valor del voto a exactamente medio voto: los ciudadanos eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores, la otra mitad no la eligen ellos, sino que la impone el sistema. ¿Es esto democracia? No, evidentemente no.
El sistema sí permite, como ya ha ocurrido, que las coaliciones existentes admitan a otros partidos y reserven algunas circunscripciones. Es lo que ha hecho la Concertación y lo que explica que haya algunos senadores y diputados comunistas en el Congreso.
Dije que los ciudadanos "eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores". Esto se explica porque el sistema no obliga a los partidos a que realicen primarias democráticas para determinar a sus candidatos, lo que implica que estos son nombrados por las directivas de los partidos sin ninguna forma de control por sus propios militantes. A nivel de partido tampoco hay democracia. El resultado evidente es que incluso en el caso de los candidatos al Senado o Cámara Baja elegidos en primera mayoría, tampoco se puede decir con propiedad que fueron elegidos, pues lo que destaca claramente es que en realidad es una elección ya cocinada en la que los ciudadanos sólo ratifican decisiones tomadas a sus espaldas en los cuartos traseros de las sedes de los partidos. Este sistema produce una inmovilidad casi absoluta, pues en el Senado cada coalición tiene exactamente la misma cantidad de senadores: 19, y en la Cámara Baja cada una 60 diputados. Las votaciones terminan en un impasse permanente. Sólo se puede gobernar si algún senador o diputado desobedece o traiciona a la coalición que representa. Y así es como funciona Chile: la traición o la desobediencia es lo único que permite avanzar en la legislación. Por eso no es nada raro que la aprobación de leyes llegue a demorar veinte o más años y que de los proyectos de ley originales no quede ni la sombra, pues en el debate y por la necesidad de hacer compromisos, los proyectos quedan totalmente ahuecados. Esto es un paripé de democracia que no sirve para nada, excepto para mantener los privilegios de la clase política.
Muchos políticos defienden el sistema binominal diciendo que produce estabilidad en el país. Evidentemente, se refieren al hecho de que como se puede avanzar en prácticamente nada, los gobiernos sólo se limitan a mantener el status quo que el país heredó de la dictadura. El sistema binominal lo impuso la dictadura y no es si ni siquiera un proyecto conjunto con la Concertación –que se limitó a lo que dicen que es un perfeccionamiento del sistema, cuando eliminó (el presidente Lagos) a los senadores designados- ni ha sido refrendado por la ciudadanía. Es por eso que no es exagerado definir al sistema chileno como una dictadura encubierta.
Pero la estabilidad no la produce el sistema. Esto ha quedado en evidencia en los últimos meses, durante el gobierno de extrema derecha del presidente Piñera. El país vive momentos convulsos por el masivo rechazo de la ciudadanía a proyectos aprobados de mala manera que afectan gravemente a los ecosistemas del país y por la negativa del gobierno a iniciar reformas de la educación, cuyos fundamentos basado en el lucro defiende a brazo partido contra la opinión de más del 80% de los chilenos. La presunta estabilidad no es más que opresión y terror. Los trabajadores apenas sí tienen derechos sindicales, pueden ser despedidos en cualquier momento sin motivo alguno y si protestan en las calles, la policía está autorizada a reprimir violentamente e incluso a disparar a matar. Desde que terminó la dictadura explícita de Pinochet en 1990, la fuerza pública ha asesinado -en un clima de casi absoluta impunidad- a más de sesenta manifestantes, entre trabajadores, estudiantes y miembros de la minoría mapuche. Todos los gobiernos han recurrido a la aplicación de la ley antiterrorista de la época de Pinochet, que priva de derechos a los detenidos y permite procedimientos aberrantes, como los testigos protegidos, cuyas declaraciones anónimas y no corroboradas pueden enviar a alguien de por vida a la cárcel. La policía sigue aplicando sistemáticamente la tortura de detenidos. Chile está entre los diez países con la distribución del ingreso menos equitativa del mundo, con más del 80% de sus habitantes endeudados y con un estado permisivo con las clases patronales, a las que les permite todo tipo de abusos e incluso la usura.
Durante el gobierno de Piñera, como han podido ver todos en todo el planeta, y según la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la policía ha empleado métodos brutales de control de las manifestaciones, incluyendo golpizas y torturas e los niños y jóvenes detenidos, abuso sexual de niñas detenidas en los buses policiales, aplicación de tormentos como el submarino contra estudiantes, asesinato premeditado de un niño no participante en un barrio pobre que fue atacado por la policía, homicidio frustrado de otro vecino, niños quemados con químicos por la policía, espionaje a dirigentes sociales y políticos de izquierda y otras incontables y horrorosas violencias. Aparte los manifestantes muertos y heridos, el gobierno ha detenido en los últimos meses a más de cinco mil manifestantes. En este contexto, el gobierno ha ejercido presión indebida contra los jueces, amenazándolos con estropear sus carreras en el poder judicial si no se ponen del lado del gobierno y aplican mano dura contra los detenidos -mano dura significa dictar prisión preventiva y aceptar de buenas a primeras las pruebas del ministerio público. Esta es quizás una de las más graves amenazas al estado de derecho.
Este régimen brutal, casi de excepción, es lo que explica la llamada estabilidad. Y algo más: ciertamente sin la colaboración de la izquierda tradicional esto no hubiese sido posible. Al final de la dictadura, la Concertación no sólo aceptó una Constitución aberrante (que, entre otras cosas, permite que la empresa privada se apropie y comercialice recursos naturales, como el agua) y un sistema electoral ridículo, sino además la ideología neo-liberal que necesita y predica todos estos abusos. La clase política chilena se ha convertido en una autocracia codiciosa, que sólo gobierna para proteger sus propios intereses y que ha llegado a intolerables extremos, como nombrar en el Senado o Cámara Baja a personas que nunca fueron ni siquiera candidatos (como una conocida senadora de ultraderecha a la que llamamos la Cerdita Nazi, o a un senador de extrema derecha –Larraín, RN- que, como presidente de su partido, se nombró a sí mismo). Entre otras de las conocidas impudicias de la clase política (derecha e izquierda juntos) se encuentra esta: los senadores y diputados se han fijado a sí mismos los sueldos más altos del mundo. Recibe cada uno al mes unos 32 mil dólares, la mitad por concepto de dieta parlamentaria. En sus cuentas privadas, recibe cada uno pues 16 mil dólares (recuérdese que el salario mínimo chileno es de 300 dólares). Otra impudicia de la clase política es que se han fijado periodos bastante largos sin límites a la "re-elección". Así, hay senadores que lo han sido durante más de 20 años. El cargo de senador dura 8 años. Un senador recibe durante su cargo un millón 536 mil dólares (16 mil dólares por 96 meses), y por hacer exactamente nada.
Así, amigos y lectores extranjeros, juzguen ustedes si Chile es una democracia de verdad. La mayoría de los chilenos decimos que es una farsa. Chile es una dictadura encubierta, el país entero una práctica colonia penal. Y necesitamos que el resto de mundo se entere y nos ayude a recuperar la democracia que perdimos hace tantos años. Por favor, cuéntenlo, explíquenlo, difúndanlo. Chile no es una democracia.
lísperguer
