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las deportaciones crean desconfianza


El grupo de trabajo que asesora el programa de deportaciones del gobierno de Obama ha criticado fuertemente a funcionarios de inmigración por sembrar confusión sobre sus propósitos y ha constatado que el programa tuvo un "impacto negativo no previsto" para la seguridad pública en comunidades locales.
[Julia Preston] En un informe sobre el programa, conocido como Comunidades Seguras, el grupo de trabajo dice que el programa ha erosionado la confianza pública por implicar la detención de muchos inmigrantes que no han cometido delitos graves, después de que funcionarios dijeran que su objetivo era expulsar de Estados Unidos a "los peores" inmigrantes con antecedentes penales. El informe del grupo de trabajo fue completado el miércoles.
El informe también dice que los funcionarios de inmigración han creado tensiones con las autoridades locales al hacer declaraciones inconsistentes sobre si los estados y ciudades estaban o no obligados a participar.
En la más significativa de sus recomendaciones, el grupo de trabajo dice que las identificaciones por huellas digitales en el programa no deberían significar que agentes federales deporten a inmigrantes detenidos por agentes de policías locales por infracciones de tráfico menores.
El grupo de trabajo, que incluye a los jefes de policía de cuatro importantes ciudades así como a defensores de los inmigrantes y funcionarios de seguridad nacional del estado, instaron al Servicio de Inmigración y Aduanas, la agencia que gestiona el programa, a empezar de nuevo para "reintroducirlo" en muchos lugares donde la oposición local ha aumentado.
El informe agrega leña a la polémica sobre el programa de Comunidades Seguras, un elemento central en los planes del gobierno de Obama para refrenar la inmigración ilegal, deportando a cuatrocientos mil extranjeros por año.
John Morton, director de la agencia de inmigración, llamó al grupo de trabajo en junio para canalizar y tratar la resistencia entre funcionarios del estado, jefes de policías locales y organizaciones de inmigrantes. Pero en las horas finales del informe, en el grupo surgieron nuevos desacuerdos. El miércoles, cinco de los diecinueve miembros, incluyendo a los tres que representaban a los sindicatos, renunciaron antes que endorsar el informe final.
El informe muestra que las divisiones persistieron entre los miembros restantes del equipo. Algunos piensan que el programa tenía demasiados defectos como para continuar. Otros, especialmente los agentes de policía, alegaron que compartir información entre agencias policiales en el programa era demasiado vital como para interrumpirlo.
Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales tomadas de cualquiera que haya sido detenido por las policías local o estadual son cotejadas en los bancos de datos de convictos del FBI -un procedimiento policial rutinario- y también en los bancos de datos del ministerio de Seguridad Interior, que registra las violaciones a la ley de inmigración. Después de empezar el programa en 2008, el Servicio de Inmigración y Aduanas lo ha ampliado a la mitad del país, últimamente haciendo frente a una creciente indignación.
Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, que presidió el equipo de trabajo, dijo que existía un "fuerte consenso" en el grupo de que Comunidades Seguras debía concentrarse en deportar a delincuentes violentos o que hayan cometido delitos graves.
Pero muchos agentes de policías locales dijeron al grupo de trabajo que el programa había erosionado la relación de confianza que existía entre ellos y las comunidades de inmigrantes, porque causaban la impresión de que estaban encargados de implementar las leyes federales de inmigración. Algunas comunidades se muestran ahora reticentes a la hora de denunciar delitos.
"No puedes remover a infractores de bajo nivel y no perder credibilidad frente a las comunidades", dijo Wexler.
En cuatro audiencias públicas, el grupo de trabajo se enteró de muchos casos de inmigrantes ilegales que habían sido detenidos por la policía por infracciones de tráfico menores -o, en algunos casos, sin que hubieran cometido ninguna infracción- que fueron deportados después de haber sido identificados por un control de Comunidades Seguras.
"En la medida en que Comunidades Seguras pueda dañar la labor policial en las comunidades", constató el informe del grupo de trabajo, "el resultado puede ser que haya niveles más altos de criminalidad."
El grupo de trabajo dijo que los funcionarios de inmigración habían hecho declaraciones confusas sobre las autoridades legales que autorizan el programa. Después de sugerir inicialmente que los funcionarios del estado podían dilatar su participación, los funcionarios del gobierno dicen ahora que para 2013 deben haber extendido el programa a todo el país.
El grupo de trabajo dijo que el servicio de inmigración podía hacer un uso más amplio y mucho más sistemático de su atribución fiscal para concentrar sus recursos en la deportación de delincuentes condenados.
En una carta presentada el miércoles, representantes de A.F.L.-C.I.O. y dos sindicatos de funcionarios de inmigración dijeron que estaban renunciado al grupo de trabajo porque el informe final "demuestra la clara ausencia de nuestra opinión." No dieron detalles sobre los desacuerdos.
Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento, y director de la Law Enforcement Engagement Initiative, una organización policial, dijo en su carta de renuncia que las recomendaciones no iban demasiado lejos para garantizar que los inmigrantes detenidos por faltas menores no fueran deportados. Un representante del National Immigration Forum, una organización de voluntarios, también renunció.
Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson, Arizona, y un miembro del grupo de trabajo que respaldó el informe, dijo que la policía tenía que seguir compartiendo huellas digitales con las autoridades de inmigración. "No creo que, como policías, debemos privarnos de eso", dijo.
Morton dijo que se reuniría con los miembros del grupo de trabajo que habían renunciado, para oír sus quejas.
23 de septiembre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
 

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