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opinión

obama y el asesinato político


Obama ha asumido una posición "profundamente inquietante" sobre el asesinato político.
[David Edwards] La revelación de secretos a menudo no tiene nada que ver con el derecho del público a saber y tiene mucho que ver con la necesidad de contar la verdad de un funcionario, de acuerdo al subdirector de la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU), Jameel Jaffer.
Y eso especialmente verdad cuando se trata de los asesinatos, que tradicionalmente no han sido un componente reconocido abiertamente de la política exterior de Estados Unidos -aunque la Unión de Libertades Civiles está advirtiendo que el gobierno de Obama está cambiando esa situación.
En una entrevista exclusiva con Raw Story, Jaffer, un abogado clave para la organización cívica, llegó inclusive a advertir que el demócrata en el Ejecutivo ha adoptado una posición sobre el asesinato unilateral tan extremista que es "profundamente inquietante" en cuanto a su alcance jurídico y potencial para usos futuros.
"Los funcionarios de Estados Unidos atentan contra nuestra democracia al privar de información a los tribunales, y revelarla al público sólo cuando conviene a sus intereses", escribió Jaffer en un artículo de opinión en Los Angeles Times del miércoles.
Por ejemplo, el programa de ‘asesinatos selectivos’ de la CIA ha estado envuelto en secretos durante años, aunque una entrevista reciente de Newsweek con el ex abogado de la CIA, John Rizzo, arrojó luz sobre esa política.
La ‘lista negra’ que Rizzo dijo que había aprobado durante su tiempo en la agencia, contiene cerca de treinta civiles o ‘combatientes ilegales’ que deben ser localizados y ejecutados.
En 2010, la ACLU demandó al gobierno de Obama después de que se filtrara que Anwar al-Awlaki, ciudadano estadounidense, estaba en la ‘lista negra’ del gobierno.
"El Predator es el arma más indicada, pero también podría ser que alguien te pegue un balazo en la cabeza", dijo Rizzo a la revista.
"El gobierno se aparta de manera radical de la práctica histórica", dijo Jaffer a Raw Story. "El gobierno ha asumido la posición de que tiene la autoridad -no solamente en zonas de guerra tradicionales, como Afganistán, sino en lugares alejadísimos de zonas guerras, como Somalia o Yemen- para emplear fuerza letal contra cualquiera sobre el que el gobierno concluya que es un enemigo de Estados Unidos".
"Para nosotros, esa es una declaración profundamente inquietante. La realidad es que muchos estadounidenses confían este poder al gobierno. Incluso si se justificara dotar al gobierno con este poder -y no estoy seguro de que sea posible-, pero incluso si fuera justificable, tienes que tomar en cuenta lo que hará el próximo gobierno con este poder. No se necesita demasiada imaginación para imaginar una situación en que un poder como este podría ser mal usado", dijo.
El año pasado, la ACLU escribió una carta al presidente Barack Obama instándole a rechazar el asesinato selectivo de estadounidenses fuera de zonas de conflicto.
"Creemos que el gobierno debería por lo menos contar más sobre el programa, más sobre el alcance del programa, las atribuciones de la autoridad que reclama y las circunstancias en que cree que puede recurrir a la fuerza letal", prosiguió Jaffer.
Explicó que era difícil enfadarse con Rizzo, pero el público merece oír la verdad a través de canales oficiales.
"Permitir que los funcionarios de gobierno eviten los canales oficiales de información y favorezcan los canales no oficiales, tiene consecuencias reales", dijo Jaffer. "No se trata solamente de que los funcionarios puedan controlar lo que entregan al público, y cuándo, y en qué contextos. También pueden controlar las causas judiciales que pueden ser vistas, porque los tribunales no pueden adjudicar causas a políticas de gobierno si no saben cuáles son esas políticas. Cuando el Ejecutivo priva a los tribunales de información, también los está privando de autoridad".
El director de la ACLU dijo también que esas eran las consecuencias directas que sufrían los estadounidenses cuando el gobierno abusa del secretismo.
"A los estadounidenses se les niega la oportunidad de participar en el debate sobre la estrategia antiterrorista. Si nos sabemos cuáles son esas estrategias del gobierno, no podemos ni criticarlas ni rechazarlas".
10 de abril de 2011
7 de abril de 2011
©Raw Story
cc traducción mQh

no veo, no oigo, no hablo


"¿Cómo explicarles a los jóvenes que la Justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas?"
[Jorge Majfud] El comandante en jefe del Ejército del Uruguay, teniente coronel Jorge Rosales, dijo que "hay nerviosismo entre los militares retirados por la posible anulación de la Ley de Caducidad". Esta ley, aprobada más de veinte años atrás, protege a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Uruguay (1973-1984). No explican por qué se autoimplican de una forma tan explícita en la violación de los derechos humanos.
¿Por qué habría yo de estar nervioso porque se juzguen las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los arquitectos o los profesores de literatura en mi país o alrededor del mundo? El problema no es que hayan sido profesores, obreros o militares durante la dictadura sino, simplemente, que hayan violado los derechos humanos de un solo individuo.
Dentro de esta misma confusión, el general Jorge Rosales afirma que existe una "predisposición del consciente colectivo" hacia las Fuerzas Armadas. Eso hay forma de solucionarlo. Pero mientras no se sepa quiénes cometieron crímenes y nunca lo pagaron con un solo día de cárcel, y ni siquiera han tenido el detalle de reconocerlo o ayudar un poco en la búsqueda de los desaparecidos antes de pedir perdón, entonces la población podrá desconfiar de cualquiera de los militares retirados. Los militares más jóvenes sólo pueden ser acusados de apoyar la perpetuación del silencio y la impunidad, pero hasta ahora nadie los ha acusado de ser responsables de los delitos que se cometieron en el pasado. Ni siquiera se acusa a la institución.
Es decir, que la queja parte de un malentendido que los mismos militares de hoy alimentan, no solo con su silencio sino ahora también con declaraciones muy reveladoras de este tipo.
¿Por qué se insiste en enseñarnos que la paz se puede alcanzar olvidando y perdonando a quienes nunca han sido juzgados y nunca se han arrepentido de nada?
¿O es que en el fondo estamos de acuerdo en que a veces, en determinadas circunstancias, es lícito secuestrar, torturar, asesinar para evitar que otros lo hagan primero pero de forma no profesional?
¿No ha sido acaso ese mismo método (el olvido sistemático, por ley, por referéndum o por decreto) el que se ha aplicado desde el fin de la dictadura y todavía no han logrado calmar la necesidad de justicia de los familiares de las víctimas?
¿Es que acaso las víctimas deben agradecer "cierto grado" de justicia? ¿Debemos acusarlos de revoltosos o de insaciables porque piden toda la justicia o la misma justicia que tienen otros ciudadanos pertenecientes a otros estamentos sociales?
Porque cuando la ley no es igual para todos, estamos en una sociedad estamental, como en la Edad Media, donde a cada clase social se le aplicaban leyes diferentes; como en las actuales relaciones internacionales donde los más fuertes siempre tienen la Justicia de su lado.
¿Cómo explicarles a los jóvenes que la Justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas? ¿Cómo explicarles a los más viejos que la paz de los cementerios ha sido honrada con la paz de la injusticia?
[El autor es un escritor uruguayo.]
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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tribulaciones libias


¿Y qué harán la Casa Blanca y la OTAN si, como parece posible, el dictador aplasta la rebelión?
[Juan Gelman] La oposición a Khadafi está pasando malos momentos pese a los bombardeos. Por su parte, la Casa Blanca y la OTAN no están libres de preocupaciones: se ha descubierto que en las filas rebeldes hay elementos de Al Qaida. Así lo admitió el almirante James Stavridis, jefe de las operaciones conjuntas en Libia, aunque subrayó que "la conducción está integrada por gente responsable" (29-2-11). Se refería, sin duda, al primer ministro del Consejo Libio de Transición, Mahmoud Jibril, ex mano derecha del dictador y ex director de la Junta Nacional de Desarrollo Económico desde 2007, que impulsó la inversión extranjera –en particular de capitales estadounidenses y británicos– y las privatizaciones en el país africano. Parece que hace apenas unas semanas descubrió que Khadafi es un tirano de la peor especie.
Jibril, doctorado en la Universidad de Pittsburgh, resulta desde luego muy confiable para los intereses petroleros foráneos. No es el único: Ali Tahroumi, ministro de Finanzas del gobierno provisional y encargado de los asuntos relativos al oro negro, volvió a Libia hace un mes tras 35 años de exilio procedente de EE.UU., donde ocupaba una cátedra de la Universidad de Washington. Hay más gente responsable.
Galifa Hifter, ex coronel del ejército, fue designado jefe militar de los rebeldes. Regresó de EE.UU. después de 20 años de ausencia; encabeza el llamado Ejército Libio Nacional, un grupo opositor con asiento en Virginia, y se sospecha que es un "agente dormido" de la CIA (26-3-11). Los tres son apenas algunas piezas de la oposición, un mosaico variopinto que no mucho tiene que ver con los centenares de miles de libios que empezaron a salir a la calle a mediados de febrero, hartos ya del déspota.
Trascendió que el Departamento de Estado enviaría a Benghazi a Chris Stevens, ex número 2 de la embajada estadounidense en Trípoli, a fin de "trabajar con los opositores, hacerse una mejor idea de sus necesidades, evaluar cómo los podemos ayudar y completar la imagen que de ellos tenemos y llenar así las lagunas de lo que sobre ellos sabemos" (EFE, 30-3-11). En realidad, las lagunas son pocas.
"El grupo principal que dirige la insurrección es la Conferencia Nacional de la Oposición Libia (NFSL, por sus siglas en inglés). Lidera la lucha y es una milicia armada auspiciada por EE.UU. que integran sobre todo expatriados y tribus opuestas a Khadafi" (17-3-11). Otro enemigo del dictador: el Grupo Combatiente Libio-Islámico (LIFG, por sus siglas en inglés), fundado en 1995 por mujaidines que lucharon contra la ex URSS en Afganistán, se dedica desde entonces a derrocar a Khadafi, pero algunos se han unido a Al Qaida "para lanzar la Jihad contra los intereses libios y occidentales en todo el mundo". En febrero de 2004, el entonces director de la CIA George Tenet testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado y señaló que "una de las amenazas más inmediatas (a la seguridad de EE.UU.) proviene de pequeños grupos internacionales de extremistas sunnitas vinculados con Al Qaida. Incluyen al LIFG" (18-1-05).
El LIFG merece ciertamente atención. Combate a Khadafi porque lo considera al frente de "un régimen apóstata que ha blasfemado contra el Señor Todopoderoso". Su acción más notoria fue el intento fallido de asesinarlo en febrero de 1996, en el que murió gente de los dos bandos. No se pudo confirmar que el MI15 financiara el ataque, como denunció David Shayler, ex agente de ese Servicio de Inteligencia británico: en cambio, un estudio publicado en el Terrorism Monitor, de la Jamestown Foundation, revela que "el LIFG recibió hasta 50.000 dólares del terrorista saudita (Bin Laden) por cada uno de sus militantes caídos" (5-5-05).
El presidente de Chad, Idriss Deby Itno, "manifestó que Al Qaida ha saqueado arsenales militares y comprado armas en la zona libia rebelde, incluso misiles tierra-aire, que después contrabandeó a sus santuarios" (25-3-11). Resulta que EE.UU., Gran Bretaña y Francia son ahora camaradas de armas del LIFG, "el elemento más radical de la red de Al Qaida. La secretaria de Estado Hillary Clinton admitió los riesgos de esta alianza non sancta en una audiencia parlamentaria: señaló que la oposición libia es probablemente más antiestadounidense que Khadafi" (20-3-11).

¿Entonces?
Tal vez lo haya explicado inadvertidamente Denis McDonough, vicedirector de Seguridad Nacional del presidente Obama: en una conferencia de prensa que se realizó el lunes pasado, declaró que "la Casa Blanca no toma decisiones sobre asuntos como una intervención basada en precedentes. Las tomamos basados en cómo podemos promover mejor nuestros intereses en la región" (28-3-11). ¿Esto significa que los bombardeos aliados sólo empezaron cuando los rebeldes llegaron a controlar vastos territorios de Libia y a ocupar ciudades y puertos petroleros clave, y se aprestaban a apoderarse de la cuenca del Buraiqa, repleta de oro negro? ¿Aunque Al Qaida estuviera metida en el frente opositor? ¿Y qué harán la Casa Blanca y la OTAN si, como parece posible, el dictador aplasta la rebelión? ¿Invadir? ¿Negociar? ¿Dejar a Khadafi en su puesto?
3 de abril de 2011
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cuentas macabras


La Fiscalía está investigando 27.300 –veintisiete mil trescientos– casos de desaparición forzada. Son más que los que se cometieron en Argentina y Chile durante los años de plomo de las dictaduras militares.
[Antonio Caballero] Con los tres de la última semana -uno en Turbo, otro en San Onofre, otro en San José de Apartadó- ya son cincuenta los líderes campesinos involucrados en la lucha por la recuperación de las tierras expoliadas que han sido asesinados en los últimos tres años.
 Christian Salazar, delegado de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, daba en estos días una información escalofriante, pero que por lo visto no le produjo escalofríos a casi nadie: la Fiscalía está investigando 27.300 -veintisiete mil trescientos- casos de desaparición forzada. Son más que los que se cometieron en Argentina y Chile durante los años de plomo de las dictaduras militares. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz publica otra cifra, todavía más espeluznante: en cuatro años, de junio de 2006 a diciembre de 2010, los paramilitares en teoría "desmovilizados" y sus sucesores de las púdicamente llamadas "bandas criminales" (neoparamilitares en colaboración con elementos de la fuerza pública) han cometido 173.183 homicidios y 34.467 desapariciones forzadas. El columnista Alfredo Molano hace en El Espectador una cuenta macabra: si todos esos muertos hubieran sido fusilados en hilera, la fila de cadáveres tendría ciento setenta y tres kilómetros de largo.
Todo esto se publica en los periódicos, y se comenta. Pero la justicia no avanza mucho. Hay casos comprobados de desaparición forzada seguida de asesinato que están empantanados a fuerza de argucias jurídicas desde 1987: desde hace treinta y cuatro años. Es el de Nydia Érika Bautista, citado en estos días en El Tiempo por el abogado Gustavo Gallón. Argucias jurídicas que serían cómicas si no fueran cínicas: por ejemplo, la de alegar que cuando sucedieron los hechos -por los cuales fue destituido el general Álvaro Velandia, en ese entonces comandante de la siniestra Brigada XX de Inteligencia del Ejército- la desaparición forzada no estaba tipificada como falta disciplinaria. Y entre tantos, testigos de los hechos, y la familia de la víctima, y el procurador delegado para los Derechos Humanos, Hernando Valencia Villa, que destituyó al general, han tenido que buscar refugio en el exilio para que no los maten también a ellos.
Porque aquí todo asesinato genera dos o tres más. Aquí se mata también a las familias, y a los testigos, y a los jueces. Hace tres días fue asesinada la juez que investigaba el caso de los niños violados y asesinados por militares -hay un soldado preso- en Arauca.
Tienen razón los nostálgicos del pasado gobierno que denuncian que hay inseguridad. La hay, sin duda. Pero es bueno mirar para quién.
Porque, como decía, la justicia no avanza mucho. Y a veces retrocede, como en el caso de la juez asesinada. Mencioné el ejemplo empantanado de la desaparecida Nydia Érika Bautista, y no se trata de una excepción. Igualmente empantanado sigue el juicio emprendido contra militares de alto rango por un hecho aún más antiguo, como fue la desaparición de los detenidos en la contratoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Todo se empantana y se pierde en una marea de olvido y de indiferencia. Y no pasa nada.
O más bien, al contrario, por eso pasa lo que pasa. Por eso sigue pasando lo que sigue pasando. Porque hay quienes piensan que ese olvido, y tal vez esa indiferencia, son condiciones necesarias para la reconciliación nacional. Para el "desarme de los espíritus" tantas veces mentado en nuestros últimos decenios de historia de sangre. Pero esos mismos decenios de sangre demuestran lo contrario: es el olvido de la sangre lo que hace que siga corriendo.
Por lo cual lo más probable es que tengamos que seguir haciendo cuentas macabras.
29 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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la organización de base


Durante la dictadura la clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas del período, sino que además vio drásticamente reducida su posibilidad de organización y lucha.
[Victoria Basualdo*] Argentina. El golpe militar del que acaban de cumplirse 35 años constituyó un punto de inflexión en la historia argentina en una gran cantidad de aspectos. Una dimensión relativamente poco reconocida pero de gran impacto fue la organización sindical en el lugar de trabajo, que tenía en los años ’70 una larga tradición en la Argentina. La representación obrera en los establecimientos laborales, que se plasmó en las figuras de los delegados, los cuerpos de delegados y las comisiones internas y se expandió y consolidó durante los dos primeros gobiernos peronistas, cobró gran importancia para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, establecer vinculaciones entre las bases y la dirección centralizada de los sindicatos industriales de base nacional, y fortalecer la posición de los trabajadores frente a las patronales.
Al mismo tiempo, estos órganos estuvieron atravesados por fuertes tensiones que tenían que ver no sólo con la dinámica de representación en sí misma, sino también con la cambiante relación con las patronales, con los distintos gobiernos y con el Estado, así como con las contradicciones dentro de la propia clase trabajadora respecto de su propia identidad, su relación con el capital y las funciones de sus representantes. Aun en esta historia de fuertes transformaciones y tensiones, la dictadura consiguió, a partir de la aplicación de políticas represivas, económicas y laborales, imponer cambios de gran profundidad.
La instauración del terrorismo de estado, la desaparición de personas como método privilegiado además del encarcelamiento, el asesinato y otras formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social, son sin dudas las características más visibles del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976. Es importante recordar, en este contexto, que esta política represiva tuvo como uno de los blancos privilegiados a sectores importantes de la clase trabajadora, especialmente a los sectores combativos y a los representantes y activistas de base, y que aunque estuvo desarrollada por las fuerzas armadas, contó con el apoyo y la colaboración de importantes sectores del capital concentrado, que proveyeron financiamiento, infraestructura e información clave para la persecución de los trabajadores y sus representantes.
Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que promovió cambios estructurales que marcaron un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de desarrollo de la industrialización sustitutiva desde la década del 30. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se llevó a cabo un proceso represivo de inédita magnitud en 1975, a ser ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981. La política económica implementada en estos años promovió una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo asociado a la valorización financiera y la fuga de capitales, y un proceso no sólo de caída de participación del sector industrial en el PBI, sino también de fuerte concentración en actividades económicas clave.
La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas en este período, sino que además vio drásticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización y de lucha.
Aunque gracias a los esfuerzos de distintos sectores de la clase trabajadora se logró, a partir de la transición a la democracia, recuperar parcialmente algunas de estas líneas de organización obrera, los representantes de base sufrieron, sin embargo, una nueva ofensiva durante la segunda ola de reformas neoliberales en los ‘90, en cuyo contexto experimentaron una nueva pérdida de poder e influencia. En el contexto actual, en que la lucha y el conflicto sindical vuelven a ocupar un lugar central en la economía y la sociedad, resulta fundamental asumir el desafío de revertir el legado de las últimas décadas y consolidar estos mecanismos de representación en los lugares de trabajo, lo cual permitiría no sólo reivindicar esta larga historia de organización y de lucha, sino fundamentalmente fortalecer a la clase trabajadora a partir de la profundización de la democratización y representatividad de las organizaciones sindicales.
[* Flacso Argentina-Conicet.]
28 de marzo de 2011
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herencia del terror


Temas de debate: la política económica de la dictadura militar. El golpe que terminaría de quebrar un proyecto nacional ya debilitado por sus propias fisuras internas contó con el apoyo de casi la totalidad del poder económico local, que veía en él la oportunidad de terminar con la amenaza de la guerrilla y el poder sindical.
[Andrés Asiain*] Argentina. Hace ya 35 años las fuerzas armadas argentinas interrumpían, por última vez, la vida democrática del país en nombre de la defensa de un mundo occidental y cristiano, tan ajeno a nuestra geografía como al mensaje de quien diera su vida en la cruz. El golpe que terminaría de quebrar un proyecto nacional fuertemente debilitado por sus propias fisuras internas contó con el apoyo de casi la totalidad del poder económico local, que veía en él la oportunidad de terminar con la amenaza de la guerrilla y el poder sindical.
Para justificar la intervención militar fue necesario crear una sensación de caos social. Así se exacerbaron las divisiones internas de la coalición gobernante fomentando el desarrollo de bandas armadas como la Triple A, que condujeron a una creciente militarización de las disputas políticas. Pero el plan desestabilizador tuvo también su componente económico, una megadevaluación y tarifazo totalmente injustificados que empujó la inflación a niveles sin precedentes. El autor intelectual del "rodrigazo" no fue el ministro que le cediera su apellido sino Ricardo Zinn, posterior funcionario de la dictadura y el menemismo.
La crisis económica provocada fue la que le permitió al recientemente procesado José Alfredo Martínez de Hoz hacerse del Ministerio de Economía tras el levantamiento militar. Hombre del riñón del grupo Rockefeller, sus amplios contactos en el mundo financiero eran la llave para conseguir dólares frescos con los que estabilizar la economía. Y así fue, como señalara el mismo David Rockefeller algunos años después: "Cuando Martínez de Hoz viajó por primera vez a Estados Unidos a refinanciar la deuda exterior argentina, pocos meses después de haber asumido su puesto como ministro de economía (...) recomendé inmediatamente considerar un crédito del Chase a Argentina, y estimulé a otros bancos norteamericanos a hacer lo mismo, lo que contribuyó a que entre los nuestros y otros similares de Canadá, Europa Occidental y Japón, Argentina pudiera hacerse de la cifra cercana a los mil millones de dólares que necesitaba para hacer frente a su minada situación de deuda exterior".
Pero como era de esperarse, la "ayuda" no fue gratuita. La gestión de Martínez de Hoz se caracterizó por la fuerte desregulación y apertura de nuestras finanzas a los movimientos especulativos internacionales. Con ello se garantizó no sólo elevadas ganancias para la banca extranjera que apadrinó su gestión, sino que también se constituyó un mecanismo extorsivo al interior de la junta militar que le permitiría mantener el control de la política económica por un amplio período. La "confianza" de los mercados era vital para mantener el flujo de inversiones especulativas en que se sostenía el modelo económico de la dictadura, y Martínez de Hoz era el hombre de confianza de los grandes jugadores que manejaban al mercado. Si lo tocaban al ministro, se desataba la corrida y la economía se desbarrancaba en una crisis financiera y externa.
La principal herencia de la gestión de Martínez de Hoz fue un espectacular salto del endeudamiento externo que la Justicia argentina calificaría como totalmente injustificado desde un punto de vista económico (Causa Nº 14.467, "Olmos, Alejandro S/dcia"). El peso de la deuda aplastaría el intento democrático de Raúl Alfonsín hasta arrastrarlo a un estallido hiperinflacionario producto de la imposibilidad de la economía argentina de generar los dólares que le exigían los acreedores externos. Será también la principal justificación para el remate del patrimonio público durante el menemismo y para la cesión de nuestra soberanía en el diseño de la política económica que alcanzaría niveles grotescos bajo el gobierno de Fernando de la Rúa.
Desde el año 2003, una línea estratégica de la política económica fue el desendeudamiento como medio para la obtención de una mayor independencia económica. Una combinación de acertadas políticas locales y un contexto de elevados precios de nuestras exportaciones permitieron implantar un modelo de alto crecimiento económico que no requiere para su sostenimiento del crédito externo ni del ingreso de capitales especulativos de corto plazo. El poder interno de los organismos financieros internacionales fue desarmado pagando dólar sobre dólar una deuda inmoral e ilegítima pero, ¿se puede condenar al esclavo que paga a su ex amo para vivir en libertad?
[*Cemop-Madres de Plaza de Mayo.]
28 de marzo de 2011
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la mano negra


Demil no explica por qué —con los aportes de militares que entregan un porcentaje de su sueldo— pagan la defensa de Muñoz, cuando están expresamente excluidos los delitos sexuales.
[Daniel Coronell] El asesinato de la juez Constanza Gaona no es la única circunstancia extraña que envuelve el proceso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz. El oficial, acusado de violar a dos niñas de 13 y 14 años y de asesinar a una de ellas y a sus dos hermanos menores, tiene gente poderosa empeñada en su defensa. Millonarios recursos públicos se han usado en una estrategia engañosa que busca el vencimiento de los términos y el desprestigio de víctimas, familiares y testigos.
Hace unas semanas, un helicóptero militar aterrizó cerca del lugar donde fueron asesinados los niños. De la nave descendieron cuatro civiles escoltados por un grupo de militares fuertemente armados. Varios habitantes de las veredas Caño Caname y Caño Temblador aseguran que los escoltados les dijeron que eran miembros de la Defensoría del Pueblo que habían viajado desde Bogotá.
Preguntaban sobre el asesinato de los tres niños en un tono que les pareció agresivo a algunos de los lugareños. Al interrogatorio, ilegal a todas luces, también fue sometida la madre de una niña de 13 años, la misma niña que denunció que el subteniente Muñoz la violó en octubre del año pasado. La niña abusada sobrevivió y pudo identificar plenamente a su agresor.
Los presuntos miembros de la Defensoría del Pueblo grabaron y filmaron esas declaraciones sin autorización alguna de los interrogados. Después, abordaron la aeronave y desaparecieron en el cielo.
Cuando le preguntaron al defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, por los motivos de la irregular diligencia quedó asombrado. Los civiles no eran funcionarios de la Defensoría. Alguien los había suplantado.
El defensor pidió establecer la identidad de los impostores y la respuesta no demoró. Vino del comandante de la Brigada 18 del Ejército, con sede en Arauca.
El general Jaime Reyes Bretón le informó a la defensora del Pueblo regional que evidentemente le había prestado seguridad a una "comisión de la Defensoría Penal Militar", de la que hacían parte la "defensa y los investigadores criminalísticos", y también dijo que "la Brigada 18 ha colaborado con las instituciones que se lo han pedido para ir al lugar".
La Defensoría Militar Integral (Demil) -como es su verdadero nombre- no es una institución pública sino una entidad privada. Sin embargo, y sin que hasta ahora haya sido posible una explicación, usa instalaciones y elementos del Estado.
Una hora de vuelo de un helicóptero militar les cuesta a los contribuyentes alrededor de cuatro mil dólares. ¿Por qué tenemos que pagar los colombianos un desplazamiento para una operación irregular al servicio de la defensa del subteniente Muñoz?
Una interesante pregunta para la Contraloría y para la Procuraduría, que no se han pronunciado sobre estos abusos.
Demil tampoco explica por qué -con los aportes de miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo- paga la defensa de Muñoz, sindicado de homicidio múltiple agravado y acceso carnal violento con menores, cuando en los acuerdos de afiliación y en su página de Internet están expresamente excluidos los delitos sexuales.
Pero además, la acuciosa politóloga y columnista Laura Gil descubrió algo revelador en la página oficial del Ejército. La Defensa Militar Integral figura allí como una dirección de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional de Colombia. ¿Entonces, Demil es o no parte del Ejército?
La juez asesinada (quien, dicho sea de paso, no llevaba procesos por narcotráfico porque era juez del circuito y no especializada) denunció las maniobras dilatorias de abogados de Demil para sacar de la cárcel al subteniente Muñoz alegando vencimiento de términos.
Al menos una de esas abogadas estuvo a bordo del helicóptero que facilitó la operación de toma ilegal de testimonios suplantando a la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo, se conocen amenazas contra el padre de los niños asesinados, contra los abogados que han asumido la representación de esa familia, y uno de los testigos del caso resulta, de la noche a la mañana, implicado en un proceso por rebelión.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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la torre de tatlin


Les daré una Torre. La columna de Juan Forn en Página 12.
[Juan Forn] En abril de 1918, Lenin dio orden de destruir toda la estatuaria zarista y reemplazarla con monumentos al bolchevismo y la Revolución. Hay una foto de esa época en donde se lo ve inaugurando un par de estatuas gemelas de Marx y Engels de medio cuerpo. La leyenda dice que, en plena inauguración, Lunacharski comentó en voz baja que parecían una pareja tomando un baño de asiento. En ninguna revolución hay mucho espacio para el humor. La rusa tuvo en sus inicios la suerte de contar con Lunacharski como Comisario de las Artes. Y Lunacharski tuvo la milagrosa fortuna de que Lenin y Trotsky lo autorizaran a dar a los vanguardistas rusos de la época un lugar en la construcción del Hombre Nuevo. De todos esos vanguardistas, ninguno tan delirante y genial (lo que no es poco decir en una lista que va de Malevitch a Maiacovski y de Eisenstein a Grodchenko) como Tatlin, el hombre que soñó el monumento más alucinado que pueda concebirse y por supuesto no logró hacerlo realidad.
Tatlin es famoso por esa torre que nunca construyó, el Monumento a la Tercera Internacional. Iba a medir cuatrocientos metros de altura, iba a girar sobre su eje en forma espiralada (en realidad, cada una de sus partes iba a girar a diferente velocidad: el cubo inferior daría un giro por año; el cilindro siguiente, un giro completo cada mes; la cúpula de cristal rotaría cada día sobre su eje y cada noche cubriría el cielo ruso de consignas revolucionarias), iba a ser una cachetada a Eiffel y su vacuo mercantilismo arquitectónico, iba a ir más allá del Coloso de Rodas y del Faro de Alejandría y ni hablemos de la Torre de Pisa. Iba a ser el pararrayos del mundo, o más bien su antípoda, cuando empezara a irradiar en todas direcciones los rayos del bolchevismo y la Revolución. Iba a ser, en palabras de Lunacharski, el primer monumento soviético sin barba.
Pero no sólo no se construyó nunca, sino que tampoco se sabe con certeza si iba a ser una torre: después de caer en desgracia, Tatlin se pasó la segunda mitad de su vida entre gallinas, inventando una máquina de volar que bautizó Letatlin (no era un autohomenaje: "letat" quiere decir volar, en ruso), pero en sus ratos libres volvía de tanto en tanto a los planos de su Torre, que por supuesto se perdieron luego de su muerte más que anónima, en 1953. Uno de sus colaboradores, de los pocos que siguieron visitándolo veinte, treinta años después de fracasar clamorosamente en el utópico intento de construirla, aseguraba que, en sus últimos tiempos, Tatlin había recuperado a tal punto el amor por la navegación de sus años juveniles, cuando era cadete de marina (venía de una familia de holandeses constructores de barcos, migrados a Rusia), que había empezado a pensar que la Torre debía ser un objeto que se trasladara por la URSS sobre las aguas. ¿Acaso el bolchevismo no era capaz de cambiar hasta el curso de los ríos en su territorio? ¿Qué le impedía trasladar por aquellas aguas un objeto de cuatrocientos metros de altura?
Tatlin tenía treinta años cuando fue puesto a cargo de la renovación estatuaria en el nuevo Estado soviético e inició su magno proyecto, inspirado en partes iguales por el modernismo de Occidente, el espíritu revolucionario y la milenaria alma eslava. Debió saber que nunca llegaría a construir su Torre, y no sólo por razones estructurales o económicas. La reacción oficial a la maqueta de cinco metros de altura que presentó en público en 1921 fue tibia: Trotsky celebró el rechazo a las formas tradicionales pero le inquietó un poco que la Torre pareciera el esqueleto de una obra en perpetua construcción. Ehrenburg elogió el diseño pero lamentó la falta de figuras humanas. Shklovski dijo que sería el primer monumento hecho de hierro, vidrio y revolución. Pero lo que decidió a Stalin a descabezar de cuajo el proyecto fue oír que la Torre generaría asociaciones e interpretaciones de la misma manera en que lo hacía la poesía con las palabras, y que esas asociaciones e interpretaciones flotarían en el aire soviético como perpetuos copos de nieve.
Una de las curiosidades del avant-garde revolucionario ruso fue su fascinación con Marte (por ser el planeta rojo). Puede decirse, en más de un sentido, que Tatlin inventó la arquitectura extraterrestre: a pesar de su enorme masa, la Torre debía ser más aérea que cualquier otro monumento. De hecho, inicialmente la idea era que fuese un dirigible en perpetua órbita por los cielos soviéticos, lo que la convierte en el artefacto más marciano de la Rusia bolchevique. Y así se la recibió cuando aquella maqueta de cinco metros de altura fue presentada en el pabellón soviético de la Exposición de París de 1925: ni siquiera Le Corbusier y Mies Van der Rohe la pudieron tomar del todo en serio. La maqueta quedó a cargo del PC francés, que se olvidó de pagar la tarifa del depósito y, cuando quisieron acordarse, nadie sabía adónde había ido a parar.
La mística de la Torre de Tatlin para las generaciones siguientes, especialmente en Occidente, tiene mucho que ver con lo poco que se sabe de ella y de su inventor. En 1968, con los aires revolucionarios impregnando la atmósfera, el Museo de Arte Moderno de Estocolmo dedicó una muestra de homenaje a Tatlin: no tenían una sola pieza original del autor, ni siquiera las cacerolas y demás enseres domésticos que supo diseñar en sus inicios. Sólo había apuntes dispersos y testimonios orales y un par de fotos de Tatlin y su equipo sonriendo orgullosos junto con la maqueta terminada. La reconstrucción de aquella maqueta (que se convertiría en el logo de una famosa colección de libros de la Nueva Izquierda) viajó a Eindhoven al año siguiente y cuando volvió fue imposible de rearmar: alguien se había robado algunas piezas. Algunos dijeron que había sido mal armada de antemano, otros dijeron que era imposible de armar tal como la había imaginado Tatlin. Lo mismo sucedió en una megamuestra del Pompidou de 1984, titulada París-Moscú: se exhibió allí otra maqueta de la Torre pero nadie le prestó especial atención. Ya soplaban los vientos de la posmodernidad: se la consideró un mero ejemplo más de que los soviéticos eran los indiscutidos creadores del género ciencia-ficción.
El círculo se cierra en 1999 cuando el historiador japonés de arquitectura Takehiko Nagakura, un especialista en monumentos nunca construidos, realizó un cortometraje espectral en que la Torre de Tatlin ocupa su lugar en el cielo peterburgués, mucho más alta y solitaria y perdida entre las nubes que sus dos solemnes vecinos, el Palacio de los Soviets y la Basílica de Firminy junto al río Neva. Las distintas partes de la Torre giran sobre sus ejes. Todo lo que ansió Tatlin de ella ha encarnado en esas imágenes. Lo único que Nagakura no se atrevió a hacer es a darle palabra a la Torre, de manera que la cúpula no proyecta consignas que floten como copos de nieve en el cielo de esa ciudad que, si tuviera la Torre, y esa Torre hablara, sería sin la menor duda el paisaje que más me gustaría contemplar cuando me llegue el momento de dejar este mundo.
27 de marzo de 2011
18 de marzo de 2011
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