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forman gabinete de unidad en libia


En un intento de apaciguar a las decenas de milicias, primer ministro cede ministerios de Interior y Defensa a cabecillas militares.
Clifford Krauss. Trípoli, Libia. El martes, cediendo a la presión de una milicia local que tiene en su poder -como prisionero- al hijo del coronel Moamar al-Gadafi, el primer ministro Abdel Rahim el-Keeb nombró como nuevo ministro de Defensa al cabecilla de los paramilitares. El nombramiento se produjo durante la formación del nuevo gabinete después de semanas de negociaciones con ciudades, tribus y milicias rivales que formaban la fragmentada coalición que derrocó al gobierno de Gadafi y que ahora luchan por una cuota de poder.
La elección de Osama al-Juwali, presidente del consejo militar en Zintán, para dirigir el Ministerio de Defensa, quizás la función más crítica del gobierno, no sorprendió, pero subrayó la debilidad del gobierno interino.
Ahora será responsabilidad de Juwali desarmar y fundir las diferentes milicias paramilitares de todo el país en un ejército unificado y una fuerza policial nacional. Su socio en ese intento será Fawzi Abdelal, el poderoso jefe paramilitar de la ciudad de Misurata, al que Keeb nombró ministro del Interior en un intento de aplacar al grupo competidor.
El nuevo gabinete gobernará hasta la elección de una nueva asamblea nacional programada para mediados del próximo año.
Los combatientes de Zintán fueron cruciales en la guerra para la creación de un frente sur y en la toma final de Trípoli, la capital. Pero desde entonces se han mostrado cada vez más agresivos para demostrar su independencia de la autoridad interina central. Han montado puestos de control en las calles en toda la capital y desobedecen órdenes del Consejo Nacional de Transición de abandonar Trípoli.
Durante el fin de semana los líderes en Zintán aumentaron la presión después de que sus paramilitares capturaran a Seif al-Islam al-Gadafi, hijo del ex dictador y, en el pasado, su probable heredero, el sábado, en una ciudad oasis en el desierto. Se negaron a entregar a Gadafi a las autoridades centrales, hasta que estén convencidos de que hay un gobierno fuerte en el poder y un poder judicial funcionando.
No está claro si ahora entregarán a Gadafi al gobierno central o exigirán más
concesiones.
Paramilitares de Misurata también han demostrado su poder levantando barricadas en todo el país, lejos de la ciudad e independientes del nuevo ejército nacional.
Keeb dijo que las elecciones de su gabinete tenían por objetivo "avanzar en la reconciliación nacional", agregando que el nuevo gobierno buscaría "la libertad, la democracia, el desarrollo, la justicia y un estado de derecho e instituciones".
Ejecutivos de la industria petrolera están también fuertemente representados en importantes ministerios. Abdulrahman Ben Yezza, ex ejecutivo de la compañía petrolera italiana Eni, el más grande productor extranjero en el país, será el nuevo ministro del petróleo. Hassan Ziglam, un ejecutivo de la compañía nacional del petróleo, fue nombrado ministro de Hacienda.
Mientras Keeb y el Consejo Nacional de Transición alcanzaban un acuerdo sobre la formación del gabinete, también tuvieron que hacer frente a las preguntas de dónde y cuándo llevar a juicio a Gadafi y en qué condiciones. Esas preguntas se han convertido en una preocupación internacional.
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, llegó a Trípoli el martes para revisar con funcionarios libios el trato dado a Gadafi y si puede ser juzgado. Moreno-Ocampo dijo que Gadafi, así como el ex jefe de inteligencia del régimen del coronel Gadafi, pueden ser juzgados en Libia siempre y cuando la CPI esté implicada. No quedó inmediatamente claro si las observaciones del procurador significaban que la corte debía acceder a entregar su acusación contra los detenidos a las autoridades libias, o si los jueces internacionales participarían en los procedimientos dentro de Libia.
Funcionarios del nuevo gobierno libio insisten en que no enviarán a ninguno de los dos a la corte internacional en La Haya. "En dos palabras, no los entregaremos", declaró el ministro interino de Justicia, Mohammed al-Alagi.
Lo que está en juego son los diferentes juicios planeados contra Gadafi y Senussi.
En junio, la corte internacional emitió una orden de detención contra los dos detenidos, así como una contra el coronel Gadafi, por cargos muy precisos de crímenes contra la humanidad.
Los cargos incluyen la presunta violenta represión del gobierno de Gadafi contra manifestantes civiles y disidentes en febrero, que se convirtió en una rebelión [apoyada por la OTAN, que lanzó veinte mil bombardeos] que derrocó al coronel Gadafi. Fue asesinado el mes pasado cuando estaba bajo la custodia de paramilitares rebeldes, haciendo aparecer discutible la acusación contra él en La Haya.
Los miembros del consejo transicional de Libia habían prometido entregar a los acusados a la corte internacional si llegaban a ser capturados. Pero más recientemente, frente a una creciente oposición, han dicho que quieren juzgar a los ex funcionarios en Libia por muchos más cargos, incluyendo delitos como corrupción, desfalco de fondos públicos, torturas y homicidios –acusaciones que cubren varios años."La ley dice que el poder judicial nacional tiene prioridad", dijo Moreno-Ocampo en Trípoli. "Si lo juzgamos aquí, tendremos que discutir cómo informar a los jueces y ellos pueden hacerlo. Pero nuestros jueces tienen que estar involucrados".
[Marlise Simons contribuyó al reportaje desde París.]
26 de noviembre de 2011
23 de noviembre de 2011
©new york times
traducción c. lísperguer


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