columna de mérici

qué hacer con los asesinos de mujeres

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columna de mérici

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Hace unos días, la rápida intervención de detectives de la Brigada de Investigación Criminal impidió a último momento el asesinato de una mujer. Su ex amante la había golpeado brutalmente. La mujer pudo de algún modo llamar a la policía. Cuando llegaron los detectives, el hombre se encontraba vaciando contra las paredes de la casa dos bidones con bencina. Tenía la intención de quemar la vivienda con su ex novia dentro.
Pese a que la mujer rompió su relación con él hace más de cuatro años, el hombre -un marino mercante- se ha acercado a su casa toda vez que puede con la intención de agredirla. Ahora ha sido acusado de violencia intrafamiliar, daños, violación de morada y amenazas de muerte. Deberá firmar en fiscalía durante un año. La fiscalía dispuso además la prohibición absoluta de acercarse a la víctima (en El Llanquihue del 7 de junio de 2008).

No es la única mujer salvada a último momento por la intervención policial. Aparecen en la prensa de vez en vez otros casos similares. A principios de mayo, por ejemplo, en Calama, un hombre fue detenido por carabineros cuando, en la calle, estrangulaba a su mujer con los cordones de sus zapatillas (en La Estrella del Norte del 6 de mayo de 2008). La riña había comenzado cuando la mujer se negó a entregarle a sus hijos en el marco del régimen de visitas -estaban separados- por encontrarse en estado de ebriedad.

Blanca Palma, el 15 de abril de 2008, debe su vida a la intervención de carabineros, que llegaron a su casa cuando su pareja intentaba matarla con un cuchillo cocinero (en La Nación del 16 de abril de 2008).

Pero lo más habitual es que la policía llegue demasiado tarde. En lo que va del año, 31 mujeres han perdido la vida violentamente a manos de sus maridos, ex maridos, amantes y novios.

El asesinato de mujeres es sólo una de las formas que adopta la violencia doméstica o intrafamiliar. En realidad, a menudo es parricidio. A veces se lo llama crimen pasional. Como el asesinato de padres, madres, hermanos o hijos, o la violación incestuosa de hijas, sobrinas y ahijadas o apadrinadas, se trata de crímenes casi imposibles de evitar.

No de prever. Hay en tribunales más casos de mujeres golpeadas y amenazadas que de mujeres asesinadas. Uno de los pocos instrumentos con que cuentan las autoridades judiciales para intentar prevenir que las mujeres sean agredidas, cuando finalmente se atreven a denunciar a sus agresores, es la medida cautelar que prohíbe o penaliza el acercamiento del hombre a la mujer -habitualmente al domicilio de la mujer.

Pero para un hombre decidido a matar, esas medidas cautelares son inútiles. Muchas de las mujeres asesinadas por sus parejas contaban con esa protección y en teoría sus maridos o amantes no podrían haberse acercado a sus casas. Además, por lo general la medida cautelar impide que el hombre se acerque al domicilio y no puede prever que el hombre la aceche y ataque en otro lugar -en casa de familiares que él conoce, o en el mercado, por ejemplo. En el caso de Jessica González Pérez, una mujer de San Antonio que fue agredida brutalmente por su marido -se separó de él hace dos años-, carabineros detuvieron al agresor apostado frente a la casa de la madre de la mujer, donde esta se había refugiado para evitarlo en su propia casa (en El Líder de San Antonio del 19 de abril de 2008).

En diciembre de 2007, Flor Silva Vergara, de Arauco, murió tras ser golpeada con un martillo y estrangulada por su marido, el que luego de cometer el crimen se colgó en la cocina de la casa. Había sido denunciado meses antes por su mujer. En junio de ese año fue condenado a presidio menor en su grado mínimo y se le prohibió acercarse a la víctima o ingresar a su domicilio (en La Tercera).

En Valparaíso el primero de mayo de 2008 un individuo se acercó al domicilio de su ex mujer, pese a la prohibición de acercamiento que le había impuesto la fiscalía tras ser procesado por violencia intrafamiliar. Pero en la casa también se encontraba el nuevo amigo de la mujer. En la trifulca que estalló, lo apuñaló causándole la muerte (en La Estrella de Valparaíso del 2 de mayo de 2008). Pero la víctima bien pudo ser ella.

Las medidas cautelares de este tipo -prohibición de acercarse a la víctima o a su casa- suelen ser inefectivas y son a veces hasta contraproducentes. Cuando la pareja tiene hijos, la prohibición efectiva de verlos puede igualmente provocar reacciones violentas.

Las autoridades políticas se han mostrado incapaces de ofrecer soluciones efectivas. Y en realidad es difícil imaginarlas.

Aplicar penas más severas, con penas de prisión más prolongadas, inhabilidades y otras, no tiene demasiado sentido en el caso de homicidios logrados. Muchos de los criminales se suicidan tras cometer el crimen. Los que no lo hacen, logran empero su objetivo, que es terminar con la vida de la mujer. Penas de prisión más prolongadas, aunque bienvenidas por muchos, no devuelven a las mujeres a la vida.

Algunos jueces han optado por tomar más en serio el delito de amenazas en este contexto de casos de violencia intrafamiliar. A principios de febrero de este año, un hombre de San Antonio infringió la prohibición de acercarse a su esposa. En mayo de 2007 se le había impuesto la prohibición de acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a ella misma. En febrero de 2008 entró a la casa y empezó a sustraer y romper objetos. Fue condenado a tres años y un día de reclusión a firme (en El Líder de San Antonio del 6 de febrero de 2008).

En comentarios sobre estos casos, políticos y autoridades suelen preferir las amenazas a pensar en soluciones posibles.

Pareciera que se acepta con un indolente fatalismo el destino de muchas mujeres cuyas muertes han sido anunciadas, porque por lo general estas mujeres son o han sido previamente víctimas de violencias y/o amenazadas de muerte por sus hombres. Además, en demasiados casos las víctimas han recurrido a la justicia sin obtener a tiempo la ayuda necesaria. El caso que acabo de mencionar -prolongada pena de prisión a firme por el delito de amenazas- es realmente excepcional.

El año pasado, el diputado Ignacio Walker presentó un proyecto de ley que, aunque apunta sólo a los pedófilos, algunos piensan que podría ser utilizado para reducir la incidencia de este y otros tipos de homicidios anunciados.

Walker propuso colocar a pedófilos calificados de peligrosos un brazalete o tobillera electrónicos conectado a un sistema satelital para seguir sus pasos y poder así "evitar fugas o nuevos atentados sexuales contra menores" (en noticias123).

Es difícil imaginar cómo, con este sistema, se podría evitar que esos pedófilos se acerquen a menores. El sistema puede determinar dónde se encuentra el pederasta, pero no sus víctimas.

Pero una idea similar se puede aplicar para reducir los casos de asesinatos de mujeres. En el caso de amenazas de muerte verificadas fehacientemente, y en el caso de que se impongan por ello medidas cautelares como la prohibición de acercamiento, la colocación de un brazalete o una tobillera pudiera ser una solución de algún tipo. La policía podría seguir los movimientos del individuo, pero no los de la mujer o hijos, que son también blancos de estos hombres, como quedó demostrado con el horroroso asesinato de una niña de diez, a la que su padre -el Chacal de Calera de Tango- estranguló y degolló tras recogerla del liceo (en La Nación). La policía podría detectar si el individuo se acerca a la vivienda de la mujer, por ejemplo, pero no si se dirige a otro lugar donde sabe que se encuentra esta o alguno de sus hijos u otra persona inscrita en la obsesión del criminal.

Se podría penalizar la destrucción del brazalete o tobillera, ¿pero qué sentido tendría? En estos casos, el hombre está obsesionado con la muerte de la mujer. Nada impedirá que la mate. Ni brazaletes ni penas más altas.

Pero en Chile se cuenta con un formidable instrumento legal que puede reducir considerablemente la comisión de estos homicidios. Se llama relegación. Tiene esta palabra feas resonancias, porque ha sido utilizada en el pasado para imponer restricciones a la libertad de desplazamiento de opositores políticos. Existe en la jurisdicción chilena, pero apenas si la aplica.

De hecho, yo conozco un solo caso de relegación en el contexto de violencia intrafamiliar. En una sentencia de enero de este año, el Tribunal de Garantía de Caldera condenó a un hombre a tres años y un día de prisión tras agredir violentamente a su mujer. El hombre la siguió a su lugar de trabajo, donde la atacó con un cuchillo.
Según el Diario de Atacama, "la sentencia contempló además que el sujeto deberá cambiar su residencia a Tierra Amarilla y no podrá acercarse a la víctima de la agresión ni a su lugar de trabajo". No se explica en el artículo si el cambio de residencia será permanente o provisional, probablemente después de cumplida la pena de prisión, ni por qué se determinó que fuese Tierra Amarilla. Es un caso que debiese ser mejor conocido.

Tampoco explicita el diario si se trata de relegación o alguna otra figura. Tierra Amarilla y Caldera pertenecen a la misma provincia y no creo que haya más de cien kilómetros de distancia entre las dos ciudades. Normalmente, se relegaba a los condenados a lugares remotos. No sé si tras salir de prisión, el condenado tendrá demasiados obstáculos para dirigirse a Caldera y cumplir su amenaza antes de que pueda intervenir la policía.

En el código penal chileno existen varios tipos de penas restrictivas de libertad de desplazamiento: confinamiento, extrañamiento, sujeción a la vigilancia de la autoridad, destierro y relegación. Estas penas prácticamente no se imponen hoy en día y son letra muerta. Algunas conductas delictivas que imponían su aplicación -como el amancebamiento-, ya no lo son.

Pero la relegación parece una alternativa que se ajusta a derecho y que ciertamente reduciría la comisión de estos crímenes. Implica el traslado del reo a un lugar habitado del país, con la prohibición de salir de él. Como se trata históricamente de ciudades pequeñas, las autoridades pueden ejercer un control todavía más estricto sobre su presencia en la ciudad y detectar oportunamente si el condenado ha violado la prohibición. Un brazalete o una tobillera facilitarían, además, las labores de vigilancia. Si se determinara que entre el domicilio de la persona agredida y el agresor debe haber una distancia de, digamos, mil kilómetros, en un país angosto y alargado como Chile la violación de la prohibición sería ciertamente detectada a tiempo por las autoridades. Si el reo lograra abandonar la ciudad, sería de todos modos detectado antes de que lograra cumplir sus amenazas en algún otro punto del país.

El destierro -la prohibición de acercarse a la ciudad de la víctima- también podría ser utilizado, en combinación con alguna forma de relegación o de sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Obviamente, estas son penas bastante severas. Pero más severas son la muerte y la mutilación o la invalidez u otras secuelas de los atentados contra la vida de las mujeres agredidas. Y la relegación y el destierro, con todo, son menos penosas que la prisión.

Tampoco se trata, obviamente, de abandonar al reo en un lugar remoto y desconocido, como suele ocurrir en las novelas y en algunos casos históricos de subido surrealismo -como la llamada Guerra de los Locos en Colombia, en que el alcalde de una ciudad trasladaba forzosa y clandestinamente a los dementes y alcohólicos de su ciudad a los confines de otra, regida por un alcalde enemigo. Las autoridades y otros servicios del estado debiesen ayudar al condenado en su proceso de adaptación a su nuevo entorno. Tratándose muchas veces de agresores alcoholizados y en difícil situación social, el estado debiese implementar con estos condenados planes de rehabilitación y formación profesional.

La distancia y el tiempo son dos cómplices del olvido, que es lo que en realidad se necesita para que hombre y mujer, llegados a un punto de su relación en la que no queda más que resentimiento, odio y deseos de venganza, puedan continuar sus vidas sin temer perderlas en el trayecto. Con estos propósitos en mente, la relegación y/o el destierro se presentan como la opción más efectiva. Y, probablemente, la más humana.

[mérici]

quién mató al cabo cristián vera

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columna de mérici

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Durante los incidentes del 11 de septiembre del año pasado en Santiago murieron dos personas: una bebita de 20 días, asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía en un vecindario de Lo Hermida, y el cabo primero Cristián Vera, en la esquina de Laguna Sur con calle de La Estrella, en Pudahuel Sur. Esa noche el cabo Vera recibió un impacto de bala en la cabeza. Murió a eso de las 7 de la mañana.

Los enfrentamientos de ese día fueron particularmente violentos. Los manifestantes se apoderaron de las calles en la noche, quemaron llantas y otros elementos combustibles llenando el aire de una densa humareda y atacaron a la policía utilizando armas de fuego, pistolas, piedras, bombas Molotov y escopetas de caza y hechizas. En todo el país hubo 306 detenidos, 208 de ellos en Santiago. Hubo numerosos heridos, entre ellos 42 carabineros -4 por impactos de bala, uno tras un ataque con ácido. Todos los boletines de prensa de esos días señalan la utilización, por parte de los manifestantes, de armas de guerra o de grueso calibre: ametralladoras, subametralladoras Uzi, rifles de asalto M-16.

El nivel de violencia no era inesperado. En los últimos años, las manifestaciones nocturnas del 11 han sido particularmente intensas y violentas. Pero esta vez los trágicos incidentes de esa noche fueron precedidos por el asesinato, el 25 de agosto, de un niño del vecindario, al que otro carabinero (Miguel Canto Matus) mató a tiros tras una riña con su propio hijo. Ese espantoso crimen -la mujer del agente separó al niño de sus amigos y Canto Matus le disparó dos veces a quemarropa, una de esas por la espalda- causó conmoción en el barrio. El carabinero era conocido, porque era un vecino más. Se temía que este crimen quedara impune. En el barrio aparecieron pintadas que prometían vengar la muerte del pequeño. También aparecieron panfletos en las que se amenazaba a Carabineros. En el barrio reinaba la indignación y la rabia. El cabo Miguel Canto fue dado de baja y arriesga hoy, con su mujer, una pena que puede ser su reclusión perpetua.

Balazo Mortal
Entonces vino el 11. Y la muerte del cabo Vera. La policía inició de inmediato las pesquisas para identificar al autor del disparo que terminó con su vida. En las primeras declaraciones a la prensa, la policía dijo que el arma utilizada era de grueso calibre y que podría haber sido un rifle de asalto M-16 o un AK-47. Pero esa declaración inicial fue olvidada pronto y se impuso la tesis de que el arma utilizada había sido una pistola calibre 9. Los motivos que explican este brusco giro de interpretación son aparentemente que se encontró cerca de donde cayó el cuerpo del cabo un casquillo de una bala de 9 mm y la incautación de la pistola que la percutó en una de las casas del vecindario que fueron allanadas al día siguiente, más el interrogatorio y posterior declaración del individuo que utilizó esa pistola. La policía tenía una confesión. No del asesinato, porque sería imposible que el autor presunto supiera quién o qué bala mató finalmente al cabo, pero si de haber disparado contra los agentes esa noche. Eso no es lo mismo que una declaración de culpabilidad, pero para la policía fue suficiente para colgarle el asesinato.

Improbable Confesión
El asesino del cabo sería Eduardo Jesús Espinoza Bórquez, apodado ‘El Guaro’, de 18 años, con antecedentes por delitos relacionados con drogas. Su padre pasó igualmente un tiempo en prisión, también por delitos relacionados con el tráfico de drogas. No se ganarían la simpatía de la opinión pública. El caso se encuentra hoy en manos de la fiscalía militar.

El cabo Vera fue herido en medio de una salvaje balacera poco antes de medianoche. Su atacante se encontraba, dijo la policía, a 72 metros del agente. Algunos canales de televisión recuperaron la imagen del manifestante disparando su arma contra el policía. La bala habría atravesado el escudo de otro agente que se encontraba junto al cabo. Tras cruzar la lámina de fibra de cristal cambió de dirección y atravesó el casco del agente, perforó las paredes del cráneo, fracturó irrecuperablemente el cerebro del agente y volvió a perforar la otra pared del cráneo en su trayectoria de salida. No está claro si el casquillo hallado en el lugar es de la bala que hizo todo eso.

Bala Prodigiosa
Pero desde que la policía anunciara públicamente que creía haber identificado al autor y la bala que mató al cabo, surgieron dudas sobre esa interpretación. El ex jefe del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, especialista en balística y armamento y profesor en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Ramón Vilches Vega, declaró que es muy difícil que una bala disparada por un arma de 9 milímetros pueda hacer tanto daño, menos a 72 metros de distancia. El mismo ex detective especuló en otro lugar que la bala que perforó el cráneo del cabo Vera "puede ser una bala de fusil de 7 mm o de 7,62 mm o de 5,56 mm de una M-16". Esta interpretación se ve reforzada por la transcripción de los diálogos entre los agentes que se encontraban junto al cabo, que pensaban que estaban siendo atacados con subametralladoras Uzi.

Basándose precisamente en la creencia de que la bala que mató al cabo era una bala de grueso calibre o de guerra, El Mercurio, sin mencionar sus fuentes, adelantó que la bala provenía de rifles de asalto introducidos por grupos de extrema izquierda y/o el Partido Comunista durante el gobierno militar y que habían sido repartidos entre los vecinos para atacar a las fuerzas especiales. Esa acusación también la formuló el diputado de extrema derecha (UDI), Patricio Melero.

Bala de Guerra
En realidad la velocidad de la bala y los estragos que causó son los elementos más importantes para creer que la bala no pudo ser ni una bala de 9 mm ni percutada por una pistola de ese calibre. Patricia Nilo, la jefe de urgencias del Hospital de Carabineros, dijo que "la bala que atravesó el cráneo era de gran tamaño y destruyó la masa encefálica, lo que produjo la posterior muerte del cabo".

Las declaraciones de la doctora coinciden con la interpretación del ex director del Laboratorio de Criminalística. "Las fracturas que se aprecian en el cráneo", escribió el ex detective en su análisis del escáner del cráneo del cabo, "se explican por la velocidad del proyectil. Era muy elevada y por lo tanto tenía mucha energía. Al perforar el cráneo a gran velocidad desplaza violentamente el contenido orgánico del cerebro, el que golpea contra las paredes del cráneo, generando las fisuras que se ven en las imágenes. En ellas se ve además que el cráneo estuvo a punto de explotar dentro del casco del carabinero".

Es difícil, sino imposible, que una bala de 9 mm pueda causar los estragos que causó en el cerebro del cabo Vera. Las balas de este calibre han sido utilizadas tradicionalmente por civiles en prácticas de tiro y para defensa personal, debido a su bajo costo y moderado impulso de disparo. La policía norteamericana usaba esta bala, pero la dejó de lado por sus bajos resultados en tiroteo, reemplazándola por una bala calibre 0.40.

Las dudas sobre el calibre de la bala y la pistola que la percutó se instalaron en la opinión pública, empezando por la familia del acusado. Su padre, Eduardo Espinoza Correa, declaró repetidas veces que pensaba que era imposible que la bala que disparó su hijo pudiese haber causado la muerte de Vera. Él, como hombre experimentado en el manejo de armas de cuando era miembro de una banda de traficantes, podía asegurar que eso era imposible. Los expertos le dan la razón.

Por Dónde Entró la Bala
Pero hay más aspectos extraños en la muerte del cabo Vera. El análisis que realizó el ex detective Vilches muestra otras cosas inexplicables. La bala impactó prácticamente por arriba en la cabeza del cabo y salió después de perforar su cerebro, dejando un enorme agujero en el cráneo. Una nota publicada por La Cuarta del 12 de septiembre, también afirmaba que "el tiro le perforó todo el cerebro, de arriba hacia abajo". Las dos cosas son incompatibles con el tamaño, potencia y velocidad de una bala de 9 mm; lo último es difícil de explicar. Además, el kevlar, el material del casco, es un material resistente utilizado frecuentemente en la fabricación de cables y chalecos antibalas. No es impenetrable, pero una bala de 9 mm difícilmente podría perforarlo a la distancia en que se percutó.

En la reconstrucción se constató verosímilmente que Eduardo Espinoza mantuvo el arma a 1.60 metros del suelo en posición horizontal. La bala entró prácticamente desde arriba por el costado izquierdo y salió por el derecho con una diferencia de altura que sólo se puede explicar si el balazo fue hecho desde una altura, como un segundo piso. Esta hipótesis eliminaría el escudo previo y la teoría de que este desvió la trayectoria de la bala. De otro modo, habría que suponer que el cabo Vera avanzaba agachado, exponiendo su flanco izquierdo. Esta última teoría hace posible que la bala que lo impactó iniciara su trayectoria a una altura menor de 1.60 metros, pero descarta igualmente el impacto con un escudo. La hipótesis la hacen menos verosímil las imágenes captadas del incidente, donde se ve a los carabineros replegándose erguidos, tratando de cubrirse con los escudos, por la acera de la iglesia Santa María del Sur.

A Quemarropa
Sin embargo, varias notas de la prensa policial de los últimos meses arrojan dudas sobre la versión de la fiscalía, de El Mercurio y de los expertos militares citados por ese diario. No se descarta que una pistola de defensa personal de este calibre, así como una de calibre 22, pueda causar la muerte cuando se la dispara a corta distancia o a quemarropa. Pero aún así parece muy difícil que pueda causar daños tan devastadores como en el caso del cabo Vera.
Hace una semanas -el 2 de enero de 2008- una mujer de 20 que se preparaba para acostarse, en una población humilde en San Bernardo, recibió en la cabeza un impacto de bala proveniente de una pistola calibre 9. La bala entró por el techo de la vivienda -no dice el diario de qué material era el tejado, pero tratándose de una construcción humilde, es probable que sea de hojalata o incluso madera. La mujer quedó herida, pero sin riesgo vital.
Igualmente, el 13 de enero de este año la prensa informó sobre un extraño caso en Antofagasta. Un individuo disparó a quemarropa contra dos vecinos. Se dio a la fuga, pero se entregó días después con el arma con que había hecho los disparos: una Taurus de 9 milímetros. Los heridos fueron llevados a urgencias con impactos de bala en el tórax; están fuera de peligro.
Hace unos meses, el 23 de enero de 2008, tras una discusión con su pareja una mujer de Playa Ancha, Valparaíso, se disparó apoyando el cañón de una pistola calibre 9 contra el pecho en un aparente intento de suicidio. La mujer se encuentra hospitalizada, fuera de peligro.
El 22 de febrero un carabinero disparó contra un hombre que le agredía, hiriéndolo en la cabeza con una pistola Taurus calibre 9. El hombre sólo quedó gravemente herido.
Igualmente, en La Florida, Santiago, el 2 de marzo, un niño quedó herido grave por un impacto en el cráneo de una bala perdida calibre 9. Sobrevivió.
En Ovalle, el 2 de marzo, un temporero fue herido a quemarropa con una pistola calibre 9. El mismo agresor disparó contra su acompañante, hiriéndolo en la cabeza. Los dos sobrevivieron.
De modo que, como lo demuestra estos y otros muchos casos [que se pueden consultar igualmente en paginapolicial.blogspot.com], si una bala de 9 mm no puede provocar daños irreversibles ni la muerte a distancias tan reducidas, ¿cómo creer que en el caso del cabo Vera hizo todo lo que hizo? La versión en la que insiste la fiscalía militar y Carabineros es simplemente inverosímil.

Conjeturas
Sobre la base de las primeras versiones policiales y de prensa, que son probablemente, por su espontaneidad, las más verosímiles, de que al cabo primero Cristián Vera lo mató una bala de guerra, han emergido desde entonces varias especulaciones. La primera y mejor conocida es la que atribuyó la muerte del cabo a un arma de guerra, probablemente introducida a Chile por el Partido Comunista. La teoría fue desmentida posteriormente por la policía misma.

Otra conjetura, tampoco probada, es que el cabo Vera fue matado por otro carabinero o agente de seguridad. No hay testimonios sobre el uso de armas de grueso calibre esa noche, cosa que por lo demás Carabineros niega pertinentemente. Se desconoce si aparte de carabineros participaron en la represión de los violentos disturbios otras unidades de fuerzas de seguridad. Si ese fuese el caso, y en ausencia de testimonios, habrían disparado desde el segundo piso de alguna de las casas aledañas.

El piquete de carabineros se había dispersado en ese lugar. También se especula por eso que la bala pudo provenir del arma de otro agente. Eso significaría que alguno de los carabineros portaba un arma de guerra o de mayor calibre y que habría disparado por error o confundiendo el blanco. En la oscuridad de esa noche en ese lugar, entre las llamas de las llantas en combustión, el humo de las bombas lacrimógenas y los gritos y el ruido de las numerosas armas utilizadas, esa teoría adquiere mayor probabilidad.

El 11 de 2005
Pero son meras especulaciones. Sin embargo, no sería la primera vez que ocurre algo semejante. Aunque el general José Bernales, fallecido desde entonces, desechó esa posibilidad diciendo que ese 11 de septiembre la policía usó solamente balines de goma y no balas de verdad, el 11 de septiembre de 2005, con ocasión de las manifestaciones nocturnas en conmemoración del golpe de estado de 1973, un joven manifestante perdió la vida por el impacto de una bala de grueso calibre. Durante los disturbios, el joven -Cristián Castillo Díaz- que participaba en una barricada nocturna en la población Lo Hermida, de Santiago, murió casi instantáneamente al recibir una bala en el corazón. La muerte la causó una bala calibre 38.

Durante largo tiempo, Carabineros rechazó la idea de que el tiro que mató al manifestante pudiese provenir de un arma de Carabineros. Sin embargo, casi un año después, un carabinero confesó haber sido el autor del mortal disparo. En su declaración confesó haber utilizado una pistola calibre 38, que la había comprado en el mercado negro y que era habitual que los carabineros portaran armas no autorizadas en ese tipo de manifestaciones. De los numerosos testimonios recogidos en entrevistas con participantes y testigos esa noche, quedó en claro que efectivos de carabineros efectivamente usaron balas de verdad -en el lugar quedaron más de 40 casquillos de balas de calibre 9 y 38, los dos calibres utilizados entonces por Carabineros- y que en la represión de esas manifestaciones participaron fuerzas de seguridad y carabineros de paisano en vehículos sin identificación. (En la represión de manifestaciones indígenas en el sur, se ha observado a personal de los servicios de seguridad actuando en vehículos sin patente). El autor confeso resultó ser Daniel Cabrera, carabinero de la 43º comisaría de Peñalolén.

No es creíble que una práctica habitual, como confiesa el carabinero, haya escapado a la atención y control de los oficiales en un cuerpo policial tan disciplinado y militarizado como Carabineros. Muchos sospechan que se trata muy probablemente de una práctica tolerada o recomendada extraoficialmente. Pero es un asunto que, pese a las numerosas protestas de organizaciones de derechos humanos, no ha sido investigado y que Carabineros ha desmentido categóricamente.

Pero esta conjetura -tan hipotética como la versión oficial de la muerte del cabo Vera- no excluye una tercera, igualmente probable: que la bala que lo mató provino de un arma de grueso calibre disparada no por un carabinero, sino por un manifestante desde el segundo piso de alguna de las casas aledañas.

Como quiera que sea, las dos últimas teorías, y la improbabilidad de la versión oficial, libran de culpa al acusado. La bala que disparó Eduardo Jesús Espinoza Bórquez, les guste o no al acusado y a sus acusadores, no pudo haber matado al cabo Vera.

[Este artículo es la versión definitiva del anterior ’Quién mató al cabo Vera’, sin nombre de pila, que publiqué aquí y en otros sitios (piensaChile.com y atinachile.cl) a partir de septiembre de 2007. En este se reúnen las últimas informaciones disponibles. Los interesados en el tema debiesen preferir esta versión a las anteriores. Esta versión actualizada ha sido publicada en Ciudad Invisible 21, marzo-abril 2008, Valparaíso, Chile].

[mérici]

crisis moral y política en chile

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columna de mérici

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No encuentro nada tan irritante como seguir viendo a políticos, diputados y senadores, ampliamente entrevistados en programas de televisión y noticiarios pese al hecho repetidas veces comprobado de que la inmensa, inmensísima mayoría de los ciudadanos los repudia. No representan a nadie. Sin embargo, no sólo deciden nuestro destino sino que además, gracias a la prensa y televisión, se pavonean imperturbables en las páginas de los diarios y en la pantalla.

Yo creo que esta crisis viene de los años setenta, cuando fuerzas políticas y militares chilenos perdieron el norte moral y provocaron en Chile la peor crisis política y humana de su historia.

Pero el fin de la dictadura no ha puesto fin a esa crisis. No salimos de la dictadura para iniciar nuestra transición hacia la democracia, porque Chile no es todavía una democracia y con las estructuras políticas actuales no lo será nunca. Las fuerzas que hicieron posible ese régimen de excepción, también lograron que grupos políticos que lucharon contra la dictadura en mayor o menor grado aceptaran estructuras políticas que, de hecho, perpetuaban sus principales instituciones.

Ahora lo que tenemos es una dictadura colectiva gestionada por una clase política autocrática que vela más por sus propios intereses de casta que por el bien general del país.

El sistema binominal, donde reside el poder y que reduce el concepto de soberanía ciudadana a una ridícula caricatura, fue impuesto a la población por un grupo de políticos que se arrogó su representación. Desde entonces, la participación política ha ido declinando constantemente.

A mediados de mayo varios centros de estudios políticos -Cieplan, Libertad y Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ProyectaAmérica y el Centro de Estudios Públicos (CEP)- publicaron los resultados de su estudio sobre partidos políticos y sistema electoral. Según esos resultados, el 91 por ciento de los chilenos desconfía o tiene muy poca confianza en los partidos políticos. El 78 por ciento "no les encuentra ninguna virtud" (en la expresión de La Tercera).

Los encuestados debieron poner nota, en la escala de uno a diez, a la actuación de los partidos políticos. El puntaje más alto lo obtuvo el bloque de la Concertación, con 3,8. El partido con el puntaje más alto fue Renovación Nacional (3,8), seguido por el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana (3,7); la UDI, el Partido Socialista y el Partido Radical fueron calificados con un 3,5, 3,4 y 3,2 respectivamente. El Partido Comunista, que no tiene representación en el Congreso, sacó nota 2,8.

El 55 por ciento de los chilenos cree que los partidos políticos "privilegian sus intereses por sobre los intereses del país"; el 44 por ciento piensa que "no representan los intereses de la gente" (fuente anterior)

El 62 por ciento no tiene ningún interés en la política. El 49 por ciento no se identifica con ningún sector político. El 25 por ciento se identifica con la Concertación. Sólo el 16 por ciento con la Alianza.

Según la versión de La Nación, en cuanto a las reformas constitucionales, como la reforma del sistema binominal, el estudio constata que el 49 por ciento rechaza este sistema electoral y lo quiere modificar o transformar. Sólo el 25 por ciento prefiere mantenerlo. El resto no sabe o no contesta.

Los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia son las instituciones que gozan de menor confianza entre la ciudadanía (6, 16 y 18 por ciento respectivamente). Las instituciones con mayor apoyo son carabineros, fuerzas armadas, radios e iglesia católica (con 57, 51, 48 y 48 respectivamente). En los diarios confían muy pocos: sólo el 28 por ciento. En la televisión, sólo el 34 por ciento.

Estos resultados, considerados relativamente fiables por su metodología y por la diversidad ideológica de los centros de estudio participantes, ofrecen un panorama desolador de la vida política y social chilena.

Es ciertamente impactante que las principales instituciones de la república (tribunales y Congreso) sean tan ampliamente rechazadas. Pareciera que los chilenos sentimos que estamos viviendo bajo una nueva forma de dictadura, con un sistema político que consideramos evidentemente ilegítimo que permite que seamos gobernados por políticos que no elegimos y, se sigue, no nos representan. En ese Congreso se dictan leyes que no aprobamos.

Estas realidades ideológicas son irrebatibles. Los chilenos pensamos que la clase política es más bien una casta corrupta enquistada en las instituciones del estado.

Se puede decir lo mismo de otro modo. Con otras palabras o más suavemente. Pero los hechos están ahí. Tienen más confianza los inmigrantes en instituciones de un país que no conocen, que los chilenos en las suyas.

Vivir en Chile es como vivir en un país extranjero, de costumbres atávicas extrañas y difíciles de comprender. Sus autoridades hablan un idioma que no entendemos. Se rigen por leyes que violentan nuestros principios e inclinaciones. Tal parece que vivimos en un país ocupado.

Todos sabemos que, gracias al sistema binominal, la mitad de los senadores y diputados no son propiamente elegidos. La otra mitad la designan las cúpulas de los partidos. Estos políticos designados ocupan el cincuenta por ciento de los escaños en el Congreso.

Estos políticos no elegidos determinan el futuro y el funcionamiento del país, dictan y rechazan leyes, aprueban o rechazan tratados internacionales, etc.

Para colmo de males, muchos de estos políticos pertenecen a un partido que en otros países sería prohibido, por justificar las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

La ciudadanía ve siempre con asombro y horror que este tipo de políticos aprueban leyes en el Congreso y toman decisiones que contradicen derechamente la voluntad ciudadana. Según las encuestas, como se ve, el conglomerado que sólo cuenta con el 16 por ciento de las preferencias ciudadanas, toma decisiones como si representara al 50 por ciento.

Hay un largo listado en que las autoridades y la clase política han optado por medidas y leyes que no sólo contradicen la voluntad de los ciudadanos sino que además los oprimen derechamente.

-Todavía está en vigor un salario mínimo patentemente injusto e inhumano, pese al clamor ciudadano.

-Los trabajadores chilenos siguen teniendo dificultades a la hora de sindicalizarse y la negociación laboral colectiva no es todavía una norma, como debiera serlo.

-Se continúa penalizando algunas drogas, como la marihuana, en cuya absurda represión el estado malgasta gigantescos recursos y tiempo. En esta represión absurda, la policía arremete contra barriadas pobres persiguiendo violentamente a microtraficantes y consumidores, pero no persigue con la misma violencia a los consumidores de drogas de clase media y alta.

-Persisten las estructuras educacionales basadas en el lucro, pese a la opinión de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

-Pese a que el gobierno no implementa una política de violación sistemática de los derechos humanos, sigue permitiendo que carabineros use balas de guerra en la represión muchas veces injustificada de manifestaciones públicas, en todo el país y en particular en las zonas mapuches.

-El estado persiste en la mantención de un sistema que inhibe la intervención del estado en la protección de los grupos de menos recursos.

-Los seguros médicos siguen siendo privados, pese a la preferencia ciudadana por un seguro médico estatal.

-El gobierno sigue privilegiando a las grandes empresas por encima de gremios populares como los de los pescadores.

-El Congreso continúa sin ratificar importantes tratados de defensa y protección de los derechos humanos, pese a que son una reivindicación permanente y mayoritaria de la ciudadanía chilena.

Y la lista podría estirarse todavía más.

Son todos temas en los que la orientación ciudadana se enfrenta derechamente con la clase política gobernante. Si la elección de senadores y diputados fuera democrática, la situación sería diferente.

Si senadores y diputados fueran elegidos todos ellos en votaciones directas y proporcionales, la mitad de los políticos actualmente en el poder estarían hoy en sus casas y muchos de los anhelos de la ciudadanía serían hoy realidad.

Si los políticos en el Congreso fueran elegidos todos por la ciudadanía, la mitad de los presos en Chile volverían a sus familias, porque están recluidos injustamente por delitos que la ciudadanía no considera tales y que en muchos países tampoco lo son.

Pero también hay otras cosas que impiden tener confianza en los políticos.

Para muchos, el conocimiento de que los senadores y diputados chilenos se han fijado a sí mismos los sueldos más altos del mundo lo dice prácticamente todo. (Hace dos años, estaban en segundo lugar, con los mexicanos, detrás de Estados Unidos).

Además, hay hechos puntuales que todos recordamos. Hace dos años, cuando el Congreso aprobó un aumento de nueve mil pesos (18 dólares) del salario mínimo, de 136 mil a 144 mil pesos (300 dólares), sus Señorías se subieron el sueldo en casi 450 mil pesos, a 7.5 millones de pesos (15 mil dólares) al mes. (Reciben quince millones de pesos (31 mil dólares) al mes, la mitad por concepto de dietas parlamentarias).

Tenemos memoria.

Los senadores y políticos chilenos pueden ser reelegidos indefinidamente. De hecho, son prácticamente vitalicios. Un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados para reducir la posibilidad de reelección de estos políticos fue archivado.

Hay otros detalles que también repugnan. El treinta por ciento de los secretarios y otros funcionarios contratados por diputados y senadores pertenecen a sus propias familias.

Hace unos días se ha presentado un proyecto de ley que propone que senadores y diputados se dediquen exclusivamente al ejercicio de sus cargos, pues hasta hoy todavía pueden ejercer sus profesiones, si son liberales, o trabajar en la docencia (véase el Diario de la Cámara).

Es de conocimiento público que muchos políticos y sus familias son al mismo tiempo empresarios y/o poseen latifundios y granjas agrícolas o participan de algún modo en la industria y el comercio. Es por eso prácticamente imposible creer que puedan actuar y decidir dando prioridad a los intereses del país, pasando por encima de sus propios intereses comerciales personales o familiares.

Hay otra faceta de la clase política que también llama la atención. Son esos rasgos sociológicos de tinte oriental que permiten que tengamos familias enteras dedicadas al buen negocio de la política. Presidentes que han dejado la administración pública salpicada de parientes. Ministros que nombran a sus ex mujeres y amantes en cargos públicos. Hijos de políticos que son, a su vez, políticos. Maridos políticos de esposas políticas. Presidentes de partidos con hijos funcionarios. Hermanos inversionistas de diputados y senadores. Senadores hosteleros. Jefes de policía que son al mismo tiempo industriales. Ministros latifundistas. Subsecretarios empresarios. Políticos hermanos o padres de jueces de la corte. Jefes de policía dedicados al narcotráfico. Líderes políticos dueños de minas.

Una clase política de este tipo no puede inspirar respeto. Pertenecen todos al mismo clan. Defienden los mismos intereses.

También hay senadores y diputados honestos y dedicados. Los políticos que han presentado un proyecto de ley para permitir que las reformas presentadas por el Ejecutivo que hayan sido rechazadas en ambas Cámaras sean sometidas al dictamen ciudadano por vía de un plebiscito (en Diario de la Cámara, son, en mi opinión, políticos bien intencionados.

Incluso hay algunos que son partidarios de llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

Pero se pueden contar con los dedos de las manos.

Sin embargo, a juzgar por la reacción de los políticos sobre este estudio, ninguno se preocupa demasiado. Muchos han adoptado una actitud cínica, que obviamente les conviene. Hace poco en televisión, políticos de la UDI decían que en realidad el sistema binominal convenía a todos los partidos del Congreso. Por tanto, no se cambiaría ni se modificaría.

Los aspectos morales claramente no les interesan.

Es verdad que una encuesta no es lo mismo que las elecciones. Pero es lo que más se acerca para retratar el estado ideológico de Chile. En las democracias, los políticos las toman en cuenta. Sólo en las falsas democracias no causan ninguna reacción, porque la voluntad ciudadana influye poco en la elección de los políticos. ¿Por qué habrían de reaccionar si serán senadores y diputados nos guste o no?

La displicencia y arrogancia de la clase política chilena de hoy me hace pensar en los períodos pre-revolucionarios en Francia, Rusia y Cuba. Se trataba igualmente de clases políticas indiferentes y pervertidas, dedicadas al cultivo de sus bolsillos y que mataban el tiempo en bailes y banquetes esnifando rapé y coca sabiéndose protegidos por cuerpos policiales y militares igualmente corruptos. Hasta que los ciudadanos estallaron. Parece que recién entonces se dieron cuenta de que tenían una crisis.

Digo que la situación chilena me hace pensar en esos episodios de la historia. No estoy diciendo que vaya a ocurrir aquí algo similar.

Hoy en día, Chile tiene más de régimen autocrático que de democracia, más de Asia que de Occidente, más represión que libertades, más políticos de dinastías corruptas que políticos honestos y elegidos.

Pero si golpean los chilenos a la puerta del Congreso, no nos abrirán y querrán hacernos creer que no están en casa. Lo más probable es que manden a los carabineros a meternos palo o bala.

La crisis no hace más que empeorar. Los chilenos no tenemos interés en ir a votar. ¿Para qué? ¿Para legitimar un orden político injusto? ¿Para que los ricos se sigan enriqueciendo? ¿Para seguir viendo en los noticiarios a esos huecos y fantoches que no representan a nadie?

Por favor.

[mérici]

las disculpas de venezuela

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columna de mérici

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Sobre el incidente que ha opuesto al presidente Chávez con el jefe de la policía chilena y vicepresidente de la Interpol, Arturo Herrera, el canciller chileno Alejandro Foxley declaró ayer 23 de mayo que el gobierno venezolano había entregado una nota a la cancillería chilena en la que se reconoce que, según dicen los boletines de prensa, la información en la que se había basado Chávez para criticar a Herrera "no era verídica".

Creo que todos estamos esperando que el canciller publique o de a conocer esa nota de la cancillería venezolana, sobre todo porque sus declaraciones confunden todavía más las cosas. Y el anhelo de mejor no meneallo es, en este caso, demasiado tarde y contraproducente. De momento, la página web de la cancillería chilena no ha publicado ninguna nota al respecto.

El canciller vuelve a pretender que el gobierno venezolano acusó a Herrera sea de estar implicado en violaciones a los derechos humanos en 1973, sea de estar implicado en la operación de encubrimiento de fines de 1975 o principios de 1976 llamada ‘Operación Retiro de Televisores’. Esta operación fue ordenada por el dictador Pinochet y consistió en exhumar los cuerpos de 26 prisioneros asesinados por el grupo de militares llamado ‘Caravana de la Muerte’ a fines de 1973. La operación y el lanzamiento de los cuerpos al mar fueron realizados bajo el mando del general Miguel Trincado.

Que yo sepa, el presidente venezolano no acusó a Herrera de estar implicado directamente en esos dos terribles episodios.

Chávez dijo que Herrera, explica La Nación en su comentario sobre las ‘disculpas’ venezolanas, "habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transportes C47 de la fuerza armada chilena" (La Nación).

Lo mismo explica La Tercera en su edición online del 24 de mayo de 2008: "En sus acusaciones, Chávez dijo que el jefe policial había presionado para que se omitiera el nombre del general (R) Miguel Trincado en un informe a la justicia por el caso ‘Operación Retiro de Televisores’, sobre las acciones de la Dina para ocultar restos de ejecutados políticos" (La Tercera).

El gobierno chileno y las agencias de prensa tergiversaron las declaraciones de Chávez, o las interpretaron de manera mañosa, creando una confusión que logró engañar a muchas personas. Sólo así se explica, por ejemplo, que Mireya García, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijera en una entrevista de La Nación que creía que Herrera no estaba implicado en la violación de derechos humanos, y posteriormente, tras darse cuenta del engaño, pidiera la remoción inmediata del director de la policía chilena (La Nación).

La confusión persiste. El canciller chileno dice, según interpreta La Nación, que en "una carta enviada a la Cancillería, ese gobierno asume que era errado el antecedente con que el mandatario sustentó su afirmación de que Herrera estuvo implicado en la ‘Operación retiro de Televisores’ bajo la dictadura de Augusto Pinochet" (La Nación).

¿Qué es esto? ¿Sainete de circo o diálogo de burros? Naturalmente puede el gobierno venezolano decir que Chávez no ha dicho que Herrera esté implicado en la Operación Retiro de Televisores, porque nunca lo dijo. Pero eso no desmiente la verdadera acusación del presidente, de que Herrera intentó proteger, en 2006 y 2007, a ese general pinochetista ordenando a sus subalternos, que desobedecieron, que borraran del informe el nombre de Trincado.

En el artículo dije que eso era, además, inútil, porque la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, había llegado en 2006 y 2007 a las mismas conclusiones que los detectives, de modo que habría sido derechamente imposible que Trincado no fuera impugnado. Además, también un equipo de periodistas de La Nación había llegado a las mismas conclusiones, y con nuevos antecedentes y declaraciones.

He leído atentamente los boletines de prensa sobre este asunto. Ya he comentado sobre la versión de La Nación, que se basa fundamentalmente en un cable de la Associated Press. La Segunda, de Santiago, y El Universal, de Caracas, publican casi la misma información.

Pero léase con atención. Así explica el cable de la AP el incidente que motivó la comunicación del gobierno venezolano: "Chile presentó la nota de protesta el 16 de mayo por las declaraciones de Chávez en que un día antes vinculó al jefe de la policía de investigaciones chileno, Arturo Herrera, con violaciones a los derechos humanos, destacó AP" (El Universal).

Más exuberante fue uno de los columnistas de El Universal, Nelson Bocaranda Sardi, que afirma muy suelto de lengua Chávez acusó a Arturo Herrera "de ser un asesino del régimen de Pinochet" (en El Universal).

No es así, pero sea. Luego, explicando esas presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de Herrera, explica el diario: "Según Chávez, Herrera habría ordenado modificar un informe policial que inculpó al general retirado Ricardo Trincado en la exhumación ilegal de los cadáveres de 26 ejecutados políticos que fueron lanzados al mar para ocultar los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet".

Lo mismo explica La Nación y otros diarios. Sería mejor decir: se desliza en esos diarios, porque no es una explicación de la supuesta implicación de Herrera, sino que transcribe la verdadera acusación de Chávez.

El Universal agrega: "El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet respaldó a Herrera, quien nunca fue acusado o investigado judicialmente en Chile por ese delito".

Suena esto último más racional, pero la presidenta chilena está mintiendo. Es falso que Herrera no haya sido acusado nunca. Fue denunciado por tres o cuatro detectives de la brigada de derechos humanos; se entabló una querella por amenazas en su contra en la fiscalía de Santiago Centro-Norte; la magistrado Rosa María Pinto inició una indagatoria judicial, en el marco de la cual interrogó a los detectives implicados, a Herrera, al ex general Trincado e incluso a algunos periodistas de La Nación. Pero esa investigación no terminó en nada.

El estado chileno no se hizo parte de la querella ni formó una comisión parlamentaria ni hizo nada para esclarecer la verdad. Simplemente en 2007 archivó el asunto y apartó de sus funciones al jefe de la brigada de derechos humanos -el detective Rafael Castillo al que el país debe el esclarecimiento de incontables casos de violaciones de derechos humanos- y a sus hombres.

Decir que no se puede acusar a Herrera porque el caso no condujo a un juicio y no terminó en condena es adoptar una actitud leguleya para encubrir a los culpables, simple cobardía o complicidad. Es exactamente el mismo argumento que utilizó el gobierno para asistir a las exequias del peor criminal que ha habido en la historia de Chile. Pues según ese argumento, como los cientos de juicios a que fue sometida la Alimaña no terminaron en condena judicial, nada se le podía reprochar y se le debía suponer de antecedentes impecables. Vaya lógica sanchopanciana.

Chávez, según sus propias palabras, se basó en informaciones que encontró en sitios en internet. En ninguno de esos sitios y blogs se acusa a Herrera de haber participado él mismo en casos de violaciones a los derechos humanos -ni en 1973, ni 1975 o 1976, ni nunca. En esos sitios, que supongo que serán los mismos a los que tiene acceso todo el mundo, se cuenta la historia del intento de protección del general Trincado en 2006 y 2007. Se lo acusa sólo de intentar proteger al ex general.

Claro que ahora hay que reconocer que la interpretación torcida del gobierno chileno permitirá superar el impasse con el gobierno venezolano. Para esto sólo basta que el gobierno venezolano ofrezca disculpas por algo que el presidente no dijo nunca. El gobierno chileno aceptará esas disculpas. Y volverán todos felices a casa, la cara intacta.

Ahora es evidente que este caso escapó de las manos del gobierno chileno e incluso de Chávez. El venezolano puso un dedo en una llaga: El gobierno chileno protege a un funcionario policial de alto rango del que se sospecha que tiene simpatías equivocadas, justo en momentos en que la presidenta recorre el mundo como reina de los derechos humanos.

No es el presidente Chávez el que está en cuestión. Es el gobierno chileno y la protección que ha brindado al vicepresidente de la Interpol.

Nada de lo que diga el gobierno chileno, ni el venezolano, puede borrar el hecho de que, por influencias políticas inconfesables, la presidenta protegió a un amigo de un general criminal y excluyó de la policía de Investigaciones a algunos de los mejores hombres que ha tenido esa institución en su historia reciente, privando al país del equipo que investigó y resolvió literalmente decenas de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

Es simplemente imperdonable. El presidente venezolano no hizo más que recordárnoslo.

[mérici]

el caso chávez contra herrera

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columna de mérici

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Después del informe de la Interpol sobre los ordenadores que Colombia dice que fueron requisados en el asalto a un campamento de las FARC en Ecuador tras el bombardeo y muerte de veinticinco personas, entre ellas el segundo jefe del movimiento rebelde, Raúl Reyes, hace unos dos meses, las cosas se empezaron a complicar para el jefe de la policía de Investigaciones de Chile.

La prensa chilena informó ampliamente sobre el informe, pero en el proceso lo interpretó y tergiversó. Casi todos los medios dijeron que el informe de Interpol confirmaba las afirmaciones del gobierno colombiano de que el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, así como el del presidente ecuatoriano Rafael Correa, estaba implicado en la red internacional que brindada apoyo con armas y dinero a la principal guerrilla colombiana.

La verdad es muy distinta. El informe de la Interpol no dice en ningún lugar que corrobora las interpretaciones colombianas. Al contrario, dice explícitamente que el análisis realizado por los técnicos policiales "no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen".

Dice, además, que estos archivos tampoco podrían ser utilizados en un proceso judicial, porque "la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional". Vale decir, no tiene su análisis validez porque las pruebas no han sido recogidas ni tratadas de acuerdo a las normas judiciales internacionales establecidas.

No sólo no han corroborado el informe de la Interpol las acusaciones colombianas: ni siquiera puede decir que las autoridades colombianas no hayan alterado sus contenidos. Sólo se limita a informar que no se han encontrado indicios de que se hayan alterado, lo que no implica que no haya ocurrido, como se explica en el mismo documento a propósito de las fechas y la modificación de estas en los sistemas informáticos.

El informe también estuvo en manos de Los Angeles Times. Según el informe comentado por los periodistas Chris Kraul y Josh Meyer, pese a las interpretaciones torcidas del gobierno colombiano, no demuestra de ninguna manera que Venezuela haya dado ayuda a las FARC. En realidad, las informaciones de que Chávez estaría ayudando a la guerrilla provienen de correspondencia entre el comandante Reyes y otros guerrilleros. Ninguno de los correos electrónicos analizados proviene de funcionarios del gobierno venezolano.

"Es también posible", escriben los periodistas de Los Angeles Times, "que los interlocutores de Reyes en las FARC hayan mal entendido o exagerado ofertas que pudiera haber hecho Venezuela. Aunque Chávez ha expresado en varias ocasiones su admiración por las FARC, no hay ningún indicio en las transcripciones de correspondencia electrónica vistas por el Times de que Venezuela haya entregado armas o dinero a las FARC ni incluso de que haya considerado hacerlo" (en la traducción al español en mQh.

Sin embargo, en la prensa y en la televisión chilena se ha presentado el informe de la Interpol como si este avalase las afirmaciones infundadas de las autoridades uribistas.

Reacción de Chávez
Es probablemente la mala reputación del secretario general de la Interpol, Richard K. Noble, y los también dudosos antecedentes de su vicepresidente, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera Verdugo, los que indujeron a Chávez a arremeter contra el informe de la Interpol, en la creencia difundida extensamente por Colombia de que en realidad comprobaba sus acusaciones.

La prensa chilena dio por sentado que ese era el caso. No viene a cuento que cite aquí exhaustivamente cómo se trató el informe en esta prensa. En un artículo reciente en El Mercurio, por ejemplo, se afirma que los correos electrónicos incautados "ratificarían que el gobierno ecuatoriano mantenía contactos con las FARC y también que el Mandatario venezolano ordenó dar refugio en territorio venezolano a combatientes de la guerrilla colombiana, a la que proveyó de, cuando menos, 300 millones de dólares para la compra de armas" (en emol).

Nada de esto ha sido demostrado.

En La Nación del 16 de mayo, se informó que, de acuerdo a Chávez, "Herrera Verdugo habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transportes C47 de la fuerza armada chilena" (véase también La Nación del 16 de mayo de 2008).

Pese a numerosos titulares y encabezamientos de artículos, Chávez no acusó nunca a Herrera de estar implicado directamente en casos de violación de derechos humanos. Lo acusó de estar implicado en un intento de encubrimiento y protección de un general de la dictadura, el ex militar Miguel Trincado Araneda, que fue responsable de la operación llamada ‘Retiro de Televisores’ en 1976. La operación consistió en la exhumación de los cuerpos de prisioneros fusilados por militares de la llamada Caravana de la Muerte en 1973, en su paso por Calama. Los cuerpos fueron posteriormente -en 1975 o 76- arrojados al mar en un intento por hacer desaparecer las evidencias de los crímenes cometidos.

Reacción Chilena
La reacción de las autoridades chilenas fue inmediata, e incoherente. La presidente Bachelet expresó sorpresa y preocupación. En realidad, la presidente se hizo la tonta y le pidió a Chávez que si tenía informaciones sobre el jefe de la policía chilena, que se las enviara por los conductos diplomáticos habituales (en La Nación del 19 de mayo de 2008). El personero de gobierno Felipe Harboe dijo crípticamente que el gobierno "respaldaba" al jefe de policía. El canciller Alejandro Foxley dijo que la denuncia de Chávez carecía de fundamento. El ministro del Interior (s) dijo que el presidente estaba estaba "mal informado". El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, dijo que no había evidencias que respaldaran las acusaciones de Chávez y que, además, Herrera era un gran amigo suyo (en La Nación del 16 de mayo de 2008). Luego esto hablaría pestes del secretario general.

El gobierno chileno se manifestó ignorante de los antecedentes en los que se basaba Chávez. "Bachelet explicó que para Chile no hay antecedentes que otorguen veracidad a las acusaciones en contra del jefe de la policía civil", publicó La Nación.

Mientras el canciller y el propio Herrera trataban de poner paños tibios al asunto, en la Cámara Baja las cosas empeoraron todavía más. Un grupo de diputados redactó un documento que fue posteriormente aprobado por 42 votos, en el que los políticos protestaban contra la acusación venezolana. Se imputan a Herrera graves delitos, decía la declaración, "respecto de los cuales ni siquiera existen presunciones sobre las cuales sostener que a don Arturo Herrera le ha cabido algún grado de participación" (en Diario de la Cámara). Dicen los afiebrados que la denuncia de Chávez lesiona el honor del jefe de policía e incluso viola el principio de autodeterminación de los pueblos. Afirman que nunca ha violado Herrera ningún derecho humano "ni es pertinente que Presidentes de otros países opinen sobre cuestiones de política interna de un Estado democrático, de derecho y soberano como el nuestro".

Este ejemplo de fanática mendacidad fue enviado a la cancillería venezolana.

Protestas de Inocencia de la Presidenta
El jefe de policía negó, obviamente, haber participado en violaciones a los derechos humanos en 1975 o 1976. "No tengo nada que ver en esa época del año 1975 como se está mencionando", dijo, aunque nadie lo había acusado de eso (en La Nación).

Sin embargo, es imposible que la presidenta proteste su inocencia ni la del jefe de policía. Arturo Herrera fue efectivamente acusado, en 2006 y 2007, de tratar de encubrir la participación del general Trincado en la operación de encubrimiento Retiro de Televisores de 1976.

Fue denunciado nada menos que por tres o cuatro detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

En 2006 la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones entregó su informe sobre la operación Retiro de Televisores, llevada a cabo a fines de 1975 o principios de 1976, que consistió en la exhumación de los cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte. La operación de encubrimiento estuvo a cargo del general Miguel Trincado.

Tras enterarse del contenido del informe, el general Trincado, entonces en Santiago como jefe de plaza, visitó al director de la policía, Arturo Herrera, en su casa para pedirle que borrase su nombre del informe policial que lo inculpaba. Sorprendentemente el jefe de policía "dio ordenes inmediatas para que el informe técnico fuera alterado en su contenido y que el nombre de Trincado fuera omitido por cuanto Herrera lo consideraba inocente" (en el reportaje de Pedro Alejandro Matta publicado por Fortín Mapocho online). El autor del informe, el comisario Abel Lizama, se negó a alterar el contenido del informe, diciendo que no tenía autoridad para ello. Herrera recurrió entonces al Jefe de la Unidad, el comisario Sandro Gaete, que también se negó a la maniobra. De acceder, ambos habrían cometido un delito. Herrera insistió entonces ante el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, el prefecto Rafael Castillo, el superior inmediato de los detectives Lizama y Gaete, y responsable de la investigación base del informe. Castillo se negó a alterar el informe.

El intento fallido de Trincado de borrar su nombre del informe era igualmente inútil. La magistrado de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, estaba investigando la misma causa y citó a declarar a los detectives. Procedió a encausar al general, que fue pasado a retiro.

Oídos Sordos
Pero la denuncia de los detectives en cuanto a los intentos de encubrimiento de Herrera no fue investigada. Escribe Matta que "la denuncia quedó incorporada al expediente pero la magistrado se limitó a continuar investigando los hechos bajo su competencia y no inició una investigación paralela para dilucidar el gravísimo hecho, a pesar de que este revestía caracteres de delito: abuso de autoridad, tráfico de influencias, y obstrucción a la justicia, entre otros" (misma fuente anterior).

Matta comenta el hecho sorprendente de que la denuncia de los detectives no condujo a ningún tipo de investigación, ni de tribunales, ni de la Cámara de Diputados. Tampoco se pronunciaron sobre el asunto los habitualmente locuaces políticos locales.

En 2007 el prefecto Castillo fue llamado a retiro, pese a que se creía ampliamente que sería el nuevo jefe de policía en virtud de sus importantes aportes a la causa de los derechos humanos, tras haber expuesto numerosas violaciones cometidas durante el régimen militar. En agosto de 2007 en la prensa se comentaba la "inminente salida" de Herrera. "Sus supuestas presiones a favor de un militar en un proceso de derechos humanos, gastos excesivos y polarización interna son parte de las razones que molestan a La Moneda y marcan su inminente salida para fin de año", escribían los periodistas Javier Rebolledo y Luis Narváez en La Nación del 5 de agosto de 2007). Entonces se suponía que el prefecto Castillo sería el nuevo director.

Los detectives Lizama y Gaete fueron retirados de sus funciones y trasladados a tareas administrativas. Claramente, una degradación.

No es posible creer que la presidenta no supiera nada del prefecto Castillo, que resolvió, entre otros, los casos del asesinato del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974. También resolvió el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en 1975. Resolvió el caso del químico de la DINA, Eugenio Berríos, y el del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. "En el ámbito nacional destaca su participación en los casos Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Calle Conferencia, Albania y la última detención de Manuel Contreras, donde tuvo que desarmarlo personalmente. Además de la captura de Iturriaga, [...] la BAES capturó en Valparaíso al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), responsable de la matanza de los Hornos de Lonquén. Días después apresó al coronel (R) Rolf Wenderoth, por la muerte del mirista Manuel Cortés, quien fue trasladado de inmediato al Penal Cordillera", escriben Rebolledo y Narváez.

No es posible que la presidenta no haya estado al tanto de estos asuntos. No sólo fue la denuncia contra Herrera comentada ampliamente en la prensa, sino además ella misma rechazó en 2007 una maniobra del jefe de la policía para dejar fuera de la institución al prefecto Castillo, que fue nombrado, antes de su llamado a retiro, en la jefatura de la brigada contra el crimen organizado (Rebolledo y Narváez, en La Nación). "Recién en marzo de este año [2007]", escribieron, "la Presidenta Bachelet tomó una decisión inédita en los últimos 17 años de democracia: rechazó la propuesta de Herrera y lo obligó a mantener a Castillo al mando de la Jenacoyae [jefatura contra el crimen organizado] y, por ende, de la investigación de las violaciones de los derechos humanos".

Pero el 7 de noviembre de 2007, pese a las graves denuncias de los detectives de la brigada de derechos humanos, el prefecto Castillo fue llamado a retiro. El pago de Chile, escribió Jorge Molina Sanhueza (en centroschilenos).

Querella
Pero antes del paso a retiro de Castillo, se estaban cociendo otras habas. En octubre de 2007 el detective Gaete interpuso en tribunales una querella por amenazas contra el jefe de la policía chilena -un desarrollo completamente inusual en que un subalterno denuncia a sus superiores administrativos. El detective, según escribió Leslie Ayala Castro en El Mostrador (www.elmostrador.cl del 31 de octubre de 2007), presentó una denuncia ante el fiscal de Santiago Centro Norte, Leonardo de la Prida. Así nos enteramos de otros detalles. El detective Gaete presentó la denuncia porque había sido acusado de "traición" por el jefe de gabinete de Herrera, Claudio Preller Pinochet (no sé si está relacionado con el dictador).

Gaete había sido amenazado directamente por el director de la policía. En un e-mail con amenazas, se llamaba "traidores" a Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada (en un artículo de Leslie Ayala Castro en chileinsólito).

En una entrevista posterior con el ex prefecto Rafael Castillo contó detalles desconocidos del caso. Sigue intrigando porqué el general quiso modificar un informe de un caso que estaba siendo investigado, además, por la jueza Rosa María Pinto, que llegó a las mismas conclusiones que la brigada de derechos humanos, i.e. que el responsable de la ‘operación retiro de televisores’ fue el general Miguel Trincado (en El Mercurio de Calama, en el archivo permanente de mQh). Castillo no lo sabe. "Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia", dijo, refiriéndose a la orden de Herrera de borrar el nombre de Trincado.

En esta entrevista Castillo revela el hostigamiento a que fue sometido él y sus hombres por otros funcionarios subalternos de Herrera. "Lo que más me duele", dijo, "fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí" (en La Nación).

Operación Condenada al Fracaso
Cuando Castillo fue llamado a retiro, protestaron muchas organizaciones de derechos humanos: la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Comité de Derechos del Pueblo CODEPU, abogados de causas de derechos humanos y otras. Ahora estas organizaciones han vuelto a revivir esos deprimentes meses (véase este documento en la bitácora de Máximo Kast y la declaración de CODEPU del 14 de diciembre de 2006).

Pese a que inicialmente Mireya García declaró no saber nada de la participación de Herrera en el intento de encubrimiento de Trincado (en La Nación del 16 de mayo de 2008), el 21 del mismo mes la misma Mireya García, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pidió la "remoción inmediata" del director de la policía chilena y vicepresidente de Interpol, Arturo Herrera. Su posición, dice la asociación, "es incompatible [...] con un hecho que lo vincula a una causa de violaciones de los derechos humanos" (La Nación).

El intento de encubrimiento de Herrera estaba condenado al fracaso desde el principio. La brigada de derechos humanos había encontrado evidencias innegables en cuanto a la participación del general Trincado en esa operación de encubrimiento. También había llegado a esa conclusión la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que investigaba la misma causa. Incluso algunos periodistas habían aportado antecedentes sobre su participación. También lo inculpaban las declaraciones de uno de sus subalternos, el suboficial Manuel Cortés Aguirre, que incluso declaró haber arrojado los cuerpos al mar desde un avión de la Fuerza Aérea de Chile (en un reportaje de La Nación del 3 de mayo de 2005, en el reportaje de Jorge Escalante, en La Nación del 19 de mayo de 2008).

A pesar de que Herrera declarara que nada tiene que ver con el intento de encubrimiento del general Trincado, el periodista de La Nación relata que entrevistó al general y "le preguntamos quién en el Ejército había pedido al director Herrera que se cambiara el informe policial en cuestión, -fui yo mismo, y fui a la casa del director a pedírselo porque lo que allí se dice es falso respecto a mí-, fue su respuesta directa y sin titubeos" (misma fuente anterior).

Lo que no se entiende es porqué quiere el gobierno echar tierra sobre el asunto. ¿No le parecen graves las acusaciones contra Herrera? ¿Por qué lo protege? ¿Sabe demasiado? El gobierno tiene mucho que decir sobre este asunto. Y tendrá que tomar algunas decisiones impostergables.

Así, pese a las falsas expresiones de asombro y malestar de nuestra presidenta y clase política, después de todo el presidente Chávez tenía razón.

[mérici]

en defensa de la civilización

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columna de mérici

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En los últimos días, o semanas y meses, he leído en la prensa tres noticias relacionadas con la legislación francesa que define y penaliza delitos contra la democracia. Una de ellas gira sobre el espía francés Paul Aussaresses, que sostiene en un libro de memorias publicado recientemente, ‘Je n’ai pas tout dit’, que generales brasileños ayudaron a Pinochet a perpetrar su golpe de estado. Sin embargo, este profesor de torturas no entrega demasiados detalles.
Según informó el diario oficial La Nación sobre la base de una nota publicada por la Folha de Sao Paulo, en diciembre de 2004 este espía fue condenado por el Tribunal Supremo francés "por complicidad en apología de crímenes de guerra y por defender en ese libro las torturas y otros abusos cometidos en la guerra de Argelia". El general fue pasado a retiro y le retiraron igualmente la Legión de Honor con la que había sido distinguido.

En Francia es la apología, defensa o justificación de crímenes de guerra un delito grave y de gravísima connotación social. De ahí castigos como el licenciamiento forzado y la cancelación o retiro de honores nacionales.

El 6 de mayo informaba La Nación sobre la postergación del juicio en París de un grupo de trece colaboradores de Pinochet, juzgados en ausencia por la desaparición, vale decir, secuestro, torturas y asesinato de varios ciudadanos franceses durante la dictadura militar. Los acusados se encuentran entre los personajes más siniestros del régimen militar: Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García; Basclay Zapata Reyes (‘El Troglo’), DINA, suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA, ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA, ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier, ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA, ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier, DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil, DINA, Enrique Arancibia Clavel; el ex general Manuel Contreras, jefe de la DINA; y el nazi de Colonia Dignidad, Paul Schäffer.

Estos chacales están acusados de secuestros, torturas y desapariciones, i.e. homicidios con ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. El tribunal parisino los acusa de cometer "actos de barbarie".
El 8 de febrero de este año, Reuters informaba en su página web que el ideólogo fascista francés, dirigente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, había sido condenado a una pena de tres meses de prisión en régimen remitido y a una multa de diez mil euros (unos siete millones doscientos mil pesos) por afirmar en público que la ocupación nazi de Francia no había sido inhumana. El tribunal lo encontró culpable de justificar crímenes de guerra y de "refutar crímenes contra la humanidad".

Las palabras de Le Pen provocaron el malestar de amplios sectores de la sociedad francesa. Durante la ocupación nazi, los alemanes deportaron a Alemania a 76 mil judíos. Sólo volvieron dos mil quinientos.

Negar el Holocausto es un crimen en Francia. También es un crimen justificar los crímenes cometidos por los nazis u otros regímenes dictatoriales o hacer apología del crimen o de guerras de agresión o genocidio.

La defensa de Le Pen afirmó que este había hecho esas declaraciones durante una conversación informal. La directora de la revista que publicó la entrevista fue condenada a pagar una multa de cinco mil euros (tres millones seiscientos mil pesos). El periodista que hizo la entrevista debió pagar una multa de dos mil euros (un millón 440 mil pesos).

En la legislación francesa, los ‘actos de barbarie’ están estrechamente vinculados con los delitos terroristas. En realidad, forma parte de las leyes de represión del terrorismo. El artículo primero de la Ley 689-3 penaliza el "atentado voluntario a la vida, torturas y actos de barbarie, violencia que hubiera entrañado la muerte, mutilación o una dolencia permanente o, si la víctima fuera menor de edad, una incapacidad total para trabajar superior a ocho días, rapto y secuestro castigados en el libro I del Código Penal así como las amenazas definidas en los artículos 227-17, párrafo 2, y 222-18 de este código, cuando la infracción fuera cometida contra una persona que tuviera derecho a una protección internacional, incluídos los agentes diplomáticos".

La pena máxima por actos de barbarie es la reclusión perpetua.

El concepto ‘acto de barbarie’ obtiene su significación de las nociones sobre el derecho de gentes. Un acto de barbarie es un acto inhumano o que constituye una violación de principios internacionales o universales relativos a la dignidad e inviolabilidad del ser humano y al orden social. Se considera un ‘acto de barbarie’, dice el connotado jurista Rafael Lemkin, todas "las acciones de exterminio dirigidas contra las colectividades étnicas, religiosas o sociales cualesquiera que sean los motivos (políticos, religiosos, etc.), como por ejemplo masacres, pogromos, acciones emprendidas para arruinar la existencia económica de los miembros de una colectividad, etc. Del mismo modo, se incluyen aquí toda clase de manifestaciones de brutalidad que atentan contra la dignidad del individuo, en casos en los que estos actos de humillación surjan de una lucha exterminadora dirigida contra la colectividad a la que pertenece la víctima" (véase aquí su artículo sobre el tema).

El terrorismo, el vandalismo, la apología de la guerra, los crímenes de guerra, el genocidio, las violaciones a los derechos humanos son todos actos de barbarie o inhumanos. Según el derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables.
Los movimientos y políticos fascistas tienen dificultades en gran parte de Europa a la hora de lanzar sus campañas de odio racial o étnico o político. Sus ideologías son consideradas delito. Justificar dictaduras, como la nazi o la de Franco o Salazar, son actividades ideológicas delictivas y penalizadas.

No es que no puedan defender esos puntos de vista aberrantes e inhumanos. Pueden hacerlo en circuitos específicos, en sus casas o en espacios privados. Pueden escribir sus creencias demenciales, e incluso publicarlas en libros. Pero probablemente no podrán publicarlas ni en diarios ni revistas. No podrán defender sus puntos de vista en la televisión, pero sí en un club privado.

En Bélgica y Francia, los movimientos y políticos de extrema derecha no pueden publicar nada en diarios, ni siquiera en períodos electorales: Un pacto sellado por la prensa de esos países prohíbe la venta de espacio publicitario a grupos que propaguen ideologías de odio o criminales. Los partidos de la izquierda y derecha tradicionales de esos países han firmado un pacto, ampliamente respetado, por el cual se prohíben colaborar o cerrar alianzas con partidos y políticos de extrema derecha.

Y es que los partidos europeos y una parte de la prensa del Viejo Continente han entendido la necesidad y urgencia de defender la democracia, y más allá de la democracia, los valores permanentes de la civilización occidental, contra las incursiones y ataques de ideologías de odio, de la extrema derecha y del fascismo. Estas ideologías de odio utilizan las fracturas y debilidades de la democracia para difundir sus ideologías enfermizas y demoníacas.

La democracia debe protegerse de esas fuerzas bárbaras que amenazan los conceptos fundamentales y pilares de nuestra civilización, que son la igualdad, la libertad y los derechos humanos. En general, en Europa los partidos y organizaciones que rechazan estos elementos esenciales del mundo occidental no son excluidos sin más de la vida política, pero deben hacer frente a numerosos obstáculos.

No se entiende por democracia una mera suma de votos. La democracia implica además la adopción de algunos valores permanentes de las culturas occidentales.

Qué diferente es la situación en Chile.

En Chile el parlamento no solamente no ha ratificado los tratados internacionales firmados por prácticamente todos los países del mundo que permiten la persecución de estos delitos, sino que además su vida política tolera las actividades de organizaciones políticas que hacen apología del crimen y que todavía justifican los crímenes y fundamentos de la dictadura pinochetista. Partidos que en Europa serían considerados y tratados como asociaciones criminales o ilícitas, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), en Chile participan activamente en la vida política del país.

Políticos de extrema derecha que deberían haber sido llevados a justicia o castigados de otro modo, o sometidos a proceso y encarcelados por su complicidad con la dictadura pinochetista, dominan la vida política de Chile y controlan su parlamento mediante una Constitución dictatorial aberrante y estúpida que, lamentablemente, sucesivos gobiernos de la Concertación han aceptado, transformando al país en una farsa y una caricatura impresentables.

Ayer 15 de mayo de 2008, por ejemplo, un grupo de elementos de extrema derecha en el parlamento (parlamentarios de la UDI, pero ninguno de ellos elegido) denunció como persecución el procesamiento de un grupo de oficiales homicidas de la Armada chilena por su participación en las torturas y asesinato del sacerdote británico Woodward en 1973.

Estas sabandijas siguen sosteniendo que en Chile hubo una guerra -una noción patentemente falsa y mal intencionada que tiene por objeto justificar los crímenes cometidos por los militares antipatriotas- y que las detenciones que cometieron no pueden ser tipificadas como secuestro. Desde el momento en que esos elementos militares se pusieron fuera de la Constitución, sin embargo, es evidente que las detenciones que ordenaron no pueden ser sino calificadas de secuestro (en La Nación, o en el archivo permanente de mQh).

En Francia esto constituiría un delito. Quienes expresasen esa opinión podrían terminar en la cárcel. La justificación de violaciones a los derechos humanos, la justificación de regímenes dictatoriales, la justificación de torturas o del genocidio de un grupo humano, tal como fue llevado a cabo por la dictadura pinochetista, son delitos considerados graves. Es la razón por la que el matón fascista Le Pen fue procesado y condenado.

En este país aberrante en el concierto internacional occidental (en realidad, el Chile de hoy tiene mucho más de Asia que de Occidente, en razón de su régimen político autocrático -sistema binominal- y por su sistema social de castas), los apólogos de la dictadura ocupan sin ser elegidos exactamente la mitad del parlamento e incluso controlan parte importante de la prensa escrita y de televisión.

En realidad, Chile sigue siendo una dictadura, sólo que esta vez sin militares y sin violaciones desenfrenadas de los derechos humanos -aunque la policía sigue matando a manifestantes con la asombrosa complacencia de las autoridades concertacionistas.

Mientras que en Europa es un delito intentar justificar siquiera la dictadura nazi, aquí en Chile hay personajes que, desde la tribuna de un diario de extrema derecha, todavía celebran la dictadura pinochetista y, por ejemplo, niegan la comprobadísima participación norteamericana en el golpe de estado de Pinochet de 1973.

Por ejemplo, un señor que obedece a la voz de Fernandois afirma en una columna en El Mercurio, que es cuento que la CIA participó en el golpe contra Allende. Todos sabemos sin embargo, por confesión propia de personajes como el ex presidente Nixon y el secretario de Estado Kissinger que Pinochet recibió dos millones de dólares por su trabajo y que la CIA también pagó al grupo Patria y Libertad para cometer atentados y asesinatos durante el gobierno socialista.

En algunos países de Europa negar hechos históricos comprobados en el marco de regímenes dictatoriales es un delito. No se puede negar la existencia de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es justamente por este delito que el cabecilla neonazi francés fue condenado a tres meses de prisión, lamentablemente en régimen remitido.

En Francia y otros países de Europa, la desvergonzada apología del crimen que hace regularmente una gárgola que va por la vida bajo la apariencia humana de Hermógenes Pérez de Arce, de El Mercurio, habría dado con su anatomía en un calabozo. Últimamente ha afirmado, sobre el asesinato e intento de asesinato de Carmen Quintana y Rodrigo Rojas, que no fueron carabineros quienes les rociaron con bencina antes de prenderles fuego, sino que las víctimas sencillamente tropezaron y cayeron sobre materiales combustibles y que los militares incluso trataron de apagarlos y salvarles la vida. Esta hiena insensible escribe regularmente alabando los crímenes de Pinochet, sin que nadie se alarme y aplaudido por su corte de bestias.

El partido pinochetista, cuyos dirigentes deberían estar encarcelados y sobre quienes debería pesar la prohibición eterna de participar en la vida pública por su complicidad con el régimen dictatorial, ha incluido la justificación de los crímenes de la dictadura como parte de su declaración de principios.

Este partido -UDI- llama pronunciamiento militar a la dictadura de la jauría pinochetista y lo consideran ineludible, y se proclama contra toda verosimilitud cristiano y defensor de la civilización occidental. Es francamente increíble. Estas son pretensiones absurdas y ridículas. Tan absurdas y ridículas como las pretensiones del Enano Fascista de España, que iba por la vida disfrazado de católico.

Acá en Chile he escuchado a veces el argumento de que la libertad de opinión debe admitir la expresión de opiniones de extrema derecha. Para mí, admitir la publicación y divulgación de opiniones de fascistas, neonazis y otras sabandijas sería lo mismo que permitir la existencia de grupos de defensa de la esclavitud, la pedofilia o la violación sexual. ¿Cuál es la diferencia?

En Europa en los últimos años se ha asistido a una suerte de renacimiento de la opinión fascista. Se escudan los energúmenos igualmente en la libertad de opinión y prensa. En algunos países se los ha aceptado. Al menos hasta el 2007 en Holanda hubo ministros de extrema derecha, y en alguna de su prensa era común ver artículos sobre la conveniencia de crear guetos para controlar a la población árabe. Los fascistas gozaban de la libertad de insultar a todo el mundo. Van Gogh, el cineasta asesinado por un musulmán fanático era un neonazi que llegó a gritar alguna vez, a un diputado judío, que le iría a mear en su tumba cuando muriera. Y se burlaba abiertamente de los judíos y del exterminio al que fueron sometidos por los nazis.

Pero en ese país que admitía que su prensa comentara la conveniencia de encerrar a los árabes y otros grupos étnicos no europeos, consideraba un delito grave justificar los atentados cometidos por grupos musulmanes. Y llegó su gobierno a aprobar una ley que convirtió en delito "escribir contra las sociedades occidentales", entre las cuales curiosamente se contaba.

Puede sonar raro que se considere en Francia un delito rechazar las proposiciones que se defienden en un libro. Por ejemplo, alguien puede creer que se puede rechazar que los nazis aplicaron una política de exterminio contra los judíos, o que los campos de concentración no existieron. Algunos piensan que esto pertenece al campo de las opiniones.

Pero no es así. Cuando la investigación histórica ha determinado más allá de toda duda la veracidad de los hechos descritos, y considerada la gravedad y dimensión social y moral de los crímenes cometidos, no se puede admitir que algunos seres moralmente atrofiados pongan en discusión estas verdades. Quien lo haga deberá enfrentarse a la justicia. Es lo que ha ocurrido en Francia.

En Chile hay gente o que niega los crímenes de la dictadura pinochetista, o que los justifica. Ambas posturas debieran constituir delito y sus defensores debiesen ser castigados con severidad y excluidos definitivamente de la vida política del país.

La UDI es una asociación criminal y debiese ser desmantelada, sus bienes expropiados y sus dirigentes encarcelados y procesados. Es esta una labor indispensable para que el país pueda progresar y recuperar la democracia, que es algo que, pese a los dichos absurdos del gobierno y de algunos partidos políticos, todavía no se ha logrado, a pesar de que la dictadura terminó formalmente hace más de dos décadas.

En su declaración de principios, este partido de extrema derecha escribe que "es lícito que [...] se suspenda el ejercicio de los principales derechos cívico-políticos a las personas o grupos que pretendan valerse de ellos para conculcarlos, propagando doctrinas totalitarias o violentistas".

La justificación de los crímenes de la dictadura forma ciertamente parte de lo que el propio partido llama propagación de doctrinas violentistas. La definición se aplica perfectamente a lo que hacen sus propios dirigentes y miembros, de negar persistentemente los crímenes y actos de barbarie cometidos por la dictadura pinochetista y proteger a los criminales que los cometieron.

En virtud de sus propios principios explícitos, por su defensa del crimen y la barbarie, este partido debería ser disuelto y prohibido.

Este partido comete otros delitos ideológicos. Uno de ellos es la usurpación de identidad ideológica, que se comete cuando se autodefine un grupo como, por ejemplo, defensor de la civilización occidental y defiende al mismo tiempo las peores violaciones a los principios morales de esa propia civilización. O decir de sí mismo que se es patriota y, al mismo, colaborar con un país extranjero para destruir las instituciones básicas de la patria. Son todos delitos cometidos por este partido.

También comete la UDI otro delito inmanente, cuando afirma que "función judicial debe ser rodeada del respeto y la majestad que merece, cuidando su plena independencia y su efectivo imperio para hacer cumplir sus resoluciones" y, al mismo tiempo, impugna e injuria a los jueces cuando pretenden llevar a justicia a los pinochetistas culpables de violaciones a los derechos humanos -como ha hecho ayer un grupo de elementos derechistas que acusaron de parcialidad a la jueza que está procesando a los militares responsables del asesinato del padre Woodward (en La Nación).

Es asombroso, y aberrante, que este partido de criminales forme alianza con un partido que se define a sí mismo como liberal -lo que demuestra de paso que la distancia que hay entre Europa y Chile parece distorsionar las comunicaciones y aquí algunos nativos entienden por liberalismo una doctrina alejadísima de la ideología libertaria y más cerca del elogio de la codicia que de otra cosa, pues los liberales de Renovación Nacional tienen tanto de liberales como pelos un calvo.

Por eso consuela mirar a Francia y otros países civilizados, donde estos personajes aberrantes, verdaderas gárgolas del infierno, que defienden crímenes inhumanos sobre la base de argumentos imbéciles e impresentables, son perseguidos y castigados.

Nos da esperanzas para creer que algún día nuestro país llegará a ese nivel de civilización que nos permitirá construir una verdadera democracia sobre la base de principios morales que llamamos occidentales, entre ellos primeramente la igualdad, la libertad y el respeto de los derechos humanos.

[mérici]

la televisión chilena sobre colombia

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columna de mérici

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La noticia de que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en lo que se llamó la masacre de El Aro, fue difundida por Radio Caracol y publicada luego por el diario colombiano El Espectador en su edición online del 23 de abril, poco antes de las tres de la tarde.

El Espectador informaba que un miembro de una milicia paramilitar había denunciado la participación de Uribe, para la época gobernador de la provincia de Antioquia, en la planificación del ataque contra el poblado El Aro, municipalidad de Ituango, y posterior asesinato de quince campesinos el 22 de octubre de 1997. Tropas del ejército colombiano y unidades paramilitares (grupos de asesinos a la paga de grandes terratenientes, compañías nacionales y extranjeras y políticos de derecha) violaron a las mujeres y arrasaron con el pueblo, incendiándolo y llevándose el ganado de los habitantes (aquí se encuentra más información sobre esa masacre).

Según esta misma fuente, el presidente Álvaro Uribe anunció el 23 de noviembre de lo que debe ser 2007 (la fuente dice, erróneamente, 2008), que un paramilitar lo había identificado a él, con los generales Ospina y Rosso y el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, como quienes planificaron la masacre. Dijo el testigo que tras la matanza, Uribe los felicitó porque en el ataque habían liberado a seis rehenes, incluyendo a uno de sus primos, y que el hermano de Uribe (Santiago), un hacendado, había contribuido con veinte hombres de su propio ejército privado. Según el testigo, Uribe y sus cómplices se habían reunido a planificar la matanza en el pueblo de La Cuacana.

El senador Gustavo Preto ha denunciado también que Uribe utilizó el helicóptero de la gobernación para transportar a las tropas que cometieron la masacre. Una de las pruebas materiales más convincentes es un mensaje de beeper interceptado y dado a conocer posteriormente en el que uno de los paramilitares implicados en la masacre dice: "Te recuerdo llamar al gobernador. Preséntame y que yo lo visito en la tarde".

Uribe no ha logrado proporcionar una explicación coherente de ese mensaje y rechaza las acusaciones diciendo que se trata de inventos de "un bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable" y de una conspiración del poder judicial, en particular del juez Julio César Copete, a raíz de la querella que interpuso contra este juez, "y la respuesta es una solidaridad de cuerpo para blindarse" (Hasta Siempre).

Salvatore Mancuso, cabecilla de los paramilitares, está cumpliendo una pena de prisión de cuarenta años por esta masacre. El testigo, Francisco Enrique Villalba Hernández, está igualmente cumpliendo una pena de prisión por varias decenas de años por esta y otra masacre.

No es la primera vez que aparecen denuncias sobre la participación y complicidad de Uribe con fuerzas paramilitares. Esta acusación data de fines de 2007. Los tribunales se encuentran en la fase de investigación.

La noticia volvió a circular recientemente. Otros medios online recogieron las informaciones de Radio Caracol y El Espectador, entre ellos Nova Colombia y El Universo, entre otros. mQh la republicó el 24 de abril a la una de la mañana. El mismo 24 la publicaron dos importantes diarios chilenos, La Tercera y La Nación. El Mercurio la publicó recién el 26 de abril, en la portada de su edición online.

Esta es una noticia, me parece a mí, de bastante importancia y ciertamente meritoria de cobertura. El denunciante Francisco Enrique Villalba Hernández no es un asesino a sueldo cualquiera. Durante su período como paramilitar llegó a ser comandante y tenía varias decenas de hombres bajo su mando. Obviamente era un elemento que participaba en reuniones de alto nivel de su milicia y en sus contactos con políticos. La prueba material disponible -el mensaje de beeper- es simplemente demoledora.

Además, la noticia vuelve a surgir a superficie en un contexto que no podría ser más perjudicial para el presidente. Hace unos días han encarcelado a otros legisladores de su partido por sus nexos con los paramilitares. Desde 2006 se ha procesado a 62 parlamentarios, la inmensa mayoría de ellos uribistas. La última cuyo procesamiento ha sido anunciado, ha sido la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del Congreso (mqh).
Casi la mitad de los legisladores procesados se encuentra en prisión; los otros están siendo investigados por sus vínculos con esos grupos de asesinos a sueldo.

También en las últimas semanas se ha dado a conocer en la prensa colombiana e internacional las campañas de asesinatos de dirigentes sindicales todavía en curso en Colombia. Desde que asumiera Uribe en 2002, fuerzas policiales, militares y paramilitares han asesinado a más de cuatrocientos sindicalistas (mQh). Desde marzo, cuatro de ellos han sido asesinados presuntamente por haber organizado la marcha contra la violencia paramilitar en Colombia en ese mes. En realidad, la evidente participación de las autoridades en esos asesinatos le está costando a Colombia el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que ha sido derechamente suspendido por los demócratas en el Congreso.

El 21 de marzo de 2008 el diario Los Angeles Times denunciaba una nueva táctica empleada por los militares colombianos, que consiste en asesinar a civiles y vestirles con el uniforme de la guerrilla para presentarlos como rebeldes caídos en combate. Entre este año y el pasado han asesinado así a 287 civiles. El reportaje fue publicado en español por mQh.

Igualmente el jefe de la policía de inteligencia de Uribe, el general Jorge Noguera, fue destituido de su cargo tras comprobarse su participación en la elaboración de listas negras con nombres de sindicalistas y activistas de derechos humanos que debían ser eliminados y que entregaba a grupos paramilitares de extrema derecha. La noticia fue comentada en un reportaje del 14 de abril de 2008, en The New York Times; la versión en español se encuentra en mQh.

Y para colmo de males, hace apenas unos días la Corte Suprema de Colombia ha ordenado la detención del primo del presidente, Mario Uribe (que no he podido corroborar si se trata de uno de los rehenes liberados en la masacre de El Aro), igualmente por vínculos con los paramilitares. El senador pidió asilo en la embajada de Costa Rica, le fue negado y fue arrestado al salir de la delegación diplomática.

Álvaro y Mario, los primos, han estado estrechamente relacionados. Fundaron juntos el partido uribista actual, Colombia Democrática. Tan estrechos son sus lazos, de hecho, que compartieron durante años un departamento en Bogotá. "Por esos días [fines de los ochenta] compartieron apartamento en Bogotá y juntos llegaban y salían del Capitolio Nacional" (en El Espectador).

Le costará al presidente pretender que no sabía nada de las relaciones de su primo con los paramilitares. Le será similarmente difícil pretender que no sabía nada de las prácticas criminales ilegales de su jefe de inteligencia, o de su aliada, la senadora y presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez.

Esta avalancha de datos y materiales sobre el presidente Uribe no se refleja, sin embargo, en toda la prensa. En Chile esta tremenda noticia no ha sido comentada en ningún canal de televisión. Megavisión y la Red no han destinado al caso ni una sola palabra. Tampoco lo ha hecho Canal 13. Televisión Nacional no comenta para nada la acusación, y prefiere al contrario comentar el presunto ataque de las FARC contra bases colombianas desde Ecuador. Este canal comentó también la detención del primo de Uribe y la postura de Correa de reconocer a las FARC si renunciaban al secuestro y otras prácticas terroristas. Chilevisión no publica nada sobre la matanza de El Aro, pero sí sobre la detención del primo.

Si esto no es manipulación de la información, no sé cómo podría llamársele. La noticia es simplemente ignorada por los canales, pese a que es de tal envergadura que le podría costar al presidente su impugnación y/o un conflicto de consecuencias no previsibles con el poder judicial. Pero sí comentan noticias de escasa importancia, como el denunciado enésimo ataque de las FARC.

Aquí hay evidentemente manipulación. ¿Por qué quieren los canales ocultar esta información sobre Uribe y los suyos? Sucesos graves, como el asesinato de sindicalistas, los muertes recientes de los organizadores de la marcha contra la violencia paramilitar, el homicidio de civiles, etc., no llegan a los telediarios. Un ataque de las FARC, sí. ¿Cómo deciden los canales qué información vale la pena difundir? ¿Pensarán realmente que un ataque, encima sin víctimas, es más importante que la participación del presidente en una masacre y la crisis judicial causada?

¿Y si creen que sí, que la complicidad del presidente en una masacre de campesinos no es importante y sí lo es el lanzamiento de cohetes, podremos creer que se trata de profesionales?

Sabido es el escaso nivel de formación del periodista chileno. Ha llegado al punto que tener un diploma es más causa de desprestigio que de orgullo. Y trabajar en algún medio establecido se ha convertido en opción de mediocres y corruptos. Pero están llegando a tales extremos de manipulación que lo que escriben o comentan simplemente no se puede conciliar con el oficio de periodista.

El periodismo chileno es simplemente servilismo y mala literatura. Lo peor es que, más allá de eso, representan la barbarie.

[mérici]

[Consúltese también ‘Uribe, Criminal de Guerra’, en mérici, y ‘Extraño Crimen Pasional en Colombia’, en mérici].

un editorial que dice mucho

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columna de mérici

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Publica hoy el liberal New York Times un durísimo editorial sobre los gobiernos del presidente Bush.
Lo acusa nada menos que de violar las libertades civiles y los derechos humanos, de torcer y desvirtuar el estado de derecho, de desconocer los tratados internacionales y las Convenciones de Ginebra y de hacer tabla rasa con principios morales occidentales básicos.

Lo critica duramente por haber aprobado severísimos y bárbaros métodos de interrogatorio de prisioneros e insiste en que, según los informes publicados por ABC News y la Associated Press, en la elaboración de esos métodos inhumanos participaron los funcionarios de más alto nivel de su gobierno, desde el ex ministro de relaciones exteriores, Colin Powell, hasta la risueña Condoleezza Rice y el nefasto vicepresidente, Dick Cheney.

Censura la probada inutilidad de la tortura como método de recabamiento de informaciones y la ineptitud y falta de constancia de las agencias de inteligencia, que todavía no son capaces de dar caza a Osama bin Laden ni fueron capaces de prever las secuelas de la invasión de Iraq.

Censura igualmente en duros términos el hecho de que, contrariamente a lo que el gobierno afirmó entonces, el presidente Bush supo desde el principio que Iraq no poseía armas de destrucción masiva.

No es nada que no supiéramos ni nada tampoco que el NewYork Times y otros periódicos no supieran. Pero es una manera de recordar y ordenar los cargos con que se juzgará en el futuro al gobierno de Bush.

El gobierno de Bush es ciertamente una de las mayores desgracias políticas que ha sufrido Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. El presidente Bush ha incluso echado por tierra la propia Constitución norteamericana, que pasaba antes como un ejemplo de una carta magna democrática, al eliminar el principio de igualdad ante la ley.

Ha instalado tribunales secretos, exentos de todo tipo de control, y ha creado una nueva categoría de personas que pueden ser encarceladas indefinidamente sin presentación de cargos, sin informar a sus familiares y negándoles el derecho a la defensa y a la impugnación de los cargos -en realidad, ni siquiera pueden enterarse de los cargos de que se les acusa. Y, entretanto, autoriza la aplicación de espantosas torturas a los reclusos.


Se indigna el editorialista al recordar que lejos de ser decisiones tomadas por subalternos, los métodos de tortura fueron ideados y definidos por los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Bush.

Hace siempre bien leer estas críticas de hechos conocidos ampliamente desde hace ya algunos años en la propia prensa norteamericana y en las páginas del diario más prestigioso del hemisferio occidental.

Contrasta con el servilismo de la prensa chilena, que no hablado nunca con la claridad del New York Times.

En Chile, en realidad, estas críticas suelen provenir del ámbito de la reducida prensa (de papel y sobre todo online) de la izquierda extraparlamentaria.

Lejos de reprochar al gobierno norteamericano el terrible daño que ha causado al derecho internacional y al estado de derecho en su propio país, la prensa chilena en general y el gobierno chileno en particular han mostrado una actitud de tal servilismo que raya en el absurdo.

Prueba de ello es la iniciativa anunciada por la presidenta Bachelet el año pasado de que Chile y Estados Unidos iniciarán campañas de fomento de la democracia en el mundo -una decisión tan incoherente que fue en gran parte simplemente ignorada por la prensa.

Las dos últimas elecciones en Estados Unidos han sido fraudulentas a vista y paciencia de todo el mundo. El planeta ha guardado un vergonzoso silencio sólo porque los perjudicados -los demócratas- decidieron callarse la boca, guiados por la creencia de que no era conveniente insistir demasiado en la invalidez de los resultados de las elecciones en momentos en que el país atravesaba una grave crisis de seguridad nacional bajo la forma de la amenaza del terrorismo islámico.

Pero Estados Unidos dejó hace tiempo de ser un país que se pueda clasificar sin más como democrático.

Tampoco es Chile como país democrático. Un país donde en las elecciones parlamentarias el voto del ciudadano equivale a medio voto y donde la mitad de los legisladores no son propiamente elegidos, no puede llamarse democracia sin más.

No se entiende, pues, cómo estos dos países podrían dar lecciones de democracia a nadie.

Todo lo contrario, ambos necesitan cada día con mayor urgencia deshacer los intentos de subversión de la democracia emprendidos, allá, por el presidente Bush, y acá por sucesivos gobiernos concertacionistas en su intento por gobernar con una Constitución que consagra la infamia de la dictadura de Pinochet y el poder -no sancionado en las urnas- de sus partidarios.

Mientras gobierne Bush allá, no se podrá decir que Estados Unidos es una democracia cabal. Y mientras se rija Chile por una Constitución pinochetista, no se podrá decir nunca que ha habido una transición hacia la democracia.

[mérici]

Se puede leer la versión original en inglés aquí.
La versión en español se encuentra en mQh.