opinión

sobre la punibilidad y las perpetuas

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"Conmutar las perpetuas aplicadas a adolescentes por delitos cometidos antes de los 18, a un máximo de diez años, hasta tanto se vote el nuevo Régimen Penal Juvenil."

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[Claudia Cesaroni] Argentina. Quienes insisten con bajar la edad de punibilidad –la edad a partir de la cual se introduce en un sistema penal a un adolescente– ponen los 14 años como edad mínima. No explican por qué eligen esa edad ni responden a una sencilla pregunta: si se bajara la edad de punibilidad a los 14, y pasado mañana un niño de 13 cometiera un delito gravísimo... ¿Propondrían bajar la edad de nuevo, esta vez a los 12?
Quienes queremos dejar la edad mínima de punibilidad en los 16 podemos explicar por qué no queremos la baja a los 14. Tenemos motivos jurídicos y de política criminal: es regresivo; el único motivo es imponer más castigo y las penas previstas no son intocables, pueden aumentar frente al primer hecho grave; no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15; no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen, sobre todo la Constitución nacional y la Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez (26.061); la cantidad de adolescentes de 14 y 15 que comete delitos graves es ínfima; si el Estado no puede controlar las instituciones que hoy tiene, menos podrá controlar las que se crearían para niños de esa edad; el sistema penal es selectivo, discriminatorio y estigmatizante y los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos. Y un motivo político: significaría encerrar a más víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó, hijos de las familias disgregadas por el menemismo.
¿Esto significa que estamos de acuerdo con la vigencia del Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278)? No, no estamos de acuerdo:
Porque es otra de las herencias nefastas de la dictadura: no es posible que lo que sucede con los y las adolescentes que transgreden una norma penal esté regido por una norma creada por los dictadores en 1980. Bajo este régimen, jueces manoduristas, aplicando "condenas ejemplificadoras" pedidas por políticos demagogos, y olvidándose de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, han impuesto más de diez condenas a prisión perpetua a adolescentes en nuestro país. Cinco jóvenes –encerrados desde los 16 y 17 años– llevan catorce años encerrados, y sólo podrán aspirar a acceder a la libertad condicional cuando tengan más de 35. Nuestro país está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas condenas prohibidas, impuestas entre 1999 y 2002 en la Justicia nacional de menores (tres casos) y la Justicia de menores de la provincia de Mendoza (dos casos, aunque uno de ellos –Ricardo Videla– apareció colgado en una celda de castigo en la Penitenciaría de Mendoza, el 21 de junio de 2005). La CIDH reconoció que estas condenas son violatorias de varios de los derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos y la de los Derechos del Niño, y recomendó al Estado que resuelva el caso.

¿Hay solución para el problema de la punibilidad y de las perpetuas? Entendemos que sí:

1) Establecer un nuevo régimen penal juvenil, con las garantías enunciadas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en los 16, como lo establece el proyecto con dictamen de mayoría en Diputados.

2) Aplicar la Ley 26.061 para casos por debajo de los 16 años.

3) Conmutar las perpetuas aplicadas a adolescentes por delitos cometidos antes de los 18, a un máximo de diez años, hasta tanto se vote el nuevo Régimen Penal Juvenil. En nuestro ordenamiento legal, ésa es la pena prevista para la tentativa de homicidio, y el Régimen Penal de la Minoridad establece que, si los jueces quieren condenar a un adolescente por delitos cometidos a los 16 o 17, "podrán" aplicar la pena prevista para la tentativa. Entendemos que, si se interpreta de modo integral con la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a aplicar penas de prisión como "último recurso y por el período más breve que proceda", el "podrán" se transforma en "deberán", deja de ser facultad para constituirse en obligación.

Diez años es el doble del máximo de la pena prevista en el proyecto en Diputados. Si la mayoría que aprobó ese dictamen decidió que ningún adolescente que cometa delitos a los 16 o 17, puede estar más de 5 años preso, no se sostiene que haya jóvenes condenados a perpetua en nuestro país, ni que los fiscales sigan pidiendo penas a perpetua, o a 25, 37 o 40 años. Conmutar a diez años implica una solución de transición, que resuelva el caso de las perpetuas –porque es de toda justicia, y para evitar una condena internacional– hasta que se establezca ese tope de cinco años.
Estas son sólo algunas propuestas. Entendiendo, claro, que el problema de fondo no es de años ni de edades, sino de ejercicio pleno de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
[La autora está asociada al Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos  (Cepoc).]
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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matar al líder

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"Para la sensibilidad de los estadounidenses el magnicidio es comparable con lo que sentimos los argentinos ante la desaparición de una persona".

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[Santiago O’Donnell] El atentado contra la congresista Gabrielle Giffords (foto) en Arizona pegó fuerte en Estados Unidos. No tanto porque murieron seis personas. Eso ya no sorprende en el país norteamericano, como tampoco sorprenden las guerras interminables, los asesinos seriales, los sobres bomba o los ex empleados de oficinas federales que abren fuego a mansalva en edificios públicos. Todas esas formas de violencia ocurren cada tanto en Estados Unidos, mucho más que en cualquier otro país del mundo. Parece mucho, pero ya están acostumbrados.
En cambio el magnicidio es otra cosa. O en este caso, el magnicidio fallido que dejó malherida a la diputada Giffords. Si se me permite, como para que se entienda: para la sensibilidad de los estadounidenses el magnicidio es comparable con lo que sentimos los argentinos ante la desaparición de una persona. Porque ya lo vivimos, ya lo consentimos como sociedad hasta que un día hicimos una especie de nunca más. Pero el fantasma sigue rondando, porque el proceso de extirpar la raíz del mal y curar la heridas es lento y no termina. Hasta que un día el monstruo reaparece. Entonces el cuerpo social reacciona con rituales cargados de emoción, proclama que los tiempos han cambiado y que no habrá vuelta atrás, pero no puede exorcizar la sensación de que esos tiempos no han cambiado lo suficiente.
Todo eso pasó el martes en el homenaje a Giffords y las víctimas de atentado que encabezó Obama en Tucson. La gente lloraba y aplaudía de pie en vivo por casi todos los canales de televisión. Todos eran Giffords. El país no vivía un momento así desde que Bush juró venganza parado sobre los escombros de las Torres Gemelas, con un bombero como único escolta, aquel trágico 11-S del 2001.
La tradición magnicida en Estados Unidos se remonta a los tiempos de Abraham Lincoln e incluye a cinco presidentes. En los sesenta y setenta el asesinato de líderes políticos y sociales se había convertido en moneda corriente. JFK, Robert Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, George Wallace (zafó de morir, quedó paralítico), Harvey Milk, Malcolm X, seguramente algunos más que escapan a la memoria. Los nombres se suceden hasta llegar al intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, que el entonces presidente sobrevive con la gracia del actor de Hollywood que llevaba adentro. Después, nada.
Pasaron casi 30 años sin magnicidios. Hasta la semana pasada, cuando casi matan a Giffords, una congresista de Arizona relativamente desconocida fuera de su estado. Baleada en la cabeza a quemarropa por un loquito que se había enojado porque semanas atrás ella se había negado a contestarle una pregunta incoherente durante un acto de campaña.
En el atentado contra Reagan había muerto su secretario de prensa Jim Brady. Al poco tiempo la esposa de Brady, Sarah, se convirtió en la principal portavoz y lobbista en favor de controlar el derecho a portar armas. Los republicanos siempre habían sido renuentes a limitar su uso, derecho que garantiza la famosa segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pero el paciente trabajo de la viuda de uno de los suyos pudo más y once años más tarde, durante la presidencia de Clinton, el Congreso sancionó la llamada ley Brady con apoyo bipartidista.
La ley Brady imponía por primera vez controles a nivel nacional para la compra de armas automáticas. Más importante, visibilizó la cara, la historia y el discurso de Sarah Brady y los contrapuso al héroe épico que representaba el actor Charlton Heston, por entonces presidente y portavoz de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.
En las elecciones de noviembre los candidatos de la línea Tea Party hicieron campaña en contra de la ley Brady, algo que no había ocurrido nunca desde su aprobación. Les salió muy bien. En las primarias el movimiento libertario ultraderechista tomó por asalto al Partido Republicano. En las legislativas puso dos pies en el Congreso. El rival que Giffords había derrotado en las legislativas hizo campaña mostrándose con un rifle de asalto M16.
En los años sesenta muchos estadounidenses exhibían sus fierros sin ningún pudor, hasta que la práctica fue ilegalizada. Las míticas Panteras Negras protestaban sentados en las escaleras de los edificios municipales con pistolas en sus cinturas y escopetas en sus regazos. Las pickups de los cowboys siempre tenían un rifle colgado en la cabina. Hasta los hippies de Grateful Dead se fotografiaron con sus fierros en la emblemática esquina de Height and Ashbury, San Francisco, durante el Verano del Amor.
Ahora, recién ahora, los estadounidenses sienten que fueron demasiado lejos. Demasiado miedo al terrorismo, odio a los inmigrantes, inseguridad económica, racismo anti-Obama, fudamentalismo cristiano, guerra en Asia y en el Golfo. Too much. Un clima de violencia que los llevó a romper el último tabú, el último dique que los hacía sentirse parte de una sociedad civilizada.
Hizo falta que un loquito baleara a una diputada. Matar al líder, de eso se trata. Desnudar su fragilidad para poner en juicio lo que representa. Romper con el mito hollywoodense de que el poder premia a los héroes y mata a los débiles. Bajar al protagonista en la mitad de la película.
Es lo que hizo Jared Lee Laughner, el joven de 22 años que atentó contra Giffords. Laughner estaba convencido de que el gobierno intentaba controlar a la población a través de la gramática, como en el ‘1984’ de Orwell, uno de sus libros preferidos. Tenía todos los síntomas de un esquizofrénico paranoide. Pero había algo más. Muchísimas personas que padecen enfermedades mentales no hacen lo que hizo él, y cosas como las que hizo él casi siempre pasan en Estados Unidos y no en otro país. Laughner, amén de sus particularidades, se formó en un tiempo y un lugar.
Como escribió George Packer en el New Yorker, no es que los Tea Party ordenaran el asesinato de Giffords. Más bien crearon un clima de crispación y violencia que puede ser interpretado por algunos loquitos como una luz verde, como una señal para matar a quienes los Tea Party marcan como enemigos.
Los magnicidios en Estados Unidos no son crímenes estrictamente políticos. Los asesinos no son militantes, no están encuadrados ni responden a estructuras orgánicas con proyectos de toma de poder. Giffords no era ni por asomo la principal enemiga de los Tea Party, pero Giffords había sido señalada con nombre y apellido como una de las candidatas a derrotar, cueste lo que cueste. Marcada por boca de la líder del movimiento, la cazadora antisemita Sarah Palin.
Las palabras no matan, dicen los republicanos. Un loquito hizo lo que hizo y ahora los demócratas buscan sacarle rédito político porque les tocó en suerte haber recibido el ataque.
Pero las palabras dañan y pueden matar. En uno de los fallos más citados de la jurisprudencia estadounidense, Schenk vs. United States (1919), la Corte Suprema limitó la libertad de expresión con el argumento de que si alguien grita ¡fuego! ¡fuego! en un teatro lleno se produciría una estampida y alguien se podría lastimar. Con ese argumento se han escrito leyes castigando el lenguaje racista después del Holocausto.
El atentado contra Giffords había pegado fuerte y hacía falta un exorcismo. Un cambio, algo que los hiciera sentir que la masacre no había sido en vano. Hacía falta un héroe y apareció Daniel Hernández, el secretario de Giffords. Candidato ideal, latino y abiertamente gay, para que les duela más a los Tea Party.
Hernández sostuvo a Giffords en sus brazos y tapó el agujero de la bala con una mano para evitar que la diputada se desangrara, mientras con su otra mano apretaba fuerte la de Giffords. El miércoles todo el país se emocionó con él, con su discurso al borde de la falsa modestia.
Hacía falta un héroe pero también una causa. Los medios se ocuparon de eso. Llenaron miles de páginas y pantallas con el debate sobre el lenguaje violento de los Tea Party. Y otras miles con el debate sobre la vigencia del derecho a portar armas. Y se habló de las víctimas fatales, del juez, de la niñita de nueve años que se había interesado en política y quería conocer a su congresista, del abuelo de 75 que escudó con su cuerpo al amor de su adolescencia, con quien se había reencontrado recientemente después de medio siglo de vidas separadas. Y el Capitolio se llenó de proyectos para mejorar la seguridad de los congresistas.
Y habló Obama, y habló la gobernadora de Arizona, y volvió a hablar el héroe latino y gay. Y todos aplaudieron emocionados y se juramentaron que nunca más. Como si fuera posible ahuyentar la espiral de violencia descontrolada que sacude a Estados Unidos, envolviendo palabras, gestos y acciones en un mismo huracán.
16 de enero de 2011
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del terrorismo blanco

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Según estadísticas del FBI de los crímenes violentos perpetrados en EE.UU. por algún tipo de discriminación en el 2007, el 51 por ciento se debió al odio racial, un 18,4 por ciento a motivos religiosos, un 16,6 a la orientación sexual del agredido o agredida y un 13,2 por ciento a razones étnicas.

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[Juan Gelman] La Casa Blanca lleva "el combate al terrorismo" a lejanos rincones del planeta, pero poco se ocupa del que actúa en el país que gobierna. No es precisamente Al Qaida: se trata de un terrorismo de blancos que no creen en el Islam. El desequilibrado que provocó la matanza de Tucson nació antes que el Tea Party. Esto no quita que el clima racista y antiinmigración que se acentúa en EE.UU. favorezca la explosión de locuras latentes. El Ku Klux Klan comenzó a empollar el huevo de la serpiente hace 145 años.
Los practicantes del supremacismo blanco creen en la superioridad de la raza aria y en la necesidad de limpiar el territorio estadounidense de afroamericanos, indios, mulatos, mestizos y extranjeros. Se entrenan militarmente y el número de sus distintas organizaciones se duplicó con creces en el último decenio: un estudio de la Conferencia del Fondo de Educación de los Derechos Civiles (Lccref, por su sigla en inglés) revela que la cantidad de esos grupos aumentó un 54 por ciento en el período 2000-2009 (www.investigativevoice.com, 30-8-09).
La investigación subraya que, según estadísticas del FBI de los crímenes violentos perpetrados en EE.UU. por algún tipo de discriminación en el 2007, el 51 por ciento se debió al odio racial, un 18,4 por ciento a motivos religiosos, un 16,6 a la orientación sexual del agredido o agredida y un 13,2 por ciento a razones étnicas. Dicho de otra manera: la mayoría de las víctimas fueron afroamericanos, luego islamitas, después gays y lesbianas, por último asiáticos. Un cuadro nada halagador para cualquier sociedad.
Los nombres de los círculos supremacistas hablan por sí solos: Resistencia Aria Blanca, Naciones Arias, Poder Blanco, 88 (traducción numeral de la H, octava letra del alfabeto, por "Heil Hitler"), 311 (la K es la onceava letra del alfabeto, y esta denominación la triplica por "Ku Klux Klan"), Ejército Republicano Ario, Asamblea de Soldados Cristianos. Los crímenes políticos y por discriminación, así como las amenazas de muerte, aumentaron a un nivel sin precedente desde la elección de Obama. "Las milicias de extrema derecha se extienden por varios estados y las elevadas tasas de desocupación han incrementado el odio contra las minorías raciales y los nuevos inmigrantes" (www.democracynow.org, 11-6-10). El Tea Party contribuye no poco a ese fenómeno.
Dos años antes de la matanza de Tucson, la Oficina de Inteligencia y Evaluación del Departamento de Seguridad Interior alertó sobre el "mayor reclutamiento y radicalización de extrema derecha" que se percibía en el país. El informe subrayaba que "las pequeñas células que abrazan una ideología violenta y extremista de derecha son la amenaza terrorista local más peligrosa en EE.UU.". En el 2008, el FBI había registrado que veteranos de las guerras de Irak y Afganistán sumaban a esos grupos (www.fas.org, 7-4-09).
Los líderes republicanos calificaron el informe de maniobra política del gobierno. Uno de sus críticos más encarnizados fue el representante y actual vocero de la Cámara, John Boehner. Esto no le impidió guardar el debido minuto de silencio en homenaje a las víctimas de Tucson. El Tea Party también condenó la matanza, aunque tuvo la necesidad de especificar que el asesino no pertenecía al movimiento. ¿Sería una expresión de la oscura conciencia de su responsabilidad ideológica y política en la matanza?
Antecedentes inmediatos del terrorismo blanco había bastantes. El 31 de mayo del 2009, el Dr. George Tiller era asesinado en Wichita, Kansas, en el atrio de la iglesia que solía frecuentar (www.nytimes.com, 1-6-09). Practicaba el aborto y ya había sido víctima de un atentado a tiros que le hirió las dos piernas y de una bomba que estalló en su clínica. Troy Newman, presidente de la agrupación antiabortista Operación Rescate con sede en Wichita, precisamente, censuró la acción y se apresuró a decir que su organización trabajaba por sus fines de manera no violenta. Pero algunos recordaron que Scott Roeder, el asesino, tenía contactos con el grupo y Mr. Newman se vio obligado a declarar que aquél no era "ni un amigo, ni un contribuyente, ni un voluntario". Una explicación más detallada que la del Tea Party.
El 12 de enero del 2010 fue detenido en Oklahoma el ex infante de Marina Charles Dyer, acusado de violar a una menor y de poseer diversas armas sin autorización, entre otras, un lanzagranadas Colt M-203 de 40 milímetros (//tpmmuckraker.talkingspointmemo.com, 30-3-10). Dyer es miembro de Oath Keepers, un cónclave de ex militares y ex policías que se opone terminantemente a que el gobierno imponga a los civiles cualquier limitación a tener armas. Un video muestra a Dyer en una reunión del Tea Party organizada en apoyo de Oath Keepers (//crooksandliars.com, 6-9-10). En este caso, el movimiento de la Palin no estimó necesario desvincularse del marine.
En tanto, el republicano Peter King, presidente del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, anunció que convocará audiencias para tratar "la radicalización de la comunidad estadounidense musulmana". Hay que buscar contrapesos a la matanza de Tucson.
14 de enero de 2011
13 de enero de 2011
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crimen de suppo debe ir a fuero federal

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El crimen de Silvia Suppo debe investigarse en el fuero federal.

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[Dahiana Belfiori] El 24 de diciembre pasado algunos medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que el juez federal Reinaldo Rodríguez había rechazado la competencia que le atribuyera la cámara rafaelina en la causa Silvia Suppo. Tanto los hijos de Silvia como las organizaciones y personas que integran el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, insisten en el carácter político de su asesinato y continúan exigiendo una investigación seria del crimen en el ámbito federal.
Es llamativo que la información haya circulado en algunos medios gráficos mucho antes de ser notificada la querella, algo que ya viene ocurriendo y que constituye una más de las tantas irregularidades alrededor de la causa Suppo. En este sentido, Guillermo Munné, uno de los abogados de la querella sostiene que no se sabe de dónde sale la información. "Reclamamos una actuación judicial a la altura de la gravedad de la causa, que respecto de muchos elementos debe preservar condiciones de seguridad para no degradar la investigación que se requiere", explicó. "También es llamativo y de lamentar, el activismo de algunos pocos medios que consultan sólo fuentes contrarias al reclamo de los hijos de Silvia Suppo y que se oponen a la exigencia de otro tipo de investigación difundiendo groseras descalificaciones. La gravedad del caso también requiere de profesionalidad informativa", agregó Munné.
La decisión de Rodríguez de rechazar que la causa Suppo sea tratada en fuero federal se contradice con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Rafaela, por lo que se impone la intervención de la Corte nacional como órgano superior de los dos ámbitos judiciales. Por lo tanto, no se requiere una apelación de la querella, sino que esta decisión del juez federal será necesariamente revisada por la Corte Suprema de la Nación.
Ante esta decisión, los hijos de Silvia y el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo sostenemos que desde hace nueve meses venimos luchando por una investigación seria que esclarezca el terrible asesinato considerándolo como un crimen político que debe ser abordado en la justicia federal. Respecto del carácter político del crimen Munné aclara: "Al ser Silvia Suppo víctima y testigo en las causas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la posibilidad de haber sido atacada por esa razón es una cuestión que requiere una investigación plena. Su asesinato se comete en un contexto de gran cantidad de amenazas y ataques contra otras personas que impulsan en nuestra provincia esas causas de lesa humanidad".
Es de destacar la gran cantidad de irregularidades cometidas a lo largo de estos meses por quienes deberían haber garantizado una investigación seria del asesinato. "La explicación brindada por los dos detenidos confesos no se corresponde con la ausencia de señales de defensa o resistencia por parte de Silvia Suppo, con un ataque directo para asesinarla, ni con la ausencia de toda huella en el lugar. Desde la primera intervención de la policía, arruinando la investigación de la escena del crimen, las irregularidades se multiplicaron, interfiriendo sobre testigos, ocultando elementos de pruebas, omitiendo la búsqueda de otros. El juez de instrucción de Rafaela Mognaschi ha tolerado tales irregularidades y como querellantes las hemos denunciado ante el área de asuntos internos de la policía provincial. Lo cierto es que una investigación compleja y profunda como la que se requiere todavía no se ha desarrollado y excede a la justicia ordinaria provincial y a la policía local", explicó Munné al respecto.
Para el abogado, dadas las características de este crimen y de la investigación que requiere,la causa debe pasar al ámbito de la justicia federal. "Esto ha sido reconocido por la Cámara de Apelaciones de Rafaela y es sobre lo que debe pronunciarse la Corte Suprema de la Nación. Respecto de la desaparición de Jorge Julio López, la misma Corte nacional ha señalado que corresponde a la justicia federal investigar los delitos que se pueden haber cometido para obstaculizar la tarea judicial federal respecto de responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ese es el criterio que también corresponde aplicar para el homicidio sufrido por Silvia Suppo", señaló.
Es evidente que los crímenes de lesa humanidad no son delitos comunes y tampoco lo son aquellos cometidos para procurar impunidad a sus responsables. Esto es lo que los hijos de Silvia Suppo y el Espacio venimos sosteniendo hace nueve meses dadas las características de la víctima, y por lo que esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida que la investigación del asesinato de su madre y compañera sea tratada en fuero federal. Tratamiento que debió dársele apenas ocurrido su asesinato, que a más de nueve meses continúa sin esclarecerse.
[La autora es integrante de Enredadera, grupo de mujeres y feministas en el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.]
10 de enero de 2011
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palabras que avergüenzan

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Ley discutible, palabras que avergüenzan.

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[Eric Nepomuceno] A mediados de diciembre, faltando dos semanas para el final del gobierno de Lula, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó a Brasil por no haber punido los responsables de las prisiones, torturas, muertes y desapariciones de 62 miembros del maoísta Partido Comunista do Brasil en la región del Araguaia, en la Amazonia, entre 1972 y 1974. En aquel período fueron movilizados cerca de cinco mil soldados (entre ellos, unidades de elite del ejército) para derrotar a poco más de 80 guerrilleros. El fallo de la OEA se extiende por 126 folios y afirma de manera indudable que las disposiciones de la Ley de Amnistía decretada en 1979 no pueden impedir las averiguaciones y las sanciones a esas graves violaciones de los derechos humanos. Dice tratarse de disposiciones "incompatibles con la Convención de la OEA, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, ni para la identificación y punición de los responsables".
Dicho en otras palabras, de forma directa: la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hizo lo que el Superior Tribunal Federal, corte suprema del país, no tuvo el valor de hacer. Y que el gobierno de Lula (a excepción de su ministro de Justicia, Tarso Genro, y del secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi) no quiso o no tuvo suficiente coraje para hacer: decir que la Ley de Amnistía de 1979, cuando el país vivía bajo los rigores de una dictadura todavía encastillada en el poder, es espuria e inconstitucional. Lula tampoco se animó a instaurar una Comisión de la Verdad, para que se sepa quién hizo qué, y qué se hizo, y cómo se hizo, para que nunca más ocurra lo que ocurrió. No para punir a nadie, no habría que llegar a tanto: nomás para que se recupere el derecho a la memoria.
Lula dejó esa mancha en su gobierno, pese a los esfuerzos de Genro y Vanucchi. Y dejó también, en la herencia que entregó a Dilma Rousseff, la presencia incómoda, bizarra y poderosa del ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien, más que aliado, se mostró absolutamente sumiso a los cuarteles. Ha sido, en el gobierno, el principal ariete de los sectores más retrógrados de la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la sociedad brasileña. Defendió a todo precio que la amnistía impuesta por la dictadura en 1979 alcanzó a los dos lados. A los que se opusieron a esa dictadura y a los que ejercieron la barbarie en nombre del Estado. Vale recordar que los opositores fueron castigados con persecución, exilio, prisión, tortura, muerte, desaparición. Los asesinos y torturadores se quedaron con la certeza de que no serán castigados.
El tema es viejo, y desde hace década y media es tratado siempre con una cautela tan extrema que más justo sería llamarla temor. El gobierno de Cardoso avanzó, pero muy prudente, reconociendo excesos del Estado, una entidad sin rostro ni nombre. El gobierno de Lula quiso impulsar un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tropezó con el poder del miedo, y ahí se quedó.
En 2010, la Orden de los Abogados defendió que la Ley de Amnistía no incluía a torturadores y asesinos. La iniciativa fue congelada por el Supremo Tribunal Federal. Argumento miedoso de esa corte suprema: no era admisible "revisar la Ley de Amnistía". Ocurre que nadie quería revisarla: se trataba solamente de decidir si era o no aplicable a los responsables por crímenes de lesa humanidad, algo que no está admitido por una infinidad de acuerdos internacionales firmados por Brasil.
Tarso Genro, cuando ministro, defendió un argumento insólito: los violadores actuaron fuera de la legalidad de la misma dictadura, ya que no existían órdenes formales de servicio o cualquier norma legal que permitiese la tortura, la ejecución o el secuestro de personas bajo tutela del Estado. En vano. Es que en Brasil persiste el temor esdrújulo a las corporaciones, que –esquivas– dicen que lo que importa es mirar hacia adelante, y que no vale la pena mirar hacia el pasado. Como si una cosa impidiese la otra.
María do Rosario, secretaria de Derechos Humanos de Dilma Rousseff, pidió, en su discurso de asunción, que el Congreso estableciera una Comisión de la Verdad, para que se sepa lo que ocurrió y se conozcan los responsables. Ni siquiera habló de castigo. Aseguró que no se trata de "revanchismo o venganza", sino del derecho a la memoria y a la verdad. El derecho de los familiares de los muertos y desaparecidos a conocer, al fin, qué pasó con ellos.
Al rato, llegó la respuesta del general José Elito Siqueira, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional: "Hay que mirar hacia adelante. Lo que pasó, pasó. No es ninguna vergüenza que existan desaparecidos". A sus 64 años, el general era cadete en 1969, cuando campeaba la tortura en Brasil. Somos casi de la misma edad, pero admito suponer que no supiese lo que ocurría. Que no haya participado de nada. Pero no cabe suponer que no sepa el peso de sus palabras.
No, general. Es una tremenda vergüenza que hayan ocurrido desapariciones. Y otra vergüenza es decir lo que dijo usted. Usted ofende mi memoria, ofende al uniforme que usa. Una vergüenza, general. Una vergüenza.
5 de enero de 2011
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teología de la muerte

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"[...] una Teología de la Dominación, que se manifiesta crudamente como Teología de la Muerte, que sirvió para mantener el espíritu de los militares que sólo mediante un genocidio...".

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[Rubén Dri] El 23 de diciembre, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se llevó a cabo el juicio ético a la Iglesia cómplice de la dictadura militar. Se resaltó que el juicio no era a toda la Iglesia ni era contra la fe o contra el cristianismo, sino contra la Iglesia cómplice. Se recalcó que hubo otra Iglesia comprometida, cuyos militantes fueron perseguidos, secuestrados, encarcelados, torturados y "desaparecidos" como todos los militantes populares. En el juicio expuse conceptos centrales de una verdadera Teología de Mal, que ya había expuesto en Teología y dominación y que, por diversos motivos, habían pasado inadvertidos. Varios me expresaron asombro y horror. Me parece, pues, importante reproducir algunos conceptos entonces publicados, previa readecuación al momento presente. Ello echa un poco de claridad sobre los hechos aberrantes que salen a luz a raíz de los juicios a los máximos responsables del genocidio.
Los crímenes de la dictadura militar fueron impulsados por una determinada mística del soldado cristiano que ha sido coherentemente mantenida por los vicarios y el provicario castrense, en el período que va del ’76 al ’83. La concepción de la presencia de "Dios en el soldado", que defendía el provicario Victorio Bonamín en 1976, es la misma que está presente en la concepción de los militares argentinos como "soldados del evangelio" que sostiene el vicario castrense José Medina en 1982.
Tanto Bonamín como Medina son buenos exponentes de esta concepción del militar cristiano. Pero tal vez sea el vicario y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Tortolo, la voz más autorizada. Sus conceptos al respecto son sobrecogedores y permiten en cierta manera comprender la "furia mística" de ciertos militares como Videla. "El cristiano toma en sus manos –como hombre que vive su conciencia sacerdotal– el don de la vida natural y la ofrece a Dios destruyéndose o inmolándose en reconocimiento de la infinita majestad de Dios y en prueba de su entrega definitiva al Ideal. Esto nos lleva a la ofrenda en aras de un Ideal cuya raíz es Dios; al servir a la Patria hasta morir por ella."
Ya tenemos los conceptos que fundamentarán la mística del soldado cristiano, capaz de morir y de matar: la "Infinita Majestad de Dios", Dios todopoderoso, el cual exige destrucción o inmolación. Dios es un Ideal que se alimenta de la destrucción de la vida natural. Necesita sangre. De Dios deriva la Patria, que viene a ser una encarnación divina; en consecuencia un Ideal que solo vivirá de inmolación y destrucción.
"El amor a la Patria es sagrado [...] Cristo amó a su Patria, sojuzgada entonces por Roma. Dignificó y santificó de este modo el valor de la Patria. El amor a la Patria, que debe ser generoso y leal en cualquier hombre, debe serlo doblemente en el cristiano. Si morir por la Patria es dulce para cualquier hombre de bien, más dulce lo es para el cristiano que contempla el universo a la luz de la fe, y a la luz de la fe considera el Ideal de la Patria. Este amor a la Patria debe darse en grado eminente y heroico en quienes integran las Fuerzas Armadas de una Nación." Un amor "en grado eminente y heroico" a un Ideal que exige inmolación y destrucción puede ser terrible, puede llevar a la furia de la destrucción "más allá del bien y del mal".
Continúa el vicario castrense: "La vocación militar está signada por el riesgo permanente. Riesgo que la Fortaleza espiritual dinamiza y nutre. En las Fuerzas Armadas debe darse una clara y decidida vocación a la muerte como ideal inherente a su más entrañable Ideal Militar, condición ‘sine qua non’ para vivir el sentido heroico de la vida y para realizarse con el plasma que plasma héroes". La "Fortaleza espiritual", es decir, la mística que proporciona la legitimación teológica que realiza el vicariato, "nutre y dinamiza" el "riesgo permanente" de los militares, ese jugarse siempre al borde de la muerte que los caracteriza, porque al Ideal Militar le es inherente la vocación a la muerte. Allí está presente la Iglesia con su teología de la muerte para sostener espiritualmente a los caballeros de la muerte.
Pero el vicario castrense no deja de seguir internándose en estas profundas sendas de la mística de la muerte: "El héroe está hecho de renuncias personales, de grandeza de alma, de fe integral, ajena a toda servidumbre espuria. El héroe está situado inmediatamente después que el santo –sin olvidar que todo santo es héroe– así sea héroe con el heroísmo de la humildad y del silencio". El texto habla de por sí. El héroe, o sea, el militar, viene inmediatamente después del santo, o sea del sacerdote, sin olvidar que todo santo o sacerdote es héroe o militar, el santo y el héroe, la cruz y la espada, la Iglesia y el Estado. El sacerdote u hombre de Iglesia es un santo-héroe y el militar un héroe-santo, anverso y reverso de la misma realidad, con hegemonía del santo pero que sólo puede hacerla valer con la fuerza del héroe.
Luego viene la estremecedora conclusión: "No es necesaria la efusión de sangre para ser héroe. Basta vivir el terrible cotidiano, sin dejar de cultivar la perspectiva de una senda que exija la efusión de sangre". Creo que no es necesario agregar nada más. Aquí está en toda su trágica dimensión lo sustancial de una Teología de la Dominación, que se manifiesta crudamente como Teología de la Muerte, que sirvió para mantener el espíritu de los militares que sólo mediante un genocidio creían poder volver atrás la historia para revivir los supuestos idílicos tiempos de la perfecta unión entre la cruz y la espada.
La Teología de la Dominación en su versión más acabada de la Teología de la Muerte desarrollada por los vicarios castrenses, con su correspondiente mística del soldado cristiano, debía ser aplicada por los capellanes militares, cuya labor era, como la definió Bonamín, "formar espiritualmente y doctrinariamente a los cadetes y soldados". Monseñor Antonio Plaza, al estrenarse como flamante capellán de la policía bonaerense, la de Camps, aseguró que la Iglesia brindaría "fortaleza espiritual" a los integrantes de los cuadros policiales y a sus familias "para templarlos ante la adversidad".
Los capellanes militares junto con los integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales, en los centros clandestinos, en sus relaciones con las familias de los militares, eran la cruz junto a la espada, el espíritu que animaba a la materia, lo sagrado que daba sentido a lo profano, es decir, a los secuestros, torturas y desapariciones. En efecto, de acuerdo con la mística que se deriva de la concepción del Dios mayestático que exige inmolación y destrucción, el capellán Mackinnon podía invocar a Dios "para que nuestro uniforme no tenga otra mancha que la de la sangre propia o ajena derramada por una causa justa; porque esta sangre no mancha, dignifica".
Esta acción mostró su eficacia en los centros clandestinos. Hay testimonios sobre la existencia de interrogadores cursillistas, además del conocimiento que tenemos de la existencia de toda una brigada que llevaba el nombre de "Colores", el himno del cursillismo, cuyo representante principal, apellidado precisamente Colores, se caracterizaba por la manera en que gozaba las torturas. Había militares que en los centros clandestinos usaban el rosario, militares torturadores que se consideraban cruzados, inquisidores, enviados de Dios en contra de los diablos; torturadores que interrogaban sobre la fe de sus víctimas; y por supuesto la continua proclamación de "los valores occidentales y cristianos" por los que se lucha.
[El autor es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).]
28 de diciembre de 2010
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miseria de la lengua

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"Se trata de una "guerra imprecisa" que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci".

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[Diego Tatián] Comienza Videla. Aunque dice que pensó en llamarse a silencio como hasta ahora, declara haberse decidido a romperlo por la juventud y las nuevas generaciones. No habla ante un tribunal sino para la historia. Se trabuca, se equivoca, se le desacomodan las hojas. Pero no parece nervioso. Se cambia las gafas. Exhibe un esquema en cuyo centro está la expresión "guerra interna". Afirma que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, y cita a Santo Tomás. Desarrolla, pretenciosamente, una filosofía de la historia reciente. Habla como si hubiera condescendido a dictar una lección para legos.
Dice también: los guerrilleros eran un enemigo mimético, sin uniforme ni banderas, que usaban mujeres embarazadas como escudo para poner bombas y asesinar. Y dice otras cosas, hasta que llega a donde finalmente quería: esa guerra no terminó. Se trata de una "guerra imprecisa" que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci. Se define como preso político e insta a la sociedad argentina a recuperar el protagonismo perdido (por protagonismo entiende: haber delegado en las Fuerzas Armadas la defensa de "nuestro estilo tradicional de vida").
Dijo no haber venido a defenderse. Lo que se propuso en efecto fue justificar, con la repetición de una tosca versión de los hechos, la masacre de miles de personas, entre otros crímenes. Pero no lo hizo sin amenazas –que fueron aún más explícitas en el caso de la arenga a los gritos de Gustavo Alsina (quizás el más elemental y feroz de los asesinos condenados), incapaz de distinguir una sala de tribunales (y el mundo en general) de un cuartel militar; incapaz de advertir la diferencia entre "coraje cívico" y bravuconada energúmena despojada del menor pensamiento, que embiste sin importar lo que hay delante ni de qué se trata.
Videla fue el primero en hacer uso de la palabra; Menéndez, el último, a su romo discurso, ya usado en otros juicios, antepuso esta vez largas citas del artículo de Todorov que días atrás publicara La Nación; también citas de Caparrós, Martini y Massetti. En el medio, la más miserable secuencia de idiotismo y cobardía cínica.
Hubo quien (el Gato Gómez ni más ni menos) se presentó como un humilde trabajador proveniente de una familia pobre y ahora honesto cocinero para viejitos en un hogar de día; hubo otro que dijo de sí ser descendiente de pueblos originarios y alfabetizador de sus propios padres iletrados; hubo quien se mostró perplejo por lo que estaba ocurriendo y al borde del llanto dijo no entender del todo por qué motivos se lo sometía a proceso; hubo quien dijo que otra persona se hizo pasar por él para cometer el crimen por el que se lo estaba juzgando ahora.
En casi la totalidad de esos sórdidos relatos, que oscilaron entre la amenaza y la autoconmiseración, estuvo presente la Navidad. Uno de los imputados imploró a los jueces que pensaran en la tristeza de su familia durante la Nochebuena; otro espetó que "dentro de poco el cordero de Dios iba a ser sacrificado", y muchos concluyeron la alocución que les garantiza la ley deseando Feliz Navidad a todos –en algún caso mirando provocativamente a los pocos familiares de las víctimas que decidieron estar en la sala durante la víspera de la sentencia (entre ellos Olga Tello, siempre con la foto de Diana Findelman, capaz de afrontar con calma conmovedora esa exhibición del mal en toda su banalidad pero también en todo su cinismo y brutalidad, "para no dejar solo a Pérez Esquivel").
Imposible no recordar aquí la página en la que Borges relata su experiencia durante el Juicio a las Juntas en 1985. El día en el que asistió declaraba Víctor Basterra. "De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar –confesaba el viejo escritor–, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre." Los secuestrados habían sido conducidos a una sala con una larga mesa tendida, donde había "manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino". Entre tortura y tortura, continúa Borges, en la cena de Nochebuena "apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad".
En mi opinión, ni aquella macabra cena de Nochebuena, ni los siniestros deseos de felicidad ("sin distinción de credos") que se debieron escuchar en la sala de Tribunales el 21 de diciembre último, tienen que ver con una "inocencia del mal" –según la expresión que Borges acuñó en el texto mencionado, contigua en su espíritu a la "banalidad del mal" con la que años antes Hannah Arendt había subtitulado un libro sobre Eichmann. En mi opinión hay allí simplemente burla y experimentación con el dolor de los otros.
Considerar esas "palabras últimas" de Videla, Menéndez y los sicarios de la peor patota asesina que asoló Córdoba por años como si fuera un relato único donde las posibilidades más sórdidas que aloja la lengua que hablamos pueden ser despertadas, deja en quien ha oído una irremediable turbación: todo puede ser dicho. Hay algo triste en que así sea.
[El autor es filósofo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.]
27 de diciembre de 2010
26 de diciembre de 2010
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el abrazo de la justicia

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El dictador ha sido condenado.

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[Marta Dillon] Si la Justicia tiene un largo brazo, ayer fue capaz de rodearnos a todos. A las mujeres de pañuelo blanco, manos tomadas y brazos en alto en señal de victoria, a la chica que se había pintado en la cara la leyenda Nunca más, a los ex presos políticos que levantaron para las cámaras una bandera discreta hecha de tela y aerosol, a esa madre y esa hija que lloraron abrazadas mezclando lágrimas y sudor y la risa, también, por poder estar juntas en ese momento. El dictador ha sido condenado. El Tribunal Oral Número 1, de Córdoba, dispuso su inmediato traslado a una unidad penitenciaria federal. En la sala donde transcurre el juicio estallan los aplausos, el juez que lee la condena pide silencio y parece hablarles también a quienes, a 700 kilómetros de distancia, en pleno microcentro porteño, se desbordan frente a una pantalla gigante que replica la sentencia. Taty Almeida se saca su pañuelo blanco y hace un dibujo con él en el aire, como si fuera un paso de zamba, envuelve con él a Estela de Carlotto. Madre y Abuela de Plaza de Mayo, como si este acto de justicia hubiera borrado algunas de las trazas del tiempo, bailan dando saltitos convertidas en adolescentes. Una condena no puede borrarlo todo, pero sin duda desarticula en este acto tantos años de impunidad.

Alba Lanzilotto, con la imagen de sus dos hermanas desaparecidas en el pecho, Ana María y María Cristina, cuenta una anécdota mientras agita su abanico. Se trata de una Madre, así con mayúsculas, que después de años de estar sumida en la inconsciencia el martes tuvo un instante de lucidez. Y entonces uno de sus hijos le dijo: "Mamá, los estamos juzgando, acaban de darle perpetua al Turco Julián". La mujer lo escuchó y agradeció: "Que alegría estar viva para poder ser testigo de este momento". Al rato la Madre volvió a su inconsciencia. "Yo no puedo festejar –dice Alba–, no me sale la euforia. Pero sé perfectamente que estas condenas son un remedio, un remedio para curar al país y a muchas personas individualmente." Cuando desde la pantalla montada en el auditorio Emilio Mignone, de la Secretaría de Derechos Humanos, se escuchó la sentencia a Videla, Alba apretó los párpados con fuerza y acarició amorosamente las fotos colgadas sobre su pecho.

Después del pasaje a la cárcel que sacó el dictador Jorge Rafael Videla, el hombre que lleva el nombre de dos muertos –dos hermanos que lo precedieron–, el tipo del bigote tupido y la raya al costado que en 1977, cuando muchos todavía estaban vivos, se jactó en rueda de prensa de que "los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos", el mismo hombre que años después, amparado por el indulto que le regaló Carlos Menem –y unos cuantos secuaces, es cierto–, le dijo a un periodista –según consta en el libro ‘El Dictador’, de María Seoane y Vicente Muleiro–, "Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, en seguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo". Después del turno de ese hombre, llegó la condena a Luciano Benjamín Menéndez, el señor de los cuchillos. Se escuchó la ristra de delitos de los que fue hallado culpable. Se escucharon las palabras mágicas que conjuran la impunidad: prisión perpetua, inhabilitación perpetua, más accesorias y costas cual broche legal para un destino que se agota en el encierro. Tuvo mejor suerte el autodenominado "soldado victorioso ante la guerrilla marxista". A él le tocará una junta médica que evaluará si está en condiciones de seguir a Videla a una cárcel común. Menéndez tiene un extraño record, ésta es su quinta condena a prisión perpetua. Un chico con una remera que pide "Juicio y Castigo" apunta: "Ojalá le alcanzara la salud para morir en la cárcel". No es un deseo piadoso. Es un deseo acunado por tantos años de espera de actos de justicia como el que sucedió ayer.

Eduardo Jozami pasó por cinco penales durante la dictadura, de Devoto a Rawson, recorrió medio país mediante traslados intempestivos y arbitrarios. No lo dice, pero como cualquier otro preso político debe haber visto compañeros morir en la cárcel. Para él, este juicio, estas condenas que siguen sucediéndose en la voz monocorde del juez cordobés tienen el peso específico de dar cuenta de cómo la represión era un entramado del que participaba todo el Estado, aun en sus estratos burocráticos. "Esta es una reivindicación también a los presos políticos", lo alienta Lita Boitano, de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. "Porque a veces parece que los presos no lo pasaron tan mal como otros, que la cárcel ya era lo mismo que sobrevivir", insiste Lita, con una sonrisa emocionada. Ni falta que hace la jerarquía entre las víctimas, aunque si lo menciona es porque algo se cae en esa grieta. Será que la profundidad de las heridas se parece a la penumbra y todavía falta mucho por decir, por hacer, por juzgar, por reparar. De eso también se trata la justicia, aun lenta y con cuentagotas. Además de las condenas, lo que se ha dicho en este juicio quedará escrito con la letra de molde que impone la ley. Y podrá ser consultado por muchas generaciones en adelante.

El silencio conquista la sala mientras la lectura de la sentencia avanza, morosa, formal, reiterativa. Indiferente a lo que significan frases como "imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima" para muchas personas en este auditorio, frente a las puertas del Tribunal en Córdoba y en tantos otros lugares del país. Describen, ni más ni menos, que la planificación de una masacre. Describen también eso sin nombre que atravesó alguien querido, un hijo, una madre, un hermano a quien se buscó, por quien se reclamó, que sigue haciendo falta. Esa reiteración del tormento, tormento agravado, tormento seguido de muerte, como un martillo neumático que golpea cada vez con más fuerza. Tal vez se trate de alivio esa manera de aplaudir y festejar cada vez que la descripción de los hechos se traduce en una condena.

Hay medialunas y sanguchitos en el auditorio, hay mate, café con leche, bebidas frescas para una tarde de calor arrasador. Agueda no come ni bebe. Basta que se la mire a los ojos para que una pequeña inundación se instale entre sus párpados. Ella no es de las que festejan, no puede hacerlo aunque está ahí para escuchar con otros y con otras cómo la Justicia se abre paso. Sus padres, Luis Goyochea y Nelly Moreno, fueron desaparecidos en Córdoba. Ya fue testigo de otra condena a Luciano Benjamín Menéndez, ese general ultranacionalista que en los primeros años de la democracia todavía se sentía con el poder suficiente como para sacar su cuchillo militar y empuñarlo contra quienes lo repudiaban en una de sus tantas visitas a un juzgado. Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, amo y señor del Campo Clandestino de Detención y Exterminio de La Perla, donde la mamá de Agueda fue asesinada, irá a la cárcel o donde sea que terminen sus huesos según la junta médica sin decir todo lo que sabe sobre el destino de tantos. Y eso es algo que a Agueda le cuesta digerir. O mejor, es algo que le duele. Que no hablen o que hablen para soltar su discursito del soldado heroico. Sin embargo, ella sabe, como saben otras "hijas" –así de fácil es nombrar a quien tiene a su padres desaparecidos, diciendo "soy hija", porque el vínculo es algo más que una obviedad, es un relato político– que la rodean, que hay pesadillas que empiezan a disiparse, como esa de encontrarse en la calle con un represor y no saber qué hacer, qué decirle. En ese grupo de cuatro, todas tienen algo que contar. La vez que se cruzaron con Astiz, la vez que Lucía se descompuso sólo de ver al Turco Julián sentado en un bar en Corrientes. Eso, al menos, ya no va a suceder.

Al celular de quien escribe llegan muchos mensajes cuando ya se cuentan 16 prisiones perpetuas en el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba. La mayoría dicen poco; cosas como "abrazo fuerte". Debería corregirme, eso está lejos de ser poco; al contrario, da cuenta de un entramado de afecto que se brinda de muchas maneras, que comparte eso mismo que sucede acá, en este auditorio, donde Madres, Abuelas, ex presos políticos, algún funcionario, muchos militantes jóvenes: la alegría de saber que algunas consignas son más que eso, son un objetivo a cumplir. Y esa que decía "cárcel común, perpetua y efectiva para los asesinos, sus cómplices y sus instigadores" y que los chicos y las chicas de HIJOS saben corear con ritmo, morosamente y con cuentagotas, está empezando a cumplirse. Con el insoportable costo de la desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, también presentes, también dolorosamente ausentes. Desde la pantalla se escucha la voz:

"El juicio ha terminado", dice y enseguida se escucha el grito que subraya tantos actos: 30 mil compañeros desaparecidos ¡presentes! El abrazo de la Justicia esta vez es tan largo y tan cálido como fue frío e intransigente con quienes debió serlo.
24 de diciembre de 2010
23 de diciembre de 2010
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