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la impunidad hipoteca el futuro


"Si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos [...] lo que haría [...] es hipotecar el futuro".  Tributo a Macarena Gelman.
[Hernán Patiño Mayer] Al contrario de lo que expresa el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.
"La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son ‘universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto’."
(Pontificio Consejo Justicia y Paz. Año 2005)
En La Nación del miércoles 8 del corriente, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título de "Los peligros de falsificar el pasado". No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero exclusivamente referirme a un párrafo de su nota que, por su carácter taxativo, reclama una réplica. Dice Sanguinetti: "Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares". Desgraciada la metáfora con la que lo inicia. No se trata, Dr. Sanguinetti, de "revolver cenizas", sino de hallar las de aquellos asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales (exclusiva) conductas del género humano, cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esta deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad. Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de "La Noche de los Cristales Rotos" (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca le escuché, ni tampoco leí, una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no "revolver las cenizas" y mucho menos la afirmación temeraria de que "un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado". Pero vayamos al perdón. Como bien lo sabe el presidente Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. El 15 de mayo de 1999, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía que el perdón supone "el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho". Ni en la Argentina, menos en el Uruguay, los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aún, dos meses atrás, asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, que Videla y Menéndez hicieron ante el tribunal que en Córdoba los condenó a cadena perpetua. En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones públicas reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el Dr. Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige dos requisitos más: la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.
Finalmente, con respecto a la ley de amnistía que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con un 48 por ciento de votos en contra) cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no son objeto, ni responden, ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. En este sentido, me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina Gustavo Bossert, que en uno de sus párrafos textualmente dice: "Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal (son)... crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas y dar lugar, entonces, a un juicio justo".
Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.
[El autor es ex embajador argentino en Uruguay.]
24 de febrero de 2011
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mal día para álvaro uribe vélez


Uribe no sólo fue afectado por la condena contra un socio leal e incondicional como lo es Mario Uribe; también corre el riesgo de perder políticamente a uno de sus jóvenes seguidores, Andrés Felipe Arias.
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. El 21 de febrero de 2011 quedará registrado como uno de los días más aciagos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en materia personal y política. No hubo "trinos" a través de Twitter, tampoco largas entrevistas en emisoras de pueblo ni en periódicos regionales, donde siempre se ha sentido a gusto. Esta vez guardó silencio.
Y calló porque tuvo un mal día. La justicia intervino con severidad en dos procesos donde tiene profundos lazos personales y políticos: de un lado, la Corte Suprema de Justicia condenó a 90 meses de prisión a su primo segundo y mano derecha en la política, Mario Uribe Escobar; de otro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y por lo menos 15 beneficiarios de subsidios provenientes del programa Agro Ingreso Seguro.
En el plano personal, Uribe Vélez ha perdido a un aliado incondicional con quien anduvo el departamento de Antioquia por más de 30 años en sendas campañas electorales. A ambos los cobijaba la ambición de poder y tenían, juntos, la fortaleza para enfrentar grandes retos políticos, entre ellos superar a barones electorales regionales como Bernardo Guerra Serna y Fabio Valencia Cossio.
Conquistaron la Cámara de Representantes, el Senado, la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República. Unidos en las ideas del Sector Democrático del Partido Liberal y luego en el movimiento Colombia Democrática, tuvieron a su haber millones de votos e influencias en el sector público, tanto local, como regional y nacional. Pero la ambición traiciona cuando se extralimita. Y la sentencia contra Mario Uribe Escobar así parece demostrarlo.
El mal día del expresidente Uribe Vélez no sólo va por cuenta de la pena impuesta a su fiel escudero, sino por la posibilidad de que su primo sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Es claro que los acuerdos entre políticos y paramilitares ocasionaron muertos, desaparecidos y desplazados, provocaron masacres y despojos de tierras. De ahí que se vislumbre que los llamados ‘parapolíticos’ sean procesados también por esos crímenes. Si ello llegara a concretarse, Mario Uribe Escobar estará en el estrado, afrontando un nuevo juicio.
Pero Uribe Vélez no sólo fue afectado por la condena contra un socio leal e incondicional; también corre el riesgo de perder políticamente a uno de sus jóvenes seguidores, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de su gobierno y quien ha estado sonando en las encuestas electorales para la Gobernación de Antioquia.
La decisión tomada por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, de formular cargos contra algunos funcionarios que estuvieron subordinados a Arias, así como contra varios beneficiarios con los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, pone a tambalear las aspiraciones políticas del exministro, entre otras razones porque su expediente está en el despacho de la Fiscal General de la Nación, quien tiene la potestad de investigarlo y el caso aún no se ha cerrado. Dentro del juego de las posibilidades cabe una decisión en su contra, lo que acabaría con su corta y sonada carrera política.
Como ministro de Agricultura no escatimó esfuerzos para beneficiar a todos aquellos que tienen el poder económico, por encima de los más pobres. Recuérdese, por ejemplo, el caso del predio Carimagua, de Puerto Gaitán, Meta, de propiedad de la Nación y que pretendió entregárselo a grandes empresarios para su explotación, con el argumento de que los campesinos, muchos de ellos desplazados de la violencia, no tenían los recursos suficientes para hacerlo. En esa ocasión, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que ‘"no solo se vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado".
En el proceso de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios no reembolsables a través del cual el Ministerio de Agricultura pretendía "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía", se evidenció la misma tendencia que en el caso de Carimagua: beneficiar a grandes empresarios con miles de millones de pesos en subsidios.
A través de las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación, se pudo determinar que decenas de empresarios, en particular grupos familiares de la Costa Norte, accedieron a esos beneficios para financiar supuestamente proyectos agroindustriales sin cumplir con los requisitos legales, circunstancia que no fue objetada por los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Todo este tejemaneje de favorecimientos económicos se hizo bajo la administración de Arias como ministro de Agricultura.
El hecho de que se vayan a procesar penalmente a sus subordinados en el Ministerio de Agricultura y se aplace una decisión en su contra, deja en suspenso la carrera de Arias por la Gobernación de Antioquia, un golpe que tendrá que asumir el expresidente Uribe Vélez y que lo obliga a reformular su estrategia para conquistar sus antiguos feudos.
Las decisiones de la justicia le amargaron el día al exmandatario. Y lo que presumo es que tendrá más días agrios, entre otras razones porque las investigaciones por parapolítica han llegado a Antioquia, donde el expresidente ha tenido influencia notable; además, hay una mayor colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos para permitir que los exjefes paramilitares extraditados sean versionados por los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, lo que permitirá conocer cómo tejieron sus alianzas con sectores políticos, económicos, sociales y militares; y finalmente, la solidez que refleja el proceso de la Fiscalía en el caso de Agro Ingreso Seguro afectará irremediablemente a su joven protegido político.
No serán días fáciles para el expresidente Uribe Vélez. Espero que todo lo que se revele del pasado lo obligue a guardar un prudente, respetuoso y reflexivo silencio, tal como lo hizo este 21 de febrero de 2011. La contundencia de la justicia no le dará para más.
[El autor es periodista y docente universitario.]
[La foto se encuentra en el blog de José María Rodríguez González.]
23 de febrero de 2011
22 de febrero de 2011
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eua intenta militarizar policías sudamericanas


"La única confusión surge de la presión del Comando Sur para que nuestros militares participen en tareas de seguridad interior y el entrenamiento que están brindando militares norteamericanos a policías de América Latina".
[Horacio Verbitsky] Argentina. En 2004 pude debatir en el programa de televisión Oppenheimer presenta, que se transmite desde Miami para toda América Latina, con quienes eran jefe del Comando Sur y viceministro del Pentágono para América Latina, el general James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron el fantasma del populismo radical en América Latina e intentaron confundirlo con el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que "amenazan la seguridad de los Estados Unidos". Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía "un sistema legal muy establecido, en el cual hay tareas explícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas, con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política". Pero que en muchos países de Latinoamérica "existe una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, el de la policía, el de las Fuerzas Armadas". Objeté que la única confusión surge de la presión del Comando Sur para que nuestros militares participen en tareas de seguridad interior y el entrenamiento que están brindando militares norteamericanos a policías de América Latina. También estaba presente Joy Olson, de WOLA, quien aseveró que el Comando Sur intentaba borronear la línea entre asuntos militares y policiales. "Hasta usamos las fuerzas militares especiales para entrenar policías civiles en América Latina. En el último año el Comando Sur ha hablado mucho de las pandillas en América Central, lo cual quiere decir que se reserva un papel. Estoy de acuerdo en que es un problema muy serio, pero es un problema social. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no deben promover en otros países roles que son ilegales aquí", dijo con sagacidad que los años transcurridos confirmaron. Hill terminó con una pregunta. "Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 policías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las Fuerzas Armadas y la policía actuales. Necesitan más policía". Más allá de la idea de que a la pobreza se responde con policía, la realidad argentina lo refuta: las Fuerzas Armadas tienen poco más de 50.000 efectivos, cuatro veces menos que las distintas fuerzas policiales y de seguridad, sin contar las privadas. Pese a ello los ecos de sus palabras se sienten siete años después en el Cono Sur, cuando los ex tupamaros José Mujica y Luis Rosadilla, presidente y ministro de Defensa del Uruguay, anuncian que mil militares pasarán a la policía. Su pretensión de que es posible quitarle a un hombre el uniforme verde, colocarle el uniforme azul y lanzarlo a la calle en una nueva función, omite que militares y policías participan de dos formaciones, culturas y misiones distintas, cosa que los norteamericanos tienen bien presente puertas adentro. Las consignas del Comando Sur también resuenan en los planteos del ministro de Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciaro Ricardo Casal, a quien cada día le resulta más difícil distinguir entre los trabajadores cuentapropistas cartoneros del Gran Buenos Aires y la criminalidad organizada. El célebre psicólogo estadounidense Abraham Maslow sostenía que cuando la única herramienta que uno tiene es un martillo, tiende a ver cada problema como un clavo. El encadenamiento de irracionalidades lleva a que Casal, acosado por los asesinatos alevosos de pibes de las villas y los barrios, consecuencia de su política, arroje lastre y, a cambio de su permanencia, entregue a la cúpula policial, concentrando poder en una facción interna en detrimento de otra, lo cual no robustece el control civil sino el autogobierno policial.
21 de febrero de 2011
20 de febrero de 2011
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desfachatez norteamericana


Luego de varios días de silencio, el gobierno de los Estados Unidos elaboró una estrategia de control de daños en el escándalo del avión de su Fuerza Aérea que intentó desembarcar en la Argentina armas, equipos sofisticados de comunicación, software de seguridad y drogas narcóticas y estupefacientes que no habían sido declaradas.
[Horacio Verbitsky] Argentina. Los diarios La Nación, Clarín e Infobae avalaron de modo acrítico en sus portales de ayer la posición estadounidense. "Documentos oficiales prueban que el Gobierno sabía en detalle lo que traía el avión de EE.UU.", tituló Clarín. Son los mismos medios que intentaron vincular el hecho con el itinerario que el presidente de aquel país seguirá en su visita del mes próximo a la región, donde sólo visitará El Salvador (sede de la Escuela secreta donde se instruye a policías), Brasil (donde se acaba de emplear al Ejército para una operación de seguridad en las favelas de Río) y Chile (país cuya moneda se está apreciando respecto del dólar igual que la de Brasil, lo cual los vuelve dependientes del ingreso de capital especulativo e inclinados al tipo de política de ajuste que el gobierno argentino rechaza).
Sin embargo, ninguno de esos medios publicó la nómina de material declarado ni la cotejó con las actas de secuestro confeccionadas en Ezeiza por las autoridades argentinas. De este modo, adoptaron el punto de vista estadounidense en el más grave conflicto de ese país con la Argentina desde noviembre de 2004. Ese mes intentaron desembarcar en el puerto de Buenos Aires 250 marineros de la fragata ‘USS De Wert’, pero ante el pedido de las autoridades locales se negaron a identificarlos. Según la crónica publicada entonces por los periodistas de Clarín Guido Braslavsky y Daniel Santoro "el capitán del buque informó que solo entregaría una lista con la cantidad de efectivos que bajarían pero sin identificarlos, por ‘razones de seguridad de los Estados Unidos’". La fragata había participado del Operativo Unitas en el Uruguay, del que también tomaron parte fuerzas argentinas. Luego de una consulta de la Cancillería con el presidente Néstor Kirchner, recién cuando el capitán de la nave admitió cumplir con la ley 25.880, que sólo autoriza el desembarco de tropas extranjeras si se identifican y no portan armas, los 250 marinos pudieron pisar the beautiful Buenos Aires, como la llamó el embajador Lino Gutiérrez. Sin estridencias, el gobierno nacional hizo cumplir las leyes argentinas, en aplicación de sus propios criterios de seguridad, que no coinciden con los de quienes entienden que su destino manifiesto es actuar como policías del mundo. La Argentina también se negó a conceder inmunidad a los militares estadounidenses que participaran en ejercicios en el territorio nacional.
El procedimiento fue similar en el caso del avión que aterrizó el jueves 10 en Ezeiza con material para un curso que los paracaidistas del Ejército estadounidense impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal, sobre rescate de rehenes y manejo de crisis. Al cotejar la lista enviada por los militares estadounidenses con el cargamento que traía el avión los funcionarios de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria constataron la discrepancia: había armas largas y materiales que no figuraban en la documentación. También un baúl y una valija que los militares estadounidenses se negaron a abrir, aduciendo una vez más razones de seguridad. El vocero de la cancillería estadounidense, Philip Crowley, admitió a regañadientes ante la prensa que "tal vez un número de serie no fue declarado debidamente" pero "nos preocupa cómo fue manejado". El encargado de América Latina en ese ministerio, Arturo Valenzuela, dijo sin sonreír por la humorada que los militares estadounidenses fueron "amedrentados" por los funcionarios civiles argentinos. Sin embargo, otro funcionario del mismo ministerio dijo a la agencia Associated Press, en una declaración reproducida por el diario The Washington Post, que los amedrentados forman parte de "un equipo de elite" que necesita sus propias comunicaciones encriptadas "por si es necesario llamarlos para que intervengan en una crisis con toma de rehenes en cualquier lugar del mundo". Igual que en el caso del barco de 2004, la consulta pasó esta vez por la Cancillería y llegó al Poder Ejecutivo. La presidente CFK ordenó que todo el material se precintara y que a su apertura, al día siguiente porque ya había anochecido, asistiera en persona el ministro Héctor Timerman. Ante la reiterada negativa a revelar el contenido de esos bultos, Timerman ordenó abrirlos. Y allí aparecieron, además de armas que no figuraban en la lista, sofisticados equipos de comunicaciones, hardware y software informático rotulado como secreto, y drogas narcóticas y estupefacientes, cuya descripción se publicó aquí el domingo. Los facsímiles de las actas oficiales que se publican aquí indican con toda claridad la secuencia narrada: el descubrimiento el día 10 de la incongruencia entre la lista y el cargamento y la verificación el día 11 de ese contenido luego de la apertura de los bultos secretos. Se podrá discutir acerca de la gravedad del ingreso de ese tipo de armas y materiales informáticos y de comunicaciones en forma clandestina, de modo que luego podría quedar en el país para usos también ilegales; también es admisible argumentar sobre la cantidad y tipo de las drogas narcóticas y estupefacientes encontradas y especular sobre el sentido de introducir medicamentos que según sus propios envases estarían vencidos. Pero no hay forma de negar que se intentó violar las leyes argentinas y que las autoridades lo impidieron en un procedimiento impecable. Algo grave debe estar ocurriendo con la prensa y los partidos de oposición si con tal de desmerecer al gobierno pierden de vista estos datos básicos del episodio y se alinean con quienes quisieron, y no pudieron, allanar la soberanía nacional.
15 de febrero de 2011
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la tortura y la cárcel


El aparato penal, no obstante las purgas, favorece la perpetuación del abuso como herramienta para la disciplina.
[Leonardo Filippini] Argentina. El video de la tortura sufrida por un preso en Mendoza echa algo de luz sobre la realidad penitenciaria. Si algún elemento sugiriese su excepcionalidad sería menos inquietante, pero las condiciones generales del encierro parecen indicar amargamente, en cambio, que así funcionan las cosas. El aparato penal, no obstante las purgas, favorece la perpetuación del abuso como herramienta para la disciplina y la tortura es un crimen no del todo inesperado.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) publicó a fines del 2010 los datos penitenciarios de 2008, los últimos disponibles en el sitio web del Ministerio de Justicia. En 2008 había 54.537 presos, ocho mil más que en 2002. La población retratada es un colectivo relegado. El 68 por ciento eran jóvenes de entre 18 y 34 años. El 95 por ciento varones, en su inmensa mayoría argentinos. El 70 por ciento es primario, es decir, ni reincidente ni reiterante. El 43 sólo terminó la primaria, el 24 no la completó y el 7 no tuvo escolaridad. Sólo un quinto del total poseía un trabajo de tiempo completo antes de la detención. El 41 por ciento eran desocupados y el 40 por ciento trabajadores de tiempo parcial. El 51 por ciento no tenía oficio ni profesión. Los condenados, además, tienen prohibido votar. Cualquier mapa delata que la geografía carcelaria complica las visitas y casi cualquier recorrido mostrará que la nutrición, el espacio y la higiene suelen estar en tensión.
La recopilación regular de estos datos por parte del Ministerio de Justicia indicaría que se trata de un insumo relevante para la gestión, vista la función resocializadora que la ley argentina atribuye a la pena. Los mismos datos del Sneep sobre la vida en la cárcel, sin embargo, opacan esa conclusión. Apenas un 40 por ciento de los presos tiene condena firme. El 58 por ciento carece de trabajo remunerado y sólo un quinto tiene ocupaciones de 40 horas semanales. El resto, de tiempo parcial, o nada. Sólo el 15 por ciento participó de algún programa de capacitación laboral y el 60 por ciento no accede a ningún programa educativo. El 20 por ciento no participa de actividades recreativas ni deportivas y el 8 ni siquiera recibió atención médica en todo el año. Un 13 por ciento de los detenidos no recibió una sola visita en el año. La convivencia es ríspida. El 20 por ciento participó en alguna alteración al orden y el 30 por ciento cometió alguna falta. El 15 por ciento de los presos estuvo alojado en una celda individual hasta 15 días ininterrumpidos al menos una vez en el año. Un centenar de presos intentó quitarse la vida y casi el 10 por ciento sufrió lesiones. Las cifras de superpoblación varían; hay cárceles que parecen estar bien, pero otras tienen excesos desde el 4,2 hasta el 75, el 94,5 o el 172,5 por ciento.
Los datos, en fin, tienden a confirmar que la cárcel no se ocupa primordialmente de la preparación de los internos para la convivencia, sino de su custodia y sujeción. Y si esto no cambia, por ejemplo, porque creemos que la clave está en construir nuevos establecimientos, o en emular anticipadamente la vivencia penal frente al delito juvenil, es improbable que cambien las prácticas más emblemáticas de la prisión. Aun así, hemos sido capaces de recuperar la alternancia electoral, de aceptar que todo niño merece una asistencia mínima, y de desligar la opción sexual de la aptitud nupcial: tal vez podamos ser capaces alguna vez de abandonar el encierro generalizado como respuesta predominante a la infracción de la ley penal y virar hacia un paradigma de cuidado, de prevención, de solidaridad, apelando a recursos novedosos, no ensayados aún, o siquiera concebidos. Mientras tanto, el video impide la ingenuidad.
[El autor es profesor de Derecho, UP.]
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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inédita investigación en mendoza


La investigación de torturas en Mendoza es inédito en la justicia. Mientras que la discusión política por el caso de torturas en una cárcel de Mendoza pasa porque se trató de un hecho aislado, la fiscalía avanza con decisiones poco acostumbradas. Cinco guardias imputados. Se sumará a la querella la Secretaría de Derechos Humanos.
[Horacio Cecchi] Argentina. "Las imágenes de guardias golpeando prisioneros en una cárcel en Mendoza es otro recordatorio de los problemas sistemáticos que existen en el sistema penitenciario argentino", dijo el viernes pasado Louise Finer, experta de Amnistía Internacional sobre la Argentina. La mención de la investigadora pasó desapercibida en los medios, especialmente la idea de que la tortura en las cárceles se trata de un problema sistemático y no aislado ni jurisdiccional, como se intenta mostrar. Entretanto siguió el tira y afloja sobre las responsabilidades políticas entre el gobierno de Mendoza (lo consideró un hecho aislado y ocurrido durante la "intervención" federal) y el Ministerio de Justicia nacional (que no negó lo aislado del hecho, pero sí que hubiera realizado una intervención a las cárceles mendocinas hasta diciembre pasado). La discusión, que en definitiva pretende pasar la propia caspa por polvo ambiente, de todos modos no ahonda en la situación carcelaria tal como lo señalaron la experta internacional, las recurrentes intervenciones de los máximos organismos americanos de derechos humanos y la notable ausencia de mecanismos de prevención de la tortura (en el país, sólo el Chaco lo instaló como ley). Entretanto, como un hecho aislado judicial, el fiscal Santiago Garay imputó por torturas y vejámenes a los cinco guardias que aparecen vinculados con los videos.
El tira y afloja entre el gobernador Celso Jaque, su ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el actual subsecretario de Gestión Carcelaria, Alejandro Marambio (ex director general del Servicio Penitenciario Federal), parece revelar, de algún modo, el nivel en que se juega la cuestión política carcelaria, al menos en lo que se refiere a la aparición de los videos que indican –esta vez sin demasiado enmascaramiento posible– que en las cárceles se tortura. La discusión de ambas partes se establece sobre a quién le compete la responsabilidad de un grupo de cinco o seis loquitos perversos. Ninguna de las partes intentó rozar si el video revela imágenes de un iceberg y qué tanta profundidad tiene.
Lejos, por ahora, de esa discusión, el fiscal Garay y los querellantes (hoy o a más tardar mañana se incorporará la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tal como lo anticipó Página/12) avanzan sobre el verdadero hecho aislado de todo el asunto, que es la decisión judicial de avanzar sobre un caso de torturas en cárcel o comisaría. Si su actuación realmente es una isla, avanzarán sobre otra pata que enmascarara las torturas: la pata médica.
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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los balearon por la espalda


Escopetazos y show macabro, fórmula de la seguridad bonaerense. El descontrol policial y la demonización de los menores son los pilares de la gestión del ministro Ricardo Casal. La consecuencia es la nueva operación masacre en José León Suárez contra aquellos que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo.
Argentina. [Horacio Verbitsky] Argentina. El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.

A Tiros
La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. "La policía fue a buscar venganza", porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que "los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento". Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone "la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas" y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, "deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas". El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. "Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida", explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía "dejó que robaran el tren por una hora" pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, "el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira". En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.

Excavaciones
Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.

La Cortadora de Césped
Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman "la cortadora de césped", por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: "Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer", dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: "Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales". Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, "hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos". Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería.
[Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna].
8 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
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cura minimiza violación


"Violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija". Lo más oscuro de la Iglesia.
[Laura Capella] En 2009 nos conmovimos al saber que en Austria un hombre había tenido secuestrada a su hija y de cuyo sometimiento nacieron siete niños, de los cuales uno había muerto. El llamado "monstruo de Amstetten" fue acusado y condenado por secuestro, incesto, violación y asesinato. Esto es más frecuente de lo que se cree y ocurre mucho más cerca. Podríamos, parafraseando a Tejada Gómez, decir: a esta hora exactamente está siendo violado/a un/a niño/a por su padre, o su tío, o su hermano, o su abuelo, o por el cura del Hogar donde está internado/a. Son hechos enloquecedores y siempre cuentan con la complicidad de otros. Pues bien, un sacerdote de Mendoza (Jorge Gómez, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Malargüe), ofendido en su castidad (sic) por un espectáculo (enero de 2011), donde se satirizaba la educación sexual que imparte la iglesia católica, irrumpió para detenerlo y luego declaró que "violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija".
Expresa una verdad de todo ejercicio de poder: que la violación es un modo de dominio. Y que, cuando ha tenido la función de la tortura o del sometimiento al vencido, ha sido justificada y hasta bendecida por la Iglesia. Basta repasar declaraciones de víctimas de la última dictadura militar en la Argentina acerca del papel de muchos de los sacerdotes argentinos durante la misma, algunos ya condenados.
Al señor cura le bastaba con retirarse del espectáculo. Pero sabemos del goce del represor y que el sentido del humor no es un privilegio de mentes obtusas.
¿No imagina el sacerdote qué pudo haber sentido cualquier mujer que ha sido o está siendo violada por su padre, al escuchar sus declaraciones? El minimizó diez mil veces la violación y el incesto y las víctimas tal vez se han sentido diez mil veces nuevamente violadas, reviviendo lo que Fernando Ulloa llamó "encerrona trágica", quedar a merced de alguien, sin ley, sin tercero de apelación. Este señor expresa lo más oscuro de la Iglesia, que ha bendecido toda clase de armas dedicadas al saqueo de continentes enteros, con la concomitante violación de sus legítimos habitantes, imponiéndoles junto con las armas y la cruz, una lengua; despojando sus cuerpos y su cultura.
Como efecto de esa oscuridad podemos nombrar a Galileo quien juzgado en 1615 y 1633 y obligado a abjurar de sus descubrimientos, pasó sus últimos años con arresto domiciliario. En 1992 el Papa Juan Pablo II reconoce públicamente el error cometido por el tribunal eclesiástico. Pero nada ha dicho aún la Iglesia de la condena a Giordano Bruno en 1600, por el Santo Oficio, por decir que el Sol era una estrella y que las estrellas eran soles, cosa que hoy puede afirmar cualquier escolar.
En relación a la educación, recordemos la condena al profesor John Scopes (1925 en el Estado de Tennessee, EEUU), por enseñar la teoría de Darwin en una escuela secundaria, en contra de una ley de ese estado. Caso inmortalizado por la película Heredarás el viento.
¿Cómo, si no violando la fe, se puede avanzar en los desarrollos científicos? No sólo la fe de la Iglesia, sino la fe en cualquier autoridad. ¿No es eso la manera de ir más allá del padre, ése mandamiento ético que nos posibilita constituirnos como sujetos, haciéndonos pares con el padre?
Roberto Castillo, nacido en 1977, con su padre ya desaparecido, dice en una carta al Cardenal Bergoglio que por ser séptimo hijo varón su madre solicitó, de acuerdo a la ley que fuera su padrino de bautismo, el presidente de la Nación, Videla, con la cándida idea de que eso facilitaría recuperar al padre con vida, cosa que nunca sucedió. Escribe Castillo: "Así las cosas, deviene una trágica paradoja, en la cual resulta que mi padrino de bautismo es el asesino de mi padre".
El joven solicitó a la Iglesia, ser liberado de ése padrino, y se le respondió que era imposible, proponiéndole, bizarramente, que solicitara ser él expulsado de la religión católica. Castillo concluye, desde el derecho canónico, que la iglesia tomó a Videla como su cruzado, en conocimiento de su proyecto genocida.
Creo que es cierto lo que dice el antiguo testamento en sus Proverbios: El que turba su casa heredará el viento; y el necio será siervo del sabio de corazón." (Pr. 11 29), Este señor, el llamado Padre Pato, ha turbado nuestra casa y ha ofendido neciamente nuestro corazón. Tal vez no le quepa sino cosechar tempestades.
[La autora es creadora y coordinadora del Ciclo ‘Del derecho y del revés’ y miembro del Foro en Defensa de los DDHH del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, 2ª Circunscripción.]
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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