columna de mérici

extraño crimen pasional en colombia

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columna de mérici

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Según la viceministro de Justicia de Colombia, María Isabel Nieto, no se puede descartar que el asesinato del dirigente sindical Leónidas Gómez, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, haya sido un crimen pasional. El dirigente fue visto con vida por última vez el 4 de marzo pasado. Su cuerpo sin vida y con las manos atadas a la espalda fue encontrado el 8 de ese mes en su apartamento. Fue apuñalado. Los asesinos se llevaron su ordenador portátil, varias memorias USB y el dinero que llevaba en los bolsillos. Leónidas Gómez había sido amenazado en los últimos días por sus actividades sindicales y en particular por sus intervenciones contra el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia.

Este es el asesinato que la viceministro supone que fue un crimen pasional. Pero los crímenes pasionales suelen ser muy diferentes y es raro encontrar a autores de crímenes pasionales que conserven la sangre fría como para, además de quitarle la vida al rival, hacerse con algunas de sus pertenencias y, entre ellas, nada menos que memorias USB y dinero.

Tampoco es habitual que en crímenes políticos se detengan los autores a robar a la víctima. Excepto, claro, que se trate de un crimen cometido por paramilitares, que son simples delincuentes y criminales a la paga de grandes hacendados y empresas nacionales y extranjeras. En contraste, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y del Ejército de Liberación Nacional, son reclutas voluntarios en lo que el gobierno colombiano se niega a reconocer como un conflicto civil. Muchos de los guerrilleros son colombianos que se integraron a las guerrillas después de que sus familias fueran exterminadas por los asesinos a sueldo de los grandes terratenientes.

Y este crimen fue, casi sin ninguna duda, cometido por paramilitares. Leónidas Gómez es uno de los diecisiete dirigentes sindicales asesinados en lo que va de año. En 2007, fuerza del gobierno y paramilitares asesinaron a 39 sindicalistas. En 2006, 72. Desde que Álvaro Uribe asumiera la presidencia colombiana, se han asesinado en Colombia cerca de cuatrocientos sindicalistas. Desde 1985, cerca de dos mil quinientos.

Leónidas Gómez, y otros sindicalistas asesinados este año, organizó las excepcionales marchas contra los paramilitares. También recorrió el país denunciando el tratado de libre comercio. (Los partidarios de Uribe organizaron igualmente marchas a favor del tratado y contra las guerrillas, pero ninguno de ellos ha sido asesinado).* Estas dos iniciativas sellaron su muerte. Los paramilitares decidieron influir en la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que debía votar la semana pasada la aprobación o rechazo del pacto comercial con Colombia, para impedir un voto adverso -eliminando a los detractores del pacto, como Gómez y otros dirigentes.

Sin embargo, estos mismos crímenes provocaron la reacción que el gobierno colombiano y los paramilitares habían tratado de evitar eliminando a los adversarios más declarados del tratado de libre comercio: los demócratas en la Cámara decidieron que las frecuentes violaciones a los derechos humanos en Colombia y la inacción y sospechada complicidad del gobierno impedían su aprobación y postergaron de manera indefinida una nueva votación sobre el asunto.

Pensaron que eliminando a los opositores al pacto, los representantes lo aprobarían. Es difícil encontrar un ejemplo de una lógica tan torcida como esta. Quizás pretendían atemorizar a los demócratas. En la demencia que caracteriza a la extrema derecha, todo es posible.

Está claro, además, que las numerosas campañas de los últimos meses, incluyendo el asesinato de veinticinco personas en un campamento de las FARC en Ecuador, y otros asesinatos posteriores, tenían como fin resaltar la amenaza que representan las guerrillas para convencer a los demócratas de que votaran a favor del tratado. El tiro les salió por la culata.

Pese a los numerosos y repetidos asesinatos de sindicalistas, de los dos mil quinientos casos documentados, sólo cien han llegado a tribunales, y en la mayoría de ellos se han dictado sentencias que rayan en lo ridículo. Numerosas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han denunciado la sospechosa ineficiencia del poder judicial colombiano. De hecho, muchos activistas están pidiendo justamente que se destinen más fondos para reformar y enderezar un poder judicial notoriamente corrupto y parcial.

El gobierno colombiano, y Uribe en primer lugar, difícilmente pueden negar su complicidad con grupos de criminales paramilitares. Pese a las aseveraciones del vicepresidente Francisco Santos, de que el estado no está implicado en los asesinatos, decenas de legisladores colombianos del partido de Uribe se encuentran ahora procesados por vínculos con organizaciones paramilitares. Y está probado que Jorge Noguera, que fuera jefe de inteligencia de Uribe, ahora procesado, entregaba a grupos paramilitares listas de activistas de derechos humanos, sindicalistas y otros ‘enemigos’ que debían ser eliminados.

El gobierno de Uribe no se puede lavar las manos. Su complicidad es demasiado evidente como para creer que su programa de protección (decenas de sindicalistas cuentan con protección policial) es sincero y no sólo una maniobra, ahora inútil, para convencer a los representantes norteamericanos de que aprueben el tratado y, de paso, hacerse con los miles de millones de dólares de ayuda que ofrece el Plan Colombia, que ahora también está en discusión.

En un editorial de El Espectador se sostiene que "bloquear el TLC no parece ser el mejor mecanismo para defender la vida de los sindicalistas colombianos", cuyo fin explícito es ayudar al desarrollo de Colombia. Pero detrás de los asesinatos se encuentran fuerzas gubernamentales en connivencia con organizaciones paramilitares. Los lazos entre el gobierno de Uribe y la extrema derecha son demasiado evidentes y han sido probados en tantas ocasiones que es ilusorio que el gobierno crea que puede desmentirlos con sólo negarlos. Uribe ha perdido credibilidad y ya no puede pretender que no es culpable de nada, al mismo tiempo que ordena en secreto el asesinato de figuras de izquierda que se oponen a sus planes.

En el último medio año su gobierno ha lanzado numerosas campañas con el fin de demostrar al mundo que hoy su país vive bajo la amenaza del terrorismo de extrema izquierda. Pero también se ha descubierto que, aparte los enfrentamientos reales, cientos de personas inocentes han sido asesinadas y vestidas con el uniforme de los ejércitos irregulares de las FARC y ELN para hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que la amenaza de estas tropas irregulares es real.

Según las investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas y de la organización norteamericana Fellowship of Reconciliation, el año pasado fuerzas oficiales y paramilitares asesinaron a 287 personas, aparte de los 39 dirigentes sindicales. Se trata de casos documentados de personas no implicadas en ninguna actividad subversiva que fueron asesinadas y vestidas como guerrilleros. Y sus victimarios no fueron exclusivamente paramilitares, sino tropas regulares de las fuerzas armadas colombianas. (Uno de los motivos confesos de la serie de crímenes que se siguen cometiendo es que se recompensa a las tropas con cada muerto que aporten a la causa de la extrema derecha, como solían hacer otras tropas en otros tiempos con la población indígena de América).

En Colombia, el mayor problema no son los ejércitos guerrilleros, sino el gobierno mismo y sus aliados paramilitares, que son los responsables de la muerte de la inmensísima mayoría de los cerca de quince mil muertos que se ha cobrado el conflicto civil.

El gobierno colombiano no puede hacer pasar esos asesinatos como crímenes pasionales. Sabemos demasiado.

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Después de la marcha contra la violencia del gobierno y paramilitares, cuatro de sus organizadores han sido asesinados, según denuncia Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado: Carlos Burdano, Carmen Cecilia Carvajal Ramírez; Leónidas Gómez Rozo; y Gildardo Antonio Gómez (en El Espectador). Los asesinatos han corrido por cuenta del nuevo grupo paramilitar Águilas Negras, y han sido instigados, según organizaciones sociales, por el gobierno mismo cuando el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, calificara de guerrilleros a los organizadores y participantes en la marcha contra la violencia paramilitar y autorizara de este modo sus ejecuciones.

[Para esta columna me ha basado en un artículo anterior, ‘Uribe, Criminal de Guerra’, que se puede consultar en mérici; en ‘Militares de Uribe Siguen Matando’, en mQh; y en un reciente artículo, ‘Asesinato de Sindicalistas en Colombia’, también en mQh].

[mérici]

bolivia necesita salir al mar

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columna de mérici

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El 22 de marzo de 2008 se conmemoró en Bolivia el Día del Mar, fecha en que se conmemora la pérdida de Antofagasta, Calama y la salida al mar en la guerra con Chile en 1879. El tema de la salida al mar ha sido finalmente incluido en una agenda de trece puntos que tratarán autoridades chilenas y bolivianas.

Entre los trece puntos se encuentran la integración fronteriza; el libre tránsito; la habilitación del Puerto de Iquique; la integración física; la revisión de los pasos fronterizos; la complementación económica; las aguas naturales del Silala y los recursos hídricos; algunos instrumentos de lucha contra la pobreza; seguridad y defensa; la cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas [¿no será tráfico de drogas ilícitas?] y de productos químicos esenciales y precursores (en La Tercera).

No es fácil saber cómo se ha llegado a este programa de trece puntos. Algunos temas parecen haber sido incluidos muy arbitrariamente y no se entiende cómo puede pretender Chile dirigir cuestiones que son en verdad de la estricta y única incumbencia de Bolivia.

Quizá el optimismo que han mostrado las autoridades bolivianas es algo prematuro. Ni las autoridades ni la población chilenas parecen muy inclinadas a satisfacer las demandas bolivianas de salir al mar, cuya única solución consiste en ceder a ese país una franja territorial.

Hace dos años se realizó en Arica, antigua ciudad peruana, una encuesta de opinión metodológicamente impresentable en el que la mayoría de los entrevistados rechazaba la cesión de mar a Bolivia. Pese al carácter chapucero, esta tendencia se ha visto ratificada por otros sondeos. Los chilenos se oponen mayoritariamente a ceder una franja a Bolivia.

Se sabe que Chile se ha opuesto a cualquier discusión sobre una eventual salida al mar de Bolivia. No faltarán los argumentos, que políticos y diplomáticos chilenos suelen esgrimir y que se resumen en que, según Chile, la ley y los tratados internacionales impedirían que Bolivia acceda al mar. Según la ley porque Bolivia y Chile firmaron un tratado o pacto que da por dirimido el conflicto, y según los tratados porque sin la intervención de Perú no se podrían iniciar conversaciones con Bolivia sobre este asunto.

En estos días se han esgrimido los dos argumentos.

Las excusas abundan al sur de Bolivia. La verdad es que la clase política chilena, de todo signo, no tiene la menor intención de permitir que Bolivia salga al mar.
Hace cuatro años el presidente Lagos sacó de su cargo al cónsul chileno en La Paz por expresar simpatía por el anhelo boliviano de salir al mar.

En comparación, el gobierno de Bachelet ha sido mucho más generoso con Bolivia, aunque todavía debe determinarse en qué medida está Chile dispuesto a ceder esa franja territorial y sus palabras no son simplemente intenciones huecas.

Quizás no es conveniente que Bolivia recurra al gas o a otros recursos para usarlos en su intento de acceder al mar. No tiene ningún sentido y no hará más que reafirmar a Chile en su rechazo de toda negociación. Chile no devolverá territorios bolivianos. Es más posible que Chile ceda territorios, con o sin soberanía, sin mención alguna del pasado.

Chile debería ceder territorios a cambio de nada, simplemente como gesto de solidaridad y de buena voluntad. Es evidente, y evidenciaría una terrible mala fe, pretender que la ausencia de mar no obstaculiza el desarrollo de Bolivia y que Chile debe esperar a que las clases altas finalmente manejen bien ese país. Bolivia es un país incapaz de gobernarse a sí mismo, argumentan los chilenos. Su inestabilidad es tan intensa que firmar tratados o pactos con Bolivia es un absurdo. Pero justamente Chile contribuiría enormemente a la estabilidad de Bolivia si cediese a ese país una franja marítima. En todo caso, no es de incumbencia de los chilenos si ese país es estable o no.

Chile, sin duda, puede vivir sin los kilómetros de costa que para Bolivia son tan esenciales para recuperar su dignidad y fortalecer su camino al desarrollo -y antes que eso, su escape del abandono y la miseria.

Muchos se oponen a la idea de que una franja marítima pueda estar bajo soberanía boliviana. ¿Qué importaría? Todos los países del mundo colindan con zonas soberanas de otros países. Y es evidente que Bolivia necesitaría gobernar la zona recibida, aun si sólo fuera por razones de orden público. Pero también es posible pensar en una zona de soberanía compartida. También es posible crear una zona integrada boliviano-chilena. Con buena voluntad, hay muchos desarrollos posibles.

En cierto sentido, se comprende que los chilenos no quieran tocar la historia -como se entiende que los bolivianos sí recurran a ella. Pero ha pasado mucho tiempo y nada obliga a que las generaciones actuales se sientan solidarias o partícipes de conflictos de generaciones pasadas. Nadie puede sentir orgullo por estar geográficamente emparentado con los soldados que invadieron Perú y Bolivia para saquear sus ciudades y cometer otros actos de bárbara violencia. No se trata de eso. Si Chile debe ceder mar a Bolivia es por un simple y humano gesto de solidaridad y fraternidad.

Bolivia, uno de los países más pobres de América, necesita con urgencia los recursos que pudiese obtener con una salida al mar. El desarrollo y estabilidad de Bolivia sería ciertamente de gran provecho para Chile.

Si Bolivia tuviese con una salida al mar no se contaría hoy entre las naciones menos favorecidas del continente, con una población mayoritariamente analfabeta y en un estado de abandono social asombroso.

Chile daría un gran paso -ese paso que esperan muchos en América del Sur- en ceder suficientes territorios para hacer posible ese anhelo boliviano. Chile debería dejarse de pretextos para eludir una decisión que habrá de tomar alguna vez y que sería bueno que la hubiese tomado ayer, y no hoy. El desarrollo de Bolivia y su participación en la vida económica, social y cultural del sur de América es un reto histórico y ceder una salida al mar por Chile constituiría también para ese país un acto histórico de solidaridad y nobleza.

El presidente Salvador Allende no pensaba otra cosa cuando dijo: "No les pedimos [a Bolivia] nada, queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima el pueblo boliviano" (Andrés Solís Rada, en piensaChile).

No se entiende bien, en verdad, qué motivos profundos podría tener Chile para no ceder una franja de esos territorios antiguamente bolivianos a Bolivia, sobre todo teniendo en cuenta que Chile cuenta con una muy larga costa de varios miles de kilómetros. Y las tradiciones históricas no son motivo suficiente para que Chile siga eludiendo esa responsabilidad: tender una mano a Bolivia y ayudarla en su incierto aunque necesario camino hacia la modernidad. Y, si Dios quiere, hacia la justicia social.

[mérici]

las otras víctimas

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columna de mérici

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En estos días en la prensa ha aparecido una nota sobre la investigación y posible procesamiento de militares y carabineros culpables de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, aparentemente de víctimas sin afiliación política, durante los días del golpe de estado de 1973 y después. El caso específico trata los asesinatos de homosexuales y de personas con antecedentes penales atrapadas en redadas y allanamientos para ser transportadas al cementerio, donde fueron ejecutadas.
La ministra María Estela Elgarrista, que lleva la causa, ha mencionado unos veinte casos. Los autores han de buscarse en Carabineros, en la época, y el Regimiento de Infantería de San Bernardo (La Nación).
El comentario más extenso del día siguiente, el diez de abril, califica el caso como "inédito" (La Nación).

Parece ser la primera pesquisa de este tipo, con víctimas no políticas de la dictadura, aunque todos deberíamos saber que las hubo, y muchas. Yo conozco dos casos de personas cuyo asesinato hizo estremecer a los vecinos de dos barrios. El lustrabotas lisiado que trabajaba en la esquina de Irarrázaval con Vicuña Mackenna, en Santiago, fue encontrado muerto, por bala, en su esquina. La sospecha extendida entonces en el barrio era que lo habían matado justamente por su invalidez. Otra lustrabotas lisiado de los alrededores de Echaurren sufrió el mismo destino. También creían los vecinos que fue asesinado debido a su incapacidad.

Es posible. En estos regímenes que celebran la fuerza bruta, habitualmente se castiga y persigue hasta su exterminio a todos los que se desvían de una norma, sea en el terreno de la orientación sexual como en el de la fisionomía, las moralidades, las ideologías políticas, la clase social, la ropa e incluso la anatomía.

Hay muchos que no aceptan la idea de que la dictadura chilena fue una dictadura de clase, que es lo que en realidad fue. Prueba de ello son las innumerables víctimas que fueron torturadas y asesinadas salvajemente por el mero hecho de ser pobres, andar andrajosas, tener pelo o cara de indio o vivir en un campamento. Hay ciertas cosas que los chilenos todavía no se atreven a recordar. Ni a formular.

Con que fue una dictadura de clase se quiere entender también que consideraba sus enemigos a todos los chilenos, ya que la mayoría de estos, que habían elegido al presidente socialista, pertenecían, y pertenecen, justamente a las clases que consideraba malas -las populosas clases medias y bajas.

La violencia que ejerció la dictadura, la ejerció contra todos los chilenos, de diferentes maneras y en diferente ámbitos. En los primeros días del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, aparecieron en las calles de Chile decenas de cadáveres, ejecutados por las tropas renegadas. Algunos de ellos eran militantes de izquierdas. No sabemos mucho sobre esos casos. Ni por qué los cabecillas militares habrían dado esas órdenes. Se puede suponer que querían impresionar y aterrorizar a los ciudadanos dejando las calles sembradas de cadáveres. Estaban diciendo, en realidad, que estaban eliminando a los enemigos, y al mismo tiempo demostrándonos qué ocurría a los que tenían la mala fortuna de ser considerados sus enemigos. Era una amenaza. Así se explicarían muchos de esos crímenes de ciudadanos no conocidos por sus actividades políticas.

Las fuerzas armadas necesitaban muertos en las calles y los iban a colocar ahí costara lo que costara. Tenían que engañar y convencer a los chilenos, y sobre todo al mundo, que aquí había efectivamente una guerra.

La jefatura militar, de admitida simpatía por los nazis, probablemente ordenó fusilar a homosexuales, inválidos, personas con el síndrome de Down, extranjeros considerados inferiores y judíos -para nombrar sólo algunas de las categorías de personas más odiadas por la extrema derecha.

Mataban dos pájaros de un tiro: mostraban una abundancia de enemigos muertos, lo que probaba a su vez la ferocidad de los combates imaginarios, y por tanto, la urgencia de su intervención salvadora, y, luego, se deshacían de los ciudadanos que entorpecían el camino de las clases ricas y el paisaje social y humano en el que estas querían dirigir el destino de Chile.

Hay al menos dos otros casos conocidos de personas que fueron fusiladas o torturadas independientemente de su ideología o preferencias políticas. El primero es el caso de los fusilados del Puente Bulnes. Un grupo de feriantes de Puente Alto se había reunido en una quinta para reunir fondos y sepultar a uno de ellos, Carlos Duque Duque, que había sido detenido y ejecutado el primer día de la sublevación militar.

El 13 de octubre Carabineros irrumpió en la quinta, deteniéndolos y conduciéndolos a la 4a Comisaría de Santiago. Algunos fueron liberados. Los otros -quince, en total- fueron trasladados al Puente Bulnes, sobre el Mapocho, en Santiago, que entonces estaba siendo utilizado como paredón. Según se desprende del relato del único sobreviviente, Luis Abraham González Plaza, no fueron interrogados. Pero sí vejados y torturados.

El relato de González Plaza es escalofriante. En la morgue, "los tenían en fila", escribe, "todos los cuerpos abiertos. Había niños, mujeres, ancianos. Al fondo, un alto de ataúdes. Junto a Luis Verdejo estaba el cuerpo de la niña embarazada [que fue violada por carabineros en múltiples ocasiones antes de su ejecución], Leonilda Díaz. Tenía el vientre abierto y su guagua estaba al lado, todavía con el cordón umbilical. La criatura también tenía heridas de balas".

González Plaza cuenta también que cuando fue atendido en un hospital, días después de su milagrosa supervivencia y fuga de la masacre del Puente Bulnes, el médico que lo atendió le contó que los carabineros "me querían poner una inyección pero que él lo impidió". Se refiere a una inyección eutanásica.

Los feriantes se habían reunido para recolectar fondos para el funeral y sepultura de un colega que había sido detenido y ejecutado el 11 de septiembre. Pero no se puede deducir de esto que los que se encontraban ese día en la quinta fuesen partidarios del gobierno socialista. Tal como estaban las cosas entonces, probablemente la mitad de ellos favorecía la intervención militar.

Probablemente la muerte de los feriantes de Puente Alto era necesaria, según los militares, para sembrar el terror en la población; la mera mención de esta táctica deja en claro que las fuerzas armadas veían entonces a todos los chilenos, o la mayoría de los chilenos, como enemigos, a quienes culpaban de que las clases altas estuviesen perdiendo sus privilegios sociales, políticos y económicos. Los chilenos debían ser castigados.

También lo exigían el presidente Nixon y su ministro de Exteriores, Henry Kissinger, que pese al acuerdo con la democracia cristiana, ya habían decidido que la dictadura chilena sería larga. Si faltaban muertos de izquierda, pues otros también servían a la causa. Como hacen hoy los militares del presidente Uribe, de Colombia, a los civiles asesinados se los convertía en terroristas muertos en combate.

El segundo caso de violencias policiales ejercidas contra la población en general tomó lugar en 1974 y 1975. Los generales renegados idearon un plan que se aplicó en todo el país, que consistía en torturar a personas detenidas durante el toque de queda para un presunto control de identidad y acusándolas luego de las cosas más inverosímiles y absurdas. Detenidas a partir del toque de queda, tras ser torturadas esas personas eran dejadas en libertad, sin explicación, sin cargos, pero con vida. Se dictaron cuotas que debían alcanzar las guarniciones de las diferentes ciudades del país, siguiendo la práctica de Stalin. Si no bastaba con los infractores del toque de queda, se hacían allanamientos de poblaciones, deteniendo a hombres hasta cumplir con la cuota.

Se calcula que fueron torturadas así entre ciento cincuenta mil y doscientos mil personas. Nuevamente, sin ser sometidas a interrogatorios políticos ni remotamente justificados, estas personas no eran únicamente partidarias del gobierno socialista. Podían ser incluso, y muchas probablemente lo eran, partidarias de la dictadura.

¿Qué quiere decir que las fuerzas armadas quisieran castigar a los chilenos e infundir terror en la población mediante ejecuciones y torturas repartidas arbitrariamente? La respuesta habitual es, naturalmente, atemorizar a la población. A la población en general, para contenerla en las poblaciones y en sus lugares de trabajo. Se perseguía a políticos con nombre y apellido, pero sobre todo a la gran masa anónima de pobres del campo y la ciudad que habían soñado con la idea de un Chile diferente. Se buscó eliminar a los dirigentes sindicales y sociales que habían adoptado la causa socialista.

Es quizás el carácter de clase de la dictadura lo que permitiría luego que algunos prohombres que se opusieron a Pinochet sellaran acuerdos con los militares para la actual transición hacia el tipo de democracia autocrática que sufrimos hoy. Pareciera que algunos pecadillos de familia son posibles de olvidar y hasta de perdonar, cuando se pertenece a las familias correctas. Y la democracia cocinada de Chile es probablemente fruto de esas obscenidades sociológicas.

Las clases altas chilenas tienen una sola ideología, que es la defensa de su codicia. La adopción de una estrategia aparentemente irracional se ajustaba bien en sus planes de terror. No importaba que grandes grupos de las clases trabajadoras apoyaran la dictadura, o fuesen de derechas. Para las clases ricas es irrelevante, o simplemente improcedente, que gente de origen humilde sea de derechas. Lo que pasa como ideología de derechas es simplemente el barniz con que se cubre la apología del robo y la codicia. Las clases trabajadoras son, para esa ideología, por definición, enemigas del capital que las somete y explota y mata. Para los ricos es incomprensible que haya pobres derechistas. No se iban pues a fijar en detalles. Había que castigar a todos los chilenos. Había que demostrarles que las cosas volverían a su esquema habitual y que en el país simplemente mandaban las clases parásitas.

Los pobres de Chile no fueron nunca perdonados y viven hoy en la miseria y abyección con la que había terminado el gobierno de Salvador Allende.

Hay siempre aspectos sorprendentes en la historia de la dictadura. ¿Quién ordenó asesinar a homosexuales y delincuentes? ¿Qué general permitió que carabineros y militares violaran y mataran a las detenidas? ¿Fue Contreras el que ideó el plan de torturar masivamente a los chilenos?

La investigación sobre la muerte de veinte de esas otras víctimas de la dictadura -minorías sexuales y personas con antecedentes penales- es algo que la ciudadanía estaba esperando desde hacía tiempo y es destacable que la juez Elgarrista haya decidido iniciarla de oficio. Quizás es un indicio de que en algún futuro no muy lejano, estas categorías de personas recobren su derecho a la protección del estado.

[mérici]

conde drácula, encargado de derechos humanos

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columna de mérici

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El viernes 4 de abril la presidencia de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras pasó a manos de la Alianza [la coalición de partidos de oposición de derechas y extrema derecha], como parte de un acuerdo sellado entre esta y la Concertación [la coalición de gobierno] el año pasado. La diputada Karla Rubilar, del partido liberal de derecha Renovación Nacional, presidirá la comisión de la Cámara Baja; el senador Andrés Chadwick, del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente, la comisión de la Alta. Es la primera vez desde el fin del régimen militar que esas comisiones quedan en manos de partidos de la derecha. Y, aberrantemente, una de ellas -la del Senado- presidida por un senador de extrema derecha.

Y es ciertamente comprensible la indignación que ha provocado esta situación en la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, que acusa a los dos partidos de la Alianza de complicidad con la dictadura, "de los crímenes, las detenciones y desapariciones, las ejecuciones, las torturas, el exilio, las exoneraciones y los miles de abusos que se cometieron y frente a los cuales nosotros exigimos justicia plena. Es por lo tanto una afrenta a nuestros familiares, a nosotros y, a todas las víctimas de derechos humanos poner a los victimarios al frente de las Comisiones Parlamentarias".

El origen del aberrante acuerdo que permitió que estas comisiones sean precedidas por políticos de derechas que, como dice la AFEP, fueron cómplices ideológicos de la dictadura y que, además, se han caracterizado por obstaculizar los procesos de derechos humanos, dejó de ser relevante. Todavía más, ha sido gracias a la conducta de diputados y senadores de la oposición de las dos derechas que Chile ha vivido el bochorno de formar con Guyana, Suriname, Estados Unidos y México los únicos países americanos que aún no ratifican el Estatuto de Roma que instituye el Tribunal Penal Internacional, para juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

También fueron justamente los partidos de derecha y algunos renegados los que impidieron que Chile ratificara la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.

Y la Convención contra la Tortura.

¿Cómo no asombrarse de ver presidiendo estas comisiones de derechos humanos a políticos que provocaron y justificaron la dictadura, que en el congreso hacen lo imposible por torpedear el procesamiento de militares y otros implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (impidiendo, por ejemplo, la derogación del decreto de amnistía de Pinochet de abril de 1978), y que justifican todavía las torturas, ejecuciones y otros crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas? Si estos políticos no están convencidos de que los crímenes de los militares no son susceptibles de ser juzgados como violaciones de los derechos humanos, y ni siquiera como crímenes de derecho común, ¿cómo creer que actuarán en conformidad con normas y valores nacionales e internacionales que evidentemente desconocen?

Me parece evidente que estos presidentes intentarán torpedear todavía más los esfuerzos existentes de llevar a justicia a los responsables y ejecutores de los peores crímenes de la dictadura. Y la posición permanente de hostilidad hacia todo lo que huele a derechos humanos y la actitud burlona e hiriente de sus jefes políticos cuando abordan temas como el de derechos humanos no son garantía de que esos presidentes entienden y hacen suya la doctrina de derechos humanos por cuyo cumplimiento, justamente, deben velar.

El senador socialista Jaime Naranjo, que presidió la comisión de derechos humanos del Senado, dijo, como respuesta a la perplejidad y estupor de organizaciones de derechos humanos, que no había que exagerar. "Yo no veo nada grave", dijo "ni que pueda alterar la postura que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos" (Iván Gutiérrez Lozano, director de crónicadigital). Bueno, es verdad. La postura de Chile en materia de derechos humanos no es exactamente una cosa buena. Sigue siendo uno de los pocos países que no han ratificado tratados y convenios importantes en materias de derechos humanos y el país ha sido constantemente mencionado en informes internacionales sobre violencia policial, discriminación, muerte de manifestantes, impunidad de policías y militares, torturas y otros delitos de derechos humanos. Es verdad, entonces. La postura de Chile en materia de derechos humanos no cambiará demasiado. Ya la define la derecha.

No es el único que el senador Naranjo cree que a la derecha no se la debe discriminar en estos asuntos. También es la opinión del senador Flores. Pero no se trata de que esos partidos sean de derecha, que podrían serlo, pese a lo inverosímil que suena, sino que practican una oratoria completamente ajena, contradictoria con los principios morales del resto de la nación, y que sostienen que los crímenes cometidos por la dictadura se entienden en el marco de una guerra civil que nunca ocurrió. Son partidos que se oponen a la doctrina de derechos humanos, y sólo los esgrimen para defender a los más viles criminales de entre sus filas. Pese a lo que dicen algunos de sus ideólogos, están al mismo lado de la barricada que los pinochetistas y otros subnormales.

Renovación Nacional es de un dudoso, ordinario y macabrísimo liberalismo. La extravagante Unión Demócrata Independiente es un club de agitadores de extrema derecha, defensores de la dictadura pinochetista y de otras creencias perversas y aberraciones ideológicas que en varios países de Europa sería simplemente prohibido por representar una ideología de odio y el partido, una asociación ilícita.

No se puede tratar como iguales a políticos que, en primer lugar, están en el Congreso sólo por la farsa del sistema binominal, por encima de la voluntad ciudadana; y, luego, que después de colaborar con la dictadura, participan en la vida política como un mal menor y no por verdadera vocación democrática. Están ahí para recordarnos que han ganado lo que llaman una guerra y que Chile es el botín con el que se hicieron. La Constitución es su Constitución: la de Pinochet. Las leyes son sus leyes. Los generales, sus generales. Los jueces, suyos.

Yo creo que Chile podría ser caracterizado verazmente casi como un régimen macabro. La presidenta es socialista y la policía tortura y mata a manifestantes. La coalición de gobierno cuenta con prohombres de la lucha contra la dictadura, pero la policía viola a diario los derechos humanos y civiles de cientos de miles de chilenos, abrumando a la población pobre con allanamientos y detenciones ilegales, uso de armas de guerra para reprimir manifestaciones, muchas de ellas pacíficas, extrañas muertes de detenidos en calabozos, destrucción, malos tratos y torturas a manifestantes detenidos. Chile anhela formar parte de la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, pero sin firmar el tratado del Tribunal Penal Internacional ni otros tratados de derechos humanos. Es una situación confusa. Como en una película que vi hace poco, y donde la directora de una organización internacional de derechos humanos era una agente nazi encubierta.

¿Es una situación confusa?

Cuesta aceptar la idea de que no lo sea. Porque parece que la clase política entera considera normal que la policía practique allanamientos ilegales de manera masiva, siga torturando en las comisarías y que los carabineros puedan portar armas de guerra para la represión de manifestaciones políticas. De la persistencia en el uso de vehículos sin matrícula e infiltrados en las manifestaciones no ha dicho ningún partido nada. Ni el gobierno. Y en cuanto a este tema, la oposición pide al gobierno que asuma posturas todavía más duras.

Huele a gato a cargo de la pescadería, me dijo una amiga. O a gato encerrado. No sé cómo aplicar la metáfora exactamente, pero la entiendo. Como en una comedia de equivocaciones, el encargado de derechos humanos es el Conde Drácula.

[mérici]

los jueces no roban gallinas

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columna de mérici

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Entre 2002 y 2004 el juez titular del Tribunal Oral de Los Andes, Roberto Orchard, sustrajo 29 millones de pesos desde el Segundo Juzgado de Letras de San Felipe. El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó su suspensión por cuatro meses. De un modo que la prensa no explica, se hizo con las recaudaciones de las fianzas, y de las multas por la ley de alcoholes. Tenía acceso a esas cuentas.
El tribunal de alzada "abrió un cuaderno de remoción al juez [lo que podría] significar su alejamiento definitivo de los cargos públicos".
La Corte Suprema dijo que además de las sanciones, el funcionario sería pasado a la justicia del Crimen".
"El tribunal de alzada", agrega el diario donde lo leí, "remitió los antecedentes del caso al Primer Juzgado de Letras de San Felipe y el Consejo de Defensa del Estado" (La Tercera).

El juez Roberto Orchard está todavía en libertad. Y no se lo ha considerado un peligro para la sociedad, pese al monto de sus desfalcos -el equivalente de 14.500 gallinas.

Pero con este caso se ilustra una vez más que cuando alguno de los suyos es puesto en entredicho, el poder judicial reacciona con una siempre inusitada indulgencia. En otros casos, los jueces dictan sentencias que rallan en lo absurdo por su crueldad, arbitrariedad y sin sentido. En Arica, a Alex Boris Tapia Arancibia le condenaron a cinco años de prisión por robar desde una casa en la población Nueva Esperanza tres cajas vacías de cartón de plátano (la noticia está aquí).

En Traiguén, Pedro Huenchul Díaz, Erwin Cea Plaza, Marcelo Contreras Mariman, y Carlos Andrés Torres Medel, y Héctor Cerda Carrasco, fueron condenados a diez años y un día por asaltar a un campesino para robarle sus gallinas (la noticia está aquí).

Se dice que lo que se condena en esas sentencias inhumanas "es la acción ilícita cometida por el acusado, es decir haber ingresado a la casa, con escalamiento para sustraer especies que no le pertenecían" (primera fuente). A mí me parece esta forma de pensar de enorme crueldad. Pese a la violencia del hecho, es evidente que se trata de personas que delinquen para comer y no delincuentes profesionales con tramas bien pensadas y tejidas para robar a otros. Muchos son ladrones de oportunidad.

Yo creía que este punto -indulgencia con los ladrones de pan- era una de las exigencias permanentes que hacían los católicos a los nuevos presidentes.

¿Para qué tanto ensañamiento? Son unas pobres gentes muertas de hambre que no lo han pensado mejor. Si tuviesen trabajos estables y dignos, quizás no habrían delinquido. Si fueron violentos, no se trató tampoco de una violencia profesional; nunca fueron las víctimas testigos con peligro de sus vidas. Su objetivo era hacerse con las gallinas para parar la olla de la familia.

Mi madre me contó una vez por teléfono -yo la llamaba desde otro país- que había perseguido a un ladrón que había entrado a casa y que había llegado una carabinera y le había soltado un balazo. Casi me desmayé de la impresión. Enterándome más en detalle, la historia es que ella oyó ruidos en el patio y se asomó y vio a un hombre cogiendo una toalla del tendal. El hombre era en realidad un cartonero que pasaba a menudo por el barrio. Un borracho. Me dice que se enfada tanto que sale detrás de él blandiendo la escoba. El ladrón escapó saltando la muralla hacia la casa vecina. A todo esto, los gritos y el barullo montado por mi madre alarmaron a la carabinera jubilada que vive enfrente, que se acercó a ver qué ocurría. Y enterándose que el ladrón había escapado saltando por la muralla, hizo un disparo al aire para ahuyentarlo.

¿Todo eso por una toalla vieja, mamá? ¿No habría sido más simple dejar que el pobre hombre se marchara? No la había amenazado ni intentado defenderse siquiera. ¿No podía regalarle una toalla?

Realmente, si esto hubiese llegado por desgracia a algún tribunal, estaríamos hablando de robo con intimidación, o peor, robo con violencia, fuga, resistencia ante la autoridad o desacato, y los abogados estarían barajando años. Y el cartonero borracho que fue sorprendido hurtando una toalla en el patio de una casa, sería condenado a cinco años o más. Y ni lo disfrutó ni se lo comió. La mera idea de imaginar en el lugar de los hechos a una carabinera haciendo disparos al aire a las nueve de la mañana le habría significado al cartonero años y años de condena.

Para terminar la historia de mi madre: el ladrón entró a la casa vecina, donde se escondió debajo de una cama -todas las vecinas (es una casa de mujeres) habían salido a la calle a ver qué estaba pasando en casa de mi madre-, donde fue encontrado al rato después. El hombre se había quedado enganchado en el somier y no lograba zafarse. Las mujeres se echaron a gritar y a correr fuera de casa, y el hombre finalmente, desesperado, logró desprenderse de los resortes y escapó saltando por la muralla de los otros vecinos.

A todo esto, su carrito quedó abandonado, con sus cartones y otras cosas que llevaba, y nadie en el vecindario sabía qué hacer con sus pertenencias.

Un último caso que he leído en la prensa es el de un dueño de casa que pilló al ladrón cuando este escapaba con dos gallinas metidas en un saco. El ladrón despertó con los cacareos al hombre, que lo agarró cuando escalaba la muralla para huir. Es evidente que este robo pertenece al grupo de robos por necesidad -los que roban pan para comer y dar de comer a sus hijos. El ladrón sustrajo del gallinero sólo dos gallinas, no todas las que podría haberse llevado. Lo retuvo el dueño de casa hasta que llegaron carabineros. Fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición del fiscal de turno acusado de robo frustrado en lugar habitado. Penal habitual: cinco años y un día (en La Estrella del Norte del 20 de diciembre de 2007). Está en prisión preventiva.

Este hombre robó probablemente el equivalente cinco mil pesos -dos gallinas. El juez Roberto Orchard robó 29 millones de pesos -catorce mil quinientas gallinas. El primero está en prisión preventiva y probablemente deberá cumplir esos cinco años de cárcel. El juez está en libertad, a la espera de que la Corte decida qué hacer con él. Al primero lo atraparon y enviaron derechamente a la fiscalía. Al segundo lo atraparon y lo fueron a dejar a casa. El primer ladrón fue probablemente humillado, insultado y golpeado. El juez todavía está en casa esperando que algún actuario lo mire con un mohín de desprecio

Me intriga saber cómo terminará este caso. ¿Tendrán los jueces el descaro de buscar un resquicio para encubrir al juez?

Quedo a la espera.

[mérici]

gobierno deporta a músicos extranjeros

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columna de mérici

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Ayer expulsó el gobierno a cinco jóvenes españoles y un francés, miembros de una banda punk llamada ‘Puente Romano' que actuó en el acto conmemorativo del asesinato de los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia, Santiago. Después del acto los jóvenes se marcharon, siendo seguidos y detenidos en la proximidad del Metro Las Rejas. Según un redactor de un diario capitalino, "al parecer su apoyo a las comunidades mapuches en conflicto y a otras causas locales, molestó a las autoridades" (La Nación).

En efecto, no se ve que hayan cometido ningún delito. Ciertamente no participaron en las protestas nocturnas.

Lo peor de la arbitrariedad y arrogancia de las autoridades concertacionistas es que en su ánimo de mostrar el poder de que disponen, expulsaron no solamente a los jóvenes de la banda, sino además a las personas que viajaban con ellos y que se habían acercado a la comisaría a preguntar por sus compañeros después de enterarse que estaban siendo retenidos. ¿De qué puede el gobierno acusar a estas personas? Sólo buscaban indagar sobre los suyos.

Muchas personas que se acercaron a comisarías a preguntar por los suyos durante la dictadura militar sufrieron un destino similar y peor. Fueron también detenidas. Algunas desaparecieron. Ya se ve lo bien aprendida que tienen la lección las autoridades de este gobierno. La misma estupidez, la misma injustificada arrogancia. Y los motivos son parecidos. Políticos. O presuntamente políticos. A las autoridades les puede molestar que entren extranjeros que no son de su mismo credo.

No sé si efectivamente los miembros de la banda apoyan la causa mapuche. Espero que sí. No es un delito.

Algunos han insinuado que el motivo real es que los extranjeros no pueden participar en política. Vaya qué sorpresa. Al embajador norteamericano que le pagó a Pinochet no lo expulsó nadie nunca. A los diplomáticos extranjeros que manejaron el destino de Chile y los chilenos hasta el fin de la dictadura y después no los ha expulsado tampoco nadie. A los empresarios extranjeros que opinan sobre Chile tan a menudo en la prensa escrita y en televisión tampoco se les expulsa.

Durante la campaña electoral la señora Bachelet invitó a actos de campaña a connotados músicos extranjeros, como Miguel Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel.
Bosé y los otros participaron en un evento llamándonos nada menos que a votar por la señora Bachelet. ¿Por qué puede meterse en política Bosé y los otros, probablemente a costas del propio gobierno chileno, y no pueden hacerlo unos punks españoles que apoyan o no a los mapuches?

¿Es pura irracionalidad y autocracia? ¿O hay algún mensaje? Considérese que muchos políticos chilenos clamaron al cielo porque, según ellos, el presidente Chávez había impedido un concierto de Alejandro Sanz, atentando contra la libertad de expresión.

No se ve a estos políticos pidiendo explicaciones al gobierno. Ni protestando por la evidente arbitrariedad de su decisión.

Los abogados que defendieron infructuosamente a estos músicos han anunciado que interpondrán una denuncia o una demanda contra el estado chileno ante la Corte Internacional Derechos Humanos. Deben hacerlo. También está la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como en los peores tiempos de la dictadura, cuando Chile era prácticamente un país ocupado por una potencia extranjera, los chilenos deben recurrir a la comunidad internacional en busca de ayuda. Hoy, similarmente, la única esperanza de poner coto a la arrogancia y brutalidad del gobierno es la intervención, y ojalá la amenaza de sanciones, de la comunidad internacional.[*]

La decisión del gobierno chileno es impresentable e indefendible, toda vez que los músicos no se hicieron culpables de ningún acto de violencia ni participaron en las manifestaciones. Y lo que piensen sobre los mapuches ciertamente es algo que les compete sólo a ellos.

La Tercera informó también sobre el incidente. Según su interpretación, que difiere de la de La Nación, no fueron expulsados por su apoyo a la causa mapuche sino "por participar en un acto de homenaje a dos hermanos que murieron en 1985 durante protestas con el régimen militar". Y confirma que las dos españolas expulsadas fueron detenidas "cuando acudieron a las dependencias policiales a visitar a sus compañeros".

Según parece, a la señora Bachelet le queda chica la talla de presidenta. Ahora quiere una talla más grande. Quiere traje de mandarina, como su infeliz predecesor.

Pero me digo de inmediato, claro: ¿Qué se puede esperar de una presidente que se negó a recibir al juez Garzón, que tanto ha hecho por Chile, pero acogió gozosa al ex presidente Aznar, responsable de la guerra de Iraq y por ello, sin ninguna duda, uno de los peores criminales de nuestra época?
[*] No exagero nada. Desde hace un tiempo muestra el gobierno chileno una actitud sospechosamente terca en un sinnúmero de situaciones turbias. Permite que carabineros se muevan en tierra mapuche como soldados enemigos, allanando ilegalmente las casas de los mapuches y destruyendo sus enseres, herramientas de cultivo, y cosechas. Permite que se les detenga, hostigue y robe por miembros de carabineros. Defiende un orden de cosas producto de la violencia y la rapiña con la pretensión de que los mapuches lo acepten sin más. Permite que carabineros use armas de guerra y de grueso calibre para reprimir manifestaciones mapuches.

Todas cosas por las que el gobierno chileno ha sido encarado en tribunales e instituciones internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos. Y el gobierno persiste impertérrito en sus decisiones injustas y contraproducentes, envuelto en un mutismo severo e inexcusable que parece convenir siempre más a los criminales que al resto de los chilenos.

El gobierno se lava las manos en casos de atroces violaciones a los derechos humanos, escudándose en la autonomía del poder judicial -de un poder judicial que el gobierno sabe que es patentemente parcial, moralmente corrupto e incompetente y cuyos miembros deberían estar, muchos de ellos, en prisión por grave denegación de justicia, interpretación torcida de la ley y encubrimiento.

Tampoco hace nada frente a las aberrantes decisiones de los llamados tribunales militares, que absuelven y dejan en libertad a carabineros implicados en asesinatos de civiles en casos flagrantes de abusos, maltratos, torturas y muerte.

Nada tampoco hace el gobierno en torno a las sospechosas muertes de detenidos en calabozos y los persistentes malos tratos y apremios.

Así, los chilenos se encuentran en una situación de abandono y atropello de sus derechos por las propias autoridades, de modo que, como antaño, no se ve otra salida que pedir ayuda en el extranjero y a las instituciones pertinentes para que dobleguen al gobierno chileno y le obliguen a respetar el derecho internacional e incluso sus propias leyes. Y esto nada menos que a petición de sus propios ciudadanos.

[mérici]

estado de derecho empieza en plaza italia

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columna de mérici

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Es loable el llamado de la presidente Bachelet a rendir homenaje a los hermanos Vergara Toledo sin incurrir en actos de violencia. Pero irrita que parezca dirigirse solamente a los jóvenes y otros ciudadanos que conmemoran el deleznable asesinato de los hermanos, y la repetición de lugares comunes alejadísimos de la verdad y, francamente, fuera de lugar.
Los hermanos Vergara Toledo fueron asesinados en 1985, durante la dictadura pinochetista. Pero insinuar que la conmemoración de su asesinato atenta contra la actual democracia es realmente un despropósito.
Para comenzar, habría que recordarle a la señora presidente, Chile no es una democracia. El sistema binominal impide que pueda ser clasificado como democracia, y lo sabe ella mejor que el resto de los chilenos. ¿Por qué pues insistir en una afirmación carente de sentido y, en realidad, insultante? Quizás el sistema binominal es sólido, pero no es democracia. No es democracia un sistema como el chileno, en el que la ciudadanía sólo elige a la mitad de sus representantes, debiendo soportar que las cúpulas de partidos corruptos designen a la otra mitad. No es democracia un sistema donde un ciudadano no pueda postular sin más a los cargos públicos elegidos. Que los ciudadanos voten no implica que vivamos en democracia, como no es democracia que, en algunas dictaduras, los ciudadanos voten en comicios con un solo candidato o con candidatos de un solo partido.
Quizás se refiere la presidenta a que vivimos en un estado de derecho relativamente decente en el que no se tolera la existencia de campos de concentración ni las violaciones masivas de los derechos humanos -bajo la forma de secuestros y detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones, expropiaciones, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, métodos característicos de la dictadura. Sea. Habría que determinar si este estado de derecho es válido para todos los chilenos. Que no creo.
Dice la presidente que tenemos los chilenos la posibilidad de expresarnos. ¿Cómo y dónde, señora presidente? ¿En El Mercurio, La Tercera o La Nación, donde no podemos trabajar si no somos pinochetistas o concertacionistas? ¿En alguno de los canales de televisión existentes, donde no toleran a los allendistas? ¿En los sindicatos de fábricas de donde nos despiden cuando nos hacemos miembros del sindicato? ¿En el parlamento ocupado por una clase autocrática que no ha sido elegida por los chilenos? El discurso de la señora Bachelet se vende bien, pero en el extranjero, no en Chile.

El llamado de la presidente debería incluir a los corruptos e inmorales jueces chilenos y sus fuerzas militares y policiales. ¿Cómo puede pretender que los chilenos aceptemos a jueces torcidos que encubren a los más salvajes criminales pinochetistas, dejándoles en libertad e incluso aplicándoles en algunos casos leyes de prescripción en casos de delitos de lesa humanidad que no prescriben o el ilegítimo decreto ley de amnistía que dejó como herencia el peor criminal de la historia de Chile? ¿Por qué tenemos los chilenos que aceptar este estado de cosas?
Esos jueces torcidos debiesen ser expulsados -debieron haber sido expulsados hace muchos años- del poder judicial y debiesen sufrir la pérdida absoluta y perpetua de sus derechos civiles por actuar como encubridores de probados criminales. Hacer la vista gorda, y no atreverse por motivos inconfesados a actuar contra esta clase de alimañas no hace bien a Chile.
Recorren las calles de Chile las peores hienas y chacales pinochetistas, autores de crímenes de una injusticia, cobardía y crueldad sin nombre, porque son protegidos por jueces civiles y, naturalmente, por sus pares de la llamada justicia militar. Esos fiscales militares que actúan encubriendo los crímenes de sus pares debiesen igualmente ser expulsados de las fuerzas armadas e inhabilitados a perpetuidad. En su lugar, reciben todo tipo de privilegios y prebendas inmerecidas. Hasta hace poco, un general que participó en la ejecución extrajudicial de quince chilenos de bien -en Antofagasta- ocupó uno de los cargos más altos de las fuerzas armadas.
¿Será esta presunta democracia la que permite estas aberraciones? Los criminales culpables del asesinato de los hermanos Vergara Toledo -se trata de los carabineros Alex Ambler Hinojosa, Marcelo Muñoz Cifuentes, Francisco Toledo Puente y Jorge Marín Jiménez- viven en libertad, mientras que debiesen haber sido fusilados y enterrados hace más de viente años (cometieron sus crímenes en 1985). Deberían estar al menos encarcelados, con la única esperanza de salir de la cárcel con un traje de palo. En lugar de eso, como digo, viven en libertad.

¿Esta es la democracia que debemos los chilenos respetar?

Personeros de un partido que defiende una ideología del odio y cómplices de los horrores de la dictadura circulan libremente por el país, ocupan incluso escaños en el parlamento sin haber sido elegidos y llaman a aplicar mano dura contra los manifestantes. Estas gentuzas debiesen ser encarceladas, por apología del odio e incitación al crimen y a la violencia, como ocurre en Europa con quienes defienden dictaduras y otros regímenes de odio. En nuestro país, al contrario, estos seres inmorales viven en libertad y contaminan con su encono nuestra vida política.

¿Tenemos que soportar a estas gentuzas, cuya posición en la vida política del país es un signo manifiesto de la falta de democracia o de la farsa de democracia en que vivimos?

La presidenta debe de vivir en una torre de marfil, rodeada de sus senadores y diputados, entre elegidos y designados, para no ver al Chile real -al menos a una parte del Chile real, el que vive en las poblaciones. Si estuviese bien informada, no podría pretender que la violencia con que reaccionan algunos jóvenes contra las fuerzas de orden es una suerte de reacción espontánea de mentes criminales y delincuentes ante la vista de hombres uniformados.

La violencia no cae del cielo. En muchos casos es una violencia que surge de un odio desagradable, pero plenamente comprensible. Los pobres de Chile, y los jóvenes en las poblaciones, son humillados, ultrajados y torturados a diario en el país por carabineros y detectives de policía. Los pobres son diariamente despojados de bienes a los que sólo acceden con grandes sacrificios. Nadie ignora la violencia con que actúa Carabineros en las poblaciones, cuando allanan ilegalmente viviendas y destruyen todo lo que encuentran a su paso, sin rendir cuentas a nadie.
Hay numerosos casos de crímenes cometidos por carabineros que han terminado en la impunidad. En realidad, la gran mayoría de casos en que las víctimas son trabajadores asesinados durante manifestaciones. En la zona mapuche, los carabineros están incluso autorizados a emplear armas de guerra contra comuneros desarmados. Destruyen nuestras fuerzas de orden regularmente sus enseres y cultivos. Roban sus animales. Allanan ilegalmente sus viviendas. Detienen sin justificación alguna a familias enteras. Algunos efectivos circulan en vehículos sin matrícula, para no ser identificados.

¿Quiere la señora Bachelet que respetemos su noción de democracia?
En la zona metropolitana, los carabineros participan en manifestaciones premunidos clandestinamente de armas de guerra y/o de grueso calibre, cuyo uso toleran sus oficiales a condición de mantener el secreto. Es un secreto público.
En algunas comisarías y en dependencias públicas he visto colgado un cartel con los derechos del detenido. Estos no se aplican a los pobres y marginales de Chile. Conozco personalmente numerosos casos de abusos que nadie se atreve a denunciar, por temor a las consecuencias. Carabineros y detectives que golpean y roban periódicamente en las poblaciones periféricas de Santiago y en la Quinta Región. Torturas que no son nunca denunciadas. Abusos y ultrajes que no se denuncian por temor.

 

Según informaciones del año pasado en Ciudad Invisible, en un reportaje sobre el asesinato todavía impune de Yovani Reyes Sepúlveda en una comisaría de Valparaíso, "las denuncias por ‘violencia innecesaria' [ejercida por las fuerzas policiales] aumentaron de 63 en 1990 a 189 en 1999; por ‘violencia innecesaria más muerte' sólo entre 2001 y 2004 se cuentan 5 (antes de ese periodo no hubo); y en cuanto a las ‘muertes en calabozos' entre 1990 y 2004, las denuncias alcanzan 56, siendo los años 97 y 99 los más graves con 9 cada uno" (Ciudad Invisible 20, noviembre-diciembre 2007).

2
Ayer, en vísperas de un nuevo aniversario de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, subí a un taxi y me puse a conversar con el taxista. Me contó lo siguiente: Hace dos años subieron a su coche dos jóvenes de población. Accedió a llevarlos a regañadientes. Hizo la carrera hasta Puente Alto. En algún lugar, lo hicieron parar y quisieron pagarle el servicio con un celular y un billete de mil pesos. Nuestro taxista rechazó la forma de pago. "No acepto pago en especies", les dijo. Entonces le dijeron que si no aceptaba ese pago, tendría que acompañarlos a su casa. Los llevó. Pero en lo que debería haber sido su parada final, los chicos le apuntaron a la cabeza, cada uno con un arma. Le robaron la recaudación del día, sus documentos y tarjetas de crédito y el taxi.
El taxista corrió hacia una comisaría cercana que conocía. Plantó la denuncia. Me dijo que su coche fue encontrado ese mismo día en la tarde, abollado -pues lo habían chocado- y sin la radio.

Una semana después le llamaron de una comisaría de Puente Alto. En esta parte del relato el taxista me contó que es primo de un carabinero de fuerzas especiales y que otros miembros de su familia son también carabineros. Le llaman pues en la madrugada y le preguntan si puede trasladarse a la comisaría. Allá han detenido a tres jóvenes. Reconoce a uno de ellos. Los carabineros son amigos suyos. El carabinero a cargo le dijo: "Tienes cinco minutos de gracia". Esta frase extraña me la explicó diciendo que quería decir que tendría cinco minutos para golpear al detenido. Me dijo que estaba entonces enrabiado porque el asaltante había vendido todo lo que le había robado y no era posible recuperar nada y porque era menor de edad y de hecho saldría nuevamente en libertad en tres horas.
Volvió al taxi a buscar un linchaco que usa para defenderse. Le pidió al carabinero amigo que le quitara las esposas al detenido, "para que se defendiera". Lo golpeó con el linchaco -que tenía extensiones de estrellas de metal- durante esos cinco minutos.
Después de golpearlo de esta forma, y viendo el estado desastroso en que había quedado el delincuente, dijo, se había arrepentido. La golpiza era su forma de hacer justicia, porque con las actuales leyes el delincuente, por ser menor de edad, no podría ser imputado. No me dijo si el joven había muerto. Ni si lo habían trasladado a un hospital. Ni si, en caso de haber sobrevivido la bestial paliza, denunció a Carabineros por permitir esos maltratos.

Esto ocurrió en una comisaría de nuestro país que vive, según dice nuestra presidente, en democracia y donde podemos expresarnos sin recurrir a la violencia. No el único de los terribles casos de violencia policial que conozco. Los carabineros se ensañan con la población pobre de Chile. La presidente pretende que tenemos derechos que son respetados. Alguien le ha mentido o ella se engaña a sí misma. Los derechos humanos y civiles de las clases pobres no los respeta nadie. No los respetan los patrones. Ni las autoridades. Ni las fuerzas de orden. En Chile el estado de derecho impera, en el mejor de los casos, de Plaza Italia para arriba.

Habría que preguntarle si no, a la señora Bachelet, por qué los asesinos de los hermanos Vergara Toledo están todavía, veintitrés años después de los asesinatos, en libertad y no encarcelados cumpliendo prisión perpetua a firme, como debiese ser.

Quizá la presidenta no considera eso violencia.

[mérici]

[Con la expresión 'estado de derecho empieza en Plaza Italia' se quiere decir que lo viven las clases medias y altas. Plaza Italia divide en Santiago los barrios ricos de los barrios pobres. De Plaza Italia para arriba se encuentran los barrios ricos].

uribe, un criminal de guerra

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columna de mérici

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La incursión en Ecuador es una violación de la soberanía de ese país y un abominable violación de los derechos humanos.
Un reciente editorial de El Mercurio es, pese a lo bizarro de la afirmación que sigue, representativo de la opinión generalizada, explícita y encubierta, de gran parte de la prensa chilena. Gira el escrito del 24 de marzo sobre la incursión militar colombiana en Ecuador y hace un recuento de lo que ha pasado desde entonces a nivel político y diplomático. La resolución de la OEA, dice, reafirma "la vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, del respeto a la soberanía, de la abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza, y de no injerencia en los asuntos de otros estados". Destaca el rechazo a la "incursión de fuerzas militares [...] en territorio ecuatoriano" y el compromiso de los cancilleres de combatir las amenazas a la seguridad que representan grupos irregulares.
El autor lamenta luego que no se mencione en dicha resolución explícitamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que no se acepte la clasificación norteamericana de esa organización como terrorista, que, según el editorialista, es una clasificación que utilizan algunos miembros "relevantes de la comunidad internacional". Y lamenta también que no se denuncie el apoyo externo que recibirían las FARC.

Es conocido el carácter falaz y tendencioso del periodismo de este diario. Sus opiniones suelen ser peores. No está probado que alguna organización extranjera o país financie a las FARC. El autor aparentemente ha aceptado las afirmaciones del gobierno colombiano, en el sentido de que el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, habría contribuido con dinero a la causa de la guerrilla colombiana. Esas afirmaciones no han sido demostradas y viniendo de quien vienen, simplemente no son creíbles. Según el gobierno colombiano se encontraron informaciones de ese tenor en un ordenador requisado en el campamento de la guerrilla atacado. Pero sin una opinión externa e independiente no se puede creer sin más en lo que diga el gobierno colombiano, que ha justificado la incursión militar en territorio ecuatoriano con una seguidilla de intolerables falsedades -entre ellas, por ejemplo, que un ministro ecuatoriano estaba implicado en la guerrilla colombiana.

Pero estos rasgos del periodismo de opinión al estilo de El Mercurio son menos importantes que la omisión mayor de su editorial. Y es que este diario, así como casi todos los diarios nacionales de Chile, no mencionan de ninguna manera que, aparte, y hasta por encima de la violación de la soberanía ecuatoriana, el peor crimen cometido por Colombia por orden de su presidente es el asesinato premeditado y alevoso de, según se especula, veinticinco personas -entre ellas un civil ecuatoriano y cuatro mexicanos. La matanza ordenada por el presidente Álvaro Uribe es simplemente un crimen contra la humanidad y/o un crimen de guerra, una violación espantosa del derecho internacional en su capítulo de derechos humanos. Esta macabra masacre, ejecutada desde el aire con la ayuda de los servicios secretos de Estados Unidos, se ve agravada todavía más por la posterior incursión de soldados colombianos en territorio ecuatoriano en un acto igualmente atroz, dado que su fin era rematar a las personas que hubiesen quedado vivas y profanar y robar los cadáveres de algunos de los caídos.

Pareciera que los empresarios dueños de periódicos y canales de televisión y sus esclavos acartonados y otros ideólogos en sus planillas de pago han decidido que la acción colombiana se justifica de algún modo por el carácter violento de algunas acciones de la guerrilla -en particular, la toma de rehenes. Pero por aberrantes e injustificadas que puedan parecernos las acciones de estos grupos guerrilleros, tienen sus miembros individuales tanto derecho a un debido proceso y al respeto de las normas básicas de justicia y de sus derechos humanos como cualquier otro ciudadano. Esta regla democrática de respeto por los derechos civiles y humanos de los ciudadanos ha sido violada de manera inexcusable por el gobierno colombiano.

Los guerrilleros y otras personas presentes en sus campamentos debiesen ser apresadas y llevadas a justicia por los crímenes que pudiesen haber cometido. Debiesen ser sentenciados después de un debido proceso. La mera pertenencia al grupo no implica un delito punible con la muerte ni tienen los políticos -como el presidente Uribe- derecho ni justificación alguna para ordenar el asesinato de esas personas. Lo que ha hecho Uribe es un crimen que no tiene nombre.

El presidente Correa, de Ecuador, no se ha explayado demasiado sobre el tema, pero ya indicó claramente que la acción colombiana violaba el derecho humanitario -vigente en todo el planeta, recordemos, hayan los países firmado o no los tratados que ratifican su vigencia. Por lo mismo, es de esperar que Ecuador lleve a Uribe al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde deberá ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

Hace un tiempo el mismo El Mercurio publicaba una afiebrada columna de una señora llamada Karin Ebensperger. En su escrito, esta señora pedía que los países americanos aceptaran la definición norteamericana que tiene a las FARC como grupo terrorista. El lema de la autora era que todos podíamos ser Ingrid Betancourt. Decía que la violencia y los secuestros no se podían aceptar. Agregaba que "las personas tienen derechos anteriores al estado, el fin no justifica los medios, no se debe hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos".

Dicho esto, parece olvidar lo que acaba de escribir y justifica el asesinato cometido por Uribe en Ecuador. A la señora aparentemente no le parece grave bombardear a un grupo humano y justificar el crimen diciendo que eran de las FARC, como si ser miembro de las FARC fuese un delito punible extrajudicialmente y con la muerte. Pero ¿qué sentido tendría tratar de indagar en los motivos de ciertas especies de ideas que cruzan las turbias mentes de la gente de extrema derecha? Creo que sería más provechoso intentar establecer relaciones diplomáticas con algún grupo de coyotes.

Esta repentina defensora de los derechos humanos no menciona en su diatriba ni una sola vez los innumerables y horrendos crímenes cometidos por las tropas de Uribe y las fuerzas mercenarias de los paramilitares. Y esa omisión delata su enanísima estatura moral. Si se puede decir a propósito de los injustificables secuestros a los que recurren las FARC, que todos podemos ser Ingrid Betancourt, también se debe decir que frente a la violencia desenfrenada e ilegal del gobierno colombiano todos podemos correr el destino de Raúl Reyes.

La prensa chilena no informa sobre los terribles crímenes que cometen día a día las tropas paramilitares y las fuerzas del gobierno colombiano. Hace unos días publicaba Los Angeles Times un tenebroso reportaje sobre la violencia del gobierno colombiano y sus paramilitares, publicado en español por mQh bajo el título de ‘Militares de Uribe siguen matando'. Según las informaciones recopiladas por su escritor, Chris Kraul, en Colombia han aumentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas del gobierno de manera impresionante. La práctica habitual es matar a civiles inocentes -muchos campesinos y jóvenes desempleados- y vestir los cadáveres con el uniforme característico de la guerrilla. Así lo han constatado las investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas y el grupo norteamericano Fellowship of Reconciliation. El año pasado las fuerzas armadas colombianas ejecutaron extrajudicialmente a 287 personas -y aquí estamos hablando solamente de los casos documentados sobre los que no caben dudas, pues se estima el número de civiles asesinados en varios centenares más.

Estas personas no eran guerrilleros de izquierda ni miembros de las FARC ni del otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional. Eran, según demuestran las investigaciones, civiles no implicados en luchas políticas y que fueron asesinados simplemente en el marco del plan del gobierno colombiano de demostrar que hay efectivamente una guerra que amenaza al país y seguir cobrando el dinero con que premia Estados Unidos los crímenes que cometen las tropas colombianas. Lo más espeluznante de toda esta historia es que es tan verídica que ha sido reconocida incluso por oficiales de las fuerzas armadas de Colombia, que han admitido recompensar a los soldados según la cantidad de víctimas que causen.

El reportaje de Kraul gira solamente sobre las ejecuciones extrajudiciales. Pero no son los únicos crímenes que comete Uribe. El asesinato sistemático de dirigentes sociales y sindicales ha sido otra de sus especialidades. Entre 1982 y 2005 se calcula que han desaparecido por acción de tropas del gobierno y fuerzas paramilitares unas quince mil personas; se han encontrado más de tres mil fosas comunes con los restos de víctimas de esos grupos (varios miles de personas). Según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las fuerzas paramilitares se han apropiado de casi seis millones de hectáreas de tierra. La misma fuente asegura que los paramilitares, desde su presunta desmovilización en 2002, han seguido asesinando a civiles a una tasa de seiscientas personas al año. Desde 1986 paramilitares y militares han asesinado a 2.554 dirigentes sindicales, y la matanza no para. El año pasado mataron a 39 dirigentes; en 1996, a 275.

¿Por qué será, pues, que las gentes de derecha ignoran o niegan estos crímenes? Pues de toda la violencia que domina a Colombia desde hace unos años, la violencia de las guerrillas parece el mal menor y en realidad pareciera que lo más urgente para que el país vuelva a cierta normalidad es reprimir o eliminar definitivamente a las fuerzas paramilitares y militares culpables de esta represión.

A los verdaderos terroristas hay que buscarlos más en el gobierno y en sus fuerzas militares y paramilitares y menos en las FARC ni el ELN. Según las definiciones más extendidas y más sensatas de terrorismo -no las norteamericanas, ciertamente-, el candidato mejor calificado para ser clasificado de este modo es el gobierno colombiano mismo, pues sus crímenes satisfacen los criterios de la definición: atacan de manera sistemática a la población civil y a ciertos grupos de esta, con el fin justamente de causar terror generalizado y exterminar a ciertos grupos considerados enemigos -como los dirigentes sindicales. Hay cientos de casos que prueban la sistematicidad en la represión del gobierno colombiano. No existen pruebas semejantes para acusar a las FARC de terrorismo -aunque no pongo en duda que han cometido algunos de sus miembros crímenes inexcusables, como el secuestro de civiles y la ejecución no ha mucho de un grupo de prisioneros políticos.

Muchos analistas, con y sin seso, pasan por alto el origen de la violencia, como si esta cayese del cielo o como si hubiese una suerte de raza intrínsicamente violenta destinada al crimen. Los paramilitares son grupos de asesinos a sueldo pagados por hacendados, industriales y otras clases parásitas para asesinar a dirigentes sindicales y a campesinos de cuyas tierras y trabajo se quieren apropiar. La violencia de las fuerzas armadas de Uribe se dirige exclusivamente contra las clases pobres del país -piénsese que los jóvenes que asesinan para ponerles el uniforme de guerrillero son personas del campo o de barrios pobres y no se encuentran ricachones ni hijos de ricachones entre los asesinados. Uribe más que presidente de Colombia, es el cabecilla de una serie de grupos criminales, entre ellos, y según confesión de un ex jefe paramilitar, de un cartel de narcotraficantes.

Sin ir más lejos, el gobierno colombiano ha vuelto a amenazar a Venezuela y Ecuador con realizar incursiones en sus países si se les ocurriese hacerlo en su lucha contra las guerrillas. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, ha insistido en caracterizar la incursión en Ecuador como un acto de guerra legítimo, pese a la condena de la OEA y a la aparente aceptación de esa condena por parte de Uribe. Las declaraciones, que resaltan la escasa fiabilidad del gobierno colombiano, vuelven a tensar las relaciones regionales y obligan a Ecuador y Venezuela nuevamente a destinar recursos para enviar tropas a las fronteras. En tribunales internacionales, o a nivel de la OEA o en la ONU, los países amenazados por Uribe debiesen exigir que los costos de las operaciones militares para la defensa de las fronteras sean pagados íntegramente por Colombia, so pena de sanciones.

¿Pero no se habrá ido de la lengua el ministro Santos? Porque durante las últimas semanas se ha negado el gobierno colombiano a considerar parte beligerante a las guerrillas, por lo cual no se permite el mismo gobierno definir el conflicto con las FARC como guerra -ni legítima ni ilegítimamente. La insistencia del gobierno colombiano en rechazar las negociaciones con las guerrillas y en negarse a reconocerles la condición de beligerantes se debe sin duda, según sospechan muchos analistas, a que si lo hiciera así se vería obligado a respetar las leyes de la guerra - las Convenciones de Ginebra-, que contradice su estrategia, que incluye la utilización de fuerzas paramilitares y la violencia sistemática y masiva contra los ciudadanos de su país.

Uribe y su guerra contra su pueblo se ha convertido en un peligro para toda la región. Sus recientes amenazas de reservarse el derecho a volver a matar incluso fuera de sus fronteras lo ponen en la lista negra de terroristas y otros parias del planeta. Está corriendo el riesgo de que si las guerrillas logran ajusticiarlo, sólo en su casa lamentarán su desaparición.

[mérici]