columna de mérici

al mamo contreras lo vieron en la calle

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columna de mérici

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Alguien que no puedo identificar, pero en quien confío, me contó que había visto al ex general Manuel Contreras, condenado a perpetua por secuestros, torturas y homicidios, en la calle Las Heras, Forestal Bajo, Viña del Mar, conduciendo una camioneta Suzuki 2006 la primera semana -el martes 5 o el miércoles 6, entre las 12 y las 13 horas. Iba acompañado.
No sé si es una información verídica ni puedo confirmarla. La coloco aquí para que llegue a quien pueda concernir.
En Argentina hace unos meses tras el asesinato con cianuro de un militar condenado por delitos de derechos humanos que purgaba su pena en un recinto militar, se descubrió que este reo había incluso viajado a España con una identidad falsa, y que solía pasar las vacaciones fuera de la cárcel.
Tras este y otros incidentes el gobierno argentino puso fin al régimen de excepción de que gozaban los militares condenados. Ahora esos militares han sido trasladados a cárceles comunes, donde no gozan de derechos diferentes a los otros reos.
Me impulsa a publicar esta nota el hecho de que, hace un tiempo, cuando se buscaba a Iturriaga Neumann, lo vi en la avenida Perú, Viña del Mar, unos días antes de su detención en ese mismo barrio. En ese momento me causó tanta sorpresa que me inmovilicé. No podía creer que un hombre que había sido jefe de inteligencia se dejara ver en público con la misma ropa con que había sido fotografiado por la prensa de esos días.
Pensé que me estaba engañando, que un hombre experto en cuestiones de inteligencia no podía cometer un error semejante. Por esa razón, porque esa idea me hizo dudar, no lo denuncié ni llamé a la policía -decisión que fue reforzada por mi pésima memoria de rostros. Me dije: "No quiero correr el riesgo de meter en este lío a un señor inocente".
Días después lo detuvieron en un edificio a dos calles de donde lo vi yo.
Si Manuel Contreras goza de privilegios como este -salir a la calle-, el gobierno debiese terminar tajantemente con el régimen de excepción del que disfrutan algunos de los peores criminales de la historia de Chile.

[mérici]

la corte suprema contra la clase política

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columna de mérici

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La renovada discusión sobre derechos humanos y derecho internacional no ha empezado con la detención del ex fiscal Podlech. En realidad, pocos conocíamos a este señor cuando la Corte Suprema, hace unos meses, ordenó realizar un estudio técnico, a cargo de los ministros Sergio Muñoz y Héctor Carreño, después de constatar los fallos contradictorios en casos de violación de derechos humanos. La intención del nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Mujica, era uniformar la legislación al respecto "pues de no resolverse pueden seguir sucediendo casos contradictorios, es decir, algunos en que se falle según el derecho internacional y otros en que se absuelva a los acusados basados en el derecho penal" (La Nación).

Nada he visto en la prensa sobre este informe, que debía estar listo para marzo de este año. Pero sigue siendo una tarea urgente introducir en la legislación chilena la tipificación de los delitos de violación de los derechos humanos que cubre la Corte Penal Internacional y algunos otros que podríamos sugerir para tipificar como delito grave, en el caso del personal militar y policial, tanto dar como obedecer una orden claramente atentatoria contra los derechos humanos, facultando a los subalternos para eliminar si no hubiese otro remedio a los oficiales y suboficiales que ordenasen la ejecución de secuestros, torturas y homicidios y otros crímenes de ese tenor.

Por lo que ha ocurrido en los últimos meses, parece claro que la clase política en su conjunto no ha entendido ni el propósito ni la urgencia del presidente de la Corte Suprema.

Es impresentable que el gobierno, uno de cuyos deberes es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos ("la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos", dice la Constitución), tolere que en el país se dicte justicia con dos varas distintas, una apegada al espíritu de la ley y otra, la que representa el juez Pfeiffer, preocupada dejar impunes los crímenes cometidos por los militares y otros criminales civiles que defiende. Ciertamente incurre el gobierno en lo que llamamos abandono de deberes, pues deja en la indefensión a ciudadanos que debiesen en realidad contar con su protección. Es lo que comúnmente se llama denegación de justicia.

Es evidente que el gobierno no logra conciliar su indiferencia, o peor, con respecto a las violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes, con su posición como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es simplemente monstruoso que en estos precisos momentos esté Chile en el banquillo de los acusados, entre otros casos, por denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa de Claudio Lecaros Carrasco, autor de innumerables asesinatos de ciudadanos chilenos que fue favorecido por un fallo aberrante de la Sala Penal de la Corte Suprema en el que participaron conocidos encubridores pinochetistas (José Fernández Richards y de los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura; en La Nación del 14 de noviembre de 2007 y la edición del 14 de noviembre del mismo año). Estos jueces mismos debiesen ser llevados a justicia, dentro o fuera de Chile.

La clase política en su conjunto, con escasas y loables excepciones, prefiere ignorar el clamor de las víctimas y continuar con la actual política de dejar en la impunidad a los criminales amparándose en la imaginaria autonomía de los poderes del estado. La corrupción moral pinochetista está todavía presente todo el aparato estatal y amenaza con extenderse hacia los propios partidos de la Concertación, donde personajes como el ex presidente Lagos son declarados partidarios de la impunidad.

Hace algunas semanas tuvo el Senado la oportunidad de avanzar en el sentido que ha sido expresado por el presidente de la Corte Suprema, y uniformar las sentencias chilenas sobre casos de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad o de derechos humanos y de adaptar la legislación nacional al derecho internacional, se hayan o no firmado los tratados y pactos pertinentes. A principios de junio de este año, la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunciaba precisamente que el ex senador concertacionista Adolfo Zaldívar, en su aberrante calidad de presidente del Senado, rechazara tratar un proyecto de ley que prohibía la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet a autores de crímenes de lesa humanidad -que es lo que vienen haciendo varios jueces pinochetistas (en El Mercurio).

Este senador, acogiendo una petición del senador pinochetista Arancibia, rechazó por inconstitucional un proyecto de ley "que impide que los crímenes de lesa humanidad y de guerra puedan ser amnistiados, prescritos por el paso del tiempo o indultados" (La Nación del 9 de junio de este año). Y esto pese a que el proyecto de ley, en cuya redacción participó el recién fallecido diputado socialista Juan Bustos, ha sido aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la comisión del Senado encargada de su estudio. Según el informe de prensa, "lo que hace el proyecto de ley es impedir que la responsabilidad penal se extinga por amnistía, prescripción o indulto, cuando se trata de este tipo de delitos".

Este debate fue comentado en la prensa en la semana anterior al 10 de junio, cuando se debatió y rechazó en el Senado este proyecto que reinterpretaba el artículo 93 del Código Penal y excluía de amnistía, prescripción o indulto a los autores de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad.

En el Chile de hoy apenas si sorprende encontrar en el listado de los senadores que prefirieron continuar amparando a los criminales pinochetistas a los senadores Fernando Flores (al que un semanario llamó ‘Cerdo Traidor’), Adolfo Zaldívar, Carlos Bianchi y el ex presidente Eduardo Frei. Los otros senadores que rechazaron el proyecto fueron Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Carlos Kutschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Waldo Prokurica y Sergio Romero (en La Nación).

De los impredecibles y volátiles senadores Flores y Zaldívar se podía esperar en realidad cualquier cosa, incluso que se unieran a la extrema derecha, con la que venían coqueteando desde hace algún tiempo, pero el voto de Frei causó sorpresa universal. Hasta el momento, sin embargo, el senador y ex presidente no ha ofrecido ninguna explicación pública por su repentino giro hacia la bancada del terror. La senadora Alvear, profundamente decepcionada, prefirió creer que fue un error involuntario (en La Nación). Y cuando el periodista Matías del Río tuvo al senador a tiro para esas fechas en su programa ‘Tolerancia Cero’, del canal Chilevisión, prefirió curiosamente interrogarle sobre la inmortalidad del cangrejo.

Cuesta creer que sea El Mercurio el que esté llamando a esos mismos políticos -que prefirieron archivar un proyecto clave para adaptar la legislación nacional a la internacional- a desandar camino y legislar finalmente sobre derechos humanos, como un paso previo a la ratificación del Estatuto de Roma. Con el polvo levantado por la detención del ex fiscal militar en España y posterior extradición a Italia, donde ha negado los cargos, El Mercurio y políticos de Renovación Nacional han manifestado un curioso interés en abordar nuevamente el tema de la ratificación de la Corte Penal Internacional.

Los políticos de RN han concluido una reunión declarando que el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, tiene interés en iniciar un diálogo con el gobierno sobre esta materia (en La Tercera). Según El Mercurio, el candidato presidencial "está interesado en abordar fuerte el tema [de la ratificación del Estatuto de Roma, vale decir, de la Corte Penal Internacional] y hacerlo parte de su programa de gobierno".

Probablemente inspira a ambos el temor de que persistir en la postergación de la ratificación deja a los acusados de crímenes de derechos humanos en Chile sin recursos jurídicos con los cuales impugnar esas acusaciones en el extranjero. Según un editorial de El Mercurio, el Estatuto de Roma debiese ser aprobado pues "de lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos". Y en los tribunales chilenos, donde actúan hienas pinochetistas de la calaña del juez Alfredo Pfeiffer, tienen esos acusados muchas más posibilidades de quedar impunes que en el tribunal internacional.

Cuando la Corte Suprema encargó ese estudio, solicitó de paso a la clase política que actuase para reformar la legislación chilena en conformidad con el derecho internacional. La derecha viene obstaculizando estos proyectos desde hace un buen tiempo y no es probable que abandone la defensa de sus matones, a menos que ahora, como lo señala el editorialista de El Mercurio, recupere la razón y advierta que su testaruda oposición al tribunal penal internacional acarreará a sus criminales peores consecuencias que su aceptación.

La Corte Suprema ya se los había advertido.

[mérici]

el mercurio y la corte penal internacional

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columna de mérici

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Hace unos días un editorial de El Mercurio llamaba a la derecha y extrema derecha de Chile a legislar sobre derechos humanos en relación con el debate sobre la eventual ratificación de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambas corrientes políticas, y el diario que mejor representa a la extrema derecha chilena, se han opuesto tenaz e irracionalmente a la ratificación de los tratados y pactos internacionales que dieron origen al tribunal internacional que busca perseguir judicialmente las acciones que consideramos violatorias de los derechos humanos: crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

El cambio de opinión es asombroso. Desde hace años que se les viene advirtiendo que el rechazo chileno al tribunal internacional es derechamente irrelevante. A medida que se extiende el imperio del derecho internacional y la sensibilidad ideológica global otorga prioridad al respeto de los derechos humanos, los pequeños reductos refractarios como Chile tienen cada vez más dificultades en defender sus legislaciones nacionales. Guste o no a la clase política chilena, el derecho internacional prevalece y los ciudadanos chilenos acusados de la violación de alguno de los delitos que cubre el tribunal penal internacional pueden ser aprehendidos y juzgados en cualquier país del mundo que haya suscrito los tratados de defensa de los derechos humanos, sean las víctimas ciudadanos o no de alguno de esos países.

Ahora, tras la detención en España del ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, sabidamente responsable de numerosos secuestros y asesinatos y buscado en Italia por el homicidio de un ciudadano italiano en 1973, pareciera que finalmente se han dado cuenta de que eludir la justicia internacional es derechamente imposible. La testaruda oposición a la corte internacional es irrelevante y tan bruta y hueca como las estentóreas declaraciones de criminales como Milosevic y, ahora, Karadzic, en su negación de la legitimidad del tribunal de La Haya. El editorialista de El Mercurio se ha dado cuenta además de que, en realidad, seguir rechazando la ratificación del Estatuto de Roma es también perjudicial para la propia causa de la extrema derecha, que es la defensa de los criminales pinochetistas.

El argumento es intrincado. Pero la lógica que lo sustenta es la siguiente: Seguir negando el derecho internacional no tiene ningún sentido, pues este rechazo no tiene validez jurídica fuera de Chile. Ante la eventualidad de que criminales chilenos continúen siendo aprehendidos y juzgados en el extranjero, sería mejor contar con una legislación propia en esas materias, de modo tal que, frente al mundo, el país pudiera decir que las personas acusadas de esos delitos ya han sido juzgadas y evitar de ese modo que caigan en manos de tribunales internacionales o extranjeros.

Habida cuenta de la venialidad de muchos jueces chilenos -jueces moralmente corruptos, como el recién rechazado Alfredo Pfeiffer, capaces de aplicar leyes ilegítimas y sin anclaje jurídico en defensa de los peores y más crueles criminales que ha conocido el país en su historia-, el razonamiento de editorialista parece claro. Con una legislación nacional adaptada, jueces como el recién nombrado que, lamentablemente, abundan, podrían fallar a favor de los acusados, dejándoles impunes y pretendiendo al mismo tiempo que se ha hecho justicia.
En la situación actual, como señala el editorialista, Chile carece de una tipificación de los delitos que cubre el tribunal penal internacional. Y debe hacerlo, pues "de lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos".

Hoy los pinochetistas acusados podrían ser aprehendidos y juzgados en el extranjero y, habida cuenta de la extrema gravedad de sus delitos, serían probablemente condenados a reclusión perpetua calificada sin posibilidad de salir de la cárcel antes de su muerte -que es justamente el destino que esperaba a Pinochet en Londres o Madrid.

Los temores de El Mercurio pueden ser justificados. Es sabido que el tribunal sólo actuará cuando considere que alguno de los países firmantes no ha cumplido con el compromiso suscrito de juzgar causas de derechos humanos. "En efecto, de considerarlo necesario y previa prueba de alguna de las amplias causales que el Estatuto establece, la CPI puede entrar a conocer de una materia, no obstante que haya sido resuelta o la estén conociendo los tribunales nacionales". El editorialista advierte el peligro de que, aun contando Chile con una legislación propia sobre derechos humanos, nada asegura que criminales mal juzgados aquí vuelvan al banquillo de los acusados en tribunales fuera del país.

Tampoco podrán los chilenos redefinir al buen tuntún y según les convenga que ha de entenderse por genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Ni tampoco podrán seguir pretendiendo que hay materias o asuntos que sólo competen a tribunales nacionales. Esos ideales son anacrónicos y absurdos. También en la Edad Media defendieron reyezuelos y otros gobernantes sus propias legislaciones y fueros contra las emergentes legislaciones nacionales. Y ya se ve que no llegaron demasiado lejos. Ahora en un mundo globalizado, es similarmente urgente y derechamente inevitable el avance y consolidación de los principios del derecho internacional, y todavía más especialmente en el terreno de los derechos humanos.

El llamado de El Mercurio, pese a sus transparentes intenciones, no debe asustar. Que Chile debe tener una legislación propia en materia de derechos humanos es una aspiración compartida por muchos chilenos y en esto el diario de la extrema derecha va todavía más lejos y adopta una postura que supera incluso las propias posiciones de los partidos llamados de izquierdas.

Aprobada esa legislación, si nuestros jueces no estuviesen a la altura de los nuevos principios ético-jurídicos, podremos siempre recurrir a tribunales en el exterior para obtener justicia. Tampoco debiese asustarnos, aunque debe ser rechazada, la pretensión de que por firmar el Estatuto de Roma, este país dejará de procesar a los criminales que hayan dado libre curso a su naturaleza bestial antes de la ratificación del tratado. Las leyes internacionales de derechos humanos cubren crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables, firmen los chilenos los papeles que firmen. Y la Corte Penal Internacional ciertamente no es la única instancia donde juzgar las violaciones a los derechos humanos. En caso de fallar la primera, todavía están, como es el caso hoy con Podlech, los tribunales nacionales que suscriben el Estatuto de Roma y otros tratados internacionales.

La testaruda posición de aplazar la ratificación de ese y otros tratados perjudica a Chile, a las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y perjudica igualmente a la propia extrema derecha que, como sugiere el editorialista, sin una legislación nacional previa específica sobre derechos humanos dejará a sus miembros a merced de tribunales extranjeros sin la menor posibilidad de intervenir ni influir ni orientar los eventuales procesos judiciales. Eso, aparte el ridículo que se hará sufrir al país todo entero, pues no escapará a nadie que la detención del ex fiscal en el aeropuerto de Barajas constituye, más todavía que un rotundo varapalo a la extrema derecha, una profunda humillación para el gobierno de la señora Bachelet, que ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sin embargo es incapaz de juzgar en su propio país a notorios y peligrosos criminales pinochetistas. Es, justamente, uno de los propósitos del tribunal internacional y una de las cosas que El Mercurio considera un peligro para su causa: "[...] la discusión se plantea porque la CPI tendría las atribuciones para evaluar, en conformidad con un impreciso principio de complementariedad, el funcionamiento de nuestros tribunales. En efecto, de considerarlo necesario y previa prueba de alguna de las amplias causales que el Estatuto establece, la CPI puede entrar a conocer de una materia, no obstante que haya sido resuelta o la estén conociendo los tribunales nacionales". O que no la hayan conocido en absoluto, como es el caso del señor Podlech que, según el vocero de su familia, desconocía la existencia de una orden de captura internacional en su contra pues "en Chile nunca ha habido ningún procesamiento en su contra" (en La Tercera). Que haya sido juzgado o no en el país es, en realidad, irrelevante para la Corte Penal Internacional.*


* Los comentarios sobre el caso del ex fiscal militar los he incluido pese a que no es la CPI la que lo busca, sino la justicia italiana. Pero es evidente que se trata de dos asuntos relacionados, considerando que en ese país se lo quiere juzgar por el secuestro y homicidio de un ciudadano italiano en el marco de una campaña de exterminio de opositores políticos, lo que constituye un delito de lesa humanidad. En algún momento la CPI tendrá que ver igualmente este caso, y la oportunidad se presentó sola, pues Podlech está más cerca del tribunal en Italia que en Chile.

[mérici]

para qué sirve el código de justicia militar

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columna de mérici

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El Senado argentino viene de ratificar -el 7 de agosto- una decisión adoptada por la Cámara de Diputados en noviembre pasado y que era esperada por amplios sectores de la población: la derogación del Código de Justicia Militar. "Desde ayer", escribe el diario Clarín, "los militares son como cualquier hijo de vecino en la Argentina". Los delitos cometidos por militares serán juzgados según el Código Penal en tribunales de la Justicia ordinaria. Junto con terminar con el fuero especial de que gozaban los miembros de las fuerzas armadas, el fin de la Justicia militar significa también el fin de la pena de muerte que, como en el caso chileno, sigue siendo una prerrogativa de los tribunales militares.

Ciertamente, y explícitamente, la decisión de derogar esta anacrónica institución de la justicia militar ha sido provocada y acelerada por la participación de las fuerzas armadas en las bárbaras y violentas dictaduras de los años setenta y ochenta, y por la posterior conducta de los tribunales militares en sus intentos de encubrir y dejar impunes los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas por sus miembros. También al otro lado de la cordillera, intentó la Justicia militar proteger a los criminales de entre sus filas.

Poco a poco, las fuerzas armadas argentinas han ido perdiendo sus reductos de poder. Y ahora esta histórica decisión las ha despojado de uno de sus últimos territorios. Al transformar en ley la derogación de la Justicia militar, se salda "una deuda contraída con la democracia", según la ministro de Defensa Nilda Garré.

En Argentina, la derogación del código de justicia militar también está relacionada con la plena aceptación y vigencia en la legislación nacional de los pactos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos incorporados en la reforma constitucional de 1994.

A partir del 7 de agosto se establece el principio de que militares y civiles son iguales ante la ley. Sin embargo, las fuerzas armadas tendrán "sus propios regímenes disciplinarios y sanciones como el apercibimiento, arresto y destitución" (en la edición de Clarín ya citada). Según Página 12, "la iniciativa también crea un Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados y un nuevo código disciplinario para los miembros de las Fuerzas Armadas".

Ciertamente, como dijera la ministro de Defensa, la derogación aprobada por el Senado elimina "un fuero especial, donde los militares se juzgaban a sí mismos a través de un sistema anacrónico, arbitrario e injusto, donde no se respetaban las garantías del debido proceso" (Página 12). La nueva ley constituye un enorme avance en la recuperación de la democracia en Argentina.

Pese a las diferencias que guardan los procesos de recuperación de la democracia en Argentina y Chile, los paralelos son evidentes.

Hace apenas unos días un ex militar argentino, autor de innumerables secuestros y asesinatos, entre llantos y simulaciones justificó sus crímenes diciendo que en esa época Argentina sufría una subversión "terrorista marxista leninista" (Clarín), un argumento del todo similar al de los militares chilenos. La conducta de las fuerzas armadas de los dos países fue esencialmente la misma: en lugar de dejar que las fuerzas policiales y los tribunales dieran cuenta de los aislados intentos de desencadenar una revolución social, optaron por fraguar imaginarias conspiraciones para justificar su intervención en la vida política de sus países.

Tampoco recurrieron estos grupos militares a la instalación de tribunales para juzgar a los presuntos terroristas, lo que en realidad refleja lo tenebroso de sus móviles. En lugar de eso, recurrieron a ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, asesinatos, cárceles clandestinas, robo de bebés y apropiación de los bienes y propiedades de los secuestrados y, posteriormente, de recursos del estado.

Excepción hecha del robo de bebés y posterior ejecución de sus madres, incidentes que, según entiendo, no ocurrieron masivamente aquí, las dos fuerzas armadas recurrieron a los mismos métodos y justificaciones y llegaron incluso a colaborar en la persecución de ciudadanos que se opusieron a la barbarie.

En los dos países recurren las fuerzas del mal al mismo orden de justificaciones, tratando de proteger a los criminales amparándose en motivos ideológicos falsos y en los reductos de poder que ocupaban desde su intervención en los asuntos públicos. La justicia militar les permitía, y en el caso chileno les sigue permitiendo, conservar un fuero especial anacrónico e injustificado que implica impunidad e incluso privilegios para los peores traidores y criminales de sus historias. Y en los dos casos utilizan sus ideólogos -por decirlo así- conceptos como punto final, obediencia debida y otras aberraciones conceptuales.

En Chile, el Código de Justicia Militar data de 1925 y ha sufrido desde entonces varias reformas y agregados. Y, como en Argentina, es hora de derogarlo.

Nada justifica su vigencia. Desde su promulgación, no ha sido más que instrumento de injusticias e impunidad de criminales militares. Aun dejando de lado la intervención de las fuerzas armadas en la vida política del país entre 1973 y 1990, la Justicia militar y sus tribunales son una fuente permanente de intolerables injusticias. Casi todos los casos de violencia -incluyendo casos de torturas y asesinatos- de que son responsables miembros de las fuerzas armadas y carabineros desde el fin de la participación militar en la dictadura chilena han terminado en impunidad para sus autores. La insolencia y desfachatez de los militares llega a extremos absurdos. En los últimos años, los tribunales militares se han negado a juzgar a carabineros que han sido autores de cobardes e injustificados crímenes en la represión de movimientos sociales y conflictos laborales. Como en una época que se creía pasada, las fuerzas policiales y la clase política actúan como defensores de las clases ricas. La justicia militar simplemente se niega a juzgar propiamente a su gente y priva de un debido proceso a los civiles que son sus víctimas.

Seguir tolerando la existencia de fueros especiales y privilegios para la casta militar es perpetuar un régimen de excepción que la clase política se empeña en hacernos creer, inútilmente, que terminó. ¿Por qué motivo permitir la existencia de la desigualdad ante la ley entre ciudadanos que se supone son iguales? La mera existencia del código de justicia militar es una subversión de la Constitución Política, que establece la igualdad de los chilenos ante la ley. Permitir que otros militares juzguen a miembros de sus propias fuerzas, es como permitir que otros gatos juzguen al gato que se quedó cuidando la pescadería.* Según este modo de pensar, los carpinteros debiesen ser juzgados por carpinteros, las nanas por nanas y los diputados por diputados, todos ellos con sus propios códigos y sus propios privilegios y fueros.

Por otra parte, seguir manteniendo el código de justicia militar no sólo es una violencia contra los civiles que son víctimas de militares y carabineros, sino también contra los estamentos subalternos de los propios institutos armados, que han sido tradicionalmente víctimas de la arbitrariedad de oficiales y suboficiales. Derogar la justicia militar es por esto, además, algo que se debe a los hombres y mujeres de los propios institutos armados.

En Chile la recuperación de la democracia marcha muy lentamente. Nuestro régimen político perpetúa la dictadura bajo otro nombre. Policías y militares siguen torturando y matando. Las elecciones son una farsa. La clase política -senadores y diputados- no es exactamente elegida, pese a que se insista en llevar a los ciudadanos a las urnas. Todavía sigue Chile, pese a haber sido nombrado ridículamente miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin ratificar importantes tratados internacionales de defensa de los derechos humanos.

El panorama es ciertamente sombrío. Sin embargo, la derogación del código de justicia militar colocaría a civiles y militares en el mismo plano frente a la ley, terminaría con los inverosímiles e inmerecidos privilegios de los miembros de las fuerzas armadas y llevaría justicia a muchas familias de chilenos que han sido victimas de la violencia militar y policial.

La mera existencia del código de justicia militar es un atentado contra la democracia y nuestra propia Constitución Política.

Aparte de felicitar a Argentina por esta histórica decisión, deberíamos empezar a prepararnos para seguir su ejemplo.

* Hace unos días fue detenido en España un militar chileno responsable de varios secuestros y asesinatos de civiles durante la dictadura -el señor Podlech- cometidos en el marco de sus funciones como ‘fiscal militar’.

[mérici]

los animales del circo

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La reciente ordenanza del alcalde de Santiago, que prohíbe en su comuna los circos con espectáculos con animales ha causado conmoción y polémica. Durante unos días no quise pensar en ello.

Pero me ha convencido la Pepa de que es impresentable que siga perteneciendo al reino de lo posible la idea de que se puede, sin más, capturar o criar y someter a cautiverio a un animal para obligarlo a conductas coercitivas repetitivas que, para los más ahora, son diversiones de gentes bárbaras y estúpidas.

Aunque no lo digan con esas palabras.

En algún momento consideré que muchos animales disfrutan mucho de lo que hacen como arte y que ellos, como por lo demás todos los mamíferos e incluso otros, manejan el mismo concepto de teatro que nosotros. Los mamíferos pueden actuar, es decir, pueden hacer como si, exactamente igual que nosotros. Y disfrutar muchísimo de ello.

Nada les cuesta hacerse los muertos, o pretender que son cojos, o que el perro del vecino les dio un mordiscón. Cuando lo hacen, se matan de la risa.

Pero, obviamente, es filosóficamente impresentable que enchapemos de mérito acciones y situaciones que son de lejos patentemente arbitrarias, injustas e innecesarias. Pues aunque les guste actuar y conozcan el concepto de teatro, no sabemos si les interesa hacer carrera en el mundo del espectáculo.

Tampoco es de por sí inmoral que podamos relacionarnos con algunos animales de tal manera que lleguemos a actuar con ellos en condiciones de práctica igualdad -como el perro que hace de muñeco de ventrílocuo, por ejemplo, o las parejas de baile caninas.

Pero la brutal injusticia -aunque muchas veces es también piedad- del primer encuentro, de la imposición de nuestra manera de ordenar el mundo, de la relación fundamentalmente desigual entre nosotros y las mascotas y otros animales, contamina nuestra relación con las mascotas artistas.

Así que es una lástima que los animales del circo se vayan a perder. Pero es mejor la prohibición que permitir la prolongación de los incontables sufrimientos, maltratos y restricciones a que son sometidos.

Pero podría provocar también el surgimiento de un nuevo género, quizás todavía más rico en posibilidades y diálogos, en el que los desterrados animales de circo volverán reencarnados, por decirlo así, en actores disfrazados de esos animales, o muñecos, para hacer malabarismos o sostener diálogos.

Un teatro con animales en que, en cortos sketches, los animales de circo rememoren sus tiempos de esclavitud, intercambien chismes y llamen a la lucha por la defensa de los derechos animales. Por decir algo. En realidad, el techo es el cielo, aunque lo veo yo más cercano a la comedia y a la farsa, que a la tragedia.

Los nuevos animales de circo ofrecerán una oportunidad para un nuevo tipo de teatro popular y callejero, absolutamente circense, del tipo que seduce a la gente que pasa y, el domingo, a los niños en la plaza.

Así que con la muerte de los espectáculos con animales de circo podemos haber ganado un nuevo género del teatro cómico, el del teatro con animales del circo, que intuyo debe haber existido o existe en algún lugar, y al que se le puede, todavía, augurar un gran futuro.

Y todo este bello proyecto se lo deberemos a una prohibición humanamente sensata que ofrece perspectivas de una sociedad con menos opresión y menos violencias y violaciones.

[mérici]

visita a un canil municipal

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columna de mérici

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Uno de estos días, mientras visitábamos a nuestros cinco amigos de Caleta Abarca en Viña del Mar, dieron con nosotros tres inspectores municipales que venían con la intención de retirar a Robin (o Caballo, según le conocen otros). Habían llegado a la municipalidad denuncias por agresión.
Era lo que habíamos estado temiendo. Los inspectores tenían que aparecer en algún momento.
Robin es un mestizo de gran danés. Es un perro noble, y muy consciente de lo que cree que es su tarea: la defensa de su territorio. No es peligroso. Ni siquiera agresivo.
Pero es un pesado y suele corretear a la gente que se acerca al paseo de la caleta.
Causa más temor porque su estatura no le favorece. Justamente le llaman Caballo por su tamaño.
Aunque cree que su tarea es ahuyentar a los intrusos, que yo sepa no ha mordido nunca a alguien. Y posee un extraordinario control de sí mismo. Lo he visto observar una furiosa sacudida que le dio la Negrita (una mestiza de Doberman) a Patas Blancas, sin que interviniese.

Los inspectores dijeron que se lo llevarían y lo entregarían al seremi de Salud, que decidiría qué debía ocurrir con él. Dijeron que lo más probable era que el seremi decretara o firmara su ejecución. Les dijimos que eso estaba prohibido y que cómo podía el seremi ordenar la comisión de un delito penado por el Código Penal, recordándoles que la pena máxima era de tres años de cárcel.
La única causal legal para matar a un perro es que este tenga rabia y constituya por eso un peligro para la salud pública.

Una de los inspectores dijo que eso ocurría, pues las autoridades tenían que velar por el bienestar de los ciudadanos. Les dijimos que eso no significaba que debían violar la ley.

También dijeron que era legal que si se acercaba un vecino cualquiera a su unidad a pedir que se aplicase la eutanasia a su perro o gato o mascota, ellos lo hacían, después de que el vecino en cuestión firmara una declaración pidiendo y autorizando la eliminación de la mascota. Eso, les dijimos, también es ilegal. Es un delito.

Todo este intercambio no fue precisamente ameno. En algún momento nos acusaron de cometer nosotros un delito: el de alimentar a perros callejeros.

Este incidente terminó en que nos dieron algunos días de tiempo para encontrar un hogar adoptivo para Caballo. No contaré todos los detalles de la operación. Intervino también la organización Ecópolis. Hoy, Robin se encuentra en una casa de Playa Ancha, con una familia que lo entiende y adora. Está vivo, y contento. Y castrado.

Nos llamó la atención los dichos de los inspectores, especialmente por el hecho de que son los encargados de velar por los perros callejeros de la ciudad. Según nos dijeron, trabajaban para el Departamento de Medio Ambiente, pero se negaron a decirnos dónde quedaba el canil. Tampoco nos dieron un número de teléfono. Sin embargo, la señora que parecía ser la jefa de operaciones se identificó.

También nos llamó la atención porque la alcaldesa de la ciudad, la señora Virginia Reginato, el 4 de septiembre de 2007 en respuesta a un ciudadano había escrito en su blog que la municipalidad, para evitar la proliferación de perros callejeros, recurría, lo que nos consta, a campañas de esterilización, no a la eutanasia. "El municipio", escribe la alcaldesa, "no tiene ninguna facultad legal para eliminar perros vagos y la perrera, que alguna vez existió fue para mantener a perros que tenían rabia, la que ya está erradicada".

Lo que hoy se llama ‘el canil de la municipalidad’ no es una perrera sino una pequeña clínica donde -lo que también nos consta- se esteriliza a perros callejeros llevados allá para ser intervenidos, o por los propios inspectores o por sus ‘padrinos’. Luego de la operación, son devueltos a sus lugares habituales. También sabemos que allá pueden los vecinos de menos recursos llevar a sus mascotas para ser operadas.

Así, realizando una labor tan loable, extraña y sorprende el aire de secreto con que se lleva este canil veterinario. Visitando sus instalaciones -en 5 Oriente 890, detrás o al lado del Departamento de Tránsito en 5 Oriente 736-, la médico-veterinario encargada aparentemente del lugar nos dijo que no se podían tomar fotografías ni de las instalaciones ni de ella. Le preguntamos en qué se basaba para decir eso.

Nos pareció sorprendente que en esta época, de democracia y transparencia, pudiese todavía haber algún municipio que prohíba lo que se le ocurra prohibir, sin ofrecer explicaciones coherentes y quizás atendibles. Que lo prohíba la autoridad no es un argumento suficiente.

Es extraño, para decir lo menos. Sobre todo considerando que, a primera vista, en el canil no se hace nada ilegal. Al contrario, nada se puede reprochar a los funcionarios del canil médico. Nos consta que ellos operaron a la Negrita y a Chocolate. A Patas Blancas, según nos contó Wonder World, que vive por ahí, incluso lo atendieron cuando estuvo enfermo.

¿Quién puede tener interés en ocultar las cosas buenas que hace el gobierno municipal?

Obviamente, si existiese ese documento que aparentemente prohíbe tomar fotos del canil, lo único cuerdo que se puede hacer es ignorarlo, por irrelevante y probablemente ilegal.

Nos dijeron luego unos amigos que la amenaza de aplicar eutanasia a Caballo era una táctica de los inspectores para presionar a los padrinos a buscar hogares adoptivos a los perros agresivos que no es aconsejable que vuelvan a las calles. Que en realidad no se los mata.

Si esto fuera verdad, me parece un increíble e inaceptable acto de crueldad, por la aprehensión y angustia que causa a los padrinos. Ciertamente no necesitan estos que ningún funcionario los esté aguijoneando. Si se han convertido en padrinos, es porque hay otros ciudadanos que abandonan a sus mascotas. La situación ideal sería que sus apadrinados viviesen en un hogar con una familia que los quiera y cuide y no los abandone cuando los consideran estorbos.

Sería conveniente que los inspectores utilizaran un poco más de tacto a la hora de hablar con padrinos y otros protectores. Sencillamente no es bueno que los inspectores recurran a trucos torpes o a amenazas sin fundamento para presionar a nadie.

Pero quizás hay algo más. Hay perros retirados de las calles que no vuelven. ¿Adónde los llevan? Si no los matan, porque no tienen rabia, como dice la alcaldesa, ¿por qué no vuelven? Me han dicho algunos vecinos que perros que ellos conocían han sido retirados y no han vuelto.

¿Qué está ocurriendo? ¿Los están matando, pese a la ley, pese a la alcaldesa? ¿Será que el seremi ordena su eutanasia, aunque no tengan rabia?

¿Es por eso el secretismo? ¿Es por eso que la médico-veterinario no quiere que se le tomen fotos ni que se la identifique ni nombre en ningún reportaje ni a favor o en contra del canil? ¿Por qué esas aprehensiones? ¿Tiene miedo de que se descubra que ella está matando a mascotas o perros callejeros y que está obedeciendo órdenes ilegales?

Algún día lo sabremos. Ojalá que las sospechas de los vecinos sean infundadas. Pero ciertamente el secretismo no ayuda a disipar las dudas.

[mérici]

quién soltó a los periodistas de el mercurio

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columna de mérici

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El Mercurio de Calama publica [el 11 de junio de 2008] lo que es una aparente respuesta de un lector no identificado, a la pregunta: "¿Está de acuerdo con aplicar eutanasia a los perros vagos?" La respuesta publicada es: "Son una molestia. Si ya no hay nada que hacer con los perros, lo mejor es eliminarlos porque son una molestia grande para la gente, en especial en el centro".
Es lamentable que este diario pretenda enmascarar como opinión de lectores no identificados lo que forma parte de una persistente e irracional campaña contra los perros callejeros. Los periodistas de ese diario deberían saber, además, que la eutanasia de los perros callejeros "por molestias" constituye una forma agravada del delito de maltrato. La mera pregunta es un acto ilegal.

Matar a un perro o a otra mascota es un delito grave, por el motivo que sea. No se puede trivializar la muerte pretendiendo que los ciudadanos tendrían el derecho eventual de matar a las mascotas porque ‘molestan’, o porque les parecen ‘feas’ o ‘sucias’. Este tipo de pregunta es simplemente ilegal, e impresentable. Su formulación hace creer a los lectores que existe semejante curso de acción -eliminar a las mascotas por molestas-, mientras que es un delito.

Lo mismo sería preguntar si sería buena idea convertir en salchichón a los hijos del vecino. O aplicar eutanasia a los mayores de setenta.

Nadie en Chile, ni ministro, ni alcalde, ni vecino, ni empleado de perreras puede matar a un perro. Nunca, por ningún motivo, excepto la rabia. Fuera de esto, toda muerte de un perro, por el motivo que sea, es un delito que la ley sanciona.

Toda autoridad que dé semejante orden comete un delito. Todo subalterno que obedezca una orden semejante comete igualmente un delito.

La pena máxima -que es suave- por maltratos (torturas y muerte, por ejemplo) es de un año y medio; la multa, de un millón cuatrocientos mil pesos. Deberían ser mucho más altas.

Y todos somos iguales ante la ley. Que la orden de exterminio la dé un alcalde o cualquier otra autoridad no oblitera su naturaliza delictiva ni reduce su gravedad. Al contrario, convierte la orden en un delito todavía peor, toda vez que las autoridades las elegimos para implementar las leyes, no para violarlas.

Además, los perros que se ve en las calles de Calama no son exactamente ‘vagos’, vale decir, perros abandonados, ya sin dueños, que deambulan por las calles. La abrumadora mayoría de ellos son perros con dueños, como lo señalaba un articulista del mismo diario nada más ayer (El Mercurio de Calama).

Es parte de la cultura calameña, y de muchas regiones de Chile, respetar un cierto grado de autonomía de las mascotas, lo que significa en muchos casos que se les permite salir.

Cuando El Mercurio llama en términos velados a matar a mascotas en situación de calle, o simplemente que se encuentren en la calle, está llamando en realidad a matar a los perros de los vecinos, lo que constituye un delito de otra naturaleza, aparte del de maltrato, porque atenta contra la propiedad de otros.

Hay en ese diario algunos que escriben persistentemente contra los perros callejeros, inventando inverosímiles y absurdas o exageradas historias. Deberían aceptar que no son los perros abandonados el problema, sino sus amos que les han abandonado.

Ojalá que amigos de los animales de esa ciudad tomen cartas en el asunto para proteger a los perros callejeros de esas verdaderas gárgolas que escriben en El Mercurio.

[cc mérici]

¿manipulación o despiste?

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Gracias a su prensa y televisión, en Chile no se saben cosas que sabe todo el resto del mundo, como que el presidente Uribe está siendo investigado por su participación en una masacre de 1995, por cohecho y otras lindezas más. Tampoco sabemos que trató de matar a Chávez.

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En la madrugada de hoy [11 de junio de 2008] en el telediario del canal de televisión chileno RedTV se informó sobre un atentado frustrado de las FARC contra el presidente colombiano Álvaro Uribe. El atentado se cometió en Barranquillas en abril de 2002, durante la campaña electoral. La bomba que se hizo detonar al paso de la comitiva del candidato sólo causó daños al blindado de Uribe, que resultó ileso. En el atentado murieron tres transeúntes.
Según el gobierno colombiano, las autoridades se enteraron de este atentado frustrado en los documentos encontrados en los ordenadores incautados en marzo en el campamento de las guerrillas en territorio ecuatoriano, que fue atacado para ultimar a los combatientes sobrevivientes del bombardeo aéreo previo. En el bombardeo murió el comandante Raúl Reyes.

Lo esencial de esta información ya lo conocíamos. Fue publicada por el diario El Tiempo, de Bogotá, y en la página web de la Associated Press, en un artículo de Vivian Sequera, y en la traducción al español de mQh bajo el título ‘A Uribe trataron de matarlo’ el 23, 24 y 25 de abril de este año.

¿Qué hace pues como noticia en el telediario del 11 de junio, casi dos meses después de que se difundiera en otros medios?

Recordemos que según las autoridades colombianas, los documentos, que parecen ser e-mails, estaban firmados por Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC. En uno de esos mensajes dirigidos a Reyes, Márquez habría escrito: "Lo único que logramos fue sacudirlo".

Curiosamente, ayer o antes de ayer [el 9 de junio] nos enteramos por un cable de la Agencia Bolivariana de Prensa, reproducido también por Telesur, que hace un tiempo el presidente Uribe había intentado matar al presidente Hugo Chávez, de Venezuela, en un atentado igualmente fracasado. La fuente no menciona la fecha del atentado y sólo consigna que fue cometido, o planeado, por paramilitares contratados por el presidente con ese objetivo.

La fuente de estas informaciones es Iván Márquez, al que el gobierno colombiano acusa de ejecutar el atentado frustrado contra Uribe.

Márquez informa además que Uribe también planea atentar contra el presidente Rafael Correa, de Ecuador.

Dejando de lado la gravedad de estos hechos, la cobertura de RedTV llama poderosamente la atención. No menciona para nada el atentado frustrado colombiano contra Chávez, lo que de por sí es bastante llamativo. Pero, además, pareciera que trata de cubrir esta noticia no comunicada con una noticia añeja: el atentado contra Uribe, que ya conocíamos desde abril.

¿Por qué haría RedTV una cosa así?

Supongamos que la noticia del atentado de las FARC contra Uribe se les pasó en su momento -en abril- y que ahora, sepa Dios por qué, quieren enmendar el error. Sea. Yo creo que es válido si se trata de una noticia que no pierde su importancia, pese al paso del tiempo. Pero me gustaría saber cómo y cuándo supieron en redacción que esa noticia se les había pasado. Normalmente, las cosas que se olvidan, realmente se olvidan, y no puedes recordar que las olvidaste. Y esto hace que la recuperación de la memoria de RedTV es simplemente asombrosa, y sospechosamente oportuna.

Lo escandaloso es que no digan nada sobre el atentado frustrado de Uribe contra Chávez. Estés donde estés en cuanto al conflicto civil colombiano e independientemente de si prefieres a Chávez o Uribe, es una tremenda noticia. ¿Por qué no publicarías la noticia sobre el atentado de Uribe, pero sí la del atentado contra Uribe? ¿Creen que la última es verídica y la primera falsa? ¿Y si lo creen así, en qué se basan?

¿No les parece, en última instancia, que sólo los lectores o telespectadores pueden o deben decidir con qué información se quedan?

Así, yo creo que no es despiste: es manipulación.

Para mí, este pequeño incidente informativo demuestra una vez más el bajo nivel del periodista chileno. Yo creo que es la ausencia de una formación realmente profesional la que produce este tipo de periodismo torcido.

Y es la ausencia de una formación ética la que les hace creer que todo está permitido, como creía el ‘periodista’ Claudio Sánchez, de La Segunda, que fabricó falsos enfrentamientos entre gente del MIR para encubrir los atroces asesinatos cometidos por las hienas pinochetistas de la DINA. Es también esa ausencia de ética la que explica por qué El Mercurio llegó a afirmar que el cabo Cristián Vera fue asesinado por delincuentes armados por extremistas o comunistas con armas cubanas.

El fanatismo y la estupidez son dos cosas que van de la mano.

Para colmo de males, el telediario con la noticia añeja no se encuentra en la página web de RedTV. Sólo los que vieron o grabaron el telediario de la una de la mañana del 11 de junio saben que es verdad que RedTV transmitió una noticia de hace dos meses. Y no informaron una noticia de apenas dos días.

Como si nada. Y de seguro que algunos creen que este periodismo de tercera no es falta de profesionalismo sino libertad de prensa.

[cc mérici]