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opinión

garré degrada a villar


"Dije que la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrari.
[José Pablo Feinmann] Argentina. Corrían los días de junio de 1973. Era el gobierno de Cámpora. Que tenía un joven ministro del Interior de nombre Esteban Righi. Hasta el de Alfonsín, el gobierno del doctor Cámpora fue el más democrático de la historia argentina. Para la derecha, el más peligroso, el más caótico, el más subversivo. La democracia siempre tiene algo, no de caótico, pero de fervoroso dinamismo. La libertad, al poder ser ejercida por todos, colisiona en conflictos y armonías, y hasta con frecuencia en antagonismos. El doctor Righi era un hombre que apenas si había pasado los 30 años. Dio su discurso ante un centenar de comisarios de la Policía Federal. Todos pertenecían a la oscura época de las dictaduras que desde 1955 hasta 1973 habían proscripto al movimiento mayoritario del país y a su líder, que se encontraba exiliado. Todos fueron gobiernos ilegales. Aun los de Frondizi e Illia. Cuando uno se presenta a una elección en la cual una mayoría relevante, numerosísima, del país que ambiciona presidir no puede votar, está convalidando un acto fraudulento. No sé si el Illia que está haciendo durante estos días mi amigo Luis Brandoni se cuestiona esto, pero lo dudo, ya que en vida no lo hizo. Lo mejor que puedo decir de Illia es que posiblemente se propusiera –al fin de su mandato– permitir la inclusión del peronismo dentro de la institucionalidad electoral. Por eso lo tiraron abajo. Fue un golpe preventivo perfecto: si Illia permitía que el peronismo se presentara, el peronismo ganaría y quedaría trunco "el espíritu del 16 de septiembre", como el general Toranzo Montero le reprochó a Lanusse cuando lanzó el Gran Acuerdo Nacional. No me gusta usar la palabra gorila, pero ¿cómo calificar a esta gente?
Righi dio el más ejemplar discurso de defensa de los derechos humanos que se hubiera pronunciado en la Argentina. Pero ni por asomo. Jamás. Nunca algo parecido se había llevado a cabo. Fue un discurso revolucionario. Lo dio con los comisarios Ferrazano y Vittani a su lado. Lo dio de pie y duró apenas diez minutos. He aquí algunos de sus pasajes trascendentes: "Dentro de la estructura de sometimiento que el pueblo padeció en los últimos años, las fuerzas policiales fueron puestas en un difícil papel. Esta realidad la conocen bien los hombres de la Policía, que han corrido todos los riesgos, que han debido hacer todos los sacrificios, en la primera línea de fuego, como brazo armado de un régimen cruel e inhumano. Encerrados dentro de las comisarías, y rodeados de vallas, fueron alejados del pueblo, sin desearlo ni buscarlo". Righi no menciona que hay un adoctrinamiento policial, como lo hubo siempre en el Ejército. Y que ese adoctrinamiento –que es tenaz– lleva a los uniformados a creer que todo aquel que protesta es un enemigo del orden. Y que el orden al que ellos deben servir es el establecido, el de los poderosos. Además, cuando Righi da su discurso son los tiempos de la Guerra Fría. De modo que todo el que alzaba la voz contra el poder era un "rojo", un "subversivo". Righi tiene una audaz respuesta para eso: "Es habitual llamar a los policías guardianes del orden. Así seguirá siendo. Pero lo que ha cambiado, profundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo". Se ha pasado del orden dictatorial al orden democrático. Guardar el orden democrático es muy distinto a guardar el orden dictatorial. Uno se guarda con la violencia, porque se basa en ella (su ilegitimidad lo obliga) y porque es fruto de su acción anticonstitucional. Una dictadura siempre toma ilegalmente el poder. Es violenta por naturaleza. El otro camino es la democracia. Righi hablaba desde la autoridad de un gobierno que había llegado con casi el 50 por ciento de los votos. Su voz era la de la legalidad institucional: "Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humanas". Y las palabras del ministro van ganando en densidad conceptual a medida que avanza: "Dije que la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. Mencioné también nuevos derechos. Los hombres de la Policía tendrán derecho a una retribución que les permita vivir con dignidad. A una vivienda que merezca ese nombre. A una efectiva protección para sí y para sus familiares, en el caso de incapacidad o muerte. De esta forma serán acompañados por el afecto del pueblo". Importa señalar este aspecto: la búsqueda de una nueva relación entre policía y pueblo. ¿Qué prefiere un policía? Es el dilema de Maquiavelo: ¿qué prefiere el Príncipe? O también: ¿qué es lo que más le conviene? ¿Ser amado o ser odiado por el pueblo? No importa la respuesta de Maquiavelo. Creemos que a cualquier policía debería importarle más ser amado por el pueblo que temido. De aquí que Righi proponga uno de los pasajes más emotivos, más humanitarios, de su discurso: "En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga. La sociedad debe protegerse del delito, pero será ineficiente si no comienza por comprender que sus raíces no están en la maldad individual sino en la descomposición de un sistema que no ha ofrecido garantías ni oportunidades".
Y, por fin, un texto que deberá figurar entre los más expresivos de la defensa de la dignidad humana: "Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista. Esa es nuestra convicción y nuestra mejor garantía. Seamos dignos de ella".
La que no era digna de esta defensa de los derechos humanos era la derecha argentina. Siempre ahí, siempre erizada, siempre poderosa. Todos empezaron a decir que se preparaba el asalto definitivo a la Policía para reemplazar nuestra bandera por "el trapo rojo". Frase con la que se aludía al comunismo. Era una torpeza deliberada. Y la preparación del "asalto definitivo" era el asalto al gobierno del doctor Cámpora, que sería desalojado por un golpe institucional conducido por el general Perón, ya de regreso en la patria y dispuesto a hacer cosas muy distintas de las que se esperaban.
Durante los días que corren, la ministra Nilda Garré se ha dirigido a la Policía con una serie de conceptos nuevos, basados en la nuevas de técnicas de control de conflictos dentro del marco humanitario. La ministra Garré forma parte del gobierno de Cristina Fernández. Aclaremos algo que el léxico de una derecha mentirosa y asalariada ha impuesto. Cristina Fernández no es el Poder. A ver si lo repetimos: si usted es un valiente periodista que sale a denunciar los "miles de millones" que esta administración se roba cada diez minutos, no está enfrentando al Poder. Lo está sirviendo. Cristina Fernández está al frente del Gobierno. No tiene el Poder. Tiene el aparato del Estado, pero sólo eso. El Poder está en otro sitio. Son las corporaciones económicas. El gran capital nacional y ultranacional que actúan juntamente con las más importantes bancas del mundo. Pero sobre todo con Wall Street. Es la Sociedad Rural, que concentra el poder de los dueños de la tierra, los grandes terratenientes que hicieron este país en base a sus intereses primarios. Son los grandes medios de comunicación: los diarios, las radios, los canales de televisión, las revistas, los opinólogos, los escritores de libros "anti-K". Y, last but noy least, la embajada de los Estados Unidos. ¿Quién no conoce ese chiste? Que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. Ese es el Poder de la Argentina. Habitualmente siempre tuvo a su servicio al Ejército. No lo tiene ahora. Tampoco le resultará fácil un golpe de cualquier tipo, aun del tipo agro-cacerola como el de 2008. América latina ha conseguido una solidez de sus gobiernos democráticos que permitirá la acción conjunta de todos en caso de un golpe en alguno de ellos. Este gobierno, que está por una democracia con inclusión social y por la defensa de los derechos humanos, tuvo en la ministra Garré a una cruzada de esas causas. Encuadró la acción de la policía ante la protesta social. El proyecto es notable y acaso único en este continente. Ya habrá muchos que la estén acusando de preparar el "asalto rojo" que, al pasar de moda, deberá ser reemplazado por las condiciones para la penetración del enemigo "terrorista", que no parece muy creíble. Luego, en un acto sencillamente conmovedor y de un gran coraje, Garré cambió los nombres de las Escuelas de Policía. Que la ministra de un gobierno quite a una Escuela de Policía el nombre de Alberto Villar a mí me conmueve. Acaso porque sé muy bien quién fue ese señor y sé que la brutalidad, la vejación y la tortura sin límites es lo único que podría enseñarse al amparo de su nombre. La paradoja fascinante de todo esto es que al torturador formado por la Escuela de la Doctrina Francesa de la Seguridad Nacional y por la Escuela de las Américas lo puso el general Perón al frente de la Federal, alegando que era "un buen policía". Luego, policías con su mismo espíritu le pusieron su nombre a una escuela, para honrarlo. Ahora, Garré, peronista de pura cepa, quita el nombre del criminal paranoico que el viejo líder del movimiento había elegido para emprender una matanza clandestina de opositores políticos de izquierda. Como ya no se quiere matar a nadie, sino que se propugna una sociedad en que los conflictos puedan elaborarse dentro de la democracia, ese nombre va al tacho de los malos recuerdos. No el del viejo líder, por supuesto. Todos sabemos que estaba muy enfermo y apenas si tenía conciencia de las cosas que hacía. O eso se dice. Vaya a saber a quién pensó que nombraba al frente de la policía cuando lo nombró a Villar. Acaso al Cabo Sabino o a Vito Nervio. Pero nos abstendremos de dar nombres. Si algo de lo escrito ofende a los peronistas que hacen de Perón la reencarnación argentina de Jesucristo, que no sea así. Sería injusto. Precisamente señala la complejidad del Movimiento. Conozco a Nilda de los años ‘70 y era tan peronista como el que más. Y si hay que bajar el nombre de un asesino que puso el Viejo para matar "zurdos", eso demuestra que el peronismo es una contradicción al rojo vivo, su verdad "es el delirio báquico en el que cada miembro se entrega a la embriaguez" (Hegel dixit). Y dentro de ese "delirio báquico", dentro de ese gran relato fascinante y complejo, Perón no es el Todo, es un elemento más. Y, en su tercera etapa, una víctima del "delirio báquico", que lo sobrepasa y lo lleva a morir sin solucionar nada.
Garré, en cambio, a Villar lo destituye. Ninguna escuela va a llevar el nombre del tipo que con una tanqueta rompió la puerta del Partido Justicialista en 1972 porque ahí velaban a los muertos de la Base Almirante Zar. Estos actos de este gobierno tienen una trascendencia difícil de mensurar. Lo único que uno sabe es que ningún otro los haría. Que jamás habría esperado ver estas cosas. Y que está preparado para ver otras. Righi no era un tonto ni un ingenuo. Sólo un adelantado.
25 de abril de 2011
24 de abril de 2011
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lo de playa girón


Los invasores exageraron la oposición a la revolución y minimizaron su capacidad de respuesta. Terminaron derrotados. Sus patrones en Estados Unidos sufrieron una de sus peores humillaciones.
[Juan Gelman] Se han cumplido 50 años de la fallida invasión a Cuba que dirigió la CIA con el objetivo de derrocar a Fidel Castro: empezó con bombardeos aéreos el 15 de abril de 1961 y el 17 desembarcaban más de 1500 exiliados cubanos. En octubre del mismo año, el inspector general del servicio, Lyman Kirkpatrick, preparó una evaluación de los hechos en 150 páginas impiadosas e involuntariamente irónicas. El documento exhibe un claro top secret al pie de cada folio y fue obtenido, convenientemente "higienizado", por The National Security Archive en virtud de la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés). La crítica del inspector es incluyente: analiza las condiciones políticas y militares del fracaso desde los preparativos de la invasión. (14-4-2011).
Kirkpatrick comienza señalando que el "frente" (sic) de los exiliados cubanos se formó a instancias de la CIA "pero estaban en desacuerdo entre ellos o con los agentes de la Agencia encargados" de las operaciones políticas y militares. Transcurrían momentos de cambio de la administración: "El presidente Eisenhower aprobó la operación el 29 de noviembre (de 1960) y la confirmó el 3 de enero de 1961". El 20 de enero John Kennedy asumió la presidencia y el 28 autorizó a la CIA a "continuar sus actividades y le prescribió que debía presentar el plan paramilitar táctico al Estado Mayor para que lo analizara". El grupo de la Agencia al mando ya había adquirido botes y aviones, establecido campos de entrenamiento en Guatemala y Nicaragua, negociado con gobiernos extranjeros, lanzado una campaña propagandística preparatoria y discutido la posibilidad de un gobierno provisional en la isla. En Miami funcionaba una base de apoyo.
El plan consistía en apoderarse de unos 70 kilómetros de playa en la Bahía de los Cochinos y había armamentos preparados para los 30.000 opositores que –se calculaba– iban a unirse a la invasión. Kennedy ordenó cesar los bombardeos el Día D y a esto se atribuye la derrota que desembocó en la muerte de más de 100 invasores y la prisión de otros 1200. Kirkpatrick no pensaba lo mismo: "La causa fundamental del desastre fue la incapacidad de la Agencia de darle al proyecto, a pesar de su importancia y del inmenso potencial de peligro que entrañaba para EE.UU., el manejo que requería: organización apropiada, empleo de personal muy calificado y dirección y control permanentes de la mayor calidad". Las insuficiencias en estas áreas, agrega, se tradujeron en "errores y omisiones operativos graves... y en graves errores de juicio".
El autor del informe enumera cuatro: fallas en procurar "una apreciación fría y objetiva" del proyecto; la incapacidad de "advertir al Presidente en el momento apropiado que el éxito era dudoso, recomendar la cancelación de la operación y volver a estudiar la cuestión de derrocar a Castro"; la incapacidad de "reconocer que el proyecto se había ampliado y que el esfuerzo militar se había convertido en algo demasiado grande para ser manejado sólo por la Agencia"; el fallo de no llevar al papel los planes y dejar copias oficiales "al Presidente y sus asesores y solicitar su aprobación y confirmación por escrito". Señala, además, que un escrutinio objetivo y oportuno del material de inteligencia hubiera demostrado a los agentes de la CIA "que no existía un movimiento clandestino controlado y listo para unirse a la fuerza invasora y que la capacidad de Castro de responder (al ataque) y de avasallar a la oposición interna había aumentado considerablemente".
Pasaban cosas. Kirkpatrick refiere que siete veces se lanzaron en paracaídas armas, municiones y equipo para los opositores que "fueron totalmente o en gran parte recuperadas por las fuerzas de Castro...; de 75 toneladas (de armamento) transportadas por aire, los agentes paramilitares sólo consiguieron unas 12". Un avión sobrevoló dos veces sobre un grupo anticastrista sin soltar su carga y "esto alertó al ejército de Castro, que atacó al grupo y lo dispersó". Tampoco hubo un plan efectivo para introducir hombres y equipo utilizando botes pequeños. Y fue deficiente el entrenamiento de exiliados cubanos en Guatemala para que, una vez en la isla, pudieran entrenar a otros. Había comenzado el 29 de noviembre de 1960, unos cinco meses antes de que el 16 de abril del ’61 Fidel Castro proclamara que Cuba era un país socialista.
El inspector general de la CIA reprocha a la Agencia que pasara de organizar guerrillas clandestinas a emprender una operación militar abierta, no sin antes preocuparse por los gastos de la invasión: el presupuesto inicial de 4,4 millones de dólares terminó en una inversión de 46 millones. La regaña porque "falló en reunir información adecuada sobre las fuerzas del régimen de Castro y el verdadero alcance de la oposición y falló en evaluar correctamente la información disponible". Pareciera que no todas las críticas de Lyman Kirkpatrick cayeron en saco roto.
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
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muerte en el manicomio


La muerte de un "depositado en el manicomio". Hoguera en el Borda.
[Leonardo Gorbacz] Argentina. El pasado 7 de abril murió calcinado Franklin Guarachi Tola, en el Hospital José T. Borda, tras prenderse fuego un colchón en el pabellón donde se encontraba. Ni siquiera su trágica muerte, bastante desapercibida en los medios de comunicación, alcanzó para sacarlo del anonimato. Esa muerte fue la manifestación, en términos de tragedia individual, de un drama colectivo que viven a diario varios miles de personas depositadas en manicomios en la Argentina.
La discusión acerca de si era ese u otro el pabellón que le correspondía a su diagnóstico (supuestamente "retraso mental con drogodependencia"), según dicen cerrado por disposición de la gestión PRO, elude el debate central acerca de un modelo de atención basado en el encierro y en la exclusión social, verdadera forma de castigo con disfraz sanitario.
Tampoco podemos quedarnos en este caso sólo en la discusión acerca de las inversiones que no hace Macri en el sistema de salud público y que ya todos conocemos. Sin duda, las enormes deficiencias y el estado "calamitoso" del hospital denunciado por legisladores de la Ciudad son factores que contribuyen a aumentar los riesgos y a empeorar las condiciones de vida de las personas internadas. Pero ni el más moderno de los manicomios deja de ser un manicomio, cuya esencia es encerrar y vigilar el comportamiento de personas que son consideradas peligrosas, sin serlo, sólo por puro prejuicio. Hay que invertir, sí, pero en otro sistema totalmente distinto.
Quinientos años han transcurrido para que la muerte en la hoguera de las enfermas mentales, consideradas brujas, retornara bajo formas casi idénticas, bien entrado ya el siglo XXI. Y es que, en el fondo, nada ha cambiado.
El avance de las terapias y de la psicofarmacología tornan hoy inadmisible un abordaje de las enfermedades mentales o las adicciones bajo el andamiaje controlador del sistema judicial y del encierro institucional. Ese es el fondo del asunto.
El cumplimiento de la flamante Ley Nacional de Salud Mental 26.657 impone planificar una inversión económica, pero no para mejorar los manicomios, sino para sustituirlos. En su lugar hay que crear servicios de atención en hospitales generales, centros de día, cooperativas de trabajo, casas de convivencia. En fin, distintos dispositivos de inclusión.
Y no es que no vaya a haber riesgos o accidentes en un sistema de salud mental de carácter inclusivo. En todo caso, esos accidentes serán episodios trágicos, pero puntuales. No un drama permanente y constante que consiste en no-ser-nadie, en estar muerto de antemano por quedar excluido de la vida comunitaria.
[El autor es ex diputado nacional, autor del proyecto de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657; asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.]
[Foto viene de la galería de Paula Kobrinsky].
22 de abril de 2011
21 de abril de 2011
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los nombres de las escuelas


Cambiar el nombre de una escuela no es pelearse con el pasado. O, mejor, no es sólo eso. Se trata de proyectar un futuro diferente.
[Enrique C. Vázquez] Argentina. Hace un año, Osvaldo Bayer fue a dar una charla al colegio Nicolás Avellaneda, en el barrio de Palermo. Al finalizar, provocó a los alumnos con algunas preguntas: "¿Les parece bien que este colegio lleve el nombre de uno de los grandes responsables de la conquista de la Patagonia y del exterminio de muchos de sus habitantes? ¿Y ese otro colegio que está acá cerca, ‘el Roca’, debe seguir llamándose así? ¿Pensaron alguna vez en cambiarle el nombre?". Y se disparó el debate.
Ahora, la ministra Garré decidió que tres escuelas de la Policía Federal cambien sus nombres. Quienes allí se formen, ya no lo harán en una institución que homenajea a un asesino. Ramón Falcón, el represor de obreros de principios del siglo XX; Alberto Villar, el comisario organizador de la Triple A, y Cesáreo Cardozo, el jefe de la Policía Federal de Videla y uno de los arquitectos y ejecutores del terrorismo de Estado en 1976, también bajaron de cartel.
En los últimos años fue frecuente que los carteles de chapa con el nombre de la calle Ramón L. Falcón, en el barrio de Flores, fueran cubiertos por otros más modestos, de papel, que recordaban a Simón Radowitzky, el obrero anarquista que mató al comisario responsable de los muertos y heridos en la manifestación del 1º de mayo de 1909. Sectores de la sociedad civil procuraban, de este modo, revisar a qué protagonistas de aquellas luchas sociales debía reivindicarse.
El cambio de nombres propuesto por el gobierno nacional tiene el valor de que es ahora el Estado quien se involucra en la revisión de aquel pasado. Y la opción, lógicamente, no es Radowitzky. No se está reeditando el conflicto entre los anarquistas y la policía del Estado oligárquico. Lo que hoy está en pugna son dos modelos de policía: el comisario Falcón o el comisario Juan Angel Pirker, el jefe de policía de la democracia entre 1986 y 1989.
Algunos consideran que cambiar los nombres de calles, plazas e instituciones son meros formalismos. Como cuando el presidente Kirchner le ordenó a un general que bajara el cuadro de Videla. Sin embargo, cuando esos gestos, con su alto grado de carga simbólica, están acompañados por políticas que modifican la realidad concreta, palpable, la forma se confunde e integra con el fondo de la cuestión.
El cuadro descolgado de los dictadores es un símbolo en el que se condensan los juicios que, últimamente, están permitiendo encarcelar a los genocidas. Es como si Néstor Kirchner hubiese dicho: esto va en serio. La cárcel común para el ex comisario Patti es una prueba de ello.
Este gesto de la ministra de Defensa también parece querer decir lo mismo. La Policía Federal no puede seguir siendo lo que fue. Debe cambiar por dentro y sus instituciones educativas deben tener denominaciones acordes con lo que una sociedad democrática requiere de sus policías.
Cambiar el nombre de una escuela no es pelearse con el pasado. O, mejor, no es sólo eso. Se trata de proyectar un futuro diferente. Está de moda, últimamente, la expresión "batalla cultural". Oponer la figura del comisario Pirker a la de Falcón es parte de esa batalla. Se trata de una lucha que, en el día a día de la política, se expresa en la diferencia entre decidir si es mejor desalojar intrusos a balazos o hacerlo negociando, convenciendo, con política social.
Estamos comenzando a transitar un camino que, sin dudas, será arduo y sinuoso, para tener una policía diferente. No está garantizado el triunfo. Si en el futuro hay o no una escuela de policía que se llame ‘Comisario Luis A. Patti’ tendremos un indicio de quiénes ganaron.
[El autor es historiador y vicerrector del Colegio Nicolás Avellaneda.]
17 de abril de 2011
16 de abril de 2011
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obama quiere hacer doctrina


El presidente Obama y sus asesores insisten en que la intervención dirigida por Estados Unidos contra Libia no hace parte de una doctrina general para el Medio Oriente. Pero sus planes para la democracia parecen tener características doctrinarias.
[Doyle McManus] ¿Se está formando una doctrina Obama ante nuestros ojos?
El presidente y sus asesores desechan la idea, al menos si eso significa ver la intervención en Libia -dirigida por Estados Unidos- como un modelo talla única.
"Es importante no tomar esta situación particular y luego tratar de proyectar una suerte de doctrina Obama que vayamos a implementar rígidamente", dijo el presidente en una entrevista en televisión el martes. "En esta región, todos los países son diferentes".
Pero entonces Obama siguió adelante y esbozó algo que parece, bueno, como una doctrina en formación. "Queremos asegurarnos de que los gobiernos no ataquen a sus propios ciudadanos", dijo. "Queremos gobiernos que escuchen a su gente. Y usaremos todos los medios para tratar de lograr eso".
Obama insistió en que Libia es "una situación única", una combinación de circunstancias que es improbable que se repita: un tirano que amenaza con masacrar a sus opositores y un fuerte consenso internacional para detenerlo, en un país que es un blanco relativamente fácil y simple. Así que el uso de fuerza militar contra dictadores no es una doctrina, porque no se puede aplicar en general. En lugar de eso, la doctrina reside en el compromiso más importante de Obama después de tres meses de rebeliones en el mundo árabe: que Estados Unidos estará del lado de los demócratas, y usará, dentro de algunos límites, "todos nuestros medios" para tratar de ayudarlos a ganar.
Lo que esto significa en la práctica aún no está claro. Esta semana Obama habló casi exclusivamente sobre Libia, un conflicto en el que su gobierno se inmiscuyó sin explicarlo cabalmente a la opinión pública. Se espera que, en las próximas semanas, hable más a menudo y más ampliamente sobre el futuro de todo el Oriente Medio, incluyendo sus esperanzas de que la ola democrática que tiene convulsionado al mundo árabe se desborde hacia el vecino Irán.
Este es un importante giro después de dos años en que Obama ofreció solo un modesto apoyo a los movimientos de reforma democrática, y tres meses en los que al principio dudó en apoyar a los manifestantes en las calles. (Después de todo, el impulso inicial de su gobierno fue defender al presidente egipcio Hosni Mubarak como un aliado fiable).
Pero el problema más amplio de cuándo debería Estados Unidos intervenir en otros países es algo sobre lo que Obama ha estado pensando durante un largo tiempo. En su libro de 2006, ‘The Audacity of Hope’, planteó una primera versión de las preguntas que los estadounidenses han estado preguntado esta semana.
"Estados Unidos todavía carece de una política de seguridad nacional coherente", se quejó. "En lugar de principios guía, tenemos lo que parece ser una serie de decisiones ad hoc, con dudosos resultados. ¿Por qué invadir Iraq no Corea del Norte o Burma? ¿Por qué intervenir en Bosnia y no en Darfur?"
Una conclusión a la que llegó entonces se repite en sus acciones recientes: "Actuar multilateralmente antes que unilateralmente cuando usemos fuerza en el mundo, es que esto será casi siempre en nuestro propio interés estratégico".
En esos días, e incluso en esta semana, Obama defendió su posición contrastándola con la de su predecesor, George W. Bush, que llevó a Estados Unidos a las guerras en Afganistán e Iraq.
Obama apoyó una de esas guerras, pero no la otra. Pero en este tema, al menos, los dos presidentes parecen coincidir.
En una promesa de 2005, que algunos llamaron la Doctrina Bush, nuestro último presidente también declaró que Estados Unidos estaba de lado de los activistas por la democracia en todas partes. Obama ya ha empleado más fuerza militar en un país de interés estratégico secundario que Bush [en todo su gobierno].
Ahora mismo, Obama y su gabinete están demasiado ocupados con ganar la guerra de Libia como para gastar tiempo redactando los puntos más finos de una doctrina general. Saben que si Moammar Kadafi es derrocado en algunas semanas, se verán fantásticos; pero si Kadafi se mantiene firme, se verán como idiotas perdidos.
Pero el presidente y sus asesores también ven la revolución en el mundo árabe como el acontecimiento más importante hasta la fecha durante el mandato de Obama, tan importante quizás como el fin de la Guerra Fría en 1989.
Ahora están trabajando en una política más amplia para ayudar a que todo salga bien, incluyendo un gran programa de ayuda internacional -que esperan que sea financiado por los estados árabes petroleros- para contribuir al triunfo de la democracia en Egipto, Túnez y otros países.
Todavía no la llaman ‘doctrina’, pero ciertamente se parece mucho a una. De aquí en adelante, dicen, esto será el centro; sobre esto gira la política exterior de Obama.
16 de abril de 2011
31 de marzo de 2011
©los angeles times
traducción mQh

se impuso la historia


Saludo el derribo final de una de las leyes más vergonzosas de mi país y de la historia por la lucha por los derechos humanos. Ahora sólo queda destruir otra tradición: la del miedo.
[Jorge Majfud] En las últimas horas hemos leído y escuchado a militares retirados manifestando nerviosismo por posibles juicios por crímenes y violaciones durante la dictadura y apelando al respeto por la voluntad del pueblo que ratificó la ilegítima Ley de Caducidad con una mayoría simple de abstenciones. Alguno incluso sacó a la luz un supuesto "pacto entre combatientes", aludiendo al presidente de la República, los tupamaros y los ex militares represores. Como siempre, los pactos dejan por fuera a las verdaderas víctimas, a todos aquellos que fueron aterrorizados con una sistemática caza de brujas y bajo la cobarde excusa de que "los fines justifican los medios".
Hemos repetido desde hace años el más básico de los conceptos: los derechos humanos no se negocian ni se plebiscitan. Cualquier ley que viole un solo derecho humano no sólo es inconstitucional; es inmoral y contra todo derecho natural.
En una democracia las decisiones de la mayoría se respetan. Excepto cuando se violan los derechos humanos de una sola persona. De lo contrario, deberíamos estar de acuerdo con las hordas que apedrean a las adúlteras y queman a los ladrones, por una simple razón de mayorías. Una democracia es mucho más que una simple dictadura de las mayorías. En una democracia las leyes no se violan; se cambian. Y el respeto y protección de los derechos humanos, así como el ejercicio de la justicia son sus componentes más básicos.
Saludo el principio del fin de esta Ley de Impunidad, no con alegría, sino con la serenidad que requiere y otorga cualquier acto de justicia.
No hay nada que festejar. Sólo hay una gigantesca lección histórica que aprender. Siempre he creído que la justicia que tarda no llega. Pero algo es algo y, sobre todo, queda la continuidad de un camino que afortunadamente y con mucho trabajo nos ha alejado algo de los tiempos de los barcos negreros, de los campos de concentración y la picana eléctrica.
No hay nada que festejar. Algo de la justicia que los uruguayos renunciaron o negaron a alguno de sus compatriotas apenas podría comenzar hoy. Podría. Conociendo los antecedentes, nada es seguro.
[El autor es escritor.]
14 de abril de 2011
©página 12

derechos humanos, ola imparable


Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
[Martín Granovsky] Uruguay. El propio Pepe Mujica suele levantar una ceja cuando lo dice: "Quieren hacernos pelear entre nosotros". Y agrega: "No hay que darles el gusto". No le pone sujeto a la frase, y eso es parte de su picardía política, pero la repite cuando queda involucrado en una situación que no buscó: la de un Pepe caricaturizado como una suerte de oriental moldeado a gusto del establishment.
El 30 de marzo, Mujica dijo durante un acto en la embajada argentina: "No soy hombre de lamentarme ni de lamerme las heridas. Aprendí que en la vida hay deudas que nunca se pagan y cuentas que nunca se cobran. Elijo, sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante".
Sus críticos por izquierda hicieron lo mismo que sus aduladores por derecha: esquivaron la expresión "sin olvidar el pasado". Es decir, quisieron menemizarlo.
El problema para Mujica es que hasta la votación de ayer en el Senado parecía eterno el vigor de dos consultas vinculantes. Una en 1989, por la que la mayoría del pueblo se pronunció a favor de la impunidad para los militares que habían violado los derechos humanos. Otro referéndum, con el mismo resultado, se realizó en octubre de 2009, junto con las últimas elecciones presidenciales que ganó, justamente, Mujica. Dirigentes del Frente Amplio acostumbran reflexionar que la simultaneidad fue un error. El tema no estaba candente y los candidatos se concentraron en sus campañas, con lo cual una consulta que podría haber tenido otro resultado en otro momento, por ejemplo en estos días, repitió la frustración del ’89.
Uruguay tiene una característica peculiar. Salvo la consulta sobre la caducidad, cada referéndum dio un triunfo a la izquierda. Logró mayoría para rechazar una Constitución que quería dejar de regalo la dictadura, para oponerse a la enajenación de empresas públicas y para que no se privatizaran el agua potable y las cloacas. En la última victoria, en particular, sí fue útil la simultaneidad entre la campaña por el agua y la presidencial. Como el tema estaba instalado en la discusión cotidiana de los uruguayos, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio lo capitalizaron para vencer en las presidenciales del 31 de octubre de 2004, que dieron lugar al primer gobierno del Frente el 1º de marzo de 2005.
La coalición de gobierno quedó, así, en una disyuntiva. Por un lado las consultas ya eran parte de su tradición política de legitimación popular. Por otro, en materia de derechos humanos habían dado un resultado contrario al que buscaban. Con otra singularidad más: incluso en medio de la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, el avance en la comprensión cada vez más masiva del pasado dictatorial permitió o sirvió de presión, según el caso, para que una parte de la Justicia encontrara recovecos legales y pudiera juzgar a oficiales en actividad y en retiro. A la vez, Mujica recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este cuadro explica la discusión intensa sobre el tema dentro del Frente Amplio. El FA decidió por mayoría reformar la Ley de Caducidad. Por respetar esa mayoría es que anunció la renuncia a su banca de senador el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, preso de la dictadura como Mujica, quien insistió en que seguiría comprometido con el gobierno y el FA. Fernández Huidobro votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, al revés de su colega Jorge Saravia, que votó en contra. Recién después Fernández Huidobro renunció. La renuncia es una facultad individual. El voto es una decisión política, es decir de compromiso colectivo.
"La Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", dijo este año en el caso Gelman vs. Uruguay el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión de ayer en el Senado.
Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del Juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, el Juicio a las Juntas de 1985 los recuperó, la doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto. Hasta Brasil de las Fuerzas Armadas intocables creó, con Lula, su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura 1964-1985 y la presidenta Dilma Rousseff definió que la cuestión de los derechos humanos –tanto para intervenir contra la lapidación de una iraní como para cuestionar las torturas de la base norteamericana de Guantánamo– será parte de su estrategia diplomática.
Una ola imparable.
14 de abril de 2011
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caducó la impunidad


Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. La ley de impunidad que fue promulgada hace 25 años y ratificada en dos plebiscitos comienza a caducar. Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia. Y lo hizo en gran medida en respuesta a la presión ejercida a través de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos de la Corte Suprema y la infatigable pelea de los organismos de derechos humanos.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del pasado 24 de marzo en el caso Gelman dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser declarada sin valor jurídico para que las víctimas puedan obtener justicia. Y que el Estado uruguayo debe identificar y castigar a los responsables del secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y mamá de Macarena. El abogado José Luis González, ex representante del caso, destacó tras la votación de ayer el camino que allanó el organismo que depende de la OEA. "La votación de ayer en el Senado es consecuencia de una histórica discusión acerca del contenido y la vigencia de una ley que desde sus inicios fue cuestionada y ahora se ve condicionada por la resolución de la Corte Interamericana."
Desde que la joven Macarena Gelman supo la verdad sobre su historia y se reencontró con su abuelo en el año 2000, reclaman juntos la erradicación de una norma que impide que se juzgue a los uniformados acusados de delitos de lesa humanidad. Macarena se involucró tenazmente en la búsqueda de los restos de su madre y participó activamente de la campaña por el "Sí" a la anulación de la amnistía en el plebiscito de octubre de 2009. Como en 1989, la iniciativa popular no reunió los votos suficientes (obtuvo el 47 por ciento de los sufragios) para hacer efectiva esa proclama. Ese resultado adverso podría explicarse quizá por el hecho de que el referéndum se hiciera el mismo día que la elección presidencial y, según criticaron los organismos de derechos humanos y la central PIT-CNT, no tuvo la difusión necesaria y la izquierda no se involucró como se hubiera esperado.
Días antes de la consulta, la Corte Suprema de Justicia uruguaya determinó que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Ya en febrero de ese año –2009– tanto el Ejecutivo como el Congreso habían declarado inconstitucional la polémica norma para el mismo caso.
Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez se limitó a marcar algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la Ley de Caducidad para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma contando con una mayoría en ambas Cámaras.
El Frente Amplio ayer usó su mayoría parlamentaria para avanzar en su promesa de aplicar una política de Estado profunda a favor del enjuiciamiento de las atrocidades de la pasada dictadura (1973-1985). Podría decirse que el contexto propició este cambio de posición de la coalición de centro-izquierda. No sorprendió que el Frente Amplio votase en soledad. Los partidos conservadores de Uruguay (Nacional y Colorado) mantuvieron su negativa a dejar sin efecto la ley.
El oficialismo logró pasar la votación en el Senado sorteando obstáculos. El proyecto interpretativo de la ley obtuvo media sanción en Diputados el año pasado, pero se trabó en la Cámara alta por la negativa de tres senadores frentistas. Uno de los tres legisladores en rebeldía es el referente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, autor de ‘Memorias del calabozo’, quien votó a favor pero renunció a su banca. El otro senador es Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente de Tabaré Vázquez, que ayer optó por no ir a la sesión y el tercero es Jorge Saravia, el único que votó en contra.
El diputado oficialista Felipe Michelini afirmó que no hubo un cambio de actitud del Frente Amplio. "La lucha contra la impunidad no es un camino recto, es un camino de avances y retrocesos, se pensó que la etapa que se vivía en el gobierno de Tabaré no era propicia para la eliminación de la ley, se apostó por una reforma constitucional que no pudo concretarse. En el programa del FA está la erradicación de la norma. Ahora lo estamos concretando. Es una ratificación del rumbo." Lo dice uno de los hijos de Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976. En un día histórico.
14 de abril de 2011
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