Blogia
mQh

derechos humanos

temen planes de asesinato


Costanzo dijo sentirse amenazado por otro represor: Daniel Amelong. En una nota con Rosario/12 el ‘Tucu’ Costanzo, que será uno de los cinco condenados por crímenes de lesa humanidad, aseguró que "si me trasladan creo que Amelong intentará atentar contra mí".
[José Maggi] Argentina. Eduardo ‘Tucu’ Costanzo, uno de los cinco represores que esta semana será sentenciado por crímenes de lesa humanidad, advirtió que "Juan Daniel Amelong -otro de los represores- está preparando un atentado en complicidad con gente de la Patota que lo visita en su lugar de detención". Para Costanzo cuando Amelong advirtió "todos sabemos qué vamos a hacer cuando todo esto termine", anunció lisa y llanamente que "va a actuar con la gente de su confianza que tiene en Rosario y que lo van a visitar en la Policía Federal", donde está detenido. "Entre ellos está (Carlos) Sfulcini, el Puma (Ariel) Porra (ambos con prisión domiciliaria) y otro que está suelto como el Negrito Torres, o Walter Pérez Blanco, alias W. Está preparando algo con esa gente, que van a hacer cualquier cosa, Amelong no mintió el otro día cuando se dirigió a los señores jueces: Son los mismos que lo visitan personalmente, o que lo llaman telefónicamente. Por eso les pedí a los jueces velen por mí vida, porque con toda seguridad creo que si soy trasladado a otro lugar de detención, que es lo que está pidiendo la defensa de Amelong, voy a ser asesinado". Cabe recordar que Amelong habia dicho esta semana frente a los jueces que las penas a prisión perpetua en cárceles comunes son "un deseo de venganza", y agregó que "todo esto termina en dos o tres años porque es una cuestión política".

¿Y qué es lo que piensa hacer Amelong?- preguntó este diario.
Piensa cometer un atentado contra mi casa o contra mis hijos, y también contra alguno de ustedes los periodistas, eso no le quepa ninguna duda, yo lo conozco bien a Amelong, y dijo la pura verdad.

¿Quiénes lo visitan a Amelong?
Todos los de la Patota que están sueltos: Filtro, el yerno del coronel Pozzi, además militares también. A mí me contó un Policía Federal que lo visitaron militares, además de mucha gente. No le quepa la menor duda que Amelong va a actuar así. Porque piensa que lo que hizo está bien hecho, y jamás reconoce lo que hizo, nunca habla de ‘La Intermedia’, ni él ni sus abogados. Yo lo dije el otro día ante los jueces, les pedí que le den una satisfacción a los jueces y les digan dónde están los catorce cuerpos de los muertos en ‘La Intermedia’. Ellos nunca hablan de eso, el único que contó esto fui yo. La verdad de lo que pasó en ‘La Intermedia’ se conoce porque yo la conté, y no soy muy bien tratado a pesar de eso.

¿Qué le pidió a los jueces en sus palabras finales?
Les pedí a los jueces que velen por mi vida, porque con toda seguridad creo que si soy trasladado a otro lugar de detención, que es lo que está pidiendo la defensa de Amelong, voy a ser asesinado. Por eso les pedí con humildad y respeto a los jueces, que no dejen que me asesinaran. Aparte porque sirvo para el otro juicio, porque denuncié 75 desapariciones de personas en ‘La Calamita’, en Monje, en la casa de ‘Las Verbenas’ en Granadero Baigorria. Yo hago falta para estas causas y ellos están buscando hacerme callar de alguna manera. Si no me asesinan ellos, me van a hacer asesinar, no tengo ninguna duda.

¿Cómo lo podrían hacer asesinar?
Es muy fácil estando en una cárcel hacerme asesinar, cualquiera por 500 pesos hace cualquier cosa. Lo que no quieren es que siga hablando, y me cuestionan diciendo que no preciso bien los lugares, el punto, las ventanas, la casa, pero ellos nunca hablan de los 14 desaparecidos asesinados en ‘La Intermedia’ asesinados por Isach, Amelong, Guerrieri y Fariña.

Sin embargo las organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan que nadie haya dicho donde están los cuerpos de los desaparecidos.
Yo lo dije en varias oportunidades, que los 14 detenidos asesinados en La Intermedia fueron arrojados a la Bahía de San Borombón y nunca se van a poder encontrar porque se lo deben haber comido los tiburones.

¿Y qué pasó con los cuerpos de las distintas masacres que usted denunció?
En el hecho de Monje recuerdo que estaba la Cieguita de la calle Santiago 2815 que es hoy la Casa de la Memoria, que es la última que suben al camión, con los 27 detenidos. Sobre este punto Hugo Cardozo me confirmó tres meses antes de morir, que los enterraron en un campo de (coronel Juan Orlando) Rolón (ex jefe del Área 212) que en realidad era un campo que manejaba el Ejército cerca de Laguna Paiva o Los Aromos.

¿Qué otro caso conoce sobre la disposición final de los cuerpos?
El caso de la calle Las Verbenas y 9 de Julio, los mataron ahí mismo y pienso que los enterraron clandestinamente en algún cementerio, a esos no los tiraron en ningún lado. Tengo la plena seguridad que los enterraron en el cementerio de San Lorenzo, o Granadero Baigorria, en esa zona. Entre ellos estaba el doctor Corazza, un abogado. Y de los 17 primeros y los otros 20 detenidos que los mataron en ‘La Calamita’ los llevaron en el avión y los tiraron al mar, en la bahía. Entre los primeros 17 fueron una chica salteña llamada la Gringa, un pibe Cachito, y entre los veinte después fue el policía Ocampo.

¿En que otras causas usted puede aportar datos que ayuden ala investigación?
Bueno, ya denuncié 75 casos de desaparecidos, siempre y cuando me conserven la vida porque de muerto voy a poder hacer poco.

11 de abril de 2010
©rosario 12 
rss

bush sabía que prisioneros eran inocentes


Investigación revela que Bush sabía de prisioneros inocentes en Guantánamo. Un reporte del diario inglés The Times, cita la declaración de un alto funcionario de EE.UU.
Estados Unidos. El ex Presidente estadounidense George W. Bush y los principales responsables de su administración supieron que en la cárcel de Guantánamo había prisioneros inocentes, según un documento revelado hoy por el diario británico The Times.
El documento es una declaración firmada por el coronel Lawrence Wilkerson, asesor del ex secretario de Estado de EEUU Colin Powell, para respaldar una demanda judicial presentada por uno de los detenidos en Guantánamo por su supuesta pertenencia a Al Qaeda.
Se trata del primer testimonio por escrito de un alto funcionario de la administración Bush (2001-2009) que reconoce que Washington mantuvo a numerosos reclusos en la base naval de la isla de Cuba a sabiendas de que no pertenecían a grupos terroristas.
Wilkerson, que fue jefe de personal de Powell, es especialmente crítico en el documento con el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney y con el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, de quienes dice que rechazaron liberar a los prisioneros sobre los que había constancia de su inocencia, porque resultaba "políticamente imposible".
En su testimonio, Wilkerson afirma que la Casa Blanca tuvo la certeza de que la mayoría de los 742 prisioneros enviados inicialmente a Guantánamo en 2002 eran completamente inocentes.
El militar, que ha sido muy crítico en los últimos años con la política antiterrorista y militar que desempeñó la administración Bush, explica que esos detenidos nunca vieron a un soldado de EEUU cuando fueron detenidos y que la mayoría de ellos fueron "vendidos" por Afganistán y Pakistán por 5.000 dólares por cabeza.
Wilkerson indica que Cheney y Rumsfeld se opusieron a revisar sus casos y a liberarlos porque "los métodos para las detenciones (de terroristas) habrían sido desvelados", algo que "no era aceptable y hubiera socavado seriamente" el trabajo de la administración.
En referencia al ex vicepresidente, el coronel Wilkerson manifiesta que "no le preocupaba en absoluto que la gran mayoría de los detenidos de Guantánamo fueran inocentes. Si cientos de individuos inocentes tenían que sufrir para detener a un puñado de terroristas destacados, que así fuera".
El militar, que sirvió durante 31 años en las fuerzas armadas de su país, explica que discutió este asunto con Powell y comprobó que "su visión era que no sólo el vicepresidente Cheney y el secretario Rumsfeld, sino también el presidente Bush, estaban implicados en todas las decisiones relacionadas con Guantánamo".
Wilkerson firmó la declaración con estas afirmaciones en apoyo de Adel Hassan Hamad, un sudanés que estuvo preso en Guantánamo entre marzo de 2003 y diciembre de 2007, que ha denunciado al Gobierno de EEUU por las torturas que sufrió durante su cautiverio.

9 de abril de 2010
©la tercera 
rss

juez garzón, acusado


El magistrado español se enfrenta a una pena de hasta veinte años de inhabilitación. El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dio un paso definitivo en la causa en la que Garzón está acusado de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura. Habrá un acto de apoyo al magistrado.
[Óscar Guisoni] Madrid, España. El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela, que instruye la causa más famosa de las tres que afronta el magistrado Baltasar Garzón, en la que se lo acusa de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura franquista, dio un paso definitivo para llevar al acusado al banquillo. Varela transformó ayer el procedimiento judicial en un proceso abreviado, confirmando su auto emitido en febrero en el que sugiere una pena de hasta veinte años de inhabilitación a Garzón, lo que se traduciría en la práctica en el fin de la carrera judicial del juez que ha llevado la Justicia española más allá de sus fronteras, en célebres procesos contra dictadores latinoamericanos y ejecutores de políticas represivas en medio mundo.
El acusado había solicitado la comparecencia de personalidades judiciales a nivel mundial, entre ellos algunos jueces argentinos, como el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, pero Luciano Varela ayer las declaró improcedentes. No cesan las repercusiones políticas y hasta se ha organizado una manifestación en apoyo de Garzón para el próximo 13 de abril en Madrid convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
La resolución de Luciano Varela hecha pública ayer es una auténtica jugada de manual sobre cómo proceder cuando se quiere reventar la carrera de un juez. Al tiempo que negaba la comparecencia de los testimonios que Garzón llamó al estrado para que lo defiendan, Varela instruyó un procedimiento abreviado con el objetivo de acelerar los tiempos de la causa y hacerla coincidir con los otros dos procesos que enfrenta Garzón, uno por haber ordenado escuchas telefónicas a los implicados en el escándalo de corrupción que afecta al PP, conocido como "el caso Gürtel", y otro por haber recibido dinero en concepto de pago por unos seminarios que dictó en una universidad norteamericana que estaban patrocinados por el Banco Santander, al mismo tiempo que instruía una causa contra Emilio Botín, presidente de la entidad bancaria.
Esta decisión de Varela de abreviar el procedimiento es un guiño directo al Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy en Madrid y que puede dictar la suspensión provisoria de Baltasar Garzón ante la inminencia del juicio, una medida considerada habitual y que en los medios judiciales madrileños se da prácticamente por descartada.
Luciano Varela es un juez que proviene curiosamente del colectivo progresista Jueces para la Democracia, pero tiene un odio personal contra Garzón al que acusa de tener demasiado ego. Amigo personal de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Varela ha emprendido una cruzada contra el popular magistrado sabiendo que no está solo, sino que más bien cuenta con la anuencia de gran parte del sistema judicial en el que florecen las envidias y enconos contra Garzón.
Por si fuera poco, el juez que intentó llevar al estrado al dictador chileno Augusto Pinochet se ha quedado sin amigos políticos. Los socialistas han intentado una tibia defensa, incluyendo palabras elogiosas hacia él de parte del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el Partido Popular le han hecho la cruz luego de la instrucción del caso Gürtel, en el que aparecen implicados muchos de sus más importantes dirigentes.
Con la resolución tomada ayer Varela le da ahora diez días a las partes implicadas en el proceso, entre ellas el seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, Falange Española –una organización sobreviviente de los tiempos de la dictadura franquista– y Libertad e Identidad, otra organización de ultraderecha fundada en 2006.
Una de las organizaciones que sí salió en defensa de Garzón es Amnistía Internacional, que ayer a través de su director en España, Esteban Beltrán, consideró "insólito" que el juez se tenga que sentar en el banquillo por haber intentado juzgar al franquismo. Se estaría enviando "un mensaje tremendo a otros países", considera la organización que recuerda además que "las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por tribunales supremos o por tribunales internacionales".
Los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras también han decidido salir en defensa de Garzón y han convocado a un acto en su apoyo en la Facultad de Medicina el próximo 13 de abril. "Es muy importante que un país no sufra amnesia", manifestó ayer Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, quien hizo además una comparación muy pertinente al afirmar que "es un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas hoy, de suceder esto en aquel país, estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España". Los sindicatos también recogerán firmas en apoyo del juez en todas sus filiales provinciales.

9 de abril de 2010
©página 12
rss

juez garzón podría ser juzgado


El juez Baltasar Garzón está cerca de ser suspendido. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él.
España. Según la agencia de noticias DPA, el juez español Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por haber presuntamente prevaricado en su investigación de las desapariciones de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez, lo que supone que Garzón será procesado en el momento en el que alguna de las partes presente acusación contra él, según informaron hoy medios electrónicos españoles.
La resolución se notificará en las próximas horas al juez, que aún no tiene constancia oficial de la misma. Tras la decisión de hoy de Varela, se espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenda próximamente al juez de sus funciones.
La querella contra Garzón fue interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha: el autodenominado sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Francisco Franco.
Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación.
El Tribunal Supremo rechazó el pasado 25 de marzo el recurso de apelación que había presentado Garzón y concluyó que la causa contra él debe seguir adelante. La Fiscalía se mostró reiteradamente contraria a sentar a Garzón en el banquillo al no ver indicios de delito.
En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó a Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía.
Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.
Garzón, de 54 años, tiene otras dos causas pendientes por prevaricación ante el Tribunal Supremo: una por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York y otra por la interceptación de comunicaciones de algunos de los imputados en prisión por el ‘caso Gürtel’, el escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace un año.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que en el marco de su ejercicio como juez instructor asestó duros golpes a ETA y su entorno, se hizo mundialmente famoso por el proceso abierto en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los posteriores que abrió también a represores de la dictadura argentina.

7 de abril de 2010
©página 12 
rss

quieren investigar crímenes franquistas


Carlos Slepoy propone abrir una causa en Argentina para investigar los crímenes franquistas. El abogado que representa ante la Justicia madrileña a las víctimas de la dictadura quiere replicar esa experiencia. Dice que sería una "devolución" a España por su ayuda al desarrollo de la lucha contra la impunidad de los represores argentinos.
[Laura Vales] Argentina. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, ¿qué describe cada término y qué consecuencias tiene usar uno u otro en los juicios por violaciones a los derechos humanos? Este fue el tema del debate que, el miércoles y jueves pasado, reunió a especialistas del país y del exterior en el Centro Cultural Borges. Invitados por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero, jueces, fiscales, querellantes y funcionarios hablaron sobre los modos de nombrar los crímenes de la dictadura. El abogado Carlos Slepoy, representante de las víctimas argentinas en las causas que se abrieron en Madrid, fue uno de los panelistas y habló con Página/12.

Alguien dijo, en estos debates, que en los juicios a los represores la Justicia no está llamando a las cosas por su nombre. ¿Es una queja fundada?
Se refería a las sentencias que no asumen que en la Argentina se cometió un genocidio; en ese caso, sí, la Justicia no está llamando a las cosas por su nombre. No es un problema académico; un robo y un hurto no son lo mismo, aunque se trata de la sustracción de un bien, porque en un caso hay violencia y en otro no. Un homicidio es diferente de un homicidio agravado, porque en el agravado hay alevosía.

Pero también se aclaró que condenar por genocidio no implicaría penas mayores.
No es un tema de mayor o menor pena. La importancia de qué calificación usar es en otro sentido: uno, es que la verdad judicial se corresponda con la verdad histórica. Para que esto suceda, la calificación adecuada del crimen cometido es fundamental, porque es lo que da conciencia de qué ocurrió. Además, al plantear que hubo un genocidio se está cuestionando la forma en que se están realizando los juicios, parcelada, con testimonios indidivuales, como si acá hubiera habido múltiples crímenes y no un plan sistemático de eliminación de personas. Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, ni la Corte Suprema hicieron una ordenación de los juicios para que guarden relación con la forma en que se cometió el plan criminal, un ordenamiento por cuerpos, por ejemplo, entonces ocurrió esta atomización. Se juzga lo que ocurrió en un centro clandestino, luego en otro, o se juzga dentro de un centro clandestino a un grupo de personas y no a otro grupo, por unas víctimas y no por otras. Esta disfuncionalidad nació de no haber asumido el tipo de crimen que se cometió, un crimen que necesitó de una planificación, de la instalación de cientos de centros clandestinos, de una forma de operatividad que nada tiene que ver con la idea de crímenes de lesa humanidad.

¿Cuál sería la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y genocidio?
Los crímenes de lesa humanidad se caracterizan por ser un ataque contra la población civil. Las bombas atómicas, por ejemplo, yo entiendo que son crímenes contra la humanidad, porque son indiscriminadas, y además ataques súbitos contra la población civil. Acá no hubo un ataque, hubo una planificación sistemática para eliminar determinados grupos de la sociedad argentina. Existe una convención sobre genocidio, que en lo fundamental plantea que el propósito del genocida es la destrucción total o parcial de un grupo o grupos, a diferencia de los crímenes contra la humanidad, que son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

Las condenas seguirían siendo por homicidio agravado o por secuestro, por las figuras del Código Penal.
Sí, y a esas figuras se las enmarca... porque todos estos delitos estarían prescriptos, de acuerdo a la aplicación del Código Penal, pero se los considera imprescriptibles en la medida en que son crímenes contra la humanidad. Con el mismo criterio, tampoco prescribirían si se los calificara como delitos instrumentales para cometer un genocidio. Enmarcar los crímenes de la dictadura como un genocidio tendría efectos además con otra cuestión, que es la de los instigadores, cómplices y coautores civiles y económicos del exterminio. No es posible que Videla sea condenado y sus crímenes se declaren imprescriptibles y Martínez de Hoz y el resto no sean perseguidos por la Justicia, porque ellos son copartícipes del genocidio. Alguien dijo en uno de los debates, con mucho tino, que no fue Videla el que puso a Martínez de Hoz sino al revés. La convención sobre genocidio dice que no solamente serán juzgados quienes cometan directamente el crimen, sino quienes lo instiguen, sean sus cómplices o coautores. Pero mientras no se aplique, no se resolverá esencialmente ni se revertirá esta etapa post-genocida de Argentina. Lo digo en el marco de la extraordinaria importancia que tienen los juicios: Argentina hoy es una referencia ante el mundo. Pero esta sociedad ha derribado muros mucho más poderosos que los que tiene hoy enfrente y puede seguir avanzando.

La semana pasada, en el juicio por ESMA, Donda declaró que la represión fue un tema de toda la Armada, no sólo del grupo de tareas que está siendo juzgado. ¿Ayudan estas confesiones a avanzar en ese sentido?
Por lo menos se debería tomar nota, porque él lo hace con una actitud defensista, trata de escudarse en la generalidad, pero a la vez afirma una verdad muy grande. Yo no sé si la totalidad de la Armada es responsable, pero sí muchísimos más de los que están siendo juzgados. Y con todo lo importante que son los juicios, con todo lo que se ha conseguido, tenemos unos 600 procesados y se estima que hubo casi 500 centros clandestinos de detención, o sea que por cada centro hay sólo un represor procesado.

Si en el 2011 asumiera un gobierno de derecha, ¿la continuidad de los juicios estaría en riesgo?
Va a ser muy difícil que suceda eso, porque habría una respuesta del movimiento de derechos humanos, que en la Argentina es muy poderoso. Les sería muy difícil revertir el camino, aunque no imposible, claro... pero yo creo que eso se agita a veces como un fantasma, "cuidado que viene el lobo, no avancemos demasiado, no organicemos las cosas como las tenemos que organizar". Y eso, más que precaución, es un temor que hace que uno se enroque en lo que ha conseguido por temor a perderlo, y deje de ver la propia historia. El movimiento de derechos humanos en la Argentina derribó muros que parecían infranqueables, como las leyes de punto final y obediencia debida, impulsó los juicios en el exterior, terminó con la historia de que había un juez natural, porque al principio se decía que los militares debían ser juzgados por jueces militares. A mí me parece que en algunos sectores hay una cierta conformidad con lo logrado como si dijeran ‘hasta acá llegamos’. En realidad, éste es un paso más. No diría que estamos empezando, pero nos falta un largo camino por recorrer, se pueden conseguir muchas más cosas. La tarea fundamental es revertir las consecuencias del genocidio desde todo punto de vista, y lo primero que hay que hacer es llamarlo como tal y organizar los juicios como tal.

¿Qué va a pasar con los juicios en el exterior?
Continúan. En Italia se han dictado algunas sentencias en ausencia, por ejemplo contra Massera. Nosotros en España tenemos pedida la extradición de 48 represores, que quedó congelada.

¿Tendría sentido que avanzara ahora?
Tendría sentido con varios que no están siendo procesados en la Argentina. O se los procesa acá, con las acusaciones que llegan de España, o bien se los debería extraditar. Claro, teniendo en cuenta que acá los juicios están avanzando parecería un contrasentido extraditarlos, pero es bueno que se sepa que este tipo de criminales son perseguidos internacionalmente. Entonces, aunque sea a nivel simbólico, es bueno que continúen abiertos aquellos juicios.

Usted vive en España. ¿Qué pasó con el intento de juzgar los crímenes del franquismo?
Baltasar Garzón intentó avanzar con los juicios y le plantearon que no podría porque la ley de amnistía que se dictó en 1977 en España dice que quedan exonerados de responsabilidad penal quienes durante el franquismo hayan cometido delitos con intencionalidad política. El avanzó sobre eso, hizo una interpretación de la ley de amnistía en el sentido de que no puede amparar crímenes contra la humanidad o genocidio, desaparición forzada de personas, etcétera, y no solamente hubo una ofensiva tremenda contra él de parte de la fiscalía, que responde al fiscal general, designado por el gobierno, quien logró la paralización de esta investigación, sino que además le abrieron un expediente por prevaricato, es decir lo acusan de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. Es patético. Una de las cosas que quiero plantear es que la Argentina realice una devolución a España.

¿Abrir acá una causa?
Así como en España hubo juicios que ayudaron al desarrollo de la lucha contra la impunidad de los represores argentinos, ahora hay que ayudar a los españoles abriendo un procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo. Yo creo que se podría.

22 de marzo de 2010
©página 12 
rss

hrw defiende a juez garzón


Human Rights Watch defiende a juez Garzón y critica investigación en su contra. El chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, sostuvo que el magistrado español "ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos" en el mundo.
Washington, Estados Unidos. España debería poner fin a la ley de amnistía de 1977 por "atrocidades" cometidas durante la dictadura de Francisco Franco, en vez de procesar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya labor "ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos" en el mundo, criticó hoy Human Rights Watch (HRW).
"La interpretación rigurosamente ajustada al Derecho Internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países", afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en Washington.
El Tribunal Supremo español investiga a Garzón por prevaricación en tres causas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia su posible suspensión provisional mientras se dirimen las mismas.
Una de las causas es por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo, y en ella son partidos y asociaciones de ultraderecha los que acusan al magistrado.
"Los tribunales españoles, que se han distinguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades", criticó Vivanco en un comunicado.
"Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero", agregó.
En este sentido, recordó que HRW "ha reconocido la contribución de la labor de Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo", entre otros con la "iniciativa histórica" de acusar al ex gobernante chileno Augusto Pinochet, que llevó a su detención en Londres en 1998, o sus esfuerzos para lograr la extradición desde México de Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino implicado en la comisión de atrocidades durante la dictadura militar.

19 de marzo de 2010
©emol
rss

policía brasileña sigue matando


Human Rights Watch denuncia a policía de Brasil. Desde 2003, más de once mil personas han muerto a manos de las autoridades en Río de Janeiro y Sao Paulo. La organización dice que las fuerzas policiales se destacan por su corrupción y prácticas mafiosas.
[Chris Kraul y Marcelo Soares] Brasil. El asesinato por la policía de un oficinista y futuro padre de veintidós años, Jose Carlos Barbosa, en una barriada de Río de Janeiro antes este año no fue de ninguna manera un incidente aislado. Barbosa fue una de las once mil personas que, desde 2003, perdieron la vida en homicidios cometidos por las autoridades en esa ciudad y en Sao Paulo.
Estas espeluznantes cifras provocaron el martes las protestas y un llamado a reformar la policía brasileña de parte de la organización Human Rights Watch, de Nueva York, que describió a las fuerzas policiales de esas dos ciudades como plagadas por prácticas mafiosas.
José Miguel Vivanco, director Américas de la organización, dijo en una conferencia telefónica desde Río, donde se reunió con funcionarios locales, que un factor crucial de los asesinatos es que la policía tiene autoridad para investigar internamente todos los homicidios en que se ven implicadas autoridades policiales.
"Es el talón de Aquiles de la rendición de cuentas. Hay completa impunidad porque la policía protege a sus miembros", dijo Vivanco, agregando que una organización independiente debería investigar los homicidios que impliquen a policías.
La policía dice que la violencia refleja el difícil trabajo que tienen enfrentándose y conteniendo a pandillas de narcotraficantes fuertemente armadas que controlan las favelas urbanas donde ocurren la mayoría de las muertes. En octubre, pandilleros derribaron un helicóptero de la policía, causado la muerte de tres agentes a bordo.
Pero una investigación de dos años de Human Rights Watch sobre los homicidios a manos de la policía, que las autoridades a menudo definen como "legítima defensa", concluyó que una "parte substancial de las muertes fueron de hecho ejecuciones extrajudiciales".
Muchos asesinatos son cometidos por escuadrones de la muerte compuestos por policías en horas libres, para proteger sus territorios de otras bandas criminales, determinó la investigación.
Aunque la policía describió a Barbosa como un sospechoso de narcotráfico, según otros era un inocente transeúnte que quedó atrapado en una redada policial en marzo, en un tipo de operación en las que los policías de Río, dicen los observadores, disparan primero y preguntan después -si acaso preguntan.
"Todo el mundo en la calle se echó a correr. En ese momento iba pasando Jose, que vio una puerta abierta y entró", dijo un testigo, que pidió permanecer anónimo por miedo a las represalias de la policía". Un policía que estaba dentro empezó a disparar. Ni siquiera tuvo la posibilidad de decir que era un trabajador y un padre".
Margarida Pressburger, directora de la sección de derechos humanos del Colegio de Abogados de Río, dijo que la reluctancia a reconocer responsabilidades era típica. Acusó a la policía de no proteger a los testigos, muchos de los cuales se niegan a declarar en casos de homicidio debido a las amenazas de la policía.
Los homicidios cometidos por policías y otros actos violentos ilustran el reto que deben superar las autoridades locales con los Juegos Olímpicos de 2016. Aunque los altos niveles de violencia no son nada nuevo en las grandes ciudades brasileñas, estos incidentes han escalado en los últimos años a medida que Brasil se ha convertido en un centro de consumo y tráfico de cocaína.
En una declaración emitida después de la reunión con Vivanco, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, dijo que su gobierno estaba haciendo progresos en su "reconquista de las barriadas para restablecer la ley y el orden".
"No existe una fórmula mágica para solucionar un problema tan complejo y antiguo como este", dijo Cabral.
El informe de Human Rights Watch observa que aunque las muertes cometidas en ‘legítima defensa’ en Río disminuyeron en un diez por ciento el año pasado -a 1.137-, la cifra todavía es alarmantemente alta.
Cualquier reforma llegará demasiado tarde para Barbosa, cuya hija nació tres días después de su muerte.
Según dijeron miembros de la organización de derechos, fue el segundo miembro de su familia en morir violentamente. Su hermano Marcos fue asesinado en agosto de 2008 por una pandilla después de que los soldados, que lo habían detenido por sospechas de ser un narcotraficante, lo entregaran para que lo torturaran y mataran.

16 de marzo de 2010
9 de diciembre de 2009
©los angeles times 
©traducción mQh
rss

absuelven a ideólogos de la tortura


Justicia de EEUU absuelve a abogados que redactaron justificación de la tortura.
Estados Unidos. Dos eminentes abogados del gobierno de George W. Bush, autores de notas justificando la tortura, demostraron "falta de discernimiento" pero no deberían ser inhabilitados para ejercer la abogacía, señaló una auditoría interna del Departamento de Justicia divulgada el viernes.
Una investigación inicial del órgano de respeto de la ética del Departamento, terminada el 29 de julio, había concluido que los abogados Jay Bybee y John Yoo cometieron "faltas profesionales" al redactar las notas que ofrecían un marco jurídico al uso de la tortura, conclusión que podría haberles privado del derecho a ejercer su profesión.
Pero el más alto abogado de carrera del organismo dio marcha atrás con las recomendaciones y en cambio concluyó que si bien "esos informes contenían errores importantes", los letrados no actuaron de modo imprudente o a sabiendas de que brindaban consejos incorrectos, por lo que no pueden ser acusados de falta de ética profesional.
"Yoo y Bybee obraron con poco discernimiento al exagerar la certeza de sus conclusiones y al subexponer los argumentos en contra", escribió el fiscal general adjunto, David Margolis, en una carta fechada el 5 de enero y publicada el viernes.
En abril, el gobierno de Barack Obama publicó 4 de esos informes -con ciertos pasajes censurados-, con las recomendaciones que sirvieron de base jurídica a los métodos de interrogación de sospechosos de terrorismo durante el gobierno de su predecesor, George W. Bush.
Los memorandos justificaban prácticas como la simulación de ahogamiento o ‘submarino’, que consiste en impedir que el interrogado respire hasta que llegue al borde de la asfixia.

20 de febrero de 2010
©radio biobío
rss