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dentro del cartel


Cuando un grupo de traficantes de drogas del cartel de Sinaloa, en México, enviaban un gigantesco embarque de cocaína a Los Angeles, agentes de la DEA estaban mirando y escuchando. Primera entrega.
[Richard Marosi] Calexico, California, Estados Unidos. Nunca pierda de vista a la carga.
Todos los que trabajaban para Carlos ‘Charlie’ Cuevas se lo habían grabado. Sus choferes, centinelas, encargados de escondites, despachadores: todos lo sabían. Cuando se estaba preparando una movida, un par de ojos tenían que moverse con ella.
Cuevas acababa de enviar a un equipo de siete de sus hombres para cruzar la frontera en Calexico, California. La carga que trasladaban era cocaína, oculta en un compartimento hecho a medida dentro de un Honda Accord 2003 azul.
El coche estaba todavía en el lado mexicano en una aglomeración de vehículos de diez vías avanzando lentamente hacia el puesto de control del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Vagabundos mutilados trabajaban la cola, junto con hombres con sombreros de ala ancha vendiendo baratijas, tamales y churros a viva voz.
Un centinela mirando desde un coche estacionado en una calle cercana informaba sobre el progreso de la carga. Cuevas, haciendo malabares con celulares, exigía actualizaciones constantes. Si algo salía mal, su jefe en Sinaloa, México, exigiría respuestas.
El Accord llegó a la línea de las cabinas de control y un centinela del lado estadounidense recogió el turno de vigilancia. Era Roberto Daniel López, veterano de la Guerra de Iraq, parado cerca del letrero que dice "Bienvenido a Calexico."
Era el plan habitual: después de pasar por la aduana, el chofer enfilaría hacia Los Angeles, siendo seguido por un tercer centinela en un coche en la South Imperial Avenue.
Pero esta caliente tarde de verano las cosas no estaban saliendo como deberían. López llamó a su supervisor para informar sobre una complicación: el Accord iba a ser llevado a un área de inspección secundaria para un chequeo más minucioso. Había perros rastreadores.
Cuevas hablaba rara vez directamente con sus centinelas o choferes. Pero después de ser reprochado por su supervisor, hizo una excepción. Llamó a López.
"¿Qué pasa?", preguntó.
"Los perros se volvieron locos", replicó López.

Puntos en un Mapa
Cuevas trabajó para el cartel de Sinaloa, la organización del crimen organizado más poderosa de México. Trabajaba en el área del transporte. La droga la transportaban desde el estado de Sinaloa hasta Mexicali, México, en llantas de autobús. El trabajo de Cuevas era pasar la mercadería por la frontera y entregarla a los distribuidores en el área de Los Angeles, a unos 320 kilómetros.
El flujo era incesante y empleó cerca de cuarenta choferes, centinelas y coordinadores para mantener el ritmo.
Los perros que rodeaban el coche con la carga esa noche de agosto de 2006 eran la menor de sus preocupaciones. Ocho agentes del Servicio de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) se habían reunido en la frontera. Ni los inspectores de aduanas sabían que estaban allí. Los agentes habían estado siguiendo a Cuevas y pinchando su teléfono durante meses.
Debido a que había un vínculo entre los distribuidores de drogas mexicanos y estadounidenses, sus charlas por teléfono eran una mina de oro. Cada llamada exponía a otro contacto telefónico, cuyo teléfono era entonces también pinchado. Los nuevos contactos llamaban a otros asociados, y eso provocaba más escuchas. Pronto los agentes habían trazado un enorme mapa de puntos de la red de distribución.
Sus ramas se extendían por todo Estados Unidos y se creía que conducían de vuelta al corazón del narcotráfico en México, a Víctor Emilio Cazares, del que se decía que era el lugarteniente de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el más buscado narcotraficante del mundo. Desde su mansión en las afueras de Culiacán, se dice que Cazares dirigía una red de transportistas, distribuidores, camioneros, pilotos y escondites.
Otras investigaciones de la DEA habían atacado a carteles mexicanos, pero esta, apodada Operación Emperador Imperial, estaba proporcionando una imagen muy completa de cómo se movían las drogas desde Sinaloa hasta las calles de Estados Unidos.
Funcionarios de la DEA no tenían ninguna prisa en desmantelarla. De hecho, estaban tratando de retrasar algunas detenciones para poder seguir estudiando la oferta e identificar a los nuevos sospechosos.
Finalmente, el Emperador Imperial resultaría en cientos de detenciones, la confiscación de decenas de millones de dólares en drogas y dinero, y la acusación contra Cazares.
También revelaría una desalentadora verdad: el sistema de distribución del cartel en Estados Unidos era más grande y más flexible de lo que había imaginado todo el mundo, una telaraña que conectaba a decenas de ciudades, regenerándose y expandiéndose constantemente.

El Vecino
Como infante de marina norteamericano en Faluya, Iraq, López había esquivado fuego de mortero, cruzado caminos sembrados de explosivos y recibido una recomendación por liderazgo. De regreso en El Centro, no pudo conseguir trabajando ni siquiera leyendo los medidores de la compañía de aguas local.
Pero López, que tenía dos hijos que alimentar, sabía de otra industria que necesitaba siempre mano de obra.
Una de las principales tuberías del cartel de Sinaloa pasa por el anticuado puerto de entrada de Estados Unidos en Calexico, favorito entre los contrabandistas. El puesto de control está casi directamente en la frontera, sin la usual zona de distensión de varias decenas de metros, de modo que los inspectores tengan dificultades a la hora de revisar los coches en las vías. Los perros rastreadores enferman con el calor del verano, que puede llegar a los 46 grados Celsius.
La región del sudeste de California, que abarca un desierto con dunas y campos agrícolas con la mayor tasa de empleo del estado, ofrecía un terreno fértil para el reclutamiento del cartel.
Los traficantes eran tus vecinos, el tipo que te llama en Wal-Mart, el de las buenas propinas en Applebee, el viejo amigo en tus reuniones de viejos alumnos de la secundaria.
López era amigo de un hombre llamado Sergio Kaiser, que estaba casado con una pariente. Kaiser dijo que era dueño de una hojalatería, pero sus gustos parecían demasiado extravagantes para eso. Estaba construyendo una casa con una gran escalera, copiada de la mansión en la película ‘El precio del poder’ [Scarface].
En realidad, Kaiser era el principal lugarteniente de Cuevas y le dijo a López que lo podía ayudar en sus problemas de dinero. Había varias posibilidades.
Por una noche de trabajo llevando una carga en coche de Mexicali a Los Angeles, el chofer recibe cinco mil dólares que debe compartir con su reclutador y se queda con el coche.
Otra manera de entrar era como centinela. Un centinela seguía al coche desde el escondite en Mexicali hasta la frontera. Otro lo esperaba en el puerto de entrada e informaba cuando el coche había pasado la aduana. Otro seguía al coche hasta la autopista a Los Angeles.
López aceptó la oferta de Kaiser. Ser centinela era inofensivo, pensaba: Apenas estar ahí y ver que un coche cruza la frontera. "No dijo que eso implicaba drogas, pero yo lo sabía", dijo López. "Yo pensé: ‘¿Cuál es el problema?’"

Trucos del Oficio
Cuevas poseía un enorme terreno en casa en Calexico y conducía un BMW323 último modelo. Una cadena de oro colgaba de su grueso cuello. Casado, dos hijos, disfrutaba de las estereotipadas ventajas de la vida de un traficante. Tenía varias amantes, y les pagaba sus implantes y sus viajes a Disneyland y San Francisco.
Conducía su caro sand rail en las dunas de California, y siempre pagaba la cuenta en los restaurantes y los fines de semana salvajes al otro lado de la frontera en Mexicali.
En la barbería de Emmanuel, Cuevas se saltaba la cola para hacerse su corte fade, y luego pagaba los cortes de todo el mundo. Se encargaba de las cuentas de hospital de sus amigos y prestaba dinero a algunos, sin condiciones.
"Cuando piensas en los carteles de la droga, piensas en violencia, armas, asesinatos", dijo López en una entrevista. Este tipo no se parece en nada a eso."
No llevaba armas consigo ni se rodeaba de guardaespaldas. Constantemente manipulando celulares y comprando materiales de embalaje en Costco, parecía más estresado que amenazador. Cuevas tartamudeaba y empeoraba cuando lo llamaba su jefe Cazares desde Sinaloa. Tomaba antiácidos para calmar su ansioso estómago.
Para cruzar la frontera con las drogas, desplegaba una flota de todoterrenos y coches con compartimentos ocultos hechos a medida. Le gustaban los Volkswagen Jettas y los Chevrolet Avalanches. Los dos eran hechos en México y la DEA cree que operativos del cartel pudieron estudiar el diseño para identificar vacíos donde pudieran ocultarse drogas.
Cuevas enviaba los coches a un mecánico en Compton que protegía los compartimentos con elaboradas trampillas. El trabajo tomaba dos semanas y el mecánico pedía seis mil quinientos dólares, pero valía la pena. Sólo una complicada serie de acciones abriría las puertas.
Al escondrijo en el parachoques delantero se podía acceder sólo conectando una pinzas de batería desde la batería positiva hasta el tornillo de un foco. La sacudida por la electricidad hacía caer la matrícula, revelando la trampilla.
Cuevas escogía cuidadosamente a sus conductores, rechazando a los hombres con tatúes visibles o con antecedentes criminales y haciendo pasar por ensayos a los elegidos para poner a prueba sus nervios. Mantenía el cruce fronterizo de Calexico bajo constante vigilancia, concentrándose en la máquina de rayos equis móvil que podía ver dentro de los vehículos. La usaba muy de vez en vez, y cuando los inspectores se marchaban, el equipo volvía rápidamente al trabajo.
Con los años, sus coches eludieron consistentemente ser detectados.
"Fue grandioso. Nunca perdí un coche en la frontera", dijo Cuevas. "Los perros nunca encontraron nada."
Sin embargo, a mediados de 2006, Cuevas perdió su ángel.
En junio, las autoridades siguieron a uno de sus choferes hacia Cudahy, cerca de Los Angeles, y confiscaron 73 kilos de cocaína en un escondite.
Un mes después, agentes apostados fuera de El Centro pararon a su mejor chofer, un vendedor de hot dogs de Mexicali, y encontraron 799 mil dólares escondidos en un compartimento.
Cuevas tenía que recuperar las pérdidas del cartel, sea en dinero o trabajando para pagar la deuda supervisando envíos sin recibir su parte. Entretanto, cientos de kilos de cocaína siguieron llegando todas las semanas desde Sinaloa, y estaba bajo una intensa presión para que la mercadería se siguiera moviendo.
Ahora, esta noche de agosto, un inspector de aduanas había elegido el coche con la carga, el Accord, para examinarlo en una área de inspección secundaria.
"Tío, creo que agarraron a tu hombre", le dijo López a Cuevas, por teléfono. "Le han puesto esposas."
Detrás del tablero de mandos y en un compartimento en la parte de atrás del Honda, los inspectores encontraron 44 kilos de cocaína. El chofer fue arrestado. Todo el mundo se dispersó. López se marchó a casa, despreocupado. Sólo había estado quince minutos en el cruce fronterizo, y nunca estuvo cerca de las drogas.
Cuevas ordenó a sus hombres deshacerse de los celulares, en caso de que alguien hubiese estado escuchando. En el puesto de vigilancia fortificado de la DEA cerca de Imperial, las líneas interceptadas se callaron.
Los agentes de la DEA no habían esperado el descalabro y no estaban nada de contentos. Los agentes habían planeado dejar que el chofer cruzara la frontera y entonces seguirlo hasta su contacto en Los Angeles. Ahora tendrían que reagruparse.

Esperando en la Oscuridad
Dos días después, los agentes esperaban en una furgoneta en la calle donde vivía Cuevas en una casa de dos plantas en Calexico, esperando que las luces se apagaran. Los vecinos de Cuevas en la subdivisión de casas iguales de tejados rojos incluían a bomberos, agentes del Departamento de Seguridad Interior y gendarmes de prisiones del estado.
Después de meses de seguir a Cuevas, los agentes sabían que le gustaba la cerveza Bud Light, las hamburguesas de Rally’s y los tacos de atJack in the Box.
Una vez entraron con el coche lleno de cocaína de uno de sus choferes a una gasolinera después de que el hombre se quedase sin gasolina en la Interestatal 5. El chofer nunca sospechó que los samaritanos que lo ayudaron, lo hicieron para poder seguir siguiéndolo hasta su destino.
Después de medianoche, los agentes apostados en los alrededores de la casa de Cuevas empezaron a escarbar en sus tachos de basura. Estaban buscando una libreta, un recibo, una tarjeta de visita, cualquier cosa donde se pudiera escribir un número de teléfono.
Había suficientes evidencias para arrestar a Cuevas. Pero el objetivo era ampliar la investigación, y eso exigía reanudar la vigilancia telefónica. Los agentes esperaban que Cuevas hubiera arrojado los números de algunos -o incluso de uno- de los treinta celulares nuevos que había distribuido entre sus hombres.
Revisar la basura ha sido siempre un trabajo sucio, especialmente en este caso. Cuevas era padre de un recién nacido. Los agentes habían dado con los pañales sucios.
Finalmente, algo sacaron de la basura: Una pedazo de una libreta con espiral con unos números garabateados encima. Números de teléfono.
26 de agosto de 2011
24 de julio de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

la carretera de la muerte


Se han encontrado varias fosas comunes a lo largo de la carretera, cada una con los cuerpos de viajeros asesinados a balazos o golpeados hasta la muerte por miembros de carteles de la droga.
[William Booth y Nick Miroff] México. Esta es la época del año en que las familias mexicanas tradicionalmente se desplazan sobre grandes distancias para celebrar juntos la Semana Santa. Pero la Carretera 101, que cruza el estado fronterizo de Tamaulipas, está vacía ahora: recorrerla se ha convertido en un viaje espeluznante, deprimente, potencialmente peligroso, para el que los viajeros se unen en caravanas de autodefensa y corren a toda prisa por la carretera de cuatro vías a 150 kilómetros por hora, sin parar para nada, y nadie anda por ahí en la noche.
"Mis amigas creen que estoy loca por venir por acá", dijo Ester Arce, viajando de Atlanta a San Luis en el sur. Arce paró en una gasolinera para que su marido volviera a asegurar las cuerdas que sujetaban el equipaje en la camioneta.
Su marido interrumpió abruptamente la conversación. "Tenemos que salir del estado antes de la noche, sino tendremos problemas con los delincuentes", dijo. Ester Arce se disculpó: "Nadie quiere andar por esa carretera".
A medida que se extendían los rumores de que secuestradores psicópatas estaban sacando a pasajeros de los autobuses y a medida que las autoridades encontraban fosas comunes con decenas de cadáveres, la gente empezó a llamar a este corredor "la carretera de la muerte", o "el camino del diablo".
El jueves en la noche, las autoridades anunciaron el hallazgo de 32 cuerpos más. Hasta la fecha, en los alrededores de la ciudad de San Fernando se han encontrado enterrados 177 cuerpos.
La carretera es tan peligrosa que ni las noticias de las últimas semanas sobre las fosas comunes más grandes encontradas en México en el marco de la guerra de las drogas de estos últimos cuatro años, han podido convencer ni a equipos de televisión ni periodistas de que recorran la carretera.
Los cuerpos descubiertos este mes están en la misma zona donde los secuestradores de un cartel masacraron a 72 inmigrantes que provenían de América Central y del Sur en agosto pasado. Desde entonces el terror no ha hecho más que extenderse. El miércoles las autoridades mexicanas anunciaron el rescate de 68 individuos fueron encontrados en una casa de seguridad en la ciudad fronteriza de Reynosa. Habían sido sacados de buses o atrapados en terminales de buses.
En San Fernando, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantu, llegó para una reunión con funcionarios del ayuntamiento el martes, acompañado por varios cientos de soldados y agentes de la policía federal. Ahí sólo había un equipo de la televisión mexicana. Había llegado con escolta de marines mexicanos.

Ruta Importante
La Carretera 101 no es un camino rural. En época normales, es la ruta más utilizada en el estado, una arteria tan vital para el comercio y la circulación en México como la Interstate 95 entre Washington y Philadelphia. La carretera canaliza el comercio desde el interior de México hasta los más frecuentados cruces fronterizos del mundo, con quince puentes entre Tamaulipas y Estados Unidos a lo largo del Río Grande desde Laredo a Tamaulipas.
Pero ahora la gente que ha usado la Carretera 101 toda la vida, que como sus vecinos texanos pensaban en el pasado que conducir cuatro horas para ir a cenar con amigos no era nada, se niegan a utilizar esa ruta.
"Esperé casi dos días en Browsville, leyendo diarios, mirando las noticias, tratando de acumular coraje para cruzar la frontera y volver", dijo Robert Avila, que vive en Dallas pero viaja a menudo a Ciudad Victoria, la capital del estado, para visitar a sus padres y hermanos.
"Pensaba volver a casa a por mi arma", dijo Avila, pero no lo hizo.
Desde el terminal de buses en Ciudad Victoria a la morgue del estado en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde fueron llevados los cuerpos, hay 320 kilómetros. El gobierno de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos no utilizar la carretera.
Algunos han empezado a volar a lo largo de la ruta, antes que aventurarse por la carretera. Las compañías de autobuses dejaron de usar la carretera durante dos semanas, prefiriendo un largo y serpenteante desvío hacia el oeste, hacia Monterrey, agregando cientos de kilómetros al viaje.
La Carretera 101 pasa por tierras agrícolas y ranchos con nombres de héroes de la revolución mexicana. Las lomas están cubiertas de bosques de algarrobo, creosota e higos chumbos, y la tierra parece sedienta debido a una persistente sequía que ha casado la muerte del ganado, que han llenado las zanjas a orillas de la carretera.
Es húmedo y la temperatura alcanza los 37 grados Celsius, lo que es bueno para los enormes campos de sorgo que se pierden en el horizonte. Muchos de los vendedores que se apostaban a lo largo de la ruta han desaparecido, abandonando sus puestos de tablilla donde vendían charqui, pomelo y asado a la parrilla. Los locales que quedan venden gasolina y cerveza. Durante años los texanos viajaban al sur por la Carretera 101 a pescar lubina en Lago Guerrero y cazar palomas, pero todo eso es cosa del pasado.

En Manos de Dios
Henry Dávila condujo desde Minnesota hasta Brownsville y esperó en la frontera por algunos amigos para formar una caravana. Conducía una mini furgoneta con artículos domésticos y jalando un coche pequeño que pensaba vender en Ciudad de Guatemala, su ciudad natal. Hace el viaje seis veces al año y nunca vio tan poco tráfico.
"Estamos en manos de Dios", dijo, y aceleró.
Algunos tramos cortos de la autopista están ahora llenos de soldados y agentes de policía. Patrullas de marines enmascarados con ametralladoras calibre 50 y lanzagranadas vigilan la carretera. Durante el viaje de cuatro horas, el viajero encuentra cinco puestos de control del gobierno, donde los conductores son interrogados y los vehículos revisados. Se divisan más de veinticinco patrulleras.
La seguridad tiene por fin calmar los nervios.
"Por supuesto, es sólo una percepción", dice Morelos Canseco Gómez, asistente del gobernador de Tamaulipas.
Canesco aplaudió el esfuerzo, pero pidió precaución. "No se trata de patrullar las calles. Se trata de reunir inteligencia e información. ¿Dónde se ocultan? ¿Cuándo volverán a golpear? ¿Dónde los detenemos? No los vamos a encontrar en la carretera", dijo.
10 de mayo de 2011
21 de abril de 2011
©washington post
cc traducción mQh

pueblos sin ley ni policía


La mafia logra erradicar a una fuerza policial.
[Randal C. Archibold] Guadalupe Distrito Bravos, México. Su tío, el alcalde que le dio el trabajo que nadie quería, le advirtió que mantuviera un perfil bajo para que no resaltara que era el último agente de policía en una ciudad donde el resto del cuerpo policial había renunciado o estaba muerto.
Pero en fotografías de diarios locales, Érika Gándara, 28, parecía disfrutar de su cargo, posando con un rifle semiautomático y hablando abiertamente sobre su nuevo trabajo.
"Soy la única policía de este pueblo, soy la autoridad", dijo a periodistas.
Entonces, dos días antes de Navidad, un grupo de hombres armados la sacó de su casa, dijeron vecinos, y desde entonces no la han vuelto a ver.
Fue un ominoso punto de puntuación en la ola de terror que ha convertido a este pequeño pueblo algodonero cerca de Texas en una aterrorizada avanzada de la guerra de las drogas. Casi la mitad de sus nueve mil habitantes han huido, según funcionarios de aquí, dejando atrás cuadra tras cuadra de casas y locales comerciales quemados y, ahora, sin ningún policía.
Lejos de infames y gigantescas ciudades como Ciudad Juárez, uno de los lugares más violentos de las Américas, la guerra contra el crimen organizado puede golpear a pequeños pueblos con el mismo rigor, aunque se note menos.
De acuerdo al gobierno y a informes de seguridad privados, los pueblos algodoneros al sur de Juárez están ubicados en territorio disputado por al menos dos importantes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, provocando una mortal lucha por el poder. Pero la ausencia de agentes de policía adiestrados profesionalmente, una prolongada crisis que el gobierno ha tratado de superar con una determinación apenas visible, permite a las organizaciones criminales hacer lo que quieran.
"Las pequeñas ciudades y pueblos han sufrido un fuerte impacto", dijo Daniel M. Sabet, profesor invitado de la Universidad Georgetown que estudia a la policía de México. "Ofrecen bastiones que el crimen organizado puede mantener y controlar".
Algunos pueblos se consideran tan vulnerables que han hecho lo imposible para no ganarse la hostilidad de los criminales. En la creencia de que el crimen organizado estaría menos inclinado a atacar a mujeres -y debido a que hay pocos hombres que quieran ocupar el cargo-, funcionarios locales nombraron el año pasado a un puñado de mujeres en los rangos superiores de la policía en pequeñas ciudades y pueblos aquí en Chihuahua, el estado más violento del país.
Después de un estallido de violencia en un pueblo vecino, Praxédis Guerrero, funcionarios locales eligieron en noviembre pasado a una estudiante de veinte años como jefe de la policía para que dirigiera un cuerpo de nueve mujeres y dos hombres, con la esperanza de que las redes criminales las consideraran menos amenazadoras.
Marisol Valles, la joven jefe de policía, ha dejado en claro que dejará los delitos graves para que sean investigados por las autoridades estatales y federales. Realmente, dijo, ella sólo se limita a revisar las faltas constatadas por otros agentes y rara vez sale de la oficina. "Soy más una administradora", dijo Valles, que no porta armas ni viste el uniforme.
Pero los criminales no han perdonado. Hermila García, la mujer nombrada jefe de policía de Meoqui, un pequeño pueblo en el centro de Chihuahua, fue asesinada el 30 de noviembre sólo un mes después de su nombramiento.
Guadalupe trató de mostrarse inofensiva nombrando a la señora Gándara jefe de policía en octubre. Pero parece que ella trató -al menos, eso fue lo que se rumoreó- de tomar el cargo más en serio, para pesar de su tío, el alcalde Tomás Archuleta. Tenía buenos motivos para aconsejarle que mantuviera un perfil bajo: él asumió el cargo después de que su predecesor fuera asesinado el verano pasado, en una ola de asesinatos de funcionarios locales a lo largo y ancho de México.
"Le dije a Érica: ‘Cuídate’, no hagas problemas", dijo Archuleta, abiertamente alarmado al ver su fotografía con un rifle. Como Valles, su cargo consiste sobre todo en enviar notificaciones, y deja los delitos graves a las autoridades del estado y federales.
Guadalupe tiene muchos delitos por investigar. Hay tantas casas y negocios abandonados -varios de ellos destruidos- como casas y negocios ocupados. Una mañana hace poco cuatro casas fueron reducidas a cenizas y dos personas fueron acribilladas con armas de gran potencia -las balas dejaron varios enormes hoyos en las paredes de cemento.
Aquí poca gente sale de su casa después de las cinco de la tarde, y ven a soldados o policías solamente, y por breve tiempo, cuando ha ocurrido algún delito importante o cuando custodian la entrega mensual de las pensiones de los jubilados.
"La mayor parte del tiempo estamos encerrados", dijo Eduardo Contreras, 26, mirando a los vecinos apagar el fuego y escarbar entre las brasas de sus casas en llamas.
Con la voz ahogada por las lágrimas, María Torres, 70, creció aquí, dice. "Es tan triste lo que está pasando aquí", llevando un letrero con el anuncio de una misa.
Archuleta, el alcalde, dijo que el pueblo está protegido por soldados estacionados en un centro de recreación en Praxédis Guerrero. Quizás, sugirió Archuleta, es mejor no tener agentes de policía. Dijo que los vecinos del pueblo le habían contado que los delitos comunes como robos en casas habían descendido debido al miedo de llamar la atención de las patrullas militares.
"No hay muchos delitos menores", dijo, casi susurrando.
Pero los vecinos del pueblo lo ponen en duda, quejándose de que los soldados o los agentes de las policías del estado y federal son rara vez divisados en el pueblo, excepto cuando ocurre algún delito violento de proporciones.
"No hay policía, no hay bomberos ni servicios sociales ni nada aquí", dijo la matriarca de edad mediana de una de las casas incendiadas, negándose a decirnos su nombre por temor a las represalias. "Aquí la gente hace lo que quiere. No se investiga nada, ni los asesinatos".
Poco después, una caravana de cuatro camiones llenos de agentes de la policía federal llegó desde otro pueblo, saltando a tierra desde sus vehículos, tomando notas y pidiéndole, a ella y otros parientes, que le dijeran algo. La familia se negó incluso a abrir la puerta, aparentemente por miedo a ser vistos hablando con ellos, y los agentes se marcharon. Los agentes parecen estar haciendo inventario, saltando de sitio del suceso a sitio del suceso y tomando notas, pero nada que se parezca a una investigación forense.
En el sitio de un doble homicidio en la mañana, un agente palpaba con una vara un charco de sangre y fluidos corporales en la entrada; otro recogió un pedazo de carne y se lo arrojó jugando a un compañero.
Gándara tampoco ha ido mucho más allá de eso. Los agentes de policía de pequeños pueblos usualmente desempeñan un rol más preventivo, interviniendo en riñas menores, controlando a los borrachos del pueblo y tranquilizando a los inquietos adolescentes, dijeron funcionarios del ayuntamiento. Muchos no portan armas.
Archuleta no dijo mucho más sobre su sobrina, la señora Gándara, mencionando una investigación de la fiscalía del estado, que no podía comentar. Pero observó que había recurrido a ella porque nadie quería el trabajo. Tenía experiencia como guardia de seguridad y no estaba implicada en ninguna actividad criminal, dijo.
"¿Quién sabe lo que hace la gente en su vida privada?", dijo, "pero no creo que ella estuviese implicada en algo".
6 de mayo de 2011
11 de enero de 2011
©new york times
cc traducción mQh

exterminio de una familia mexicana


La familia Reyes se ha convertido en un caso de estudio de la implacable violencia. Familiares sobrevivientes responsabilizan a funcionarios de gobierno por no proteger a una familia tan golpeada por la historia.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. Primero mataron a la activista Josefina Reyes. Luego a su hermano. Después quemaron la casa de su madre. Hace dos semanas y media, unos pistoleros vestidos de negro secuestraron a la hermana, a la cuñada y a otro hermano de Reyes.
El viernes hallaron sus cuerpos, acribillados y arrojados a la berma de un polvoriento camino en el estado de Chihuaha.
La familia Reyes se ha convertido en un caso de estudio de la implacable violencia que azota el norte de México.
Los familiares sobrevivientes acusaron el viernes a las autoridades de gobierno por su incapacidad para proteger a una familia "tan golpeada por la historia".
"Esto es parte de una creciente ola de acoso sistemático de la familia Reyes, por parte del estado" y de elementos criminales, dijo la familia en una declaración.
Carlos González, portavoz de la fiscalía del estado de Chihuahua, dijo que los cuerpos de María Magdalena Reyes, 45; Elías Reyes, 56; y su esposa, Luisa Ornelas, 54, fueron descubiertos con signos manuscritos, lo que sugiere que trabajaban para narcotraficantes -una acusación que la familia niega vehementemente.
Otros miembros de la familia Reyes dijeron que habían sido atacados porque están haciendo frente a una campaña de extraños -presumiblemente narcotraficantes- para desplazarlos a ellos y otras familias de sus casas en el Valle de Juárez en los alrededores de la ciudad de Guadalupe, al sur de Ciudad Juárez. La región es codiciada por organizaciones que transportan drogas hacia Estados Unidos, y Juárez se ha convertido en la ciudad más mortífera de México en el contexto de bandas de traficantes rivales que luchan por el control, pese a la reforzada presencia de la policía federal y de las fuerzas armadas.
"Hay intereses poderosos que quieren acallar a la familia Reyes", dijo en una entrevista Marisela, 39, hermana de Josefina, esta semana. Llegó a Ciudad de México y levantó una tienda para protestar frente al Senado para llamar la atención sobre la desaparición de sus parientes.
Como ocurre a menudo en México, la historia del martirio de la familia Reyes es compleja y no está escrita en blanco y negro.
Josefina Reyes se hizo activista después del secuestro y asesinato de su hijo en 2008. Acusó de su muerte abiertamente a las tropas que ocupan parte del Valle de Juárez. En la zona circularon persistentes informes de que su hijo trabajaba para uno de los carteles de la droga que se disputan el territorio en torno a Ciudad Juárez.
Reyes denunció ruidosamente presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En enero de 2010 un comando armado le disparó en la cabeza, convirtiéndola en una de los siete activistas de derechos humanos asesinados en México en tres años. No se han efectuado detenciones en el caso, y González, de la fiscalía del estado, reconoció el viernes que los investigadores no tienen pistas.
Siete meses después del asesinato de Josefina, fue asesinado su hermano Rubén, acribillado.
El 7 de febrero de este año, una media docena de pistoleros jalaron a Elías y María Magdalena Reyes fuera de su camión a unos veinticuatro kilómetros de Ciudad Juárez, en la tarde temprano, dijeron testigos.
La madre de Josefina Reyes, Sara Salazar, estaba protestando frente a las oficinas de gobierno en Juárez el 15 de febrero cuando un grupo armado incendió su casa.
Bajo presión de la familia, esta semana las autoridades utilizaron perros y equipos de búsqueda para buscar a los familiares desaparecidos. Al final, sin embargo, un transeúnte divisó los cuerpos e informó a las autoridades.
Jorge González Nicolás, fiscal del estado, dijo en una rueda de prensa que parecía que las víctimas había muerto hacía varios días y que el polvo en los cuerpos indicaba que habían sido probablemente enterrados y luego desenterrados para ser arrojados a la berma del camino.
"Es importante dejar en claro que fueron aparentemente dejados allí en el camino momentos antes de que fueran descubiertos... posiblemente para bajar la presión" de los equipos de búsqueda, dijo.
Gustavo de la Rosa, un veterano activista de derechos humanos que ha estado interviniendo como intermediario entre las autoridades y la familia, se hizo eco de Amnistía Internacional y otras organizaciones en condenar los asesinatos y exigir protección para los miembros sobrevivientes de la familia Reyes.
"Esta es una agresión contra defensores de los derechos humanos, porque de eso se trata con esta familia", dijo De la Rosa.
Pidió a las tropas desplegadas en la zona que entreguen información sobre las actividades criminales en el Valle de Juárez. "Son fuerzas militares que han estado aquí seis o siete meses, y deben saber algo", dijo.
[Cecilia Sánchez contribuyó a este informe.]
3 de mayo de 2011
26 de febrero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

hallan fosa con 69 cadáveres


Amnistía Internacional solicita a México investigar una fosa común con 59 cadáveres. Los cuerpos se encontraron enterrados en una fosa en Tamaulipas, al norte de México, un estado en el que suelen operar grupos dedicados al tráfico de drogas y que es parte del camino que siguen muchos inmigrantes para cruzar la frontera.
México. Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades mexicanas iniciar una investigación "completa y efectiva" sobre la fosa común con 59 cadáveres hallada este miércoles en una de las rutas utilizadas habitualmente por los inmigrantes para llegar a Estados Unidos.
Los cuerpos se encontraron enterrados en una fosa en Tamaulipas, al norte de México, un estado en el que suelen operar grupos dedicados al tráfico de drogas y que es parte del camino que siguen muchos inmigrantes para cruzar la frontera.
"La fosa común demuestra otra vez que el Gobierno de México está fallando al enfrentarse a la crisis de seguridad pública que vive el país y en la reducción de la violencia criminal que ha dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad frente a los ataques, secuestros y asesinatos", afirmó el investigador de AI en México Rupert Knox en un comunicado.
Según Knox, "en demasiadas ocasiones, crímenes contra los derechos humanos como éstos han quedado impunes, dejando a las bandas criminales y los funcionarios que colaboraron con ellas libres para poder atacar a grupos vulnerables, como son los inmigrantes irregulares".
"El gobierno mexicano debe tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de esta última masacre y llevar a los responsables ante la justicia", afirmó el investigador de la organización defensora de los derechos humanos.
"Además, resulta vital que las acciones que inicien las autoridades sean estrictamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos. Ése es el único camino para proteger de forma efectiva a la población y asegurar la justicia en el país", añadió.
La organización recordó así mismo que en agosto de 2010 ya fueron encontrados los cuerpos de 72 inmigrantes irregulares en el mismo municipio de San Fernando.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©semana

desapariciones forzadas en méxico


México debe investigar desapariciones forzadas en Ciudad Juárez. Acusaciones que señalan a policías y denuncias de tortura contra el jefe de la institución.
Washington, DC, Estados Unidos / México. Las autoridades federales de México deben asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal, señaló hoy Human Rights Watch.
A su vez, las autoridades de Baja California deberían asegurar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, actual jefe de policía de Ciudad Juárez, afirmó Human Rights Watch. Estas violaciones de derechos humanos habrían sido cometidas por Leyzaola en 2009 y 2010, cuando se desempañaba como jefe de policía de Tijuana.
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuatro civiles -Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22- fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados.
"Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación".
Los familiares de las víctimas encontraron la camioneta pick-up abandonada el 27 de marzo, a la 1 a.m., en un túnel a varias millas de distancia del lugar donde habían sido detenidas. La matrícula del vehículo había sido quitada y las llaves se encontraban en el piso, dentro de la camioneta.
El 27 de marzo, Rosa María y Armida Vázquez -madre y hermana, respectivamente, de dos de los hombres desaparecidos- acudieron a distintas delegaciones de la policía municipal, la policía federal y ante agentes del ministerio público estatal y federal para averiguar si los hombres se encontraban bajo su custodia. Todos negaron que estos civiles se encontraran allí detenidos. Cuando Armida Vázquez se presentó ante el ministerio público del estado para presentar una denuncia por su desaparición, se le informó que debía regresar al día siguiente, según el testimonio ofrecido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Regresó el 28 de marzo para presentar la denuncia, a la cual se asignó el número de caso 8/77/11.
Los testigos proporcionaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos los números de las unidades de policías que habrían detenido a estos civiles. Esta información luego fue transmitida por la Comisión a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Según la Comisión, dos de las unidades supuestamente involucradas pertenecen a escoltas de Leyzaola, director de la policía municipal de Ciudad Juárez, quien ha sido acusado de participar en abusos en Tijuana documentados por Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En declaraciones públicas, la Fiscalía General del Estado informó que está investigando el caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía. A su vez, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, señaló que ordenó al departamento de asuntos internos del ayuntamiento que investigara el caso. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a Human Rights Watch que los investigadores del estado no habían adoptado medidas enérgicas para recabar pruebas y aún no habían interrogado a todos los policías de las unidades mencionadas.
El departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero.
En marzo de 2011, durante una visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, Human Rights Watch y otras organizaciones presentaron otros casos de desapariciones forzadas. Entre las observaciones preliminares realizadas el 31 de marzo, este Grupo señaló que "la impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular, permanece como el reto principal en México tanto a nivel federal como a nivel local". El Grupo informó que "han existido determinados problemas en relación con las investigaciones de desapariciones forzadas, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia", e instó al gobierno mexicano a solucionar estos problemas.

Antecedentes de Julián Leyzaola
Human Rights Watch documentó graves abusos que habrían sido cometidos por el jefe de policía de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, mientras estuvo al frente de la policía de Tijuana, Baja California, como se señaló en la carta enviada al Presidente Felipe Calderón en septiembre de 2010. Según varias víctimas entrevistadas por Human Rights Watch, Leyzaola habría tenido participación directa en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas.
En un informe difundido en agosto de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California llegó a una conclusión similar y determinó que cinco personas habían sido detenidas en forma arbitraria por policías que dependían de Leyzaola, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron e inventaron pruebas falsas en su contra. El informe señala que Leyzaola no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes.
Jorge Ramos, ex alcalde de Tijuana, rechazó las recomendaciones de la Comisión. Pese a estas denuncias debidamente documentadas, en diciembre de 2010 el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, ascendió a Leyzaola al cargo de Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adoptó la recomendación de la comisión estatal y la remitió al Congreso del Estado de Baja California y al nuevo alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, en noviembre de 2010. Ambos aceptaron la recomendación en diciembre. Según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Human Rights Watch, las autoridades de Baja California aún están recabando pruebas sobre las denuncias de tortura contra Leyzaola presentadas inicialmente ante las autoridades estatales en 2009.
Leyzaola renunció a su cargo como titular de seguridad pública en Baja California en febrero de 2011. En marzo, fue designado jefe de policía de Ciudad Juárez por el alcalde Murguía Lardizábal. "Estamos aportando a una persona que tiene la experiencia, que tiene la honestidad, que tiene la capacidad de aportar lo mejor de sí para que se combata la inseguridad en Juárez", declaró el alcalde durante el nombramiento de Leyzaola. Agregó además que Leyzaola era "un hombre que ha dado resultados".
Las acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general, señaló Human Rights Watch.
"Es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura", expresó Vivanco. "Transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos".
5 de abril de 2011
4 de abril de 2011
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cidh condena a méxico


Tribunal internacional condena al ejército mexicano. El país ha sido golpeado por otra condena internacional por violación a los derechos humanos contra su ejército.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. En un fallo largamente esperado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió contra México y a favor de dos campesinos ecologistas que han denunciado que fueron detenidos ilegalmente y torturados por soldados mexicanos que actuaron por instigación de poderosas compañías madereras.
Es el tercer caso semejante contra México este año y fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos, que llamaron al gobierno a dejar en manos de la justicia civil los abusos cometidos por los militares.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son dos activistas que trabajaban para proteger las selvas en las montañas del estado de Guerrero en el sur de México, contra la tala ilegal de los barones de la tierra locales. Montaron violentas manifestaciones y bloquearon los caminos. El ejército los detuvo en 1999 en un allanamiento durante el cual murió un tercer miembro del movimiento campesino. Los hombres dijeron que fueron mantenidos incomunicados y golpeados en las piernas, torsos y testículos hasta que firmaron confesiones falsas.
"Nos amenazaron. Dijeron que tenían a nuestras familias y que les harían daño", dijo en agosto Montiel al Times.
Aunque la comisión mexicana de derechos humanos determinó que los hombres fueron torturados, un fiscal militar rechazó las acusaciones. Los campesinos fueron condenados por lo que describieron como posesión de armas y cargos por drogas. Fueron liberados dos años después en medio de la presión internacional, pero no fueron indultados. (Montiel recibió asilo político en Estados Unidos y vive en California.)
En una resolución de 34 páginas subida el lunes a su página web, la corte dice que el gobierno mexicano violó "los derechos" de Montiel y Cabrera, "a la libertad e integridad personal" así como a un debido proceso y protección judicial. Ordenó a México a investigar adecuadamente las acusaciones de tortura y pagar indemnizaciones a Montiel y Cabrera. Además, dice que la justicia militar que llevaba el caso, no era la instancia indicada.
"El procesamiento de los responsables [de violaciones a los derechos humanos] corresponde siempre a la justicia ordinaria [civil], y no solamente para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino para toda violación a los derechos humanos", declaró la corte.
Las resoluciones de la corte, que sita en San José, Costa Rica, y es un brazo de la Organización de Estados Americanos, son vinculantes. El gobierno mexicano ha declarado que acatará el fallo.
En los últimos cuatro años las acusaciones contra las fuerzas armadas por graves violaciones a los derechos humanos -desde robos y detenciones ilegales hasta violaciones y asesinatos- se han disparado a medida que el ejército se ha incorporado a la lucha contra los poderosos carteles de la droga. Tres de los cuatro casos de derechos humanos perdidos por México recientemente, incluyendo el de Montiel-Cabrera, involucran abusos cometidos por uniformados, pero son todos anteriores a la guerra de las drogas, lo que según dicen los activistas muestran una prolongada historia de impunidad.
El problema más grave, dicen los activistas, es que los abusos militares son investigados por un tribunal militar, que por lo general absuelve a los acusados y está permanentemente acosado por dudas sobre su credibilidad. Aunque el presidente Felipe Calderón ha decidido trasladar algunos casos a tribunales civiles, la reforma es demasiado restringida como para ser efectiva, dicen las organizaciones de derechos humanos.
El caso de los ecologistas "deja al descubierto todas las razones por las que las fuerzas armadas no deberían investigar a sus propios soldados por abusos de derechos humanos", dijo en una declaración el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, de Nueva York, José Miguel Vivanco: la "manipulación de evidencias, el uso de la tortura por los militares para obtener confesiones, e investigaciones completamente inadecuadas de graves violaciones".
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez de Ciudad de México, que representan a Montiel y Cabrera, llamaron al gobierno mexicano a "acatar cabalmente" la resolución, diciendo que la acción "es indispensable como una prueba irrefutable del compromiso del estado mexicano con los derechos humanos".
1 de febrero de 2011
22 de diciembre de 2010
©los angeles times
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samuel ruiz, obispo de los pobres


Falleció quien fuera un actor clave en las negociaciones entre los zapatistas y el gobierno de México. Su intervención en el conflicto evitó un genocidio.
[Gerardo Albarrán de Alba] Ciudad de México. Como obispo de la diócesis de Chiapas saltó a la fama mundial en 1991 tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su intervención impidió una masacre que habría lindado el genocidio.
"Yo vine para evangelizar a los indios, pero terminé evangelizado por ellos", contó alguna vez Samuel Ruiz García, a quienes las comunidades lo llamaban "el obispo de los pobres y de los pueblos originarios". Ayer murió y muchos lloran la ausencia de quien daba voz a los sin voz.
Tatik Samuel –como lo llamaban en las comunidades indígenas– habría sido objeto hoy de una celebración preparada desde hace meses en San Cristóbal de las Casas, al cumplirse 51 años de haber tomado posesión como obispo de la diócesis de Chiapas, de la que se retiró en noviembre de 1999, cuando cumplió 75 años. En lugar de ello, sus restos son velados desde anoche en la catedral de San Cristóbal, donde será sepultado mañana.
Inmerso en los debates teológicos y canónicos del Concilio Vaticano II y los subsecuentes concilios de Medellín, Puebla y Santo Domingo, Samuel Ruiz fue partícipe y promotor de la Teología de la Liberación y de la opción preferencial junto a los pobres que impuso en su diócesis desde 1975, en una época en la que primaban los golpes de Estado y las dictaduras militares en Latinoamérica. Pero fue a partir de su adhesión a la corriente de la antropología cultural que llegó al que sería el axioma de su pastoral: "la dualidad opresión-libertad y la propuesta de un propio ser cultural, culminando con la iglesia autóctona" que provocaba reacciones encontradas dentro y fuera de la Iglesia Católica, según el historiador mexicano Jean Meyer, quien alguna vez lo comparó con los obispos Helder Camara, de Brasil, y Arnulfo Romero, de El Salvador, "arraigados en la tradición y flexibles en la acción", que reaccionaron "de manera complicada a situaciones complicadas".
Pero no era marxista, como le achacaban sus detractores, ni de lejos. Católico tradicional y ortodoxo, Samuel Ruiz llegó a Chiapas en 1959 como obispo de la diócesis de San Cristóbal, apenas 12 años después de haber sido ordenado sacerdote al término de sus estudios de teología en la Universidad Gregoriana de Roma. La realidad lo abofeteó: algunas regiones de Chiapas vivían con estructuras sociales tan atrasadas que semejaban al Medioevo, y su alma quedó atribulada por el trato de los indios esclavos que se compraban y vendían como hatos de ovejas. Samuel Ruiz sustituyó a un Estado ausente y se convirtió en defensor de los pobres y procurador de los indios, promovió el respeto a la mujer y al niño, la toma de conciencia de los actores sociales y la "revolución de las expectativas crecientes". En 1988 fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, uno de los más importantes y reconocidos en el país hasta la fecha.
Figura central en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y en Roma, saltó a la fama mundial en 1991 tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su intervención impidió una masacre que habría lindado el genocidio, y se convirtió en un actor fundamental en las negociaciones de paz entre el EZLN y el gobierno mexicano al que le había declarado la guerra, aunque el propio Jean Meyer documentó la condena del Tatik Samuel a la lucha armada y su distanciamiento del mítico Subcomandante Marcos, que nunca hizo públicas. Pese a ello, en mayo de 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo acusó al obispo de encabezar la "pastoral de la división" y la "teología de la violencia", debido a que el Tatik dedicó su vida a formar comunidades eclesiásticas de base en cada una de las poblaciones indígenas de Chiapas.
El papel conciliador de Samuel Ruiz propició que desde hace un par de años formara parte de una comisión de mediación entre otra guerrilla mexicana, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y el gobierno federal. En esta misma comisión participaba también el escritor Carlos Montemayor, fallecido el año pasado.
Samuel Ruiz vivía desde hace varios años en Querétaro, 200 kilómetros al norte de la capital del país, aunque realizaba visitas esporádicas a la diócesis de la que fue nombrado obispo emérito. La distancia que mantuvo obedecía a su intención de no obstruir la labor de su sucesor, pero sus 40 años de labor en ese estado del sureste mexicano dejó una impronta que el nuevo obispo Felipe Arizmendi no pudo alterar, particularmente lo que el propio Tatik llamaba "la autonomía participativa" de clero y laicos, a riesgo de provocar "una verdadera sangría", como advirtió en su momento el historiador Jean Meyer.
Como obispo de la diócesis de Chiapas, Samuel Ruiz desarrolló una intensa acción a través del Comité de Solidaridad con los pueblos de América latina, iniciando viajes a diversos países, con grupos, y movimientos sociales cristianos y no cristianos. Una de sus intervenciones más conocidas fue en favor de los miles de guatemaltecos que huyeron hacia México a fines de los ’90 y principios de los ’80 para evitar ser masacrados por el ejército de aquel país y sus escuadrones de la muerte, conocidos como kaibiles.
Su activismo venía de antiguo. En agosto de 1976, apenas unos días después del asesinato del obispo de la Rioja, monseñor Enrique Angelelli, por la dictadura militar argentina, participa en el Encuentro de Obispos Latinoamericanos celebrado en Riobamba, Ecuador, y es detenido por la dictadura militar de ese país junto con otros 20 obispos, sacerdotes, teólogos y asesores, entre quienes se encontraba Adolfo Pérez Esquivel. Veinticinco años después de ese episodio, el hoy Nobel de la Paz argentino presentó la candidatura del obispo mexicano al mismo premio.
El 16 de septiembre de 2001, en coincidencia con un aniversario de la independencia de México, Pérez Esquivel ofreció un discurso laudatorio sobre Samuel Ruiz en el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, que le otorgó ese año su Premio Internacional de Derechos Humanos, uno de los tantos que recibió el obispo emérito de Chiapas.
Pérez Esquivel dijo entonces que Samuel Ruiz era una de las "voces proféticas que anuncian y denuncian la situación de violencia e injusticias que vive la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Son las voces de los desposeídos, los sin voz que van recuperando su protagonismo histórico, el sentido de vida, de dignidad y esperanza en que es posible construir un mundo más justo y humano para todos".
1 de febrero de 2011
25 de enero de 2010
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