hrw defiende a juez garzón
22 de abril de 2010
Human Rights Watch sale en defensa del juez Garzón.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y al conjunto de los países de la Unión Europea (UE) que expresen su repulsa por el procesamiento del juez Baltasar Garzón.
"Pedimos que expresen su oposición sobre la investigación y la potencial suspensión del juez por investigar los abusos cometidos durante el franquismo", apunta la ONG en un comunicado.
HRW reacciona a la posibilidad de que el magistrado sea inhabilitado como juez por investigar las presuntas detenciones ilegales y desapariciones ocurridas en España entre 1936 y 1952, a raíz de la investigación que contra él lleva a cabo el Tribunal Supremo.
Según el magistrado que instruye el caso, Luciano Varela, Garzón "ignoró deliberadamente" la Ley de Amnistía española de 1977 aplicable a actos de intencionalidad política y por tanto incurrió en un presunto delito de prevaricación.
Sin embargo, para la directora de la oficina ante la UE de HRW, Lotte Leicht, "Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país".
En su opinión, la decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa "sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE" en la lucha contra la impunidad por delitos graves.
Para HRW, la no aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 por Garzón es acorde con el derecho internacional, "que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad".
Por ello, la sanciones a Garzón son "un duro golpe para los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos", apunta Leicht.
HRW recordó que en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad.
©la nación 
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