columna de mérici

payasos caradura

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columna de mérici

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En otro lugar , el diez de diciembre del año pasado, me preguntaba yo si acaso efectivamente los parlamentarios chilenos legislarían para limitar su propia reelección.

Hay senadores que llevan veinte años en el cargo -es decir, que fueron instalados por el dictador Pinochet, cuando la función de senador no era un cargo electo. (Hoy, por virtud del sistema binominal, los chilenos sólo eligen directamente a la mitad de sus senadores y diputados).

Transcribo esa nota aquí:

Como se anunció en la prensa, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó una moción que restringe la reelección de senadores y diputados.

Los legisladores hoy pueden ser reelegidos todas las veces que quieran, sin límite alguno.

De aprobarse la moción, los senadores, cuyo cargo dura ocho años, sólo podrán ser reelegidos una sola vez. O sea, podrían ocupar el cargo por un máximo de 16 años.

Los diputados, cuyo cargo dura cuatro años, podrán ser reelegidos dos veces; o sea, podrán ocupar el cargo durante 12 años.

El parlamento debe votar la próxima semana [mediados de diciembre] si limitan o no su propia reelección. Si nos atenemos a las actuaciones de muchos senadores y diputados que protestaron contra la intención del presidente venezolano de hacer posible la reelección indefinida del cargo de presidente, deberíamos creer que votarán abrumadoramente por la moción.

Sin embargo, considerando el dinero que ganan los parlamentarios chilenos (7,5 millones al mes; el segundo salario parlamentario más alto del mundo), muchos, y yo entre ellos, dudamos que aprueben limitar sus propias reelecciones, porque dejarían voluntariamente de percibir esos ingresos.

Un diputado elegido por un período de 4 años, gana 360 millones de pesos (90 millones al año; 720 mil dólares ). Si es reelegido (8 años), ganará pues 720 millones (1.440.000 dólares); si es nuevamente reelegido (12 años) ganará 1080 millones de pesos (2.160.000 dólares).

Un senador elegido por un período de 8 años ganará 720 millones; si es reelegido (16 años) ganará 1440 millones de pesos.

El salario mínimo es de 144 mil pesos (288 dólares). En julio de este año, los parlamentarios lo subieron en 7 mil pesos (14 dólares) (era de 137 mil). Hace un mes, los parlamentarios se subieron su propio sueldo en 450 mil pesos. Antes este año ya habían subido sus propios sueldos, cuando se repartieron los salarios de los senadores designados que ya no existen.

Bien. Les invito a apostar.

¿Votarán los parlamentarios a favor de limitar sus reelecciones? Sí o No.

Segunda pregunta:

¿Quiénes estarán más a favor de limitar la reelección: los de la Concertación, o los de la Alianza? (También tomando en cuenta a los independientes).

Les invito a jugar. La votación real tomará lugar la próxima. ¿Descubriremos la verdad?

Fuentes
[diario de la cámara]
[el mercurio]
[mérici]
[mérici]
[mQh]

Todavía no podemos responder al enigma, aunque lo que ha ocurrido es ciertamente un indicio. Existían sospechas, algunas de las cuales fueron comentadas en la prensa, de que los legisladores tratarían de eludir las consecuencias directas de la aprobación de esta moción -que limita la reelección de los parlamentarios- aceptándola a condición de que entrara en vigor de aquí a diez o quince años. De este modo, la clase política actualmente en el poder protegería sus intereses inmediatos.

Pero los políticos tenían otra carta en la manga, que nadie había anticipado. El 18 de diciembre se reunió la Cámara Baja para discutir este proyecto. Informó el Diario de la Cámara que "la discusión proseguirá en una próxima sesión, por haber concluido el tiempo del Orden del Día".
Hasta hoy, 6 de enero de 2008, no se ha vuelto a tocar el tema. Mucho me temo que el proyecto sea archivado y debamos seguir soportando la inmoralidad de nuestra clase política por tiempo indefinido. Los ciudadanos no podemos obligar a sus Señorías a discutir este o ese proyecto de ley. Ni podemos obligarles a renunciar a sus privilegios. Ni podemos obligarles a que se sometan al escrutinio de las urnas, porque la mitad de ellos no son elegidos.

El proyecto ha sido simplemente dejado de lado. Dentro de unos días, entran nuestras cámaras en receso. Cuando regresen en marzo, el tema habrá sido olvidado.

Y los payasos millonarios se siguen riendo de nosotros.

[mérici]

obra del padre patrick desbois

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columna de mérici

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Esta escalofriante foto proviene del archivo del Padre Desbois, que lleva años investigando y documentando el destino de los judíos de Ucrania durante la ocupación nazi (1941-1945). Se trata de testimonios y materiales inéditos que están siendo expuestos en el Memorial de la Shoah en el barrio del Marais en el centro de París, Francia.

La foto muestra la ejecución de civiles judíos a orillas de una fosa común. En la siguiente, la fosa donde cayó ese hombre, sesenta años después -arrancada por testigos al cómplice olvido de nazis y soviéticos y después.

El Padre Desbois empezó su proyecto -documentar el destino de los judíos en Ucrania- hace algunos años entrevistando al último peldaño de la máquina de matar nazi: costureras que remendaban las ropas arrancadas a los prisioneros judíos que iban a ser asesinados, excavadores de las fosas comunes, cocineros que alimentaban a los soldados nazis.

Más tarde obtuvo más testimonios en el campo ucraniano. Niños que presenciaron ejecuciones masivas de prisioneros, mujeres violadas y desnudadas antes de ser asesinadas y arrojadas a fosas comunes, hombres y mujeres enterrados vivos, quemados vivos. Muestras de la inhumana crueldad y demencia nazis.

No olvidemos que las víctimas de la barbarie nazi podrían estar hoy con sus familias celebrando estos festivos.

Como esos tres mil chilenos asesinados durante la barbarie pinochetista.

Dirección del Memorial de la Shoa en París:
17 rue Geoffroy L'Asnier
75004 PARIS
Barrios : Bastille-Marais
Acceso bus : 96, 69, 76, 67, Balabus
Subterráneo : Saint-Paul, Hôtel-de-Ville, Pont-Marie.
Acceso RER : A, B, D, Châtelet les Halles

texto original en inglés
[The New York Times]

 

texto en español
[mQh]

[mérici]

calles y plazas con nombres de criminales

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columna de mérici

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No conozco en Chile ninguna calle que lleve el nombre del demonio. Ninguna calle de Satanás. Ninguna de Lucifer. Ninguna de los otros numerosos diablos menores que pueblan la dimensión del infierno. Ninguna calle ni plaza de Abigor, de Belzebú, de Abraxas, de Agalariept, de Alastor, de Bael...

Ninguna plaza que celebre al Señor de la Codicia, Aamon, otro habitante del infierno.

Al menos en Chile, tampoco conozco ninguna calle de Hitler, ni calle o plaza de Himmler, o de Goebel, ni otros chacales nazis. Ni calle de Stalin, ni calle de Idi Amin Dada, ni plaza de Ceacescu, ni plaza ni calle de Pol Pot, ni rotonda de Milosevic, el dictador yugoslavo. Ni parque de Videla, el criminal argentino. Ni plazoleta de Batista, el tirano cubano.

Tampoco tenemos calles con nombres de asesinos en serie. Ni de simples criminales. No existe una Calle del Chacal de Nahueltoro, para nombrar a uno.

Sin embargo, tenemos numerosas calles, plazas, plazoletas, parques, avenidas y rotondas con nombres de personajes de nuestra historia cuya mera mención provoca el terror y escalofrío de la gente de bien. Hay calles y plazas nombradas en homenaje a notorios criminales de nuestra historia, a los responsables y ejecutores de las peores matanzas cometidas hasta no hace mucho y que manchan de sangre las páginas de nuestro pasado y en particular de las clases pobres del país.

Hay calles y avenidas Pedro Montt, el presidente responsable de la matanza de Santa María de Iquique. Calle llamadas en un insólito homenaje a Roberto Silva Renard, encargado del asesinato de decenas sino cientos de mujeres, niños y hombres de los pueblos mineros de comienzos del siglo veinte. Calle de Ledesma, el coronel que lo acompañaba; calles y plazas de Rafael Sotomayor, otro criminal de entonces; calle Carlos Eastman (véase crónica digital). Rotonda Pérez Zujovic, responsable de la atroz masacre de familias de pobladores desarmados en Pampa Irigoin, cuando carabineros abrieron fuego matando a once de ellos, incluyendo a un bebé de apenas meses el 9 de marzo de 1967 (consúltese aquí).

Tenemos calles y plazas con nombres de seres de deleznables cobardía.

Hoy publica Antonio Gil en su columna en La Nación un alegato contra este tipo de celebración de criminales de nuestra historia recordando la formación en 2004 del Regimiento Reforzado No. 7 Chacabuco, una de cuyas unidades -el Grupo de Artillería No. 3- fue bautizado nada menos que como Silva Renard, el encargado de la cobarde matanza de 1907, por cuya ocurrencia viene el gobierno, por intermedio del ministro Belisario Velasco, de pedir perdón a los chilenos a nombre del estado.

Pero la curiosísima petición oficial no va acompañada de ningún gesto más resuelto. Y uno de esos gestos, que sería ciertamente, bienvenido sería iniciar las medidas necesarias para erradicar a ese notorio y cobarde criminal, y otros de nuestra historia, de las calles, plazas y espacios públicos e instituciones de nuestro país. Sería un bonito gesto de reconocimiento de la profunda demencia y repudio de la injustificada violencia ejercida por instituciones gubernamentales contra los ciudadanos.

Termina Antonio Gil su columna escribiendo: "¿Qué honra el Ejército poniéndole el nombre de un chacal a una de sus fuerzas? ¿Qué herencia de coraje le debe a su memoria? ¿Dónde diablos está el ministro de Defensa? ¿Y los encargados de la conmemoración, nunca se enteraron? Desde estas líneas exigimos enérgicamente que, por respeto a la memoria de los hombres, mujeres y niños masacrados, sea borrado para siempre el nombre de ese asesino alevoso de la historia de Chile y sus instituciones. No es propio de un país civilizado bautizar con nombres de criminales cobardes como ése ni a la más inmunda cloaca".

Esta decisión de llamar con el nombre de ese criminal a una de las unidades del ejército se inscribe obviamente en la permanente campaña de provocaciones de las fuerzas armadas contra el gobierno electo y simplemente contra los chilenos, en el contexto de su proyecto de contaminar la historia de Chile celebrando a ojos vista a sus peores elementos. No han sido pocos los intentos de dar el nombre de Pinochet, uno de los Hijos de Satanás, a calles y espacios públicos del país, logrando sus seguidores sus objetivos en una plazoleta de Linares.

Todavía celebran algunos militares y oficiales de las fuerzas de orden, cuya presencia en el seno de las fuerzas armadas sigue siendo incoherente e incomprensible, los arteros e injustificados crímenes cometidos por las jaurías militares desde 1973 en adelante -como el prefecto Máximo Basualdo en Linares, que sorprendentemente aún sigue en servicio activo -fue tan sólo trasladado después de su llamado, este año, a la sedición, demostrando que la jerarquía militar aún tolera, si no aplaude, las manifestaciones de insubordinación de las ratas pinochetistas en el seno de las fuerzas armadas y de carabineros (véase mérici o mQh y mérici o mQh).

No sabe uno si, pese a sus manifestaciones recientes, el gobierno simplemente persiste en hacer la vista gorda. O si persiste en su insensato proyecto de mezclar aceite con vinagre. No se puede lamentar la Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907 y, al mismo tiempo, obligar a los chilenos a la cotidiana humillación y dolor de pasear por calles y plazas que celebran justamente a los mal paridos que fueron responsables de ese y otros alevosos crímenes. Menos aún que haga la vista gorda cuando los elementos renegados -pinochetistas- provocan a la opinión pública chilena bautizando a algunas de sus unidades con los nombres de notorios asesinos de entre sus filas.

Quizá sería una buena cosa que los ciudadanos empecemos a exigir a los parlamentarios elegidos que se esfuercen por cambiar este estado de cosas y no tengamos los chilenos tener que seguir sufriendo el dolor de calles y plazas con nombres de perversos, como la calle de Pedro Montt, en Valparaíso y otras ciudades, Rotonda de Edmundo Pérez Zujovic, en Santiago, calle de Roberto Silva Renard, la rata responsable de la masacre de 1907, plaza de Rafael Sotomayor...

Es simplemente intolerable y nada justifica que se mantengan esos nombres. Nada bueno hicieron por Chile, y, al contrario, por sus crímenes contra las clases obreras del país, mancharon y siguen manchando nuestra historia y nuestras calles y plazas.

Y, al contrario, deberíamos dejar espacio para honrar en calles, plazas y espacios públicos la memoria de las víctimas de estos chacales, como, por ejemplo, José Santana Chacón o Arnoldo González Flores, algunos de los pobladores asesinados en marzo de 1967*, o con los nombres de los caídos en la Escuela Santa María, si aún pudiesen ser identificados.

[mérici]

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Dar a calles y plazas los nombres de las víctimas de la violencia del estado. Pero también aún es tiempo para pagar reparaciones a las familias de los asesinados en 1967 en Pampa Irigoin.

cómo financiamos la pensión de vejez

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columna de mérici

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En julio, en otro lugar publiqué una breve nota sobre un proyecto de financiación de las pensiones de vejez, que han sido introducidas por primera vez en Chile por la presidenta Bachelet y que será seguramente uno de los grandes logros de su gobierno.

El proyecto sugería que el estado asignase o prestase a los ciudadanos al cumplir catorce años, un importe que debería ser apartado (ahorrado) en algún fondo de inversiones en el país o internacional a un plazo razonable, "de tal modo que al cumplir [...] los 65 años pudiese empezar a cobrar un beneficio mensual, léase pensión de vejez", que según mis cálculos sería entonces muy superior al salario mínimo.*

Yo pedía en esa nota a algún economista que sacase mejor las cuentas que yo y considerase la viabilidad del proyecto.

El proyecto se basa en general en varios sistemas de pensión europeos, donde se ha convertido en una práctica establecida. Mi propuesta era entonces: ¿Por qué no lo adoptemos ajustado a la realidad de Chile?

No se apareció ningún economista a darme una mano.

Hoy (3 del 12 de 2007) publica El Mercurio un editorial con unas reflexiones sobre un proyecto muy similar. Y empieza así: "Ha ganado seguidores la idea de que el fisco subsidie con 15 UF (casi 300 mil pesos) a cada niño que nazca en Chile, depositando ese dinero en una cuenta individual a su favor, con el fin de prefinanciar una pensión básica de 75 mil pesos por mes a partir de los 65 años de edad".

Yo fijé la edad de inicio de este ahorro en catorce años, que es la edad en que el individuo se convierte en ciudadano de pleno derecho en algunos países. Pero bien pudiera rebajarse al nacimiento. No sé cuáles serían las ventajas o desventajas de esto.

El carácter algo técnico de ese editorial me impide seguir todo el argumento. ¿Cómo funcionaría el sistema si esos dineros de inicialización (digamos, el préstamo o asignación) los adquiriese enseguida el mismo estado a modo de préstamo a una renta razonable o suficiente para el logro de ese propósito, digamos a un plazo de 51 años -14 más 51 = 65 años)?

Como quiera que sea, me alegra que es una idea que está ganando seguidores, como dice El Mercurio.

* Este es el texto completo de mi columna de julio en atinaChile :

Cómo Financiamos la Pensión de Vejez
¿Qué ocurriría si cuando un ciudadano chileno cumpliese 14 años de vida, el estado chileno le hiciese un préstamo en la forma de un depósito de 100.000 euros o dólares, por decir algo, o 50.000 euros o dólares en algún fondo de inversiones u otra empresa rentable, en el propio país o en el extranjero, a un plazo de 51 años, de tal modo que al cumplir este ciudadano los 65 años pudiese empezar a cobrar un beneficio mensual, léase pensión de vejez, por ejemplo, equivalente a, digamos, cinco salarios mínimos, hasta su muerte, pudiendo ser esta heredada por su cónyuge e hijos? Obviamente, este depósito debería permanecer intocable durante esos 51 años (tanto por el estado como por el ciudadano).

¿Si uno invierte 100.000 dólares ahora, cuál es el beneficio en 10 años? ¿Cuál es el beneficio en 51 años? Al llegar a los 65 años, ¿cuál podría ser el monto de una pensión mensual durante los próximos, digamos, 30 años? ¿Sería posible, por ejemplo, retirar a los 51 años no todo el monto generado, sino solamente iniciar un sistema de pagos mensuales mientras el resto del dinero sigue siendo invertido? Y, ¿sería posible que el estado se pagara el préstamo inicial?
¿Cuántos chilenos tenemos más de 14?

Bueno, me gustaría que algún colega economista sacara cuentas. Tengo curiosidad por saber hasta dónde podemos llegar con un sistema semejante.

Aquí sigue el editorial de El Mercurio :

Aporte Estatal al Nacer
Previsión: ¿aporte estatal al nacer?
Ha ganado seguidores la idea de que el fisco subsidie con 15 UF (casi 300 mil pesos) a cada niño que nazca en Chile, depositando ese dinero en una cuenta individual a su favor, con el fin de prefinanciar una pensión básica de 75 mil pesos por mes a partir de los 65 años de edad.

Se aduce que esta idea resalta cómo el paso del tiempo, con un mayor horizonte, agranda el beneficio del ahorro. Sin embargo, los aumentos de horizonte también aumentan el sacrificio de ahorrar, pues el consumo se posterga por más tiempo: así, el beneficio neto de ahorrar puede ser nulo o negativo.
Si ahorrar no tuviera costo, sería conveniente que el fisco depositara un subsidio a nombre de cada grupo de niños que aún no ha nacido, incluso antes de la fecha esperada de nacimiento. Por ejemplo, si se otorgara el subsidio 10 años antes de que nazcan y la rentabilidad real fuera seis por ciento anual, bastaría un subsidio de sólo 8,4 UF por niño. Sin embargo, el sacrificio asociado a adelantar tanto el ahorro rebajaría el beneficio neto por debajo de cero.

El economista Ramón Delpiano ofrece otra justificación: que las AFP administrarían el ahorro con mayor eficiencia que el fisco. Para evaluar ese argumento, es esencial controlar por el nivel de riesgo de la inversión. La cuestión es si el fisco obtendría un excedente si emitiera deuda pública de largo plazo y destinara esos recursos a adquirir cuotas del multifondo E) de las AFP, que invierte sólo en renta fija, pues ése es el que tiene igual riesgo. No sería válido comparar con el caso en el que esos recursos se invierten en el multifondo A) —que mantiene en acciones más de 60 por ciento de la cartera—, porque el fisco soportaría un gran riesgo, además de una mayor rentabilidad esperada. Si el sector público no tiene ventajas sobre los privados para especular, el principio de subsidiariedad sugiere descartar esta idea.
Por otra parte, si el fisco lograra algún excedente, ¿cómo debería gastarlo? No conviene otorgar subsidios a personas que fallecen antes de cumplir 65 años, pues en tal caso los recursos son heredados por otros que ya tienen su propia pensión básica. ¿Conviene otorgar subsidios a personas de 65 años que son ricas, o que autofinancian pensiones contributivas superiores a 200 mil pesos al mes? Una pensión universal como ésa sería propia de un Estado de Bienestar.

La universalidad del subsidio eleva el costo fiscal, forzando a subir alguna tasa de impuesto o de retiro de algún otro subsidio, causando nuevas distorsiones. Por las razones indicadas, esta propuesta, aunque bien intencionada y atractiva a simple vista, admite serias discrepancias técnicas en cuanto a su eficiencia.

[mérici]

[atinaChile]

atentado contra templo quedará impune

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columna de mérici

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En otras ocasiones he llamado la atención sobre las agresiones de la dictadura pinochetista a los católicos del país. Quizás era lógico esperar que el régimen militar considerase enemigos a los seguidores de un ideario religioso basado en la piedad, la solidaridad y la justicia social. Un caso significativo de esta postura contra los católicos fue el atentado del 6 de octubre de 1984. Ese día, un grupo de militares colocó una bomba en el Templo de Fátima de Punta Arenas, destruyéndolo.
Pensaban los militares culpar del atentado a grupos de izquierda. La estratagema les falló. La bomba estalló a destiempo, causando la muerte de uno de los antipatriotas (el teniente Patricio Contreras Martínez). Los otros participantes en el atentado (el general Gonzalo Jara Padilla, y los suboficiales (r) Humberto Olmedo Álvarez y Milton Muñoz Campos) no pagarán nunca por este crimen, pues la Corte Suprema de Chile, en un fallo (en octubre) que nuevamente pone en entredicho los avances de la justicia en materia de juicios por derechos humanos y la subordinación a la legislación internacional, viene de sobreseer la causa, alegando su prescripción (pese a que la norma internacional es que los delitos de terrorismo no pueden prescribir).
Parece que los jueces han considerado suficiente castigo que uno de los cobardes perdiera la vida.

La noticia fue publicada hoy 9 de octubre de 2007 en el diario La Prensa Austral de Punta Arenas.

Corte Suprema Puso Punto Final a Caso Fátima
[Santiago/Punta Arenas, Chile]. Después de 23 años. Corte Suprema puso punto final al caso Fátima. Máximo tribunal del país rechazó por improcedente recurso de casación planteado por el abogado del Obispado, querellante en el caso. Aplican la prescripción respecto de la causa seguida en contra de tres militares que estaban procesados por conductas terroristas. Tras el sobreseimiento de los ex efectivos del Ejército, atentado dinamitero fue cerrado definitivamente sin culpables.
La Corte Suprema de Justicia puso punto final al proceso penal abierto en octubre de 1984, respecto del trágico atentado dinamitero que destruyó el templo Fátima en Punta Arenas y que costó la vida del teniente de Ejército, Patricio Contreras Martínez. Con fecha de ayer, la Sala Penal confirmó la prescripción en la investigación en contra del general (r) Gonzalo Jara Padilla, y los suboficiales (r) Humberto Olmedo Álvarez y Milton Muñoz Campos, quienes se encontraban procesados por infracción a la Ley 18.314, sobre conductas terroristas, al colocar una bomba en la mencionada parroquia católica.
En fallo unánime, los ministros Alberto Chaigneau (presidente y redactor), Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, rechazaron el recurso de casación presentado por el abogado querellante del Obispado, Luis Díaz Coñuecar.
De este modo, se confirmó plenamente el fallo de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la que el 23 de enero pasado aplicó la prescripción de la acción penal.
Esto significa que se extingue total y absolutamente la responsabilidad en los hechos investigados, respecto de los tres ex militares procesados en la causa, resolución que le significó -a comienzos del año pasado- permanecer detenidos en recintos del Ejército en Punta Arenas.

"Día Histórico"
En opinión de uno de los abogados defensores, Daniel Mackinnon, ayer, 8 de octubre, fue un día histórico, por cuanto hace 23 años, un día como ayer, se inició formalmente en Punta Arenas el proceso criminal por el atentado dinamitero contra el templo Fátima.
Desde el punto de vista profesional, Mackinnon manifestó su plena satisfacción por el trabajo desplegado durante este año y medio que le correspondió defender a los tres ex uniformados. "Fue un arduo y acucioso trabajo en equipo (aludiendo a la labor desarrollada conjuntamente con su colega Dagoberto Arias), pudiendo demostrar al final que la participación de nuestros procesados quedaba delimitada a cero".
El abogado destacó que se trata de un fallo consistente, de 15 considerandos, dejando claramente establecido que el recurso de casación promovido por la parte querellante fue mal planteado, al no contener ninguna de las siete causales de nulidad que exige el Código de Procedimiento Penal.
La vista de la causa -ante la Corte Suprema- se produjo el pasado miércoles 26 de septiembre, participando en los alegatos los abogados Luis Díaz Coñuecar, por la parte querellante, y los profesionales Daniel Mackinnon y Dagoberto Arias, por los procesados.
El abogado querellante intentó revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, invocando para tal efecto convenios y tratados internacionales, que sostienen que los hechos de lesa humanidad son imprescriptibles, no susceptibles de amnistía. La contraparte, en tanto, planteaba que la prescripción era plenamente aplicable en este caso.
La prescripción de esta causa tras poco más de dos décadas de investigación, fue acordada a nivel local -en enero de este año- con los votos de los ministros Hugo Faúndez y Virginia Bravo. Un tercer ministro, María Isabel San Martín, no compartió tal parecer, inclinándose a favor de lo resuelto por el ministro de fuero Renato Campos, quien denegó dar lugar a la pretensión manifestada por las defensas de los procesados.

Parte Resolutiva
Al cabo de 9 meses del fallo anterior, con fecha de ayer, los magistrados de la Corte Suprema consideraron que el recurso de casación interpuesto por el Obispado no es la vía para recurrir en contra de la sentencia de Punta Arenas, ya que se trata de un recurso de derecho estricto. "Como puede observarse, aparece de manifiesto que el recurrente no señala ni presupone ninguna de las siete causales taxativas que establece el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, único camino que permite fundar un recurso de casación en el fondo en materia penal", dice el fallo.
Y agrega: "Que, dado el incumplimiento de una obligación que correspondía observar exclusivamente al recurrente, en cuanto a precisar concretamente la o las causales que invoca para el acogimiento del recurso, para luego desarrollarla y vincularla con las normas legales que estima infringidas, lo que no se cumple; dada la insuficiencia de su explicación y cita genérica civil, impiden a esta Corte entrar a analizar su procedencia, pues importaría a estos sentenciadores entrar a suponer la causal y los fundamentos del recurso, lo que no permite determinar, con toda precisión, en qué consistió el error de derecho, lo que llevará a su rechazo".
Tras esta sentencia, que exculpa a los tres ex militares procesados en la causa, el atentado queda sin culpables.

[Prensa Austral]
[mérici]

continúa motín ideológico en linares

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columna de mérici

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Ayer publicó el diario La Prensa una de las secuelas del escándalo del 11 de septiembre pasado en Linares, cuando en el recinto de la Prefectura de Carabineros No. 15 el prefecto, Máximo Basualdo, obligó a un grupo de oficiales citado allí sin explicación de motivos a mirar un video donde se justificaba la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 y los crímenes posteriores cometidos por la dictadura (en La Tercera).

Naturalmente, este tipo de actividades políticas en un recinto policial, y además en defensa de los horrendos crímenes denunciados y rechazados como injustificables por todo el mundo, están terminantemente prohibidas. Entre los delitos cometidos por el descerebrado prefecto pinochetista se encuentran los de insubordinación, desacato e indisciplina (véase mérici).

Ecos de este acto de subversión llegaron a los superiores del mentecato y a algunas autoridades políticas. En la ocasión, el senador Jaime Naranjo pidió que se investigara el asunto y se tomaran las medidas pertinentes contra el oficial responsable.

Los delitos cometidos por el prefecto Máximo Basualdo, y su juramento de lealtad al general antipatriota, debían haber sido motivo suficiente para un castigo leve: su expulsión deshonrosa e inmediata de las filas.

Sin embargo, eso no ocurrió, y sus superiores se contentaron con redestinarlo. Esta rata pinochetista sigue pues conservando su posición en Carabineros, poniendo en duda la seriedad y responsabilidad del cuerpo de orden.

Ahora el general Bernales debiera hacer lo que no hizo entonces: expulsar a ese prefecto renegado. Sus acciones deben ser castigadas de la manera más dura, para dejar en claro en las fuerzas de orden y militares que los pinochetistas no serán tolerados en las filas.*

Pero La Prensa nos entrega detalles sobre lo que ocurrió ese día. Tras el bochornoso acto en la prefectura, fue el oficial Fernando Bufadel Pinto, convocado al acto sin conocer su contenido, quien denunció al prefecto, en conformidad con el Código Militar, las actividades sediciosas de este.

Tiempo después el prefecto Máximo Basualdo fue simplemente redestinado. No parece que sus superiores hayan querido enterarse de la extrema gravedad de las acciones de este individuo.

Máximo Basualdo decidió vengarse, según denuncia ahora el oficial Fernando Bufadel Pinto, que acaba de ser marginado de la institución recurriendo a un incidente nimio, por demás explicado y aclarado, en el interior del recinto policial.

Así, mientras la rata es perdonada y reafirmada en sus funciones en otra prefectura, el oficial patriota que lo denunció es marginado de la institución.

Es una decisión injustificable e intolerable. Ojalá el general Bernales tome las medidas pertinentes que las autoridades políticas no se atreven a tomar: el prefecto Basualdo debe ser expulsado deshonrosa e inmediatamente de las filas, y el oficial Bufadel, naturalmente, reintegrado a ellas.

El general Bernales tiene el deber de restaurar en la ciudadanía la confianza en Carabineros, que con este tipo de actos y negligencias se ve seriamente dañada.

¿Qué pasa en Linares que crecen las hienas como la mala yerba? Creo que es la única ciudad del país donde los criminales rebautizaron una plazoleta con el nombre de la Bestia que gobernó Chile durante diecisiete años en persona, y hasta hoy vía su Constitución y otros políticos acomodaticios, arrastrados y codiciosos.

Pues el mismo diario La Prensa nos informa también que los militares planean celebrar un acto en memoria del criminal en la Capilla de Nuestra Señora del Buen Pastor, de Linares, lo que constituye también una seria ofensa a la memoria de las víctimas de la dictadura y de la dignidad de Chile.

En septiembre de 1973, las hienas militares profanaron ese templo convirtiéndolo en centro de reclusión y torturas de mujeres secuestradas por sus jaurías.

¿De qué se trata? ¿Se han unido Carabineros y Fuerzas Armadas de Linares para volver a conspirar, provocar, y ultrajar a la patria?

Ciertamente, es incomprensible que la iglesia se preste para semejante desatino e infamia.

¿O están los curas de Linares también coludidos con el Demonio?

Huele mal en Linares. Y hay que terminar de raíz con ese hedor.

*"Estos hechos son absolutamente intolerables y subrayan una vez más la urgente necesidad de introducir reformas de fondo en Carabineros y otros institutos armados. No es posible que haya todavía oficiales en los institutos de orden y militares del país que crean que es posible recordar de esa manera a los elementos antipatriotas que rompieron el orden constitucional para instaurar un régimen de facto tiránico que por medio de la tortura y el terror atacaron a los chilenos con campañas de exterminio que costaron la vida a más de tres mil ciudadanos" (Motín ideológico en la prefectura).

[mérici]
[mQh]
[mQh]

¿servicio útil o delincuencia encubierta?

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columna de mérici

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Desde hace algunos años han aparecido en las calles de las grandes ciudades del país grupos de menesterosos que, según dicen algunos, se han apropiado del espacio público para extorsionar y robar a los conductores que estacionan sus coches en sus territorios. Originalmente una actividad ilegal, estos grupos -usualmente de hombres- han sido legalizados en algunas ciudades y trabajan hoy, como en Viña del Mar, como acomodadores de autos, gestionando el espacio de aparcamiento en las calles con autorización de las autoridades municipales. Cobran según tarifa establecida y entregan una boleta.

Pero la legalización de estos trabajadores no ha significado el fin de los problemas que se asociaban originalmente con sus actividades ilegales. En torno a los empleados reconocidos -que usan uniforme- se han formado mafias que muy frecuentemente trabajan junto con los empleados oficiales. En muchos casos, después del horario oficial -normalmente después de las nueve de la noche- aparecen nutridos grupos de falsos acomodadores que llegan a operar, en las calles de Viña, incluso hasta las tres de la mañana. Estos acomodadores ilegales pueden romper o dañar los coches si no se les paga, aunque no es tan frecuente que ocurra como se supone.
También los fines de semana -o el domingo-, que es un día de estacionamiento libre, aparecen estas mafias.

Pese a la irritación que ocasionan, sin embargo, creo que la mejor estrategia sería legalizar u oficializar estos nuevos oficios. No sólo se integraría un numeroso grupo a la economía formal, sino además los fondos que fluirían hacia las municipalidades se podrían también utilizar para mantener en funcionamiento el sistema.

La verdad es que los servicios que prestan son útiles. Es común ver en las calles, dentro o fuera de horario, a personas que se dedican al lavado de coches. Pero su principal función es la protección de los vehículos: impedir que sean robados, o impedir que se sustraigan objetos desde su interior, o que borrachos o vándalos o jóvenes parranderos los dañen y estropeen.

Esta es una función útil y que debe ser sometida a reglas. Normalmente los ‘falsos acomodadores' (los que aparecen después de horarios y los domingos) no explicitan a los conductores cuál es exactamente su servicio. Y muchos conductores reaccionan pues enfadados cuando se acercan estos acomodadores por su paga. Es verdad que el ‘falso acomodador' no explicita su trabajo porque teme ser rechazado y también porque tiene la esperanza de que el usuario no se entere realmente de que es ilegal. Pero esta es una estrategia que finalmente es contraproducente.

Si el acomodador preguntase claramente si el conductor desea que su vehículo sea protegido, habría un acuerdo explícito que puede ser sometido a reglas, y en primer lugar a una tarifa. Y por ese servicio el acomodador, además, debería entregar una boleta.

Al mismo tiempo, en cualquier caso de robo de vehículo, o sustracción de objetos desde el interior, o destrozos, el conductor perjudicado y las autoridades sabrían quién es responsable y podrían consecuentemente exigir por vía administrativa o judicial las reparaciones correspondientes. En este esquema, los acomodadores se lo pensarían dos veces antes de hacer algo ilegal o de permitir algún acto ilegal, por la simple razón de que serían responsables de lo que ocurre en sus calles. Y, además, podrían quedarse sin pan ni pedazo.

Esta función de protección es, sin lugar a dudas, necesaria. Conviene a los conductores y conviene también a las ciudades, que podrían así incorporar a más gente pobre a la economía formal y ayudarles a salir de la miseria.

Además, muchos cuidadores son personas que difícilmente podrían funcionar en otras áreas normales de la economía o incluso de la sociedad. No es mala idea tenderles una mano. Muchos de ellos, como decimos, vienen de vuelta. Muchos ex presidiarios podrían encontrar en estos nuevos oficios una función útil que les permitiría reinsertarse.

Mi propuesta sería pues legalizar a los cuidadores de autos. Se los podría incorporar a algún servicio municipal o a algún plan de empleo, podrían ser mejor adiestrados para sus labores -particularmente en relación con la policía- y deberían trabajar entregando boletas.

Sin embargo, persiste un problema adicional: los acomodadores oficiales a menudo no entregan boleta y se guardan el dinero en sus bolsillos. Las municipalidades pierden con esta práctica millones de pesos al día. Antes de destinar recursos a un control más eficiente de estas prácticas, quizás se pueda contemplar fijar un ingreso promedio que deban entregar por períodos, so pena de cancelar su licencia. Es un poco bobo que las autoridades municipales no quieran saber cuánto dinero se recauda en promedio en las calles de su ciudad. Estableciendo ese promedio, sería más fácil negociar e impedir los abusos y las prácticas ilegales.

En muchos casos, la práctica de no entregar la boleta la solicita el propio conductor, que quiere así evitar pagar el monto total del tiempo tarifado. Será difícil poner fin a esta práctica, pero debe ser combatida tenazmente. Al exigir pagar menos, el conductor humilla al acomodador y lo rebaja en su condición de trabajador, devolviéndolo a la condición de miserable que depende de su propina y su buena voluntad.

Pagando la tarifa oficial y exigiendo la boleta, la relación entre cuidador o acomodador y usuario se convierte en una relación formal de trabajo o servicio donde la idea de pagar mediante una dádiva realmente está fuera de lugar. En estos casos, también podría el acomodador -que corre el riesgo de perder su empleo si accede- apuntar la matrícula del coche y denunciar el caso a las autoridades. El delito se soborno felizmente existe en nuestro país; por su conducta frente al intento de soborno son nuestros carabineros famosos en el mundo. ¿Por qué no extender la práctica a los acomodadores?

Con los cuidadores oficiales ciertamente disminuiría el robo de vehículos que, aunque no alcanza todavía los niveles de epidemia que en otros países, es cada vez más frecuente.

Una fuente sobre el tema, aquí .

[mérici]

para qué sirven los expertos

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columna de mérici

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Después de leer lo que enseguida comentaré, la respuesta debería ser: Para nada. Pero la realidad es todavía peor, pues las asesorías, recomendaciones e instrucciones de expertos internacionales mantuvieron a Malawi durante largos años al borde de su extinción, causando la muerte por hambre y sus secuelas médicas a cientos de miles de sus habitantes.
Malawi es un país al sureste de África, ex protectorado británico, con unos trece millones de habitantes. Vivió bajo el imperio de un Presidente Vitalicio y goza de una democracia multipartidista desde 1994. Su economía es básicamente de subsistencia. Sus principales productos son el maíz, el azúcar, las patatas, el plátano, el tabaco y el té (wikipedia).

En 2005 tuvo una espantosa sequía que provocó una hambruna generalizada, debiendo subsistir la mayoría de sus habitantes de la ayuda exterior. Celia W. Dugger informa en el New York Times que, sin embargo, hoy Malawi tiene una producción agrícola tan abundante que está exportando alimentos a sus vecinos más pobres o en peores condiciones debido a cataclismos naturales o de hechura humana.
Y la razón de este brusco cambio son los fertilizantes.

Hasta 2005, Malawi estuvo implementando las políticas dictadas por el Banco Mundial y algunos países ricos de cuya ayuda Malawi había estado dependiendo, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus asesores habían insistido en que el país implementara una política de libre mercado, reduciendo o eliminando los subsidios a los fertilizantes -pese a que Europa y Estados Unidos subsidian pesadamente a sus propios agricultores.

En ambos casos, los subsidios se otorgan para que los agricultores nacionales puedan permanecer siendo competitivos en el mercado internacional o para no sucumbir ante la competencia de productos extranjeros.

Para Malawi, sin embargo, en los años ochenta y noventa estos expertos occidentales habían recomendado eliminar completamente los subsidios a la agricultura, pese al hecho de que la población depende casi enteramente de la producción agrícola para subsistir.

Con una población extremadamente pobre (menos de 380 dólares per cápita anuales a septiembre de 2006), las tierras no fertilizadas y sobre-explotadas se agotaron, provocando, junto con las periódicas sequías y la incapacidad de dejar las tierras agrícolas en barbecho, una hambruna que afectó a toda la población del país. Los campesinos simplemente no contaban, ni cuentan, con los medios para adquirir ni fertilizantes ni semillas importadas, pese a que estamos hablando de importes que son realmente mínimos.

El gobierno no podía asistir a los campesinos llevándoles ayuda bajo la forma de fertilizantes, semillas, capacitación o créditos, porque expertos del Banco Mundial y de Estados Unidos como principal país donante, se oponían a ello.

Así, la terrible hambruna de 2005, y las anteriores, fueron en realidad producto de los sabios consejos de los expertos internacionales.

Y lo que tenían los expertos en mente era nada menos que, según declaró la economista Jane Harrigan, de la Universidad de Londres, obligar a los campesinos malawianos a abandonar los cultivos de subsistencia para dedicar las tierras a los cultivos comerciales de exportación y utilizar las divisas extranjeras para importar nada menos que los alimentos que dejaría de producir.

Lo menos que se puede decir de este plan es que es de una increíble estupidez. Y esta estupidez -para no presuponer mala fe- la tuvieron que pagar con su vida, debido al hambre y su secuela de enfermedades, decenas o quizás cientos de miles de malawianos desde que los expertos intentaran, desde los años ochenta, implementar el insensato plan.

En 2005, su nuevo presidente Bingu wa Mutharika, decidió ignorar a los expertos y las recomendaciones del Banco Mundial y de los consultores norteamericanos. Empezó a otorgar masivamente subsidios a los campesinos para la compra de fertilizantes no orgánicos, semillas mejoradas y créditos.

Y se produjo el milagro: la producción de maíz, el cultivo básico del país, pasó de 1.2 millones de toneladas métricas en 2005, a 2.7 millones en 2006 y 3.4 millones en 2007. Hoy, Malawi exporta maíz.

Junto con el milagro, que fue ayudado por una temporada de abundantes lluvias, se constató pues que las hambrunas anteriores se debieron en parte a las insensatas recomendaciones de los expertos, a la sequía y otras catástrofes naturales -como inundaciones- y a la codicia y corrupción de su propia clase política.

Para cuando la hambruna de 2001-2002, los malawianos se enteraron que se habían quedado sin las reservas tradicionales de maíz porque sus ministros y funcionarios la habían simplemente vendido para embolsarse los beneficios en sus bolsillos.

Bizarramente, los buenos resultados de la economía agrícola de Malawi, el fin de la hambruna y sus enfermedades típicas, la reducción de la malnutrición y mortalidad infantil y el hecho de que el país esté ahora exportando maíz a países vecinos en problemas urgentes similares a los que vivió, no han causado la alegría de Estados Unidos, que se sigue oponiendo al subsidio de la agricultura malawi.

Para los expertos norteamericanos era más atractivo usar a Malawi de depósito de los granos excedentes de Estados Unidos, para mantener el nivel de precios al que estaban acostumbrados y proteger a sus agricultores, mientras obligaba a Malawi a desamparar a los suyos y empujarles a morir de inanición.

Lo único que hizo Estados Unidos fue contribuir a pagar al otro equipo de expertos que estudió las consecuencias de la política del gobierno malawi. Pero sus positivas conclusiones del papel jugado por los subsidios a los agricultores malawianos no han sido bien recibidas por Estados Unidos, que sigue insistiendo en que el milagro de la economía malawi se debió exclusivamente a las lluvias.

Otros expertos dicen que eso, sin el uso de fertilizantes no orgánicos y semillas mejoradas es simplemente imposible.

Así que Malawi y otros países del mundo que sin duda seguirán su ejemplo, han descubierto que los expertos occidentales no sólo son o han sido los creadores de políticas ineficientes, sino los responsables directos de las peores crisis alimentarias de ese y otros países del África subsahariana.

El Banco Mundial aplicó un programa de hambruna inducida para obligar a los campesinos a acatar sus recomendaciones y dedicarse a los cultivos comerciales de exportación.

¿Para qué sirven los expertos? Después de leer lo anterior, la respuesta debería ser: Para nada. Pero la realidad es todavía peor.

[new york times]
[mQh]
[mérici]