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columna de mérici

plan con mar para bolivia


columna de mérici
Ayer firmaron Bolivia y Chile, anunció la prensa, "un inédito plan de cooperación militar". Este plan incluye intercambios académicos, participación en operaciones de paz y transparencia en gastos militares.Estos son algunos de los trece puntos en la agenda bilateral, que también incluye la demanda boliviana de una salida al mar (emol).
El propósito de este amplio plan es construir confianza. "Bolivia ha reclamado de manera permanente su salida al mar, pero somos conscientes que hablarlo de una manera franca y directa no es posible sin un proceso previo de confianza mutua", dijo el ministro de Defensa boliviano, Walter San Miguel.

Destacó también el ministro que en el último año hubo, en las relaciones bilaterales, más logros que en los últimos treinta años.

Uno de esos logros o gestos fue el igualmente inédito homenaje que rindió este año el ejército chileno al héroe boliviano Eduardo Abaroa, que murió en la Batalla de Topater en 1879, durante la Guerra del Pacífico.

Felizmente se vislumbra una ruta hacia una salida al Pacífico para Bolivia, ahora que ambos países han renunciado a las posturas intransigentes que asumieron desde 1978, cuando retiraron a sus embajadores respectivos.

Lejos estamos de la ceguera e intransigencia del presidente Lagos, que, según recuerdo, en 2004 retiró de su cargo al cónsul chileno en La Paz por expresar simpatía por el anhelo boliviano de salir al mar.

La clase política chilena había adoptado una intransigencia en torno a esta demanda que a veces delataba una profunda xenofobia -como se puede advertir en las inopinadas declaraciones de entonces del señor Tarud.*

Hasta hoy, se oponían en todos los tonos y recurriendo a todo tipo de argumentos y triquiñuelas, siquiera a tocar el tema de la salida al mar. Siempre se argumentó que era imposible llegar acuerdos con Bolivia porque este país era demasiado inestable. Pero desde hace ya veinte años Bolivia ha perfeccionado bastante su sistema político y pese a los disturbios y frágil situación política de estos días, se ha convertido en un país ni más ni menos estable que otras naciones sudamericanas. Lejos estamos de la época en que en Bolivia los presidentes duraban un promedio de seis meses.

Además, en realidad si Bolivia es estable o no compete a los chilenos. Chile también ha conocido períodos de inestabilidad. ¿Qué país hubiese querido llegar a algún acuerdo con Chile durante la larga dictadura pinochetista? Entonces los no fiables éramos nosotros.

Argumentaban también los políticos que, en caso de ceder una franja territorial, Chile no podía en ningún caso ceder también la soberanía en ese tramo. Esto se transformó en un escollo insuperable, habida cuenta que Bolivia había también había convertido esta demanda en una exigencia irrenunciable.

En esto veo yo más razón en la postura boliviana que en la chilena. ¿Qué importancia tiene que la soberanía en esa franja la ejerza Bolivia? Todavía tiene Chile cuatro mil kilómetros donde ejercer una soberanía vacía de contenido. Obviamente que aun si sólo fuera por razones de orden público, la demanda de Bolivia es muy razonable. Y las intenciones chilenas de continuar humillando a Bolivia siguen careciendo de sentido.

¿Qué terrible mal nos caería encima por ceder esa soberanía? Por lo demás, nadie ha dicho que en esa franja no sea posible ejercer una soberanía compartida. O que podamos llegar a acuerdos sobre asuntos que atañan a la seguridad nacional de Chile o de ambos países.

También ha Bolivia abandonado la estrategia de confrontación de exigir mar por gas. Nunca tuvo esta estrategia ningún sentido y sólo sirvió para fortalecer en sus posiciones a los más nacionalistas. Bolivia ha debido entender, y debe hacerlo si aún no lo hace, que esa estrategia es contraproducente, que la perjudica terriblemente y que fortalece a la postura antiboliviana. Hoy en día, no debiesen intervenir criterios arbitrarios en las relaciones comerciales. Si Bolivia quiere vender el gas que Chile necesita, debe hacerlo de acuerdo a las habituales leyes del mercado, sin la operación de criterios ajenos al mercado.

Al contrario, el fortalecimiento de los lazos económicos podría conducirnos a un estado de mutua dependencia, que no puede sino redundar en beneficios para ambos países.

Es sobre la base de relaciones económicas necesarias que Chile y Bolivia podrán cosechar más frutos en una relación que seguramente significará para Bolivia la anhelada salida al Océano Pacífico.

También se argumentaba que Chile y Bolivia habían ya firmado una serie de convenios y tratados y que nada había que hablar sobre el asunto, una postura ciega y obtusa que, aparte su falsedad, demuestra una enorme rigidez, intransigencia e hipocresía. Bolivia ha estado siempre, desde que tropas chilenas se hicieran con parte de su territorio, en una situación de supeditación. No sé qué valor pueden tener tratados firmados poco menos que a punta de pistola, o con administraciones corruptas.

O se responsabilizaba a Perú, que se opondría a una salida al mar para Bolivia en virtud de que esta se cedería en territorios antiguamente peruanos. Pero si esta es de verdad la posición peruana, es igualmente espuria.

Yo creo que tanto Perú como Chile han considerado durante décadas que había que impedir o contener el desarrollo de Bolivia, al que veían como una amenaza. Pero este punto de vista anticuado, para decirlo generosamente, está felizmente dando paso a la constatación contraria: que el subdesarrollo y enclaustramiento boliviano es un obstáculo y una fuente de tensión en las relaciones multilaterales.

También suelen los políticos recurrir a las encuestas de opinión. Una muy notoria fue un chapucero plebiscito en Arica en 2006, que naturalmente ganó el segmento nacionalista de la población -mucho más acentuado en el norte que en el resto del país.

Un nacionalismo bien entendido nos haría ver que la mejor estrategia para asegurar la paz y estabilidad regional, es una Bolivia en camino al desarrollo, y para este desarrollo necesita urgentemente esa salida al mar. Una Bolivia entrampada en la miseria no le sirve ni a los bolivianos ni a Chile ni a nadie. Sería hipócrita, o delataría una increíble ceguera, pretender que el enclaustramiento de Bolivia no ha contribuido a su actual subdesarrollo.

Finalmente debiésemos entender, chilenos y bolivianos, que poco tenemos ya que ver con esos conflictos perimidos y que, dejando de lado las disputas entre nuestros ancestros, es nuestro deber avanzar en la solución de unas relaciones empantanadas sin gran motivo. Ningún chileno puede sentirse orgulloso de las tropelías de las tropas chilenas, que saquearon y cometieron actos de salvaje violencia contra ese pueblo hermano. Ambos países pueden negociar razonablemente, y conservando sus tradiciones militares respectivas, sin empecinarse en la defensa de las mismas posiciones que entonces terminaron en ese conflicto. Estas tradiciones no deben impedir el reconocimiento de que una franja marítima ayudaría enormemente a Bolivia a salir de su actual subdesarrollo y abandono.

Chile y Bolivia parecen pues estar iniciando una nueva relación de incalculables beneficios para ambos.

Siempre he soñado con que Bolivia, Chile y Perú debiesen conformar un solo territorio, un poco al modo de las autonomías españolas: con fuerzas armadas y policiales integradas, pero cada país con su propio parlamento y sistemas jurídicos federales y regionales, recibiendo cada país los aportes necesarios de los otros y distribuyendo los recursos destinados al desarrollo de acuerdo a las necesidades de todos y cada uno. Como España, o incluso la Unión Europea, constituiríamos una sola región, con libertad de circulación de su población, con mercados compartidos libremente y con un sistema jurídico supranacional.

Es un sueño. Pero una salida al mar para Bolivia nos acercaría más a él. En última instancia, beneficia igualmente a Chile ceder esa franja marítima. "El desarrollo de Bolivia y su participación en la vida económica, social y cultural del sur de América es un reto histórico y ceder una salida al mar por Chile constituiría también para nuestro país un acto histórico de solidaridad y nobleza" (mérici).

* Hay que señalar que las posiciones más nacionalistas, que rechazan todo diálogo y obviamente la cesión de territorios a Bolivia del modo que sea, las adoptan políticos llamados de izquierda, como el señor Tarud (PPD). El senador de extrema derecha Jorge Arancibia (UDI) es partidario de conceder una franja con soberanía a Bolivia. Creo que es lo único en que coincido yo con alguien de extrema derecha. Eso es un nacionalismo bien entendido, que comparto (radio u.chile [2006]).

[mérici]
[mérici]


¿queremos abolir la pena de muerte?


columna de mérici
[Comisión del Senado aprueba protocolos para abolir pena de muerte en Chile]. Hace unos días informaba el diario de la Cámara que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con estos dos instrumentos internacionales se proseguirá la campaña para abolir la pena de muerte.
En Chile no se ha abolido completamente la pena de muerte. Por aberrante que parezca, las fuerzas armadas todavía pueden aplicarla. En el Código de Justicia Militar se encuentra toda una serie de faltas que pueden ser sancionadas con esta muerte, particularmente en estado de guerra. Salpicadas por el código se encuentran delitos que pueden ser igualmente sancionados, desde el amotinamiento hasta la traición y espionaje, pasando por el secuestro con homicidio, rebelión, etc.

Naturalmente, sería un aberrante sin sentido tolerar que las fuerzas armadas siguieran conservando estos privilegios. Los protocolos aprobados por la comisión impedirían la suspensión del derecho garantizado incluso en casos de situaciones excepcionales, como guerra o conmoción interna, aun si han sido proclamadas oficialmente.

Pero los delitos o faltas susceptibles de ser castigados con pena de muerte en el código militar no forman parte de estos protocolos. El Ejecutivo ha decidido formular una reserva para "delitos perpetrados en tiempo de guerra". En el protocolo mismo no se admite ninguna reserva, "con excepción de una que
prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempos de guerra".

El segundo protocolo es el de la Convención Americana de Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en 1990 y suscrito por el estado chileno en 2001. El protocolo prohíbe la aplicación de la pena de muerte dentro del territorio de los países signatarios, " incluidos aquellos casos excepcionales en que todavía está vigente y respecto de los cuales será necesario formular una reserva".

Pero ¿estamos los chilenos de acuerdo con que se derogue la pena de muerte? No recuerdo que la ciudadanía haya sido consultada. Y la aprobación de estos protocolos se produce en momentos en que muchos ciudadanos exigen su reposición. Se han cometido y cometen crímenes horrendos para los que es difícil imaginar otra pena que la muerte. Pensemos en los militares y civiles que durante el gobierno militar secuestraron, torturaron, robaron, asesinaron e hicieron desaparecer a tantos ciudadanos inocentes. ¿Hay otra pena posible para ellos?
Esta es una pregunta en gran parte retórica, porque pese a la gravedad de esos delitos, los torcidos jueces de nuestros tribunales de justicia han optado por actuar de alcahuetas de esos criminales, encubriendo sus delitos y dictando penas que constituyen una verdadera burla de la ciudadanía.

Sin ir más lejos, ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó la condena del criminal que asesinó al Padre Joan Alsina Hurtos, de cinco a tres años y un día, y la rata goza ahora de libertad vigilada. Por un crimen tan horrendo e injustificado, el criminal ni siquiera ha pasado un día en la cárcel (en La Nación). ¿Se llama justicia a esto? Sin embargo, pocos pueden imaginar para este criminal, y otros similares, otra pena que la muerte.
También ayer, las hienas que asesinaron al periodista Jaime Aldoney fueron condenadas a apenas cuatro años de presidio, y gozan igualmente de libertad vigilada (en La Nación). Estos peligrosos criminales se pasean hoy libremente por las calles del país. No sería extraño que fuesen estas mismas ratas las que conspiran para asesinar a la jueza Eliana Quezada, que investiga el homicidio del Padre Woodward, y a la que han llamado amenazándola de muerte (en La Nación).

Pero no son solamente los jueces quienes protegen a esos criminales. El propio presidente Lagos era (es) partidario de cerrar ese capítulo de nuestra historia, echando a la calle o permitiendo que sigan en la calle los salvajes y sádicos criminales que, bajo apariencia humana y protegidos por el uniforme militar, actuaron con tanto injustificado odio contra sus propios compatriotas. Lagos llegó incluso a otorgar indulto a la hiena que degolló al padre del diputado Tucapel Jiménez. Un acto aberrante el cometido por el Mandarín, que la ciudadanía rechazó rotundamente en su momento.

Pero ciertamente la ciudadanía viene pidiendo la reposición de la pena de muerte para otros delitos cuya comisión sí implicaba en el pasado ese castigo. Los asesinatos cometidos por motivos económicos (los delincuentes que asesinan a sus víctimas, por ejemplo), los que violan y matan a niños y mujeres, para nombrar algunos crímenes aberrantes. Hoy, los delincuentes asesinan impunemente a quien se les ponga por delante. Y existe la percepción en la ciudadanía de que en realidad los jueces, tal como ocurre en el caso de los militares culpables de violaciones a los derechos humanos, los encubren y protegen.

En los últimos casos se han presenciado numerosos casos de asesinos dejados inopinadamente en libertad y otros que han recibido penas ridículas, provocando la intervención de las autoridades judiciales.

De hecho, los jueces interpretan muy a su manera incluso la pena de presidio perpetuo. En realidad el presidio perpetuo es más bien una figura retórica, porque significa apenas cuarenta años, los que con buena conducta se reducen a veinte y a veces hasta menos. Esto igualmente es simplemente burlarse de la ciudadanía. A veces en una corte se cruzan ladrones de gallinas condenados a cinco o más años en camino a la cárcel, con salvajes criminales condenados a tres y en camino a la libertad, como acaba de ocurrir ayer.

Estas situaciones son completamente inaceptables y dañan gravemente la convivencia y estabilidad social del país. La ciudadanía se siente abandonada y burlada, y no son sentimientos buenos para nadie.

¿Por qué aplican los jueces criterios tan blandos en casos de militares culpables de los terribles crímenes que conocemos? ¿Tienen una suerte de pacto con ellos, a espaldas de la ciudadanía? ¿Han sido amenazados y no se atreven a hablar? ¿O son en realidad cómplices? ¿Por qué aplican penas tan leves y beneficios carcelarios tan abundantes para notorios y peligrosos criminales?

Para empeorar las cosas, los políticos acaban de dictar una nueva ley que introduce el principio de la desigualdad ante la ley, amenazando con pena de presidio perpetuo a quienes maten a un fiscal (‘No somos iguales ante la ley').

Nadie quiere jugar a Dios y decidir sobre la muerte de otros individuos que suponemos, algunos, tienen el mismo origen que nosotros (es decir, que son humanos y deben su vida finalmente a Dios). Al mismo tiempo, se debe imponer justicia y proteger a la sociedad. Debemos combinar este imperativo de justicia con nuestros convicciones éticas más profundas.

En Italia existe todavía una ley que penaliza a algunos delincuentes con calabozo a pan y agua o una pena similar de tiempos remotos. Pero nadie la sufre. Los italianos mantuvieran esa pena, que es simplemente la cárcel de todos los días, por razones de orden simbólico, para señalar la gravedad con que se consideran esos delitos.

Yo creo que la pena de muerte debe ser repuesta, no para significar ejecución efectiva, sino para señalar la gravedad con que la sociedad considera algunos delitos de sangre y significando, de hecho, automáticamente, presidio perpetuo efectivo. Con esto lo que quiero decir, es que esas personas condenadas a muerte deben efectivamente salir de prisión con traje de palo y sin gozar nunca de beneficio alguno.

Felizmente, en los nuevos protocolos se establece justamente que al derogar la pena de muerte, se aplicará la pena de "presidio perpetuo real para aquellos delitos en los cuales se contemplaba la pena capital".

Suena bien. Ahora falta ver qué dirán los jueces.

[diario de la cámara]
[mérici]



la paja en el ojo ajeno


columna de mérici
[Parlamentarios chilenos limitan reelección] De tanto mirar la paja en el ojo ajeno, los parlamentarios chilenos se han finalmente convencido de limitar la reelección de senadores y diputados. Constatemos que se demoraron nada menos que diecisiete años en lograr esta extraordinaria proeza.
Así informa hoy el diario de la Cámara . El proyecto de ley -acunado por los diputados Edmundo Eluchans (pinochetista), Jorge Burgos (demócrata-cristiano), Juan Bustos (socialista), Alberto Cardemil (pinochetista) y Guillermo Ceroni (oficialista)- contempla la modificación del artículo 51 de la Carta Fundamental, que establece que "los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos" -es decir, indefinidamente.
En la nueva legislación propuesta, los senadores sólo podrán ser reelegidos una vez; los diputados, dos veces. No queda claro por qué no se limita la reelección de estos últimos a un sólo término, como los senadores.

La moción viene fundamentada, según dicen las Señorías, en que "es indiscutible que la circunstancia de que las personas ejerzan los cargos públicos por períodos muy largos de tiempo atenta contra la renovación de ideas y propuestas, en contra de la eficiencia y buen ejercicio y, además, en contra de la seriedad, respetabilidad e independencia de las instituciones donde se cumplen esas funciones. Adicionalmente, pueden ser fuente de corrupción".

Loables sospechas, ciertamente, pero ¿de dónde viene esa "indiscutible circunstancia"? ¿Han estudiado Señorías estudiado estos casos en otras legislaturas del mundo, de otros períodos históricos o actuales, o se basan sólo en propia experiencia? Si fuera esto último, mucho nos agradaría que nos dijeran qué senadores y diputados pecan de ineficientes y poco serios, y cuáles de corruptos. Porque imagino que, después de diecisiete años o más -sí, los hay- de apernamiento, sabrán por qué dicen lo que dicen.

Claro, yo, cuando los veo a veces en la tele, no puedo dejar de compararlos con payasos. Pero eso debe ser subjetividad mía, aunque también hay otros columnistas que suelen compararlos igualmente con payasos.

Hace unas semanas despotricaban sus Señorías porque el presidente Chávez, de Venezuela, quiere guardar la posibilidad de ser reelegido indefinidamente -después de 2012, que es cuando termina su mandato. Les parecía inaceptable. Razón suficiente para llamarle dictador y tirano. Peligro para la democracia. Algunos incluso le llamaron hasta negro bocón y otras lindezas. Un hombrecillo sin coco, miembro del grupo de amigos, llegó a compararle con Hitler, informándonos que el presidente había cometido un genocidio secreto que sólo él conocía. Además, Chávez es un comecuras, alegó.

Pero las Señorías no acusaron a ningún presidente más de ser tirano por querer ser reelegido. Pienso que habida cuenta que la lista de países democráticos donde los presidentes pueden ser elegidos indefinidamente, como Holanda, Francia, Grecia, Portugal, Lituania, etc., es bastante extensa, quizá les habrá parecido demasiado ir llamando tiranos y dictadores a todos ellos y uno por uno con grave riesgo de estropear las relaciones diplomáticas con esos países (véase ‘Más sobre Chávez y el fascistín Aznar' aquí ).

Pero, sin duda, este es un paso positivo. No sé si será una verdad establecida que la permanencia prolongada en el poder corrompe necesariamente. Para mí, esto huele más a conseja de vieja del Siglo de Oro que a otra cosa. (El Príncipe Bernardo de Holanda, ex nazi, se había corrompido y como Pinochet, cobraba comisiones por la venta de aviones de guerra. Pero al Rey Juan Carlos no se le conoce ningún acto de corrupción). Claro que hay casos notorios de corrupción. La historia de nuestra América está inundada de casos de tiranos corruptos. Y también el resto del mundo.

La corrupción tiene, sin embargo, muchas facetas. Nuestro Putrefactor saqueó los fondos reservados al más puro estilo tropical, tal un Batista, o un Somoza. Y, emulándolos, se abrió para él y su parentela más de 120 cuentas bancarias, fundó consorcios imaginarios en islas apenas existentes, traficó en cocaína y armas, y hasta robó la espada del Libertador O'Higgins y otros tesoros históricos de la patria. Su señora se robó las joyas del fondo de reconstrucción nacional para lucirlas en su propio pescuezo. (Otra pareja, los Ceaucescu, se hicieron construir palacios de mármol y oro; ella era, por ley, co-autora de todos los libros que se publicaban en su país, Rumania. Sufría de delirio de grandeza).

Como digo, si sus Señorías dicen que el poder prolongado corrompe, por algo lo dirán.

Y también es cierto que no es necesario, en muchos casos, permanecer demasiado tiempo en el poder para corromperse. A veces bastan apenas semanas. Basta mirar los numerosos gobernantes que tuvo Bolivia hasta hace unos años, en que el promedio del mandato presidencial era de apenas seis meses.

Así que desde ahora, de aprobarse definitivamente el proyecto, los senadores podrán ser reelegidos una sola vez -vale decir que podrán gobernarnos y cobrar esos siete millones y medio al mes durante 16 años -1.440 millones de pesos- y los diputados, 12 años -o sea, 1.080 millones de pesos.

Parece que nuestras Señorías no llaman corrupción a la práctica de fijarse ellos mismos sus salarios. Ni debe parecerles extraño que sean, después de Estados Unidos, los parlamentarios mejor pagados del mundo.

Pero ¿no les parece demasiado 16 años? ¿No es mucho 12 años? Yo creo que, si son reelegidos por los ciudadanos en elecciones democráticas -como en Venezuela-, no veo porqué tendríamos que armarles barullo. Aunque no recuerdo que nadie me haya preguntado, ni a mí ni a ningún otro ciudadano qué pensábamos sobre este asunto.

Lamentablemente, nuestra democracia no se parece a las otras, y menos a la venezolana. En nuestro país, nuestro voto vale medio voto, como valía el voto de las mujeres a principios del siglo veinte. Nosotros elegimos en elecciones directas sólo a la mitad de los senadores y diputados. La otra mitad no es elegida por nadie. O, mejor, los eligen los burócratas de los partidos. La impone la propia ejecución del sistema. Esa farsa se llama sistema binominal.

Y ser senador o diputado sin ser elegido, y encima por períodos tan prolongados, no les parece a sus Señorías que sea corrupción ni nada parecido.

Pues piensan nuestras Señorías que un presidente reelegido democráticamente, si no es chileno, es un tirano, y un senador no elegido por nadie, pero apernado en el poder indefinidamente antes, y a partir de hoy, si Dios quiere, sólo 24 años, si es chileno, un dechado de virtud, y si no es chileno, un déspota sanguinario, aunque no haya cometido crimen alguno.

Lógica de payasos. Le preguntaremos al señor Morales por qué exactamente 12 y 16 años, y no, por ejemplo, 41, y y 19. Porque realmente no creo que haya criterios objetivos para determinar el turno que tendrá cada político para saquear las arcas públicas.

[diario de la Cámara]
[mérici]

operación tenaza contra venezuela


columna de mérici
[Estados Unidos redondea planes para provocar golpe de estado en Venezuela e instaurar una dictadura como la de las hienas pinochetistas].
Ayer se publicó en varios órganos de prensa online un documento recuperado de la embajada norteamericana en Caracas -probablemente por la inteligencia venezolana- en el que el autor, un funcionario de esa legación diplomática, detalla los planes de intervención que Estados Unidos ya ha puesto en marcha para desestabilizar ese país.
El autor del memorándum confidencial es Michael Middleton Steere; su destinatario, Michael Hayden, director de la CIA.
La operación contra Venezuela ha sido bautizada como ‘Operación Tenaza'.

El autor empieza su informe constatando que, según las encuestas de intención de voto, el Sí a las reformas constitucionales ganaría el referéndum con una ventaja de entre diez y trece puntos porcentuales sobre el No (57% para el Sí; 44% para el No). Según el agente, "esta tendencia es irreversible en el corto plazo, es decir, en los próximos quince días no se pueden modificar esos porcentajes de manera significativa".
La tendencia se mantiene pese a las deserciones en el campo de los bolivarianos (el movimiento Podemos, el ex ministro Baduel, por ejemplo), que han logrado sin embargo restar unos seis puntos a la aprobación de las reformas.

Por esta razón, dice el agente, "esta oficina recomienda ejecutar lo previsto en el Plan para la Operación Tenaza".

El agente norteamericano detalla varios elementos de la estrategia de intervención norteamericana: la primera que menciona es que se proponen "impedir el referéndum o desconocer sus resultados", pese a que llamarán a votar por el No. Aunque suenen contradictorias, dice el agente, "es necesaria su combinación".

Para fundamentar esta estrategia, la embajada norteamericana ha instalado una firma de sondeos que difundirá informaciones falsas sobre las elecciones y sus resultados. De hecho, esta firma, y otras, ya han empezado a difundir intenciones de voto estrafalarias que han sido desmentidas por casi todos los órganos de prensa internacionales.
Al mismo tiempo, se iniciará una campaña de desinformación y difamación para levantar sospechas de fraude sobre la Comisión Electoral. Esta parte del plan será reforzada por la contratación de expertos universitarios "que por su prestigio académico hace creíble" las acusaciones de manipulación de la Comisión, arrojando dudas "sobre la tinta y el comportamiento de las máquinas de votación".

Para el 2 de diciembre mismo se pretende "empantanar el acto de votación" difundiendo en primeras horas de la votación informaciones falsas sobre los resultados. Para esta operación se contará con "medios de comunicación a nivel internacional". Otra táctica que tratarán de implementar es la que llama "Vota y Quédate" (en los locales votación) para imposibilitar la votación.

El agente menciona a sus principales aliados en esta estrategia de intervención norteamericana: el Comando Nacional de la Resistencia y Acción Democrática. Destaca la colaboración de Peña Esclusa y Guyon Cellis, y Richard Nazario, que se encargarían con esos grupos de "diseminar en todo el territorio nacional pequeños focos de protestas, que generen un cima de ingobernabilidad, permitiendo culmina en el levantamiento general de una parte sustancial de la población".

Prosigue el agente que se intensificarán los esfuerzos por aislar a Venezuela en el campo internacional e incrementar la presión en las calles en los días previos al 2 de diciembre, ejecutando "acciones militares de apoyo a las movilizaciones y tomas propagandísticas", que deberán culminar con "aprestos operacionales de nuestras fuerzas acantonadas en la base aledaña. El apoyo de los equipos externos provenientes del país verde y azul, esta coordinado, la acción marítima de azul esta prevista y, las fronteras con verde en los puntos determinados está libre". En este lenguaje codificado, la base aledaña a la que se refiere son las bases militares que ha instalado Estados Unidos en el lado colombiano de la frontera colombiano-venezolana. "País verde" es probablemente Colombia; "país azul" es Curaçao, donde ese país tiene también una importante base militar (véase en aporrea).

La realización de este plan debe culminar en un golpe de estado. Para el día 2 mismo se prepara "controlar una franja territorial o institucional [...] en un lapso de 72 a 120 horas, tiempo estimado como lapso mínimo para detonar la fase ascendente de las acciones previstas, donde se contempla el pronunciamiento militar". Las fuerzas armadas implicadas en este plan de golpe de estado norteamericano son elementos de la Guardia Nacional.

Descubierto el plan norteamericano, el gobierno venezolano parece haber emprendido ya algunas acciones, entre ellas, aparentemente, la dispersión por el territorio de los elementos de la Guardia captados por Estados Unidos. Pero no sabemos si esto será suficiente. El gobierno venezolano debe hacer frente a una grave amenaza.

El plan, en general, es muy similar al diseñado por el presidente Richard Nixon para intervenir en Chile. Las "acciones militares" a que se refiere serán probablemente asesinatos y atentados contra personas e infraestructura, como hicieron en Chile -pagados por la embajada norteamericana- grupos pretendidamente fascistas, como Patria y Libertad. La idea de asesinar a ciudadanos en la calle ciertamente forma parte del plan de desestabilización, para crear un clima de caos e inseguridad y ahuyentar a los ciudadanos de las urnas. Igualmente se aplicó en Chile, llegando las fuerzas norteamericanas a asesinar, en 1970, al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Chile; y asesinando posteriormente a su sucesor, el general patriota Carlos Prats, en un atentado en Buenos Aires.

Los motivos de la intervención son igualmente similares. En el caso chileno, la CIA había fijado la fecha del golpe para el 19 de septiembre de 1973; pero enterada la embajada norteamericana del plan del presidente Allende de llamar a un referéndum sobre su gobierno, el embajador ordenó a Pinochet adelantar la fecha del golpe para el 11 de ese mes -un día antes de que Allende pudiese comunicar al país su intención de llamar a votación.
Se quería pues impedir la votación por los mismos motivos: la mayoría de la población chilena apoyaba los cambios que estaban siendo introducidos por el gobierno socialista. Incapaz de convencer a la ciudadanía, no veían otro recurso que sobornar a generales rastreros -como el ordinarísimo y codicioso Augusto Pinochet- para montar un golpe de estado.

De concretarse los planes norteamericanos, lo más probable es que se instale en Venezuela una dictadura tan prolongada y violenta como la pinochetista, cuyo fin será igualmente el exterminio de los opositores para restablecer el imperio de las clases ricas y sus patrones norteamericanos. Probablemente, como en Chile, los militares antipatriotas repartirán las empresas estatales entre las familias ricas de ese país mediante el artilugio de las privatizaciones. Una dictadura semejante haría retroceder terriblemente a Venezuela en todos los ámbitos, y especialmente en el social, anulando los derechos conquistados por las clases trabajadoras y reduciéndolas, como en Chile, a la condición de esclavos y siervos.

La campaña de asesinatos en la calle ya ha empezado y se ha cobrado varias víctimas, entre chavistas y no chavistas (léase aquí un caso reciente) http://vulcano.wordpress.com/. Como en el golpe frustrado de 2002, las fuerzas paramilitares de la oposición no harán diferencias entre uno y otro bando, siendo su objetivo encender los conflictos y crear una situación de caos e ingobernabilidad. En 2002 el patrón Carmona, que se nombró presidente -y que fue tan prontamente reconocido por Aznar, incluso antes de que su nombramiento fuese oficial-, mandó a matar gente de la manifestación que había montado él mismo, a fin de culpar al gobierno del presidente Chávez (véase esa historia en ‘Qué descubrió Otto Neustald').

Junto a esto, según otras fuentes, Estados Unidos estaría además conspirando con Colombia para invadir Venezuela desde las bases norteamericanas en la frontera. Así lo ha informado, y se desprende además del documento que comentamos, la abogada norteamericana Eva Golinger (véase ‘El golpe que viene').
En esta estrategia, según Golinger, "la operación tiene como objetivo final la insurrección armada que permita la intervención de las fuerzas estadounidenses" (según se lee en prensalatina).

La amenaza norteamericana es grave. Y es de esperar que el presidente Chávez pueda erradicar de modo definitivo ese terrible peligro para la democracia y la libertad de Venezuela. No sería nada de bonito que Estados Unidos regionalizara su intento de intervención.
En este contexto, los norteamericanos deberían recordar hay intereses y objetivos estadounidenses sembrados por toda América, y que los hay también en su propio territorio.
La idea de un conflicto semejante, o de que se instaure en Venezuela una dictadura como la de las hienas pinochetistas, es simplemente escalofriante.

El memorándum de la embajada se encuentra en
[piensaChile]

La historia de los asesinatos cometidos por el patrón Carmona se encuentra en
[mérici]

Análisis de una ideología antichavista
[mQh]

[mérici]


niños, víctimas olvidadas del terror


columna de mérici
Se inauguró en estos días una muestra de la artista visual Marta Durán sobre niños encarcelados durante el régimen militar. Se trata de ‘Proyecto 188' y se exhibe en la Sala Mezzanina del Congreso, en Valparaíso. Abierta al público todos los días de nueve de la mañana a cinco de la tarde (según informa el diario de la Cámara ).
Es un capítulo poco conocido de la historia reciente del país y pocos recuerdan estos hechos como un capítulo aparte de la historia de la represión. Pero muchos niños y niñas, incluso de muy corta edad, fueron secuestrados, con o sin sus padres, sometidos a salvajes torturas, violaciones colectivas y otros inhumanos vejámenes. Muchos niños nacieron en cárceles y campos de concentración, producto de las violaciones de las tropas y agentes pinochetistas.

En el documento que invito a leer (‘Niños bajo dictadura: las víctimas olvidadas ', de Tico Tricot) se narran hechos espantosos. Según señala Ana Cortez, de la Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, "son muchos los que fueron víctimas de tortura intrauterina, personas que nacieron en prisión; personas cuya gestación se debe a las reiteradas violaciones de sus madres en regimientos y centros de tortura; personas que fueron secuestradas para que sus padres se entregaran a los organismos de represión; personas que fueron secuestradas y detenidas en comisarías, hogares de menores o cárceles".

Tania Salas tenía sólo cinco años cuando fue detenida con sus padres. A fines de 1987 las alimañas de la CNI irrumpieron en su casa y golpearon durante horas salvajemente a todos los miembros de la familia. A ella y a su hermanito los golpearon con varillas. A su padre lo sometieron, a vista de los aterrorizados niños, a un simulacro de fusilamiento.
Luis Salas, el hermanito, cuenta que "nos golpearon a todos, además que se toparon dos grupos y discutieron y pelearon entre ellos, ofreciéndose balazos. Por eso la situación era muy tensa, a mí me tiraban del pelo y me preguntaban dónde había cosas enterradas, a mi papá le quebraron tres costillas".
Los agentes irrumpieron en la casa de al lado, donde vivía otra parte de su familia. Los obligaron a desnudarse y les golpearon salvajemente, encerrándolos luego en un cuarto.

Según las investigaciones del autor, "al menos 80 niños de 15 años o menos murieron como consecuencia de la represión y casi 700 niños quedaron huérfanos cuando sus padres fueron detenidos y desaparecidos".

Cómo no recordar los terribles vejámenes a que fueron sometidos niños y madres en Argentina. Los militares secuestraban a mujeres acusadas de oponerse al régimen o de ser comunistas o judías y eran violadas por los jefes de las tropas. Mantenidas en cautiverio durante el embarazo, tras dar a luz las asesinaban y daban sus hijos recién nacidos en adopción o los vendían a parejas militares. En Chile, muchas mujeres fueron violadas -la rata pinochetista de nombre humano Raúl Iturriaga Neumann reclamaba el derecho, como jefe, de violar a las detenidas.

La práctica de secuestrar a toda una familia, encerrar a sus miembros en un cuarto, obligarles a desnudarse en absoluta promiscuidad -hombres y mujeres, niños y adultos- para golpearles luego salvajemente, ha sido también común en otros regímenes dictatoriales. Esos crímenes los cometieron también, por ejemplo, las tropas y paramilitares serbios al mando del dictador comunista Milosevic, en Yugoslavia. Allá los familiares debían incluso golpearse y matarse entre sí. Luego los sobrevivientes eran igualmente ultimados, lo que celebraban esas bestias con gran regocijo. Son escenas del infierno.

A las hienas que cometieron estos crímenes quieren algunos chilenos perdonar. Quieren que perdonemos y olvidemos y nos reconciliemos. Otros, más feroces, todavía celebran esos crímenes. Llaman venganza a la exigencia de justicia.

Pero sin justicia no habrá siquiera una esperanza de reconciliación. E incluso con justicia, nada tenemos que hacer con esas gentes que se apartaron de la familia humana. Sólo deben volver al lugar de donde, encarnados en seres humanos, emergieron a la Tierra para extender su reinado del infierno.

27 de noviembre de 2007
[cc mérici ]



otro ejemplo de la bestialidad militar


columna de mérici
El 19 de octubre de 1973, un grupo de militares conocido como Caravana de la Muerte mataron y enterraron a 26 ciudadanos chilenos. Uno de los implicados, el entonces capitán Carlos Minoletti Arriagada, escapó a Estados Unidos el 5 de septiembre de 1988. Ayer decidió entregarse a la justicia chilena.
Este capitán no participó directamente en las ejecuciones, pero fue quien se encargó de enterrar los cuerpos.
Pero a fines de 1975 o principios de 1976, se encargó de desenterrar los cuerpos y lanzarlos al mar.
Entre este grupo de hienas, destacan dos: el capellán Luis Jorquera Molina, "que encargó de engañar a los familiares diciéndoles que se desconocía el paradero de los cuerpos y que los prisioneros fueron ejecutados al intentar fugarse durante un traslado".
El segundo macabro personaje fue el cabo Luis Concha Cid, "les cortaba los dedos con un corvo para robar anillos y argollas de matrimonio".
Esto fue durante la campaña de la mujer de Pinochet, que pedía a los ciudadanos que donaran sus joyas para ‘reconstruir' el país. Sabemos dónde terminaron muchas de esas joyas: en el propio pescuezo de la señora Hiriart, según descubrió su ministro Madariaga.
¿Le habrán enviado a ella esas joyas rescatadas tan salvajemente de esos chilenos ultrajados antes y después de su muerte?
¿Dejarán nuestros jueces también en libertad a esta hiena?

En el campo de prisioneros de Pisagua se saludaba a los que llegaban como ‘prisioneros de guerra' -un juego de palabras como acostumbraban los nazis, pues en Chile la última guerra tuvo lugar en el siglo diecinueve. Los nazis, en los campos de trabajos forzados y exterminio, saludaban a sus víctimas diciéndoles: "El trabajo libera". Luego eran llevados a las cámaras de gases, diciéndoles que se debían asearse para empezar la jornada de trabajo. En 1974, el dictador declaró a Chile país miembro de la civilización occidental y cristiana. Otra burla similar de la bestia sedienta de sangre.

Fuente:
La Nación

[mérici]

no somos iguales ante la ley


columna de mérici
Que no somos iguales ante la ley es algo que sabemos, en Chile, desde que adquirimos uso de razón. La miseria, los abusos de las autoridades, la impunidad de los poderosos, los cotidianos maltratos a manos de las fuerzas de orden, las torturas y humillaciones de los pobres en comisarías y reparticiones públicas nos lo recuerdan a diario. Sin embargo, según nuestra Constitución, somos iguales ante la ley. Este principio no sólo es violado a diario por autoridades y jueces. Hace unos días, nada menos que el Senado acaba de confirmar, y establecer, por encima de la Constitución, que no somos iguales ante la ley.
Durante la tiranía, quien osara reclamar este principio terminaba secuestrado, torturado, robado, vejado y asesinado. A veces, incluso, se torturaba, violaba y asesinaba a los hijos y mujeres de los secuestrados; no porque hubiesen cometido algún delito que desencadenara la furia de los militares y agentes de las policías secretas, sino como método de tortura y por simple capricho. A veces, para hacerse con las propiedades de los secuestrados. Nunca en nuestra historia vivimos un régimen tan abyecto como el impuesto tan injustificadamente por las instituciones armadas.

Nos habíamos acostumbrado a que no éramos iguales ante la ley. Y nos habíamos acostumbrado a que las leyes no valían nada; tanto es así, que ni siquiera eran respetadas por los jueces.

Nos prometieron el retorno de la democracia, que finalmente no lo es. Pensamos que con este retorno a una cierta normalidad, si no democrática, al menos sin los crímenes horrendos, y arbitrariedad del régimen anterior, recuperaríamos ese principio perdido. Nada de eso. Al contrario, ahora, la clase política que reemplazó al dictador, intenta, como aquel, proteger a los que considera suyos; si Pinochet firmaba decretos de amnistía para las alimañas de sus servicios de seguridad y militares, la clase política hoy firma leyes que introducen la desigualdad ante la ley, en beneficio de su propia clase.

Hace unos días el Senado aprobó un proyecto que sanciona con cadena perpetua el asesinato de un fiscal y otros "defensores penales en el ejercicio de sus cargos" (en el diario de la Cámara ). El proyecto fue aprobado por un grupo bastante variopinto de senadores, compuesto por Soledad Alvear (demócrata-cristiana), Alberto Espina (liberal de derechas), José Antonio Gómez (social-demócrata), Hernán Larraín (pinochetista) y Pedro Muñoz (socialista).
Según el diario de la Cámara, "la iniciativa castiga con pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (entre 20 y 40 años), a quien mate a un fiscal del Ministerio Público o a un Defensor Penal Público en razón del ejercicio de sus funciones".
El texto establece toda "una escala de sanciones para quien hiera, golpee o maltrate a estos funcionarios. De esta forma, si la persona queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme, el agresor recibirá una pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años).
"Si al ofendido las lesiones le producen enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, la sanción será de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años), a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).
"Las lesiones menos graves recibirán una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años); si hay lesiones leves o no se produce daño alguno, el castigo será de reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días), más el pago de una multa de 11 a 20 UTM ($371.239 a $674.980)".
El proyecto también sanciona, nada menos que con hasta cinco años de cárcel, a quien amenace a un fiscal o defensor público.

No he leído ni visto los alegatos, si los hubo, a favor de esta insensatez. Imagino que tendrá que ver con la causa mapuche, a la que el estado y la clase que nos gobierna quiere someter a cualquier precio, para llevar a buen término la campaña de pacificación empezada a fines del siglo diecinueve; también, quizás, con las frecuentes amenazas dirigidas a fiscales por delincuentes y comerciantes de drogas prohibidas (prohibidas por esa misma clase). Está claro, obviamente, que se quiere amedrentar a los ciudadanos. No está claro el porqué.

¿Creerán nuestros senadores que esta ley impedirá que algún ciudadano deschavetado, o en busca de justicia o reparación, asesine a un fiscal? ¿No han oído hablar nunca de asesinos a sueldo? ¿Acaso no se cometen crímenes en Chile, pese a la abundancia de leyes que los sancionan?

Este documento delata una impresionante falta de coherencia. Lo peor es que para amenazarnos, los senadores han decidido subvertir nuestra Constitución. Aclaremos, de paso, que estos señorones que nos oprimen en nombre del pueblo no fueron, la mitad de ellos, elegidos por nadie. Simplemente se nos imponen sin más. Para ello recurrieron a un invento patentado por la dictadura comunista polaca: el sistema binominal.

En Chile, según nuestra Constitución, somos iguales ante la ley. Lo establece el apartado 2 del Artículo 19 del Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, de la Constitución Política de la República de Chile. Cito: "La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados".

Remata luego, muy a propósito en nuestro caso: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

Pero condenar a presidio mayor calificado o a presidio perpetuo calificado a quien mate a un fiscal, mientras que por el asesinato de otras categorías de ciudadanos las penas son mucho menores, ¿no contradice la Constitución y la subvierte, justificando jurídicamente que los ciudadanos no somos iguales ante la ley? ¿En qué lógica se basa que quitarle la vida a un fiscal no es lo mismo que quitársela a una dependienta de banco, un jardinero municipal, un conductor de buses o un médico? ¿Por qué los familiares de un fiscal asesinado pueden enterrar en vida al autor del crimen, y los familiares de otros chilenos asesinados deben soportar que los asesinos salgan de la cárcel en apenas unos años, o que, a veces, ni siquiera cumplan pena de prisión? No me refiero a los casos de los violadores de derechos humanos, que son casos impresionantes que demuestran que el poder judicial chileno, en gran parte, sigue protegiendo a criminales. Me refiero a casos comunes en la sociedad civil.

Habrá que preguntarles a los senadores por qué no han seguido legislando sobre las penas que corresponden a los asesinos de otras categorías de chilenos. ¿Cuántos años de cárcel vale la vida de un panadero, cuántos la de un taxista, jinete de hipódromo, dueña de casa sin oficio, jubilado, carpintero, sacerdote, jornalero, bombero, director de cementerio? Y podríamos todavía hilar más fino: ¿Cuántos años de cárcel vale la vida de una mujer, de un niño, de un comunista, de un liberal? Sospecho que los senadores no recogerán este guante.

Pero todavía hay más. Nuestros payasos tienen una imaginación desbordante. En el nuevo proyecto de ley se establece que los años de presidio dependerán también de los efectos de la agresión. Si el fiscal quedase "demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme", recibirá el autor una pena de entre diez años y un día y quince años. Lo que vale para otros ciudadanos (agravantes, atenuantes, edad), no se aplica en estos casos de muerte de fiscales. ¿Por qué?
Pero lo impresionante es que la nueva ley introduce una modalidad de castigo que es absurda, pues establece que si el fiscal, por ejemplo, queda demente, la pena será mayor que si no queda demente , aumentando la pena y asumiendo que la intención del autor era causar su demencia. Esta es una argumentación absurda, propia de un régimen dictatorial, e indigna de un país que dice estar en transición a la democracia.

Lo más cercano que se me viene a la memoria, para colocar este modo de pensar en algún contexto reconocible, son los argumentos de los personajes de ‘El Planeta de los Simios'. O quizás de ciertos alegatos fascistas, que sostienen que el pensamiento es acción, según decían algunos, por lo que se podía condenar a los ciudadanos a duras penas de reclusión por el solo hecho de pensar. O el razonamiento de algunos militares jibarizados, que pretenden que no hay delito si las autoridades no encuentran los cuerpos de las personas asesinadas -que será difícil porque los mismos criminales se han encargado de hacerlos desaparecer.

Me parece a mí que será difícil determinar si la intención del autor de un crimen semejante se pueda hacer equivaler al resultado de su agresión. Imagino que el autor del crimen no pensará necesariamente en los resultados de su agresión, que no puede determinar de antemano. Pongamos el caso inverso: Si a raíz de un atentado contra su vida, el fiscal recupera la visión de un ojo estropeado, ¿se liberará al agresor o se le agregarán todavía más años?

Luego viene la estrambótica pena por amenazas. ¿Querrán nuestros senadores encerrar a las madres que, en momentos de gran dolor, tensión y amargura cuando se condena a uno de sus hijos, gritan descontroladas amenazas incluso de muerte? ¿Y qué definirán sus señorías como amenaza? Si se grita al fiscal: Ojalá te mueras, mamón, ¿es una amenaza? Si se le dice: Te deseo una muerte lenta y dolorosa, ¿es una amenaza? Si se escupe al fiscal, ¿es agresión? Si se le escupe, pero no se da en el blanco, ¿es igualmente agresión? ¿O es quizás homicidio frustrado? ¿Y los desprecios con melena, cuánto valen? ¿Cinco años, tres años? Y si al fiscal se le envía una encomienda con algo putrefacto dentro, un ratón por ejemplo, ¿es amenaza también?

Sin embargo, la Constitución es clara: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

¿En qué macabro circo han convertido nuestros políticos el Senado?

 

[cc mérici]


qué hacer con los jueces parias


columna de mérici
En las últimas semanas, diferentes salas de la Corte Suprema han firmado dos resoluciones contradictorias. La primera la redactó la Segunda Sala, y en ella condena a miembros del llamado Comando Conjunto por el homicidio calificado del militante comunista Carlos Humberto Contreras Maluje el 2 de noviembre de
1976. La pena fue ridículamente leve -tres años y un día por un delito calificado por la propia corte como homicidio calificado- y otorga a los condenados el beneficio de la libertad vigilada. Estos peligrosos criminales se pasean ahora libremente por las calles de nuestro país.
Este tipo de condenas ridículas en relación con el delito, a lo que lamentablemente los jueces nos han acostumbrado en su larga historia de colaboración con la jauría militar y su historial de denegación de justicia, constituyen una agresión constante a la conciencia de los chilenos. Cometen los jueces un delito moral incalculable, porque reafirman la creencia popular de que esos criminales siguen gozando de la inmerecida y aberrante protección de nuestros tribunales de justicia. Y parecen decirnos: Si quieren justicia, nuestros tribunales no son el lugar donde buscarla. La justicia habrá que encontrarla en otro lugar.
Esta resolución de los jueces de la Segunda Sala -formada por Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Jaime Rodriguez y Hugo Dolmestch- incluye sin embargo un reconocimiento fundamental en la jurisprudencia chilena. Me parece que nunca se dijo antes tan claramente que nuestras leyes, en el estado de las civilizaciones occidentales hoy en día, deben estar subordinadas, al menos en el capítulo de derechos humanos, al derecho internacional.
Los acusados habían pedido la aplicación del decreto de amnistía emitido por el Putrefactor en 1978, alegando, también, la prescripción de su crimen.
La resolución dice -y la citaré nuevamente in extenso, que:

"Que, por haberse cometido el delito en el contexto de violaciones a los derechos humanos, graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado que pretendían excluir, hostigar, perseguir o exterminar a quienes fueran contrarios al régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973, tratándose específicamente en el caso de autos de la eliminación de una persona militante del Partido Comunista, es decir perteneciente ideológicamente al régimen político recién depuesto, cabe concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de ‘lesa humanidad', calificación que trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el referido ilícito, así como declarar su prescripción, conforme a las reglas imperativas del derecho internacional o ius cogens, que - tal como ha sido declarado en anteriores fallos - tiene prevalencia sobre la legislación nacional. Las reglas del ius cogens son verdaderas normas jurídicas en sentido sustancial, suministrando pautas o modelos de conducta, a partir de las cuales surgen obligaciones erga omnes, que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica.
Esta Corte reitera una vez más que los principios del derecho internacional y las normas del derecho consuetudinario, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre las leyes internas, aún cuando no se encuentre traducido en tratados o convenciones obligatorias para Chile"

Se opuso a esta interpretación, como lo hace habitualmente, uno de los jueces parias de Chile -Nibaldo Segura-, que no solamente rechaza la noción de que las leyes chilenas deben estar subordinadas al derecho internacional -como lo reconocen prácticamente todas las democracias occidentales, a excepción de Estados Unidos-, sino además se ha caracterizado por su defensa de los criminales más perversos de nuestra historia.
En su argumentación, sin embargo, pero sin que se entienda cómo llegó a esa conclusión, confirma lo que sabemos y hemos sabido siempre casi todos los chilenos de buena fe: que "tampoco se ha acreditado que el 12 de Septiembre de 1973 [existiera] en Chile una rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno". Su lógica es asaz torcida, porque pareciera que debido a esto o debido a la ausencia de un conflicto entre partes que pudiese definirse como guerra (se lee en su argumentación: "No se ha acreditado que en la época en referencia [existiera] en Chile una oposición entre dos fuerzas armadas o bien entre las fuerzas armadas de Chile y uno o más grupos armados que desconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno"), no cabe contemplar la aplicación del derecho humanitario. Brillante absurdo que los otros jueces rechazan justamente alegando que las reglas de ius cogens fijan normas de conducta "que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica".
Las ratas condenadas son Freddy Ruiz Bunguer, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Giumpert Corvalán, César Palma Ramírez, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Saéz Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez (fuente para esta sección: El Mercurio online ).

La segunda resolución es el fallo apenas unos días después de la Sala Penal de la misma Corte Suprema también en un caso de derechos humanos: el fallo que aplicó la prescripción del delito en el caso de los asesinatos múltiples cometidos por el militar Claudio Lecaros Carrasco el 15 de septiembre de 1973 -cuando asesinó a tres ciudadanos chilenos: Cesario Soto, Vidal Riquelme y Rubén Acevedo.
En este caso, votaron a favor de la prescripción de un delito que es claramente un delito de lesa humanidad o contra la humanidad los jueces Rubén Ballesteros y, faltaba más, Nibaldo Segura, dos jueces parias que se han caracterizado por su defensa de los criminales más salvajes de nuestra historia. Y un abogado pinochetista José Fernández. En contra de esta resolución aberrante votaron los jueces Hugo Dolmestch y Jaime Rodríguez. La mayoría pinochetista fue circunstancial, pues el abogado paria reemplazó en la Sala al ministro Alfredo Chaigneau, que reconoce la primacía del derecho internacional.
Este fallo aberrante ha provocado que el abogado Nelson Caucoto demande al estado chileno, nuevamente, por una grave denegación de justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase La Nación).

Qué duda cabe que, como en casos anteriores, Chile será nuevamente castigado y objeto de escarnio en la escena internacional.

Es asombroso que una misma Corte Suprema no se ponga de acuerdo en principios tan fundamentales y que son definitorios del ordenamiento jurídico chileno. No es simplemente posible que una misma Justicia aplique criterios contradictorios, que parecen ser, además, igualmente admisibles. Por los mismos delitos, un grupo de jueces absuelve a un criminal, y otro, a metros más allá, lo condena. Nuestra Justicia se parece así bastante al Palacio de la Risa, que sabes cómo entras pero no sabes cómo vas a salir, y a veces sales desmelenado, y a veces caes de pie. Es francamente una ridiculez. Esto no se parece en nada a lo que debe ser una verdadera Justicia, que debería implicar la adopción de criterios uniformes ante los cuales los ciudadanos sabríamos a qué atenernos. Hoy en día, un militar puede cometer un crimen en la convicción de que quedará impune, y otro en la creencia de que será castigado. Y los dos tienen razón.

¿No es posible hacer nada contra estos jueces innobles e inmorales que persisten en burlarse de las víctimas de esos crímenes inhumanos, que recurren a cuanto truco y triquiñuela encuentran para proteger a esos militares cobardes y permitirles escapar de la acción de la justicia? ¿No podemos eliminar del poder judicial a los jueces pinochetistas, que tergiversan el espíritu de las leyes para defender a esos monstruos?

El gobierno hace la vista gorda y se justifica diciendo que no puede intervenir en asuntos que competen al poder judicial. En otras palabras, justifica el actual estado de cosas -la versión Palacio de la Risa del poder judicial. Sólo que cuando los jueces actúan en conciencia y condenan a esos criminales, puede aparecer un presidente -como Lagos- que, aun pretendiendo ser enemigo de la dictadura, otorga indultos -contra las disposiciones del derecho internacional- a sanguinarios criminales, como el que degolló a Tucapel Jiménez y que, gracias al Mandarín, se encuentra en libertad.
Las autoridades políticas chilenas, y entre ellas en primerísimo lugar, el gobierno, se burla llanamente de los ciudadanos, pretendiendo que debemos aceptar tanto que los jueces apliquen el derecho internacional -que es lo que venimos reclamando desde hace décadas- como que no lo apliquen, porque deberíamos aceptar su interpretación de la justicia como un tribunal de tómbola.

¿Qué pretende el gobierno? Su actitud de aparente respeto por la independencia del poder judicial es otro nombre que se da a la complicidad, a hacer la vista gorda, a pretender, como los partidos de derechas durante el régimen de la Bestia, que no están en casa. La actitud del gobierno es derechamente equivalente al delito de denegación de justicia. Y, obviamente, ha de ser denunciado en organismos internacionales.

¿O pretenderá que los ciudadanos se tomen la justicia por sus manos?

Sin embargo, la idea de que el gobierno está atado de manos y de que nada puede hacer para enmendar el curso de la justicia es igualmente una falsedad. El gobierno tiene dos maneras de intervenir en el poder judicial para lograr que nuestra justicia se adapte a las nuevas normas del derecho internacional y se acerque un poco más a las civilizaciones occidentales del planeta. Hoy por hoy, Chile, como su poder judicial, sigue siendo un paria en la comunidad internacional.

El primer instrumento está en manos del presidente de la república, pues es él o ella quien nombra a los jueces o ministros integrantes de la Corte Suprema, sobre la base de una nómina de cinco personas que es propuesta por la Corte Suprema con aprobación del Senado (según determina el Capítulo VI, Poder Judicial, de nuestra Constitución Política). El presidente debe simplemente rechazar todo nombramiento, o todo candidato que según sus informaciones sea simpatizante de ideologías criminales -entre ellas, el pinochetismo. Si hoy tenemos jueces de inclinaciones criminales en nuestros tribunales es porque han sido nombrados, algunos de ellos, por presidentes de la Concertación.

Obviamente, lo más cuerdo sería expulsar del poder judicial a todo juez o ministro de la Corte Suprema que haya sido nombrado durante el régimen dictatorial, por el origen ilegítimo de su nombramiento. Pero imagino que esto será mucho pedir para los políticos de ese acomodaticio conglomerado.

Pero el gobierno tiene otro instrumento que podría utilizar contra estos jueces parias. El artículo 79 del mismo Capítulo VI, citado antes, establece que "los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia substancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones".
En caso de, por ejemplo, denegación de justicia o su administración torcida, que es nuestro caso, podemos seguir una de dos alternativas: demandar al juez, el que será expulsado del poder judicial "por causa legalmente sentenciada", que es ciertamente el camino más pedregoso y más incierto; o, como establece el artículo 80, por requerimiento del presidente de la república, "a solicitud de parte interesada, o de oficio", la Corte Suprema podrá declarar "que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría total de sus componentes".

Si este mecanismo para remover de sus funciones a jueces corruptos o que se han destacado en la defensa de los bárbaros criminales pinochetistas en violación de las normas del derecho internacional*, lo establece nuestra propia Constitución Política, ¿cómo explicar las aseveraciones oficiales de que no pueden hacer nada? Ciertamente, en estos casos sería una tarea fundamental del gobierno procurar que los ciudadanos -todos los ciudadanos- puedan regirse por una sola interpretación de la ley y que tengan igualmente acceso a la justicia. Esto no lo garantiza el gobierno cuando pretende que debemos aceptar del mismo modo tanto que un grupo de jueces condene a quienes mataron tan vilmente a esos ciudadanos, como que los absuelva. Esto, francamente, es una estupidez. Se llama derechamente denegación de justicia. Y de esta denegación de justicia -que habrá que recordar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se hace culpable no solamente el ‘autónomo' poder judicial, sino también las más altas autoridades políticas del país. En la Corte, se ha de acusar tanto a los jueces como al gobierno mismo que permite que esos tribunales persistan en denegar justicia a los ciudadanos cuya defensa es precisamente una de las funciones del gobierno.

El gobierno, pues, cuando pretende que no puede hacer nada, simplemente está mintiendo.

*Quiero insistir en que el derecho internacional no es un cuerpo externo de normas, sino que Chile deberá aceptarlo porque está siendo desde ya juzgado por su respeto a este, por más que se oponga en estos momentos su gobierno y su clase política, por la sencilla y lúcida razón expuesta en el fallo de la Segunda Sala en el caso del Comando Conjunto, de que las normas del derecho internacional "existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en una fórmula legal no cambian su naturaleza jurídica". En otras palabras, poco sentido tiene enterrar la cabeza en la arena. Lo que hacen los jueces hoy, y lo que acepta el gobierno haciéndose por ello cómplice, es una grave denegación de justicia tal y como está contemplada en el derecho internacional, y podrán ser siempre juzgados de acuerdo a sus normas, reconozcan o no su primacía (ius cogens).
Por ello resulta aberrante la argumentación de los políticos de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, de que el derecho internacional viola la soberanía de Chile (véase el alegato a favor de la impunidad de las ratas pinochetistas en La Nación). El derecho internacional tiene siempre vigencia, lo reconozca o no el gobierno o la clase política. No entiendo por qué argumenta la derecha de ese modo absurdo, sabiendo por experiencia que el derecho internacional disfruta de primacía fuera de nuestras fronteras, lo que permitió en su momento el arresto de la Bestia en Londres. Por la misma razón, cualquier personero o político chileno que se haya hecho culpable de delitos contemplados en el derecho internacional, podrá ser aprehendido fuera de nuestras fronteras. La presidenta Bachelet misma podría ser aprehendida si persiste en eludir sus responsabilidades como gobernante. Pero, obviamente, esto último es más bien ciencia ficción política -aunque teóricamente, insisto, no se puede descartar.

Carlos Larraín, cabecilla de RN, y que no cuenta en su familia con gente asesinada por militares chilenos, pretende aceptar, por ejemplo, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas a condición de que se excluya a los militares chilenos culpables de este delito -una idea francamente idiota porque la Convención se aplicará a los chilenos les guste o no, en primer lugar, y, luego, porque los delitos que cubre la convención son crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad y son por tanto inamnistiables, por lo que, obviamente, no se puede excluir ni a los militares chilenos ni a ningún otro sujeto en el mundo culpable de ese delito.
Sin embargo, ayuda saber que Renovación Nacional, pese a sus protestas de lo contrario, sigue apoyando a la dictadura pinochetista y justificando los crímenes que cometieron esas ratas ponzoñosas. De liberales, ciertamente, estos partidos no tienen nada, excepto quizás el elogio de la codicia.
Entretanto, en relación con la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, en Uruguay (véase Página 12 ) y Argentina (Página 12 ) ya se han reabierto juicios y/o se ha adaptado la legislación interna para poder perseguir a militares culpables de ese delito. Y Chile sigue haciendo el ridículo.

[mérici]

véase también
[mérici]