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opinión

morlock, el repugnante


Cazaba afganos por deporte.
[Guy Adams] Sonreía inclinado sobre el cuerpo del muchacho y con una mano le torcía la cara ensangrentada hacia la cámara. El cabo Jeremy Morlock se llevaba así su trofeo de cacería, un civil afgano inocente, como solía llevarse los de los alces que cazaba en su pago de Alaska. Las fotos de este militar de 23 años tratando a un ser humano como un animal fueron publicadas la semana pasada por la revista alemana Der Spiegel. Hasta el ejército de Estados Unidos, una institución poco dada a las disculpas, dijo que las imágenes eran "repugnantes".
Anteanoche, Morlock fue condenado a 24 años de prisión por un tribunal militar en la base Lewis-McChord, cerca de Seattle, en el estado de Washington. El cabo se había declarado culpable de ser el líder de un "pelotón de ejecución" de soldados rasos que mataron a tres civiles al azar, por deporte, durante sus doce meses de servicio en la provincia de Kandahar entre 2009 y 2010. Morlock no fue condenado a muerte o prisión perpetua porque aceptó declarar contra sus camaradas "deportivos", con lo que tal vez pueda salir bajo palabra pasados los treinta años de edad.
Este caso, que ya es llamado "el Abu Ghraib afgano", promete dejar muchas preguntas sin responder: ¿sabían sus superiores del deporte que practicaban los soldados? ¿se fijaban siquiera en la salud mental de los hombres a su mando? ¿no serán los acusados apenas la punta de un iceberg mucho mayor? Lo que se sabe de Morlock no ayuda a calmar estas preocupaciones.
Tercero de ocho hijos de una familia de clase obrera de la minoría indígena Athabaska, Morlock nació en Wasilla, Alaska. En la secundaria jugó al hockey sobre hielo con su amigo Track Palin, en el equipo que entrenaba su madre, la ahora famosa ex gobernadora Sarah Palin. En 2006 se graduó y se unió al ejército, que lo envió a la Quinta Brigada de Ataque de la Segunda División de Infantería. Durante su entrenamiento, Morlock reportó episodios de depresión agravados por la inesperada muerte de su padre, que se ahogó en 2007.
A mediados de 2009, Morlock llegó en rotación al sur de Afganistán, por un año, y de inmediato se encontró bajo fuego. Participó en cuatro "contactos" con el enemigo y en tres de ellos sufrió concusiones. En una carta a su madre escribió que "hace apenas tres meses que llegué y ya no creo que alguna vez pueda hablar de las cosas que me están pasando". En la misma carta, le confesaba que no podía dormir y se sentía "traumatizado".
Morlock comenzó a fumar la marihuana que se cultiva en Kandahar y le recetaron diez medicaciones diferentes, incluyendo analgésicos, antidepresivos y pastillas para dormir. Tras su arresto, los médicos militares informaron que tenía síndrome post traumático, drogodependencia y desorden de personalidad. Ninguno de estos síntomas hizo que lo enviaran a retaguardia.
En sus interrogatorios, el cabo contó que comenzó a matar civiles desarmados junto a sus colegas después de la Navidad de 2009, según él con el apoyo de su sargento, Calvin Gibbs. Este suboficial, al parecer, tiene el hábito de cortarles los dedos a los enemigos que mata y dijo que había matado por deporte durante su rotación en Irak. "Si Gibbs supiera que les estoy contando esto, seguro que me hace mierda", les dijo Morlock a los interrogadores en una entrevista que terminó en YouTube. Los abogados del sargento niegan furiosamente que esto sea cierto.
Los tres asesinatos por los que fue condenado Morlock ocurrieron en enero, febrero y mayo del año pasado. No se conocen todos los detalles, pero el acusado dijo que habían acomodado los cuerpos para que pareciera un enfrentamiento.
Lo que está quedando en claro es que la Quinta Brigada de Ataque tiene un problema. Su comandante, el coronel Harry Tunnell, fue súbitamente removido a mediados del año pasado y esta semana fue acusado en la corte marcial de conducir una brigada "disfuncional". Un psicólogo de la defensa dijo que su cadena de mando "creó un ambiente propicio para estos crímenes". Varios soldados dijeron que hablaron con sus superiores sobre problemas de abuso de autoridad y de uso de drogas, pero que fueron ignorados y, en un caso, golpeados para que se callen. Los familiares de un soldado que reveló en un mensaje colgado en Facebook que se estaba matando a civiles inocentes, contactó el comando de la brigada en Seattle pero jamás les contestaron.
Morlock fue arrestado en julio pasado y desde entonces está en soledad. Tuvo un hijo que todavía no conoce. En los interrogatorios previos a su juicio llamó la atención que nunca intentara culpar a las drogas o al stress por sus actos. "Perdí mi norte moral", fue su explicación. Su madre lleva gastados 50.000 dólares en su defensa legal y le dijo a la prensa que su hijo fue condenado para tapar un problema mayor. "Creo que le ordenaron hacer lo que hizo", dijo la mujer. "Creo que sus superiores están involucrados y ellos lo están pagando. Allá pasa de todo...".
25 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
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sospechosa premura de la cpi


Corte Penal Internacional de La Haya anuncia que investigará acusaciones de crímenes contra la humanidad de presidente libio, Gadafi.
[Rodolfo Yanzón] El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes que dicen cometió el gobierno de Muammar Khadafi. Sin ningún atisbo de pereza, el fiscal jefe ante la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció que se abocará a investigar los crímenes contra la población libia y enfatizó que en esta ocasión contaba con el voto unánime de los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos sus miembros permanentes, que ejercen poder de veto. Ello sucedía mientras se decidían sanciones económicas contra Libia y se multiplicaban declaraciones anunciando posibles ataques, como las ofrecidas por Hillary Clinton y el mismo Barack Obama. Bajo el trillado argumento de salvar vidas se esconden intereses económicos. Lamentablemente, el ataque de la OTAN ya comenzó.
Uno de esos miembros permanentes, los Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de la CPI, han bloqueado sistemáticamente todo avance de justicia internacional que pudiera significar someter a juicio a alguno de los suyos, celebrando decenas de convenios bilaterales para otorgar impunidad a sus agentes en las "misiones" que llevan a cabo en distintos puntos del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene el privilegio de vetar cualquier investigación que comprometa a sus agentes o a agentes de potencias aliadas. Para completar el panorama, todas las denuncias presentadas contra agentes de la OTAN y norteamericanos fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Libia hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad para reclamar de inmediato una investigación, sin que existiera siquiera un mínimo rubor por todos aquellos crímenes llevados a cabo por la OTAN y por los Estados Unidos en sus llamadas guerras preventivas, que fueron consentidas por la ONU. Ahora se agregan los ataques que esas fuerzas militares iniciaron contra Libia. La comunidad internacional necesita contar con normas claras para juzgar los crímenes más graves, como el de agresión, los de lesa humanidad y el genocidio. Pero para ello debe tener herramientas eficientes que permitan juzgar a todos los responsables y no a unos pocos. Pero ello no podrá ser posible si se mantienen los privilegios en el Consejo de Seguridad y si los que tienen mayor poder militar se sustraen sistemáticamente de todo alcance legal.
En conclusión, la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002 (en agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley por la que se opuso a cualquier tipo de colaboración), ha dejado un saldo esqueléticamente parcial y la impunidad de los crímenes internacionales más graves que se han cometido en la última década. En ese contexto, al llevar adelante investigaciones contra unos pocos, Moreno Ocampo es un fiel cumplidor de las políticas que se diseñan en Washington. Y los argentinos podemos concluir que el principal beneficio que trajo la CPI es que Moreno Ocampo (que se opuso a la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina) esté lejos por unos años. Con el ataque de la OTAN a Libia se ha dado un paso más para declarar la defunción de la ONU y de la CPI.
[El autor es abogado, especialista en derechos humanos.]
20 de marzo de 2011
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el indefenso


Los contribuyentes y miles de militares que autorizan descontar un porcentaje de su sueldo vienen pagando la defensa del presunto asesino de niños y confeso violador.
[Daniel Coronell] Con tretas jurídicas están intentando que el subteniente Raúl Muñoz quede en libertad. Muñoz está imputado de la violación de dos niñas y del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanitos. Los hechos sucedieron el año pasado en una vereda de Tame, Arauca. Los cargos de la Fiscalía señalan que el oficial del Ejército llegó hasta la casa campesina en la que vivían los niños y cometió el horrendo crimen.
Él no ha admitido el homicidio de los niños de 14, 9 y 6 años. En cambio, ha dicho que sí "tuvo relaciones" con la niña, pero alega que fue con su consentimiento. Lo mismo asegura de otra menor de la zona que denunció que también fue violada por el uniformado.
El Código Penal establece que no existe la figura del consentimiento cuando hay sexo entre un adulto y un niño. No puede haberlo, menos aún cuando el adulto ostenta autoridad.
Ninguno de estos hechos puede ser considerado un acto del servicio, sin embargo, la representación judicial del subteniente ha estado a cargo de la Defensoría Militar Integral (Demil), una entidad de cuya junta directiva hacen parte oficiales activos.
En los estatutos de Demil consta que en su junta estarán el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.
La Defensoría Militar Integral Demil, según un concepto oficial, es una entidad de carácter privado. Sin embargo, funciona en instalaciones oficiales. En Bogotá tiene oficinas en una edificación militar, la Escuela de Ingenieros, en la zona conocida popularmente como el Batallón Baraya.
La curiosa simbiosis de esa ’entidad privada’ con el Ejército ha llegado tan lejos que -por ejemplo- en los planos oficiales para la construcción de los juzgados penales militares de la Brigada 17 quedó establecido que una parte de la instalación será para Demil.
Esto quiere decir, ni más ni menos, que con plata pública se financia parcialmente a esa entidad privada. Otros fondos de Demil vienen de los sueldos de los militares afiliados que firman una autorización para que les descuenten, ’por nómina’, el 0,95 de su salario.
De ese mismo formulario hace parte una especie de contrato que determina las condiciones bajo las cuales Demil prestará el servicio de asistencia jurídica a un militar.
El documento excluye expresamente los "delitos sexuales".
A pesar de todo, la representación judicial del subteniente Raúl Muñoz ha estado a cargo de los abogados de Demil. Es decir, la defensa del presunto asesino de niños, y confeso violador, la vienen pagando los contribuyentes y miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo.
Esto por sí solo sería suficientemente grave, pero, además, la defensa de Muñoz ha usado como táctica la dilación buscando que salga a la calle por vencimiento de términos.
Desde su captura, en noviembre del año pasado, el subteniente Muñoz ha tenido cuatro abogados. Cuatro defensores en cinco meses. Cada vez que un nuevo apoderado se hace cargo del caso, el proceso sufre demoras por la supuesta necesidad de conocer los detalles.
Una de las últimas defensoras se llama Paola Milena Pinzón Padilla. Una joven abogada que en su Facebook cuenta su vinculación con Demil. En uno de los documentos del proceso, la doctora Pinzón dejó como dirección de notificación la del Batallón de Ingenieros XVIII de Tame, Arauca. Como suplente inscribió a la abogada Patricia Lucía Díaz.
El 23 de febrero pasado, en plena audiencia preparatoria del juicio, Paola Milena sorpresivamente renunció a la defensa. Al día siguiente, el caso fue asumido por Patricia Lucía, quien pidió el vencimiento de términos y la consecuente libertad del subteniente Muñoz. Segundos después, y siguiendo el ejemplo de sus antecesores, renunció al caso y provocó así un nuevo aplazamiento.
La juez no aceptó el vencimiento, señaló que las demoras son solo atribuibles a la defensa y pidió que la Judicatura investigue a las abogadas y el papel de Demil en todo esto.
¿Por qué los colombianos y los militares honestos (que son la mayoría) tienen que pagar por la defensa tramposa del subteniente Muñoz?
14 de marzo de 2011
12 de marzo de 2011
©semana

piñera y el indulto


La columna de Carlos Peña en El Mercurio.
[Carlos Peña] El anuncio vino desde Madrid:
Vamos a explorar y conversar en el Congreso la posibilidad de otorgar conmutaciones de penas a personas de edad avanzada -explicó el Presidente.
¿Acaso incluirían ellas a violadores de derechos humanos hoy día ancianos o enfermos? -preguntó un periodista.
Por supuesto -dijo Piñera-, cuando se habla de razones humanitarias, no se debe hacer ninguna distinción entre ser civil o militar. Son todos seres humanos; por tanto, todos sujetos de razones humanitarias.
A la luz de esas declaraciones, el Presidente parece creer dos cosas: una, que los violadores de derechos humanos merecen conmiseración de parte del Estado; dos, que ésa es una razón suficiente para que el Congreso los incluya en un indulto general.
Se trata de dos errores del Presidente.
Los violadores de derechos humanos -a diferencia de un delincuente común- se sirvieron del aparato del Estado no sólo para infringir sistemáticamente los derechos de las personas, sino para encubrir su propia participación en esos crímenes. Gracias a que detentaban el poder estatal, pudieron asesinar por motivos políticos, y más tarde, sirviéndose de ese mismo poder, eludir toda responsabilidad. En suma, quienes violaron los derechos humanos pervirtieron la misma índole del Estado, y aprovechándose de eso, delinquieron y luego se ocultaron.
Si se les liberara con el pretexto de las razones humanitarias, la pena en su caso no habría sido ni ejemplarizadora, ni retributiva: ni aleccionadora para el resto de los ciudadanos, ni correctiva para las víctimas.
En cambio, el Estado habría sido defraudado en sus fines por tercera vez: cuando con sus medios se violaron los derechos, cuando sirviéndose de ellos se alcanzó la impunidad y cuando se echó mano a sus reglas para eludir la pena.
¿Significa eso que quienes violaron los derechos humanos no son merecedores de consideraciones humanitarias?
En absoluto. Esas consideraciones deben inspirar un cuidado especial cuando están enfermos y un régimen que les permita relacionarse con sus familiares; pero no evitarles la cárcel. Es verdad que se trata de seres humanos -como es obvio, un criminal es, efectivamente, un ser humano-, pero justo por ello, son responsables de lo que hicieron meditada y sistemáticamente y sirviéndose de los medios del Estado.
Por lo demás, tampoco el Presidente parece muy convencido de que se trate de personas que por razones humanitarias merezcan eludir el encierro.
Si de verdad el Presidente creyera lo que declaró en Madrid, entonces podría aplicar el indulto particular que es (¿acaso no lo sabe?) una atribución exclusiva suya que ejerce de manera discrecional. ¿Por qué el Presidente trata de conseguir en el Congreso lo que él podría hacer bajo su única y exclusiva responsabilidad? Si él efectivamente estuviera convencido de que en esos casos median razones humanitarias, ¿por qué, entonces, no toma la responsabilidad de indultar a los culpables y luego le explica al país las poderosas y notables razones que lo inspiraron?
Si en cambio él piensa que no median razones humanitarias o que habiéndolas ellas se ven obstaculizadas por la gravedad de las felonías y los crímenes que esos reos cometieron, entonces ni debe indultar ni, tampoco, pedirle al Congreso que lo haga. La razón es obvia: si para él no hay razones para indultar, ¿por qué podría haberlas para que el Congreso lo hiciera?
La ministra Von Baer improvisó una razón. Lo que ocurre, dijo ella, es que los chilenos estamos divididos frente a nuestra historia, y de ahí entonces que para indultar sea imprescindible un consenso general.
Tampoco es cierto.
Los chilenos están divididos por la historia; pero no respecto a que las violaciones de los derechos humanos carecen de toda justificación y merecen un castigo. La diversidad de opiniones en torno a la historia es una cosa; la actitud que el Estado y la ciudadanía deben tener en torno a los crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos es otra.
No cabe duda: si el Presidente cree que hay razones humanitarias, debe indultar y tomar la responsabilidad; si piensa que no hay tales razones, entonces ni siquiera debe sugerir al Congreso que lo haga.
13 de marzo de 2011
©el mercurio

guerra contra los nuevos paramilitares


La tardía guerra contra las llamadas "bacrim". Hoy el gobierno nacional tiene en marcha una nueva estrategia, denominada D-6, que le apunta a desarticular estas bandas criminales emergentes. Pero, ¿por qué es tan tardía su reacción?
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. Las dejaron coger ventaja. Las vieron crecer impávidamente y poco o nada se hizo en el pasado para contrarrestar sus expresiones de violencia. Hoy, cuando su dominio territorial es amplio y sus tenazas contra la población civil son asfixiantes, el Gobierno nacional despierta de su letargo y decide confrontar las llamadas "bandas criminales emergentes", conocidas como "bacrim". Es la nueva guerra nacional.
Y suena extraño que sea la nueva guerra nacional, cuando estos grupos armados de origen paramilitar tomaron fuerza a mediados del 2006, después del último proceso colectivo de desmovilización y dejación de armas, ocurrido el 16 de agosto de ese año que involucró a cientos de paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.
El término "bacrim" no es un invento de la prensa ni de analistas especializados en el tema de seguridad, es una definición que las mismas autoridades militares y de policía le dieron a esos nuevos grupos criminales en el año 2006, cuando se conformó bajo la responsabilidad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional una oficina de coordinación interinstitucional e información que articularía los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. Según se dijo en su momento, esta nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia.
En sus inicios, esa dependencia comenzó a generar informes sobre las "bacrim", georeferenciando su ubicación a lo largo y ancho del país, revelando sus estructuras y precisando su modus operandi. Los primeros documentos indicaron que para el año 2006 se habían conformado 22 estructuras armadas integradas por cerca de 4 mil hombres. No obstante, no se volvió a saber nada de esa oficina. ¿Alguien puede dar razón de ella?, ¿a dónde fueron a dar sus análisis?
La situación era tan preocupante a finales de 2006 que el Primer Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción realizado en mayo de 2007 por una unidad de análisis especializado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) recomendó el "fortalecimiento de la oficina de Coordinación Interinstitucional de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, encargada de coordinar la información y operaciones en contra de las llamadas "bandas criminales". No es claro si efectivamente se atendió la recomendación o no de la CNRR.
Lo que sí puede constatarse es que hace más de cuatro años se identificaron los riesgos ligados a estas "bandas criminales emergentes", pero poco o nada se hizo para evitar el desangre producido por estas estructuras armadas en diversas regiones del país. Su consolidación territorial así lo demuestra.
Hoy el Gobierno nacional tiene en marcha una nueva estrategia, denominada D-6, que le apunta a desarticular estas bandas criminales emergentes. Pero, ¿por qué es tan tardía su reacción?
El cambio de actitud sería entendible si, por ejemplo, hubiese habido en este país un cambio radical en la orientación ideológica de quienes llegaron a la conducción del Gobierno central el 7 de agosto de 2010. Pero no fue así. Resulta que el hoy Presidente de la República era el Ministro de Defensa en el año 2006, justamente cuando se comenzó a difundir el término "bandas criminales emergentes", y el Director de la Policía Nacional es el mismo de hace cuatro años, el general Óscar Naranjo.
Una posible respuesta podría tener relación con las "ronchas" que levantaban las llamadas "bacrim" en la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Su existencia y crecimiento evidenciaban el fracaso de la política de reinserción impulsada con los antiguos miembros de las Auc y las falencias de un proceso de desmovilización que, en el fondo, llevó a una reacomodo de las fuerzas armadas ilegales liderado por mandos medios que no se acogieron a estos acuerdos, además, quedaba en entredicho la eficacia de la política de Seguridad Democrática. Decenas de informes nacionales e internacionales realizados por especialistas independientes advirtieron los riesgos, pero todos fueron desacreditados. El objetivo era acallar el asunto.
Esa tendencia al silencio la compartió inicialmente el gobierno de Santos. En sus primeros meses, sectores de su gobierno y comisionados afines a las directrices de la política de Seguridad Democrática cuestionaron internamente el Segundo Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción preparado por especialistas adscritos a la CNRR durante el 2010 y divulgado en diciembre de ese año. Consideraban "exagerado" las advertencias que indicaba que las llamadas "bacrim" se habían fortalecido con el paso de los años y de ellas hacían parte numerosos desmovilizados de las Auc.
Pero los hechos confirman hoy lo que tanto se negó en su momento: en el país operan siete organizaciones criminales (Paisas, Rastrojos, Urabeños, Erpac, Águilas Negras, Nueva Generación y Renacer), integradas por cerca de seis mil hombres diseminados en 17 departamentos y 152 municipios.
El presidente Santos ha dicho que son "bandas criminales. No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales". Tal afirmación permite deducir que hay una estructura superior a las "bandas criminales". Así las cosas, ¿cuáles son esas "bandas de crimen organizado" de las que hacen parte?, ¿se les tiene identificadas?, ¿dónde operan?, ¿quiénes son sus líderes?, ¿en qué negocios, legales e ilegales se mueven?, ¿tienen conexiones con grupos criminales del exterior?
Una lucha tardía y una mala caracterización del "enemigo" pueden derivar en una sucesión de fracasos cuyas consecuencias las sentiremos todos los colombianos, no sólo aquellos que viven en las zonas de influencia de estas "bandas criminales". En esta confrontación, el presidente Santos y el general Naranjo tienen una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si la nueva estrategia fue exitosa o se convirtió en un fiasco, como la primera vez.
[El autor es periodista y docente universitario.]
11 de marzo de 2011
9 de febrero de 2011
©semana

guerrillero de utilería


Los pretendidos subversivos (reclutados realmente en zonas pobres de Bogotá y otras ciudades) vestían uniformes nuevos, aunque decían que venían marchando desde agrestes parajes del Tolima.
[Daniel Coronell] Colombia. Raúl Agudelo Medina, Alias ’Olivo Saldaña’, fue un fraude desde el comienzo. Nunca tuvo el mando que quisieron atribuirle. No es el fiero cabecilla de las Farc que han pintado. Fue, en cambio, un extorsionista y jefe de finanzas que escapó de la guerrilla en diciembre del año 2003 con 10.000 millones de pesos.
Debió sentir un gran alivio cuando la Policía lo encontró primero que sus antiguos camaradas. Lo cogieron en el centro de Pereira, pero la plata no ha aparecido. De acuerdo con los reportes de la época Olivo Saldaña venía amasando una fortuna -incluso antes de su millonaria deserción- y se quedó con el 10 por ciento de todas las extorsiones.
Este emprendedor del crimen identificó un nuevo negocio desde la cárcel.
Como el gobierno quería sazonar con desmovilizaciones guerrilleras el cuestionado proceso de paz con narcos y paramilitares, Olivo Saldaña se encargó de crear estructuras guerrilleras falsas, caracterizarlas y desmovilizarlas.
El primero se llamó el ’Frente de Milicias Urbanas Norma Patricia Galeano’. El teatral acto de entrega de unos encapuchados vistiendo camisetas del Che Guevara resultó tan celebrado que se les olvidó contar que el "comandante" de los "desmovilizados" llevaba dos años preso.
Quedaron tan contentos con la función que quisieron repetirla ampliada. En marzo de 2006, el comisionado Luis Carlos Restrepo determinó que Olivo sería "miembro representante de las Farc". Con apoyo del Estado, Olivo Saldaña fue al Tolima y armó una verosímil comparsa que bautizó ’Compañía Cacica La Gaitana’.
De acuerdo con los testimonios que están en poder de la justicia, tuvieron otro patrocinador. Se trata del narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, que habría dado 2.000 millones de pesos para el montaje.
En documentos oficiales consta que un tiempo después, Rojas Yepes trató de impugnar su extradición alegando que tenía compromisos con la oficina del alto comisionado de Paz, era miembro del ’Frente Cacica La Gaitana’ y había liderado -junto con Olivo- su desmovilización. (Ver documento)
Es cierto, les fallaron algunos detalles de ambientación. Los pretendidos subversivos (reclutados realmente en zonas pobres de Bogotá y de otras ciudades) vestían uniformes nuevos, aunque decían que venían marchando desde agrestes parajes del Tolima. Apenas unos días antes habían aprendido a hacer formaciones militares. Varios de los recipientes en los que supuestamente cocinaban brillaban como si acabaran de salir del almacén. (Ver video)
El cabecilla del grupo lucía una cuidada melena agarrada en colita de caballo debajo de una boina roja. Las uñas arregladas llamaron la atención de algunos, pero aún más el alias de guerra que invocó: ’Biófilo’.
El de la cola aseguró en la desmovilización que la ’Cacica La Gaitana’ estaba recién conformada y tenía apenas dos o tres meses de antigüedad. Pero Olivo aseguraba que el grupo funcionaba hace seis o siete años. (Ver video)
Un reportero agudo le preguntó al altísimo comisionado por la contradicción, y él respondió: "Hombre, destaquemos lo positivo".
Pasado un tiempo, se vino a saber que varios de los fusiles que llevaban resultaron ser tallas en madera. (Ver documento) Tan falsas como el avión que ofrecieron entregar a pesar de que había sido decomisado dos años antes en Sucre.
A pesar de las evidentes inconsistencias, Olivo Saldaña se convirtió en testigo estrella para perseguir a algunos opositores del gobierno, señalándolos como presuntos vínculos con las Farc.
Esos procesos han venido cayendo como las historias del guerrillero de utilería.
La Fiscalía cree que Olivo no actuó solo en el montaje. Esta semana La FM reveló que por estos hechos serán investigados el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general Lelio Suárez Tocarruncho, el coronel Jaime Joaquín Ariza y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes.
9 de marzo de 2011
26 de febrero de 2011
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salvando a los tiburones de la sopa


California debería prohibir la venta y posesión de aletas de tiburón.
Los tiburones son estrellas en otros géneros, además de las películas de miedo. Su rapaz existencia es vital para asegurar el equilibrio entre el ecosistema y la pesca en los océanos; sus poblaciones fuertemente reducidas son causa de profunda preocupación. Han ocurrido colapsos de algunas especies, como el del pez martillo en el noroeste del Océano Atlántico, cuya población se ha reducido en un 89 por ciento. En general, se considera que casi un tercio de la especie está en peligro de extinción.
Un importante contribuidor a su disminución son las aletas de tiburón, que son obtenidas durante operaciones de pesca de gran escala en las que a los tiburones capturados se les cortan las aletas para usarlas en la exquisita sopa de aleta de tiburón. Luego se los arroja de vuelta al océano, a morir. Aunque es difícil dar con cifras precisas, se estima que hasta setenta millones de tiburones son matados al año en el ramo de las aletas. Esfuerzos recientes para reducir el corte de aletas han sido en gran parte inefectivos, que es la razón por la que un proyecto de prohibición de la venta o posesión de aletas de tiburón en California es una buena idea.
Debido a que son un artículo de lujo -un cuenco de sopa puede costar hasta cien dólares-, el mercado para las aletas de tiburón era pequeño hasta hace cerca de una década. La creciente clase media en China creó una nueva demanda para la sopa, que también es popular entre los estadounidenses chinos.
El corte de aletas es ilegal en las aguas de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y varios otros países, pero es todavía habitual en aguas internacionales. Además, es ilegal para lanchas pesqueras estadounidenses fondear con aletas de tiburón a bordo, a menos que sean parte del cadáver. Pero esto no afecta a las aletas de tiburón importadas, y una prohibición sobre la importación en el estado sería legalmente débil y, como un asunto práctico, prácticamente inaplicable.
Formulado sobre una ley hawaiana aprobada el año pasado, AB 376, patrocinada por los miembros de la Asamblea Paul Fong (demócrata de Cupertino) y Jared Huffman (demócrata de San Rafael), el proyecto prohibiría la posesión o venta de aletas de tiburón, excepción hecha de los pescadores con licencias específicas. Aunque no es una solución global -California no es de ninguna manera una zona caliente del consumo de aleta de tiburón-, el proyecto de ley sentaría un ejemplo para frenar una práctica inaceptable ecológicamente, restringiendo la demanda.
Muchos estadounidenses chinos del estado la objetarán, sin ninguna duda y comprensiblemente  -el senador Leland Yee (demócrata de San Francisco) ya ha anunciado su oposición. Pero del mismo modo que es ilegal vender carne de ballena en este país, pese a toda una historia de consumo en Japón, los imperativos medio-ambientales superan las tradiciones culturales.
5 de marzo de 2011
19 de febrero de 2011
©los angeles times

precio y valor


"Le gustaba repetir a los visitantes que recibía en Moscú, su colección no tenía precio: sólo tenía valor".
[Juan Forn] El año es 1963. Andy Warhol llega a un fastuoso departamento de la Quinta Avenida de Nueva York a cumplir con un encargo: pintar el retrato de la dueña de casa. Sabe que es su entrada en el olimpo de los mecenas. Una cosa es pintar retratos de Elvis o Marilyn copiados de fotos de revistas y otra muy distinta es hacer uno al natural, por encargo. Pero Warhol ya es Warhol y su clienta le calza como anillo al dedo: Ethel Scull compra arte como compra vestidos de Courrèges y Saint Laurent. Su marido se ha hecho cargo de la flota de taxis que tenía el padre de Ethel y los ha convertido en millonarios. El departamento de los Scull queda enfrente del Metropolitan Museum. La pareja suele decir en chiste (o no tan en chiste) que el plan es mudarse enfrente, en cuanto puedan comprarlo, con todo lo que tiene adentro. O, en su defecto, acumular tantas obras de arte que hagan ocioso el edificio al otro lado de la calle. Ethel Scull recibe al artista en una vaporosa túnica de seda natural. Warhol pone cara de asquito y le ordena que se vista para salir a la calle. Tiene los bolsillos llenos de monedas. ¿Adónde vamos?, pregunta Ethel. A la 42 y Broadway, a sacarte unas fotos. ¿En esas horribles cabinas automáticas del metro? Quién sabe qué porquerías habrán hecho los que se sentaron ahí antes que yo, dice Ethel. Pero Warhol la empuja dentro de la cabina, comienza a poner monedas en la ranura y le dice: "Ahora dedícate a ser tú misma, que esto me está costando dinero".
Con 36 de esas fotos carnet ampliadas hasta la saturación, Warhol compuso su primer cuadro de grandes proporciones, Ethel Scull Thirty-Six Times, y convirtió a su clienta en un icono del arte pop. También abrió las puertas a un fabuloso negocio: en los años venideros, todo nuevo rico que quisiera figurar socialmente debía exhibir un retrato hecho por Warhol en las paredes de su living neoyorquino. Como el buen Andy era tan democrático cuando había dinero de por medio, los Scull necesitaron diferenciarse del resto y encargaron al escultor pop George Segal una pieza en tamaño natural que los exhibiera a ambos posando (ella sentada en un sillón, con anteojos negros, él de pie a su lado, en smoking y zapatillas) y la instalaron en medio del living de su departamento de la Quinta Avenida. Pequeña anécdota al respecto: Segal embebía a sus modelos en yeso líquido para hacer el molde, Ethel iba a posar con un vestido barato, el editor de Vogue dijo que era inaceptable inmortalizarse en ropa tan ordinaria, Ethel aceptó a regañadientes arruinar un Courrèges original, pero se negó a hacer lo mismo con su famosa cabellera, así que encargó a su coiffeur que le hiciera una peluca especial para posar. Es leyenda que el peluquero cobró más que el escultor y que lo que cobraron ambos no pagaba ni la mitad del Courrèges arruinado. También es leyenda que fueron los Scull quienes corrigieron ese desfasaje de cotización, unos años después: se recuerda la fecha como el día en que el mundo del arte se convirtió en el mercado del arte.
Era 1973. Los Scull (que habían declarado famosamente que sólo les interesaba comprar "un arte que refleje lo que somos de verdad, en objetos sencillos, luminosos y concentrados") convencieron a Sotheby’s de hacer la primera subasta pública de arte pop y entregaron a la venta cincuenta obras de su colección. Sólo había piezas de ellos en la subasta. Por ninguna habían pagado más de cinco mil dólares. Ninguna se vendió a menos de 150 mil y la mayoría superó los 300 mil. Un piquete de taxis bloqueó la entrada de Sotheby’s con pancartas que decían: "Todo taxi un museo. Acabemos con la codicia de los ricos". Rauschenberg acusó a los gritos a los Scull de traidores a la salida de la subasta. Warhol y Lichtenstein, en cambio, volvieron más que orondos a sus casas, sabiendo a cuánto ascendía su nueva cotización en el mercado. Los Scull se pelearon poco después. Un día antes de pedir el divorcio, el astuto Robert mandó todos los cuadros de su casa a un depósito y le dijo a Ethel que podía redecorar a su gusto. La batalla judicial duró diez años y obligó a ambos a reducir drásticamente su tren de vida y malvender a cuenta gran parte de la colección. Mientras tanto, aquellas obras subastadas en 1973 se habían disparado a precios siderales: el 200 Dollar Bills de Warhol pasó de 285 mil a valer 46 millones de dólares; el False Start, de Jasper Johns, vendido a 420 mil, superó los 80 millones. Casi todos ellos desembocaron en la mansión californiana del magnate musical David Geffen, cosa que llevaría a Jonathan Scull, el único y empobrecido hijo de la pareja, a confesar a la prensa, luego de la muerte de sus progenitores: "A veces, en medio de la noche, fantaseo con llamar a David Geffen y pedirle que me deje ir un rato a su casa, a contemplar mi infancia".
Curiosamente, la dispersa colección Scull fue reunida este año para una gran muestra itinerante internacional (Robert y Ethel Scull, visionarios) y ya ha coincidido en varias capitales europeas con otra gran exposición que homenajea a otro coleccionista, el ruso Gyorgi Costakis. A diferencia de los Scull, Costakis no era millonario: su padre era un griego afincado en el sur de Rusia que se quedó sin nada después de la revolución, pero el joven Gyorgi tenía veleidades artísticas y tuvo su golpe de suerte tras de la Segunda Guerra, trabajando como chofer para la embajada griega en Moscú. Su misión era ayudar a los invitados oficiales a comprar iconos rusos en el mercado negro. En sus andanzas descubrió, en cambio, gran parte de la obra de los grandes artistas de vanguardia de la revolución, los verdaderos inventores del arte abstracto del siglo XX. La imposición del realismo socialista había condenado al olvido (cuando no a la muerte) a futuristas, constructivistas, acmeístas y suprematistas. Costakis rastreó a los pocos sobrevivientes o encontró su obra escondida en desvanes y sótanos y gallineros y cocinas comunales de Moscú y alrededores. Se hizo famoso en el mercado negro como "el griego loco que compra cuadros horribles". Pagaba con bidones de combustible, bolsas de harina, botellas de whisky que "distraía" de la embajada. Alguna vez hasta entregó a cambio los parabrisas de su viejo Lada. Así llenó su casa de originales de Malevitch y Rodchenko, Rozanova y Popova, Tatlin y Lissitzky.
En Occidente corrió pronto la voz de que un griego loco había armado en su casa un alucinante museo informal de arte moderno soviético y empezaron las visitas de extranjeros ilustres, de Stravinsky a Bertrand Russell, pasando por los más conspicuos curadores de museos del mundo. En 1977, Costakis negoció su salida a Occidente a cambio de lo mejor de su colección. Donó las piezas restantes al Museo de Arte Moderno de Atenas, la ciudad donde murió en 1990. Como los Scull, no tuvo oportunidad de volver a ver en vida toda su colección junta. A diferencia de los Scull, no le importó especialmente porque, como le gustaba repetir a los visitantes que recibía en Moscú, su colección no tenía precio: sólo tenía valor.
27 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
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