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derechos humanos

máximo tribunal muestra la hilacha


Fuerte presión para que Garzón deje su juzgado. La ofensiva contra el juez español vuelve indisimulable el hartazgo que le tiene el máximo tribunal. El entorno del magistrado afirma que en las últimas semanas recibió de altos cargos de la Justicia el mismo mensaje: "Si el magistrado Garzón se va de la Audiencia Nacional, se arreglan todos sus problemas".
[Óscar Guisoni] Madrid, España. "Si se va de la Audiencia Nacional se arreglan todos sus problemas." Un artículo publicado ayer por el diario El País afirma que el entorno del juez Baltasar Garzón ha recibido repetidas veces este mensaje a lo largo de las últimas semanas, proveniente de los más altos cargos de la Justicia española. Según el matutino, le han ofrecido –aunque nunca de un modo directo sino a través de su entorno más cercano– desde ocupar un cargo que no existe, el de juez de enlace para Iberoamérica, hasta una alfombra dorada que lo lleve al Tribunal Penal Internacional como número dos del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo.
El caso Garzón se ha vuelto una bola de nieve incontrolable tanto para la Justicia como para el gobierno español, de eso no hay dudas. En el artículo firmado por el periodista José Yoldi se afirma incluso que, según fuentes judiciales, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría dado instrucciones "al fiscal del Estado, Cándido CondePumpido, que es magistrado de la Sala Segunda del Supremo, para que el asunto se arregle, por el enorme descrédito que los procesos en el Supremo contra el juez está generando en instancias internacionales".
Pero el socialista Rodríguez Zapatero poco puede hacer para influir sobre los jueces, la mayor parte de ideología conservadora, que tienen en sus manos el futuro del juez. "Los magistrados del Supremo", afirma el artículo de El País –uno de los textos más incisivos que se han publicado durante los últimos días sobre este tema–, "están hartos de Garzón desde hace mucho tiempo. Lo consideran vanidoso, mucho peor juez que ellos mismos y la más refulgente supernova en el firmamento de los jueces estrella. Ellos, que han llegado a la cumbre de su profesión y tienen el más elevado concepto de sí mismos, resulta que tienen mucha menos fama, lo que se traduce en un muy inferior caché en los cursos y conferencias en que participan".
Según ha dejado trascender el entorno del juez, Garzón no piensa ni por asomo en renunciar. "Ahora y así, no me puedo ir", afirman que piensa el juez al que los magistrados que lo procesan parecen atribuirle poderes sobrenaturales, ya que según sus allegados le han hecho llegar también un segundo mensaje para que detenga "inmediatamente la presión mediática contra el Supremo", ya que a su parecer esto sólo lo perjudica. "Como si el magistrado tuviera una varita mágica con la que pudiera mover a su antojo a periódicos, radios y televisiones e incluso a toda la corte de defensores y admiradores que han surgido a raíz de los tres procesos", concluye el artículo.
Que las envidias y celos profesionales, además de las antipatías que despierta en la clase política por su excesiva independencia, estaban en la base de la operación de acoso y derribo emprendida por el Poder Judicial contra Baltasar Garzón nunca hubo dudas. Sólo que el puñado de jueces que se encuentran ahora en el centro de la escena, según parece, no se esperaban el escándalo internacional que finalmente se ha producido, con gran parte de los más prestigiosos periódicos del mundo escribiendo editoriales a propósito de la injusticia que se está cometiendo con Garzón sólo porque se animó a tocar un tabú de la España contemporánea al decidir investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura fascista del general Francisco Franco entre 1936 y 1975.
En un artículo publicado por el diario Público el pasado domingo, el historiador Francisco Espinosa lo decía blanco sobre negro: "La derecha no ha encajado que un auto judicial reprodujera los términos que utilizamos desde hace tiempo los historiadores, como criminal de guerra, plan de exterminio y otros. La reacción ha sido tratar de aplastar a Garzón y frenar cualquier investigación". Espinosa no duda en calificar de "ofensiva bestial" la operación montada para expulsar a Garzón de su juzgado y lamenta que sus consecuencias las hayan "pagado las víctimas".
En el mismo artículo, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, agrega un elemento fundamental para entender lo que está sucediendo. "En muchos lugares, la estructura social de la dictadura está intacta" dice, al tiempo que lamenta que el sesenta por ciento de los juzgados regionales a los que Garzón remitió las causas para que se procediera a la reapertura de las fosas y la identificación de las víctimas, que se calculan "entre 136.062 y 152.237" han dado carpetazo al asunto, desestimando el proceso judicial sin siquiera citar a los familiares de los desaparecidos.
Con toda la que está cayendo, sostienen en fuentes judiciales consultadas por Página/12, está claro que la amenaza que llevó a cabo el Partido Popular cuando Rodríguez Zapatero impulsó la Ley de la Memoria Histórica al comenzar su primer gobierno se está cumpliendo. "No lo haga –le había advertido desde la derecha el líder del PP Mariano Rajoy–, o abrirá usted la caja de Pandora." Ahora la caja ya está abierta y, suceda lo que suceda con Garzón, cada día parece estar más claro que la sociedad española tendrá que confrontarse tarde o temprano con su pasado, mal que les pese a los herederos políticos del franquismo y sus acólitos.

20 de abril de 2010
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murió nancy paterson


Colaboró en la investigación de los crímenes de Milosevic.
[Dennis Hevesi] Murió el 27 de marzo en su casa en Bethesda, Maryland, Nancy Paterson, una fiscal de crímenes de guerra que jugó un importante papel en la construcción de la acusación contra el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, por las masacres, violaciones masivas y limpieza étnica en los Balcanes en los años noventa. Tenía 56 años.
Su amiga Carrie Hunter informó que la causa de su muerte fue un cáncer de ovario.
De 1994 a 2001, Paterson fue una de las fiscales comisionadas por Naciones Unidas para investigar los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes sexuales que se habían cometido durante casi una década de derramamiento de sangre que causó la muerte de más de doscientas mil personas en la ex Yugoslavia.
Con Clint Williamson, que fue más tarde embajador extraordinario de Estados Unidos para crímenes de guerra, Paterson dirigió un equipo de más de cincuenta abogados e investigadores que reunieron evidencias que posibilitaron la acusación contra Milosevic, cuyo papel en el conflicto le ganó el apodo de ‘el Carnicero de los Balcanes’.
La acusación inicial de 54 páginas presentada por al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que se concentraba en crímenes de guerra en la región del Kosovo, fue escrita por Paterson y Williamson. Fue la primera vez que se acusó en un tribunal internacional a un jefe de estado en funciones. La acusación fue ampliada más tarde para incluir crímenes en Croacia y Bosnia.
Milosevic, el líder comunista cuya adopción del nacionalismo serbio encendió el conflicto étnico, fue presidente de Serbia de 1989 a 1997 y presidente de Yugoslavia de 1997 a 2000. Mientras trepaba al poder azuzando sueños de una Gran Serbia, se convirtió en el principal ingeniero de conflictos que opusieron a serbios contra eslovenos, croatas, bosnios, albaneses de Kosovo y finalmente a las fuerzas combinadas de la alianza de la OTAN.
Hacia el otoño de 2000, los llamados de Milosevic al nacionalismo ya no fueron suficientes para mantenerlo en el poder. Después de su derrocamiento, Milosevic fue colocado bajo arresto domiciliario en Belgrado y en el verano de 2001 transferido al centro de detención de Naciones Unidas en La Haya.
Cuando su juicio de cuatro años se acercaba al veredicto -retrasado por sus frecuentes periodos de enfermedad-, Milosevic murió en su celda el 11 de marzo de 2006.
Según la opinión de Williamson, el tribunal de Yugoslavia representó el renacimiento del sistema de justicia internacional "después de un vacío de cincuenta años desde la época de los juicios de Nuremberg".
Aunque mucha gente se mostraba escéptica de que lo lograse, dijo, "fuimos capaces, en un periodo relativamente breve, de construir una fuerte acusación contra Milosevic, y Nancy merece el crédito por ello, por su papel de liderazgo en lograr que ocurriera".
Louise Arbour, que en la época de la acusación contra Milosevic era fiscal jefe del tribunal, dijo que el equipo de Paterson-Williamson "demostró que Milosevic era comandante del ejército y la policía; que todo ocurría bajo su comando, tanto en un sentido político como militar".
"Eso", continuó, "estableció su responsabilidad por los crímenes que se estaban cometiendo".
Paterson, que había trabajado en la fiscalía de distrito de Manhattan durante once años, especializada en casos de maltrato infantil y delitos sexuales, se había ofrecido como voluntaria para ir a Yugoslavia en 1994 como miembro de una comisión de Naciones Unidas que investigaba la violencia sexual allá.
"Trabajó durante años con un pequeño equipo, todas mujeres, presentando decenas de cargos por violación", dijoArbour. "Participó activamente en el recabamiento de evidencias, lo que era muy difícil debido a la reluctancia de las víctimas a contar sus historias".

Nancy Lou Paterson nació en Binghamton, Nueva York, el 25 de abril 25 de 1953, como una de las dos hijas de Donald y Nancy Atwater Paterson. Le sobreviven su madre y su hermana, Sally Reutlinger.
Tras graduarse en la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, en 1975, se convirtió en directora de un programa de tratamiento residencial en un centro de delincuentes juveniles. En 1983, después de su doctorado en derecho en la Universidad de Siracusa, se unió a la fiscalía de distrito de Manhattan.
Cuando investigaba las masacres en los Balcanes, a Paterson no le fue siempre posible conservar la distancia.
Había allá, contó al diario británico The Guardian en julio de 2001, "animales muertos en los campos, casas todavía en llamas; luego examinaríamos los sitios del suceso y los cuerpos".
Paterson dijo: "En un nivel, piensas que lo estás haciendo desde un punto de vista profesional. Luego ves a los hombres, las mujeres, los niños. Recuerdo haber bajado a un sótano, donde habían quemado a diecinueve mujeres y niños; había una pantufla de niño en las escaleras. Esas son cosas que no se olvidan".

18 de abril de 2010
7 de abril de 2010
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empezó proceso contra garzón


Compareció ante el Tribunal Supremo español por un caso de presunto tráfico de influencias en favor de un banco. De todas las causas abiertas contra Garzón, ésta es tal vez la más insólita, ya que no hay absolutamente prueba alguna que la justifique. Lo acusan de cobrar honorarios por un curso patrocinado por el Banco Santander.
[Óscar Guisoni] Madrid, España. El juez Baltasar Garzón compareció ayer ante el Tribunal Supremo para dar su versión de los hechos en una de las tres causas abiertas contra él en la Justicia española. Se trata del proceso que se le está llevando a cabo por haber recibido, supuestamente, dinero del Banco Santander a través de la Universidad de Nueva York durante el desarrollo de unos cursos que el magistrado dictó entre 2005 y 2006 mientras disfrutaba de un permiso de estudios en España. Más tarde, Garzón exoneró al presidente del banco, Emilio Botín, en una causa abierta en su juzgado, razón por la cual los querellantes suponen que el juez infringió la ley.
Baltasar Garzón aclaró ayer, según declaraciones realizadas por su abogado defensor, el ex fiscal antiterrorista Enrique Molina, que él no recibía el dinero de forma directa del banco, sino que fue la Universidad de Nueva York la que pagó sus honorarios, mientras que el banco simplemente patrocinó los cursos. Esta versión de los hechos ha sido confirmada por la alta casa de estudios norteamericana y por el mismo Santander. Pero los abogados que presentaron la querella, repleta de afirmaciones insultantes según el defensor de Garzón, se basan en una carta que el juez le envió a Emilio Botín en la que le pedía que apoyara estos cursos, dirigiéndose a él de un modo poco convencional, como "Querido Emilio". Ayer el juez presentó otras cartas que también envió en su momento al ex director del FMI, Rodrigo Rato o al jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encabezadas también con el cariñoso apelativo.
El juez no quiso hacer declaraciones a la prensa, por lo que fue su abogado quien manifestó además que Garzón tiene gran estima del Tribunal Supremo y considera que las manifestaciones a su favor no lo están ayudando, sino que más bien "lo perjudican". "Cualquier manifestación que se haga para perturbar el orden o el sosiego de un tribunal de Justicia perjudica al propio encausado, es conocer mal lo que es la psicología de un magistrado", aseguró Molina, quien además puso mucho énfasis en asegurar que el juez no controla las manifestaciones de sus adherentes.
De todas las causas abiertas contra Garzón, ésta es tal vez la más insólita, ya que no hay absolutamente prueba alguna que la justifique. El juez además no quiso contestar a la acusación particular porque está muy ofendido por las expresiones que los querellantes usaron en su presentación, afirmando que "se dejó sobornar" o "lo untaron", términos que habitualmente no son aceptados por la Justicia, pero que en esta ocasión el Supremo admitió. Este es uno de los elementos que dejan entrever el clima de hostilidad que hay en el alto órgano judicial para con el juez, por lo que muchos no dudan en pronosticar que finalmente por alguna de las causas será imputado y acabará por ser inhabilitado para ejercer sus funciones. Según su defensor, el magistrado se limitó ayer a aclarar algunos puntos que no estaban claros en este caso, respondiendo únicamente a las preguntas del juez instructor Manuel Marchena.
Las declaraciones de Garzón se han producido en el momento en el que arrecia el temporal político y judicial en torno de su causa. Según los medios españoles, no se había presenciado un clima tan tenso en la Justicia nacional en el último cuarto de siglo. Para hoy se espera que el Tribunal Supremo dé explicaciones a la prensa sobre el proceso, un hecho insólito que la Justicia española llevará a cabo por primera vez en su historia y que da la magnitud de la preocupación que el caso ha despertado en las altas esferas judiciales.
En el ámbito político, la tensión también es palpable. El Partido Popular elevó el tono pidiendo la dimisión de los funcionarios socialistas que se han manifestado a favor del juez, mientras siguen sumándose pronunciamientos de personalidades del mundo académico y cultural a su favor. Uno de los más significativos fue el apoyo que recibió ayer Garzón de Gregorio Peces-Barba, uno de los llamados "padres de la Constitución" que fue presidente del Parlamento y comisario para las víctimas del terrorismo en distintas administraciones socialistas.
En el ámbito político comienza a preocupar también el daño a la imagen de España en el exterior que está produciendo el proceso. Ya en febrero el Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España señalaba que el proceso al juez era el segundo tema en importancia en la prensa internacional.

16 de abril de 2010
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querella contra el franquismo


Hoy se hará la demanda para destrabar la causa del juez Garzón.
Argentina. A las 9.30 de hoy, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará la primera demanda que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal para investigar los crímenes del franquismo. A las 11, en conferencia de prensa, los abogados que representan a los damnificados, junto a varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales –que también se sumaron a la querella–, anunciarán qué juzgado salió sorteado para dar curso al trámite. El objetivo será destrabar la investigación iniciada hace un año y medio por el juez español Baltasar Garzón, hoy víctima del embate de sectores de la derecha de su país que buscan asegurar la impunidad del genocidio cometido por la dictadura de Francisco Franco.
"La primera petición será que se remitan las actuaciones que llevó a cabo Garzón", afirmó a Página/12 Carlos Slepoy, uno de los abogados patrocinantes de la causa en Buenos Aires como una forma de respaldo a la investigación encabezada por el magistrado español. "El primer precedente sobre el principio de justicia universal está sentado por la Justicia española", sostuvo el abogado en referencia a la "solidez" de los argumentos en los que se basa la demanda para que la Cámara Federal Nacional en lo Criminal y Correccional acepte dar curso al trámite. Beniuz Sczmukler y David Baigún, también patrocinantes, revelaron que invocarán el denominado "efecto devolutivo", por el cual la Justicia estaría en condiciones de ahondar la investigación debido a que hechos similares cometidos en Argentina y Chile fueron investigados por Garzón. Bajo la invocación de la justicia universal, el magistrado español ordenó, por ejemplo, la detención del ex marino argentino Adolfo Scilingo, quien confesó los detalles de los "vuelos de la muerte", y también ordenó la captura del dictador chileno Augusto Pinochet.
"También vamos a pedir los nombres de los ministros y de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los dirigentes de la Falange", anticipó Slepoy a este diario. El puntapié inicial para la demanda será investigar las ejecuciones de Elías García Holgado, quien en 1936 era alcalde y diputado provincial en Salamanca, y de Severino Rivas, también alcalde, de la localidad de Castro de Rei, en Lugo. Aunque no será lo único en lo que se pida ahondar, ya que el período de la demanda abarca desde un día antes del alzamiento que lideró Francisco Franco hasta el día de las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador. "Es factible que haya represores vivos", aseguró Slepoy y que "muchos de ellos ejerzan hoy como dirigentes", señaló. "Es innumerable la cantidad de personas que se están presentado", informó el abogado sobre las denuncias por los crímenes del franquismo, al tiempo que anticipó que las cifras de más de 113 mil desapariciones y más de 30 mil bebés apropiados crecerán conforme se avance en las investigaciones.
Los abogados se encontraban delineando a última hora de ayer la lista final de organismos que participarán de la demanda: el Centro de Estudios Legales y Sociales fue el último en incorporarse. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Federación de Asociaciones Gallegas y la Asociación Memoria Histórica de España son sólo algunas de las organizaciones que respaldarán la presentación. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también se incorporará como querellante en los próximos días.

Informe de Gabriel Morini.

14 de abril de 2010
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no podemos vivir en el silencio


Reportaje al historiador español Julián Casanova. El principal historiador del franquismo informa que los investigadores tienen registrados por lo menos 50 mil fusilados por Franco, detalla que la Iglesia Católica fue monolítica con el franquismo y vuelve a ser monolítica ahora y explica qué hormiguero removió Garzón.
[Martín Granovsky] España. La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.
Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.
En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.
La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?
Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

¿Por la pastoral obrera?
No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

¿Cuál sería la paradoja?
La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

Y no los oyen.
No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?
Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.
Exactamente.

¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?
No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

¿A quiénes beatificó?
A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?
La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?
Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?
La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

Y se produjo el destape.
Pero a la vez siguió el miedo.

¿Miedo a qué?
No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?
Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

¿Fue así?
Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?
De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

¿Para usted es positivo el proceso?
Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

Incluidas las víctimas.

Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.
Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

¿Cómo reprimió Franco?
Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

¿Cuántos fueron?
Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.

14 de abril de 2010
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madres y sindicalistas con garzón


Multitudinario acto de apoyo al juez español acosado por el franquismo. La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones que culminarán entre el 22 y el 24 de abril, cuando el Consejo General del Poder Judicial se reúna para decidir si suspende al juez.
[Óscar Guisoni] Madrid, España. Personalidades de la izquierda, artistas, dirigentes de los principales sindicatos españoles y hasta una pequeña delegación de Madres de Plaza de Mayo estuvieron ayer presentes en un multitudinario acto en apoyo al juez Baltasar Garzón llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Entre los discursos más aplaudidos se destacó el del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que acusó a los jueces que impulsan el proceso de ser "instrumentos de expresión del fascismo español" y de haber "estado en las altas esferas del régimen" franquista siendo "cómplices de sus torturas". El célebre historiador inglés Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, afirmó que se trata de un "acto de cobardía que demuestra el miedo terrible a afrontar el genocidio".
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, calificó la movilización de "disparate" y "atentado a la democracia". El acto mereció también la insólita condena del Consejo General del Poder Judicial, que se mostró preocupado y triste (sic) por las muestras de apoyo "sistemáticas" que recibe el juez procesado y pidió que se respete la independencia del Poder Judicial.
La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones que sacarán a la calle a la sociedad española y que culminarán entre el 22 y el 24 de abril, cuando el Consejo General del Poder Judicial se reúna para decidir si suspende temporalmente a Baltasar Garzón en sus funciones mientras dure el proceso, una medida que se consideraría una antesala de su condena. Algunas de estas marchas están siendo organizadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo en conjunto con organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos y otras que han surgido espontáneamente en las redes sociales en Internet.
Los organizadores del acto de ayer no se habían propuesto realizar una movilización masiva, aunque el Auditorio de la Facultad de Medicina quedó pequeño para los miles de manifestantes que se acercaron a expresar su apoyo a Garzón. Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT) pretendían más que nada reunir en torno de sí a figuras del mundo cultural, político y académico, cosa que lograron con creces. De hecho, en el emotivo acto de ayer estuvieron presentes figuras como el cineasta Pedro Almodóvar, que manifestó su estupefacción al manifestar a la salida del recinto: "Es inexplicable que los herederos ideológicos del franquismo puedan sentar en el banquillo a un juez. Me parece inadmisible. No sé si esto se llevará a cabo, pero me crea una sensación muy preocupante de hasta qué punto nuestra democracia es fácil e imperfecta". También se encontraba en la tribuna el ex alcalde de Barcelona y presidente socialista del gobierno de Cataluña, Pasqual Maragall, un hombre que ha abandonado la política por sus problemas de salud pero que conserva una gran popularidad en España.
El centro de la atención lo ocupó, por la fuerza de su discurso y la importancia de su cargo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien afirmó que "las querellas interpuestas contra Garzón persiguen injustamente al juez por otras actuaciones judiciales, como la instrucción del caso Gürtel" y las calificó de "vergüenza histórica". La participación activa de los sindicatos en defensa de Garzón llevó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pronunciarse ayer en el marco de una entrevista concedida al canal de televisión TeleMadrid. En ella afirmó que "si estuviera afiliada a un sindicato, para mí sería una vergüenza que mis representantes se dedicaran a actuar contra la democracia de esta manera, tan absolutamente disparatada". El ex coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presente en el acto, respondió a Cospedal que se trataba de "un acto democrático y perfectamente lícito en defensa de la honestidad de un juez". Más tarde, el actual líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, sugirió que el "PP tendría que estar dando ejemplo y haber condenado de una manera clara el franquismo en España".
El acto se cerró con la lectura de un comunicado firmado por las personalidades y organizaciones presentes en el que se denuncia los impedimentos judiciales que el Tribunal Supremo impone al magistrado y que a juicio de los organizadores habrían hecho "imposible el proceso de Nuremberg contra los nazis".

14 de abril de 2010
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justicia universal renace en argentina


Mañana se presentará la demanda para que se investiguen los crímenes del franquismo que España se niega a mirar. Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.
[Laura Vales] Argentina. Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.
La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

En Apoyo a Garzón
La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo.
La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.
Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. "Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales", dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. "Necesitamos un Garzón argentino", sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.
El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia "por genocidio y/o delitos de lesa humanidad" y "por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros". En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.
Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.
Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

"Habrá Más Denuncias"
La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. "Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas", asegura Slepoy, quien confía en que por esto "mucha gente" va a presentarse "para traer su denuncia".
El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.
El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que "está en la Constitución Nacional, en su artículo 118". Este artículo habla de los crímenes que se cometan "fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes", y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. "El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales", apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos "dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal".
"Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación", agregó ayer su colega Máximo Castex. "En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares".
Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.
La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy. Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.

13 de abril de 2010
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venganza fascista contra garzón


A Garzón siempre lo cuestionaron por sus investigaciones sobre narcotráfico, represores, ETA, fundamentalistas islámicos y parapoliciales de España. Pero nunca como ahora, cuando es acusado tras haber declarado delitos de lesa humanidad a los crímenes del franquismo.
[Martín Granovsky] España. El juez que también quería ser arquero afronta el momento más difícil de su carrera. Y ese momento coincide con un hecho: en 2008 se declaró competente para juzgar crímenes de la Guerra Civil española y del franquismo.
Es curioso. En los últimos 25 años Baltasar Garzón investigó de todo y a todos. Indagó a los parapoliciales de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación vinculados con el Ministerio del Interior durante el gobierno de Felipe González. Indagó a los jefes del narcotráfico gallego. Indagó a miembros de la ETA. Indagó a los fundamentalistas islámicos con base en España. Consiguió el arresto del generalísimo Augusto Pinochet en Londres. Por esas causas, entre otras, vive bajo custodia estricta. Juega al fútbol (no podría dejar de hacerlo un admirador de Iker Casillas, el arquero del Real Madrid) y come afuera en Nueva York o Buenos Aires. El resto del tiempo vive envasado: las amenazas múltiples lo convirtieron en un blanco móvil para gente muy enojada de los orígenes más diversos.
Garzón siempre fue polémico, activo y protagónico. No es de esos tipos que se desviven por ganar la simpatía de todos los demás. Cuando pasó por el gobierno de Felipe González con un cargo de jefe antidrogas, sorprendía con procedimientos sorpresa a sus propios colegas de gabinete. Felipe hasta le pidió a un ministro que siguiera sus pasos y lo mantuviera al tanto. Cuando peleó para que la Justicia española pudiera pedir al Reino Unido la extradición de Pinochet –internado en 1998 en una clínica de Londres– inquietó a los que descreían de la jurisdicción universal del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Carlos Menem se parapetó contra una posible cascada de extradiciones de represores argentinos mediante un decreto especial. Fernando de la Rúa lo mantuvo y sus ministros de Justicia defendieron ese decreto inconstitucional como si se tratase de la Constitución. Luego Néstor Kirchner terminaría por derogarlo, lo cual fue una señal doble. Por un lado, Garzón podría extraditar. Por otro lado, no le sería necesario hacerlo: la Argentina terminaría de juzgar por sí misma a los victimarios. Era lo que el propio juez susurraba en privado. Garzón decía que la jurisdicción española era no solo posible sino obligatoria ante la falta de persecución penal en el sitio de origen, la Argentina.

¿Colgar la Toga?
Siempre pendiente de un hilo, la suerte de Garzón comenzó a ponerse más tensa cuando se le ocurrió meterse con los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y los asesinatos que, tras la victoria, cometió Francisco Franco hasta su muerte, en 1975. Justo a él le pasa. Justo a un andaluz de Jaén, nieto de labriegos y aparceros, que nació en el número 89 de la calle que el 26 de octubre de 1955 todavía se llamaba "del Generalísimo". Era por Franco, coño, Generalísimo por la Gracia de Dios.
El juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, quiere destituir a Garzón. Sostiene que cometió prevaricato cuando dijo ser competente para investigar la suerte de 114.266 víctimas del franquismo bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y siempre pueden dar lugar a que sea abierta una causa. Un juez prevarica cuando sabe que actúa contra la ley e igual lo hace. Varela dice que la ley de amnistía de 1977, en plena transición democrática, le impedía a Garzón abrir esas causas. Prevaricato es una palabra fuerte en los tribunales. En la interesante biografía 'Garzón, el hombre que veía amanecer', la periodista Pilar Urbano cita una reflexión del juez: "¿Temeroso? No. En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones ha de abandonar la carrera porque... ya está prevaricando. Si deja de aplicar una ley justa por temor a que le critiquen, a que le persigan, a que le difamen, a que perturben su vida privada, a que le maten... ese juez está mediatizado, ese juez ya es parcial: su miedo es su parte. Si nota eso, que cuelgue la toga y se marche a su casa".
El sistema español permite que la Justicia reciba ayuda cuando instruye y acusa. Cuando Garzón juzgó a Pinochet lo ayudaron los abogados que llevaban las causas de los crímenes cometidos en América latina, encabezados por Joan Garcés, asesor de Salvador Allende entre 1970 y 1973, y el argentino Carlos Slipoy, exiliado en España primero y residente en España después. Aluns Jones representaba entonces a los españoles ante la Cámara de los Lores, donde recordó que Pinochet había asistido a los funerales de Franco y recomendó investigar las relaciones entre los grupos operativos pinochetistas que atentaban contra exiliados y los servicios secretos franquistas. A Varela, estos días, lo ayudan Manos Limpias y Falange Española.

El Mito del Ausente
Manos Limpias es una organización de ultraderecha presidida por Miguel Bernard, que reivindica a Blas Piñar, un funcionario de Franco que ocupó el Instituto de Cultura Hispánica, suerte de cancillería cultural del régimen para compartir proyectos con las derechas extremas de América latina. Cuando, en democracia, Piñar languidecía, le daba oxígeno desde el otro lado de los Pirineos el neofascista francés Jean-Marie Le Pen.
El nombre completo de Falange Española es Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. En su web www.fa lange.es la organización usa la sigla FE JONS. Es el remedo de la fuerza que creó José Antonio Primo de Rivera en 1933, el mismo año del triunfo de Adolf Hitler en Alemania, y utilizó como instrumento de masas Franco desde 1936, cuando se levantó contra la República y desató la Guerra Civil. Primo de Rivera no pudo combatir: fue fusilado el 20 de noviembre de 1936. Curiosamente, fue la misma fecha en que moriría Franco, en 1975. Curiosamente o no, quién sabe. Ya moribundo, Franco fue mantenido artificialmente con vida durante varios meses y recién desentubado cerca de la medianoche del 19 de noviembre. El certificado de defunción fue expedido en las primeras horas del 20.
El historiador aragonés Julián Casanova describe en República y Guerra Civil, uno de los volúmenes de la Historia de España que dirigieron Josep Fontana y Ramón Villares, hasta qué punto Franco fue astuto. Relata cómo construyó desde Primo de Rivera lo que llama "la leyenda del ausente", el mito del líder popular falangista presuntamente muerto con valentía y honor a los 33 años. Conviene leer el jugoso análisis de Casanova sobre la Falange, el franquismo, los republicanos y la lógica de la violencia: "La conclusión parece clara: la violencia fue inseparablemente unida al golpe de Estado y al desarrollo de la Guerra Civil. Simbolizada por las ‘sacas’, ‘paseos’ y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. Fue una parte integral del ‘glorioso Movimiento Nacional’, de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla". Y sigue así Casanova: "(La violencia) se convirtió asimismo en un ingrediente básico de la respuesta multiforme y desordenada que las organizaciones políticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar. Más que una consecuencia de la guerra, como puede a veces creerse, esa violencia fue el resultado directo de una sublevación militar que llevó con ella desde el primer instante el asesinato impune y el tiro de gracia. Un plan estratégicamente diseñado que, donde falló, encontró una réplica armada súbita y feroz contra los principales protagonistas de la sublevación y contra quienes eran considerados sus compañeros materiales y espirituales de armas". Y el historiador termina de este modo su análisis: "En esa operación de exterminio, los sublevados contaron además desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de los militares rebeldes y de quienes protagonizaron la ‘limpieza’ emprendida en el verano de 1936".

Conspiraciones y Crisis
Las conspiraciones en la historia existen, pero las teorías conspirativas sirven poco. Cuando los investigadores descubren el hilo de una conspiración ya no hace falta hablar de teorías conspirativas. Son hechos. Mientras la conspiración no sea una evidencia histórica, la honestidad intelectual aconseja plantear los hechos dejando siempre el margen que el azar se merece en la vida de los hombres.
La moderna España de hoy no es la del ’33, ni la del ’36 ni la del ’39. Tampoco la del Franco agónico del ’75 ni la España de la transición, ni la del Felipe González que gana por primera vez en 1982. Es la España de la Unión Europea, que respeta el desarrollo de las autonomías y las libertades individuales y en la que el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero acaba de impulsar, hasta la aprobación, la ley de aborto despenalizado gracias al voto de la mayoría entre los diputados de las Cortes y en el Senado.
Sin embargo, España padece justo hoy una crisis económica feroz, con cálculos que estiman tres millones de nuevos desocupados para el período 2007-2010.
La crisis erosionó –aunque sin pulverizarla, porque su piso propio es alto– la popularidad de Zapatero. Según la consultora Sigma-2, si hoy hubiera elecciones los socialistas obtendrían el 37,7 por ciento de los votos y serían derrotados por los conservadores del Partido Popular de Mariano Rajoy por el 43,5 por ciento. Es la primera vez que el PSOE queda por debajo en una encuesta desde que Zapatero asumió el primer gobierno por voto popular y encargo del rey Juan Carlos, en el 2004.
Y con la crisis los irascibles de ultraderecha se animan un poco más, a pesar de que los gobernantes no hayan dejado de representar a la mayoría. La prueba de la mayoría es la votación laica del Congreso por la cuestión del aborto: cada quien decide de acuerdo con su conciencia y no será penado por ello. El indicio de que la extrema derecha política es impopular pero tiene arraigo en antiguos poderes lo muestra la iracundia de algunas declaraciones. Una es la que realizó el año pasado monseñor Antonio Cañizares, ex cardenal primado de España y actual cardenal prefecto de la Congregación por el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano: "El aborto es peor que la pedofilia". "No es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos colegios con millones de vidas destruidas por el aborto", dijo Cañizares. Otra declaración fue emitida el jueves último: "Hay menores que desean el abuso e incluso lo provocan", dijo Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife.
Este clima rodea en España las acusaciones contra Garzón. Pero nadie puede decir hoy cuál será el resultado. En 1998, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, también opinaba que Garzón se había extralimitado en el caso Pinochet y pronosticaba su defenestración. Antes, le había asegurado al auditor militar chileno Fernando Torres Silva que Pinochet podía viajar a Europa sin peligro porque la jurisdicción universal no sería reconocida en España. El general chileno lo grabó: además de ser fiscal militar, Torres Silva estaba acusado de tortura.
En unos apuntes que, según Pilar Urbano, Garzón escribió cuando los lores ingleses reconocieron la jurisdicción española, el 24 de marzo de 1999, puede leerse una reflexión: "Lo histórico es que se reconoce que no cabe inmunidad para un ex jefe de Estado por los crímenes que cometió y mandó cometer durante su mandato. Otro punto claro: los países que firman un convenio penal no adquieren un derecho sino una obligación de perseguir y juzgar determinados delitos ocurran donde ocurran: justicia sin fronteras".
Sería bueno saber qué estará escribiendo hoy, en estado de alerta, el juez que también quería ser arquero. ¿Pensará en la venganza del Generalísimo? Pero, ¿de cuál? ¿De Pinochet o de Franco?

11 de abril de 2010
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