el efecto garzón en españa
26 de abril de 2010
El Tribunal Supremo levantó cargos por prevaricación y cohecho contra el magistrado que logró la detención de Pinochet en Londres. Detractores de la ultraderecha española han presentado querellas contra el juez que quiere investigar los crímenes cometidos por el franquismo. Una mirada a lo que puede estar detrás del hecho que enfrenta a España y su pasado.
[Jorge Escalante y Luis Narváez] España. Por derecho o por revés, España se enfrenta a los muertos de una guerra civil y a las atrocidades cometidas también después del fin de esa guerra por la dictadura de Francisco Franco. Y el causante de esta encrucijada es el juez Baltasar Garzón.
No sería extraño, como opinan algunos, que España termine obligada por la comunidad internacional a confrontarse, en el alma y en estrados judiciales, con esa historia dramática que muchos españoles quieren olvidar.
En Argentina se acaba de interponer la primera querella internacional por víctimas del régimen de Franco, presentada por familiares que viven en ese país. La jueza María Servini, la misma que indagó el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa cometido en Buenos Aires por la DINA, debe pronunciarse sobre ella.
Si bien los países son soberanos para resolver sus asuntos bajo el concepto de la soberanía nacional, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto advierte que cuando se trata de delitos de lesa humanidad "opera el principio de la justicia universal, y cuando crímenes de este tipo no son investigados por el Estado donde ocurrieron, otro Estado es competente para investigarlo".
Ésa es la razón de la querella interpuesta ahora en Argentina. Y algo similar ocurrió cuando Garzón decidió emprender acciones contra militares argentinos por víctimas españolas, porque si bien algunos de ellos habían sido juzgados en Buenos Aires, el gobierno de Carlos Menem los había indultado y se encontraban gozando de plena libertad.
El médico forense español Francisco Etxeberría, que ha participado en la mitad de las cerca de 4 mil osamentas exhumadas en España desde 170 fosas clandestinas a partir de la dictación de la Ley de Memoria Histórica el 2007, que permitió los desentierros, opina muy cercano a Caucoto: "Tal vez sea la comunidad internacional la que finalmente terminará exigiendo a España que investigue y juzgue los crímenes del franquismo".
El Efecto Garzón
El abogado Roberto Garretón fue testigo del cambio que provocó en el derecho internacional la detención de Pinochet en Londres, en octubre de 1998: "Los jueces, a nivel mundial, entendieron que era posible hacer justicia. En Chile, en Argentina, México, Bélgica, Suiza, Senegal, Francia e Italia, comenzaron a procesar a criminales que habían cometido delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra".
Garretón sostiene que los juicios abiertos hoy en España en contra de Garzón son una acción concertada de "organizaciones fascistas españolas. Ésta es una venganza por causas de carácter político y le están cobrando la cuenta de que al abrir la jurisdicción universal, España queda muy mal si no hace lo mismo con los crímenes cometidos por ellos mismos y que son de la misma naturaleza de los cometidos por Pinochet".
Pero Caucoto hace una distinción en la situación española. Separa las muertes ocurridas "en una guerra civil entre ejércitos regulares donde cayeron tanto franquistas como republicanos" y aquellas otras sucedidas después del fin de la guerra, "porque ésos ya son crímenes de lesa humanidad que nunca pueden prescribir por el paso del tiempo ni pueden ser beneficiados con una amnistía".
El periodista chileno director adjunto del diario español El Mundo, John Müller, tiene una opinión más matizada.
"Aquí, si hay juicio y reparaciones, tiene que ser para los dos lados, porque las víctimas son tanto republicanos como franquistas", sostiene.
Müller expresa que "la mayoría de la sociedad española no está de acuerdo en que se abra un gran proceso contra el franquismo y cree que ésa es una cuestión para la historia, que en España no hay agravios pendientes, pero si se trata de buscar los cuerpos no hay problema, es legítimo que los familiares los recuperen".
El punto es que, como apuntan Caucoto y el ciudadano español exiliado del franquismo en Chile Víctor Pey, no sólo ocurrieron atrocidades durante la guerra, como esconder en fosas clandestinas los cuerpos de los muertos, sino que Franco, ya convertido en Jefe de Gobierno, siguió después del fin de la guerra torturando y asesinando opositores.
Un argumento de quienes enjuician a Garzón es que muchos de los crímenes fueron cometidos por el franquismo antes de 1945-1946, tiempo del juicio de Nüremberg contra el nazismo, cuando aún no nacía el concepto del delito de lesa humanidad, por lo que no podrían ellos calificarse de tal manera.
Y además, que en España hay una ley de amnistía vigente desde 1977. Sobre este último punto hay otro debate, porque si bien esa ley está vigente, al igual que lo está en Chile, un principio vital del derecho internacional es que los delitos contra la humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni prescripción.
Entonces, al menos los delitos franquistas cometidos después del juicio de Nüremberg, a partir del cual nace poco después el concepto internacional de delito de lesa humanidad, y que son bastantes, no pueden considerarse extinguidos.
’Manos Limpias’ y Garcés
El secretario general del sindicato Manos Limpias, ahora único querellante contra Garzón, Miguel Bernard, declaró a LND "que todo esto está prescrito y amnistiado, porque hay una ley de amnistía vigente desde 1977. Entonces Garzón se ha arrogado competencias y atribuciones que no tiene, que pasan por encima de la ley en España".
Y agrega que "los supuestos crímenes se habrían cometido durante la Guerra Civil (1936-1939), cuando los conceptos de crimen de guerra o lesa humanidad no existían y las leyes penales jamás pueden aplicarse con retroactividad en ninguna parte. A Garzón lo inhabilitarán primero, y después esperamos que se le condene a 20 años de suspensión de su actividad como juez, porque ha cometido el delito de prevaricación".
Para el jurista español Joan Garcés, los fallos emitidos por Garzón, que abren procesos para indagar los crímenes del franquismo, ponen a España a la altura de cómo Europa aplica el derecho internacional humanitario, y opina que ello fue posible por lo sucedido con Pinochet.
En una entrevista concedida a la Televisión Española, Garcés sostuvo que "es muy interesante que el derecho penal internacional entró en España a través de la jurisdicción universal aplicada con Pinochet. En Chile, a partir de ese precedente, los tribunales comenzaron a abrir casos y esperamos que suceda lo mismo en España".
Agrega que los fallos de Garzón hacen que "en España las leyes penales que castigan estos delitos (genocidio, desaparición forzada) empiezan a aplicarse por tribunales españoles y eso es una garantía que a todos nos protegerá en el futuro".
En Chile, el miércoles pasado, 44 parlamentarios firmaron una declaración en apoyo a Garzón y en contra de quienes quieren juzgarlo. Algunos de ellos también concurrieron a la embajada de España, el pasado viernes, para hacer explícito el apoyo.
25 de abril de 2010
©la nación 
[Óscar Guisoni] Madrid, España. Ciudadanos de veinticinco ciudades españolas salieron ayer a la calle para manifestar su apoyo al juez Baltasar Garzón y pedir el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo. Lo hicieron en conjunto con manifestaciones celebradas en Buenos Aires, Bruselas y Dublín, dándole a la causa una trascendencia internacional aún mayor. La concentración más importante tuvo lugar en Madrid, donde miles de personas marcharon desde la plaza de Cibeles a la Puerta del Sol, donde el director de cine Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana leyeron un manifiesto de apoyo al juez y de condena al proceso que se le está siguiendo por haberse atrevido a investigar las atrocidades cometidas por la dictadura franquista entre 1936 y 1975.
[Manuel Altozano] Madrid, España. Las resoluciones por las que el juez Luciano Varela exigió a Falange -expulsada esta misma mañana del caso- y Manos Limpias que corrigieran los defectos de sus respectivos escritos de acusación contra Baltasar Garzón afectan a la neutralidad del instructor de la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional por investigar el franquismo, y convierten a Varela en parcial. Ese es, en resumen, el contenido del recurso de apelación contra ambas decisiones del instructor de la causa presentado por Garzón en el Tribunal Supremo y en el que pide que se declare la nulidad de aquellas medidas así como de los escritos de acusación de ambos colectivos, lo que obligaría a archivar la causa.
Madrid, España. El magistrado que instruye la causa contra el juez español Baltasar Garzón por investigar las desapariciones en la Guerra Civil y la dictadura de Franco ha expulsado del proceso a la acusación popular ejercida por Falange Española de las JONS, formación de extrema derecha ligada al franquismo.
Madrid, España. El fiscal del Tribunal Supremo español resolvió ayer que ese tribunal superior no debe abrir un juicio oral en contra del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por el supuesto delito de prevaricación en la investigación sobre los crímenes del franquismo.
España. Una gran ironía parece camino de consumarse en España: que el primer condenado por un caso relacionado con los crímenes del franquismo sea el juez que se atrevió a investigarlos. Pero aunque el proceso por prevaricato contra Baltasar Garzón ha avanzado a una velocidad que ha sorprendido a muchos, la defensa del ’superjuez’ español se ha convertido en una causa que ha trascendido las fronteras.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y al conjunto de los países de la Unión Europea (UE) que expresen su repulsa por el procesamiento del juez Baltasar Garzón.
Madrid, España. Falange, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Francisco Franco, es uno de los tres querellantes contra Garzón en la investigación por presunta prevaricación en su investigación de las desapariciones. Según medios españoles, el escrito de acusación presenta irregularidades y Varela dio un plazo de un día a Falange para que las subsane.